Invisible, relegada al silencio y muchas veces impune. La violencia sexual durante la infancia constituye uno de los mayores fracasos sociales e institucionales de nuestro tiempo, el retrato impoluto de un sistema que enmudece y se demuestra incapaz de proteger a los más vulnerables. Supone, además, una quiebra de las expectativas vitales de la víctima y la desacralización de la familia como institución segura. Uno de cada cinco menores es víctima de violencia sexual, según el Consejo de Europa. En España, el 28,9% de las personas que tienen entre 18 y 30 años se reconoce como tal. Casi tres de cada diez jóvenes.

Esta última cifra proviene del estudio Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España, confeccionado hace un año por el Ministerio de Juventud e Infancia. Se trata de la macroencuesta más completa en la materia hasta la fecha, basada en 9.037 entrevistas a personas jóvenes. Los resultados constatan que la violencia sexual en la infancia es estructural y no únicamente una dolorosa excepcionalidad, resulta más habitual de lo que aparenta y está marcada por un evidente sesgo de género: ellas se nombran como víctimas en mayor medida (33,6%) que los hombres encuestados (24,4%).

La adolescencia es el momento más peligroso para los menores. El 26% de las personas encuestadas se remonta a esta etapa cuando recuerda los abusos sufridos, frente al 6,3% que menciona la infancia y el 3,4% que habla de violencia continuada. Acercando la lupa a aspectos concretos como la etapa evolutiva, se puede constatar un viraje estadístico en términos de género: en la infancia, son los niños varones quienes tienden a sufrir más violencia (6,8%), en comparación con las niñas (5,8%). Ellos también padecen violencia sexual de manera habitual o recurrente en mayor medida (6,4%) que las chicas (4,1%). 

La noción de la familia como espacio seguro se desmorona en contextos de violencia durante la infancia. Es precisamente el entorno familiar el principal escenario de abusos, según el 46,6% de las personas entrevistadas. Le siguen el comunitario o vecinal (37,3%) y el escolar (36,9%).

Sin embargo, el perfil de los agresores varía sustancialmente según las características de la violencia y de las víctimas. En el caso de los abusos durante la infancia, el rostro de los abusos es precisamente el de quien se presupone garante del bienestar familiar: el padre, citado por el 21,6% de quienes expresan haber sufrido violencia durante la niñez. En cambio, durante la adolescencia entran en juego las relaciones afectivas: la pareja de la víctima es mencionada por el 34,1% de los encuestados. 

Los matices en función del género de quien responde a la encuesta son, una vez más, reveladores. Los hombres víctimas de violencia señalan mayoritariamente a sus padres (28,3%). Las mujeres, en cambio, señalan a sus novios (40,4%). 

El informe Agresión sexual en niñas y adolescentes, según su testimonio. Evolución en España (2019-2023), confeccionado por la Fundación ANAR a partir de las vivencias de 4.522 niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual que llegaron a la organización buscando ayuda, constata que los agresores son, sin apenas excepciones, hombres adultos: ellos constituyen el 94,3% y el 78,6% es mayor de edad.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar sus datos sobre sentencias condenatorias dictadas a lo largo del año pasado y los resultados muestran que el 23,5% del total de condenas impuestas a personas adultas corresponden a delitos de agresión sexual contra menores de 16 años. En el caso de los menores condenados, este porcentaje se eleva hasta el 58,3%.

Es en la esfera jurídica donde también ha decidido poner el foco la organización Save the Children. En un análisis publicado el año pasado, la entidad concluyó que el 98% de las personas que se sientan en el banquillo de los acusados son hombres. "Este dato evidencia una marcada tendencia de género en la comisión de abusos sexuales a la infancia", estiman los autores. En ocho de cada diez casos analizados –345 sentencias dictadas en 2023 y 2024–, el agresor es un conocido de la víctima. 

El mismo estudio confirma que los principales victimarios en el ámbito familiar son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares (8%). Fuera del hogar, el 75,2% de los agresores eran conocidos o amigos de la víctima. El 63% son personas sin antecedentes y quienes sí los tenían eran, en su mayoría, por delitos que nada tenían que ver con la libertad sexual. "Estos datos muestran que por lo general los agresores de este tipo de delitos son difícilmente identificables como potenciales agresores sexuales de niños y niñas en base a sus antecedentes", afirman. 

El 52,5% de las personas que participaron en la encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia reconoce haber convivido con los abusos a lo largo de su vida. Nadie les tendió la mano, ninguna institución supo reconocer la violencia y no encontraron la ayuda necesaria para ponerle remedio. Solo un 9,6% denunció lo sucedido ante las autoridades, siendo los varones quienes en mayor medida dan el paso (14,3%) en comparación con las mujeres (6,1%). 

Pero sí hay algo que hacen tanto los chicos como las chicas: contárselo a alguien. Así lo indica el 27,2% de los supervivientes. La inmensa mayoría (61%) se apoya en sus amigos a la hora de romper el silencio. La amistad se entreteje como el principal colchón para amortiguar el golpe, por delante de las madres (30,3%).

Según Save the Children, son precisamente las madres quienes, una vez conocen los hechos, deciden denunciar formalmente lo sucedido. Ellas son las encargadas de dar el paso en el 38,8% de los casos denunciados, por encima incluso de las propias víctimas, una decisión no exenta de consecuencias. Naciones Unidas ha señalado en diversas ocasiones que el sistema judicial español no protege a los niños de padres abusivos y tiene un sesgo discriminatorio contra las mujeres. Las conocidas como madres protectoras han cargado desde hace años con el peso de una justicia que no da credibilidad a su palabra. 

En cuanto a la respuesta institucional, solo el 3,8% de los profesionales de la salud y la educación, espacios claves para la detección, decide dar la voz de alarma. 

La ausencia de herramientas a disposición de los menores, la falta de un entorno seguro que funcione como tabla de salvación y el silencio impuesto como única vía para seguir adelante dejan secuelas en quienes han sufrido esta forma de violencia. La Fundación ANAR indica que casi siete de cada diez problemas asociados a la violencia sexual (68,6%) tienen que ver con la salud mental. Los supervivientes hablan de miedo (21,7%), ansiedad (19,6%) y tristeza (18,8%). Entre las víctimas adolescentes aparecen además conductas suicidas (7,2%), autolesiones (5,2%), baja autoestima (3,5%), trastornos alimentarios (2,4%), depresión (2%) y adicciones (1,9%). Pese a los datos, un 70,3% de las víctimas no recibe ningún tipo de tratamiento psicológico en el momento de los hechos.

Además de las consecuencias directas sobre su salud, las víctimas también soportan el descrédito que sobrevuela a su alrededor, responsable de sembrar una duda perpetua que dificulta su recuperación. En seis de cada diez casos (63,4%) se han apreciado fallos en el entorno social de la víctima. La mayoría tienen que ver con actitudes negligentes (41,5%): es decir, la falta de atención, consideración o actuación cuando se conoce el problema. 

Pero también existe un miedo genuino a la revictimización que pueda sufrir la víctima durante el proceso (21,8%). Y así la inacción se configura erróneamente como una forma de protección. En el entorno se asienta también la negación (17,9%), la culpabilización de la víctima (9,8%) y la justificación de la violencia (9%), conductas que no solo apuntalan las secuelas psicológicas, sino que disuaden a los menores a la hora de denunciar y los condenan a vivir con el peso de lo sucedido durante largos años. 

Septiembre de 2013. La legislación española sitúa la edad de consentimiento sexual en los trece años. Es la cifra más baja en suelo europeo, solo por detrás de un territorio: el Vaticano. En aquel momento, existía un debate político y social en torno a la necesidad de elevar el umbral y abrir una reflexión sobre el consentimiento. El asesinato de una niña de trece años a manos de su pareja, un hombre de cuarenta, había hecho saltar las alarmas en el tablero político, varios años después de que Naciones Unidas llamara la atención sobre la laxitud de la ley española en esta materia. La reforma penal terminaría por situar la edad legal de consentimiento en los dieciséis, pero a la conversación alrededor la violencia sexual contra la infancia le quedarían todavía muchos tabúes que derribar. 

Especialmente en lo que respecta a los abusos que se reproducen en el mismo seno de la familia. Las organizaciones especializadas apuntan precisamente a ese extremo: el hogar como un espacio que no siempre resulta seguro para los menores. En ocho de cada diez casos, quien ejerce violencia es un familiar o conocido, mientras que dos de cada cinco víctimas señalan directamente al ámbito del hogar como escenario de violencia. 

Catalina Perazzo lleva más de una década investigando el problema estructural, sus múltiples expresiones y sus consecuencias en la vida de las víctimas. "Se trata de una violencia en la que impera la ley del silencio, se denuncia muy poco y se alimenta de la vergüenza de sus víctimas", especialmente cuando entra en juego "el chantaje" vinculado a la familia como institución, disecciona la portavoz de Save the Children. "Se sitúa el peso sobre los niños, señalados por romper la familia", lamenta. Ahí empieza la revictimización.

Pau Lluc escoge con cuidada precisión los datos que permiten demostrar aquello que lleva años siendo una certeza para quienes han visto sus vidas atravesadas por la violencia. Los estudios, las investigaciones y los análisis que se han ido consolidando en los últimos años "dinamitan la idea de que la familia siempre protege y dan de pleno en la diana de la familia patriarcal, ya que la mayor parte de las agresiones se cometen dentro de este contexto", asiente a preguntas de este diario. Lluc sufrió violencia sexual por parte de su padre cuando era una niña y comenzó a verbalizarlo públicamente con el firme propósito de construir un colchón para las víctimas. "En proporciones que el sociólogo David Finkelhor califica de epidémicas, son padres los que ejercen esta violencia", recalca la autora del poemario Despulles (Reclam editorial, 2024).

Afrontar la realidad de la violencia contra la infancia conlleva necesariamente señalarla. "Tenemos que perder el miedo a denunciar la violencia que se comete en el espacio donde más se ejerce: el hogar familiar. Y creo que tenemos que revisar también, desde un feminismo crítico, el papel que el patriarcado nos dio a las mujeres en el mantenimiento de la estructura familiar", asiente, "porque los trapos sucios –que decía la cultura popular– ya no se deben lavar en casa nunca más, como bien saben las cada vez más madres, conscientes y protectoras, con las que el sistema tan a menudo se ensaña". 

La ruptura del silencio se presenta entonces no solo como una necesidad para las víctimas, sino como un imperativo para el conjunto de la sociedad: "Si no vemos, ni nombramos, ni denunciamos la violencia intrafamiliar, continuaremos teniendo generaciones de niñas, niños y adolescentes sufriendo violencia sexual en silencio, entre las cuatro paredes de sus casas".

Pero poner nombre a los abusos experimentados en primera persona no es una tarea sencilla. "Habitualmente el abuso se da sin violencia" física explícita "aprovechando la confianza que existe", pero además "es vivido de una forma confusa y dolorosa", introduce Laura Rodríguez, psicóloga de la Fundación Vicki Bernadet. A la culpa y la vergüenza se suma "la preocupación por la reacción del entorno", que a menudo transita por la incredulidad, el descrédito y la negación de lo sucedido. Y de ahí que un porcentaje sustancial de las víctimas "no suelan revelarlo hasta entrada la adolescencia y, en la mayoría de los casos, cuando llega la edad adulta", en parte porque perciben el silencio como "una protección hacia uno mismo y hacia la estabilidad familiar". Callar por el bien común. 

Coincide Lluc. Si bien cada víctima afronta su situación en función de su contexto concreto, lo cierto es que en general "los procesos a la hora de verbalizar violencia sexual en la infancia son sumamente lentos", porque se trata de una violencia cimentada sobre las bases del abuso de poder, situaciones en las que "las víctimas se quedan atrapadas" porque casi nunca están "preparadas psicológicamente para comprender que las personas que aman les pueden hacer daño", así que la mera identificación de la violencia es compleja. "Las agresiones casi nunca empiezan de forma violenta y repentina, sino en forma de juego o confundido con los cuidados cotidianos", asiente. En este punto se hace evidente la importancia de una educación sexual reglada como herramienta de prevención.

A pesar de las dificultades, la superviviente destaca que las víctimas sí tienden a manifestar señales de la violencia sufrida. "El problema es que las personas adultas no las sabemos escuchar. Y aquí tenemos una gran responsabilidad como sociedad: tenemos que aprender a descifrar el lenguaje con el que nos hablan", subraya. 

Rodríguez comenzó a especializarse en violencia sexual contra la infancia hace algo más de dos décadas. Entonces, asegura la psicóloga, era un asunto "totalmente tabú". Los avances son innegables, pero el estigma no se ha diluido del todo. "Todavía no se está trabajando todo lo que se debería", especialmente en lo que respecta a la prevención. "Hay herramientas, pero pocas, y deberían ser más accesibles a los menores". 

Perazzo insiste en la misma línea: "Las personas que trabajan con menores deben tener herramientas para que estos se sientan seguros a la hora de contarlo", pero lo cierto es que todavía hoy sigue presente en el imaginario colectivo la idea de que la expresión de un episodio violento es una suerte de fantasía producto de la imaginación, algo así como "cosas de niños". 

El descrédito generalizado hacia su palabra está a la orden del día, a pesar de que "los estudios han dejado claro que la incidencia de casos que inventan es extremadamente baja", destaca Rodríguez. El problema, a su juicio, "tiene que ver con el hecho de que es difícil" para los adultos "aceptar que una persona de nuestra confianza ha podido abusar de nuestros hijos o hermanos". Se trata más de una "cuestión defensiva a nivel inconsciente, para no aceptar que esto ha pasado y tampoco tener que coger las riendas para hacer algo al respecto".

Según el informe Ojos que no quieren ver, confeccionado por Save the Children, el 85% de los colegios donde una víctima manifestó estar sufriendo violencia sexual no lo notificó. Así que los menores se enfrentan, sin ser conscientes, a una "sociedad que no está preparada para escucharles y a un sistema que todavía está lejos de estar a la altura de la infancia", remarca Pau Lluc. En ese contexto, se impone la necesidad no solo de interpelar al conjunto de la sociedad para aprender a escuchar a las víctimas, sino también para reconocer que la violencia contra la infancia "está completamente normalizada y forma parte intrínseca de la estructura patriarcal y adultocéntrica de nuestra sociedad".

A finales de los setenta, casi un centenar de intelectuales franceses enviaba una petición al parlamento galo solicitando la derogación de algunos artículos relativos a la edad de consentimiento sexual y la despenalización de las relaciones entre adultos y menores de quince años. Figuras de peso como Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir defendían sin matices que los menores estaban capacitados para prestar su consentimiento libremente y en condiciones de igualdad. 

Varias décadas después, el escritor español Fernando Sánchez Dragó presumía en uno de sus libros de haber mantenido relaciones sexuales con "lolitas" de unos trece años en Tokio (Japón).

Los ejemplos están por todas partes. Hace dos años, el alcalde conservador de Vita (Ávila) entonó, orgulloso y festivo, un cántico pedófilo frente a los vecinos de su pueblo. Se vio obligado a disculparse tras la indignación de quienes asistieron atónitos al espectáculo. A finales del año pasado, plataformas como Shein comercializaron juguetes eróticos con corporalidades infantiles. Y hace tan solo unos meses, Francia abrió una investigación contra Vinted por anuncios que hicieron sospechar de una presunta red de tráfico infantil encubierta. 

Rodríguez está convencida de que la "cosificación de la mujer y ahora también de la infancia" es un factor que "facilita una cultura patriarcal donde parece que se pueden traspasar los derechos de los otros", especialmente de los más vulnerables. La psicóloga pone el foco también en la pornografía, responsable de mostrar una "sexualidad alejada de la realidad, donde se cosifica a la mujer de forma vejatoria constantemente". En las webs pornográficas, el contenido asociado a términos como colegiala o adolescente se mantiene, a nivel global, entre los más populares. Un estudio publicado en The British Journal of Criminology concluyó en 2021 que la palabra teen –adolescente en inglés– era el término más frecuente en los tres principales portales porno del Reino Unido. También corren como la pólvora los vídeos generados por inteligencia artificial en los que personajes femeninos infantiles son modificados físicamente para mostrar un aspecto sexualizado. Según la organización WeProtect Global Alliance, entre 2020 y 2022 los deepfakes con temática sexual infantil aumentaron un 360%. 

"Tenemos un problema grave con la transmisión de los roles de género tradicionales que reproducen las estructuras de poder y sumisión", completa Pau Lluc. Una estructura responsable de socializar a "los hombres para ejercer violencia sobre las mujeres, sobre la infancia o para hacer la guerra". Mientras la base de esta estructura siga intacta, "continuaremos perpetuando diferentes tipos de violencia, entre otras la violencia sexual contra la infancia y adolescencia".

Febrero de 2025. La escritora feminista Cristina Fallarás publica en sus redes sociales el testimonio de una mujer anónima. La autora de la publicación habla de un "copywriter, mayor referente ahora mismo en España, muy macarra" y relata que este hombre, cuyo nombre no se menciona en ningún momento, la "acosó sexualmente", la "engañó, manipuló, chantajeó" y "presionó para que accediera a ser su amante". 

