En 2000, con Manuel Fraga como presidente y Corina Porro como directora de Servicios Sociales, la Xunta adjudicaba a Geriatros —empresa impulsada por Caixanova que sería el origen de DomusVi— la gestión privatizada de la residencia de mayores de Ribeira, que comenzaría a funcionar en 2002.
El contrato era por diez años, pero tras 10 prórrogas la residencia sigue siendo gestionada por DomusVi y ahora la Consellería de Política Social acaba de convocar un concurso público para renovar su gestión, que podría continuar en manos de la misma empresa si presenta la mejor oferta.
El concurso público, por hasta 3,25 millones de euros al año, llega cinco años después de que la residencia registrase a finales de 2020 un gran brote de COVID-19 que la convirtió en el centro de gestión privatizada con más muertes de la pandemia, con 15 fallecimientos. Mientras, la Xunta acaba de desbloquear la construcción de una nueva residencia en la misma villa, anuncio que hizo solo cinco días después de que el PP quitase la alcaldía al BNG con una moción de censura.
La actual residencia pública de mayores de Ribeira, de la Xunta, cuenta con 106 plazas y viene siendo gestionada desde 2002 por DomusVi —entonces Geriatros—. El concurso público ahora convocado para renovar su gestión señala expresamente que en junio de este año “se formalizó la 10.ª prórroga del contrato” sin que el Gobierno gallego decidiese hasta ahora hacer una nueva licitación. En la ahora convocada, Política Social está dispuesta a pagar hasta 3,25 millones de euros al año inicialmente durante dos años, pero con posibilidad de prórrogas hasta un máximo de 5 años, lo que puede suponer un negocio total de unos 16,2 millones de euros.
El Gobierno gallego justifica, como viene haciendo en otros casos, que tiene dinero pero no personal propio suficiente para atender todas sus residencias de mayores, por lo que mientras algunas sí son cubiertas con personal público, otras, como esta, se entregan en concesión. No obstante, el concurso establece que “el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación”.
La residencia de Ribeira, según datos oficiales revelados por Praza.gal, fue el centro de la Xunta de gestión privatizada que registró más muertes durante el primer año y medio de la pandemia de la COVID-19, con un total de 15 fallecimientos. Por delante solo hubo una residencia de la Xunta gestionada con personal propio, en Barbadás, y fue seguida de otras dos residencias públicas también en manos de DomusVi, las de Laraxe en Cabanas y Concepción Arenal en A Coruña, con 10 y 7 muertes respectivamente.
En Ribeira la Xunta viene estudiando desde hace años la construcción de una nueva residencia de mayores. El pasado junio, cuando parecía que estaba encarrilada, el Gobierno gallego frenó el proyecto alegando la existencia de supuestos riesgos de inundación en el lugar elegido que, en cualquier caso, la Xunta ya conocía desde que en 2021 aceptó la cesión de los terrenos realizada por el Ayuntamiento. El proyecto quedó paralizado hasta que en octubre, cinco días después de que el PP arrebatase la alcaldía de Ribeira al BNG con una moción de censura, la conselleira de Política Social se desplazó a su localidad natal para anunciar el desbloqueo de la residencia.
De momento el Gobierno gallego aún no ha detallado si su gestión será pública o privatizada, como viene haciendo con las residencias que está donando en las siete ciudades a la Fundación Amancio Ortega.
En 2000, con Manuel Fraga como presidente y Corina Porro como directora de Servicios Sociales, la Xunta adjudicaba a Geriatros —empresa impulsada por Caixanova que sería el origen de DomusVi— la gestión privatizada de la residencia de mayores de Ribeira, que comenzaría a funcionar en 2002.