El Consejo de Ministros dio este martes un paso más en la estrategia del Gobierno para legitimar la condonación de deuda a Cataluña haciéndola extensible al resto de las comunidades del régimen común (el País Vasco y Navarra tienen su propio modelo de financiación), aprobando el anteproyecto de ley que pretende regularla.
Sin embargo, la decisión de Alberto Núñez Feijóo de llevar su oposición a esta norma al extremo de prohibir a sus barones la posibilidad de acogerse a la quita, a pesar de las enormes dificultades que atraviesan las finanzas de varios de ellos, ha brindado a Pedro Sánchez una oportunidad de oro para poner a prueba la autoridad del líder del PP dentro de su propia organización.
Los presidentes de Andalucía, Comunitat Valenciana y Murcia llevan años clamando por más ingresos con los que hacer frente a sus obligaciones a pesar de defender —y practicar— reducciones fiscales que les han privado de recursos que ellos mismos consideran imprescindibles. Y ahora que tienen la oportunidad no solo de reducir significativamente y de un plumazo parte de su deuda, sino de deshacerse de los enormes intereses que pagan cada año por ella y mejorar su credibilidad financiera en los mercados, Feijóo les ha prohibido acogerse al procedimiento.
De momento, ninguno de ellos se ha salido de la foto y se mantienen firmes, aunque varios han especulado en el pasado con acogerse a la condonación de deuda una vez se conociese su cuantía.
El Gobierno cuenta con que todas acabarán desmarcándose de Feijóo. “¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda?”, se preguntó este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “¿Qué familia española en su sano juicio, si se le plantea una condonación de parte de su hipoteca, va a decir que no?”. “Esta es la pregunta que hay que hacerle a las comunidades del Partido Popular que han dicho que no están de acuerdo y que van a votar en contra cuando la quita llegue al Congreso”, concluyó.
Un año para decidir
Lo cierto es que los barones del PP tienen todavía margen para mantenerse del lado de Feijóo y no acogerse a la condonación. A la ley reguladora le queda todavía un largo trámite por delante. No saldrá del Consejo de Ministros rumbo a la Cámara Baja hasta finales de año, como muy pronto. Y después tendrá que hacer frente a una tramitación de meses que ni siquiera está asegurada: Sumar ya ha anunciado que presentará enmiendas y uno de sus socios, Compromís, ya ha dicho que está en contra del modelo.
Lo que es seguro es que la norma no estará lista a tiempo para las elecciones en Castilla y León (marzo) ni, casi con toda seguridad, para las andaluzas de junio, lo que no impedirá que vaya a ser un ingrediente importante del debate electoral entre candidatos. Como mínimo, habrá tiempo para decidir hasta 2027.
De momento, las comunidades del PP están rechazando la quita con un abanico de argumentos que van desde decir que penalizará a los territorios que menos deben hasta insinuar, contra toda evidencia, que solo servirá para mutualizar las deudas de Cataluña. Galicia ha anunciado ya que estudiará si recurrir judicialmente la condonación, a pesar de que está todavía lejos de llegar al Boletín Oficial del Estado.
La mano derecha de Feijóo, Miguel Tellado, llegó a afirmar que “es una irresponsabilidad política sin precedentes que beneficia a aquellos que peor han gestionado y pretende mancomunar la deuda que han provocado los independentistas catalanes”, obviando que las más beneficiadas serán precisamente comunidades con presidentes del PP. De hecho, de los 83.252 millones de deuda que el Estado se ofrece a asumir, casi 60.000 corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Es decir, siete de cada diez euros.
“¿Dónde está el agravio?”, se preguntó la ministra Montero. “¿Dónde está el perjuicio que esta medida supone para otras comunidades que está denunciando el señor Feijóo y que repiten a coro los presidentes autonómicos a sabiendas de que esto beneficia a sus territorios?”. “Ya les digo yo”, añadió, “que por mucho que digan de cara a la galería, al final todos terminan firmando, porque saben que esto es bueno para el conjunto del territorio”.
83.252 millones
En su formato actual, el proyecto del Gobierno –siempre y cuando todas las comunidades beneficiarias se acogiesen al sistema– liberaría a las comunidades de tener que devolver 83.252 millones de euros de deuda, lo que permitiría un ahorro de entre 6.600 y 6.700 millones de euros que ya no tendrán que destinarse al pago de intereses y podrían ir a otras partidas presupuestarias autonómicas como las de sanidad, educación o dependencia. Supondrá, según los cálculos de Hacienda, que el Estado asuma casi el 20% del conjunto de la deuda del subsector comunidades autónomas.
El modelo de reparto se conoce desde hace tiempo y se basa, sobre todo, en el criterio de población ajustada, un indicador que corrige la población real de cada comunidad según factores como edad, dispersión geográfica, superficie o insularidad, para repartir los recursos de manera más equitativa en función de sus necesidades de gasto. Pero tiene en cuenta otros factores: todas las comunidades deben beneficiarse de una reducción mínima de su deuda del 19% y compensar a las que tuvieron durante el periodo 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media.
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En términos absolutos, las que más recibirán son Andalucía y Cataluña, con quitas de 18.791 y 17.104 millones, respectivamente. Pero en términos per cápita, la quita más cuantiosa será para la Comunitat Valenciana, con 2.284 euros por habitante ajustado. El mayor porcentaje de deuda perdonado será para Canarias con un 50% del total. Pero para beneficiarse de esa reducción deben aceptar la propuesta del Gobierno; de otro modo perderán la oportunidad.
Del criterio de población ajustada sale una condonación de 60.232 millones, a los que hay que sumar otros 11.514 millones al aplicar el mínimo del 19%. 10.590 millones más se calculan de elevar la asignación por habitante ajustado a las autonomías que entre 2010 y 2022 recibieron menos que la media, y a las que se les dará lo mismo por habitante ajustado que a la Comunitat Valenciana (2.284 euros).
A esta cifra hay que añadir un ajuste adicional: las comunidades que hayan usado sus competencias para aumentar la recaudación del IRPF tendrán derecho a una condonación extra del 10%, si subieron el impuesto por encima de la media, y de un 5% para el resto. En total, 917 millones más. En la práctica, un castigo a las comunidades que, como es el caso de las gobernadas por el PP, redujeron impuestos.
El Consejo de Ministros dio este martes un paso más en la estrategia del Gobierno para legitimar la condonación de deuda a Cataluña haciéndola extensible al resto de las comunidades del régimen común (el País Vasco y Navarra tienen su propio modelo de financiación), aprobando el anteproyecto de ley que pretende regularla.