“Esto es insostenible”. Es la consigna de Génova 13 con cada nueva investigación que afecta al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez., que es percibida por la oposición como una nueva oportunidad para reclamar elecciones generales. Un argumento que, sin embargo, el Partido Popular mantiene desde mucho antes de que salieran a la luz el caso Koldo, la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero o la trama que afecta a la exmilitante socialista Leire Díez, entre otras. El calendario judicial les beneficia y relega a un segundo plano sus propios viacrucis: el que tiene lugar en los tribunales y el que sucede entre bambalinas, con las concesiones del partido a la extrema derecha para poder tener gobiernos autonómicos.
La dirección nacional del PP, antes con Pablo Casado y ahora con Alberto Núñez Feijóo, lleva dando por sentenciado al Gobierno desde que prosperó la moción de censura contra Mariano Rajoy, de la que el próximo 1 de junio se cumplirán ocho años. Desde entonces, y aunque se han celebrado tres convocatorias electorales –en abril y noviembre del 2019 y en julio de 2023–, el PP alimenta una estrategia de ansiedad social, de alerta permanente, de excepcionalidad política. A su juicio, el Gobierno está “agotado” desde que nació.
Para reforzarlo, aparece el "el que pueda hacer, que haga" que acuñó el expresidente José María Aznar el 2 de noviembre de 2023, dos semanas antes de que el Congreso invistiese por mayoría absoluta a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Hacía apenas dos meses que los ciudadanos habían votado, negando a las derechas la mayoría que necesitaban para aplicar su agenda conservadora y neoliberal y abriendo las puertas a una coalición apoyada por las fuerzas soberanistas que darían aire a una nueva legislatura de Sánchez.
El expresidente recuperó su máxima este martes, tras las últimas novedades del caso Plus Ultra y la investigación a Zapatero, para afirmar que "cobra más sentido que nunca". Lo hizo apelando a ciudadanos "responsables" dispuestos a "hacer, actuar y servir" para salir de una situación que calificó de "insostenible". La alocución inicial de Aznar, pronunciada en presencia de Feijóo hace casi tres años, la acompañó de “el que pueda hablar, que hable” y “el que pueda actuar, que actúe" y se ha convertido en una consigna con la que, incluso, bromean los propios diputados del PP. “Yo no puedo hacer mucho, pero hay otros que sí”, apuntaba este miércoles un cargo conservador en conversación con este periódico.
Se refería al jefe de su partido, que tiene la posibilidad de registrar una moción de censura, pero que no acaba de dar el paso porque estaría abocado al fracaso por su dependencia de Vox. En el PP aseguran que presentar una moción antes de saber hasta “dónde pueden escalar” las investigaciones judiciales que rodean a Sánchez, entre las que también destacan las que afectan a su hermano y su mujer, es “desperdiciar una bala”, ya que únicamente se puede presentar esta herramienta constitucional una vez por curso político. El que precisamente fue víctima de la moción de Sánchez, Mariano Rajoy, aseguró el pasado diciembre que no venía "razones prácticas ni políticas para impulsar una moción conjunta con Junts" porque los planteamientos de ambos "no coinciden" y los acuerdos "serian poco coherentes", aunque lo cierto es que Feijóo sí que se llegó a plantear dar un indulto condicionado a Carles Puigdemont e incluso la amnistía durante 24 horas, para conseguir el sí de los independentistas catalanes.
Marlaska, al PP: “Parecen que saben demasiado”
Igual que su malogrado antecesor, el equipo de Feijóo repite la consigna de que “hay un cambio de ciclo” no consumado porque el Gobierno actual no tiene legitimidad. Para argumentarlo, nombran la falta de Presupuestos Generales en la actual legislatura porque no pueden agitar ninguna alternativa que pase por los socios parlamentarios que dieron su apoyo a Sánchez en 2023. Este miércoles, fuentes de Junts –el partido que el PP ve más cerca de soltar a Sánchez– volvían a incidir en que ellos “no tienen el botón” de un adelanto y que le corresponde al presidente del Gobierno tomar la decisión.
El líder del PP no se limita a pedir explicaciones, sino que busca que cada socio parlamentario de Sánchez sienta el coste de mantenerlo en La Moncloa. Esa presión es una de las claves de la estrategia: no hay moción de censura viable, pero sí puede haber una erosión acumulada sobre Junts, PNV, ERC o Podemos. Lo verbalizaba así el portavoz nacional, Borja Sémper, en una entrevista en Catalunya Rádio este miércoles, en la que volvió a repetir que “la pelota” está en el tejado de los que siguen apoyando al Ejecutivo: “Están paralizados, atenazados y sus perspectivas electorales menguan”, planteaba.
En Génova son conscientes, sin embargo, de que el caso Leire Díez no tiene el mismo impacto en el electorado progresista que el de Zapatero, al que este miércoles Sánchez volvió a apoyar desde Roma. Es más, en un primer momento los portavoces de Génova hablaban de una presunta financiación irregular del PSOE que no era tal. Feijóo ya había apuntado meses antes, en enero de 2026, que no descartaba que el expresidente acabara en el banquillo por su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, si bien añadió que eso dependería "de los sumarios, de las investigaciones, de la UCO y, al final, de los jueces".
