En algunas facultades de la Universidad de Málaga (UMA), los profesores han tenido que llevar folios desde casa para que sus alumnos puedan examinarse, las impresoras han llegado a estar bloqueadas salvo para lo imprescindible y los departamentos funcionan con presupuestos reducidos a lo básico. A pocos metros, grúas detenidas, edificios a medio construir y nuevas facultades inacabadas completan un paisaje que refleja hasta qué punto la precariedad de la institución es transversal. Una imagen que resume el momento que atraviesa la universidad pública andaluza, asfixiada por la falta de financiación de la Junta de Andalucía.
La UMA arrastra una infrafinanciación estructural que se traduce en un déficit superior a los 59 millones de euros anuales. Este agujero ha obligado al nuevo equipo rectoral a aplicar desde la pasada primavera un severo plan de ajuste. A finales de 2024, la Junta de Andalucía le concedió un préstamo extraordinario de 48,5 millones de euros, con un interés del 1%, destinado a garantizar el pago de nóminas y proveedores. Sin embargo, ese balón de oxígeno ha llegado acompañado de un mayor control financiero y de nuevas exigencias de ajuste por parte del Gobierno de Juanma Moreno.
El caso guarda ciertas similitudes con lo ocurrido en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La mayor universidad presencial de España cerró 2024 con un déficit de 33,2 millones de euros y también tuvo que solicitar a la Comunidad de Madrid un préstamo de 34,5 millones para sostener su tesorería. El apoyo llegó, como en Málaga, ligado a un plan de ajuste prolongado que, en el caso madrileño, implica una retención del 35% del gasto operativo hasta 2028.
En Málaga, la tensión ha terminado por desbordar las aulas. Los estudiantes y docentes han vaciado clases, convocado paros académicos y protagonizado concentraciones ante el rectorado y durante actos institucionales desde el pasado curso. Plataformas como UMA por la Pública y los sindicatos denuncian una degradación progresiva de las condiciones de la enseñanza.
La universidad peor financiada de Andalucía
La escasez de recursos que denuncia la comunidad educativa se explica, en gran medida, porque la Universidad de Málaga es una de las peor financiadas del sistema universitario español. Según los datos de financiación por estudiante de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), la institución malagueña figura como la cuarta universidad pública peor financiada del país. Los datos oficiales de la propia Junta de Andalucía indican que recibe 6.267 euros por estudiante, unos 678 euros menos que la media andaluza. Además, esta brecha no es casual, ya que desde 2012 la financiación autonómica destinada a la UMA ha caído del 15,1% al 13,8%.
Se trata de un problema que no afecta solo a Málaga, pero que allí se manifiesta con mayores consecuencias. "Si la financiación no crece, las universidades van a seguir tomando medidas que acaban afectando a las plantillas y al estudiantado", advierte José Luis Martos, secretario de Universidad de CCOO Andalucía, que sitúa el caso de la UMA como el ejemplo más extremo de un modelo que falla en toda la comunidad. Además, alerta de que nueve de las diez universidades públicas andaluzas cerrarán el ejercicio de 2025 en números rojos, frente a las cinco del año anterior.
Un modelo de financiación que no se cumple
Frente a esta situación de precariedad, la Junta de Andalucía sostiene que nunca antes se había destinado tanto dinero a la educación superior. Sin embargo, el conflicto no gira en torno al volumen global de los presupuestos, sino al incumplimiento reiterado del propio modelo de financiación aprobado por la administración autonómica para el periodo 2023-2027.
El principal punto de conflicto es la denominada cláusula de salvaguarda, una garantía incluida en ese modelo que debe asegurar que ninguna universidad pública reciba menos financiación que el año anterior, al margen de ajustes presupuestarios. En la práctica, esta protección no se ha aplicado, lo que ha dejado a universidades como la de Málaga con menos recursos reales para funcionar. A ello se suma la no actualización del capítulo 2, la partida destinada a cubrir los gastos básicos del día a día —luz, agua, limpieza, mantenimiento de edificios o material docente—, que no ha crecido al ritmo del aumento de los precios. "No estamos reclamando más dinero del pactado, sino que se cumpla lo que ya está firmado", subraya Salvador Pineda, portavoz de UMA por la Pública.
