Ruz reclama datos sobre 71 contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid a la trama Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Comunidad de Madrid documentación de 71 de los 317 contratos que le reclamó en mayo de 2012 y de los que faltan datos referentes a adjudicaciones de las que se beneficiaron empresas relacionadas con la trama Gürtel entre los años 2004 y 2006. 

En un auto dictado este viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 reclama "toda la documentación que obre en su poder" referida a la adjudicación y facturación a empresas del presunto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, el Grupo Rafael y otras cinco sociedades investigadas en el procedimento.

Entre los actos sobre los que falta documentación se encuentran la colocación de la primera piedra de una decena de hospitales, la presentación de la Vuelta Ciclista a España de 2006 o la Cumbre Internacional de Terrorismo celebrada en la capital en marzo de 2005.

El instructor del caso Gürtel, que adopta esta resolución a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, recuerda que en el caso de que "no se disponga de alguna factura relativa a dichos actos ni exista constancia de que se haya efectuado alguna orden de pago de las correspondientes facturas, se debería remitir certificación negativa".

Ruz, que señala que estas diligencias aparecen "dirigidas de manera especial a impulsar, simplificar y permitir la próxima conclusión de la instrucción en curso", solicita a la Agencia Tributaria que en el plazo máximo de cinco días presente un informe sobre los cobros presuntamente recibidos por el exdiputado Jesús Merino y otro sobre la situación patrimonial de Teresa Gabarra, esposa del exconsejero de Deportes Alberto López Viejo.

Auto del 27 de septiembre [PDF]

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El magistrado también cita para el próximo 9 de octubre como testigos a Joaquín Molpeceres Sánchez, que avaló un préstamo de 1,6 millones de euros a López Viejo, y a Enric Enrich Muls y Covadonga Estévez Sarabia, vinculados con otras empresas investigadas.

Asimismo, ordena la realización de una prueba caligráfica a Isabel Jordán, administradora de varias empresas de la trama, y pide a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que en el mismo periodo de tiempo presente informes sobre la documentación intervenida en los distintos registros que se han llevado a cabo en el procedimiento.

Además, solicita a varios notarios que aporten copia de las escrituras de operaciones de compra-venta de participaciones de varias empresas de la trama, como Pasadena Viajes o Special Events, y al Registro Mercantil de Madrid y la Agencia Tributaria que aporten documentación sobre otras sociedades investigadas.