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Acoso a la sanidad pública

Los promotores del recurso contra la privatización sanitaria prevén que el fallo del TC no tendrá efectos

“¡Fuera las empresas de la sanidad, que sólo vienen a robar!”

A.G.

El PSOE y la asociación de médicos AFEM, promotores del recurso contra la nueva fase de privatización sanitaria emprendida por el PP en Madrid en 2012, han recibido este martes casi con indiferencia el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que valida después de abortado aquel plan en lo que a la externalización de hospitales se refiere. La privatización, que habría afectado a seis hospitales y hasta 27 centros de salud, fue definitivamente cancelada en abril de 2014  por el propio Gobierno autonómico del PP tras un alud de reveses judiciales en el Tribunal Superior de Justicia (TSJM). La sentencia, coinciden socialistas y AFEM, no tendrá ninguna consecuencia práctica. 

La sentencia que ahora emite el TC, cuyo ponente ha sido su presidente -Francisco Pérez de los Cobos, que pagó cuotas de afiliación al PP al menos hasta 2011- y que no cuenta con ningún voto contrario o particular, ofrenda a los conservadores, en todo caso, una victoria moral incompleta: porque el tribunal dictamina la constitucionalidad de uno de los dos preceptos impugnados –el artículo 62 de la Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid para 2013, que abría la puerta a privatizar la gestión de seis nuevos hospitales públicos- y anula el segundo contra el que se dirigía el recurso de los 50 senadores del PSOE que estamparon su firma en el escrito de los socialistas madrileños. 

Ese segundo precepto –el 63 de la citada ley de medidas fiscales- preveía la privatización de centros de salud con una fórmula que habría primado a las sociedades formadas por profesionales sanitarios. Y es por ello, porque concede ventaja a un tipo determinado de empresas, por lo que el TC lo tumba.

El tribunal se limita a concluir que la gestión indirecta de hospitales públicos –o, lo que es lo mismo, efectuada por manos privadas- es constitucional. Y que, en contra de las tesis del PSOE, el artículo relativo a la externalización de hospitales no establecía la creación de un doble sistema de aseguramiento para los ciudadanos.

La sentencia recuerda cómo los socialistas adujeron que el sistema de concesión administrativa a empresas privadas se basaba “en que la retribución del concesionario se establecerá de forma capitativa [cobraría cierta cantidad por cada habitante de su área de atención], dando así lugar a que en la Comunidad de Madrid exista un doble régimen económico en el aseguramiento de la prestación sanitaria”.

Traducido, lo anterior puede resumirse así: el PSOE sostenía que los habitantes adscritos a un hospital netamente público tendrían garantizado recibir tratamientos y atención regidos por un solo criterio, el médico, mientras que aquellos otros que vivieran en el área de referencia de un hospital privatizado se arriesgaban a que el interés económico de la empresa concesionaria mermase la calidad del tratamiento a aplicar.

Adelantados en el tiempo

En realidad, la Ley de Medidas Fiscales no establecía aún un sistema capitativo: ese elemento, crucial en la batalla con que la marea blanca plantó cara a la privatización, entró en escena meses después. Justo cuando el Gobierno regional aprobó los pliegos de condiciones para la privatización.

Los socialistas madrileños, que basaron su recurso en un informe elaborado por el primer equipo jurídico que asesoraba a la asociación AFEM, se adelantaron así en el tiempo con los argumentos de su recurso. Y acudieron al Constitucional tras vencer las reticencias de la dirección federal del PSOE, temeroso de que el recurso pusiera en cuestión el modelo sanitario andaluz. Pero ese modelo no incluye la gestión privada de hospitales públicos sino una serie de conciertos con hospitales de titularidad privada. Es decir, hospitales que no tienen ni un ladrillo público.

Uno de los actuales abogados de AFEM, José Luis Muga, de Estudio Jurídico Liria, no solo recalca la ausencia de consecuencias que acarrea la sentencia sino que introduce un recordatorio: el plan de privatización “fue abandonado y no se puede reanudar pero si se reanudase el Tribunal Superior de Madrid ya dejó claro que el proceso judicial se reabriría y llegaría esta vez hasta el final”. Todo ello, claro, suponiendo que el PP ganase primero las elecciones autonómicas del día 24, lograse luego formar gobierno y, por último, se decidiera a reactivar el más que impopular proyecto privatizador.

Que la hipótesis se perfila remota no solo lo sostienen socialistas como José Manuel Freire, uno de los puntales de la batalla política contra la privatización en la pasada legislatura. De ese carácter difícilmente verosímil habla el silencio con que la candidata del PP a la Presidencia madrileña, Cristina Cifuentes, recibió la sentencia.

¿Hasta dónde es constitucional privatizar servicios públicos?

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En cambio, la aspirante del PP a la Alcaldía de la capital y autora intelectual de la privatización en su etapa al frente del Ejecutivo autonómico, Esperanza Aguirre, dijo sentir mucha alegría por la decisión del TC. La sentencia, opinó Aguirre, “ha quitado la razón a las mareas y al PSOE”.

Desde las filas del PSOE madrileño (PSM), Freire lanzó un dardo de réplica: la sentencia “en modo alguno valida la privatización”. Se limita, únicamente, a constatar que lo que la Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid para 2013 decía al respecto de los hospitales no vulneraba la Constitución.

Otro socialista que pide no ser identificado y que conoce bien la génesis del recurso se formula una pregunta: "¿Alguien se imaginaba que una sentencia de la que es ponente un militante del PP podía decir que el Gobierno de Madrid había vulnerado la Constitución con la privatización sanitaria y meter de paso en un lío a otras comunidades del PP donde ya hay gestión indirecta de hospitales públicos, como Baleares o Valencia?"

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