El secretario general de UGT defiende a los estibadores: "No tienen que pedir perdón por tener sueldos decentes"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sido tajante al recordar a la opinión pública que los estibadores no tienen que pedir perdón por tener unos sueldos decentes y ha defendido la labor de estos profesionales ante las pretensiones del Gobierno para sacar adelante un decreto que "no tiene ningún sentido" y para el que no hay "ninguna necesidad".

A preguntas de los periodistas este martes en Valladolid ante el reinicio de la negociación entre los sindicatos y la patronal de la estiba para tratar de lograr un acuerdo sobre la reforma del sector, Álvarez cargó especialmente contra el Gobierno por una "prepotencia" que es, además, "absolutamente insoportable".

El líder nacional de UGT aclaró que la regulación de la estiba no debe pasar por la desregulación del sector ni por llevar a una situación de precariedad laboral que sería "absolutamente insoportable" ya que, según advirtió, sólo beneficiará a las empresas estibadoras que verían crecer el valor de sus empresas "de una forma desproporcionada".

"Ese Decreto no tiene ningún sentido", sentenció Álvarez, quien se comprometió a "luchar" para que esa norma no salga adelante desde el convencimiento de que es "una cuestión de la sociedad".

"¿Qué piensa el Gobierno sobre la seguridad en los puertos?", se preguntó el líder sindical quien auguró que si no se negocia y no se llega a un acuerdo se va a generar un "conflicto insostenible" desde el punto de vista económico con un "único responsable", el Ejecutivo central al que advirtió de que no conseguirá la ratificación del grueso del Congreso.

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Álvarez reclamó al Gobierno que no utilice a la Unión Europea como "excusa permanente" "excusa permanente" ya que, según recordó, España tiene una soberanía que debe defender, al igual que hacen Francia, Holanda o Bélgica, y llegó a calificar a los secretarios de Estado de "notarios".

Con la reforma del sector, el Ministerio de Fomento pretende romper el monopolio mantenido desde hace casi un siglo. Para ello, propone un plazo de tres años para que desaparezcan las sociedades de gestión de estibadores portuarios, las Sagep, firmas de las que depende todo el colectivo y que controlan su contratación por parte de las empresas que operan en los puertos.