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Igualdad

El PSOE registra su 'ley Zerolo' de igualdad de trato y rompe meses de negociación con Unidas Podemos

Pedro Zerolo junto a Beatriz Gimeno, Boti García Rodríguez y Carla Antonelli.

Las tensiones vuelven a brotar entre los socios de Gobierno. Esta vez, el motivo de la brecha interna parte de un área abanderada históricamente por los socialistas: igualdad. El Grupo Socialista ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de igualdad de trato, sin contar con Unidas Podemos y zanjando unilateralmente la negociación que venía gestándose desde hace meses en torno a este proyecto. Según los mismos socialistas han subrayado, la iniciativa busca que "España no sea una excepción en la Unión Europea" y la no discriminación esté garantizada para "todas las personas".

La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha recalcado que la propuesta busca "combatir el racismo, reparar y atender a las víctimas de discriminación". No es la primera vez que la ley va a parar a la Cámara Baja: así lo había hecho, sin éxito, hasta en dos ocasiones anteriores. El grupo parlamentario la recupera ahora como "parte del ADN de los socialistas y su compromiso con la igualdad", ha señalado la portavoz adjunta, Susana Ros. Aunque la proposición aborda todo tipo de discriminación por "razón de nacimiento, origen étnico, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual o expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición", el nombre con el que los socialistas la han bautizado da cuenta de su eje central: ley Zerolo. "El impulsor de esta iniciativa registrada hoy fue el histórico dirigente socialista Pedro Zerolo, que siempre defendió que discriminar no debe salir gratis", afirma el partido.

Este hecho siembra dudas en torno al lugar en el que quedan dos de las leyes más importantes para el Ministerio de Irene Montero: la Ley de Igualdad LGTBI y la Ley trans. Ambos borradores están ya en una fase muy avanzada y la previsión apuntaba a una pronta negociación con los socialistas para sacarlos adelante lo antes posible. La Ley trans acaba de ser sometida a consulta pública y el plan pasa por consolidar el texto a finales de enero. También la Ley LGTBI, afirmaba Irene Montero en diciembre, está preparada para "dar los siguientes pasos hasta llegar al Consejo de Ministros" en los próximos meses.

Los consensos, sin embargo, no están ahora tan claros. La decisión del Partido Socialista ha despertado malestar entre los morados, dejando en el aire futuros acuerdos en materia de igualdad. "Se ha registrado sin contar con el socio de Gobierno ni con el Ministerio de Igualdad que es el competente", señalan fuentes del grupo parlamentario. La ley forma parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, pero la formación morada recuerda que el pacto pasaba por "presentar conjuntamente" el proyecto legislativo. Unidas Podemos entiende el registro como una decisión "unilateral" que no tiene en cuenta la "negociación" labrada entre ambos grupos parlamentarios y el Ministerio de Igualdad desde hace meses.

En noviembre de 2020, la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, celebraba que la futura ley de igualdad de trato estaba "muy terminada" y un mes después la propia Irene Montero reiteraba el "firme compromiso" por sacarla adelante. Lo hacía tras reunirse con la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato, plataforma constituida por organizaciones esencialmente antirracistas. El planteamiento inicial de la ley estaba de hecho íntimamente ligado a la no discriminación por cuestiones de raza. Sin embargo, el amplio abanico al que se dirige reserva un espacio importante al colectivo LGTBI, un área sobre la que el equipo de la ministra trabaja con especial ahínco desde hace meses.

"Los que incumplen son ellos"

El Grupo Socialista, por su parte, defiende haber cumplido con lo pactado. "El acuerdo de Gobierno considera que esta ley se impulsa desde los grupos parlamentarios, concretamente el PSOE con la firma de los dos", señalan fuentes socialistas. El Ministerio de Igualdad, por tanto, quedaría fuera del proceso, defienden los de Pedro Sánchez. Por otro lado, la norma lleva siendo trabajada por el partido y otros colectivos desde hace once años y desde hace meses con Unidas Podemos. "Se acordó presentarla en los tres primeros meses del año", dicen las mismas fuentes, pero en base a la dinámica interna de trabajo de los socialistas –cada grupo debe seguir unas reglas y un orden para el registro de iniciativas–, la proposición sólo podía ser presentada antes del 9 de febrero.

El PSOE, por tanto, ha decidido dar el paso de presentarla ahora "previo aviso" a la formación morada. "Ellos se han negado a registrarla conjuntamente, los que incumplen el acuerdo son ellos", sostienen las voces consultadas. En cuanto al contenido, matizan que es fruto del consenso con los colectivos sociales y que en cualquier caso está abierto a mejoras durante su tramitación.

El texto busca regular el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en ámbitos como el político, el social, laboral y sanitario, así como en el acceso a la vivienda. "Esta ley contiene instrumentos para abordar las graves consecuencias que se dan cuando interaccionan en una misma persona dos o más motivos de discriminación, especialmente en las mujeres". Aborda, además, la tutela institucional mediante la creación del Comisionado para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un organismo independiente que ofrecerá protección frente a la discriminación.

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También incluye un régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato, actualmente aplicables sólo a determinados ámbitos como el laboral. El proyecto de ley prevé sanciones que van de los 300 a los 500.000 euros en función de la gravedad. La recaudación producto de tales multas será destinada, reza el texto, a la promoción de la igualdad y la sensibilización ciudadana.

Fuentes de Unidas Podemos recalcan que la propuesta de consenso planteaba "un sistema de sanciones e infracciones más aterrizado y concreto, para combatir la infradenuncia y por la necesidad de más precisión para evitar que sean revocados". En ese sentido, se concretaba una "sanción por la difusión pública de mensajes que promuevan discriminación, el odio o la intolerancia", así como la prohibición de "excluir por motivos raciones o étnicos a personas para el alquiler de una vivienda". También se llevaba a la norma la reforma de la Ley de Extranjería, para que las personas en situación administrativa irregular que hayan sido víctimas de discriminación queden "exentas de responsabilidad administrativa" y puedan solicitar una "autorización de residencia y trabajo".

Asimismo, se impulsaba la obtención de datos estadísticos desagregados por origen étnico y medidas contra la segregación escolar, entre otras. "Ninguna de estas cuestiones está recogida en la norma del PSOE, lo que dificulta mucho que esta sea una buena ley para luchar contra el racismo y el resto de formas de discriminación que contempla y que sufren tantas personas", lamenta la formación morada.

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