Justicia

El turno de oficio, en pie de guerra

Imagen de archivo de la mesa informativa por el día de la justicia gratuita y el turno de oficio en los juzgados de Sevilla.

El turno de oficio ha dicho basta. Los abogados y los procuradores que hacen efectivo el derecho a la asistencia jurídica gratuita de cualquier ciudadano sin recursos van a salir a la calle el próximo día 20 de diciembre. Y no descartan llevar a cabo más acciones de protesta después de esa fecha. Por ejemplo, renunciar de manera masiva a realizar guardias por parte de los letrados de oficio o la baja masiva del servicio. El motivo es que, según dicen, el Ministerio de Justicia les va a obligar a trabajar de forma gratuita en algunos supuestos. Y eso supone "admitir de facto la esclavización de un cuantitativo y cualitativo sector de la ciudadanía española", según un comunicado emitido por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo).

Todo comenzó a principios del mes de diciembre. El día 4, el Ministerio de Justicia comunicó a los representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que sólo asumiría el pago de aquellos expedientes de justicia gratuita en los que se den los requisitos de carencia de recursos económicos. Y es que no todo el mundo se puede acoger a la justicia gratuita. Tan sólo pueden hacerlo, según explica José Muelas, miembro de la Red de Abogadas y Abogados de España, las personas físicas que acrediten ingresar menos de una determinada cantidad. ¿Y cómo se establece esa cantidad? Dependiendo del tamaño de la unidad familiar y del conocido como Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice que desde el año 2004 sustituye al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. De este modo, ni las personas físicas que superen ese umbral ni las jurídicas pueden acceder al servicio de asistencia letrada gratuita. Tienen que designar, por tanto, un abogado propio y no uno de oficio. 

A estos últimos, según explica Juan Manuel Mayllo, presidente de Altodo, se puede acceder de dos maneras: o bien por solicitud del propio ciudadano o bien por designación de un juez en aplicación del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, recogida en el artículo 24, que establece que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".Por eso, cuando un magistrado estima la necesidad de un abogado, solicitará al colegio correspondiente la designación de uno de oficio. Y este está obligado a realizar el trabajo. Es más, explica Mayllo, todos los letrados colegiados deben realizar un servicio de oficio si son designados para ello, pero como hay un nutrido número de abogados que están dados de alta en el servicio del turno de oficio, lo hacen los 46.000 que están dispuestos a ello. 

Una vez terminado este paso, la persona defendida solicitará, de manera formal, el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Y será un órgano mixto denominado Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita el que decidirá, meses después, si acepta la solicitud, la deniega por no cumplir los requisitos o la archiva por falta de documentación. No obstante, según confirman fuentes del CGAE, hasta ahora, fuera cual fuera el resultado, el Ministerio de Justicia pagaba lo correspondiente al letrado en cuestión. Ahora, según ha decidido la institución dirigida por Dolores Delgado, sólo se hará en aquellos casos en los que la solicitud de justicia gratuita haya sido aceptada. En los que no, será el letrado el que tenga que conseguir el cobro de la persona defendida.

Justicia no ha respondido a las preguntas de infoLibre sobre el motivo que ha llevado a tomar esta decisión, pero desde el CGAE aseguran que el Ministerio se basa en dos informes: uno de la Abogacía del Estado y otro de la Intervención del Estado. Según un comunicado de la propia organización profesional, además, "el Ministerio justifica su posición en que podría estar cometiendo una ilegalidad si paga el turno de oficio no acogido por la justicia gratuita". Pero de este modo ignora, denuncian, "que buena parte de las comunidades autónomas con competencias en la materia asumen el pago completo del turno de oficio y que el propio Ministerio de Justicia lleva años haciéndolo".

La decisión, en cualquier caso, no afectará a los trabajadores de oficio de toda España. Influirá, únicamente, en aquellos profesionales que trabajen en las comunidades que no tienen competencias de justicia. Es decir, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares, además de los pleitos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, que se encuentran en Madrid. 

Un problema con raíz en macrojuicios como el de 'Gürtel'

Según explican Mayllo y Muelas, el origen de la decisión que tanto ha indignado a los colegios profesionales podría estar en los macrojuicios. Según publicó El País el pasado mes de noviembre, Justicia está investigando el pago a los abogados de oficio que fueron designados a algunos acusados en el caso Gürtel. La información, tal y como aseguró Europa Press, fue confirmada por la ministra Delgado, que explicó que el anterior equipo del conservador Rafael Catalá había realizado pagos a las defensas de, al menos, 11 sociedades limitadas implicadas en la trama. Estas no tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, pero el Código Penal establece que sí pueden estar como acusadas en un proceso por lo que, al igual que las personas físicas, tienen derecho a una tutela judicial efectiva y, por tanto, a un abogado. De oficio o propio. 

