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PSOE y Unidas Podemos siguen sin acuerdo sobre los menores en la ley trans pero confían en aprobarla a final de año

La diputada socialista Andrea Fernández en el pleno del Congreso.

La Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI, popularmente conocida como la ley trans, avanza en el Congreso pero lo hace sin acuerdo en el principal foco de conflicto entre los miembros del Gobierno: la autodeterminación de los menores. El PSOE quiere dotar de "seguridad jurídica" al cambio registral cuando se trata de la infancia, mientras que Unidas Podemos se inclina por mantener el texto actual sin cambiar ni una coma. 

Este miércoles se ha celebrado una ponencia a puerta cerrada en el Congreso para debatir sobre la norma pero ambas formaciones no han abordado este polémico asunto. En cambio se han emplazado a la comisión que se celebrará el 12 de diciembre, según apuntan fuentes parlamentarias a infoLibre y han confirmado más adelante algunos de los grupos participantes. La idea con la que trabajan es que la norma esté lista para el último pleno del año, aunque las dos partes reconocen las dificultades para lograrlo.

Las citadas fuentes cifran en 20 las enmiendas acordadas en sus términos y dos transaccionales, el resto queda pendiente para la comisión. Entre ellas destacan una enmienda de Más País para "asegurar que se evita el desabastecimiento de los medicamentos más comúnmente empleados en los tratamientos hormonales para personas trans y supervisar su suministro", y otra de Ciudadanos para que las administraciones públicas garanticen que las personas LGTBI "no son discriminadas en el acceso a la vivienda".

También se ha pactado una enmienda a propuesta del BNG para que "la persona que rectifique la mención registral del sexo pasando del sexo masculino al femenino" pueda beneficiarse de "medidas de acción positiva" en favor de las mujeres, en base a la Ley de Igualdad, siempre y cuando se trate de situaciones posteriores a la rectificación registral y no previas. Esta enmienda busca una "mejora técnica" del texto actual y apunta también a que "la persona que rectifique la mención registral pasando del sexo femenino al masculino conservará los derechos patrimoniales consolidados que se hayan derivado de estas medidas de acción positiva, sin que haya lugar a su reintegro o devolución".

"El tono ha sido mucho más agradable de lo que esperábamos", apunta un asistente a la comisión en conversación con este periódico, al tiempo que critica la actitud de PP y Vox. "Vox ha venido a dinamitar el trabajo de la ponencia, el resto de los partidos hemos trabajado con normalidad sobre las enmiendas y hemos llegado a un dictamen, donde prácticamente están todos los grupos parlamentarios, menos el PP y Vox", añaden desde el PSOE.

"Hemos avanzado porque hemos cerrado la ponencia. Hay algunos acuerdos que han tenido el voto favorable del PP y creo que hay puntos de encuentro que se suman al dictamen. Lo que queremos es que el trámite parlamentario sirva para mejorar la ley y en ningún caso para retroceder del texto de salida del Consejo de Ministros. Ese es el compromiso en el que vamos a seguir trabajando", ha asegurado la parlamentaria de Unidas Podemos, Sofía Castañón. "Tenemos tiempo y voluntad para hacer todas las mejoras de ley, pero nadie entendería que retrocedamos en una ley que implica avances".

El principal escollo: las condiciones legales para la autodeterminación en menores

La redacción que está en estos momentos en manos de los grupos parlamentarios establece, para los menores de edad, la posibilidad de acceder al cambio registral a través de diferentes condiciones en base a varios tramos. Un primer grupo, los menores de doce años, tendrá la posibilidad de acceder únicamente a un cambio de nombre. 

Los menores de entre doce y catorce podrán cambiar su sexo registral, siempre asistidos por sus representantes legales, mediante autorización judicial y a través de pruebas acreditativas. Aquellos que tengan entre catorce y dieciséis, por su parte, tendrán acceso a los derechos que consagra la ley, pero siempre a través de sus representantes legales. Y a partir de los dieciséis años, la ley permite hacerlo en igualdad de condiciones que el resto de personas adultas.

Lo que defienden los socialistas es que los menores de entre doce y dieciséis años cuenten necesariamente con un aval judicial para cambiar de sexo en el registro, pero para Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad, capitaneado por Irene Montero, la infancia trans es una línea roja. El argumento clave que señalan los morados para no ceder en materia de infancia está en una sentencia: la dictada por el Tribunal Constitucional en 2019 avalando el acceso a los menores de edad con "suficiente madurez" y en "situación legal de transexualidad" al cambio registral. Podemos cree que sacar adelante una ley que no sea coherente con el fallo, sería inconstitucional. 

Otras formaciones como Esquerra Republicana abogan por elevar el suelo de edad en los 14 años, una propuesta que no ven con malos ojos en el PSOE. Sin embargo, los morados no se muestran tan dispuestos a llegar a ese término medio y así lo ha manifestado este miércoles Castañón.

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