Los abusos de la banca

Prisión bajo fianza de 1,5 millones de euros para el exdirector general de la CAM

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha enviado a prisión al exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad, que tendrá que abonar un millón y medio de euros si quiere abandonar la cárcel.

El magistrado ha dictado también el ingreso en la cárcel del exdirector de Empresas Daniel Gil, en este caso bajo fianza de 400.000 euros. Los dos serán trasladados esta noche a Soto del Real donde permanecerán hasta que reúnan las cantidades impuestas.

Bermúdez considera que hay un riesgo cierto de fuga dado que ambos cuentan "con medios económicos y relaciones en el exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia". El auto subraya así el argumento por el que el magistrado ordenó su detención: porque podían fugarse a Curaçao (las antiguas Antillas Holandesas), territorio dependiente de Holanda.

Mientras que López Abad y Daniel Gil dormirán hoy en prisión, los dos empresarios a los que beneficiaron desde la caja y accionistas mayoritarios de la empresa Valfensal, utilizada para el desvío de fondos y que obtuvo 159 millones en créditos de la CAM, Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri, se encuentran en México, pero, según fuentes del caso, han comunicado su intención de comparecer ante el juez. Es en México donde se ubica buena parte de los negocios hoteleros en los que Baldó y Ferri se embarcaron con dinero de la CAM.

Ambos han declarado esta tarde ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que ordenó ayer su detención por defraudar 31 millones de euros a través de un entramado de empresas hoteleras que desviaron unos beneficios de 247 millones de euros al paraíso fiscal de Curaçao.

El magistrado ha dejado en libertad a otros tres de los detenidos el exdirector general de Tenedora de Inversiones y Participaciones de la CAM Vicente Sánchez, el director económico de Valfensal, Francisco Climent y el ex director de la División Internacional y de Negocio hotelero de la caja César Veliz.

Informes de Garrigues para dar cobertura legal al entramado

En su auto, el magistrado cifra por primera vez lo defraudado a Hacienda en el trienio 2009-2011 gracias al sistema de desvío a fondos desde Valfensal a Jacksonport Corp., una "sociedad pantalla" domiciliada en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas, ahora denominadas Curaçao. En total, y solo en esos tres años, 5.280.686 euros. De los tres años, fue 2011, justamente el de la debacle de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) cuando el fraude alcanzó su mayor cota: 2,7 millones de euros. Ese año, y antes de su venta al Sabadell, el Estado inyectó 5.249 euros a la CAM.

La creación de la empresa antillana Jacksonport como herramienta de desvío de fondos en detrimento de los intereses de la CAM -Valfensal no repartía nunca dividendos, dado que el dinero iba a Curaçao- fue fruto de un plan al que ninguno de los dos exdirectivos de la CAM ahora en prisión puso "ningún reparo". "Este extremo -señala el auto- ha sido reconocido por el asesor fiscal señor [Jaime] Escrivá, perteneciente al despacho Garrigues, en su declaración prestada en la mañana de hoy ante la Guardia Civil".

Escrivá, continúa la resolución, "elaboró dos informes defendiendo la legalidad de la referida estructura, informes que hizo a petición de Ferri y Baldó y que Roberto López y Daniel Gil utilizaron para justificar ante los órganos de decisión y control de la CAM la legalidad de la estructura societaria en la que se articulaba el Grupo Valfensal".

La trama desvió 246,5 millones a una empresa pantalla de las Antillas Holandesas

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