Tribunales

Ruz sortea el último intento de los dueños de Damm por evitar el banquillo

Demetrio Carceller, en una foto de archivo.

La causa contra Demetrio Carceller se eleva para juicio: el juez Pablo Ruz ha resuelto el ultimo intento de la defensa de Demetrio Carceller Coll, que planteó un incidente de nulidad de actuaciones por entender desproporcionada la fianza impuesta por el juez en el auto de apertura de juicio oral del pasado 4 de diciembre.

En consonancia con la Fiscalía Anticorrupción, Ruz rechaza ese incidente de nulidad al entender que la fianza impuesta a Carceller se fijó con pleno respeto a las normas que regulan la materia, " no siguiendo un cálculo arbitrario ni vulnerador de derechos fundamentales" –como argumentaba la defensa– sino calculando la cuantía indiciariamente defraudada.

Resuelto este último incidente y una vez que se han presentado los cuatro escritos de defensa, Ruz eleva ya los 28 tomos que componen la causa.

El juez eleva así a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal la causa abierta contra el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce; su padre, Demetrio Carceller Coll, y dos de sus colaboradores para que les juzgue por crear una trama defraudatoria a la Hacienda Pública que les habría permitido evadir los impuestos de renta, patrimonio y sucesiones.

La Sala de lo Penal rechazó ya el pasado diciembre los recursos de apelación presentados por los Carceller y su hombre de confianza en la compañía, José Luis Serrano Flórez, contra el auto de transformación en procedimiento abreviado de las actuaciones dictado en julio por el juez Ruz, que el pasado 11 de diciembre acordó la apertura de juicio oral contra los acusados e impuso a los dueños de la compañía sendas fianzas de 236,4 y 476,4 millones de euros.

En el banquillo de los acusados también se sentarán José Luis Serrano Flórez y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen, que tendrán que abonar 224,3 y 365,4 millones de euros, respectivamente.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 14 años de prisión para Carceller Arce y otra de 48 años y seis meses para su padre. El Ministerio Público atribuye a Carceller Arce un delito de cooperación necesaria en delitos contra Hacienda por supuestamente contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.

Anticorrupción considera que Carceller Coll se dedicó a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda "cuando menos, desde el año 1990", simulando residir en Portugal y Reino Unido "con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Así, el expresidente de la cervecera habría ocultado, según el escrito, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de acusados.

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