El encuentro se produce en un bar cercano a la plaza de la Villa de París de Madrid, donde se encuentra la sede del Tribunal Supremo. Acaba de producirse la manifestación convocada por las asociaciones judiciales y fiscales de derechas contra dos de las reformas judiciales del Ejecutivo del pasado sábado. Las caras de satisfacción entre los miembros de este jovencísimo comité de huelga organizado en WhatsApp son evidentes. Consideran que el día es "histórico", porque han logrado entre sus compañeros una "reacción" ante "las injerencias del Poder Ejecutivo" y por haber mostrado a los ciudadanos "que está en riesgo el Estado de derecho y la separación de poderes". "Tenemos que ser implacables con el poder político que nos trata de controlar y no permitirlo, porque si cedemos terreno, ese terreno no lo recuperaremos jamás". El supuesto peligro sistémico de retroceso democrático. La justicia amenazada del título del libro del magistrado del Supremo Manuel Marchena. El discurso apocalíptico de la derecha judicial.
Delante de ellos, como entrevistador, el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia, Jesús Villegas. Villegas es, además de juez, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que preside el catedrático Francisco Sosa Wagner, exeurodiputado de UPyD y exmiembro de Ciudadanos. Se trata del grupo que poco antes de la aprobación definitiva de la ley de amnistía, se dedicó a enviar a través del correo corporativo que el Poder Judicial a todos los jueces y magistrados un manual para cuestionar la norma ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De esa asociación también formó parte el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, actualmente investigado por el CGPJ por reincidir en los insultos contra el presidente del Gobierno —al que llamó "psicópata sin límites éticos"— o por ensalzar a la exdirigente y exdiputada de Vox Macarena Olona.
La complicidad entre Villegas y los cuatro entrevistados es evidente. Frente a él está Max Power, el creador del grupo de WhatsApp que dio lugar a la revuelta judicial contra el Gobierno. Detrás de ese pseudónimo está Rafael Ruiz de la Cuesta, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que, como él mismo cuenta, se sacó la oposición hace apenas cuatro años. Explica que el pasado mayo, cuando el Gobierno anunció la reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, decidió abrir el chat —en realidad tuvo que abrir dos por la gran afluencia— y que, rápidamente, los jueces y fiscales se sumaron espontáneamente hasta llegar a los 1.900 miembros actuales. Planteaban, desde el primer momento, una huelga contra los proyectos del Ejecutivo. El tamaño de la reivindicación espontánea creció tanto que sorprendió a las asociaciones de derechas y las obligó a ponerse al frente de una protesta que ellas no habían impulsado.
Junto a Max, con chaqueta y corbata, se encuentra Javier, fiscal en Sant Feliú de Llobregat, también en Barcelona. Sostiene que "la independencia judicial, el Estado de derecho y la separación de poderes" están en peligro por las reformas del Ejecutivo. "Cuando los derechos de todos se ven amenazados", sostiene, "tenemos que dar un paso adelante". Javier asegura que vienen "tiempos muy duros para la justicia en los que se va a tratar de ahogarla todo lo posible". John, otro compañero fiscal y también miembro del comité de huelga, sostiene que lo que le preocupa es "la apariencia de imparcialidad" y que los ciudadanos crean que cuando se acerquen a los juzgados tendrán "un trato igualitario y justo". "Somos personas con autoridad jurídica, pero también moral", añade. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado han avisado de que la huelga no tiene sustento legal y se han negado a fijar servicios mínimos.
A lo largo de la conversación, el magistrado Villegas, que después de la ley de amnistía ha encontrado un nuevo motivo para oponerse a las iniciativas del Gobierno, desgrana las consignas de la protesta. Dice ante el asentimiento de los demás que la protesta no tiene "ningún color ideológico", que, en realidad, "es un movimiento espontáneo de las bases" que no está "a favor ni en contra de ningún partido político". "Un poco de preocupación sí que tenemos porque queremos que esto no se instrumentalice para ninguna finalidad política", dice el dirigente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. "A nosotros simplemente nos interesa que la justicia en España sea independiente", añade. Este mismo lunes, el juez ha publicado un artículo en el que sostiene que la reciente sentencia del Constitucional avalando la ley de amnistía responde a un pacto entre el Gobierno y los separatistas en el que estos últimos tienen agarrados "con fuerza" los testículos del Ejecutivo.
Villegas defiende en su videoentrevista, publicada en el perfil de X de la Unión de Fiscales y Jueces (el nombre que se ha puesto el movimiento iniciado en el chat) la importancia de la oposición, cuya reforma, a su juicio, va a convertir el sistema en "un coladero". En realidad, el único cambio que introduce la reforma del Gobierno, que ya se está tramitando en el Congreso, es la introducción de un ejercicio práctico en el examen, algo que ya existía hace unos años. También obliga a que un cuarto de las plazas que se oferten cada año vaya destinado a juristas de reconocido prestigio mediante el llamado "cuarto turno", que existe desde 1985. Por último, establece un único proceso de regularización para los jueces y fiscales sustitutos por orden de la Comisión Europea.
Ante la decisión del CGPJ y la Fiscalía de considerar ilegal la huelga y no establecer los servicios mínimos, han sido las propias asociaciones judiciales convocantes —Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— las que los han autorregulado (algo que los jueces impiden sistemáticamente a cualquier asamblea de trabajadores, comités de empresa y sindicatos). Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que, debido a la falta de regulación, cualquier ciudadano que se vea perjudicado por los tres días de paro convocados podrá presentar su queja porque el derecho de huelga para jueces y fiscales que invoca la movilización, no existe.
El comunicado de las asociaciones previo a la huelga advierte: "Frente a quienes sostienen que esta huelga carece de efectos económicos, queremos recordar que el ejercicio de este derecho conlleva una pérdida retributiva proporcional". Sin embargo, las asociaciones repiten una y otra vez que la comunicación de los que quieran secundar la protesta es solo voluntaria y que no tienen que comunicarla ni a decanos, ni a presidentes de sala ni a fiscales jefes ni a fiscalías superiores. Tras la última huelga, en 2018, el Ministerio de Justicia restó a cada huelguista de su nómina el tiempo no trabajado, pero, tras el recurso de uno de ellos, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional decidió que el Gobierno no era competente para hacerlo y le obligó a devolverles el dinero. La huelga les salió gratis.
El encuentro se produce en un bar cercano a la plaza de la Villa de París de Madrid, donde se encuentra la sede del Tribunal Supremo. Acaba de producirse la manifestación convocada por las asociaciones judiciales y fiscales de derechas contra dos de las reformas judiciales del Ejecutivo del pasado sábado. Las caras de satisfacción entre los miembros de este jovencísimo comité de huelga organizado en WhatsApp son evidentes. Consideran que el día es "histórico", porque han logrado entre sus compañeros una "reacción" ante "las injerencias del Poder Ejecutivo" y por haber mostrado a los ciudadanos "que está en riesgo el Estado de derecho y la separación de poderes". "Tenemos que ser implacables con el poder político que nos trata de controlar y no permitirlo, porque si cedemos terreno, ese terreno no lo recuperaremos jamás". El supuesto peligro sistémico de retroceso democrático. La justicia amenazada del título del libro del magistrado del Supremo Manuel Marchena. El discurso apocalíptico de la derecha judicial.