Según El País, Justicia habría abonado cerca de 800.000 euros a los abogados. 

Cuando saltó la noticia, Altodo criticó que se pusiera "en duda" el derecho de estos letrados a "percibir una justa compensación por su trabajo". Y es que en esta causa, al igual que en otras de similar envergadura, los letrados se ven obligados a paralizar sus despachos, muchas veces durante meses, para poder llevar a cabo el servicio. Y por eso, aunque sea una sociedad sin derecho a justicia gratuita, dice Muelas, los abogados tienen que cobrar ese trabajo. Y esa es la razón por la que, hasta ahora, se llegaba a convenios entre los colegios y el Ministerio para que se abonaran. Es lo que se hizo, de hecho, en el casoGürtel, cuando el equipo de Catalá determinó que el importe máximo a abonar a cada uno de los letrados que trabajaran en el caso ascendería a 30.000 euros

Pero como ese dinero se percibió cuando no correspondía el derecho a la justicia gratuita de los defendidos, dice Muelas, Justicia ha decidido, a partir de ahora, sólo pagar cuando esté acreditado que debe hacerlo. 

"El Gobierno se desentiende"

El Consejo General de la Abogacía Española y los colegios de abogados del territorio común tenían hasta este miércoles para justificar ante el Ministerio todos los procedimientos de oficio para que la institución certificara que se ajustaban estrictamente a los requisitos y, así, abonarlos. Pero ni el CGAE ni los colegios han acogido bien la noticia. El Consejo criticó, a través de un comunicado, que la institución de Delgado ignora que "la designación de abogado es un mandato del juez instructor y que responde a un derecho constitucional, pueda el encausado acogerse a la justicia gratuita o no". Por ello, lamentó que "el Gobierno se desentiende de esta parte del funcionamiento de los tribunales españoles y deja en manos de los colegios y de los propios abogados sufragar el coste de defensa de quienes no cumplan con los requisitos". 

"Somos probablemente el único colectivo que está obligado a realizar turnos de oficio y probablemente también el único colectivo que puede no cobrar por ello", denuncia Mayllo. "Al Estado se le podrá llenar la boca diciendo que se cubren todas las garantías de derechos de las personas pero parece ser que lo hace a costa de los letrados de oficio", añade. Ahora, explica, se verán obligados a perseguir a la persona defendida perseguir . Y no tienen medios para ello.

Alicia Vega, letrada de Toledo y presidenta de la Asociación de Abogados del Turno de Toledo, se queja de que los abogados no tienen posibilidades de obligar a la persona al pago del servicio como sí tiene el Estado. "No tenemos las posibilidades que tiene Hacienda", detalla. Y añade que con la nueva normativa dejarán de cobrarse múltiples servicios como las visitas a detenidos en una comisaría, por ejemplo. 

El Colegio de Abogados de Madrid ha mostrado "su más absoluto rechazo" a la decisión y ha manifestado que "en ningun caso va a permitir que las actuaciones profesionales realizadas en cumplimiento de un mandato judicial para garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva dejen de ser compensadas, ni que se trasladen a los abogadas y abogadas de oficio los problemas de financiación de un servicio público". Ha anunciado, además, que "iniciará cuantas acciones procedan en derecho tendentes a reclamar el pago de todas y cada una de las actuaciones profesionales". 

La Confederación Española de Abogacía Joven (CEAJ), del mismo modo, ha manifestado que "aboga por que la Administración Pública asegure en todo caso el pago de las retribuciones por el trabajo que realizan todos los abogados y abogadas adscritos al turno de oficio, con independencia de que se haya reconocido finalmente el beneficio de la justicia gratuita o no". "Desde CEAJ entendemos que, en esos casos donde finalmente no se ha reconocido la justicia gratuita, habrá de ser la Administración —que tiene más herramientas y los medios necesarios para ello— la que requiera al ciudadano o ciudadana el coste del servicio porque, si bien es cierto que todo el mundo tiene derecho a una defensa también lo es que no se puede cargar sobre el abogado de oficio el hecho de reclamar a ese ciudadano no beneficiario de asistencia jurídica gratuita la retribución por su trabajo o que este quede sin retribuir", añaden.

Por eso, los abogados anuncian movilizaciones. De momento, se concentrarán el próximo 20 de diciembre ante la sede principal de los juzgados de cada ciudad española y ante el Ministerio de Justicia en Madrid, según la convocatoria de Altodo. "Si no se soluciona, seguiremos", advierte Mayllo. Porque la solución es bien fácil, coinciden Muelas y él, un abogado no puede trabajar gratis, y menos por un servicio  que realiza en virtud del cumplimiento de un derecho constitucional. 

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