Juristas rechazan que Rufián haya cometido un delito por revelar secretos: "Vox y Cs confunden deseo y realidad"

Hace tiempo que Gabriel Rufián (ERC) se situó en el punto de mira de Vox y Ciudadanos. Y ahora estas formaciones amagan con llevarlo ante los tribunales por un delito de revelación de secretos, que podría comportarle penas de cárcel, una inhabilitación especial para la ocupación de cargo público o una pena de multa de doce a dieciocho meses. Sin embargo, esto no ha intranquilizado al representante de ERC. "Si las amenazas de la derecha y la ultraderecha le intranquilizaran, hace tiempo que se dedicaría a otra cosa", señala el entorno de Rufián sobre lo que piensa el diputado.

Este amago de denuncia llega tras la reunión de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, más conocida como Comisión de Secretos Oficiales, que se ha vuelto a celebrar este jueves en el Congreso tras más de tres años sin actividad. Hasta la fecha los vetos de la derecha a los portavoces independentistas habían impedido su constitución, hasta que la pasada semana la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, impulsó un cambio normativo que permitió la entrada de portavoces como el propio Rufián, Miriam Nogueras (Junts) y Mertxe Aizpurúa (EH Bildu), entre otros.

El Gobierno confiaba en que la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ayudara a destensar las relaciones con sus socios parlamentarios tras las revelaciones de Citizen Lab, pero no ha sido así. Si los diputados independentistas, al igual que otras figuras como la de Pablo Echenique (UP) y Aitor Esteban (PNV) desconfiaban de la utilidad de la comisión antes de entrar, sus temores se han verbalizado al salir. "Salgo tan intranquilo como entré", manifestó Rufián. "Como nos temíamos, no se ha aclarado prácticamente nada", acompañaba Aizpurúa. "Queda mucha tela por cortar", admitió el portavoz del PNV.

Los diputados que asisten a la comisión tienen la obligación de mantener el secreto sobre toda la información reservada que se les traslada, pero ello no ha impedido al representante de Esquerra Republicana de Catalunya confirmar que Paz Esteban ha admitido al espionaje a 18 líderes independentistas. "Lo cuento porque es lo mismo que ya se ha publicado", ha justificado el catalán. Otros como Echenique o la portavoz del PP, Cuca Gamarra, también se han referido a este espionaje, aunque de modo más sutil. "El CNI informa de lo que conoce", señaló el dirigente de Unidas Podemos, mientras que Gamarra admitió que los servicios de inteligencia tenían "autorización judicial" para investigar a algunos de esos líderes.

Según han trasladado distintos portavoces, la directora del CNI ha presentado las autorizaciones judiciales de estos dirigentes —los diputados no pueden llevarse esa documentación ni realizar fotografías de la misma— entre las que figuraba la de Pere Aragonès, president de la Generalitat, pero se ha desentendido del resto de dirigentes que figuran en la lista de Citizen Lab. Respecto al resto de independentistas presuntamente espiados, Rufián ha dibujado dos escenarios: que tras el espionaje estuviera una nación extranjera u otros organismos descontrolados del Estado. "Esto es una interpretación", ha aclarado a través de su cuenta de Twitter.

Cs y Vox amagan con denunciar a Rufián ante los tribunales

Fuentes de la dirección de Ciudadanos trasladan a este periódico que Rufián podría haber cometido un delito recogido en el artículo de 598 del Código Penal. Este artículo establece que "será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años" aquel que "se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar". En Cs, además, señalan que el fiscal o el juez de instrucción puede actuar de oficio contra el portavoz de ERC y creen que el delito está debidamente acreditado.

Desde Vox también están estudiando presentar una querella contra el diputado catalán. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha lamentado que se hayan sido reveladas cuestiones de las tratadas en la comisión y no ha descartado la posibilidad de iniciar acciones legales.

Sin embargo, el abogado penalista Pedro Soriano, cree que la denuncia no ha lugar. "Es un delito que exige dolo genérico, es decir 'cometer un delito de manera deliberada, con intencionalidad y sabiendo las consecuencias que puede traer consigo dicho acto delictivo'. En el caso de Gabriel Rufián es perfectamente defendible que lo haya cometido de manera imprudente, es decir, sin entender que el hecho de que se haya difundido el espionaje a través de los medios de comunicación no le autorizaba a él a retransmitir en diferido el contenido de la Comisión de Secretos Oficiales", explica a este periódico.

Una argumentación que coincide con el planteado por el magistrado Ignacio González Vega. "Yo no lo veo como una revelación de secretos, me parecen más impresiones que otra cosa y, en todo caso, sus aportaciones me parecieron muy genéricas, otra cosa es que hubiera dado nombres y apellidos", expone. "Es evidente que habrá partidos que quieran ir tras él, pero creo que confunden deseo con la realidad", señala el exportavoz de Jueces y Juezas para la Democracia.

También hay juristas que sí creen que las palabras de Rufián puedan constituir un delito. Así lo traslada el abogado José María de Pablo, que censura que haya "diputados cometiendo un delito de revelación de secretos a la salida de la Comisión de Secretos Oficiales": "A este paso, el contenido de la comisión va a ser casi tan público como el contenido de una investigación bajo secreto de sumario, que ya es decir", ironiza a través de su cuenta de Twitter.

¿Qué sucede cuando se revela algo que ya se había filtrado?

Soriano recuerda que en Derecho Penal existe el llamado "principio de intervención mínima" que también podría aplicarse al caso. "Cuando un diputado (que además tiene una serie de privilegios parlamentarios que hacen más complicada su imputación) confirma una información que ya es del dominio público a través de los medios de comunicación, como el espionaje al presidente y a ciertos políticos independentistas, la 'revelación' del secreto queda, a mi juicio, muy diluida y puede derivarse al terreno de la sanción administrativa", razona.

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La abogada penalista Isabel Elbal también se detiene en este punto. "La revelación de secretos consiste en transmitir un secreto, con entidad de secreto y de noticia relevante y lo que ha denunciado Rufián y otros dirigentes es información que ya se sabía", prosigue. A Elbal no le parece "relevante" lo dicho públicamente por el portavoz de ERC y cree que "puede interpretarse como libertad de expresión de un diputado que no ha revelado ningún secreto": "Una cosa es que incumpla la norma administrativa que le prohíbe decir nada y otra muy distinta es cometer un delito de revelación de secretos". Las fuentes de la Presidencia de la Cámara consultadas por este periódico se posicionan en el mismo sentido.

Según el artículo 34 del reglamento de la Cámara Baja, "la difusión o publicación de las actividades reservadas por declaración de Ley, o de 'materias clasificadas', tanto por parte del personal adscrito a los Servicios de Protección de Materias Clasificadas, cuanto por cualesquiera otras personas al servicio de la Administración, aparte la responsabilidad penal que, en su caso, produjeren, tendrán la consideración, a efectos disciplinarios y administrativos, de faltas muy graves". Soriano cree que, "como máximo", Rufián recibirá una multa.

Fuentes parlamentarias creen que el asunto no llegará a nada y recuerdan el caso del diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que también participó en la comisión de Secretos Oficiales. "Llamazares se ponía en la puerta y lo soltaba todo", cuentan. "Esa ha sido siempre la tónica habitual de estas comisiones, algunos era más disimulados que otros, pero se largaba igual", zanjan.