El TSJM da los pasos para procesar al juez que mandó a prisión a Blesa sin esperar a las diligencias pedidas por su defensa

Cinco meses después –cuatro, si se excluye agosto– de que el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, planteara una querella por prevaricación contra el juez Elpidio Silva, el Tribunal Superior de la comunidad (TSJM) dio ayer con celeridad el primer paso para sentarlo en el banquillo. Lo hizo con un auto que ni siquiera menciona, ni siquiera para descartarlas, las diligencias solicitadas el jueves por la defensa del magistrado, a quien haber enviado al financiero Miguel Blesa a prisión puede costarle la expulsión definitiva de la carrera judicial. Una vez que el TSJM notifique el auto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Silva quedará suspendido como juez en espera de juicio. El horizonte procesal de Miguel Blesa se presenta hoy mucho más despejado que ayer.

Según el auto, conocido ayer lunes, 9 de diciembre, Elpidio Silva maniobró para quedarse de forma "torticera" la investigación sobre la compra de un banco de Miami que, según lo investigado, causó a Caja Madrid pérdidas por 500 millones y es bajo esa premisa que el TSJM le atribuye un delito de prevaricación. El tribunal añade que Silva cometió un delito contra la libertad individual –la de Blesa- al enviarlo por dos veces a prisión. Y que provocó un “retardo malicioso” de las actuaciones, pese a que ese mismo auto reconoce que los secretarios judiciales negaron que Silva hubiera intentado retrasar las actuaciones. Esa, dice el TSJM, es una "opinión subjetiva". 

Pero, según el escrito del abogado de Silva, Cándido Conde Pumpido (hijo), registrado el jueves 5 de diciembre en el TSJM, la investigación sobre la compra del banco de Miami por Caja Madrid sigue abierta. Y sigue en el juzgado número 9 de Madrid. Es decir, en el de Elpidio Silva pero en manos de su sustituta. Así se deduce, alega el letrado, de resoluciones aportadas durante la tramitación de la querella contra Silva. De esas nuevas resoluciones "se deduce que la sustituta del querellado en el Juzgado de Instrucción nº 9 está conociendo y que inicialmente tampoco envió a reparto la causa, habiendo previamente procedido a dictar resoluciones admitiendo la querella y resolviendo recursos, aun habiendo (ahora sí) un mandato expreso de la Audiencia Provincial de que lo hiciese y pese a no hacerlo nadie la ha tachado de prevaricadora".

En ese escrito, la defensa de Silva alerta de que el tribunal ha permitido a Blesa aportar "meras fotocopias" –algo por completo inusual– de aquellas resoluciones de la Audiencia de Madrid contrarias al juez pero no las de aquellas otras de esa misma instancia o del Decanato que resultan favorables para el querellado: por ejemplo, las que confirmaban la competencia del juzgado de instrucción 9, del que Silva es aún titular, para investigar la compra del City National Bank of Florida, operación que, según lo investigado, acarreó a Caja Madrid pérdidas por 500 millones. La defensa de Silva pedía al tribunal que recabase por el conducto oficial todas esas resoluciones. 

Diligencias solictadas por la defensa

Pero ninguna de las diligencias reclamadas en el escrito del jueves figura en la panoplia que el auto de ayer desecha por "innecesarias". Sí consta, pero solo para catalogarla entre las "improcedentes" una reiterada y anterior petición de Silva: el acceso a los correos secretos de Blesa. El juez Jesús Gavilán, autor del auto, sostiene que el "carácter y naturaleza" de esos mails ya está "documentado y esclarecido".

En ese paquete ciberpostal de en torno a 8.000 correos se localizan los que infoLibre viene publicando en los últimos días y que acreditan cómo Blesa le buscó a José María Aznar un contrato a comisión con Einsa, una empresa de material bélico. Einsa -aunque esos datos no proceden de los correos secretos sino de los registros mercantiles- está controlada por dos sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Jersey. 

