Ninguna oficina comercial del Gobierno en el exterior conocía al protagonista de la segunda estafa a Almeida
El Gobierno apenas puede arrojar luz sobre la segunda supuesta estafa sufrida en plena primera ola de la pandemia por el Ayuntamiento de Madrid. Dos años después de que un representante del consistorio de la capital pusiese en conocimiento de la Policía Municipal que las mascarillas que le había suministrado la empresa Sinclair & Wilde no se ajustaban a la normativa, las oficinas comerciales de los diferentes países en los que opera esta consultora afirman no disponer de información alguna ni sobre la operación de compraventa bajo sospecha ni tampoco sobre el representante legal de la compañía afincada en Delaware: Philippe Haim Solomon, un empresario franco-israelí muy bien posicionado en algunos países de África y Oriente Medio que arrastra un oscuro pasado marcado por condenas que le fueron impuestas tanto en Francia como en Estados Unidos.
La estafa que se atribuye a Sinclair, que se embolsó 2,5 millones de euros por proporcionar al Ayuntamiento de Madrid 500.000 mascarillas que nunca llegaron a utilizarse, fue puesta sobre la Mesa del Congreso de los Diputados a finales de abril. El diputado de Más País Iñigo Errejón registró entonces una pregunta al Ejecutivo central en la que solicitaba toda la información que pudiera tener la Oficina Económica y Comercial de España sobre la consultora y sobre Solomon en Nueva York, Londres, Ginebra, Singapur y Hong Kong, las ciudades donde presuntamente opera la compañía. Pero no solo eso. También se cuestionaba si se había participado a través de oficina comercial o embajada en la operación comercial o si el Gobierno había proporcionado "algún aval o recomendación a algún comisionista ante gobiernos extranjeros" en relación con estas adjudicaciones.
Pero el Gobierno no puede arrojar luz alrededor de este contrato. Principalmente, porque no dispone de dato alguno. Así lo reconoce en una respuesta de un solo párrafo fechada a mediados del mes de mayo. "Las Oficinas Económicas y Comerciales no tenían conocimiento alguno, ni han tenido ninguna participación en estas operaciones comerciales, así como tampoco han hecho ninguna gestión de apoyo a las personas allí recogidas ni posee información sobre su representante legal Phillipe Solomon", sentencia el Ejecutivo.
El contrato para la adquisición de cubrebocas fue adjudicado a Sinclair & Wilde, según los documentos que se aportaron al juez que instruye el caso de los comisionistas Medina y Luceño, el 23 de marzo de 2020. En la adjudicación medió una empresa española: Aifos Servicios Legales y Consultoría SL. De hecho, algunas horas antes de la adjudicación, la dueña de esta empresa ofrecía sus servicios al consistorio de la capital para "buscar la mejor oferta de suministro entre las fábricas con las que solemos trabajar". Ese correo electrónico llegó al concejal del PP Borja Fanjul Fernández-Pita, quien se lo reenvió a la presidenta de la funeraria municipal, el organismo que se estaba encargando en aquella época de la compra de material sanitario.
Solomon, el empresario denunciado por el equipo de Almeida: "Nunca pagué comisiones y creo que ahí empezó el problema"
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Las mascarillas llegaron a la capital a finales de abril. Sin embargo, pocos días después, el director de emergencias del consistorio madrileño acudió a la Policía Municipal. Dice que existen "indicios para presuponer" que los cubrebocas "no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española, ni a la europea". El consistorio está convencido de que ha sido víctima de una estafa. De hecho, el material adquirido nunca llegó a utilizarse.
El Ayuntamiento de Madrid asegura que durante todo el verano intentó, sin éxito, contactar por correo electrónico con la persona al frente de Sinclair & Wilde. Incluso dos investigadores de la policía neoyorquina trataron de dar con el empresario en la dirección de la empresa que figuraba en las facturas. Pero, de nuevo, fue un fracaso. Las señas que se aportaban correspondían, realmente, a otra firma diferente. Al final, el asunto acabó poniéndose en manos de la justicia. Tampoco dio resultado. Fue archivado provisionalmente hace algo menos de un año por la imposibilidad de localizar al misterioso consultor. Ahora, como contó este diario, estudia reabrirlo a raíz de nuevas pistas aportadas por la Policía Judicial.
infoLibre logró hace algunas semanas contactar con el empresario. Solomon, quien defendió en todo momento la legalidad de la transacción, aseguró que alrededor de la operación hubo "muchos intermediarios implicados" y dijo que, incluso, llegó a "perder dinero" al haber sido víctima de otra estafa en China que le terminó llevando hacia Turquía, que es de donde llegaron finalmente los cubrebocas. "Nunca pagué comisiones y creo que ahí empezó el problema", sostuvo el consultor, quien afirmó que no se encuentra "escondido" y quien aseguró que nadie le ha enviado una "carta oficial" con una reclamación concreta en relación con la compraventa: "Dos años de silencio es significativo y no se puede no notificar oficialmente al proveedor que hay un problema de calidad o de certificación".
