Así funciona el doble rasero ante la corrupción: el nuevo PP cerró filas con Ayuso y el PSOE cerca a Ábalos

“En la responsabilidad política no existe la presunción de inocencia que rige en el ámbito penal. Aquí lo que rige es la presunción de culpabilidad”. La frase es del profesor de Derecho Constitucional Rafael Bustos y resume perfectamente el dilema (y la solución) al que se enfrentan los partidos cuando deben afrontar un escándalo más allá de lo que investiguen o sentencien los tribunales.

Pero con las responsabilidades políticas pasa como con la paja en el ojo ajeno: nadie quiere ver la viga en el propio. El mismo Partido Popular (PP) que hace apenas dos años se negaba a promover investigación alguna en torno a las comisiones cobradas por el hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, gracias a la venta de mascarillas durante la pandemia, exige ahora total transparencia sobre el caso Koldo y pide la cabeza no solo del exministro José Luis Ábalos, sino que pone en la picota a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y hasta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Del otro lado, y tras una semana de titubeos, durante la cual parecía que el PSOE iba a seguir el mismo camino —ponerse de perfil en el caso de las comisiones cobradas por el asesor de Ábalos en vez de aplicarse a sí mismo los criterios de ejemplaridad pública exigidos a Ayuso y al PP hace dos años—, los socialistas han decidido marcar la diferencia.

La dirección del partido ha exigido a Ábalos que entregue su acta de diputado por Valencia, el único cargo público que conserva, en aplicación de su responsabilidad política cuando era ministro y dio acceso a la administración a Koldo García. Y, al mismo tiempo, ha propuesto la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre contrataciones durante la pandemia. Las que se llevaron a cabo por las administraciones gobernadas por los socialistas, pero también las que tuvieron lugar por decisión del PP, del PNV, de Junts o de Esquerra. Al PP no le ha gustado: prefiere que una comisión en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, se ocupe de investigar exclusivamente a lo socialistas.

Ayuso, responsable política

La energía con la que el PP denuncia estos días el caso Koldo exigiendo responsabilidades y pidiendo una investigación contrasta con la tibieza con la que reaccionó hace dos años ante el caso del hermano de Ayuso. El antecesor de Alberto Núñez Feijóo en el cargo, Pablo Casado, se quedó solo en la denuncia y su empeño en sostenerla acabó costándole el puesto: “Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se puedan contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas. Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un Consejo de Ministros”, declaró entonces Casado. Ayuso “tiene una responsabilidad política por ser del PP”. Pudo haber, dijo, “tráfico de influencias” en la adjudicación del contrato.

Sus compañeros no lo entendieron así. De hecho, utilizaron estas declaraciones para poner en marcha una rebelión interna y echarle de la dirección. Juanma Moreno, que entonces ya era presidente andaluz, y pocos meses después tenía unas elecciones, se puso de perfil. “No me interesa nada que no sea Andalucía”, dijo a la prensa. “Todo lo demás no me importa”. “Unidad, unidad, unidad”, pidió poco después, pidiendo que cesaran las críticas a la presidenta madrileña. 

Alberto Núñez Feijóo también cerró filas hace dos años con la poderosa presidenta madrileña. No pidió, ni por asomo, responsabilidades políticas, pese a lo dicho por Pablo Casado. “Si alguien tiene alguna duda” sobre el contrato otorgado por la Comunidad de Madrid al hermano de Ayuso, declaró, que acuda a la Administración de Justicia. “Yo tengo pocas. Los servicios de salud de toda España han hecho contratos de urgencia por necesidad”, justificó, defendiendo el procedimiento utilizado, exactamente el mismo que dio lugar al cobro de comisiones por parte del asesor de Ábalos, también en plena pandemia.

