La victoria ciudadana en las Cortes: cómo 639.826 firmas dieron derechos propios al Mar Menor

Verano de 2020. Se reúnen en la playa del Espejo de Los Alcázares (Murcia), frente al Mar Menor, varias asambleas de movimientos sociales. Hay indignación por la situación de la laguna. ¿Qué se puede hacer? Les irrita la pasividad de la administración frente a la degradación de este espacio natural. 

Eduardo Salazar, abogado medioambientalista y profesor de la Universidad de Murcia, acudió a aquella tras pedirle un movimiento que explique cuál es la situación legal para buscar soluciones. Se apuntó con él Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho en el mismo centro. A ella se le pasó una idea por la cabeza entonces: una iniciativa legislativa popular para darle personalidad jurídica. El proyecto fue primero a la Asamblea regional. Portazo. La Mesa lo rechazó ateniéndose a los informes de los servicios jurídicos.

Pero no se rindieron. Había otra puerta que se podía abrir, pero que era muy difícil: el Parlamento nacional. La Constitución española prevé en su artículo 87 la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar en el proceso de producción normativa a través de una iniciativa legislativa, que requiere, al menos, 500.000 firmas. Pero esta participación directa apenas ha tenido frutos desde 1978. Hasta el momento sólo habían salido adelante dos: una sobre las deudas comunitarias -subsumida en la ley de propiedad horizontal- y otra para ratificar la tauromaquia como patrimonio cultural.

¿Cómo se aprueba una iniciativa legislativa?

Si se consiguen esas 500.000 firmas, se debe remitir una proposición de ley, con un texto articulado y una exposición de motivos, según recoge la ley de 1984 que desarrolla este tipo de participación. Deben identificarse también los miembros de la comisión promotora y se dirige la iniciativa a la Mesa del Congreso. En caso de que sea admitida, el siguiente filtro es la Junta Electoral Central, que debe garantizar la regularidad del procedimiento de recogida de firmas. Arranca un proceso de nueve meses, que puede ser prorrogado tres meses más.

En caso de superar el paso de las firmas, indica la ley, tiene que ir otra vez a la Mesa, que ordena su pase a Pleno (que debe verse en una sesión en los siguientes seis meses para su toma en consideración). Y ahí queda ya en manos de los parlamentarios (aunque un miembro de la comisión debe ser llamado a comparecer ante las Cortes).

A la calle a por firmas: con mascarillas y gel

La ley estaba sobre la mesa. Pero parecía imposible para muchos de los promotores, como confiesa el propio Salazar. Pero Teresa Vicente estaba convencida de que se podía lograr. Salieron a las calles a pedir firmas. Eran tiempos de pandemia, con cierres perimetrales y restricciones. “Con mascarillas, geles desinfectantes y bolígrafos”, recuerda el profesor, que insiste en que fueron principalmente mujeres las que se volcaron. “Mucha gente no perdió la esperanza”, ahonda en una conversación con infoLibre.

Aprovechaban todas la oportunidades, salían a la calle, luchaban. Hasta se hicieron visibles durante la etapa de la vuelta ciclista que pasó por la zona en agosto del año pasado. Se producía entonces también la “segunda mortandad” de peces en aquellos días. Una imagen dolorosísima en el Mar Menor. “La gente se puso a firmar como loca”, explica el profesor de la Universidad de Murcia.

La población se volcó. Según sus datos, el 83% de las rúbricas llegaron desde la propia Región, y el resto de otros territorios de España. Incluso ciudadanos que viven fuera del país se volcaron con el proceso. Y lo imposible empezó a parecer posible. Con una cifra mágica: 639.826 firmas. Los promotores se marcharon una noche a Madrid para llevarlas, en secreto, había rumores hasta de gente que quería quemar los documentos, confiesa Salazar.

Llegaba el otro momento más difícil con la tramitación. Pero todo empezó a ir más rápido de lo que esperaban y se encontraron a los parlamentarios dispuestos a debatir sobre la ley. Incluso Salazar se acuerda del día en el que hablaron con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica dándoles ánimo en las puertas del Congreso.

En abril de este año se superaba el primer paso con más que sobresaliente: se admitía a trámite con un apoyo masivo de 274 votos a favor, 53 en contra y 6 abstenciones. Sólo se oponía la ultraderecha de Vox, que llamaba “experimento bolchevique” a este intento de dotar de derechos jurídicos al ecosistema del Mar Menor. Paso a paso. Todos hacia adelante. “He flipado, los parlamentarios han dado la talla”, añade el abogado y profesor al recordar estos meses.

Lo imposible se hace realidad

Y llegaba el desenlace esta misma semana en el Senado. El miércoles los puntitos verdes se apoderaban de la pantalla de resultados en la Cámara Alta: 230 ‘síes’, 30 abstenciones y 3 ‘noes’. Sólo Vox mantuvo su veto. Se hacía entonces historia: el Mar Menor se convertía en el primer ecosistema de Europa con derechos propios. Los promotores saltaban de alegría, se abrazaban, cantaban y hasta se les caían las lágrimas en la tribuna de invitados del Palacio. Abren un camino desconocido hasta el momento y hasta, como confiesa Salazar, les están llamando de otras partes de Europa para conocer el caso y planteando unir fuerzas para impulsar una iniciativa similar a nivel europeo (se necesitan un millón de firmas procedentes de al menos siete países miembros).

El Mar Menor se convierte en el primer ecosistema europeo con derechos propios

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La ley aprobada lo que hace en su artículo 1 es declarar la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor y de su cuenca, “que se reconoce como sujeto de derecho”. En el artículo 2 se consideran “los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración, a cargo de los gobiernos y los habitantes ribereños”. Se le reconoce también “el derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente, que incluirá todas las características naturales del agua, las comunidades de organismos, el suelo y los subsistemas terrestres y acuáticos que forman parte de la laguna”.

Además, esta proposición sobre el Mar Menor supone el hito más grande hasta el momento de participación directa de los ciudadanos en la historia del parlamentarismo actual español. Una victoria popular que estuvo cerca pero no se consiguió, por ejemplo, con la ILP impulsada contra los desahucios y para la dación en pago que registró 1,4 millones de firmas en plena crisis económica en 2013. Pero su paso al Congreso no fue satisfactorio para los proponentes, ya que el PP, con mayoría absoluta, la subsumió en otra proposición. La PAH simbólicamente retiró esa iniciativa –no podía hacerlo formalmente porque ya dependía de las Cámaras– al entender que el texto no tenía nada que ver con el inicial.

En la actual legislatura, desde 2019, según los datos de la Junta Electoral Central, se han intentado 31 iniciativas legislativas populares. De ellas, 13 ya han sido inadmitidas, 8 están presentadas, 7 decaídas y 3 retiradas. Y la del Mar Menor ha logrado ya su victoria. Los ciudadanos sí pueden legislar directamente, aunque parezca imposible.