"Ante la bajada de efectivos, no es posible garantizar la prestación de servicios que no son competencia autonómica y, por lo tanto, deberá hacerse cargo de ellos el Ministerio del Interior, como autoridad competente. Es el caso de la protección en casos de violencia de género". Así lo plasmó por escrito este jueves el Gobierno gallego y lo verbalizó de modo semejante el conselleiro de Presidencia y Justicia, Diego Calvo, en plena negociación de la Xunta con el Gobierno de España para renovar el convenio con el que se viene gestionando la unidad adscrita de la Policía Nacional, la denominada policía autonómica.
Calvo convocó expresamente a los medios de comunicación este jueves para lanzar su amenaza subrayando que las unidades de la policía adscritas a otras comunidades no prestan el servicio de protección a víctimas de la violencia de género que presta la unidad gallega, "motivo por el que el Gobierno gallego cree que el Ejecutivo estatal tiene motivos más que suficientes para llegar a un acuerdo consensuado con la Xunta".
La amenaza de Calvo fue contestada por el delegado del Gobierno de España en Galicia, Pedro Blanco, para quien "las palabras del conselleiro son de una gravedad intolerable". "Espero que sean solo una pésima ocurrencia personal y no una orden del presidente de la Xunta", comunicó Blanco, para quien "si de verdad consideran que la seguridad y la protección de las mujeres no es un servicio prioritario estamos ante una falta de responsabilidad de una magnitud inaceptable". El delegado del Gobierno incidió en que "las mujeres víctimas de violencia de género no son una moneda de cambio ni un instrumento de chantaje político".
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En línea similar se pronunció el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para quien en el Gobierno gallego "traspasaron todas las líneas rojas". Besteiro calificó de "indecentes y vergonzosas" las declaraciones de Calvo. "Emplea la protección a las víctimas para presionar al Ministerio y evitar la firma del convenio de la policía adscrita caducado desde 2008", criticó.
Besteiro incluso dijo que "según fuentes sindicales, en Galicia hay 350 policías adscritos y solo 13 dedicados a la protección de las víctimas frente a los 20 agentes destinados en exclusiva al servicio de seguridad de Rueda".
En sus declaraciones de este jueves Calvo fue preguntado si, ante las discrepancias con el Gobierno de España para el mantenimiento y financiación de la policía adscrita, el Gobierno gallego contempla crear su propia policía autonómica. Aunque Manuel Fraga llegó a proponer en 2005 un proyecto de ley de creación de ese cuerpo y la norma fue finalmente aprobada en 2007, el PP viene negándose a cumplir esa ley y este jueves Calvo reiteró que el modelo del actual Gobierno gallego sigue siendo el de la policía adscrita, no el de un cuerpo autónomo.
"Ante la bajada de efectivos, no es posible garantizar la prestación de servicios que no son competencia autonómica y, por lo tanto, deberá hacerse cargo de ellos el Ministerio del Interior, como autoridad competente. Es el caso de la protección en casos de violencia de género". Así lo plasmó por escrito este jueves el Gobierno gallego y lo verbalizó de modo semejante el conselleiro de Presidencia y Justicia, Diego Calvo, en plena negociación de la Xunta con el Gobierno de España para renovar el convenio con el que se viene gestionando la unidad adscrita de la Policía Nacional, la denominada policía autonómica.