Más de un año después, la periodista y divulgadora se ve obligada a pisar los tribunales en respuesta a una demanda interpuesta por Israel Bravo. Él es copywriter –algo así como un redactor publicitario–, se considera el mejor en su ámbito y cree que hay razones para pensar que el relato de aquella mujer lleva su nombre. Así que ha decidido demandar a Cristina Fallarás, a quien exige una indemnización que asciende a 20.000 euros, por entender que ha vulnerado su honor.

En realidad, la denuncia contra la feminista no es un fenómeno aislado. No son pocos los individuos y organizaciones que han decidido llevar a voces del movimiento feminista ante la justicia, con un fin muy claro: poner coto a la divulgación del mensaje feminista y silenciar a las cientos de miles de mujeres decididas a narrar sus violencias. 

¿Pero quiénes son esos sujetos? Israel Bravo (1977) reside en Andorra –un refugio fiscal por la reducida tributación que ofrece con respecto a España– porque le "sale de los cojones", según él mismo afirma. "Esto lo digo para los podemitas, los envidiosos, los casposos y los medios subvencionados y babosos del estado", escribe él mismo en su página web. Cosecha 26.400 seguidores en Instagram, aunque no cuenta con ninguna publicación en la red social. En realidad, tal y como él mismo admite en diversas entrevistas, su trabajo lo canaliza a través del correo electrónico, con una bolsa de hasta 60.000 suscripciones. También cuenta con una membresía llamada Me la saco, con miles de seguidores.

El nombre escogido resume con precisión las bases sobre las que se asienta su discurso. Porque si bien el publicista se presenta como una suerte de servidor de quienes buscan prosperar en el mundo de los negocios, en realidad su marco discursivo es puramente ideológico. Y uno de los principales canales de difusión que ha encontrado –así suele suceder en tiempos de machosfera– son los podcast. 

En una entrevista emitida en el canal Wall Street Wolverine hace un año, el publicista no tiene ningún pudor en sentar cátedra sobre el feminismo. "El feminismo está haciendo daño a las mujeres y a la sociedad", pronuncia. Y añade: "Cuando el feminismo trata de manipular a las jóvenes les hace sentir odio por las cosas pasadas". Para reforzar sus tesis, incluye también experiencias personales: "A mí me viene una tía con un discurso feminista y, si no se lo desactivo en una tarde –la mayoría de veces sucede, la verdad–, no me interesa en absoluto, porque paso de gente que está metida en una secta".

En el canal Carisma y confianza desarrolla en profundidad esto último, protagonizando el vídeo Ligar provocando (no apta para femilocas), en el que asegura que "la mayoría de las feministas woke están a un buen polvo de votar a Vox". E incluso llega a afirmar que las niñas manipulan a varones adultos: "Las mujeres desde niñas manipulan, hacen daño a otras niñas, desde niñas manipulan y engañan a hombres también".

Con sus intervenciones públicas, el publicista consagra un discurso sólido que busca deslegitimar el feminismo como movimiento político, un posicionamiento ideológico claro que sirve para contextualizar su guerra particular contra militantes feministas como Cristina Fallarás. 

Sergio Candanedo (1988) demandó a la periodista feminista Yolanda Domínguez en noviembre de 2019, también apelando a su derecho al honor. Fue el Tribunal Supremo el encargado de dirimir sobre la demanda interpuesta por el youtuber ultra, más conocido bajo el pseudónimo de Un tío blanco hetero. Ella le llamó "machista, troll y violento con las mujeres". Él decidió denunciarla por haber supuestamente vulnerado su derecho al honor. Los jueces le dieron la razón a la divulgadora feminista.

En el año 2018, el influencer decidió sumergirse en el mundo de las redes sociales especializándose en una materia: el antifeminismo. Lo hizo, además, en un momento simbólico: aquel fue el año de las grandes movilizaciones feministas, las convocatorias contra la sentencia de La Manada y las huelgas del 8M. No tardaría en convertirse en uno de los referentes del ecosistema antigénero en suelo español, aunque hace ahora tres años anunció que dejaba el país por motivos fiscales. 

En sus redes habla de "charocracia", defiende sin matices el falso síndrome de alienación parental –al que sitúa como una forma de "maltrato infantil" que se lleva a cabo "de forma habitual"– y ridiculiza sistemáticamente al movimiento feminista. Hace cuatro meses, publicó en su canal el vídeo Así ha sido el 8M más desquiciado de la historia, en el que se burla reiteradamente de las manifestantes y carga contra figuras públicas como Cristina Fallarás o Irene Montero."Decir que Sarah Santaolalla tiene mitad tetas, mitad tonta, es algo así como un ataque terrorista", ironiza en el mismo vídeo.

En el discurso que se ha esforzado en difundir en los últimos años –no solo en redes sociales, sino también en medios de comunicación y en espacios de debate– insiste en premisas sin fundamento, según las cuales "la vida del hombre vale menos que la de la mujer" o "el feminismo fomenta la mojigatería, la represión y el discurso antisexo", criticando sin tapujos que "ahora se necesite un sí explícito para follar". 

En cuanto a su batalla judicial, lo cierto es que sigue estando detrás de algunas demandas importantes contra feministas, aunque de forma indirecta. En el año 2022, el youtuber recaudó los fondos necesarios para que Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, líder de Infancia Libre, denunciara a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la secretaria de Estado del ramo, Ángela Rodríguez, Pam, por vulnerar su honor al señalarle como agresor –aunque tampoco habían pronunciado su nombre–. La recaudación de fondos la hizo en alianza con la asociación Anavid, conocida por sus posiciones negacionistas y encargada de organizar junto a Vox una jornada en el Congreso sobre "ideología de género y denuncias falsas".

Fue el responsable también de conseguir financiación para que la jurista Guadalupe Sánchez llevara ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una resolución judicial del Tribunal Constitucional que daba amparo a una mujer y a su hijo, obligados por una sentencia a vivir en la misma ciudad que el padre, quien había sido denunciado por violencia de género. "Sin tu crowdfunding no habría sido posible", le dedicaba la letrada al creador de contenido.

En su cuenta de Instagram, Valentina Ortiz (1996) se define abiertamente como antifeminista y se erige como defensora de los hombres. Tiene 72.900 seguidores, una cifra que se multiplica por cinco en su canal de YouTube La entropía de Valen, en cuyos vídeos incluye direcciones de monederos para recibir aportaciones en bitcoins y criptomonedas. La argentina –residente en suelo español de forma intermitente– fue portavoz de la Asociación Hispanoamericana de Hombres Maltratados, encargada de demandar a la humorista Pamela Palenciano en el año 2021 por su monólogo No solo duelen los golpes. Entre sus argumentos, una supuesta incitación al odio contra los hombres. La causa quedó archivada un año después.

En los últimos años, Ortiz se ha autoproclamado una de las principales creadoras de contenido encargadas de difundir discursos antifeministas en español. Los vídeos que comparte en su perfil acumulan miles de visitas y guardan un evidente parecido estético con los de otros youtubers, como Un tío blanco hetero. El grueso de su contenido está centrado en cargar contra el movimiento feminista, a cuyas militantes se refiere despectivamente como "femibolches" –un término formado por las palabras feminista y bolchevique–.

En su vídeo Odio a las feministas y te explico por qué, publicado hace tres meses, la ultra confronta lo que tilda como "perversiones" del feminismo –siempre en base a bulos e interpretaciones torticeras–, destaca su "repulsión" hacia las mujeres activistas e incluye menciones especiales a Beatriz Gimeno, Marta Nebot y, una vez más, Cristina Fallarás. También contra Sarah Santaolalla, a quien describe como "una choni con cara de muñeca inflable".

En un vídeo con el ultra Roberto Vaquero, llamado La gran estafa detrás de la violencia de género, elogia al negacionista Juan Soto Ivars, relativiza la violencia de género, difunde bulos encaminados a apuntalar la falacia de las denuncias falsas y niega la existencia del patriarcado en los países occidentales. 

Un patrón muy similar sigue el creador de contenido Isaac Parejo (1987). Conocido en las redes sociales como InfoVlogger, el activista construye su contenido a partir de análisis sobre la actualidad política, siempre desde posturas antifeministas y conservadoras. No en vano, él mismo presume de ser uno de los miembros fundadores de la fachosfera. 

A finales de 2022, interpuso una demanda contra Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, después de que este se refiriera en redes sociales a él y al grupo Los Meconios como "degenerados", tras una actuación junto a Vox interpretando la canción Vamos a volver al 36. Una vez más, la demanda se sustentaba en el derecho al honor del agraviado. Y de nuevo, fue desestimada íntegramente. 

En unas jornadas organizadas a mediados del año pasado por el partido de Santiago Abascal en el Congreso, el influencer perfilaba nítidamente su papel dentro del mundo de las redes sociales: "Había un espectro de la sociedad que estaba huérfano. Todo era progresismo, todo era wokismo. Había millones de personas que no tenían una voz y esa es la razón por la que nacimos los fachatubers". Los medios tradicionales, añadía ante los micrófonos, siguen "recibiendo dinero", pero "no están cumpliendo con su trabajo: influir en la sociedad y cambiar el voto de la gente. Y eso no lo están consiguiendo, lo estamos consiguiendo nosotros".

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Nota de la autora: en una primera versión del artículo se señalaba que Valentina Ortiz estaba detrás de la Asociación Hispanoamericana de Hombres Maltratados, una afirmación que ha sido matizada para aclarar que su papel fue el de ejercer la portavocía de la organización.

También se hablaba, en la primera versión, de una resolución del Tribunal Constitucional relativa al caso de una mujer obligada a vivir en la misma ciudad que su maltratador. Ese párrafo ha sido corregido para indicar que se trata de un hombre denunciado por maltrato.

En el nutrido ecosistema de quienes se lucran haciendo negocio con los vientres de alquiler, no solo se encuentran agencias estrictamente publicitarias y empresas dedicadas a la gestión del proceso. En el listado abundan también despachos de abogados especializados en una práctica ilegal en suelo español desde hace años. Es precisamente un bufete jurídico el que ha tenido que encajar un varapalo judicial por su actividad publicitaria de la gestación por sustitución, gracias a la denuncia interpuesta por el Instituto de las Mujeres. Se trata de la Agencia de Gestación Subrogada Galicia, en situación de rebeldía procesal y condenada por promocionar vientres de alquiler bajo la falsa apariencia de asesoramiento jurídico.

En redes sociales, la compañía se describe como "un despacho de abogados especialistas en derecho privado" que se siente en "la obligación moral de buscar soluciones y dar respuestas a personas que quieren ser papás/mamás y no saben cómo afrontar ese proceso". 

Con ese telón de fondo, sus integrantes decidieron especializarse en gestación subrogada para "informar" sobre cuestiones como el "desarrollo del proceso", los "países destino" y los "requisitos médicos y legales exigidos en los mismos". La empresa remata su carta de presentación con un interrogante que interpela a sus clientes: "¿Estás preparado para querer?".

Para la jueza que ha dictado sentencia, es evidente que no se trata de asesoramiento ni información aséptica, sino que el despacho "incita" al consumo de vientres de alquiler sirviéndose de su "asesoramiento legal en la materia". En definitiva, concluye, "se ofrece a ayudar a las familias a llevar a cabo esta práctica y con ello la fomenta". 

La resolución judicial estima que no debe confundirse la simple promoción de un servicio de asesoramiento con el mensaje que lanza el despacho, en el que "claramente se incita a las familias a recurrir a la gestación por sustitución", buscando fomentar la práctica para "incrementar la demanda de sus servicios". La empresa, a juicio de la magistrada, está interesada "en que cada vez más ciudadanos recurran a esta forma de gestación, puesto que de este modo tendrá un mayor número de clientes interesados en estos servicios especializados". 

La justicia lo tiene claro: estamos ante un caso de publicidad ilícita. Es precisamente a lo que se aferró el Instituto de las Mujeres cuando en enero del año pasado presentó un informe jurídico ante la Abogacía del Estado con el objetivo de estudiar acciones legales contra varias agencias, incluida la que acaba de ser condenada. 

Seis meses después, el paso dado por las instituciones comenzó a dar sus frutos. Se formuló entonces una demanda formal, "lo que supuso un hito en la persecución de esta práctica, ya que era la primera vez que se iniciaban acciones legales contra la promoción de una práctica prohibida en nuestro país y cuya publicidad es ilícita", celebra hoy la entidad dependiente del Ministerio de Igualdad. 

Aquel año comenzó a producirse un cierre progresivo de diversas páginas web donde figuraba la promoción de estos servicios. Algunas de las clausuras se llevaron a cabo a golpe de sentencia, como sucedió con el caso de Surrobaby y Go4Baby.

Los avances consolidados en el último año y medio tienen que ver, en gran medida, con la sólida alianza entre las instituciones públicas y los tribunales. La justicia lleva más de diez años pronunciándose de forma crítica contra los vientres de alquiler, llegando a encajarlos como una práctica contraria a "la dignidad de la mujer gestante y del niño".

Aunque la ley prohíbe la gestación subrogada desde hace dos décadas, el Tribunal Supremo ha llamado la atención en torno a la brecha existente entre la legislación y la práctica. Y es ahí donde tradicionalmente han entrado las agencias de intermediación, entidades que han podido actuar "libremente" y sin "ninguna traba", promocionando su contenido a pesar de que la Ley General de Publicidad considera ilícito el contenido que "atente contra la dignidad de la persona".

El movimiento feminista ha sido el principal agente a la hora de exigir que las instituciones tomen las riendas del asunto y pasen a la ofensiva. Si no basta con la legislación ni con el pronunciamiento de los tribunales, se hace necesario tomar medidas que pongan coto a una práctica que se resiste a desaparecer.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovecha el lanzamiento de una de sus leyes más ideológicas, la del "concebido no nacido", para presumir de su compromiso con las familias, las madres y la vida. Un vistazo a las políticas públicas desarrolladas en la región, sin embargo, evidencia que sus promesas tienen mucho eslogan y poco impacto. La comunidad ya cuenta con líneas de ayuda a la maternidad y la crianza, pero el paso de los años ha demostrado que el grueso de las mujeres quedan sistemáticamente excluidas. 

La medida estrella de la líder regional, en lo que respecta al embarazo, es la ayuda dirigida a mujeres de hasta 30 años. Según las previsiones de la presidenta hace cinco años, cuando anunció la iniciativa, el ingreso de 500 euros al mes para madres hasta que sus hijos cumplan dos años podría llegar a unas 14.000 mujeres cada año. La realidad es que llega a la mitad.

Según datos oficiales, en el año 2025 el gobierno regional concedió 6.082 ayudas de este tipo. Ese mismo año, se registraron un total de 11.236 partos de mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 29 años. Es decir, al menos un 45,9% de esas madres se quedaron al margen de la prestación.

Los requisitos trazados por los conservadores en la comunidad explican, en parte, las limitaciones de la ayuda y su alcance relativo. Para obtener el ingreso, además de no haber cumplido la treintena –en este punto cabe destacar que la edad media en términos de maternidad no ha dejado de aumentar en la región–, las mujeres solicitantes deberán tener nacionalidad española o residencia legal en el país, estar empadronadas en la comunidad y haber residido en ella durante al menos cinco años. Con este telón de fondo, las principales perjudicadas son las mujeres extranjeras. 

En respuesta a una pregunta formulada por Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, el gobierno autonómico reconoce que el año pasado fueron denegadas el 37,4% de las solicitudes presentadas por mujeres extranjeras, mientras que en el caso de las españolas la tasa de rechazo desciende hasta el 22,8%. Un año antes, el 21,8% de las peticiones formuladas por extranjeras no pasaron el filtro administrativo, diez puntos por encima en comparación con las solicitantes españolas. 

Pero, además, las cifras relativas a los dos últimos ejercicios muestran una tendencia preocupante: mientras que las solicitudes han descendido –pasando de 10.127 hace dos años a 8.278 el año pasado–, el porcentaje de rechazo ha crecido –del 14,17% al 26,5%–. Morales cree que los datos no solo constatan el fracaso de una medida anunciada como estrella, sino que además dan cuenta de un sesgo profundamente "racista". 

La literatura científica demuestra que la carga administrativa funciona como una barrera de acceso a derechos formales. A mayores requisitos, menor es la demanda, especialmente entre los grupos vulnerables. Una trabajadora social que tramita este tipo de ayudas confirma a este diario que el requisito de padrón con exigencias residenciales tan estrictas suele dejar fuera a las personas extranjeras. La misma fuente también destaca que el ingreso "tarda más de seis meses" en llegar desde que se confirma la ayuda.

