Federalismo

Sesenta intelectuales impulsan un manifiesto a favor de "renovar el pacto constitucional"

Manifestación en Barcelona en la la Diada de 2017.

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Sesenta personalidades del mundo de la cultura y la universidad suscriben un manifiesto [consultar, aquí] en el que abogan por "reformar la Constitución de 1978 en un sentido federal" con el objetivo de "acomodar mejor" las "legítimas" aspiraciones nacionales catalanas, vascas, gallegas y de otros territorios con demandas de carácter identitario como la Comunitat Valenciana o Illes Balears. 

Los firmantes sostienen que esas demandas "no deben entenderse como una amenaza a la democracia española ni a la unidad del Estado sino como aspiraciones legítimas de una parte de la ciudadanía libremente expresadas en una sociedad plural y democrática". Y resaltan que, como tales, han de ser atendidas "procurando acomodos que no violenten la convivencia en común". A su juicio, bien entendidas y gestionadas, estas reivindicaciones "han de conducir a una España más cohesionada, más tolerante y más estable". "Nada hay de antidemocrático en todo ello", subrayan. 

El manifiesto lo firman, entre otros, los politólogos Ignacio Sánchez Cuenca, Máriam Martínez Bascuñán, Eva Anduiza, Antón Losada y Fernando Vallespín; los constitucionalistas Javier Pérez Royo y Joaquín Urías; los filósofos Antón Baamonde y Antonio García-Santesmases; el historiador Julián Casanova; o la catedrática Victoria Camps. 

En el escrito, titulado Renovar el pacto constitucional, sitúan el origen del "conflicto" actual en la sentencia del Tribunal Constitucional que, en 2010, tras un recurso promovido por el PP, anuló artículos sustanciales del Estatut. "El TC impuso una visión unilateral del pacto constitucional, que dejó a Cataluña sin un texto aprobado por las Cortes Generales y por su propio cuerpo electoral", subrayan. 

Ese fallo, aseguran los promotores del documento, acabó con el "acuerdo de equilibrio" fijado en la Constitución por el que las comunidades históricas aceptaron carecer de poder constituyente a cambio de que los Estatutos de Autonomía aprobados por la mayoría absoluta de las Cortes Generales no pudieran aplicarse si no eran previamente refrendados por el pueblo de la comunidad autónoma destinataria de cada uno de ellos. "El recurso de inconstitucionalidad, al recurrir un estatuto aprobado por la mayoría absoluta del parlamento que representa al pueblo español y votado favorablemente por la ciudadanía de Cataluña, dinamitó ese acuerdo esencial", sostienen. 

A partir de esa sentencia, subrayan, el Título VIII de la Constitución, el relativo a la organización territorial del Estado, "quedó herido de muerte". Y mantienen que la posterior jurisprudencia constitucional "solo ha venido a reafirmar aquella desafortunada decisión y sus efectos más involucionistas". Según su parecer, las autonomías, salvo en aspectos simbólicos y organizativos puntuales, carecen de facultades para desarrollar políticas públicas propias porque el Estado "se ha apoderado de las competencias compartidas" y "los títulos horizontales se han multiplicado exponencialmente". 

Frente a esta realidad, abogan por "renovar el pacto constitucional dentro de un espíritu de concordia, sin humillaciones, sin vencedores ni vencidos" y por avanzar hacia una "unión" mediante un proyecto político federal, "en el que el respeto a la diferencia sea una fortaleza que a todos nos iguale". En este sentido, ponen el ejemplo de la sentencia que dictó en 1998 el Tribunal Supremo sobre el conflicto del Quebec y en la que determinó que "el pueblo soberano ejerce su derecho al autogobierno a través de la democracia".

"La confrontación, el desencuentro, la herida, se amplían ante nuestros ojos. Sin embargo, antes o después, esa sucesión de infortunios tiene que dejar paso a un momento de calma en que se pueda hablar de todo, de modo inclusivo, en el mutuo reconocimiento y la solidaridad interterritorial, con una solución constitucional válida para todos", sentencian.

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