Transición energética

La UE amplía su apuesta por las renovables pero sin incluir metas vinculantes para cada país

Celebración en Bruselas del acuerdo entre Parlamento, Consejo y Comisión sobre la directiva de renovables.

Al final ha sido un 32% el objetivo de consumo total de energía procedente de renovables que debe cumplir la Unión Europea en 2030, camino de frenar los efectos más perniciosos del cambio climático. De toda la energía que se utiliza en los Estados miembro (en el transporte, al encender las luces, al calentar los edificios, en los procesos industriales), el 32% tiene que tener origen en procesos que no quemen combustibles finitos, fósiles y, en su mayoría, contaminantes. Es un diplomático punto medio entre dos posturas que, durante el año y medio que han durado las negociaciones en Bruselas, parecía difícil de alcanzar. El Consejo, compuesto por los ministros de Energía de los Estados miembro, defendía el 27%: es decir, que no se moviera la meta que se estableció en 2014. El Parlamento votó a favor de llevarlo hasta el 35%, con el autor de la propuesta, el exministro español José Blanco, al frente. La sensación entre actores de la acción climática, ecologistas y asociaciones es que no es el mejor acuerdo posible, pero dadas las posturas de algunos países, podría haber sido peor.

La propuesta que Blanco llevó al Parlamento y que el Parlamento aceptó no solo incluía que se llevara al 35%, sino que se estableciera un objetivo particular, adaptado y vinculante para cada Estado miembro, lo que establece una obligación expresa y evita las tentaciones de la responsabilidad diluida.la responsabilidad diluida No se ha conseguido, lo que ha generado un sentimiento agridulce. Ya en noviembre de 2017 Equo pidió objetivos vinculantes y que el 35% era "el mínimo para cumplir con el Acuerdo de París". "Decente pero agridulce", ha definido el acuerdo el eurodiputado de la formación ecologista, Florent Marcellesi. Por su parte, el europarlamentario de Podemos Xabier Benito ha sido más duro: "En cuanto sales de la burbuja de la sala de negociación se ve que el objetivo para 2030 en renovables es insuficiente y una pérdida de oportunidad. No nos podemos dejar llevar por la euforia de la negociación", afirmó.

Al no ser vinculante, queda en el aire cómo afectará la decisión a la política energética de España. Cristina Mestre, de Transport & Environment, afirma que depende de la discusión sobre la gobernanza, que aún no se ha cerrado. Es decir, sobre cómo el brazo ejecutivo de la Unión, la Comisión Europea, va a controlar que los países hagan su trabajo para que se llegue sin problemas al 32%. "En esa directiva sobre la gobernanza se decidirá cómo cada Estado tiene que reportar su progreso", explica la activista, y a partir de esa información el Gobierno europeo decidirá si apretar más o menos las tuercas a unos países u otros. "La Comisión sabrá conjugar los instrumentos para que todo el mundo contribuya", opina, por su parte, el experto del Centro Vasco de Cambio Climático (BC3, por sus siglas en inglés) Mikel González-Eguino, que añade que, dadas las capacidades de las renovables a día de hoy, el 32% es "un objetivo de mínimos" lejano no solo de lo posible, también de lo deseable.

En las negociaciones ha tenido gran peso el cambio de posición de los dos nuevos Gobiernos de la UE: el de Italia y el de España. Mientras que Nadal se enrocó en defender el inmovilismo en los objetivos de renovables junto a países con el carbón como principal fuente de energía como Polonia, prácticamente la primera medida de Teresa Ribera como ministra fue defender un 35%, igual que Italia. La directiva de renovables que este jueves vio la luz tendrá que transponerse al ordenamiento español y, dado el interés de la nueva cartera de Transición Ecológica en ser ambiciosos con el tema, es de esperar que esa transposición incluya un objetivo numérico para el país que se alinee con Europa, cree Mestre. Ya sea en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, prioridad del Ejecutivo español, o en el Plan Nacional de Energía y Clima que España debe remitir a Bruselas.