Morales cree importante destacar que las políticas públicas enfocadas a la maternidad y la crianza están además atravesadas por un sesgo "clasista". Para explicarlo, sitúa la mirada en otra ayuda concreta: aquella pensada para la contratación de empleadas del hogar. "Aquí no se pide ni residencia legal, ni antigüedad alguna en el empadronamiento", subraya la parlamentaria. Todo, añade, "para pagarle a las familias pudientes una trabajadora doméstica". La subvención fija un requisito económico de 30.000 euros al año por cada miembro de la unidad familiar. Es decir, una familia con tres hijos e ingresos de 150.000 euros al año podría acceder a ella. El año pasado se concedieron 1.160 ayudas de estas características por un valor de 2,2 millones de euros.

Otro de los grandes anuncios de Ayuso tiene que ver con la prestación por nacimiento múltiple. En 2024, último ejercicio con datos, las solicitudes aprobadas se quedaron tan solo en 210. "El presupuesto pasó de tres millones a solo un millón porque las solicitudes son bajas y las aprobaciones aún más", denuncia Morales. 

Pero además, reflexiona la diputada, mientras la presidenta de la comunidad hace gala de su compromiso por la vida y la maternidad, son muchas las familias que se quedan en los márgenes. La Comunidad de Madrid desarrolló hace cuatro años una línea de ayudas destinadas a familias con menores en cuidados paliativos, financiada con 2,5 millones procedentes de los fondos europeos Next Generation. Cuando los fondos se agotaron, la ayuda finalizó. En 2023, las solicitudes fueron 3.863, pero solo se concedieron 609. Es decir, únicamente el 15,7% del total.

El año pasado, la Comunidad anunció su intención de dar continuidad a esta prestación, aprobando nuevas ayudas para familias con hijos atravesados por patologías crónicas de alta o extrema complejidad. El presupuesto fijado es medio millón inferior al que procedía de los fondos europeos. "Saben de sobra que con esa dotación económica lo que van a vender es humo a las familias que peor lo están pasando, las que tienen a sus criaturas en cuidados paliativos", lamenta Morales. 

Por otro lado, el gobierno madrileño cuenta con ayudas individualizadas de desayuno escolar, un apoyo pensado para las familias más vulnerables cuyo impacto, sin embargo, está también en cuestión. Según la Plataforma de Infancia regional, la pobreza severa infantil alcanza porcentajes del 13,1% en la región, lo que se traduce en cerca de 150.000 niños, niñas y adolescentes en esta situación. Frente a estas cifras, la comunidad ha concedido para el presente curso escolar solamente 1.523 ayudas de desayuno escolar.

Isabel Díaz Ayuso ya puede presumir de haber transformado su discurso ultra en políticas públicas. El pasado jueves, en un pleno extraordinario, la presidenta de la Comunidad de Madrid vio cumplida su pretensión de legislar en torno al "concebido no nacido", una iniciativa que alimenta la guerra cultural contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero que en realidad ni siquiera es obra exclusiva de la líder regional, sino que hereda los pasos que se han ido dando en otros territorios dentro y fuera del país.

El Partido Popular y Vox volvieron a estrecharse la mano para sacar adelante la llamada ley del concebido no nacido en la Asamblea de Madrid. La norma entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tiene por objeto considerar al "concebido como ya nacido", pasando a ser de esta forma "un miembro más de la unidad familiar a todos los efectos que sean beneficiosos" para el "no nacido, la madre gestante o la unidad familiar". 

La acreditación se realizará a través de un informe médico que certifique la semana de gestación y la fecha prevista para el parto, para así acceder a "aquellos beneficios y derechos" que se deriven de la existencia de hijos ya nacidos. Según el proyecto legislativo, "como regla general no se exigirá" una semana mínima de gestación, si bien el mismo texto sí fija la semana catorce para el reconocimiento de familia numerosa y para el acceso a "ayudas o beneficios de carácter económico". En el caso de que el embarazo no llegue a término, la ley fija la obligación de comunicar la situación, pero la administración "no podrá reclamar la devolución de los beneficios o ayudas" concedidos. 

Poco después de la aprobación del proyecto de ley, el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, elogió públicamente la iniciativa y prometió replicarla a nivel estatal si su partido llega a gobernar. En realidad, el conservador sabe bien de lo que habla. Hace 15 años, el Parlamento de Galicia aprobó una ley de apoyo a la familia que pivota sobre los mismos ejes. Aquella norma ya consagraba la asimilación de lo que considera "descendiente concebido" como puerta de entrada hacia el estatus de familia numerosa o monoparental para el acceso a ayudas públicas. 

La norma establece el requisito de presentar un certificado de "concebido no nacido", a través de la Consellería de Política Social, departamento que en 2019 había expedido "algo más de 400 certificados" para que los "concebidos no nacidos" fuesen "asimilados a la categoría de descendientes", según publica Praza.gal. El Gobierno gallego no ha actualizado la cifra desde entonces.

Con Núñez Feijóo al frente, la Xunta de Galicia institucionalizó un discurso marcadamente antiabortista, contrario a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, camuflado en una suerte de retórica en defensa de la vida y la familia tradicional. No es casualidad que la norma saliera adelante justo un año después de la reforma de la Ley del Aborto. Mientras la legislación nacional recién modificada citaba tratados internacionales para defender el derecho de las mujeres a "tener el control y a decidir libre y responsablemente" sobre su salud sexual y reproductiva, la normativa gallega desplazaba el foco para hablar del "derecho a la vida en formación desde la concepción" y el cómputo de "miembros adicionales" de la familia para acceder a ayudas "desde el momento de la fecundación".

Pero existe todavía un precedente anterior. En el año 2009, el entonces presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, decidió dar respuesta a la reforma legislativa que ultimaba el Gobierno central con una iniciativa muy similar a la anunciada ahora: reconociendo los fetos como hijos a la hora de conseguir plaza en guarderías, colegios e institutos financiados con fondos públicos. También para acreditar la condición de familia numerosa. 

La norma fue recurrida, pero consiguió el aval del Tribunal Constitucional en 2015, en un dictamen citado ahora por la ley madrileña en su exposición de motivos. Hoy, la norma valenciana ya no existe: hace nueve años, el pleno de las Corts Valencianas decidió derogarla. Los parlamentarios consideraron entonces que suponía una "discriminación" y una "tutorización" de las mujeres.

Las políticas que buscan apuntalar narrativas antiabortistas no son exclusivamente patrias. En el Estado de Georgia, un embrión o feto con actividad cardíaca detectable puede ser incluido como dependiente fiscal. En un contexto de ofensiva generalizada en suelo estadounidense, ese es precisamente uno de los estados más restrictivos en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo.

En Hungría, una reforma constitucional blindó hace casi 15 años la protección de "la vida del feto" desde el momento de la concepción. Unos meses antes, el Gobierno de Viktor Orbán había lanzado una campaña antiabortista financiada con fondos europeos, poniendo las bases para desplegar una línea ideológica contra los derechos sexuales y reproductivos que ya no abandonaría durante todo su mandato. Bruselas exigió la retirada de aquella campaña.

Y en América Latina, países como República Dominicana también incluyen en sus textos constitucionales esa protección simbólica de la vida del no nacido, siempre acompañada de medidas restrictivas que prohíben el derecho a la interrupción libre del embarazo. Hace tan solo tres años, Perú aprobó una ley específica que reconoce los derechos del "niño concebido"

La línea argumental de la presidenta regional, igual que la de sus homólogos, se ha desarrollado siempre en torno a las ideas de familia, natalidad y libertad. No son términos inocentes ni fortuitos, sino que consolidan una narrativa antiabortista cuyos autores intelectuales engrosan las filas de organizaciones ultracatólicas de todo el mundo. La defensa de la maternidad tampoco es casual: es el eje sobre el que han vertebrado sus discursos las mismas entidades que se manifiestan frente a las clínicas de interrupción del embarazo.

Abogados Cristianos se presenta como una organización jurídica en defensa de la "libertad, la vida y la familia". Hazte Oír conjuga con insistencia una defensa a ultranza de la "familia natural", al tiempo que enarbola la bandera de la "libertad religiosa" para oponerse al aborto. Y Red Madre se atrinchera igualmente tras el mismo marco, vertebrando su discurso en torno a las ideas de "justicia, libertad y vida". Esta última organización ha sido especialmente arropada por gobiernos regionales conservadores, como Andalucía, Castilla y León, Murcia o Galicia, en el concepto de ayudas a mujeres embarazadas o madres vulnerables, presentadas institucionalmente como políticas de familia, natalidad y acompañamiento, pero ampliamente criticadas por la oposición por su carácter manifiestamente antiabortista.

"La ley que acaba de aprobar la Comunidad de Madrid lo que tiene detrás es una nueva estructura pensada para atacar el derecho al aborto". Habla Gemma Candela, miembro de la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid. "Es una estrategia más para menoscabar el derecho al aborto", abunda la activista, quien recuerda que en realidad se trata de iniciativas coherentes con la posición política del PP. "El PP recurrió la Ley del Aborto de 2010 ante el Tribunal Constitucional y Madrid es la única comunidad que todavía no cuenta con un registro de objetores", subraya.

Pero lo cierto es que detrás de la retórica articulada por los conservadores, subyace una guerra cultural en auge contra los derechos de las mujeres, una amenaza alimentada por la extrema derecha y los grupos ultracatólicos que con el paso de los años han ido ganando terreno. En ese punto se detiene también al abogado José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). En conversación con este diario, explica que la norma en su literalidad es difícilmente cuestionable –quién va a criticar la concesión de ayudas a mujeres embarazadas, se pregunta–. "El problema está en la música, no en la letra. Una música que es absolutamente retrógrada", asiente. 

Aunque la ley no reconoce personalidad jurídica plena al feto, persigue "normalizar situaciones que ahora no caben en nuestra normativa, pero que en un momento dado sí pueden encajar", subraya el letrado. Es decir, lo que hacen los conservadores es "trabajar a futuro", como parte de una "política general contraria al aborto". Si el contexto político y discursivo siembra la idea del concebido como sujeto de derechos, entonces el aborto encajará con facilidad en la categoría de crimen, como ya sucede en algunas partes del mundo. El ejemplo de Hungría es nítido: incluir en su constitución el blindaje de la vida desde la misma concepción no tuvo un impacto directo en el derecho al aborto, pero sí allanó el camino hacia políticas restrictivas para las mujeres. 

Para Candela, sin embargo, la falta de coherencia en este tipo de discursos es mayúscula. "El hecho de conceder beneficios fiscales o convertir a determinadas familias en numerosas por un ser que no ha nacido no favorece la natalidad", clama la activista, quien defiende que las políticas de acompañamiento se construyen con un "sistema de servicios públicos fuerte, ayudas a la conciliación, educación de calidad y presencia de pediatras en los centros de salud". 

Hace diez años, en la madrugada del 7 de julio, una joven fue violada por cinco hombres en un portal de Iruña (Navarra). Aquellos que presumían de llamarse La Manada se sentarían en el banquillo más de un año después. Para entonces, las calles ya estaban llenas de rabia y en las plazas retumbaba el grito de cientos de miles de personas que tendían la mano a una víctima que nunca se sintió sola. infoLibre charla con cuatro generaciones de hombres y mujeres que estuvieron allí. Son Teresa Sáez, cofundadora de Lunes Lilas; Patricia Aranguren, miembro de la Comisión 8M de Madrid; Samuel Parra, integrante de la Asociación de Hombres para la Igualdad de Género y el activista Javier P.

Aquel revulsivo precipitaría cambios legislativos de calado, abriría un debate social profundo sobre la noción de consentimiento y pondría en evidencia los sesgos misóginos que echan raíces en la justicia. Pero sobre todo marcaría un antes y un después para todas las mujeres, sembrando uno de los mayores hitos colectivos del feminismo: la ruptura del silencio.

Se hicieron llamar La Manada. Fueron ellos mismos, cinco agresores sexuales, quienes escogieron con escrupuloso cuidado y de forma perversamente premonitoria el sobrenombre. Trascendió a los medios de comunicación al instante, pero el movimiento feminista tuvo la habilidad de darle la vuelta. Las mujeres clamaron al unísono que de haber alguna manada, era la formada por las cientos de miles de compañeras que se organizaban en las calles para arropar a la víctima.

Han pasado diez años desde la agresión grupal en los Sanfermines de 2016, el señalamiento masivo de una hasta entonces sacralizada justicia que fue tildada de patriarcal y uno de los mayores revulsivos sociales de las últimas décadas. Echar la vista atrás se convierte en un imperativo para quienes no desisten en la tarea de construir memoria feminista, especialmente en tiempos inciertos.

En la madrugada del 7 de julio de 2016, cinco hombres –sus nombres: José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, Antonio Manuel Guerrero Escudero, Jesús Escudero Domínguez y Ángel Boza Florido– arrinconaron a una joven de 18 años en un portal de Iruña (Navarra). Fuera todavía bullía la fiesta, pero dentro el grupo se sirvió de su superioridad para someter a la víctima, utilizarla como un mero objeto, humillarla y vejarla hasta la extenuación. 

Ella denunció lo sucedido a la mañana siguiente. El caso inició su recorrido judicial en noviembre de 2017 y la Audiencia Provincial de Navarra emitió sus primeras conclusiones cinco meses después: los acusados crearon un escenario opresivo, pero los magistrados dictaminaron que no existió intimidación. En aquel momento, el Código Penal castigaba los delitos sexuales en dos categorías: abuso sexual –siempre que no existiera violencia e intimidación– y agresión sexual –es decir, una violación–. Los jueces determinaron que los hechos eran constitutivos de abuso sexual, pero se toparon con el descrédito de sus compañeros, la rabia de las calles y la desafección de todas las víctimas que llevaban demasiado tiempo expresando su falta de confianza en unas instituciones que no las creían.

Patricia Aranguren recuerda que crecer siendo partícipe de cada 7 de julio, la gran fiesta de su ciudad, significa para las chicas de su generación adquirir, casi sin pretenderlo, la noción feminista de que los espacios de ocio no siempre son seguros para las mujeres. "Recuerdo la agresión de La Manada como otras muchas que se dan en contextos de fiestas populares", asiente hoy. 

El movimiento feminista navarro convocó una concentración de repulsa tan solo un día después de que trascendiera la violación, pero lo sucedido enseguida cobró dimensiones extraordinarias: "Empieza a llegar a los medios nacionales, a moverse por prensa generalista, también se le da un tratamiento más amarillista y pasa a ser un tema del que todo el mundo está hablando", analiza la activista de la Comisión 8M de Madrid.

Cuando el caso entró en los pasillos de los tribunales, Aranguren se dirigió con sus compañeras al centro de Madrid para participar en una concentración de apoyo a la víctima. "Queríamos llegar unos minutos antes para desplegar la pancarta, pero casi no pudimos ni salir del metro por la cantidad de gente que había. Eso que iba a ser una concentración acabó convirtiéndose en una manifestación espontánea". La activista, recién aterrizada en la capital y arañando la veintena, llevaba tan solo unos meses militando en el movimiento feminista, pero en ese instante cobró conciencia de su potencial. Fue la primera vez que llamaron a la huelga feminista. 

Teresa Sáez, cofundadora de la organización Lunes Lilas, conserva el recuerdo nítido de las plazas abarrotadas. "Era muy impresionante ver a tanta gente, chicas jóvenes y también muchos chicos", presume. Aquella respuesta fue masiva también en parte porque interpeló al conjunto de la sociedad, incluidos los hombres. Así lo vivió Javier. Él acababa de cumplir la mayoría de edad en aquel momento y no dudó en participar en las movilizaciones. "Recuerdo perfectamente el día en que salió la sentencia, tengo la impresión de que el mayor momento de movilización fue entonces", comparte. 

Ninguno de los jueces apreció intimidación, pero solo uno hizo una demostración cristalina de cómo la cultura de la violación está instalada en el corazón de los tribunales. Ricardo González emitió un voto particular en el que se posicionó a favor de la absolución y describió lo que él entendía como un "ambiente de regocijo y jolgorio" por parte de los agresores y "menor actividad y expresividad en la denunciante". Aquel voto particular prendería la mecha de una rabia global que trascendió fronteras.

Aquello sirvió para "levantar la alfombra y ver toda la basura que llevábamos guardando mucho tiempo, en este caso con la justicia", completa Aranguren. "Se acumulaban casos en los que se juzgaba más a la víctima que a los agresores, en procesos muy revictimizantes", algo que se hizo evidente aquellos años.

Pero lo sucedido también agitó el debate público y las conversaciones privadas. Aunque en un primer momento se conjugó una "sensación unánime de indignación", conforme el caso fue avanzando emergió un sector que decidió "cuestionar la versión de la víctima", lamenta Javier. Recuerda con claridad aquella evolución: una primera fase de consenso social y otra en la que se consumó una suerte de "división marcada por un sesgo machista", especialmente entre aquellos hombres que "se tomaron a la defensiva el debate y parecían no comprender lo esencial".

