La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el presunto socio del empresario Víctor de Aldama en la trama de fraude de hidrocarburos destinó "un millón de euros a comprar la voluntad" del exministro José Luis Ábalos para que intercediese a su favor en la obtención de una licencia que finalmente no consiguió.
En un nuevo informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE este jueves, los investigadores exponen cómo Claudio Rivas, presunto "máximo dirigente" de la trama, pidió a Aldama que intercediese para "obtener la influencia" de Ábalos, ahora en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo.
Buscaba -prosigue la UCO- que Aldama mediase con Ábalos, entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE- para que "ejerciera su influencia" aprovechando sus cargos, "en distintas instancias ministeriales conocedoras o vinculadas" a la tramitación del expediente de concesión de la licencia como operador de la empresa Villafuel, sobre la que pivota la trama.
"Todo ello a cambio de una contraprestación económica acordada previamente", sostiene la UCO, que cree que la trama "dispuso de un millón de euros" para pagos al exministro, a Koldo García y a Víctor de Aldama.
El disfrute de un chalé en Cádiz
El "pago" al exministro fue, según la UCO, la entrega y disfrute de un chalé en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz), que Claudio Rivas adquirió por 585.000 euros a través de la sociedad Have Got Time.
Destaca que la entrega del chalé se hizo "bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado" en el que se pagó una primera mensualidad y una fianza, y subraya que fue elegido por el ministro tras una búsqueda de su exasesor Koldo García.
El informe hace hincapié en la "correlación" entre la compra de la casa y "la firme convicción" de la trama de que obtendría la citada licencia. Y para ilustrarlo aporta un mensaje de la pareja de la empresaria Leonor Pano, administradora de la empresa Have Got Time: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito".
Ábalos disfrutó de la casa unos meses, hasta el 26 de noviembre de 2021 porque, dos meses después de salir del Gobierno y ante la falta de concesión de la licencia, Claudio Rivas ordenó rescindirle el alquiler, añade el informe.
El objetivo de la trama, según la tesis de la UCO, era que Villafuel obtuviese la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, eludiendo la obligación de justificar la capitalización de la empresa con los tres millones de euros de fondos propios que exige la norma.
No lo consiguió en esos primeros intentos, si bien finalmente obtuvo la licencia el 12 de septiembre de 2022 al considerar que cumplía el requisito de capacidad financiera.
La influencia de Ábalos: reuniones con otros cargos
La UCO sostiene que la "influencia" del exministro "se materializó" en "reuniones y conversaciones" mantenidas por su exasesor con responsables ministeriales.
Cita tres reuniones en 2020 con Juan Ignacio Bidart, jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, una en presencia de Aldama y las otras dos en el Ministerio, y destaca que este departamento no tenía competencia para autorizar operar en el mercado mayorista.
También constata "contactos" de Koldo García con Marc Pons, jefe de gabinete de la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y cree que hay indicios de que se reunieron en el Ministerio el 8 de julio de 2021, cuando la autorización continuaba sin otorgarse "y la organización criminal se impacientaba".
La UCO refiere que Aldama conversó con el director general de Política Energética y Minas, Manuel García, en marzo de 2021, poco antes de que la empresa Villafuel presentase un escrito de alegaciones tras una nueva negativa de la autorización de operador.
Los pagos a Koldo García y a Aldama
En línea con la tesis de que la trama tenía un millón de euros destinado a contraprestaciones, la UCO incorpora mensajes de la empresaria Leonor Pano al conocer el cese de Ábalos como ministro, en 2021: "Se les ha dado mucho dinero"; "no se van a arriesgar"; "se les ha dado más de 1kilo".
Los pagos supuestamente también iban destinados a Koldo García y a Aldama, a quien la UCO alude como "intermediario" entre Ábalos y la red, de la que acabó formando parte hasta el punto que en otro informe los investigadores le situaban en su "cúspide".
El informe ve acreditado que Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, percibió 292.416 euros de la empresa Have Got Time "como pago por su intermediación" con Ábalos, y apunta a que más adelante recibió 925.036 euros "ya integrado en el organigrama de la organización criminal".
Como "pago" a Koldo García recoge que fue beneficiado con un contrato de trabajo en la empresa Instalibero District SL, vinculada a Claudio Rivas, como consultor en seguridad, sin que haya constancia de que prestase servicios. Dice la UCO que recibió 1.950 euros de nómina en marzo de 2022 y seis días después 5.000 euros en concepto de adelanto.
El viaje de Aldama a Venezuela
El informe de la UCO también señala que el exministro envió al empresario De Aldama a Venezuela en verano de 2019 para entregar una carta a Juan Guaidó en la que le mostraba su apoyo como presidente encargado de la República y le ofrecía el apoyo de las empresas públicas españolas para la etapa de recuperación que estaba por llegar.
Así consta en una carta fechada el 26 de julio de 2019 y que la Guardia Civil encontró en un teléfono móvil de Aldama en la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional.
Esa investigación, que se entrelaza con la que se sigue en otro juzgado de la Audiencia Nacional por presunta corrupción en el Ministerio de Fomento en la etapa de José Luis Ábalos, fue la que llevó a prisión a Aldama, quien salió en libertad provisional a cambio de colaborar con la Fiscalía.
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El informe ubica el comienzo de la relación entre Ábalos y Aldama a más tardar en julio de 2019, si bien los investigadores infieren que debía venir de antes dada la importante responsabilidad que otorgó el ministro al empresario.
En su carta a Guaidó, el ministro ponía a disposición de Venezuela "todas las empresas públicas y de prestigio reconocido internacional que puedan necesitar, así como todas las empresas privadas que nosotros podamos recomendar" y designaba a Aldama como persona de enlace en sus relaciones.
Ábalos trasladaba al dirigente venezolano, al que España reconoció como ganador de las elecciones celebradas en 2018 en Venezuela, su reconocimiento y el mayor interés de España por la solución de la crisis "institucional, social y económica" de su país. Por ello, con miras a ese proceso de recuperación, ofrecía el apoyo de las empresas españolas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el presunto socio del empresario Víctor de Aldama en la trama de fraude de hidrocarburos destinó "un millón de euros a comprar la voluntad" del exministro José Luis Ábalos para que intercediese a su favor en la obtención de una licencia que finalmente no consiguió.