González-Eguino es optimista. "Con la reducción de costes que se ha producido en las renovables en los últimos años, creo que los países irán paulatinamente acercándose a los números requeridos. Y más, los que tienen recursos naturales para ello, como España". Da un dato: desde 2014, fecha del primer Paquete de Energía y Clima, los costes de la energía solar se han reducido un 30%. Las renovables son un negocio y no un lastre ni una molestia ineludible hacia la descarbonización, y la prueba definitiva es que grandes eléctricas como Iberdrola han pedido un objetivo europeo del 35%.

Sin embargo, la situación no es sencilla para nuestro país: si bien España cumplirá de sobra con los objetivos establecidos para 2020 según todos los análisis y estimaciones, la incorporación de este tipo de producción en los últimos años ha sido a cuentagotas, los últimos datos solo fueron buenos por un cambio normativo y, según los expertos de la Comisión de Transición Energética, solo un escenario con un elevado nivel de edificios con medidas de aislamiento, una receta de eficiencia energética, lograría que España alcanzara un 27% en 2030, que descartaría el liderazgo de uno de los países con más sol del continente.

Dos pequeñas victorias

Ecologistas y activistas han celebrado con entusiasmo, pero también con moderación, dos medidas que incluye el acuerdo sobre la directiva de renovables. En primer lugar, las miradas estaban puestas en el papel de los biocombustibles de primera generación, que pese a no ser ni verdes, ni limpios, ni beneficiosos para el medioambiente en general se contabilizan como energías renovables y, hasta ahora, sirven como una manera rápida y barata, aceite de palma mediante, de llegar a los objetivos europeos. La semana pasada, Transport & Environment explicó el daño del biodiésel en países como Colombia y pidió a Ribera que se posicionara en contra. Sus proclamas han sido oídas, al menos parcialmente.

El texto propone una cuota de renovables para el transporte del 14% en 2030 pero con un sistema ideado específicamente para los biocombustibles de primera generación, que se tiene que cumplir con un 7% de combustibles avanzados (electricidad renovable, por ejemplo) y otro 7%, opcional, para carburantes como el biodiésel. Los países tendrán límites sobre estos últimos carburantes que se fijarán a partir de sus niveles de 2020. Por ejemplo, si España llega al 4% de biocombustibles ese año en vez de a ese 7%, estará obligada a disminuir a partir de ahí y, en consonancia, se ajusta su cifra final de renovables en el transporte, que en ese caso sería menor que el 14%. Si un Estado miembro usa menos biodiésel, sus exigencias serán menores. A juicio de Mestre, se trata de un método "flexible" que evita que "los países estén obligados a usar biocombustible para llegar a las metas". Siguen considerándose renovables, pero ya no suponen una manera de introducir energías sucias en la ecuación para llegar a lo exigido, lo que para los ecologistas era un sinsentido.

La otra victoria es el pacto de las instituciones comunitarias para la prohibición del establecimiento de recargos a instalaciones de autoconsumo eléctrico, como el impuesto al sol español, hasta 2026 para fomentar esta manera de generar, consumir y distribuir electricidad, mucho más deslocalizada, ajena a oligopolios y por definición renovable y limpia. La directiva entrará en vigor en 2021, por lo que en principio en ese año la norma española que establece el impuesto al sol dejará de existir –al menos provisionalmente–. El peaje de respaldo, que en la práctica grava la electricidad que el usuario genera en su placa solar y consume su frigorífico y contribuye al mantenimiento de todo el sistema eléctrico, no es censurado explícitamente por el acuerdo. Pero, tal y como consideró la propia comisión de expertos de Nadal, es una restricción a un modelo de consumo aliado de la transición energética. La norma acordada reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en dicha transición y solo permitirá impuestos, recargos o tasas al autoconsumo a partir de 2026 siempre que no sean "desproporcionadas" o injustas.  "La voz de la ciudadanía ha sido escuchada", han celebrado organizaciones como Greenpeace.

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