Coincide Samuel Parra, miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) y veinte años mayor que su compañero. "Recuerdo las conversaciones en mi entorno de una manera muy dispar", subraya. En la esfera laboral, el sociólogo encontró un discurso que "justificaba a los agresores, precisamente porque veían que entrar en el portal de manera voluntaria significaba" que la víctima, en realidad, sí había consentido. "Los medios tampoco ayudaron", sostiene. En su memoria, la intromisión constante en la vida privada de la joven, las tertulias en torno al contenido que publicaba en redes y la auditoría alrededor de su comportamiento. 

Entre las mujeres feministas emergió una suerte de cuarta ola que problematizó no solo la idea de consentimiento, sino que además puso en el centro el placer y el deseo en las relaciones sexuales. "Todo este caso nos sirvió para pensar en cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos y para pensar también más allá del consentimiento", introduce Aranguren. "Nosotras empezamos a pensar en el deseo, se abrió una reflexión muy interesante". 

En noviembre de 2018, el caso regresó a los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) deliberó en torno a los recursos presentados por ambas partes y un mes después ratificó la condena por abuso sexual. Los jueces, sin embargo, introdujeron algunos matices de peso: señalaron que la víctima había prestado "un testimonio convincente", pero además sostuvieron que no era "verosímil que consintiera el maltrato y la vejación, la atmósfera opresiva y el prevalimiento de grupo". 

A pesar de los pasos adelante, las conclusiones de la justicia no terminaban de ser congruentes: si ella no consintió, si su testimonio era verosímil y si existía un ambiente opresivo, ¿cómo era posible que los jueces no apreciaran agresión sexual?

Con ese interrogante, el caso aterrizó en el Tribunal Supremo. Y en julio de 2019 llegó la sentencia definitiva: los cinco agresores actuaron con "pleno conocimiento" de sus actos, "buscaron expresamente la situación, sin que la víctima tuviera conocimiento alguno" de lo que iba a suceder y el silencio de la joven solo se podía "interpretar como una negativa". Lo sucedido en aquel portal había sido una violación.

Pero algo fallaba si para obtener justicia una víctima debía dejarse la piel en los tribunales, una certeza que también comenzó a calar en el plano político. El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, criticó severamente al juez que emitió el voto particular –lo que desencadenó peticiones de dimisión entre todas las asociaciones de jueces– y puso la primera piedra de cara a una eventual reforma penal de los delitos contra la libertad sexual.

Con el cambio de gobierno, el equipo de Pedro Sánchez toma el testigo y es la vicepresidenta Carmen Calvo quien abandera el compromiso. En marzo de 2019, el Consejo de Ministros aprueba un primer anteproyecto de ley que elimina la distinción entre abuso y agresión, pero también redefine el concepto legal de consentimiento. Eran las primeras semillas de cara al futuro solo sí es sí.

Pero la disolución de las Cortes impidió su continuidad y tuvo que pasar un año hasta que un nuevo gobierno, esta vez de coalición, diera luz verde a otro anteproyecto, muy similar al anterior en sus aspectos esenciales. La ley se aprobó a finales de 2022, seis años después de la agresión en los Sanfermines y cuatro desde la primera sentencia que lo removió todo. No sería el punto y final: la ley sería reformada después de que una revisión de condenas en cadena –entre otras, las de tres miembros de La Manada– provocara un terremoto político entre los socios de gobierno. 

En abril de 2023, entraría en vigor una nueva reforma que ajustaba las horquillas y que introducía de nuevo una graduación penal más dura en aquellos supuestos en los que existiera violencia e intimidación. Unidas Podemos votó en contra, al entender que la reforma rompía el enfoque original de la ley y recuperaba el espíritu anterior.

La agresión de La Manada se produjo en el octavo aniversario de otro crimen grabado en la retina de las mujeres feministas: el de Nagore Laffage. En los Sanfermines de 2008, Diego Yllanes quedaría con la joven, compañera de facultad, tomaría algo con ella y se irían juntos a casa de él. En el interior de aquel apartamento, él intentó violarla y ella trató de resistirse. Yllanes la emprendió a golpes contra ella, la estranguló y acabó con su vida. 

También entonces hubo un juicio y de nuevo sobrevolaron las valoraciones misóginas de quienes debían hacer justicia. "¿Era su hija ligona?", fue la única pregunta que dirigió el jurado popular a una madre completamente rota que había tenido que enterrar a su hija quince meses antes.

Aquella herida volvió a supurar durante los años en los que se prolongó el caso de La Manada. "Veníamos de ocho años de trabajo muy intenso a raíz de su asesinato, fue un punto de inflexión en Navarra", analiza Sáez. Nagore fue el punto de partida. "Ahí empezamos a hablar de las relaciones, la libertad sexual, el derecho a estar en las calles y rompimos con el mensaje del terror sexual", ampliamente analizado por la socióloga Nerea Barjola. "La explosión que hubo con La Manada no habría sido posible sin Nagore", añade la activista, quien subraya que todo lo conseguido en estos diez años ha sido "gracias al feminismo". 

El empuje feminista hizo despertar a una mayoría social que por fin comprendía las razones de quienes llevaban años señalando las costuras del sistema. Pero nada de aquello fue espontáneo: en los cimientos estaba el trabajo previo de las mujeres, casi siempre invisible, la respuesta colectiva ante cualquier agresión y la habilidad de politizar todo lo que hasta no hace mucho quedaba relegado al ámbito de lo privado. También estaba la memoria feminista. La de Nagore y la de tantas otras, la misma que diez años después sigue intacta. 

Hace dos años, el Orgullo de Santa María de los Llanos (Cuenca) se llenó de asistentes ataviados con orejas de conejo. Apenas unos días antes, un vecino del pueblo había compartido en redes sociales su preocupación: "Estos días va a haber más maricones que conejos", se lamentaba. El municipio conquense, habitado por poco más de 600 personas, tiene una sobrepoblación de liebres, una suerte de plaga que afecta severamente a la comarca. La respuesta al disgusto expresado por el vecino fue masiva: "La gente del pueblo empezó a hacer manualidades y creó diademas con orejas de conejo para que todos fuéramos así".

Lo cuenta Noelia al otro lado del teléfono, orgullosa de la capacidad para transformar la hostilidad en combustible. Noelia vive en realidad en Pedro Muñoz (Ciudad Real), pero se encarga de coordinar, como parte de la Asociación Plural LGTBIQA+ Mancha Centro, movilizaciones y actos en distintos pueblos de la comunidad. 

La activista conoce bien las particularidades de organizarse en un mundo rural al que a veces no llegan los recursos, donde muchos desean no ser vistos y otros tantos esperan la oportunidad para señalar a quien tienen al lado. La entidad en la que participa ha conseguido, en los últimos años, llegar a siete pueblos –Villafranca de los Caballeros, Campo de Criptana, Herencia, La Puebla de Almoradiel, Santa María de los Llanos, Alcázar de San Juan y Villacañas–, pero en muchos otros se han topado con un muro infranqueable. "Se nos quedan pueblos en medio, como el mío", lamenta. A veces no basta ni todo el empeño del mundo. 

Noelia presume de ser visible en todas las esferas de su vida, no solo por el discurso que abandera, sino también por los símbolos de los que hace gala. Ella que trabaja con menores sabe bien de la importancia que tienen los gestos, los espejos donde uno pueda reconocerse y la imperiosa necesidad de construir espacios seguros para tender la mano a quien pueda necesitarlo. 

Contar con lugares seguros fue un salvavidas para Sergio. Forma parte de la Asociación Diversas, una organización que nace hace diez años en el norte de Tenerife. El activista trabaja en el Valle de la Orotava, una zona que comprende tres municipios: La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz. Sergio habita en el segundo y conoce a la perfección lo que es salir del armario teniendo que sortear las miradas de quienes hasta ese momento no se habían molestado en dirigirle la palabra. "Recuerdo perfectamente cómo se me perseguía al grito de maricón", comparte. Tenía 14 años y pocos alicientes para expresarse con la normalidad que habría deseado.

Pero sí contó con algunos sostenes. Apenas una semana después de salir del armario, el tinerfeño leyó una noticia en el periódico: su pueblo se declaraba municipio libre de LGTBIfobia. "Creo que mi adolescencia no habría sido igual si yo fuera de una gran ciudad, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que nunca he querido irme de aquí. El hecho de vivir en un pueblo donde estos temas se trabajaban me ayudó salir de esa espiral de odio". 

En Cedeira (A Coruña), la normalidad brotó en los bares, las plazas y los mercados gracias a un grupo de amigas decididas a organizarse. "Queríamos que pasaran cosas", resume Ánxela. Así que llenaron todos los "espacios de socialización" de banderas, charlas y recitales, hasta el nacimiento hace dos años del primer Cedeira Queer. "Ocupamos todo el pueblo, fue hermoso", recuerda hoy la activista. Aquel grupo de amigas construyó con sus propias manos la organización Mestas Cedeira.

Ánxela nació en el municipio costero de Muros, pero terminaría pasando gran parte de su vida en A Coruña, "un núcleo más grande en el que es más fácil pasar desapercibida". Hace cinco años que vive en Cedeira y desde entonces no ha dejado de pensar en la necesidad de crear algo tan sencillo y valioso como puntos de encuentro para la comunidad LGTBIQ+. Conoció a sus compañeras en un acto institucional a iniciativa del concello y enseguida prendió la mecha. "Fuimos a la llamada porque confiamos en encontrar a otras personas del colectivo. Surgió una amistad maravillosa y empezamos a planear cosas". 

La acogida fue inmediata: "Mucha gente del pueblo que no es del colectivo se acerca porque quieren aprender, escuchar y apoyar", presume la activista. También las personas mayores, especialmente fieles a las actividades que organizan. "Ver a dos señoras jubiladas en una charla sobre no monogamias y perspectiva LGTBI es una maravilla". 

Sobre iniciativas que nacen de encuentros informales saben algo Bebi y Claudia. Sus circunstancias son del todo extraordinarias: en la pedanía de La Alberguería (Salamanca) están censadas algo menos de medio centenar de personas, pero solo residen ellas dos. "Si el total de la población es gay, por qué no íbamos a tener nuestro propio Orgullo", relata Bebi. Así fue como nació el festival la Albergayría, sufragado en su totalidad por la pareja. 

La iniciativa caló entre los vecinos de los municipios colindantes. Hasta tal punto que "casi todo el mundo colabora voluntariamente, los negocios de alrededor donan bebidas, comidas y productos para el bingo". El pueblo se tiñe de arcoíris, batucadas, espectáculos drag y mucha reivindicación. Bebi confía en poder reeditar el éxito este año, incluso superarlo. "Que se vea que no pasa nada, que en las zonas rurales, incluso en la Castilla profunda, se puede vivir con libertad". 

Se trata, al fin y al cabo, de hacer más habitable la vida de quienes "viven en los márgenes de los márgenes", asiente Sergio. Y de allanar el camino a todo aquel que lo necesite. "Yo pasé de decirle a mi madre que era gay y que llorase sin parar, a ir acompañado de ella a las manifestaciones del Orgullo", zanja.

"Me gustaría que algún día nos expliquen cómo van a llevar una competencia que se llama Diversidad en el Gobierno autonómico". Las palabras las pronunciaba hace apenas una semana el presidente de la Diputación de Segovia, el conservador Miguel Ángel de Vicente, dirigiéndose al diputado de Vox Pedro María Varela. Lo hacía después de que la formación ultra votara en contra de aprobar una moción para condenar los discursos de odio contra el colectivo LGTBIQ+.

La preocupación expresada en sede parlamentaria es en realidad compartida: ¿en qué lugar dejan los pactos con la extrema derecha a la comunidad LGTBIQ+? Pero quien la verbaliza está, al mismo tiempo, haciendo gala de sus propias contradicciones: estrechar primero la mano de la extrema derecha, para después alarmarse con sus de sobra conocidas posiciones ideológicas. Si Vox lleva el timón de las políticas sociales en Castilla y León es gracias a los acuerdos con los conservadores, quienes no se han preguntado hasta ahora "cómo van a llevar una competencia que se llama diversidad".

Sucede en suelo castellanoleonés, pero son varias las comunidades en las que el colectivo camina en vilo hacia su fecha más importante, temeroso de perder los derechos conquistados y en una suerte de calma tensa, consciente de que cualquier paso en falso puede hacerle retroceder décadas. 

El PP y Vox se han vuelto a dar la mano con una serie de pactos autonómicos rubricados en los últimos meses en cuatro regiones: Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía. Ambas fuerzas han resituado sus prioridades y estrategias, reduciendo las discrepancias públicas y buscando, en términos generales, caminar hacia una convivencia marcada por una línea ideológica común en el grueso de los asuntos.

En materia LGTBIQ+, los de Santiago Abascal han decidido bajar los decibelios, pero tanto su ideario como su hoja de ruta no se han movido ni un milímetro: alertan sobre los peligros de la educación en diversidad, rechazan frontalmente las leyes específicas y claman contra el respaldo simbólico al colectivo. 

El caso de Castilla y León es paradigmático, porque el punto de partida es la inacción histórica en materia de políticas públicas. Se trata de la única comunidad sin una ley para el colectivo, una deuda a la que Vox se opone tácitamente, pero que el PP ha venido desoyendo desde hace años. "El PP no termina de entender ni de trabajar en todo lo que respecta a la diversidad". Habla Gema Segoviano, portavoz de Segoentiende. 

En la región, comenta la activista, se reproduce una dinámica que no es extraña: el compromiso de cada territorio varía en función de las sensibilidades particulares de los representantes públicos. En Valladolid, el gobierno municipal del PP ha rechazado un año más cubrir la fachada consistorial con la bandera del colectivo, al contrario de lo que ocurre en otros territorios también conservadores, como Salamanca. "Hay diputaciones que se implican, a nivel local se intenta dar visibilidad a esta realidad, pero hay una brecha enorme en el plano autonómico", traza la activista. 

Se detiene específicamente en la ausencia de una ley propia. "Llevamos más de quince años intentando tramitarla", pero los conservadores se acomodan en pretextos de muy diversa naturaleza para mantenerla en un limbo. "Vox puede frenar iniciativas, pero el PP a nivel autonómico ni siquiera ha dado pasos", lamenta la activista, por lo que a su juicio a los conservadores "les va a venir muy bien" la presencia de la extrema derecha, porque "así tienen la excusa". Sencillamente, vaticina la portavoz, a muchos líderes políticos "no les va a merecer la pena" significarse a favor del colectivo. 

Y eso tiene su eco en el día a día. "En algunos colegios hay ya cierto temor a que en algún momento un padre o madre empiece a levantar la voz y use los argumentos de Vox para no hablar de diversidad afectivo-sexual".

En términos de reparto de poder, desaparece la consejería de Igualdad y el ultra Carlos Pollán asumirá la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Fue Pollán quien, como presidente de las Cortes de Castilla y León, se ha negado en reiteradas ocasiones a colocar la bandera arcoíris en la sede parlamentaria, un gesto que el nuevo líder de la cámara prevé recuperar. 

También quedarán en manos de la ultraderecha todas las políticas vinculadas al colectivo en Aragón. En la comunidad, los pactos de gobierno han llevado al ultra Alejandro Nolasco al frente de la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, borrando de un plumazo la anterior dirección general específica de Igualdad. 

En la comunidad, Vox ha hecho explícito su propósito de derogar, o al menos reformar, las leyes específicas del colectivo. Hace tan solo un año, se quedó solo al intentar fulminar la ley trans aragonesa, encajada por los ultras en el apartado de la "cultura woke" e "ideología de género". Este año, las Cortes de Aragón no emitirán declaración institucional, fruto de la falta de acuerdo entre los grupos.

A Natalia Aventín, sin embargo, le resulta más sangrante la permisividad del PP. Ella es miembro de Euforia Familias Trans-Aliadas y reside en el Valle de Benasque, en el Pirineo aragonés. La fórmula que han encontrado ella y sus compañeros ante un panorama desalentador es la organización de base. "Hay incertidumbre, pero hemos constituido una red de entidades para unir fuerzas entre los diferentes colectivos ya existentes, tener una estrategia, demostrar que estamos aquí y que se sigan desarrollando las leyes", asiente. 

Aventín, quien conoce en primera persona las secuelas del discurso de odio, siente cierto pudor ante la "ignorancia" de la que hacen gala algunos representantes políticos, a través de "las declaraciones que lanzan, sin ningún tipo de complejo, sobre todo contra las identidades trans". La activista recuerda que el PP aragonés votó a favor de todas las leyes específicas del colectivo, pero ahora ha decidido "mirar para otro lado, sin poner líneas rojas que tienen que ver con los derechos humanos y que un partido democrático no debería cruzar". Esa "ambivalencia", asiente la activista, sitúa a los conservadores "en un lugar muy peligroso". 

Igual que sus homólogos aragoneses, los representantes de la ultraderecha institucional en Extremadura persiguen la derogación de la ley autonómica. Hablan de "adoctrinamiento ideológico" en las aulas y lo incluyen como un objetivo irrenunciable. Pero en este caso, al contrario que en los demás territorios analizados, la Consejería de Igualdad no solo no desaparece, sino que permanece en manos del PP, con Ara Sánchez al frente. 

