Sanidad no tiene un listado de rastreadores por comunidades ni controla que se adapten a la evolución del covid-19

Los rastreadores son una figura clave para la localización de todas aquellas personas que han estado en contacto con un positivo por covid-19. De su actuación una vez obtienen la información de los contagiados, depende controlar y acotar la expansión del virus. Son, pues, unos actores fundamentales en la bautizada como "nueva normalidad", de ahí que la rápida expansión del covid-19 en las últimas semanas haya puesto el foco en la importancia de quienes desempeñan esta función y en las carencias a las que se enfrentan. La opinión de los expertos en salud pública al respecto es unánime: son pocos y, como ha ocurrido en otros episodios de esta crisis del covid-19, el desfase entre comunidades autónomas es enorme. El Ministerio de Sanidad, que dejó de tener el mando único cuando decayó el estado de alarma, no dispone de datos desglosados por comunidades autónomas que permitan hacerse una idea del mapa de los rastreadores. Tampoco un número global aproximado. Ni ha fijado unas horquillas sobre la cifra de rastreadores que debe tener cada región en función de sus necesidades poblacionales y epidemiológicas.

En el lado autonómico, los verdaderos responsables de tener a punto a estos vigilantes del covid-19, la transparencia no es tampoco la nota dominante. Los datos suelen hacerse públicos con cuentagotas. La Comunidad de Madrid (6,7 millones de habitantes), por ejemplo, gobernada por una coalición PP-Ciudadanos, no ha desvelado hasta esta semana la cifra. En total, 182, según informó el vicepresidente Ignacio Aguado (Ciudadanos) en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Similar número, 180, tiene Cataluña, un territorio donde los brotes se han cebado con la población. Mejores datos ofrece la Comunitat Valenciana (5 millones de habitantes), donde los rastreadores superan los 1.000. O Castilla-La Mancha (dos millones de habitantes), con 427. Y La Rioja, donde se contabiliza un equipo de 85 personas para una población de más de 316.000 habitantes.

"Es cada una de las comunidades autónomas la que determina el número de rastreadores teniendo en cuenta sus distintas características", responden desde el departamento que dirige Salvador Illa a preguntas de infoLibre. "No tenemos los datos recopilados", añaden.

La única cifra que ofrecen desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente del Ministerio de Sanidad es que, entre el 13 y el 19 de julio, había 1.581 profesionales en los servicios de salud pública destinados "a dar respuesta a las necesidades de vigilancia". Y que de este total, 838 se correspondían con el número de personal inicial y 743 con "personal de refuerzo incorporado". No existe desglose de estos datos por comunidades autónomas.

Sanidad: "Es muy difícil..."

Este lunes, en rueda de prensa, la directora adjunta del CCAES, María José Sierra, fue cuestionada por el número de rastreadores. Y apuntó a la imposibilidad de dar una cifra concreta. "Es muy difícil decir tantos en tal comunidad. Por la dinámica, porque no todos son a tiempo completo...", precisó.

Sierra sostuvo que cada Gobierno autonómico lo ha establecido de "una manera", con una "metodología". Porque hay "muchas comunidades que se han apoyado mucho en la [atención] primaria y han reforzado la primaria, además de reforzar los equipos de Salud Pública", otras regiones, dijo, se apoyan en call centers... En todo caso, subrayó que Sanidad va a "seguir muy de cerca" con las comunidades esta "puesta en marcha" del seguimiento de contactos. "E iremos teniendo más datos".

Se refería Sierra al Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por covid-19, acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el 16 de julio. 

En el apartado del documento dedicado a los "Pilares de respuesta temprana" se señala de forma genérica que "es necesario garantizar una capacidad de detección y control suficiente para detectar el incremento de la transmisión en la población mediante el funcionamiento adecuado del sistema de alerta precoz y respuesta rápida y de vigilancia epidemiológica". Esto implica que se garantice una "capacidad suficiente de recursos humanos en los servicios de Salud Pública dedicados a la respuesta de covid-19", que se disponga de "planes de contingencia" y que se garantice "el funcionamiento adecuado de los sistemas de vigilancia y alerta precoz y respuesta rápida 24/7/365 que permitan una identificación  y aislamiento precoz de los casos y cuarentena de los contactos en coordinación con Atención Primaria". 

"La estrategia de detección precoz contemplará la adaptación de los protocolos a la situación epidemiológica del territorio de aplicación", destaca este documento acordado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

Este plan cita la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19, cuya última actualización lleva fecha del 9 de julio. Esta estrategia deja también todo el peso sobre los hombros de las comunidades autónomas.

"Cualquier persona que sea identificada como contacto estrecho deberá ser informada y se iniciará una vigilancia activa o pasiva, siguiendo los protocolos establecidos en cada comunidad autónoma. Se recogerán los datos epidemiológicos básicos de la forma en que cada comunidad autónoma haya establecido, así como los datos de identificación y contacto de todas las personas clasificadas como contactos. Se proporcionará a todos los contactos la información necesaria sobre el covid-19, los síntomas de alarma y los procedimientos a seguir durante el seguimiento", recoge esta estrategia.

Pese a que es ahora cuando los ciudadanos empiezan a familiarizarse más con el término "rastreadores" y con la importancia de estos perfiles para el control del virus, ya se empezó a hablar de ellos en el mes de abril, cuando el Gobierno de España trazó su Plan para la transición hacia una nueva normalidad, la estrategia que marcaba las fases de la desescalada y los requisitos para moverse de una a otra.