De momento y tras el auto de ayer, Silva tendrá que abonar una fianza de 8.000 euros.  Y como ocurrió con Baltasar Garzón en el caso Gürtel, el desfase entre los tiempos judiciales que afectan a Blesa –cuya situación procesal permanece en una especie de limbo– y los que conciernen a Silva puede desembocar en que el juez se siente en el banquillo mucho antes que el financiero, si es que esto último llega a ocurrir. 

El auto del Tribunal Superior de Madrid vio la luz pocas horas después de que Elpidio Silva se hubiese reincorporado a su juzgado tras una suspensión de cuatro meses impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de la magistratura castigó al juez bajo el argumento de que no motivaba sus resoluciones. Con la suspensión ya en marcha y Silva apartado en consecuencia de la investigación sobre Miguel Blesa, el fiscal jefe de Madrid, Miguel Moix, presentó el 12 de julio una querella por prevaricación.

La resolución descalifica a Silva por haber reabierto la investigación sobre el crédito de 26,7 millones que Caja Madrid otorgó al empresario Gerardo Díaz Ferrán, hoy encarcelado. Y censura igualmente a Silva por haber abierto una segunda investigación sobre la compra del City National Bank of Florida por parte de la entidad de crédito. El proceso, dice el auto citando uno anterior de los varios y contradictorios emitidos por la Audiencia de Madrid, se abrió sin fundamento y solo por una denuncia de la asociación Manos Limpias. Y se convirtió en una "causa general" contra los imputados.

En manos de la jueza sustituta

La investigación sobre la compra del banco de Miami  está ahora en manos de la sustituta de Silva en el juzgado de instrucción 9 de Madrid. Hace dos semanas, la juez sustituta archivó una querella contra el presidente de la Comunidad de Madrid con un auto cuyos fundamentos jurídicos miden exactamente cinco líneas y media de folio.

La resolución obvia toda referencia al último escrito de la defensa del juez, registrado el pasado jueves día 4. En ese documento, el letrado de Silva no solo alertaba de que el tribunal había dejado en manos de Blesa aportar las resoluciones judiciales sobre el caso sino que había tolerado que las aportase solo de manera parcial y en fotocopias. Es decir, sin incluir aquellas de la Audiencia Provincial, o las del Decanato de los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla que, por su contenido, refuerzan la idea de que el juez no prevaricó.

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Son esas resoluciones las que –enviadas desde los juzgados y no entregadas mediante fotocopias como, según el escrito, hizo el abogado de Blesa- solicitaba la representación legal de Silva. infoLibre no ha podido averiguar si el instructor de la querella, Jesús Gavilán, llegó a tener en sus manos ese escrito de alegaciones. En cualquier caso, y según las fuentes jurídicas consultadas, no hay duda de que el sello del registro lleva fecha de 5 de diciembre. El auto, en cambio, aparece datado ayer, 9 de diciembre.

Entre las diligencias que solicitaba su defensa se incluía la remisión de diversas resoluciones del Decanato de los juzgados de Madrid que refrendaron la competencia del juzgado de instrucción número 9 –el del magistrado ahora procesado– para investigar la adquisición del City National Bank of Florida por Caja Madrid en una operación que, según Silva, causó a la luego quebrada entidad de ahorro pérdidas de 500 millones de euros.

Que la Fiscalía presente querella contra un juez, incluso si sostiene que dicho juez ha errado al dictar determinadas resoluciones, es extremadamente raro. Por ejemplo, Anticorrupción impugnó en septiembre el auto donde de manera insólita la juez sevillana Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE pagados con cientos de millones del erario andaluz, había cometido un error procesal de gran rareza: dar por imputados a políticos que, al ocupar un escaño, gozan de aforamiento ante el Tribunal Superior andaluz o ante el Supremo. El error quedó como tal, Anticorrupción no observó indicios de prevaricación ni retardo malicioso y la juez, en consecuencia, continúa instruyendo la causa.