Los retos de Sánchez si gana: tejer apoyos en el Congreso, aprobar los Presupuestos y poner en marcha su agenda

La incertidumbre se cierne sobre la Moncloa a escasas horas de que comience este jueves el debate de la moción de censura que puede acabar con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, investido como presidente del Gobierno sustituyendo a Mariano Rajoy. El resultado de la votación –que se celebrará el viernes– es aún incierto, y el futuro está en manos de tres partidos: ERC, el PDeCAT y, sobre todo, el PNV, que son necesarios para que la moción se apruebe pero que aún no se han pronunciado sobre el sentido de su voto. No obstante, existen opciones reales de que Sánchez termine en la Moncloa, aunque el panorama que se abriría ante él al día siguiente de la moción estaría plagado de incertidumbres.

Para que la censura al Gobierno salga adelante, Sánchez necesita reunir los votos de la mayoría absoluta del Congreso, es decir, 176 diputados. Para ello, tiene dos opciones: o bien ser votado por PSOE, Unidos Podemos, Compromís, ERC, PDeCAT y PNV –que sumarían 178 y que podrían incluso convertirse en 180 si EH Bildu se sumase, como ha prometido que hará–, o bien recabar el apoyo de Unidos Podemos, Compromís y Ciudadanos –que sumarían un total de 188 escaños–. Habida cuenta de que Ciudadanos se niega a relevar al Gobierno si no es para convocar elecciones inmediatamente, la única opción posible parece la primera,

Si la votación del viernes fuese favorable a la moción, se pondría en marcha el mecanismo que prevé la Constitución en su artículo 114.2: "el Gobierno presentará su dimisión al rey" y el candidato Sánchez "se entenderá investido de la confianza de la Cámara", por lo que "el rey le nombrará presidente del Gobierno".

Hasta aquí, el camino es claro y está reglado. Pero si Sánchez es elegido presidente del Gobierno tendrá que enfrentarse a varios retos a corto y medio plazo en una legislatura a la que, como máximo, le quedan dos años, pero que probablemente se acortaría dado que el líder del PSOE ha prometido convocar elecciones pasado un tiempo sin determinar tras su eventual investidura. La formación del Gobierno, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado o la búsqueda de mayorías diversas para aprobar leyes se perfilan como los principales desafíos.

  El nuevo Gobierno y sus apoyos

Lo primero que tendría que hacer un Sánchez recién investido presidente es nombrar a su Ejecutivo. El líder del PSOE ha asegurado desde que presentó la moción de censura que su intención es formar un Gobierno únicamente del PSOE, y así lo ha trasladado su equipo en múltiples ocasiones desde la semana pasada. El problema de este modelo es que el nuevo Gobierno tendría únicamente asegurado el apoyo de 84 de los 350 diputados del Congreso –los del PSOE–, lo que lo convertiría en un Gobierno extremadamente débil y muy dependiente de los apoyos externos.

En este sentido, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias –que desde el principio ha apoyado sin fisuras la moción de censura– ha pedido en varias ocasiones a Sánchez que se abra a configurar un Gobierno de coalición con la formación morada. Este mismo miércoles, Iglesias afirmó que "un presidente responsable tiene que buscar un Gobierno que represente a algo más que a cinco millones de ciudadanos, debería ser un Gobierno que represente por lo menos a diez millones y tenga apoyos parlamentarios mas estables". 

Un Ejecutivo de PSOE y Unidos Podemos –y contando también con el sostén de Nueva Canarias y Compromís– sumaría el apoyo de 156 escaños en el Congreso, que no obstante serían insuficientes para alcanzar la mayoría absoluta de 176 diputados y también estarían por debajo de los 169 apoyos que suman PP, Ciudadanos, Foro y UPN.

Parece poco probable que Sánchez acepte la propuesta de Iglesias, pero en cualquiera de los dos supuestos, el nuevo Gobierno socialista tendría que negociar con los grupos parlamentarios para sacar adelante cada una de las leyes y medidas que pretendiera impulsar. Si el PSOE gobernase en solitario, tendría dos maneras de conseguir la mayoría absoluta: o apoyándose en Unidos Podemos, Compromís y Ciudadanos (188 escaños) o haciéndolo en Unidos Podemos, Compromís, ERC, PDeCAT y PNV (178 escaños). La geometría variable podría ser la protagonista de lo que resta de legislatura.

  Los presupuestos de 2018

Es probable que la primera votación trascendental que tenga que afrontar un nuevo Gobierno liderado por Sánchez sea la de los Presupuestos Generales del Estado, Estos fueron aprobados hace unos días en el Congreso, pero eso no significa que ya hayan terminado su tramitación: antes deben ser votados en el Senado el próximo día 19 de junio. Y la revolución experimentada en apenas unos días en el escenario político podría complicar su aprobación.

