España es uno de los cuatro países donde Bruselas ve riesgo de una futura burbuja inmobiliaria

Miles de personas se manifestan en Málaga por la dificultad de encontrar una vivienda para alquilar.

Las recientes medidas del Gobierno para atajar el problema del acceso a la vivienda y su encarecimiento tienen una dimensión europea. El presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció la intención de aplicar un impuesto del 100% a las compras de inmuebles realizadas por ciudadanos de la fuera de la Unión. Los residentes no comunitarios se hicieron en 2023 con unas 27.000 casas, según los datos ofrecidos por Sánchez, principalmente estadounidenses, británicos, marroquíes, venezolanos o mexicanos.

El endurecimiento de la fiscalidad a estos ciudadanos extra comunitarios se apoya en la propia opinión legal de la Comisión, expresada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En 2023, el Ejecutivo comunitario respaldó limitar el acceso a la vivienda de los no residentes “por causas imperiosas de interés general”. Aunque el propio artículo 63 del Tratado de la Unión no permite discriminar el libre movimiento de capitales, incluida la adquisición de propiedades inmobiliarias, “este tipo de restricciones pueden estar justificadas”, argumentó la Comisión.

El departamento de servicios financieros que dirigía la entonces comisaria Mairead McGuinness respondía así a la eurodiputada del PP, Rosá Estarás, quién había planteado sus dudas sobre estas restricciones a la propia Comisión. Para Bruselas, sí “estaban justificadas” siempre que fuesen “proporcionadas” y “apropiadas”.

Además de este respaldo legal a las medidas anunciadas por el Gobierno, los técnicos de la Comisión Europea han situado a España como uno de los pocos países, junto a Bulgaria, Letonia y Portugal, donde “los precios de las casas están sobrevaloradas” y su evolución “puede ser vista como un factor de riesgo para una fuerte corrección futura si las condiciones económicas se deterioran”.

Son estos Estados miembros, además de Países Bajos, donde precisamente se experimentan los mayores aumentos en los precios de la vivienda. En el tercer trimestre de 2024 los españoles crecieron un 2,8%, el doble que la media de la zona euro o de la UE, según las últimas cifras publicadas por Eurostat. El encarecimiento de la vivienda española fue sostenido durante todo el pasado año, con subidas de tres puntos trimestrales, algo que no se da ni Portugal ni Letonia, miembros de ese grupo de países señalado por la Comisión. Sólo en Bulgaria el problema es tan persistente como en España.

La falta de vivienda social acrecienta el problema del encarecimiento. Mientras que en Países Bajos supone algo más del 30% de la oferta total de inmuebles, en Francia un 14% e incluso en socios del este como Polonia son una de cada diez disponibles, en España esta tasa en ridícula, poco más del 1%.

La vivienda provoca las peores tasas europeas de emancipación juvenil

Los jóvenes españoles son los que más tarde se emancipan en la Unión Europea junto a italianos, griegos y búlgaros, todos por encima de los treinta años, y su tasa de emancipación es la mitad que la media europea. Los datos europeos de Bruselas confirman esta preocupante realidad. Mientras que la edad media de los franceses o alemanes para independizarse ronda los 23 años, la de los españoles está casi en los 31. Nuestros vecinos portugueses lo hacen algo antes, a los 29, y en un socio como Países Bajos, donde también se vive un gran encarecimiento de la vivienda, los jóvenes se emancipan también a los 23.

Los expertos del Consejo español de la Juventud alertan que la edad de los jóvenes españoles emancipados es la más alta en las últimas dos décadas, “un síntoma muy preocupante que muestra que los problemas estructurales de la juventud están todavía muy presentes y condicionan su vida adulta”. “El aumento de los alquileres y de los precios de la vivienda hace imposible que una persona joven se emancipe sin sobre endeudarse”, advierte este observatorio.

“Los empleos precarios y con bajos sueldos y la extrema ausencia de viviendas asequibles, particularmente de alquileres sociales”, son los principales factores detrás de este creciente problema”, señala también William Chislett, investigador emérito del Real Instituto Elcano. 

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La dificultad de los españoles, especialmente los jóvenes, para acceder a una vivienda en comparación al resto de Europa se comprueba también en el inmueble que habitan. Los europeos se dividen casi mitad y mitad entre pisos y viviendas unifamiliares, pero España es una clara excepción entre los 27, ya que el 65% de las personas viven en pisos. En nuestros vecinos franceses o portugueses la situación es diferente y los casos más extremos se dan en Irlanda, Países Bajos o Bélgica donde más de un 70% viven en viviendas unifamiliares.

El mito de la España rural vaciada parece confirmarse con estas cifras. España es un país eminentemente urbano y de edificios con pisos caros, inaccesibles para los jóvenes menores de treinta años, obligados a compartir para vivir en las ciudades donde trabajan. Más allá de factores culturales, hay realidades que llaman la atención. En Bélgica, capital de las instituciones comunitarias, parejas de menos de treinta años viven a las afueras de Bruselas o Amberes en casas unifamiliares desde las que se desplazan a trabajar y donde emprenden sus proyectos familiares. 

El investigador William Chislett lo explica de otro modo: los empleos mal pagados y la baja tasa de emancipación son “factores que están detrás de la baja fertilidad en España, con 1,3 bebés por mujer... sin las llegadas de inmigrantes, la población habría caído masivamente en los últimos veinte años”. Los datos son claros, la cara vivienda en España frena la emancipación de los jóvenes y sus proyectos vitales como no ocurre en Europa, con consecuencias también para la sostenibilidad del país.

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