Ley de vivienda

Unidas Podemos exige a las puertas del Congreso junto al sindicato de inquilinos la regulación de los alquileres

Miembros del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid presentan la demanda contra Blackstone en los juzgados.

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin dar luz verde a la ley de vivienda que se negocia entre los equipos de los ministros José Luis Ábalos e Ione Belarra. Han pasado siete meses desde que PSOE y Unidas Podemos se comprometieran por escrito a llevar al Congreso un texto que debía incluir la regulación de los precios del alquiler, una de las medidas sociales estrella de la legislatura. Desde ambos departamentos indican que "se sigue negociando", pero el escollo de poner límites al precio de las viviendas en alquiler sigue siendo motivo de discrepancia y de bloqueo

Este jueves el Sindicato de Inquilinos ha protestado ante la puerta principal del Congreso por ese incumplimiento. El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha estado representado en esa protesta, como también ha ocurrido en las últimas convocatorias tanto del propio sindicato como de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca o Stop Desahucios. La mayoría de grupos que son socios parlamentarios del Gobierno también han acudido. 

La ley catalana

Antes, los representantes del Sindicato de Inquilinos han sido recibidos por los portavoces de los grupos catalanes. En esa reunión no solo se han planteado la necesidad de impulsar ya la legislación a nivel estatal sino que han denunciado la posibilidad de que el Gobierno impugne la ley catalana de regulación de precios del alquiler que ya está en marcha. El Ejecutivo central tiene de plazo hasta el próximo martes para elevar al Consejo de Ministros el recurso al Constitucional de esa ley.

Fuentes de Unidas Podemos aseguran que la formación morada "no estaría de acuerdo con la hipotética presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, porque es pionera en España y porque marca el camino a seguir de la ley estatal todavía en negociación".

De momento, los equipos del ministerio de Administraciones Públicas, que dirige Miquel Iceta, continúan negociando con el Govern de la Generalitat sin alcanzar un acuerdo. Pero aunque no es oficial, desde los sindicatos y plataformas de inquilinos temen que ese recurso salga adelante y el Gobierno central tumbe una medida que ya está teniendo efectos positivos en la regulación del mercado de la vivienda en Cataluña. Desde Administraciones Públicas aclaran que, en cualquier caso, lo que el Gobierno valora no es el fondo de la ley sino si se extralimitan  las competencias autonómicas. 

Motivo de enfrentamiento

En el acuerdo firmado entre PSOE y Unidas Podemos y que lleva por título "Declaración sobre regulación de los precios del alquiler" se expone que "ambas formaciones han acordado regular la contención de las rentas del alquiler en la ley de vivienda".  También se recoge en el documento la puesta en marcha de "mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios", así como la contención de "las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos". 

Y en esos entrecomillados se encuentra el meollo de la discusión entre socios de Gobierno que mantiene paralizada la ley. Desde el PSOE se entiende que esos mecanismos para bajar los precios del alquiler podrían ser incentivos fiscales a los propietarios. Desde Unidas Podemos consideran que todo lo que no sea dotar de herramientas a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas para poder intervenir el mercado del alquiler y fijar precios máximos sería incumplir lo firmado. 

Lo cierto es que ya han pasado muchos meses desde la firma de ese acuerdo y la ley sigue sin ver la luz, incumpliendo los plazos que ambas formaciones se dieron para tener el texto en el Congreso a principios de febrero. Así que siguen retumbando los ecos de uno de los momentos de mayor tensión en la coalición en lo que va de legislatura. Fue el 27 de octubre. Aquel día, y tras meses de negociación entre PSOE y Unidas  Podemos, Moncloa organizó el acto de presentación del acuerdo de Presupuestos Generales del Estado para la mañana siguiente. Y Pablo Iglesias se plantó. El entonces vicepresidente advirtió la noche antes que ni él si sus ministros acudirían al acto si no se firmaba antes un acuerdo para regular los precios del mercado del alquiler. Se firmó in extremis y hubo presentación de los Presupuestos. Pero la ley de vivienda y, por tanto, la regulación del alquiler, sigue sin ser un hecho siete meses después. 

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