Tanto la consejera como su partido se han esforzado en consagrar la idea de que los derechos del colectivo están garantizados en el territorio. A mediados de mayo, con motivo del día contra la LGTBIfobia, la bandera arcoíris amaneció ondeando en la sede de la Presidencia de Extremadura. El gesto no sorprendió a Vox: "Nos hemos desmarcado, pero respetamos en este caso la sensibilidad de la señora [María] Guardiola y del PP", asintió su secretario general, Ignacio Garriga. 

Aquellas palabras funcionaban como una suerte de declaración de intenciones que insufló alivio al colectivo. Lo explica Sara Ramos, miembro de Extremadura Entiende. "Por ahora estamos tranquilas, pero no significa que no nos preocupe la entrada de la extrema derecha", sostiene. Y añade que la inquietud es global, porque aunque Vox no controle áreas clave para el colectivo, lo cierto es que "los derechos y las necesidades son transversales", así que cualquier retroceso en políticas sociales, laborales y económicas tendrá impacto también en ellos. 

Aunque en esas tres comunidades "el ambiente es más desesperanzador", existen otras muchas señales de preocupación más allá de sus fronteras. Así lo entiende Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. Su mirada se sitúa casi de inmediato en la Comunidad de Madrid. En la región, se suceden "pequeños grandes gestos que lanzan mensajes muy claros". La activista se refiere a la decisión de no colgar la bandera en los edificios institucionales de la Comunidad y el Ayuntamiento, pero también a la campaña municipal diseñada por el consistorio y que vacía de contenido político al Orgullo.

Iglesias contempla con preocupación también los pasos hacia atrás en la Comunitat Valenciana, donde un intento de reforma legislativa ha sido temporalmente paralizado por el Tribunal Constitucional. PP y Vox estaban decididos a modificar la ley trans de la comunidad, pero el Gobierno de Pedro Sánchez interpuso un recurso debido al recorte de derechos. La dinámica es prácticamente idéntica a la que sucedió ya en la Comunidad de Madrid. También en Valencia, el gobierno regional ha decidido eliminar las referencias a las políticas LGTBIQ+ en los presupuestos del área de Diversidad. 

Y en Totana (Murcia), la derecha y la ultraderecha incluyeron en su acuerdo presupuestario una cláusula que suprime los actos institucionales relacionados con el Orgullo y la colocación de la bandera en los edificios municipales. 

El pasado mes de marzo, la Federación Estatal publicaba su informe sobre el voto de la comunidad LGTBIQ+. Ante la pregunta de si la llegada de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo los derechos conquistados, el 64,9% de los encuestados respondía afirmativamente. El principal miedo expresado por quienes participaron en el estudio tenía que ver con una eventual falta de protección frente al odio. Este domingo el colectivo sale a la calle no solo para celebrar, sino también para ponerse de frente ante cualquier intento de retroceso.

El castigo penal de las mal llamadas terapias de conversión sale adelante en el Congreso. Y lo hace a pesar de la oposición de la extrema derecha y la abstención de los conservadores. La iniciativa, una reivindicación histórica del colectivo LGTBIQ+, ha sido aprobada con el voto a favor de todos los grupos, salvo Vox que ha votado en contra y el PP que se ha abstenido. A la votación le ha seguido el estridente aplauso de las entidades presentes durante el pleno celebrado este jueves.

Los conservadores no han dudado en ponerse de perfil, a pesar de sus intentos por presentarse como garantes de los derechos del colectivo. La decisión tiene un gran peso simbólico y deja en vilo a todas las personas que habitan en los territorios donde se han sellado pactos de gobierno entre el PP y Vox. 

En Castilla y León, Extremadura y Aragón, los de Santiago Abascal han seguido expresando su oposición sin matices a las políticas LGTBIQ+, pero los conservadores han tratado de esbozar una imagen pública de contención que choca frontalmente con la panorámica resultante de la votación parlamentaria en la Cámara Baja.

Aunque el diputado Jaime de los Santos (PP) ha reconocido que la ley es fundamental para el colectivo, ha centrado su intervención en desacreditarla. "Estamos ante una ley tan necesaria como corrompida por el sectarismo de algunos", ha lanzado desde el estrado. El parlamentario no ha cargado contra su contenido, ni contra su redacción, ni siquiera ha puesto en duda el objetivo que persigue, sino que sus dardos se han dirigo exclusivamente al Grupo Socialista: "Nos utilizan, retuercen nuestro dolor e instrumentalizan una ley que nos interpela a todos", ha sentenciado, para rematar con una defensa enfervorecida de su partido: "Soy del PP, soy maricón y me siento orgulloso de ambas cosas".

A sus palabras ha replicado la diputada Maribel Vaquero (PNV): "Se le ha olvidado hablar de las terapias de conversión para hacer un alegato defendiendo a su grupo".

Sus principales aliados, sin embargo, sí han escenificado una oposición manifiesta al espíritu de la proposición, una iniciativa que a juicio de María de la Cabeza Ruiz (Vox) busca "imponer una forma de pensar o de actuar a golpe de Código Penal". La diputada cree que se trata de una norma que "cercena la libertad" y que persigue "terapias de conversión que en realidad no lo son". 

Para la parlamentaria ultra, la propuesta legislativa "quiere que nadie cuestione la identidad sexual de otros y que nadie se la cuestione a sí mismo". "Quieren impedir que alguien acuda a un psicólogo, a un sacerdote o a un especialista por su propia voluntad", ha censurado durante su turno de palabra. "¿Quieren llevar a prisión a los sacerdotes a los que los homosexuales acuden voluntariamente para pedir ayuda?", ha insistido. La Iglesia ha demostrado ser uno de los agentes clave a la hora de poner en práctica, normalizar y perpetuar las terapias de conversión.

Con la votación, la ultraderecha no ha hecho otra cosa que reafirmar una posición política de sobra conocida. Los conservadores, en cambio, han evidenciado las grietas de su discurso y la naturaleza de su ideología. Mientras en territorios como Extremadura los líderes del partido se han esforzado en asegurar que las políticas en diversidad están "blindadas", en el Congreso no dudan en obstaculizar la aprobación de una reivindicación clave para la comunidad LGTBIQ+.

"Hoy sembramos una semilla de reparación para todas esas personas que han sido víctimas de la tortura que suponen las mal llamadas terapias de conversión. Esperamos recoger sus frutos en forma de erradicación definitiva de unas prácticas que atentan contra la libertad de un colectivo históricamente agredido y perseguido únicamente por ser y existir fuera de la normatividad", ha celebrado el mismo jueves la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias. 

La ley trans aprobada hace ahora tres años prohibió este tipo de prácticas, pero únicamente contemplaba sanciones administrativas. Con la aprobación de la iniciativa parlamentaria –camino ahora del Senado–, las prácticas serán castigadas con penas de prisión de seis meses a dos años, antecedentes penales y la inhabilitación profesional de los autores del delito.

Loli Gómez está a punto de quedarse en la calle. Una resolución judicial acaba de confirmar su expulsión de la vivienda de acogida en la que reside desde hace dos años, a la que llegó por encontrarse en una situación de vulnerabilidad extrema. Loli fue una de las muchas víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista que dejó en ella una herida irreparable que todavía supura. 

La víctima atravesó las puertas del recurso residencial, un piso compartido de tres habitaciones, debido a una situación de extrema vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales de su localidad, Torrelavega (Cantabria). El Ayuntamiento, más de dos años después, considera que los hechos que la llevaron a cumplir los requisitos para entrar en la vivienda se han extinguido.

Pero lo cierto es que todo sigue igual para ella. Hasta principios de 2024, la víctima residía en un piso que había heredado de su madre, cuya titularidad comparte con sus hermanos. El mal estado de la casa, sin embargo, comprometía su seguridad: era necesaria una reparación integral que la víctima no podía asumir económicamente. Hace dos años, el consistorio ordenó "el desalojo de la vivienda" debido a la "situación de deterioro y peligrosidad del inmueble", tal y como dejó plasmado en un expediente al que ha accedido este diario. Es el propio Ayuntamiento quien asume la "ejecución subsidiaria de las obras de reparación", dada la imposibilidad de la víctima de costearlas. 

Loli, según consta en el mismo informe, "se encuentra en exclusión social" debido al "estado de su vivienda y la carencia de recursos". Así que es derivada al recurso de acogida de manera temporal y como solución parcial durante el tiempo que duren las obras. Pero estas nunca se llevaron a cabo: "Ni han empezado, hace un año precintaron la vivienda y un mes después quitaron el precinto. Pero nada de obras", asiente hoy la afectada. 

Pese a ello, el consistorio considera que la víctima ya no se encuentra en una situación de riesgo. Lo argumenta apoyándose en el informe de una trabajadora social, quien entre los motivos para acreditar esa supuesta mejora de su contexto económico incluye asuntos como su relación con "una escritora que de forma puntual le presta apoyo económico", las charlas en las que ha participado en los últimos años debido a su paso por el Patronato de Mujeres y la "perspectiva de que sea reconocida como víctima del franquismo y obtener la correspondiente compensación económica". 

Loli asegura que ni obtiene remuneración alguna por los actos en los que participa, ni existe ninguna previsión de que el estatus de víctima se vaya a materializar en el corto plazo en una indemnización económica. Las víctimas del Patronato han obtenido el perdón y el reconocimiento simbólico de los poderes públicos, pero están lejos de conseguir los derechos por los que llevan años peleando.

Los argumentos del gobierno municipal también incluyen la posesión de una vivienda en propiedad, pero se trata de la misma casa de la que fue expulsada debido a unos daños estructurales que todavía a día de hoy no han sido reparados. La administración le reprocha que no ponga a la venta la casa, pero no tiene en cuenta que la operación requeriría del visto bueno del resto de propietarios. Igualmente, indica que la víctima "ha rechazado alternativas habitacionales voluntariamente". 

Lo cierto es que los servicios municipales le plantearon la posibilidad de acceder al alquiler de una habitación por 320 euros al mes. Pero las cuentas, explica al otro lado del teléfono, no salen. "Con unos ingresos de 480 euros mensuales y un gasto fijo de 156 en medicinas, ¿con qué como?", se pregunta. Loli se encuentra en situación de discapacidad, por lo que buena parte de sus ingresos van a parar a gastos médicos.

La entrada en la vivienda de acogida tenía carácter temporal, un plazo que se fue prorrogando en varias ocasiones. Ahí es donde se aferra ahora la justicia para avalar el desalojo: incluso el mantenimiento de una eventual situación de vulnerabilidad, zanja el tribunal, no justifica el uso indefinido de un recurso habitacional cuya naturaleza es temporal por definición. Pero tampoco hay sobre la mesa ninguna alternativa para Loli. Aunque su intención es recurrir la decisión de los jueces, si la justicia no le da la razón la única opción que tiene es volver a la casa familiar, a pesar de su mal estado y de los riesgos que entraña para su integridad.

La situación de vulnerabilidad por la que transita la víctima es indisociable de su paso por la institución franquista. Si bien las supervivientes han sido reconocidas como tal, las investigadoras que han estudiado la historia y raíces de los reformatorios creen que hacen falta más pasos hacia una reparación real del daño. "Los símbolos son importantes y ellas lo vivieron como una especie de acto de catarsis colectiva, pero es preciso un cambio en la Ley de Memoria Democrática para incluir oficialmente una reparación económica", decía recientemente la historiadora Carmen Guillén. "Les partieron la vida, condicionaron su futuro y no les dejaron estudiar", denunciaba.

En ese mismo extremo se detiene Loli. "El primer psiquiatra que me ingresa en el internado, con 12 años, lo hace para que yo prosiga mi formación. Pero eso no sucedió, nunca tuve estudios", lamenta. Así que los obstáculos laborales que ha tenido que enfrentar desde entonces están directamente ligados a lo sucedido dentro de los centros. 

Pero no todos los daños que arrastra son visibles. El Patronato reservaba un lugar especial para las chicas embarazadas. De todos los centros maternales, el más importante fue el de Nuestra Señora de la Almudena, conocido popularmente como Peñagrande. Ahí fue a parar Loli tras las violaciones perpetradas por su progenitor. A ella nadie le preguntó quién era el padre, ni si había sido producto de una agresión sexual. Lo que sí recibió fueron insultos y vejaciones constantes. Loli tuvo dos hijos siendo todavía menor de edad. Nacieron en democracia, pero la institución aún se mantenía con vida y las religiosas que regentaban los centros le obligaron a darlos en adopción. 

La víctima se pregunta de qué manera habría cambiado su futuro si no hubieran hipotecado su infancia y juventud dentro de las paredes de una institución que además mermó su salud mental, dejando secuelas que persisten hasta la actualidad. También se cuestiona la utilidad del perdón público por parte de los responsables, si al mismo tiempo le son negadas las condiciones mínimas para poder cerrar las heridas.

Las investigadoras que han decidido dedicar su tiempo y trabajo a desentrañar las raíces del consumo de prostitución, se han topado tradicionalmente con un muro infranqueable. Ni estudios, ni encuestas, ni prácticamente análisis capaces de dimensionar la magnitud de un fenómeno poco estudiado. Esta semana, el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se han aliado para tratar de arrojar algo de luz a la situación y aportar información precisa, gracias a la Encuesta Nacional de Salud Sexual. Y las cifras son claras: el 26,65% de los hombres encuestados han pagado a una mujer en situación de prostitución para mantener relaciones sexuales alguna vez en su vida. 

El sesgo de género es evidente: ellas no consumen prostitución, en prácticamente ninguna circunstancia e independientemente de su contexto. Solo un 0,3% de las encuestadas dice acceder al sexo de pago, un porcentaje anecdótico y residual.

La encuesta permite trazar el perfil del cliente de prostitución en España, a partir de los microdatos que proporciona y que han sido analizados por infoLibre. Por grupos de edad, la tendencia es clara: son las generaciones de hombres mayores quienes más acostumbran a consumir prostitución. Concretamente, los hombres que tienen entre 65 y 74 años son los que reconocen con mayor frecuencia haber pagado a una prostituta (41,6%), seguidos de los mayores de 75 años (38,9%). 

Conforme la edad disminuye, el consumo de prostitución también lo hace, pero las cifras continúan siendo llamativas. El 33,7% de los hombres de entre 55 y 64 años admiten haber accedido a la prostitución, igual que el 28,9% de aquellos que tienen entre 45 y 54 años y el 24,9% de los que cuentan con edades entre los 35 y los 44 años.

Los hombres jóvenes presentan las tasas más bajas de consumo de prostitución. El 13,3% de los varones de entre 25 y 34 años dice haberlo hecho al menos una vez en la vida, e igualmente el 4,1% de aquellos cuyas edades oscilan entre los 20 y los 24 años. Pero hay un ligero repunte entre los más jóvenes: el 7,8% de los que tienen entre 16 y 19 años dicen haber pagado a una prostituta para tener sexo. Cabe destacar que el 5% de los hombres encuestados señala que su primera experiencia sexual fue con una prostituta. 

En casi todas las franjas de edad, los clientes de prostitución han llamado a la puerta de los burdeles en más de una ocasión, excepto en el caso de los más jóvenes (16-19 años y 25-34 años), quienes en mayor medida describen un acceso aislado y puntual a la prostitución. La mayoría de los entrevistados (21%) asegura que el momento en el que pagó por última vez por mantener relaciones sexuales fue hace más de cinco años.

Si el cliente de prostitución es fundamentalmente un hombre de edad avanzada, cobra sentido que la encuesta sitúe a los jubilados y pensionistas (40%) como aquellos que más frecuentan la industria de la prostitución, solo por detrás de situaciones de inactividad sin especificar. En el reverso, los estudiantes (4,9%) son los que menores tasas presentan.

Por debajo de la media se encuentran profesiones como militares y cuerpos policiales (12,3%), así como profesionales, científicos e intelectuales (17,1%). Y por encima, el grupo de oficiales, operarios y artesanos (29,7%), junto al de operadores de instalaciones y máquinas ensambladoras (30%)

La encuesta permite aproximar la lupa a algunas circunstancias de interés, como la religión de los encuestados. Los hombres católicos presentan las mayores tasas de consumo de prostitución: así lo afirma el 30,7% de los no practicantes y el 30,2% de los practicantes. En el extremo opuesto, son los agnósticos (21,1%) y los ateos (21,4%) los que en menor medida dicen haber pagado a mujeres en contextos de prostitución. En un término medio, se sitúan los creyentes de otras religiones (26,4%) y los que no se identifican con ninguna creencia (26,2%).

En una escala de autoubicación ideológica, los hombres que presumen de posiciones más a la extrema derecha son también quienes más reconocen consumir prostitución (29,6%), pero las diferencias respecto a quienes se sitúan más a la izquierda son irrisorias (29,4%). Siendo el uno el extremo más progresista, aquellos hombres que se ubican en la categoría dos y tres son los que presentan tasas más bajas de consumo de prostitución (19,1% y 19,5% respectivamente).