El proyecto de cuentas fue pactado por PP, Ciudadanos y el PNV, y en circunstancias normales la mayoría absoluta del PP en la Cámara alta aprobaría las cuentas sin modificarlas. Pero con los conservadores fuera del Gobierno, el PP podría decidir presentar enmiendas en el Senado a sus propios presupuestos, lo que implicaría que éstos, necesariamente, volverían al Congreso, que podría aceptar o desechar las enmiendas por mayoría simple.

En medio de todo ese trámite estaría un Sánchez que, paradójicamente, podría verse obligado a apoyar las cuentas del PP para no contrariar a un PNV que lo habría llevado a la Moncloa y que está muy interesado en que los Presupuestos salgan adelante para no perder los compromisos que habían arrancado al Gobierno de Rajoy. La otra opción teórica de Sánchez sería retirar el proyecto de Presupuestos, pero eso desataría la guerra con los nacionalistas vascos apenas unos días después de la moción.

  Las leyes y los vetos

En la misma comparecencia en la que anunció la moción de censura, Sánchez afirmó que las prioridades de un eventual Gobierno dirigido por él serían "recuperar la normalidad política e institucional, regenerar la vida democrática y poner en marcha una agenda social que atienda a las urgencias sociales". Y eso implica, para empezar, desbloquear las casi 60 proposiciones de ley vetadas por el Ejecutivo de Rajoy desde el inicio de la legislatura bajo el amparo de la norma que permite al Gobierno bloquear el debate de las propuestas que impliquen un gasto adicional al recogido en los Presupuestos.

PSOE y Unidos Podemos llevan denunciando desde el inicio de la legislatura este bloqueo, y en abril el Tribunal Constitucional les dio la razón y dejó claro que el Ejecutivo no puede vetar la tramitación de iniciativas de la oposición invocando de forma genérica la capacidad que le otorga la Constitución. Entre las reformas planteadas por los socialistas que no se han podido tramitar destacan la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, la mejora de la pensión de viudedad para personas perceptoras con 65 o más años de edad y menores ingresos, la creación de un fondo de accesibilidad universal, la supresión de las tasas judiciales, la modificación el IVA cultural o la implantación de medidas para el fomento del autoconsumo eléctrico.

Por su parte, Unidos Podemos también ha visto vetadas muchas de sus iniciativas, algunas de ellas coincidentes con las del PSOE. En el ámbito de los derechos sociales, la coalición quiere que se reactive la reforma del sistema de permisos de paternidad y maternidad, la reforma de la Ley General de la Seguridad Social para la mejora de la prestación económica por hijo o menor a cargo, la creación de un Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal o la aprobación de una ley de emergencia habitacional para familias vulnerables en el ámbito de la pobreza energética. Unidos Podemos también propuso en su día la modificación de la ley de Educación para regular el proceso de integración voluntario de determinados centros educativos privados en la red pública.

Sánchez no ha ofrecido detalles sobre la "agenda social" que quiere poner en marcha, pero hace unos meses el PSOE hizo públicos los "diez acuerdos de país" que considera urgentes. Entre ellos se encuentran la derogación de la reforma de las pensiones aprobada en 2013 por el PP, la aprobación de una nueva ley educativa que sustituya a la polémica Lomce, la creación de un "ingreso mínimo vital" para familias en situación de vulnerabilidad, la elevación del salario mínimo o la derogación de la regla de gasto que limita las inversiones de los ayuntamientos. Para aprobar estas medidas, los socialistas deberían negociar con los grupos los apoyos a cada una de ellas.

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  La convocatoria de elecciones

En los últimos días, Sánchez también ha prometido convocar elecciones antes del fin de la legislatura. Pero no ha planteado un plazo concreto, y tampoco se ha comprometido a hacerlo en un brevísimo espacio de tiempo, como exigía Ciudadanos. "Convocaremos elecciones, cuanto antes, por supuesto, pero antes de eso habrá que recuperar la normalidad política e institucional, atender las urgencias sociales y abordar una tarea de regeneración democrática", afirmó el líder de los socialistas en la comparecencia en la que anunció la moción de censura.

Con todas las encuestas a favor, Ciudadanos sería el partido más beneficiado por una eventual convocatoria de elecciones temprana. No obstante, ni al PSOE ni a Unidos Podemos les interesa un adelanto electoral inmediato, y mucho menos al PNV, cuya prioridad ahora mismo es conseguir que se aprueben definitivamente las partidas comprometidas para Euskadi en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Y un Sánchez presidente sería el único con la competencia de decidir cuándo se disuelven las cámaras y se convocan nuevos comicios, algo que –como anunció– no haría hasta haber al menos intentado poner en marcha algunas de las medidas de su programa.