Pero en este caso ya no le parece bien. Ahora afirma sin rodeos que se trata de una “trama corrupta”, una “trama de mordidas” en la que hay “varios ministerios implicados”. Otros dirigentes señalan directamente a la presidenta del Congreso y a los ministros Fernando Grande-Marlaska, Víctor Torres y Óscar Puente. Elías Bendodo, vicesecretario del partido, señala directamente a Pedro Sánchez.

Una persona “honorable”

Ninguno de ellos está siendo investigado. El juez ni siquiera ha imputado a Ábalos. Es la misma situación en la que se encontraba en su día Ayuso hace dos años, pero entonces Feijóo dijo de ella que era “una persona honorable y no tenemos ninguna duda, repito, ninguna duda, de su honorabilidad”.

Como ha explicado en más de una ocasión Rafael Bustos, el catedrático citado más arriba, responsabilidad política es dar las oportunas explicaciones en las sedes pertinentes del debate político y “asumir las consecuencias derivadas de esas explicaciones”, entre ellas la dimisión, el cese, el descenso en el prestigio personal o la pérdida del puesto en el partido. Nada que ver, subraya, con la responsabilidad penal, que cuando existe se dirime en los tribunales de justicia.

Los socialistas han reaccionado esta vez, en un caso de supuesta corrupción, pidiéndole a José Luis Ábalos que se eche a un lado, pero no siempre actúan así. Responsabilidad política es lo que todos los partidos, con la única excepción del PSOE, le han exigido al ministro del Interior por asuntos como la muerte de migrantes en la frontera de Melilla o la expulsión ilegal de menores migrantes en Ceuta.

En el PP las contradicciones a la hora de juzgar uno y otro caso, en función del color político de sus protagonistas, afloraron de forma evidente a través de una entrevista concedida por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García, en la que calificó de “lamentable” “que gente se lucrara cuando peor lo pasamos” durante la pandemia, exactamente lo mismo que hizo el hermano de la presidenta madrileña. Aunque a él le parecen cosas distintas porque, afirma, la actuación del gobierno regional fue “ejemplar”, dando a entender, sin aportar ninguna prueba, que el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene algo que reprocharse.

José Luis Ábalos argumentó este fin de semana que, si fuese todavía ministro, hubiese dimitido inmediatamente. Pero que ya no puede asumir responsabilidad política por la contratación y promoción de Koldo García porque ahora es diputado por Valencia.

El precedente de Trillo

Es exactamente el mismo argumento que utilizaba en 2009 el exministro Federico Trillo para no asumir responsabilidad alguna por las identificaciones falsas de las víctimas del accidente del Yak-42, ocurrido seis años antes. Trillo, para marcar distancias, decía lo que repite ahora Ábalos: “Yo no sabía nada”. Y su partido, naturalmente, nunca le pidió el escaño, que sí le está exigiendo ahora el PSOE a quien fuera su secretario de Organización.

Los partidos siguen sin entender, en todos los casos, lo que ya es un principio aceptado por los expertos en derecho: es lícito presumir que todas las actuaciones de un departamento ministerial se llevan a cabo por orden del ministro. El desconocimiento no es suficiente para salvar la responsabilidad política. “La expresión británica”, ha señalado Bustos, “es que de cada sello pegado en el ministerio, es responsable el titular de la cartera. El responsable político es él y solo él”, que no puede ampararse en la “inocencia penal”. “En la responsabilidad política, la inocencia o culpabilidad se establecen a partir de la convicción social, no de la existencia de pruebas incontestables”.

Por más que sea un asunto tan claro desde el punto de vista del derecho, la ciencia política, la ética pública y el sentido común de los ciudadanos de a pie, eso no significa que los partidos estén dispuestos a aceptarlo. Y eso que el debate viene de lejos. Hace casi 30 años parecía que el PP lo tenía claro. Entonces, en agosto de 1995, José María Aznar, cuando todavía era el líder de la oposición, sostenía que la imputación o no de Felipe González en el sumario de los GAL no era “relevante a efectos de la determinación de sus responsabilidades políticas”. Después, cuando llegó al gobierno, cambió de parecer.