El PSOE vive unas trémulas horas. En plena tormenta judicial. Y con noticias que impactan en la opinión pública como el requerimiento de información por parte de la UCO en la sede de Ferraz por la investigación de la Audiencia Nacional sobre Leire Díez y una supuesta trama para obstaculizar las investigaciones en los tribunales que afectaban al partido o al Gobierno. Días muy duros para los socialistas. Pero en el Palacio de la Moncloa y en la dirección del partido insisten en que se mantiene la hoja de ruta de acabar la legislatura en verano del año que viene.
Los últimos movimientos judiciales apuntan directamente al corazón del PSOE. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mantiene en vilo al partido, con más intensidad aún tras la decisión de aplazar su declaración hasta el próximo día 17 de junio. Pero, además del caso Plus Ultra y de la investigación sobre Díez, también se ciernen estos días la situación del hermano del presidente, David Sánchez, cuyo juicio se inicia este jueves, y la de la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, citada por el juez Juan Carlos Peinado el próximo día 9 para una audiencia previa.
Los miembros del PSOE y del Gobierno viven la situación de manera angustiosa. Por un lado, tratan de no abonar públicamente una teoría de lawfare, pero, a la vez, se extiende por muchas capas del partido la sensación de ser objeto de una campaña de derribo por parte de las derechas, bajo el espíritu redoblado este martes por el propio expresidente José María Aznar de “El que pueda hacer, que haga. Cobra más sentido que nunca”.
La investigación en curso
Esa sensación de intento de derribar al Gobierno es compartida en privado por muchos sectores del socialismo, que ponen como ejemplo que los primeros titulares de la mañana dieran por hecho que había un registro en la sede de Ferraz por una presunta financiación ilegal del partido, una pieza que hay en la Audiencia Nacional. Esto provocó el shock de la mayoría del partido con un Pedro Sánchez ajeno a la noticia al encontrarse reunido con el papa León XIV en el Vaticano.
Pero ese supuesto registro era el requerimiento de información por parte de la UCO ordenado por el juez Santiago Pedraz dentro de una investigación en torno a la exmilitante Leire Díez que ha derivado en una supuesta trama dirigida “a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido y al Gobierno”. Y el procedimiento va dirigido también contra el ex secretario de Organización Santos Cerdán, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Ismael Oliver y el exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías (el hombre fuerte de Manuel Chaves en el PSOE andaluz durante décadas).
También afecta a piezas clave del socialismo como la actual gerenta, Ana María Fuentes, que ha sido imputada. Asimismo, bajo la lupa están Juanfran Serrano, miembro de la Ejecutiva y ex número dos de Cerdán en Organización, y Juanma Serrano, expresidente de Correos y ex jefe de gabinete de Sánchez durante la oposición.
Sánchez descarta convocar elecciones
A pesar del terremoto político, Sánchez mantiene su hoja de ruta de aguantar hasta 2027. Lo confesó ante durante su rueda de prensa en Roma después de ver al papa: lo “importante” es que hay estabilidad en el Ejecutivo y tienen que continuar los “avances” de la coalición. Todo ello bajo la idea de “total” colaboración con la justicia y admitiendo la “gravedad” de las investigaciones en curso. No obstante, el jefe del Ejecutivo no descarta tomar decisiones respecto a las personas implicadas según vaya avanzando el curso de la investigación. A pesar de estas horas tan duras, el espíritu de resistencia sigue instalado en el núcleo duro del presidente. Como señala un ministro muy cercano a Sánchez, los ánimos “están bien” para seguir adelante.
Este movimiento judicial se produce apenas unas horas después de que haya trascendido el sumario de la investigación que dirige en la Audiencia Nacional el juez José Luis Calama sobre el expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero. También en Moncloa y en Ferraz se mantiene el apoyo al expresidente, por orden directa de Sánchez, y se pone en valor la presunción de inocencia y el respeto a los jueces.
A todo ello se suman dos casos que afectan personalmente al presidente del Gobierno. Su hermano se sienta en el banquillo de los acusados en el juicio que arranca este jueves, donde se estudiará si se cometieron los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa por su contratación por parte de la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses.
Dentro de dos semanas, le tocará el turno a Begoña Gómez, a quien el juez Peinado ha citado el día 9 a una audiencia previa de cara al posible juicio con jurado popular por los supuestos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. El instructor incluso amenaza en el auto con que podría ser conducida “por la fuerza pública” si no se presenta.
Todos pendientes de los socios
El presidente ha dejado claro públicamente que, a pesar de esta tormenta judicial, su intención es agotar la legislatura. Todo ello frente a un Partido Popular que se lanza a la yugular pero que no tiene intención de presentar una moción de censura contra Sánchez. La idea en Génova 13 es ir dejando que Sánchez se vaya ahogando durante semanas y meses. Alberto Núñez Feijóo no quiere dar un paso en falso de ir a una votación y perderla.
La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz en el marco de unas diligencias secretas del juez Pedraz
Por lo tanto, el Partido Popular trata de poner el foco en los socios de Gobierno para que dejen caer a Sánchez. La incomodidad en el bloque que apoyó al socialista es evidente, aunque, por el momento, la intención no es abandonar al jefe del Ejecutivo. El shock fue total en un primer momento cuando algunos medios apuntaban a financiación irregular, la línea roja marcada por los aliados, aunque luego se contuvo ese miedo al ver que se trataba del caso de Leire Díez.
Los partidos están desoyendo la posibilidad de una moción de censura del PP, que lleva aparejado el elemento tóxico para ellos de tener que unirse a Vox, algo que es muy complejo en territorios como Cataluña y Euskadi. No obstante, todos ellos siguen apuntando a que la línea roja está en la supuesta financiación irregular del PSOE. En ese sentido, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, advirtió de que si eso sucede, pedirían elecciones. Un sentimiento que comparten partidos como Compromís y el BNG.
El PNV ya dejó clara su posición en los últimos días: elecciones a finales de este año. Coalición Canaria también apuesta por acabar pronto con la legislatura. Y en Junts recuerdan que debe ser Sánchez el que pulse el botón electoral. No obstante, los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes, en un gesto muy simbólico, se abstuvieron el miércoles por la tarde en una moción presentada por el PP en el Senado para censurar los graves casos de supuesta corrupción del Ejecutivo.
El PSOE vive unas trémulas horas. En plena tormenta judicial. Y con noticias que impactan en la opinión pública como el requerimiento de información por parte de la UCO en la sede de Ferraz por la investigación de la Audiencia Nacional sobre Leire Díez y una supuesta trama para obstaculizar las investigaciones en los tribunales que afectaban al partido o al Gobierno. Días muy duros para los socialistas. Pero en el Palacio de la Moncloa y en la dirección del partido insisten en que se mantiene la hoja de ruta de acabar la legislatura en verano del año que viene.