Los datos para el salto de fase

Como está ocurriendo ahora con los planes que el Gobierno acuerda con las comunidades autónomas, por aquellas fechas tampoco se establecían unos patrones claros, unas cifras concretas u horquillas sobre el número de rastreadores necesarios para mantener a raya al covid-19. 

El citado plan reflejaba que una de las capacidades estratégicas que iba a ser tenida en cuenta a la hora de que un determinado territorio avanzase en la desescalada tenía que ver con la "identificación y contención de las fuentes de contagio". Esto pasaba por el diagnóstico de los sintomáticos, el aislamiento de casos, el trazado y cuarentena de contactos y la identificación "proactiva" de asintomáticos en colectivos de interés.

Por estas fechas, para la toma de decisiones de Sanidad a la hora de permitir a los territorios el salto de fase sí se les exigía que informasen del "número de profesionales de los servicios de vigilancia epidemiológica dedicados a la respuesta de covid-19 en relación con el número de casos diarios detectados".

La capacidad en materia de rastreadores fue un elemento decisivo a la hora de dar luz verde al cambio de etapa. Sirva el ejemplo de la Comunidad de Madrid, una de las más afectadas por la pandemia y de las últimas en avanzar hacia la nueva normalidad. La región presidida por Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) no dio el salto a la fase 1 hasta el tercer intento. 

El ejemplo de Madrid

En el informe de Sanidad del 8 de mayo, que mantuvo a la región en fase 0, se daba un tirón de orejas a Ayuso señalando que faltaban "detalles esenciales del circuito de identificación y confirmación de casos en Atención Primaria". En el del 15 de mayo, que también impidió el paso a fase 1, se señalaba que la Comunidad había hecho "un esfuerzo importante" respecto a la semana anterior "para reforzar su capacidad diagnóstica y sus sistema de detección precoz y seguimiento de Atención Primaria". No obstante, el ministerio veía "necesario" que este sistema se consolidase en los días siguientes para que se pudiese visualizar su completa capacidad de "detección, diagnóstico, aislamiento y seguimiento de casos confirmados y sus contactos". Y ya en el informe con el que se autoriza el salto a la fase 1, fechado el 22 de mayo, Sanidad observa avances en este campo y cita como uno de ellos que se fuesen a destinar efectivos adicionales para realizar estar tareas "pasando de 36 a 169 las personas involucradas en este tipo de actividades". A tenor de los datos facilitados esta misma semana por el vicepresidente Aguado, poco ha incrementado la cifra: de 169 a 182, una cantidad muy baja a ojos de los expertos sanitarios.

Aunque Sanidad no establece una ratio respecto al número de rastreadores necesarios, pocas comunidades se acercan a las recomendaciones de contar con entre 15 y 30 técnicos por cada 100.000 habitantes. Este diario ya ha informado de que la mayor parte de las autonomías sigue sin los rastreadores necesarios para neutralizar la transmisión comunitaria del covid-19.

El PP pide ahora mayor implicación de Sanidad

En un contexto de nuevos brotes, desde el principal partido de la oposición se está echando en falta en el Gobierno central lo que antes echaban de más. Así, la vicepresidenta segunda del Congreso y exministra de Sanidad Ana Pastor ha considerado esta semana que "no se puede pasar de la alarma a no tener ningún control, del confinamiento absoluto a decirle a las autonomías 'tú te lo guisas y tú te lo comes". Pastor, que ha sido portavoz del PP en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, consideró en un encuentro digital organizado por Nueva Economía Fórum que "se ha avanzado muy poco" en lo que tiene que ver con el "sistema de detección".

"No puedes retirarte tan pronto. La opción elegida por el Gobierno de retirarse tan pronto se le puede volver con contra. Ya no controla y le traslada toda la responsabilidad a las comunidades", se queja un destacado dirigente conservador. Unas declaraciones en la línea de lo expresado por Pablo Casado, que ha pasado de hablar de "dictadura constitucional" por el estado de alarma a reclamar a Sánchez que ataje los rebrotes porque, a su juicio, "no se puede lavar las manos" y el Gobierno tiene la obligación de "coordinar, dirigir y amparar" a las administraciones afectadas.

La misma fuente considera que Sanidad debería tener un papel más activo, respetando la autonomía de las comunidades en materia sanitaria, para preparar el terreno por lo que pueda pasar en el invierno, cuando, si no hay una vacuna –un escenario totalmente posible–, una segunda fase del covid-19 se unirá a las gripes típicas de esta estación.

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Expertos en Salud Pública consultados por este diario no restan en absoluto peso a la figura de los rastreadores, pero consideran fundamental que el sistema vire hacia un rastreo digital de los casos y los contactos. "Incluso contando con las ratios adecuadas de rastreadores manuales, que no las hay, es muy complicado llegar a todos los contactos. No pueden haber pasado ya casi cinco meses y que tengamos los mismos métodos de detección que al principio de la pandemia", destaca una ex alto cargo de Sanidad en conversación con este diario.

El pasado 23 de junio, el Consejo de Ministros dio luz verde al contrato para diseñar, desarrollar y evaluar una prueba piloto en La Gomera (Canarias) para una aplicación móvil que permita notificar a los contactos de un usuario el posible riesgo de contagio por covid-19. La prueba piloto se desarrolló entre el 29 de junio y el 13 de julio. Una vez analizado el funcionamiento de la esta app, serán las autonomías las que decidan si las utilizan en sus respectivos territorios.