En el año 2015 el programa de compra de deuda pública aprobado por el Banco Central Europeo se convirtió en un hito para empezar a dejar atrás los años de la gran recesión. Aquel colapso económico general, en el caso español, tuvo entre sus múltiples vertientes el estallido de la burbuja crediticia e inmobiliaria y la consiguiente crisis de vivienda, con las cifras de desahucios disparadas en un fenómeno más profundo que llega hasta nuestros días.
En la Galicia de hace una década estos acontecimientos llegaron marcados por la quiebra y rescate de las antiguas grandes cajas de ahorro. Y, en lo político, por la emergencia de las mareas municipales, formaciones que contribuyeron a situar en el primer plano del debate público la cuestión de la vivienda vinculada, precisamente, al papel de la banca.
Con este telón de fondo y entre temores del PP a la erosión electoral, la Xunta entonces dirigida por Alberto Núñez Feijóo anunció un giro social. Incluyó, entre otras, promesas de ayudas para paliar los efectos de los desalojos o un mayor control sobre las viviendas que seguían vacías y en manos de los bancos mientras capas de la población buscaban techo. Fue en este punto cuando lanzó un censo de viviendas vacías llamado a "conocer la situación real de las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras". Una década después, ese censo sigue existiendo —cuando menos, sobre el papel—, pero el Gobierno gallego se resiste a divulgar sus datos incluso al Parlamento.
El censo de viviendas vacías fue regulado por un decreto que continúa en vigor. Reconocía una "acumulación de viviendas en manos de las entidades de crédito" sobre la que convenía "disponer de una información fiable" referida a los ayuntamientos de "más de 10.000 habitantes". Es decir, en las principales ciudades y villas, un total de 56 ayuntamientos según los datos del padrón a 1 de enero de 2025.
Se trataba de saber cuántos de esos pisos estaban "en situación de ser habitadas" para "de ser el caso, incentivar la incorporación al mercado inmobiliario" en los ayuntamientos con mayor demanda de vivienda. Más aún en unos años en los que las nuevas promociones de vivienda protegida en general y pública en particular habían menguado hasta casi desaparecer.
En virtud de esa norma, pasó a ser obligatorio inscribir en el censo "todas las viviendas vacías que formen parte de edificios de tipología residencial colectiva o de complejos inmobiliarios situados en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes" —según las cifras oficiales de cada año— "siempre que sean propiedad de entidades de crédito, de sus filiales inmobiliarias o de las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, con independencia de dónde esté el domicilio social de sus titulares". El resto de viviendas vacías pueden inscribirse en el censo si las personas propietarias lo desean, pero no es obligatorio.
La norma no obliga, pero no prohíbe
La Xunta responde al PSdeG que el decreto que regula el censo "no establece la publicación" de los datos "por ningún medio" para evitar aportarlos al Parlamento
Transcurridos ya diez años desde la aprobación del censo, el pasado abril el PSdeG dirigió una pregunta escrita al Gobierno gallego a través del Parlamento resaltando que "no existe una publicación transparente, sistemática y accesible de los datos que se obtienen a través de este censo ni se conoce su distribución territorial". "Esta falta de información pública impide evaluar la eficacia de las políticas desarrolladas", consideran los socialistas, que preguntan a la Xunta si "tiene previsto remitir al Parlamento un informe anual completo sobre los resultados del censo de viviendas vacías y las medidas adoptadas para su movilización".
La Consellería de Vivenda respondió a la pregunta en los primeros días de junio ratificando que no tiene intención de revelar los datos. Lo justifica señalando que el decreto que creó el censo indica que su finalidad es "proporcionar al órgano competente en materia de vivienda", es decir, en este momento a la propia Consellería y a los entes que dependen de ella, "información adecuada sobre el estado de ocupación del parque residencial gallego" para "facilitar la planificación de las políticas públicas de vivienda".
"No se establece en ningún artículo la publicación del censo por ningún medio ni la elaboración de un informe anual con los datos recogidos", agrega el Gobierno para cerrar la puerta a divulgar los datos. Que el decreto no obligue a esa publicación no implica que esté prohibida; la divulgación de los datos depende únicamente de la voluntad política de la Xunta. Si fuese favorable, permitiría saber cuántos pisos vacíos están todavía en manos de la banca en las principales ciudades y, al tiempo, conocer el impacto de medidas como la compra de viviendas al banco malo o su traspaso a la nueva sociedad estatal Casa 47, entre otras.
Ayuntamientos con más de 200.000 viviendas sin habitar
Los datos más recientes sobre viviendas vacías proceden del censo del INE en 2021. Se basan en el consumo eléctrico y ofrecen una panorámica general, pero sin detalles sobre el estado de los pisos o su disponibilidad
Dada la negativa de la Xunta a divulgar los datos reales de los que dispone, las únicas cifras oficiales sobre el número de viviendas vacías en el país siguen siendo las derivadas del Censo actualizado por el INE en 2021. Entonces, a través del análisis de datos del consumo eléctrico, la oficina estadística estatal concluyó que en Galicia el número de viviendas vacías rondaba el medio millón. Una parte de ellas, previsiblemente pequeña —dadas las características generales del parque inmobiliario, como su antigüedad—, correspondería a las controladas por las entidades financieras.
Algo más de 231.000 de esas viviendas vacías se situaban en ayuntamientos que en la actualidad —según el padrón municipal de 2025— superan los diez mil habitantes y están afectados, por tanto, por el censo de viviendas vacías de la Xunta. No obstante, los datos del INE tienen múltiples limitaciones, desde el estado de las viviendas hasta su disponibilidad o titularidad. Obstáculos que, precisamente, estaban llamados a superarse con instrumentos como el censo de la Xunta.
En el año 2015 el programa de compra de deuda pública aprobado por el Banco Central Europeo se convirtió en un hito para empezar a dejar atrás los años de la gran recesión. Aquel colapso económico general, en el caso español, tuvo entre sus múltiples vertientes el estallido de la burbuja crediticia e inmobiliaria y la consiguiente crisis de vivienda, con las cifras de desahucios disparadas en un fenómeno más profundo que llega hasta nuestros días.