Los titulares de la entrevista del pasado lunes en Televisión Española al presidente del Gobierno destacaron una de sus afirmaciones: "Hay jueces haciendo política, que son una minoría, pero hacen un inmenso daño a la justicia". Acto seguido el jefe del Ejecutivo añadió: "Y también políticos haciendo justicia". Se refería a la judicialización de la política. A la utilización de los tribunales como último recurso cuando las batallas entre las formaciones –en este caso de las formaciones de derecha contra el Gobierno– se pierden en el Parlamento por el juego de mayorías y minorías. Ese fenómeno ha provocado en los últimos meses un fuerte atasco en la Sala de lo Penal del Supremo. Las causas contra aforados –diputados, senadores, ministros, magistrados del Constitucional...–, la inmensa mayoría abocadas al archivo, se han multiplicado en los últimos años provocando un colapso en la máxima instancia criminal española que ha obligado a sus magistrados a multiplicar sus esfuerzos.
De las cuatro secciones en las que se divide esa sala, la cuarta es la que lleva este tipo de causas (además de otros procesos como los recursos de revisión, los errores judiciales, los de unificación de doctrina, las cuestiones de competencia o los de queja). En 2023, los asuntos que llegaron a ella fueron 1.599, 489 más que el año anterior. Y en septiembre de 2024, esa cifra ya se había superado, con 1.744 casos en lo que se llevaba de año. Ese incremento registrado en 2023 se reflejó, sobre todo, en las denuncias y querellas presentadas contra aforados que, en un solo año, pasaron de 70 a 204, lo que supone un incremento de casi un 200%.
"El generalizado clima de polarización política y social revierte en un incremento de los escritos de denuncia contra personas aforadas", advirtió la magistrada progresista Ana Ferrer en su programa de actuación para la Sala al presentarse como candidata a presidirla el pasado noviembre. Tras retirarse, la presidencia ha ido a parar al candidato de los conservadores, Andrés Martínez Arrieta.
Según los datos expuestos por Ferrer, ese incremento de asuntos (el de los aforados es uno de los más destacados) ha obligado a aumentar el número de ponencias (borradores de resolución) que todos los magistrados asumen semanalmente. También la incorporación de nuevos letrados que les asisten con los casos, que han ido aumentándose desde 2018 hasta sumar 17 más, sumando a los dos coordinadores. En ese contexto, la enorme subida de las causas contra políticos, supone un obstáculo importante para la marcha normal del tribunal.
Porque, según la magistrada de Juezas y Jueces para la Democracia, las querellas y denuncias contra estas personas sufren "un crecimiento exponencial injustificado que distorsiona el funcionamiento de la Sala". Y lo distorsiona, porque, como sostiene Ferrer, ese crecimiento "obliga a las magistradas y magistrados, sin el filtro previo del gabinete técnico, a dictar una pluralidad de resoluciones". Resoluciones que, a la postre, "suponen un esfuerzo inútil en detrimento del que requieren otros asuntos de interés". En su relato, la jueza dejaba de lado las exposiciones razonadas de órganos inferiores o las planteadas por el Ministerio Fiscal o acusaciones particulares y populares serias.
"Me refiero al incesante ingreso de escritos de denuncia o querella procedentes de actores políticos o grupos de presión", añadía. Unos documentos que tienen "el exclusivo afán de instrumentalizar la justicia en defensa de determinados idearios, planteando litigios que cualquiera medianamente ilustrado en derecho reconoce como improsperables y que, simplemente, pretenden trasladar a los tribunales un clima de crispación y polarización". "O los casos no infrecuentes en los que, mediante las más variopintas denuncias, se pretende convertir la Sala en una especie de buzón de desahogo de una ciudadanía que canaliza por esta vía su frustración".
El incremento de 70 a 204 denuncias y querellas contra aforados en 2004, que supone en términos porcentuales un aumento del 191% de escritos presentados, contrasta especialmente con los que finalmente son admitidos a trámite, que no superan el 5%. Se trata de "denuncias contra actores de los más variados signos políticos destinadas al archivo, que saturan injustificadamente al órgano que está en la cúpula de la jurisdicción penal", proseguía Ferrer. El problema es que descartarlas implica un importante esfuerzo: "Requiere cierta motivación" que, en la mayoría de los casos, se duplica. Porque tras el archivo, los denunciantes y querellantes presentan recurso de súplica.
Entre los que recurren a este tipo de escritos se encuentran varias formaciones políticas. Como el PP que, en abril de 2024, se querelló contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por proponer a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, como fiscal de Sala sin ningún éxito. También Vox, que ha actuado contra el presidente del Gobierno, varios ministros e incluso los magistrados del sector progresista del Tribunal Constitucional. Junto a ellos, actúan un buen número de organizaciones satélites de la derecha y extrema derecha: como el pseudosindicato ultra Manos Limpias, los ultracatólicos de Hazte Oír y otras asociaciones derechistas y conspiranoicos que fracasan sistemáticamente en llevar a los adversarios políticos al banquillo.
Los titulares de la entrevista del pasado lunes en Televisión Española al presidente del Gobierno destacaron una de sus afirmaciones: "Hay jueces haciendo política, que son una minoría, pero hacen un inmenso daño a la justicia". Acto seguido el jefe del Ejecutivo añadió: "Y también políticos haciendo justicia". Se refería a la judicialización de la política. A la utilización de los tribunales como último recurso cuando las batallas entre las formaciones –en este caso de las formaciones de derecha contra el Gobierno– se pierden en el Parlamento por el juego de mayorías y minorías. Ese fenómeno ha provocado en los últimos meses un fuerte atasco en la Sala de lo Penal del Supremo. Las causas contra aforados –diputados, senadores, ministros, magistrados del Constitucional...–, la inmensa mayoría abocadas al archivo, se han multiplicado en los últimos años provocando un colapso en la máxima instancia criminal española que ha obligado a sus magistrados a multiplicar sus esfuerzos.