El Ministerio de Vivienda ha empezado a negociar con los grupos parlamentarios los incentivos fiscales para propietarios que no suban los alquileres en los contratos que vencen este año, mientras Sumar no renuncia a su propuesta de prorrogar esos contratos y la vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que tendrá que haber un acuerdo, informa EFE.
Dos días después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que congelen las rentas de alquiler, Sumar mantiene su rechazo a ese tipo de "regalos fiscales" y los cinco ministros de Sumar que forman parte del Gobierno lo han dejado patente en una tribuna conjunta en El País.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido al PSOE que "rectifique" y ha defendido la legalidad de la prórroga automática de los contratos de alquiler que propone Sumar y que ya se aplicó con motivo de la pandemia de la covid y la guerra de Ucrania.
Ocho prórrogas anteriores
Desde Sumar contabilizan hasta ocho reales decretos en los que se ha incorporado la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual en los últimos años: tres en el marco del estado de alarma y del escudo social frente a la covid, cuatro fuera del estado de alarma pero dentro del escudo social frente a la covid y uno en el marco de la respuesta a la guerra de Ucrania.
"La prórroga es una medida necesaria que ya se ha aprobado en ocho ocasiones en el Consejo de Ministros y convalidado en el Congreso y no solo bajo el paraguas de la crisis sanitaria", señalan, mientras los socialistas insisten en que es "inconstitucional".
En una entrevista en RNE, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido en que hay un informe de la Abogacía del Estado que indica que no existe la "seguridad jurídica necesaria" para prorrogar de forma generalizada todos los contratos de alquiler, como piden Sumar y el resto de partidos de la izquierda parlamentaria.
También la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho en Onda Cero que esa medida genera dudas jurídicas, tiene incidencia en la disponibilidad de viviendas que se podrían movilizar y sería muy coyuntural, ya que solo afectaría a los contratos que vencen en 2026.
Rodríguez ha defendido el sistema de incentivos fiscales para los caseros y ha recalcado que esta medida está dentro en la ley de vivienda que votaron los socios, a lo que Urtasun ha replicado que eso no es así.
Díaz cree que habrá acuerdo
Entretanto, la vicepresidenta Díaz ha denunciado en TVE que la parte socialista del Gobierno "no actuó bien" cuando les informó del anuncio de Sánchez cinco minutos antes, a pesar que llevaban meses negociando sobre la base de la propuesta de Sumar. No obstante, se ha mostrado convencida de que al final habrá un acuerdo entre los socios de gobierno: "Llegaremos o tendremos que llegar a un acuerdo, como siempre, por el bien del país y para no abrir la puerta de La Moncloa a Vox".
Y mientras en Cataluña los comunes han lanzado una campaña de recogida de firmas para que el PSOE "rectifique y prorrogue los contratos de alquiler", el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha opinado que las bonificaciones fiscales van "en la buena dirección de dar garantías, estímulos o incentivos a los pequeños propietarios para que no suban los precios en estas renovaciones que en ciudades como Barcelona no corren peligro, porque los precios están topados".
Parte de Sumar se abre a negociar con PSOE ventajas fiscales a caseros que bajen alquiler
Collboni (PSC) y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP) han expuesto este miércoles en el Senado los diferentes modelos de vivienda que aplican en sus ciudades para combatir la espiral de incrementos de precios. Ante esto, ambos han afirmado que el problema es la falta de oferta y en que la solución es construir más vivienda, tanto pública como privada.
El alcalde de Barcelona, sin embargo, ha defendido que, mientra se construyen todas las viviendas que hacen falta para equilibrar el mercado, la regulación de precios que permite la ley de vivienda y que él aplica (a diferencia de los alcaldes del PP), sirve para "parar el golpe", ya que, según sus datos, los alquileres han bajado un 4,9% en su ciudad, lo que supone que los inquilinos pagan 220 euros menos de media que si no hubiera utilizado esta regulación.
Mientras que el Ministerio de Vivienda apela a la discreción para que su negociación con los grupos parlamentarios "pueda salir bien", un informe de la consultora Atlas refleja que, con el actual ritmo de promoción de 178.000 viviendas anuales durante los próximos doce años, España llegaría a 2038 manteniendo un déficit estructural de 640.000 viviendas.
El Ministerio de Vivienda ha empezado a negociar con los grupos parlamentarios los incentivos fiscales para propietarios que no suban los alquileres en los contratos que vencen este año, mientras Sumar no renuncia a su propuesta de prorrogar esos contratos y la vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que tendrá que haber un acuerdo, informa EFE.