Pineda denuncia que, mientras el presupuesto universitario de la Junta ha crecido en torno al 1,9%, la inflación y el incremento de los costes energéticos, de servicios y de personal han avanzado a un ritmo muy superior. "Ese diferencial se va acumulando año tras año y termina estallando en forma de recortes", advierte. Recuerda además que la Junta anunció aportaciones extraordinarias de hasta 16 millones de euros adicionales para el conjunto de las universidades públicas andaluzas que nunca han llegado a ejecutarse.
"Intervención de la universidad"
Otra parte clave del problema de la Universidad de Málaga se explica por una cadena de decisiones que arranca antes de la pandemia, cuando la institución contaba con un elevado volumen de remanentes acumulados y decidió acometer grandes inversiones. Se iniciaron obras como la nueva Facultad de Psicología, el Pabellón de Gobierno, la Facultad de Turismo o la ampliación de Filosofía y Letras, todas ellas licitadas y en ejecución con respaldo presupuestario.
Esa planificación se rompió en 2020, cuando la Junta de Andalucía exigió a las universidades una aportación extraordinaria al Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19. A la UMA se le reclamaron 36 millones de euros de sus remanentes, una cantidad que la propia gerencia calificó entonces como "un recorte en toda regla". "Es como si empiezas a reformar tu casa porque tienes dinero en el banco y, a mitad de obra, te lo quitan", resume Martos.
La respuesta de la administración autonómica no fue una compensación directa ni la devolución de esos fondos, sino el préstamo de 48,5 millones de euros con un interés del 1% destinado a pagar las deudas con las constructoras y continuar con las obras. El representante de CCOO califica esta fórmula como una "intervención de facto de la universidad" por parte de la Junta.
Los docentes, al límite
El resultado es una institución en modo supervivencia que está trasladando los recortes al profesorado. Belén Casado, doctora en Derecho Civil y profesora de la UMA, denuncia que es la única universidad pública andaluza donde no se conceden sustituciones por bajas médicas o maternales. "Cuando alguien cae enfermo o se va de baja, el resto del departamento asume su docencia", explica.
Moreno emula a Ayuso en su asfixia de la universidad pública: el rector pierde peso y la privada entra en la gestión
Casado alerta también de que los recortes están teniendo un impacto económico directo. Desde 2024, los complementos retributivos reconocidos oficialmente no se están abonando, lo que está empujando a numerosos docentes a plantearse reclamaciones judiciales. "Estamos hablando de retribuciones concedidas, no de promesas futuras. Nos dicen que no hay dinero y que no saben cuándo se van a pagar. Eso genera una enorme inseguridad económica y personal", señala.
El bloqueo de las promociones agrava aún más el escenario. Según Casado, más de un centenar de docentes de la UMA han obtenido la acreditación para catedráticos o figuras superiores sin que se convoquen sus plazas, en contraste con lo que ocurre en otras universidades públicas andaluzas. "Hay compañeros acreditados desde hace más de un año, incluso año y medio, que siguen cobrando como titulares mientras ven cómo en Cádiz, Sevilla o Córdoba sí salen las plazas y otros colegas, acreditados en las mismas fechas, ya han promocionado", denuncia.
La precariedad alcanza incluso a la investigación y a la vida académica cotidiana. Las ayudas para proyectos y estancias se han reducido al mínimo o han desaparecido, lo que hace prácticamente inviable salir al extranjero o mantener líneas de investigación activas. Las bibliotecas carecen de presupuesto para renovar fondos y en los laboratorios se acumulan equipos averiados que no pueden repararse durante meses por falta de recursos. "Todo se está dosificando al límite, el material, el mantenimiento, los viajes y las actividades académicas. Vivimos en una lógica de racionamiento permanente", resume Casado.
En algunas facultades de la Universidad de Málaga (UMA), los profesores han tenido que llevar folios desde casa para que sus alumnos puedan examinarse, las impresoras han llegado a estar bloqueadas salvo para lo imprescindible y los departamentos funcionan con presupuestos reducidos a lo básico. A pocos metros, grúas detenidas, edificios a medio construir y nuevas facultades inacabadas completan un paisaje que refleja hasta qué punto la precariedad de la institución es transversal. Una imagen que resume el momento que atraviesa la universidad pública andaluza, asfixiada por la falta de financiación de la Junta de Andalucía.