El nuevo Gobierno

Sánchez apela al "realismo" para aplazar algunas de las propuestas clave que defendía en la oposición

El presidente Pedro Sánchez entra en el Pleno del Parlamento.

Fernando Varela

“España no puede esperar más”. Así justificaba el PSOE, hace apenas unos meses, las propuestas que defendía ante el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de pensiones, educación, ciencia y reindustrialización, rentas, igualdad de género, juventud, política de agua o ingreso mínimo vital, entre otras.

La dirección de Pedro Sánchez llamó a sus iniciativas “diez acuerdos de país” y cuando las presentó anunció que iban a ser trasladadas al ámbito parlamentario “para allí buscar el mayor número de apoyos posible entre los meses de junio y diciembre”, pensando en que, si no salían adelante, pasaría a formar parte del núcleo de la oferta electoral del PSOE para las elecciones generales.

Sin embargo, apenas unos días después de que la moción de censura desalojase a Rajoy de la Moncloa y abriese la puerta a un Gobierno socialista, ya son varios los compromisos defendidos por los socialistas que, como mínimo, han quedado aplazados.

El primero es la derogación de la reforma laboral. A la vista de que la iniciativa no tiene mayoría suficiente para salir adelante en el Congreso —mucho menos en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta— el Gobierno no ha tardado en disipar las esperanzas de los sindicatos. “Podemos retocar una serie de temas con consenso político y social” pero “tenemos los pies en el suelo y somos realistas”, aseguró la ministra de trabajo a los responsables de UGT y CCOO, que reclaman la derogación completa de la legislación impulsada por el PP que da soporte legal a la precarización del mercado de trabajo.

El segundo es la reforma del sistema de financiación autonómica. El propio Pedro Sánchez, espoleado por los presidentes autonómicos socialistas —especialmente la andaluza Susana Díaz y el valenciano Ximo Puig— llevaba meses exigiendo a Rajoy que abriese de una vez las negociaciones. El actual modelo está en vigor desde 2009 —se aprobó por un solo voto de diferencia durante el último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero— y, aunque no tiene fecha de caducidad, todo el mundo lo da por obsoleto desde el año 2014.

Pero nada más llegar a la Moncloa, Sánchez ha descartado meterse en ese jardín. El Gobierno es muy consciente de que abrir la negociación del nuevo sistema de financiación supone internarse en un campo minado, no solo por las dificultades de articular mayorías en el Congreso sino porque significa abrir un frente interno en el que sería muy difícil contener a sus propios presidentes autonómicos en un momento en el que el debate territorial está muy condicionado por Cataluña.

Desde la oposición, el PSOE proponía —y apremiaba— negociar un nuevo sistema para “garantizar la autosuficiencia económica de las comunidades autónomas, para blindar el Estado del Bienestar, que incorpore nuevos indicadores al modelo como la tasa de paro además de la dispersión, el envejecimiento de la población y la despoblación de los territorios”. Y ponía condiciones: aumentar la inversión en educación hasta el 5% del PIB (hoy está en el 3,67%), al 7% en sanidad (está en el 5,57%), y al 2% en dependencia y servicios sociales, incrementos que necesariamente obligarían a incrementar las transferencias de dinero a las Comunidades Autónomas. 

Todo eso ha quedado ahora aplazado hasta la próxima legislatura, en la esperanza de que un reparto más favorable de la aritmética parlamentaria permita abrir las negociaciones con mayores posibilidades de éxito.

Dinero para las comunidades

Mientras tanto, Pedro Sánchez se propone negociar y poner en marcha mejoras concretas en la financiación individual de todas las comunidades que sirvan de paliativo a las dificultades de algunas de ellas. Para este fin dispone, según fuentes consultadas por infoLibre, de unos 5.000 millones de euros ya presupuestados —que el Gobierno espera aumentar a 7.000—. Claro que ese simple anuncio ya ha levantado ampollas entre las comunidades, que desconfían de un reparto basado en negociaciones bilaterales y reclaman un pacto en el que todo el mundo sepa cuáles son los criterios para favorecer a unos y, en su caso, perjudicar a otros.

Los ayuntamientos también están a la espera. A un año de las elecciones locales no olvidan que el PSOE planteaba, apenas unas semanas antes de llegar a la Moncloa, “terminar con la regla de gasto y aprobar una financiación que dé estabilidad a las corporaciones locales”. Y este objetivo también está en el aire, aunque el Gobierno ha evitado darle un carpetazo tan tajante como a la financiación autonómica.

Este miércoles en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó que el Gobierno de Sánchez está comprometido con el programa de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y por esa razón revisará la regla de gasto “en el entorno europeo”. La regla se revisará, concedió, para que las administraciones locales y autonómicas puedan utilizar su superávit de tesorería, pero actualmente el Gobierno no tiene una fórmula clara que permita contrastar los cálculos.

La reforma del sistema público de pensiones para garantizar su viabilidad ha sido, quizá, el principal caballo de batalla de Sánchez en lo que va de año. Y su hoja de ruta hasta llegar a la Moncloa incluía la búsqueda de “nuevas fuentes de financiación complementaria a las cotizaciones” y, específicamente, “la creación de dos nuevos impuestos finalistas”. Uno sobre transacciones financieras y otro, extraordinario, “para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones”. Sánchez lo dejó claro en su día: “Si los españoles contribuyeron con el sudor de su frente al rescate de la banca, es justo que ahora sea la banca quien ayude a sostener el sistema de pensiones. Se trata de un gravamen exigido por organismos nada sospechosos de radicalidad como el FMI o la propia UE, y puesto en marcha también por gobiernos como el británico o el francés”.

De momento, el Gobierno no ha precisado qué pasará con ese impuesto. Pedro Sánchez, a pesar de ser una de sus propuestas estrella de este año, ni siquiera lo mencionó en la entrevista que concedió el pasado lunes a TVE cuando habló de las pensiones. Sí apostó por revisar la actual política de bonificaciones de la Seguridad Social y por destopar las cotizaciones sociales —suprimir la base máxima— para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas. Y se refirió a la necesidad de introducir “nuevas figuras impositivas”, pero sin hacer referencia alguna a los impuestos a la banca y a las transacciones financieras. Sí habló, en cambio, del impuesto a las tecnológicas con el que gobierno de Rajoy quería contribuir al sostenimiento de las pensiones, aunque no aclaró si lo mantendrá, porque esta figura, dijo, tiene una capacidad recaudatoria “muy baja”.

A la lista de promesas aplazadas o en lista de espera hay que sumar la supresión del copago farmacéutico de los pensionistas. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, confirmó este martes que, aunque su eliminación está “en la hoja de ruta” del Gobierno, el Ejecutivo necesitará “tiempo, diálogo y presupuesto”. “La idea es volver al punto de origen”, es decir a antes de la aprobación de la reforma, aunque admitió que su eliminación “va a llevar más tiempo”.

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