La encuesta evidencia que es en las localidades pequeñas donde existe un mayor consumo de prostitución. El 29,5% de los hombres encuestados que ha pagado por mantener relaciones, pertenece a municipios con menos de 50.000 habitantes. Por el contrario, los territorios con un menor consumo de prostitución (21,5%) son los que tienen entre 100.001 y 400.000 vecinos. 

En cuanto a la pornografía, la encuesta refleja que el 71,8% de los hombres accede a contenidos pornográficos, siendo en este caso una tendencia mayoritaria entre los más jóvenes. En este caso, las dinámicas se invierten: los hombres menores de 35 años son quienes más porno consumen, una práctica que va descendiendo de forma progresiva conforme aumenta la edad de los entrevistados.

El 28,1% de las mujeres afirma haberse visto forzada a realizar prácticas sexuales no deseadas. Es decir, casi tres de cada diez mujeres reconocen haber sufrido violencia en el marco de sus relaciones sexuales. Es uno de los resultados que arroja la Encuesta Nacional de Salud Sexual, publicada este jueves por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se trata de la segunda edición del análisis global, tras más de quince años.

¿Y qué sucede con los hombres? El 13,6% admite haber tenido la sensación de obligar a su pareja, en alguna ocasión, a realizar prácticas que no quería hacer. Pero ellos también señalan haber sufrido experiencias violentas en el marco de sus relaciones, especialmente cuando sus parejas sexuales son otros varones. El 12,8% de los hombres encuestados aseguran que ellos mismos también se han sentido forzados, si bien el porcentaje se dispara en el caso de los hombres homosexuales y bisexuales, con porcentajes superiores al 39%. La inmensa mayoría de los entrevistados –9.009 personas mayores de 16 años– entiende que el hecho de forzar una práctica sexual es una forma de violencia.

El consentimiento tiene un peso clave en el análisis. El 27,6% de los hombres está de acuerdo con que algunas personas "necesitan que se les insista para tener relaciones sexuales", un porcentaje que cae al 20% cuando son ellas las interpeladas. Más de la mitad de los hombres (54,3%) cree que existe el deber de terminar un encuentro sexual una vez aceptado, si la otra persona quiere. Las mujeres, en cambio, difieren de la afirmación: el 60,5% de las encuestadas está en desacuerdo con el supuesto compromiso de llegar hasta el final siempre que ya se haya iniciado el encuentro. 

"Aunque ambos sexos rechazan mayoritariamente la coerción explícita, los hombres son más tolerantes con formas sutiles de presión sexual, y son las mujeres quienes declaran haberlas sufrido en mucha mayor medida", concluye el estudio.

El 27,5% de los hombres entrevistados reconoce haber consumido prostitución: el 17,9% dice haberlo hecho más de una vez. La encuesta revela que el 18,8% de quienes mantuvieron relaciones sexuales con penetración vaginal en contextos de prostitución no utilizaron preservativo.

El acceso a la pornografía lleva también el sello masculino. En el último año, el 72% de los hombres han visto porno, un porcentaje que se desploma hasta el 25% en el caso de ellas. El 25,4% de los varones lo hace semanalmente, el 14,5% cada mes y el 26,5% con menos frecuencia. La ministra de Sanidad, Mónica García, cree que los resultados en este epígrafe no deben derivar en discursos "alarmistas", pero sí ponen sobre la mesa la "importancia de la educación afectivo sexual", por delante de "los algoritmos y las pantallas". 

"El 91% de la población quiere que haya educación sexual y afectiva en los colegios", ha destacado la ministra, contraponiendo el apoyo mayoritario de la población a "los debates" en torno al pin parental. La encuesta evidencia que la principal fuente de información sexual proviene del colegio (29,2%), seguida muy de cerca por las madres (26,5%) y la propia experiencia (24,2%).

Un vistazo a los datos desagregados por la ideología de los encuestados desliza también resultados interesantes. El consenso en torno a la necesidad de implementar estrategias de educación sexual en las escuelas es mayoritario entre quienes se sitúan más a la izquierda (96,9%), una tasa que decrece conforme los encuestados se confiesan más conservadores, pero que también recibe apoyo por parte de los entrevistados de la extrema derecha (77,4%).

Si el profesor de un colegio religioso se dirige a su grupo de alumnos advirtiéndoles de la amenaza que entraña sentir atracción hacia personas de su mismo género, prometiéndoles redirigir su deseo e instándoles a cortar sus relaciones íntimas, es posible que a ojos de la justicia no sea autor de un delito. Tampoco quien en una misa vincule la transexualidad con el infierno, el mal y la inmoralidad. Ni aquellos que promocionen remedios sin aval científico para aliviar los supuestos males que colman el corazón de los homosexuales. La Comisión de Igualdad del Congreso deberá decidir este miércoles si pone remedio a esta situación, tipificando las mal llamadas terapias de conversión como un delito en la legislación española. Sucederá tres años después de que la conocida como ley trans se quedara a medio camino, prohibiéndolas sin perseguirlas penalmente.

En febrero del año pasado, llegaron dos iniciativas al Congreso. La primera partía de los colectivos sociales y fue rubricada por todos los grupos parlamentarios de la izquierda, salvo el Partido Socialista. Los de Pedro Sánchez decidieron semanas después registrar su propia iniciativa, dirigida a introducir las terapias de conversión en el Código Penal. Esta última fue dando pasos hasta aterrizar este miércoles en la Comisión de Igualdad. 

Con el avance de la proposición socialista, los grupos que firmaron la primera salvaron el grueso de su contenido vía enmiendas, explica en conversación con este diario el autor de aquella otra iniciativa, el abogado y presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Saúl Castro. Las enmiendas llevan en negociación desde el verano pasado y a día de hoy se ha trabajado de forma conjunta en una transaccional, pensada para incorporar "lo más importante". 

Castro cree fundamental que la propuesta legislativa ponga negro sobre blanco una "definición en negativo" de las terapias. Es decir, "lo que no son y no pueden ser", como los "tratamientos afirmativos del género", aquellos que sean "exploratorios y no estigmatizantes", a los que acceden las personas trans durante su proceso. El letrado apuesta, además, por incluir una referencia expresa al consentimiento –es decir, perseguir las terapias incluso cuando cuenten con el visto bueno de la víctima– y eliminar la necesidad de que exista una "afectación a la integridad física o psicológica", pues se trata de consecuencias "inherentes al tipo", entiende el jurista.

La primera proposición incluía medidas sociales y económicas, como alternativas habitacionales y ayudas para las víctimas, pero al tratarse la actual de una reforma estrictamente penal, este tipo de cuestiones se han quedado fuera. "Entendemos que lo prioritario ahora es aprobar la ley", asiente el abogado.

El artículo 17 de la ley trans prohíbe la "práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas". La introducción de las mal llamadas terapias en la norma fue un hito para el colectivo, pero enseguida se reveló absolutamente insuficiente.

Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBIQ+, recuerda que la propia naturaleza administrativa de la ley trans limitó, en su momento, las ambiciones del colectivo. "Aunque estén prohibidas, la sanción es una multa", asiente. A su juicio, es preciso ahora dimensionar el problema y dar un paso más hacia su persecución penal. "La mayoría de los espacios donde se ejercen tienen la capacidad de hacer frente a esas multas", en parte porque tienen "apoyo financiero de fundaciones privadas" y están integradas en "estructuras que pertenecen a redes internacionales ultras". 

Castro pone el foco en las víctimas: "Si no está en el Código Penal, es porque no es un delito y por tanto los perjudicados no tienen la condición de víctimas", una traba absoluta a la hora de acceder a una protección real y garantista. "Tiene que haber un delito que legitime sus derechos como víctimas", completa.

Para el letrado, la tutela administrativa "no funciona porque es dispositiva", las consejerías de cada comunidad deciden "si quieren o no iniciar un expediente sancionador y las víctimas no tienen derecho a recurrir esa decisión, porque en realidad no son víctimas", añade. La potestad sancionadora es en realidad "una prerrogativa de los poderes públicos", pero no tanto un derecho de las personas afectadas. 

En ese contexto, no existe la obligación de comparecer, no hay una investigación a fondo y no siempre se recaban las pruebas necesarias, un extremo fundamental porque se trata de "violencia que tiene lugar casi siempre en espacios privados, revestida de una supuesta libertad ideológica o religiosa". Las sanciones, con la legislación actual, son "meramente pecuniarias, ni siquiera se acuerda el cierre del negocio, ni se impide la práctica posterior de las conductas sancionadas", por lo que no hay sobre la mesa prácticamente ningún "elemento disuasorio para que los perpetradores dejen de hacerlo", advierte el abogado.

En la Comunitat Valenciana, cinco exalumnos denunciaron al que fuera su profesor en el colegio concertado Madre Josefa Campos de Alaquàs. Aseguraban que el religioso había mantenido a lo largo de los años una estrategia milimétricamente pensada para corregir la orientación sexual de los adolescentes a los que se dirigía, también en su puesto en el centro diocesano de orientación familiar Mater Misericordia. La Fiscalía abrió diligencias en julio de hace ahora dos años y, meses después, denunció al profesor, al entender que los hechos podían ser constitutivos de un delito de odio.

En enero del año pasado, el Ministerio de Igualdad anunció su intención de abrir un expediente contra siete diócesis por promocionar cursos y talleres que prometían "recuperar" la heterosexualidad tras "encuentros" con Jesucristo. Así lo decidió después de una denuncia interpuesta por la asociación que preside Castro. Se trata de la primera denuncia al amparo de la ley trans estatal. Igualdad todavía no ha iniciado expediente sancionador, afirma el abogado, porque al tratarse de una norma de nueva implantación, los tiempos no son todo lo ágiles que sería deseable. 

En Navarra, el centro Vida Nueva ha sido denunciado después de que el diario Newtral destapara las prácticas ejercidas en el seno de lo que las víctimas han acertado a calificar como secta, marcada por un clima de control y anulación de la voluntad, la práctica de supuestas terapias para infligir tortura sobre las internas y la eventual realización de exorcismos para liberarlas de los "demonios" de la homosexualidad.

Y a principios del presente mes de junio, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la investigación de Elena Lorenzo, conocida como coach de identidad, por toda una serie de artículos y vídeos en los que no solo patologiza la homosexualidad, sino que promociona acciones correctivas. "El auto es importante, porque indica que cualquier acompañamiento que proponga una corrección de la homosexualidad es inherentemente contrario a la dignidad de las personas y, por tanto, podría ser delito", afirma Castro.

A nivel internacional, el escenario no es precisamente alentador. A mediados de mayo, la Comisión Europea manifestó su intención de instar a todos los Estados miembros a "prohibir las prácticas de conversión" para que las personas del colectivo puedan vivir su vida "libres de violencia". No obstante, se trata de una mera recomendación que echará a andar el año que viene, pero no aterriza ninguna estrategia en materia de políticas públicas para garantizar que la recomendación sea realmente efectiva. Según un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 24% de las personas LGBTIQ+ de la Unión Europea ha sido víctima de este tipo de prácticas.

Y en Estados Unidos, punta de lanza del avance reaccionario, el Tribunal Supremo anuló el pasado mes de marzo la prohibición de las terapias de conversión en menores en el Estado de Colorado. El fallo daba la razón a una terapeuta cristiana que impugnó la ley que vetaba estas prácticas. Precisamente otra de las investigaciones abiertas en suelo español va dirigida contra la organización estadounidense Courage International. La entidad cuenta con delegaciones en España y ha sido señalada por practicar terapias para "restaurar la orientación sexual", replicando los doce pasos de Alcohólicos Anónimos y adaptándolos a la anulación de la homosexualidad. Castro presentó una denuncia contra la organización, actualmente pendiente de incoación.

El comité clínico que en la Comunidad de Madrid tiene la última palabra sobre los abortos a partir de la vigésima segunda semana de gestación y siempre que el feto esté afectado por una enfermedad muy grave, rechaza ya un tercio de las peticiones que evalúa. La tasa, correspondiente al año pasado, es la mayor registrada en la región en los últimos cinco años. 

Para entenderlo hay que echar un vistazo a la interrupción por causas médicas, lo que incluye distintas situaciones contempladas en la norma. Entre ellas, la detección de anomalías fetales incompatibles con la vida, recogidas en un "dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención", o también cuando se detecte en el feto una enfermedad "extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico". 

Dicho comité, también según la ley, estará compuesto por un "equipo pluridisciplinar" formado por "dos integrantes del personal médico especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra", teniendo la paciente la posibilidad de elegir a uno de estos especialistas. 

Según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, en el año 2021 al comité llegaron 37 peticiones de mujeres que querían interrumpir su embarazo por estos motivos, en un estado avanzado de gestación y atravesadas por un pronóstico demoledor. Ocho de ellas obtuvieron una evaluación desfavorable. Es decir, el 21% se topó con la negativa de los expertos. El año pasado, los casos examinados se incrementaron hasta los 42 y los que fueron rechazados ascendieron a 14: un tercio del total (33,3%). En lo que va de año, han sido aprobados cuatro y rechazados tres. Un escenario que denuncia Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea de Madrid: "Asistimos a un aumento de los casos rechazados, la situación va cada vez a peor".

Jordi Baroja es director adjunto de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius. A sus puertas han llamado centenares de mujeres en los últimos tres años, en el marco de la campaña Més 22. Se trata de mujeres que han recibido la negativa del comité clínico de su comunidad, o a quienes los propios profesionales han recomendado intentarlo en otro territorio, ante la previsible dificultad de conseguir el visto bueno de los miembros del comité que les correspondería inicialmente. 

"Atendemos a una media de una o dos mujeres cada semana, habitualmente son situaciones que han pasado las 22 semanas y hay algún tipo de anomalía fetal", expone al otro lado del teléfono. Muchas de ellas, comenta, se topan con un "laberinto y no saben bien qué hacer, otras tienen información previa de que el comité no les va a tender la mano". La asociación les asesora y les acompaña, también les explica que a partir de la semana vigésima segunda "su cuerpo ya no es suyo, sino que depende de un comité clínico". 

Baroja insiste en aclarar que, a falta de datos globales, no detecta una comunidad concreta con mayores tasas de rechazo y desplazamiento posterior, sino que muchas veces se trata de un "mal endémico", casi siempre producto de la propia redacción legislativa y de su interpretación posterior. Determinar la viabilidad de un embarazo cuando existe una enfermedad "incurable o extremadamente grave es algo tremendamente subjetivo", sostiene. 

"No hay consenso ni entre los comités sobre cuáles son las patologías que deberían entrar en esa categoría", añade. En algunas comunidades es prácticamente imposible que se acepte la interrupción del embarazo cuando existe síndrome de Down o acondroplasia, pone como ejemplo, pero en otras esos mismos supuestos sí son aceptados, así que existe una disparidad palpable. 

En ese punto sitúa el foco José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). En primer lugar, la ley contempla dos situaciones distintas en su articulado. Por un lado, habla de "anomalías fetales incompatibles con la vida" recogidas "en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista"; por otro lado, contempla toda "enfermedad extremadamente grave e incurable" que debe estar confirmada por un comité clínico. "Algunas comunidades entienden que es el mismo supuesto y que ambos deben pasar por el comité", cuando en realidad es la segunda de las situaciones descritas la que debe cumplir con ese requisito", sostiene el experto. "Ese es el primer filtro limitativo".

Si existe una enfermedad "incompatible con la vida", no sería necesaria la evaluación de un comité, porque existe un diagnóstico previo y se trata de datos objetivos, añade Bosch. Un extremo que algunas comunidades no tienen en cuenta. En el caso de las enfermedades incurables, se trata de situaciones con un mayor margen de interpretación, por lo que se introduce el filtro del grupo de expertos. Un equipo de profesionales a los que se presupone rigor científico, apuntala el jurista, pero que en ocasiones están marcados por "valoraciones éticas o morales". Y por eso, añade el experto, en algunas comunidades incluso los médicos que tratan con las mujeres aconsejan llamar a la puerta de otro comité.

Cuando esto sucede, muchas mujeres van a parar a la asociación de Baroja. "Hemos visto un mismo caso que ha sido rechazado en una comunidad y después aprobado en otra distinta", lo que demuestra, asiente, que se trata de un asunto "muy subjetivo". Aunque el marco normativo no lo indica expresamente, la ley no prohíbe que cualquier mujer active un comité de otra comunidad. Cataluña está entre las primeras opciones, sospecha el portavoz de la organización, porque el trámite se puede realizar por internet, mientras que en otros territorios es "mucho más laberíntico". 

En cada comunidad debe existir, al menos, un comité clínico en un centro de la red sanitaria pública, cuyos miembros son designados por las autoridades sanitarias competentes. En Madrid, la actual composición mantiene a dos de los miembros ya presentes en el anterior comité clínico, Manuel Sánchez Luna y Miguel Ángel Huertas. El tercer integrante es Santiago Ignacio Lizarraga, actual jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Gregorio Marañón. 

