Caso Nóos

¿Y si nadie recurre la imputación?

El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, hace declaraciones a la salida de su despacho.

El terremoto que este martes produjo el auto con que el juez José Castro imputa a Cristina de Borbón, por segunda vez y ahora nada menos que por delito fiscal y blanqueo de capitales, eclipsó dos hechos que marcan una diferencia sustancial respecto de lo ocurrido en abril de 2013. Entonces, el fiscal anticorrupción del caso, Pedro Horrach, anunció el mismo día un recurso contra la imputación de la hija menor del rey, en aquel momento más difusa aunque centrada en un posible delito de tráfico de influencias. Ayer, Horrach se atrincheró en el silencio al tiempo que uno de los abogados de la infanta, el penalista Jesús María Silva, abría paso públicamente a la hipótesis de que su clienta declare ante el juez sin impugnar esta vez la resolución judicial ante la Audiencia de Palma.

"Ya que tantas ganas hay de oírla, pues que lo cuente. Es una posibilidad que no descarto". Esas fueron las palabras de Silva, a quien poco después corrigió el jefe del equipo de defensores: Miquel Roca, que representa a la infanta desde abril por encargo expreso de su padre y quien dio por hecha la interposición de un recurso. 

Pero que el antiguo portavoz de CiU, cuyo campo central de acción no es el derecho penal, se apresurase a recuperar el hilo del guión previsto no oculta el hecho clave: que el penalista de su equipo se plantea la inoportunidad de un nuevo recurso. Y se la plantea, muy posiblemente, porque a Silva, como a casi ningún observador del caso, no se le escapa la posibilidad de que, ahora sí, la Audiencia de Palma avale la decisión del juez Castro. Y eso, desde luego, convertiría el recurso en un remedio mucho peor que la enfermedad que los abogados de la infanta pretenden combatir. Incluso si obviase cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto –los indicios delictivos atribuidos– y se limitase a la forma –la potestad de cualquier juez instructor para despejar sus dudas practicando un interrogatorio–, un auto de la Audiencia que confirmase el de Castro elevaría de manera automática la solidez de su contenido. En la práctica, lo que hoy es un auto de mera imputación saltaría a la categoría de escrito de acusación. Y eso cercenaría casi de un tajo la posibilidad de que la imputación termine finalmente sobreseída para Cristina de Borbón... antes del juicio.

¿Significa lo anterior que el fiscal, que niega la existencia de indicios incriminatorios contra la duquesa de Palma y que así se adelantó a expresarlo por escrito en noviembre, o que la defensa o que ambos, por la razón que sea, estén dispuestos a acatar sin batalla el llamamiento del juez Castro y a que Cristina de Borbón se someta a interrogatorio? Excepto sorpresa, la respuesta no se conocerá hasta el día 14, fecha en que expira el plazo para impugnar la imputación. Pero, desde luego, la opción de un nuevo recurso ante la Audiencia de Palma ofrece hoy muchas más aristas y riesgos que hace nueve meses. 

Una victoria pírrica

Fue esa misma Audiencia de Palma, y exactamente la sección a la que tocará dirimir si finalmente hay recurso –la Segunda–, la que tumbó en mayo la imputación de la infanta. Pero lo hizo con un auto que, a la larga y a la vista de los hechos, terminó por deparar una victoria pírrica a los defensores de la esposa de Iñaki Urdangarin.

Si bien suspendía “por el momento” la imputación de la duquesa de Palma, fue justamente ese auto el que ordenó al juez Castro investigarla por delito fiscal y por blanqueo. Enterrada en sus páginas, había una mina de profundidad que finalmente ha estallado en la resolución rubricada por el juez instructor: "Al menos desde marzo de 2006, momento de la intervención parlamentaria en la que se suscitaron las dudas sobre las irregularidades del Instituto Nóos, la infanta deberia saber o conocer que para entonces Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda".

Ahora, y tras investigar mucho más lejos y mucho más a fondo –cuentas bancarias, facturas, tarjeta Visa, transferencias, etc.– de lo que preveía en abril de 2013, Castro ha concluido que, en efecto, la infanta conocía que Aizoon era una sociedad pantalla. El juez da un paso más y sostiene que, aun con "una actitud propia de quien mira a otro lado", Cristina de Borbón utilizó en beneficio propio el opaco andamiaje contable y financiero que Aizoon proporcionaba a los cónyuges como únicos propietarios de la sociedad. ¿Para qué? Según Castro, para defraudar a Hacienda y dar apariencia de legalidad al dinero ingresado por Aizoon, que en sus primeros años nutrió su patrimonio gracias a un poderoso trasvase de fondos articulado desde Instituto Nóos. Es decir, desde la pretendida ONG sin ánimo de lucro que logró a dedo seis millones públicos en Valencia y Baleares.  

Si la infanta hubiera aceptado declarar –a petición propia o cuando la llamó Castro en primavera–, tampoco el interrogatorio habría seguido las normas de cortesía válidas para una partida de bridge. Pero, desde luego, ni hoy estaría imputada por delito fiscal y blanqueo ni la laboriosa investigación desarrollada por el juez Castro y el fiscal Horrach habría quedado sepultada bajo la losa de una descomunal y casi unánime desconfianza en la capacidad de la justicia para tratar a todos los ciudadanos por igual. 

Por supuesto, la Audiencia podría recorrer el camino contrario y tumbar otra vez el auto de Castro. Pero la lectura de la resolución dictada ayer martes por el juez permite un presagio: esta vez, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma no parece dispuesto a que el tribunal de segunda instancia le cierre una puerta para simultáneamente abrirle una ventana. Si a manos de la Audiencia llegan recursos de la Fiscalía o las defensas –de Borbón y/o Urdangarin, se sobreentiende– y decide aceptarlos, esta vez el carpetazo será definitivo y sin medias tintas. ¿Está la Sección Segunda dispuesta a aceptar el papel del tribunal que abortó la investigación sobre la hija del rey e impidió que declarase en las mismas condiciones que otros 42 empleados de la trama Nóos, empresarios, políticos y su propio marido? Esa es una de las preguntas capitales.

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