Esa forma de hablar, la de pronosticar escenarios judiciales mientras se afirma respeto a la independencia de los tribunales, se ha convertido en una constante de la oposición popular de la que presume el propio jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Aunque el PP asegura que ellos no “dan órdenes” a nadie ni “tienen información” de antemano, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se lo reprochaba a la bancada conservadora en la sesión de control. Así, en alusión a la trama Kitchen, recordó cuando el PP estaba en el Gobierno “para investigar a rivales políticos” y les acusó de estar utilizando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) ahora también “en la oposición”. “Parece que saben demasiado, y me preocupa”, planteó Marlaska en respuesta al vicesecretario del PP, Elías Bendodo.
"Organización criminal y Gobierno zombi": las consignas de la derecha
Con todo, la secuencia no empieza con Zapatero ni tampoco con José Luis Ábalos, Santos Cerdán ni Leire Díez. El PP lleva años construyendo la idea de que la llegada de Sánchez al poder en 2018 fue el origen de una anomalía democrática, pese a que la moción de censura fue un mecanismo constitucional, aprobado con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención. Y llegó tras la sentencia de Gürtel, en la que la Audiencia Nacional condenó al Partido Popular como responsable a título lucrativo. El mismo tribunal que ahora es el motor de las causas que afectan a los socialistas.
Desde entonces, la derecha ha mantenido un doble discurso. Por un lado, deslegitimar políticamente al Gobierno de coalición y sus apoyos parlamentarios. Por otro, presentar cada causa judicial vinculada al entorno socialista como una confirmación de que el poder de Sánchez es una trama, no una mayoría parlamentaria. En ese marco, la acción de los tribunales no aparece solo como un poder del Estado que investiga hechos concretos, sino como un frente más de una caída que el PP trata de anticipar.
El PP no inventa los procedimientos judiciales aunque sí los exagera en algunos casos y, especialmente, trabaja para convertirlos en un clima propicio para un adelanto electoral. La estrategia consiste en que la ciudadanía no perciba una sucesión de causas, informes o diligencias, sino un estado de emergencia política. "Situación insostenible", "atmósfera irrespirable", "corrupción sistémica", "gobierno zombi", "organización criminal", "saneamiento integral", son solo algunas de las consignas más repetidas por la derecha.
El papel de Aznar
El PP recupera con Aznar el manual del 23J y anticipa el apocalipsis si Sánchez vuelve a ganar las elecciones
¿Y qué papel juega Aznar en todo esto? El expresidente es clave por su influencia dentro de Génova y puede permitirse decir lo que cargos institucionales solo apuntan en privado. No dirige el partido, pero fija el marco ideológico más duro, en el que no solo los socios deben romper y el Gobierno debe caer, sino que la calle debe movilizarse –la manifestación del pasado fin de semana es un ejemplo más– y los tribunales deben seguir actuando. Todo converge en la idea de que si Sánchez no convoca elecciones, otros deben forzar el desenlace. Un argumento similar al que lanzó el expresidente socialista Felipe González que reclamó elecciones y afirmó que sería poco "inteligente" una moción electoral del PP porque “se dejaría de hablar" del caso Zapatero.
Ese es el "el que pueda hacer, que haga" 2.0. Ya no es solo una apelación abstracta a la movilización contra la amnistía, como pasó cuando comenzó la legislatura. Eso ha quedado en segundo plano, lo que opera ahora es una guerra de desgaste. Y el PP la aplica con las comisiones en el Senado, querellas y recursos para que los jueces y las fuerzas policiales actúen, en las calles con manifestaciones y en el Congreso con la presión a los socios. También tiene su papel la parte mediática, con los medios de la cuerda conservadora y ultraconservadora amplificando cada indicio y, en algunos casos, dando por sentenciadas causas que apenas han comenzado.
La estrategia consiste en que se traslade a la opinión pública la sensación de sospecha total y el objetivo es que las elecciones previstas para el año 2027 según el calendario electoral no lleguen como final natural de la legislatura, sino como una salida de emergencia. El PP quiere que votar parezca menos una opción que un alivio y que el ‘antisanchismo’ sea la razón principal de su electorado para ir a votar, no tanto sus propios méritos ni propuestas.
“Esto es insostenible”. Es la consigna de Génova 13 con cada nueva investigación que afecta al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez., que es percibida por la oposición como una nueva oportunidad para reclamar elecciones generales. Un argumento que, sin embargo, el Partido Popular mantiene desde mucho antes de que salieran a la luz el caso Koldo, la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero o la trama que afecta a la exmilitante socialista Leire Díez, entre otras. El calendario judicial les beneficia y relega a un segundo plano sus propios viacrucis: el que tiene lugar en los tribunales y el que sucede entre bambalinas, con las concesiones del partido a la extrema derecha para poder tener gobiernos autonómicos.