Lizarraga, denuncia Morales, formó parte del cuadro médico de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, "asumiendo un código deontológico totalmente ligado al Opus Dei". Según su propia página web, todos "cuantos trabajan en la clínica han de actuar de acuerdo con las normas de la ética profesional, conforme a las enseñanzas morales de la Iglesia Católica". La diputada lamenta que a día de hoy "no es posible saber a ciencia cierta" si alguno de ellos es objetor de conciencia.

La orden de renovación se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a mediados de febrero, precisamente antes de que la justicia obligara a la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso a poner en marcha el registro de objetores que exige la ley. Este extremo no es anecdótico, pues ninguno de los miembros del comité podrá figurar en el registro, ni en la actualidad ni en los últimos tres años, tal como introdujo la reforma a la Ley del Aborto. Pero Madrid no tiene registro, así que no hay forma alguna de saber si alguno de los componentes del comité es objetor. 

El requisito incorporado por la reforma "es elemental", opina Bosch. A juicio del experto, resulta clave que el comité no esté "atravesado por la ideología" de los profesionales que lo integran. Pero sin registro, las autoridades podrán designar a quienes consideren sin tener este elemento en cuenta. Por el momento, el plazo de consulta pública ha finalizado ya, "pero no hay previsión alguna de cuándo se aprobará la orden", denuncia la parlamentaria socialista. 

A todo ello se suma una gran barrera en lo que respecta a los derechos de las mujeres: la falta de información. "Hay un desconocimiento generalizado entre las mujeres en cuanto a tener un médico designado por ellas en el comité clínico", percibe Bosch. Un desconocimiento que el experto achaca, en todo caso, a los poderes públicos y a quienes asesoran a las mujeres en todo el recorrido.

Evitar que el pitido que marca el final del partido preceda a una explosión de violencia contra las mujeres. Es el objetivo que persiguen las organizaciones que han puesto en marcha campañas de sensibilización y prevención de cara al Mundial de fútbol 2026. Expectantes y ansiosas de celebración, millones de personas recorrerán durante algo más de un mes los tres países que serán sede del gran evento deportivo a partir del próximo jueves: Estados Unidos, México y Canadá. Con este telón de fondo, hay quien ha puesto la mirada en el entramado de violencia que muchas veces pasa desapercibido en medio del tumulto. 

"Mientras el Mundial 2026 se promociona como símbolo de orgullo internacional, turismo y desarrollo económico, las violencias contra las mujeres continúan ausentes de gran parte de la conversación pública", señala la red de organizaciones que ha diseñado la campaña feminista en México. 

No es la primera vez que entidades de todo el mundo ponen la lupa sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres en los grandes eventos deportivos. En julio de hace ahora ocho años, el Centro Nacional para la Violencia Doméstica del Reino Unido confeccionó una campaña poniendo el foco en esa violencia oculta. "Mientras la fiebre del fútbol se extiende por todo el planeta, muchos prefieren no enfrentarse a la incómoda verdad que ensombrece el deporte favorito del mundo", trazaban sus autores. Y advertían: la violencia contra las mujeres y la Copa del Mundo "están estrechamente relacionadas".

La afirmación venía sostenida con datos concretos. El estudio ¿Puede relacionarse el Mundial de fútbol de la FIFA con un aumento de la violencia doméstica?, publicado por la Universidad de Lancaster (Reino Unido), analiza incidentes de violencia machista denunciados a la policía en el noroeste del país durante los mundiales de 2002, 2006 y 2010. El informe, pionero en la materia, concluye que el riesgo relativo de violencia machista aumenta un 26% cuando la selección inglesa gana o empata, un porcentaje que se dispara hasta el 38% en caso de derrota. El mismo análisis detecta un incremento del 11% durante el día siguiente al partido, independientemente del resultado.

No se trata de un escenario excepcional. Según un informe elaborado en 2023 por ONU Mujeres, "en todo el mundo, las denuncias policiales por violencia doméstica aumentan" durante grandes eventos deportivos y en algunos territorios "el incremento es superior a un tercio".

El análisis feminista lleva tiempo estudiando el impacto de los llamados factores estresantes en contextos de violencia de género. A las causas estructurales que alimentan la violencia, se suman una serie de detonantes situacionales muy concretos que pueden desencadenar episodios de violencia extrema. Ocurre, por ejemplo, durante las vacaciones estivales, en situaciones de mayor convivencia y en momentos de ola de calor. El verano no es la causa principal de la violencia, pero sí puede dispararla.

Con las grandes competiciones deportivas ocurre algo similar. "Existe una constatación objetiva, documental y científica de que hay un incremento", asiente el médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente. Para empezar, introduce, por el simple hecho de que se produce una enorme concentración de gente, como sucede en otros grandes eventos de ocio.

"La concentración alrededor de la celebración es una especie de exaltación de las masculinidades" en un contexto de "hombres competitivos, famosos y que buscan enfrentarse unos con otros para salir victoriosos", perfila el exdelegado. Si en un contexto de ocio masivo, como festivales, fiestas populares y ferias se activan puntos violeta y campañas específicas porque se produce una "exaltación de la masculinidad, en una convocatoria en la que precisamente esa masculinidad está en el centro la alerta debe ser mayor".

En ese punto concreto se detiene el análisis Grandes eventos deportivos y violencia machista: una reivisión sistemática, cuyas autoras examinan la literatura científica existente y aterrizan cómo los grandes eventos deportivos pueden funcionar como elemento de riesgo en aquellas situaciones en las que ya existen dinámicas previas de abuso.

Lorente aprecia, partiendo de esa base, dos factores clave que pueden tener incidencia directa en los índices de violencia machista: las dinámicas de grupo y el alcohol. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye el consumo nocivo del alcohol como uno de los factores de riesgo en lo que respecta a la violencia machista: "El consumo excesivo de alcohol contribuye a la comisión de actos violentos, incluido un mayor riesgo de violencia de pareja y agresión sexual", señala la organización.

El artículo Fútbol, alcohol y violencia machista, analiza datos relativos a llamadas policiales durante ocho años en Reino Unido, concluyendo que "los partidos de fútbol cambian la dinámica en lo que respecta a la victimización por violencia machista el día del partido". Según el análisis publicado hace dos años, la violencia se disipa durante el encuentro deportivo, pero alcanza su punto máximo entre ocho y diez horas después. El motivo es que "los partidos comienzan más temprano y el agresor se encuentra bajo los efectos del alcohol", existiendo por tanto un "aumento acumulativo general de la violencia".

Las grandes competiciones deportivas "siguen siendo eventos liderados por masas de hombres heterosexuales" que son copartícipes de las "lógicas del ganar y perder", expone la doctora en género y especialista en violencias sexuales Bárbara Tardón. "A la masculinidad hegemónica le encanta competir, pero no soporta perder", afina. Y en ese contexto, los grandes eventos deportivos y "las frustraciones respecto a las expectativas son detonantes del ejercicio de la violencia en pareja o en entornos de ocio". Surge entonces una suerte de cóctel perfecto, no porque la competición deportiva sea por sí misma causa de la violencia, sino porque "se concibe el disfrute de ese evento deportivo en base a un sesgo de género liderado por la masculinidad hegemónica".

Y ahí entra en juego el grupo. El ejercicio de la violencia se ve alimentado por escenarios de celebración, éxtasis y entusiasmo compartido, en los que se produce un "reconocimiento entre iguales, la tendencia a seguir lo que hace el grupo y la sensación de que se diluye la responsabilidad", expone el médico forense. Durante el Mundial de Rusia de 2018 se sucedieron una serie de episodios específicos de acoso a las mujeres periodistas que cubrían el evento. La violencia fue entonces muy visible, con besos, tocamientos y comentarios por parte de aficionados ante las cámaras y la complicidad de quienes lo presenciaban.

Otro ejemplo relacionado con la desinhibición de los agresores está en el caso de la agresión sexual perpetrada por Luis Rubiales contra Jennifer Hermoso. La defensa del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol no dudó en utilizar la euforia y la alegría como baza para desacreditar a la víctima. "No se gana un mundial todos los días", llegó a afirmar el condenado durante el juicio.

"Hablar de descontrol es una de las estrategias para justificar la violencia", expone Lorente. Algo así como el hombre "al que se le va la cabeza o que no supo controlarse". Coincide Tardón: "Forma parte de la excusa recurrente de la ideología patriarcal para justificar por qué se agrede a las mujeres". En ese marco, es habitual una "reinterpretación y manipulación" del contexto, de manera que "cuando se pierde, agreden porque están frustrados; y cuando ganan, porque están eufóricos", ignorando que en realidad "son ellos los que eligen ejercer esa violencia". 

"Las impresionantes esposas y novias de las estrellas", "las mujeres más estilosas" o "las mujeres de los futbolistas europeos más buscadas en la red", son algunos de los mensajes que difunden medios de comunicación al calor de los grandes eventos deportivos. "Son ambientes especialmente propensos a la cosificación y la sexualización de las mujeres, incluso antes de que empiece el campeonato", analiza Lorente, quien sitúa como ejemplo más claro el tratamiento mediático en torno a las denominadas wags –término con el que se conoce a las mujeres y novias de los futbolistas, por su acrónimo en inglés–. "Ahí se les empieza a dar un valor añadido a las mujeres en función de la satisfacción de los hombres", sostiene el exdelegado.

El estudio Tratamiento informativo de las esposas y novias (wags) de los deportistas en la prensa digital deportiva española, concluye que en los cuatro diarios digitales españoles con mayor número de lectores, "existe un desigual tratamiento entre mujeres y hombres", no solo a nivel cuantitativo, sino también cualitativo. Ellas son definidas "por su vida sentimental y esfera privada, presentándolas con patrones de feminidad tradicional basados en la belleza y el apoyo al varón", pero también como "mujeres fatales". Ellos, en cambio, "representan un ideal de masculinidad hegemónica", expresado en el "reconocimiento de sus logros deportivos y adjetivos que alaban su profesionalidad".

Este mismo año volverá a ser protagonista la paraguaya Larissa Riquelme, quien en el Mundial de 2010 fue bautizada por los medios como La novia del Mundial, haciéndose internacionalmente conocida. Hoy, los medios celebran su regreso a las gradas sin cuestionar el sentido, las raíces y las connotaciones de aquel sobrenombre.

La deriva machista no es intrínseca a los ambientes masculinizados, pero lo cierto es que tradicionalmente el mundo del fútbol sí ha estado íntimamente ligado a estereotipos de género y expresiones misóginas. También a pequeña escala: a mediados de mayo, un club de fútbol valenciano celebró la victoria de su equipo juvenil, en el que participan menores, con una stripper en el polideportivo municipal. Tardón cree que el análisis feminista no puede "obviar una realidad: que determinadas disciplinas deportivas están atravesadas por una estructura patriarcal" y eso tiene consecuencias. Ante ese escenario, la experta apuesta por "transversalizar políticas de género en el deporte" y evitar así que las mujeres no solo se queden fuera de ciertas competiciones, sino que además puedan formar parte de los espacios de celebración sin miedo a ser violentadas, invisibilizadas o sexualizadas.

Gustavo Fuentes, director general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), ha sido imputado como presunto autor de delitos de agresión y acoso sexual, según ha adelantado esta semana elDiario.es. La víctima relata episodios de violencia sostenida en el tiempo –con tres agresiones específicas en 2013, 2021 y 2023– y humillaciones a los ojos de todos, según acreditan sus propios compañeros. Y las empresas responsables de velar por la seguridad de su trabajadora se excusan aludiendo a la existencia de protocolos de prevención a los que jamás llegó ninguna denuncia. 

Así lo señaló el martes Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) mediante un comunicado: su protocolo de actuación contempla "mecanismos de actuación aplicables" a supuestos que afecten a personas vinculadas a empresas externas, como es el caso de la productora. ADM es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía y que está, además, asociada a la RTVA. El ente público, su principal comprador institucional de contenidos, subraya que no le "consta" la presentación de ninguna "denuncia interna" en relación con los hechos publicados. 

Por su parte, la productora ha decidido suspender al presunto responsable, basándose en "los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones" y solo una vez los hechos quedaron en manos de la justicia. Es decir, cuando el daño llevaba más de una década instalado en el entorno laboral. 

Ambas entidades presumen de sus protocolos, pero ¿han sido útiles para la víctima? Esa es, precisamente, una de las cuestiones que con más insistencia plantean desde los sindicatos. Todas las empresas, con independencia del tamaño de su plantilla, tienen la obligación legal de establecer medidas de actuación, protección y prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo. La no adopción de estas medidas supone una infracción del ordenamiento jurídico. 

La ley de igualdad de 2007 obliga a las empresas a "promover condiciones de trabajo que eviten" el acoso sexual y por razón de sexo, un imperativo que años después quedó ampliado a la necesidad de impedir todo tipo de "delitos y otras conductas contra la libertad sexual", gracias a la conocida como ley del solo sí es sí. Además, España ratificó en el año 2022 el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El principio obliga a todos aquellos que lo suscriban a adoptar medidas de prevención, protección, control y reparación frente a estas conductas. 

Samuel Ortega, secretario de Organización en la sección sindical de UGT en RTVA y miembro de la Comisión de Igualdad de Canal Sur, recuerda la responsabilidad del ente público en lo que respecta a aquello que sucede en el seno de las empresas que prestan servicios para la televisión autonómica. En ese contexto, destaca que los miembros de la Comisión de Igualdad "siempre" han pedido, sin éxito, acceder y examinar los protocolos vigentes en las compañías que están en su órbita. 

"Es importante poder ver qué formación existe, cuáles son las medidas contempladas, quiénes son los miembros de los comités de denuncia y saber si la gente está informada", incide. Sin todos esos elementos, la mera existencia de los protocolos se revela insuficiente. 

"Si el protocolo no funciona, lo que hay que hacer es ponerlo a funcionar". Habla Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres de Comisiones Obreras (CCOO). Pero, sobre todo, asiente en conversación con este diario, la responsabilidad de las empresas debería ser "preguntarse por qué no ha funcionado el protocolo" y no excusar su inacción en la falta de denuncias, especialmente cuando la obligación de toda compañía pasa, en primer lugar, por la prevención y la detección. "Las mujeres no denunciamos cuando queremos, sino cuando podemos y como podemos", recuerda la responsable sindical. Señalar directamente a la ausencia de denuncias no solo parece ser una "excusa de alguien que no quiere involucrarse", sino que además "sitúa la responsabilidad en la víctima". 

Coincide Glòria Poyatos, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. "Volvemos a cargar todo el peso en la víctima", lamenta, una dinámica que pese a ser señalada constantemente por las expertas feministas sigue siendo dolorosamente frecuente. En oposición, la jueza cree importante "integrar en las empresas la obligación de que la denuncia no recaiga solamente en la víctima", en parte porque las mujeres no siempre encuentran una respuesta ágil, garantista y respetuosa en los mecanismos trazados por la propia compañía. 

Poyatos cree que, en términos generales, asistimos a un "cumplimiento más formal que real respecto a la legislación" en materia de prevención del acoso y la violencia sexual, lo que "dificulta mucho la detección y la toma de decisiones para impedir que la salud de las trabajadoras se vea afectada". Las empresas, completa, deben desarrollar una "diligencia activa en materia de prevención, no actuar como meras espectadoras", más aún en casos como el presente, cuando se trata ya no solo de salud laboral, sino de un posible delito.

"Cualquier espacio en el que una mujer interactúe con un hombre tiene que ser valorado desde un punto de vista de prevención de la violencia sexual a la que se expone", añade la jurista, por lo que el deber de las empresas pasa por saber "valorar ese riesgo que existe en los puestos de trabajo" con el fin de poder evitarlo. 

Las conductas denunciadas por la reportera de la productora sucedían a ojos de la mayoría. Los comentarios sexistas, misóginos y discriminatorios los pronunciaba el presunto agresor en público, sin pudor alguno y ante el silencio cómplice de quienes escuchaban, según se ha publicado este miércoles. Pese a que la violencia trascendía del ámbito privado, nadie activó los protocolos.

Uno de los testimonios recogidos por elDiario.es señala directamente al director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, como conocedor directo de las conductas denunciadas. El relato recogido parece evidenciar que la violencia era conocida no solo por compañeros y superiores de la productora, sino por cargos de responsabilidad dentro de la propia televisión autonómica. 

El protocolo de RTVA, consultado por este diario, indica que "en caso de hallarse implicado personal laboral de una empresa externa que esté prestando un servicio" para la cadena, se aplicarán "los medios de coordinación necesarios para llevar a cabo la investigación y adoptar las medidas más idóneas y urgentes que den solución al problema planteado y eviten su repetición". 

"La sociedad no puede mirar para otro lado, tiene que hacer red, formar, concienciar y hacer llegar a todas las personas trabajadoras el mensaje de que es necesario tener los ojos puestos en todas las compañeras", exclama Carolina Vidal. Si hay una herramienta para terminar con la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo, más allá de la existencia necesaria de los protocolos, esa no es otra que "la presión de la plantilla", concluye la sindicalista.

"Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano?". Las palabras fueron pronunciadas por el papa León XIV este lunes en la sede de la soberanía popular, la misma cámara que hace 17 años se unió para consagrar legislativamente el aborto como un derecho irrenunciable de las mujeres. Ya entonces, la Iglesia católica se consolidó como la principal voz discordante en el avance de los derechos reproductivos, situando la interrupción libre del embarazo como enemigo a batir. Casi dos décadas después, las palabras del pontífice resucitan un debate que se creía resuelto en suelo español, alentado por un contexto internacional de avance reaccionario que busca resucitar viejos fantasmas.

El movimiento feminista que ha peleado tradicionalmente por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se encontró respaldado, allá por el año 2009, por el consenso social. Trazar una ley garantista y amplia no era una batalla residual, sino una demanda de la mayoría. Frente a ese sentir mayoritario, se situó la Iglesia. La Conferencia Episcopal dijo de la ley que era "objetivamente incompatible con la recta conciencia moral" y comenzó a hablar de "ideología abortista y de género".

Los obispos reforzaron su narrativa en defensa de "quienes tienen derecho a nacer" y también escenificaron una supuesta preocupación por las mujeres que necesitaban apoyo para no ser "víctimas del aborto". Advertían de los peligros de confundir "la injusticia con el derecho" y no dudaron en sostener algunas de las pancartas que así lo expresaron en las calles. La ley del aborto de 2010 salió finalmente adelante y colocó a España en la vanguardia de los derechos reproductivos. A pesar del avance legislativo, los líderes religiosos no han adaptado su discurso a la realidad social de su tiempo, y ante cada mejora en el plano político, como la reforma de la ley aprobada hace ahora tres años, han vuelto a sacar las garras.

Aquellos argumentos han sido gasolina para los grupos antiabortistas, los mismos que todavía hoy se sitúan frente a las clínicas de interrupción del embarazo para hostigar, amedrentar y violentar a las profesionales y mujeres que deciden atravesar sus puertas, desafiando la legislación vigente. El Código Penal contempla como delito el acoso frente a estos centros privados, en un contexto en el que abortar sigue sin ser un derecho garantizado en la red de hospitales públicos. 

Pero si hoy existe preocupación por las palabras de León XIV, aplaudidas por el grueso de los parlamentarios, es por el telón de fondo en el que se enmarcan. El discurso de buena parte de los líderes políticos a nivel internacional pasa por cuestionar o arrinconar el aborto como derecho. Ya no se trata solo de rosarios, sino también de políticas públicas.

España se resiste al retroceso, pero desde hace años emergen cíclicamente intentos de cuestionar lo que es hoy un derecho consolidado. Sucedió en diciembre de 2024, al calor de la cumbre antiabortista celebrada en el Senado, en la que líderes ultras de todo el globo se dieron cita para clamar contra la "perversidad" del aborto. En aquel enclave participó el exministro del Partido Popular Jaime Mayor Oreja, un habitual en la difusión de los mensajes ultracatólicos contra el aborto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha decidido dejar en vilo a millones de madrileñas que en los últimos años asisten atónitas a un retroceso que ya no es meramente discursivo, sino material. Madrid es la única comunidad que se ha opuesto firmemente a cumplir la legislación, poniendo resistencias a la creación de un registro de objetores tildado por la presidenta regional como "lista negra". En paralelo, la líder conservadora acaba de aprobar el proyecto de ley para considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar, una apuesta política que tiene mucho que ver con los postulados de la Iglesia.

Pero si hay un partido que defiende sin matices las tesis antiabortistas, ese es Vox. La formación de Santiago Abascal plantea, como eje central de su proyecto político, "el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural". Los ultras son los responsables de exportar iniciativas idénticas a las puestas en marcha en otros países europeos, como la perversa propuesta de escuchar el latido fetal dirigido a las mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo.

En la actualidad, tanto la derecha como la extrema derecha se han dado la mano a la hora de plantear enmiendas a la totalidad contra la reforma para blindar el derecho al aborto en la Constitucional. Todas ellas fueron rechazadas. 

En el Congreso, a la intervención del papa le siguió un sonoro aplauso. Pero fuera de sus pasillos, no fueron pocos quienes se pusieron en guardia y advirtieron de los riesgos que conlleva normalizar un discurso diametralmente opuesto a los derechos de las mujeres.

Teresa Sáez reconoce preocupación. "Me parece una incoherencia", asiente la activista feminista al otro lado del teléfono, permitir tal negación de los "derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, sobre todo en un contexto en el que toda una legislación lo avala". Es, a su juicio, peligroso. Especialmente teniendo en cuenta un contexto internacional que se empeña en "volver a llevarnos al punto de partida, a reabrir debates de hace 40 años".

Para la feminista Alicia Miyares, la posición expresada por el papa es sencillamente "doctrinal" y sigue la línea fielmente reproducida durante años por la Iglesia. No obstante, sí cree que existe una negación sistemática de las mujeres y sus derechos por parte de los líderes religiosos. "La Iglesia no se siente cómoda con las mujeres, existe una omisión constante y dentro de su seno están en una posición de subordinación", analiza. 

La cuestión no tiene tanto que ver con la posición expresada por el pontífice, sino con el silencio posterior y sus implicaciones a nivel político. El movimiento feminista se pone en guardia, igual que lo hizo ante la gran amenaza de retroceso protagonizada por el Partido Popular durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2014, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, propuso recuperar el espíritu de la ley de supuestos de 1985, obligando a las mujeres a justificar su decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo.

Entonces, feministas como Alicia Miyares pusieron rumbo a Madrid, decididas a llenar las calles. El llamado Tren de la libertad congregó a decenas de miles de mujeres que se manifestaron para pedir la retirada del anteproyecto de ley con el que Mariano Rajoy quería modificar la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo y también la dimisión del entonces ministro de Justicia. Consiguieron ambas demandas.

Cada vez que sobrevuela una amenaza de regresión, las feministas se atrincheran en la movilización que pasó enseguida a ser un hito histórico del movimiento. "En materias como estas, estamos fuertes para volver a hacerlo", dice convencida Teresa Sáez. Aunque la activista reconoce que el feminismo no está "permanentemente organizado", sí cree que mantiene intacta la capacidad de responder ante un asunto clave como el derecho al aborto. "Vivimos en el día a día de las mujeres y sabemos que nos va la vida en ello", asiente. 

A Júlia Salander (Barcelona, 1994) suelen decirle que no esté tan enfadada, que no exteriorice la rabia, que por qué no toma aire, sonríe y se calma. Para la politóloga y divulgadora feminista, el enfado no solo es legítimo en un contexto de avance ultra, sino que su negación es una de las muchas estrategias del machismo para disciplinar a las mujeres y que así sean más dóciles, menos molestas. Pero el feminismo, si no incomoda, pierde su razón de ser. 

La activista feminista, autora de Tu argumentario feminista en datos y Fuego al machismo moderno, recibe el Premio Joven infoLibre 2026 a la Igualdad —si quieres acudir a la gala aquí te contamos cómo puedes hacerlo— en un momento de auge reaccionario en el que las fuerzas de extrema derecha han decidido poner en el foco a las mujeres. Ella coge aire, pero no lo hace para dejar de hablar, sino para desafiar al silencio, desmentir bulos, visibilizar la realidad de las mujeres y poner nombre a las violencias que las atraviesan. 

Asistimos a numerosos análisis que sitúan a los jóvenes como especialmente vulnerables a los discursos de extrema derecha. ¿Coincide?

Cuando vamos a los datos, vemos que partidos como Vox tienen un porcentaje mucho más amplio de jóvenes que les votan. Hay sectores que siguen a Vito Quiles o a Alvise Pérez y esa masa más a la extrema derecha está compuesta en gran medida por chavales jóvenes. Entonces creo que hay una parte del fenómeno que es cierto. Una de las explicaciones del por qué a la gente joven le mueve más este tipo de discursos, tiene que ver con que se instrumentaliza en redes sociales. Las redes son uno de los vehículos para que estos discursos calen y además son discursos que te polarizan, hay un proceso de radicalización. El malestar de los chavales encuentra salida en el odio, porque el odio es una emoción que te moviliza mucho. Y cuando se van señalando colectivos como los responsables de tu malestar, ellos lo acogen. Además, ser antisistema antes era ser de izquierdas, pero ahora parece que lo que se sale de lo políticamente correcto es ser facha. Parece que esta provocación que consiguen es a través de discursos de odio. 

Habla de hombres jóvenes. ¿Qué pasa con las mujeres? Las chicas jóvenes estuvieron muy presentes en las grandes movilizaciones del 8M, ¿pero ahora? ¿Siguen ahí?

Las militancias van cambiando. Ahora mismo cuesta mucho movilizar a la gente, lo estamos viendo cada 8M con manifestaciones con cada vez menos gente. No sé si el movimiento feminista está en crisis, pero sí creo que hay profundos cambios, en parte porque existe un descrédito muy grande a nivel mundial. Hay un auge brutal de la extrema derecha y de los discursos reaccionarios que van a atacar al feminismo. Hemos ido consiguiendo derechos y al final el sistema reacciona. Además asistimos a un discurso que me molesta a nivel conceptual, esta idea de responsabilizar al feminismo del auge de la extrema derecha en los chavales. Aquello de que el feminismo ha llegado demasiado lejos. Es una frase que me hace gracia, porque nadie diría que la democracia o la paz han llegado demasiado lejos. El feminismo lo que busca es erradicar la violencia que sufrimos las mujeres y en consecuencia conseguir la igualdad. ¿Qué es llegar demasiado lejos en conseguir la igualdad? Ojalá lleguemos lo más lejos que se pueda.

¿Son las redes sociales una herramienta que puede servir de alianza o es terreno enemigo?

Yo creo que sirven sobre todo para globalizar el movimiento feminista. Yo me entero de cosas que pasan en Argentina gracias a las redes sociales, gracias a que sigo a activistas feministas de allí y me entero de lo que ocurre. También pasa con Palestina. Las redes sociales, en esencia, son positivas. También es cierto que al final son empresas privadas y no son neutrales, como tampoco lo es el algoritmo. Pero yo misma hago divulgación en redes, principalmente, y la gente a la que yo consigo llegar es gracias a ellas. Yo todas las cuentas que sigo son cuentas politizadas, activismo de cualquier tipo. Pero depende de cómo entrenes tu algoritmo: te pueden salir gatitos o te pueden salir señores machistas. Creo que sí hay una parte muy importante dentro de las redes donde se mueve un activismo muy fuerte. Yo tengo vídeos con millones de visualizaciones y eso me parece una locura. 

Y entre esos millones, ¿recibe violencia?

Sí, pero me protejo mucho. Mi forma de protegerme es no leer comentarios o mensajes. Disfruto mucho de la divulgación, pero lo que más disfruto es estar en mi casa haciéndome mi guion. Y una vez subo el vídeo, intento protegerme. Obviamente mi contenido es polémico, el feminismo que no incomoda es marketing y yo sé que mis discursos generan controversia, porque me mojo. Así que recibo mucho odio de sectores de extrema derecha. Aquí creo que las redes sociales tienen una responsabilidad muy importante.Si Instagram me censura un pezón al segundo, es porque tiene herramientas para detectar, censurar y poner sus políticas como plataforma. ¿Entonces por qué estás permitiendo que vengan cien tíos a insultarme? Las propias plataformas toleran el bullying.

En sus redes ha hablado del crimen machista en Figueres. El vídeo del asesinato se viralizó, ¿cree que esas imágenes fueron útiles?

Es muy complejo. Sí he visto medios de comunicación como El Mundo que subieron vídeos de la víctima tendida en el suelo, sin censura. Ahí literalmente estás enseñando a una mujer que acaban de asesinar y esto me pone la piel de gallina. Yo creo que eso no es periodismo, simplemente morbo por el morbo. También debemos preguntarnos como sociedad por qué hay feminicidios que se viralizan y otros no. Todos deberían viralizarse, los feminicidios deberían ocupar titulares y deberían abrir telediarios durante días.

Este caso fue especialmente doloroso por los fallos del sistema. ¿Casos como este merman la confianza de las mujeres en las instituciones?

El sistema tiene fallos y señalarlos tiene esa consecuencia. Cuando yo señalo esos fallos lo que quiero es que desaparezcan, presionar a las instituciones para que se estructuren de otra forma, para que los protocolos sean otros. Y este caso es flagrante porque se podría haber evitado. Yo quiero que todas las mujeres denuncien, pero quiero que el sistema sepa responder. Cuando el sistema responda de una forma adecuada, las mujeres denunciarán más. 

Ozempic, cremas antiedad, presión estética… ¿ha empeorado la violencia que sufren las mujeres en ese sentido?

Hemos mejorado en algunos temas, como identificar la violencia. Ahora sabemos nombrar cosas que hace 20 años no se nombraban. Pero si pienso en qué hemos empeorado, es en la presión estética. Skincare, retoques estéticos, extrema delgadez… todo eso cala en chicas muy jóvenes. Y creo que las redes sociales son muy responsables: chavalas que solo se ponen filtros en la cara y que con 18 años lo que quieren es ir al cirujano, enseñarles la foto con el filtro y decir "quiero esta cara". Esto para mí es violencia, porque es un sistema que te hunde la autoestima, te genera unas inseguridades y unas necesidades tremendas para que tú vayas y consumas. Capitalismo y machismo hundiéndonos la autoestima a todas para hacer negocio.

La conversación en torno a la casita de Bad Bunny en los últimos días ha planteado precisamente ese debate: el peso de la cultura como cómplice de esa violencia.

Sí, yo creo que hay un punto aspiracional y elitista. Yo he ido al concierto de Bad Bunny, pero sí es cierto que representa lo mismo que ya vemos con las mujeres de revistas, pasarelas, actrices y cantantes. Si todas las mujeres que tienen éxito cumplen un canon, el mensaje es que para tener éxito hay que cumplir ese canon. Si yo quisiera estar en la casita, si yo quiero ser actriz, cantante o modelo, tengo que ser guapa, porque a esa cúspide social no llegan mujeres con otras corporalidades. Hay un sesgo.

¿Podemos gozar sin quitarnos las gafas violetas?

Es complicado. Yo soy feminista y estoy enfadada porque tengo motivos para estar enfadada, porque al final me levanto cada día con un feminicidio, una agresión sexual, la nueva manada de no sé qué pueblo, entonces yo estoy muy conectada con esa parte de enfado, pero también con la parte de esperanza, porque las feministas estamos enfadadas y esperanzadas, queremos una sociedad mejor. Pero yo no puedo estar 24 horas con estas emociones, porque me vuelvo loca, entonces me permito disfrutar de productos culturales sin estar todo el rato analizando y pasando por esa capa más analítica. Yo adoro el reggaeton desde hace muchos años, y a veces me encuentro cantando unas letras que… Pero son contradicciones que tenemos todas, yo las identifico, sé que están ahí y no pasa nada. No soy más o menos feminista por escuchar a Bad Bunny. Para mí el feminismo ha de liberar, no quiero un feminismo que me haga sentir más culpa.

Hemos oído en diversas ocasiones que esta será la legislatura en la que se acabe con la prostitución. A estas alturas, ¿a qué le suena?

Yo soy profundamente abolicionista. Si la abolición no llega, es por falta de interés político. No hay voluntad de abolir la prostitución y eso es terrible, para mí es uno de los ejes fundamentales cuando voto. Los partidos que están a la izquierda del PSOE son regulacionistas, o tienen un cacao mental tan grande que ni se posicionan. Por otro lado tenemos a un PSOE que parece ser el partido que abandera la abolición, pero luego vemos lo que pasa dentro con ejemplos como Ábalos. Al final solo lo utilizan cuando hay elecciones, por rédito electoral. Es triste, pero durante este mandato hemos visto que el feminismo no es relevante.

Otra propuesta en marcha es incluir el aborto en la Constitución. ¿Le preocupa que un eventual gobierno de extrema derecha vaya a por este derecho?

Me preocupa. Primero irían a por el aborto, pero al final desmantelarían todo. No es un "que viene el lobo", es que solo hace falta mirar a países que tenemos al lado donde ha llegado la extrema derecha y ver lo primero que hacen. Sí, da mucho miedo pensar en un gobierno de PP y Vox y qué nos pueden deparar esos cuatro años. 

Estamos en máximos históricos de delitos de odio. ¿Los discursos de odio se han trasladado a las calles?

A veces cometemos el error de pensar que lo que pasa en redes es de otro mundo. Detrás de las redes hay alguien y esas personas luego salen a las calles. Las dinámicas de polarización y radicalización no solo están en la pantalla, la gente existe, se relaciona y sale a la calle. La violencia que hay en el mundo digital es una violencia que pasa en el mundo real.

¿Todos los hombres son potenciales violadores?

Cuando a mí me preguntaron esto en un podcast, yo di una respuesta extendida. Luego se sacó un clip y a partir de ahí se viralizó. Si ahora me preguntas, giraría la cuestión: ¿por qué a todas las mujeres nos han pasado cosas? ¿Por qué todas tenemos alguna experiencia violenta?