El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este lunes que inicia una investigación por los comentarios machistas proferidos en febrero por el juez David Maman Benchimol, el magistrado encargado de la denuncia contra el ex jefe de la Policía Nacional. 

El promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces ha acordado incoar una diligencia informativa para estudiar las quejas recibidas contra el magistrado ocho de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Madrid. En el marco de una actividad formativa impartida a finales de febrero en el Colegio de la Abogacía de Madrid, el togado aseguró que las mujeres gozan de "ventajas" en los tribunales, afirmó que los abogados de las víctimas de violencia de género van "a la caza de la orden" de protección y deslizó que las madres "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres".

Sus comentarios han sido objeto de duras críticas por parte de líderes políticos y compañeros de profesión, derivando algunas de ellas en quejas formales. El propio Ministerio de Igualdad, mediante la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, registró una queja argumentando que sus palabras podían constituir una falta grave recogida en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por suponer un "exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos". Según la misma norma, este tipo de faltas podrán ser sancionadas con multas de hasta 6.000 euros.

El despacho Olympe Abogados también formalizó una queja el mismo jueves por la noche, mientras que un centenar de organizaciones y particulares emitieron al final de la semana pasada un manifiesto conjunto que se tradujo igualmente en una queja formal, por entender que sus declaraciones "pueden resultar incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto a la ciudadanía y ausencia de estereotipos de género exigibles a quien ejerce funciones jurisdiccionales".

La diligencia informativa equivale a una suerte de fase previa en la que el objetivo pasa por analizar los hechos denunciados. El siguiente paso, si así lo aprueba la Comisión Permanente, consistiría en incoar expediente y tratar de dilucidar si lo sucedido puede ser constitutivo de una falta. Entonces, el promotor elevaría una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria, cuyos miembros decidirán si se debe sancionar al responsable o archivar el caso.

Maman Benchimol compartió sus opiniones machistas en un contexto formativo y tan solo un día después de que una mujer denunciara al ex jefe de la Policía Nacional, José Ángel González, como presunto autor de una agresión sexual. Un mes después de pronunciar aquellas palabras, el juez denegó la medida cautelar solicitada por la víctima. El magistrado lleva más de una década trabajando directamente con víctimas, tras especializarse en violencia contra la mujer en el año 2011.

El destierro de la vida pública, el deterioro progresivo de los derechos sexuales y reproductivos, el arrinconamiento en la privacidad del hogar y hasta el fin de la participación política. Es, en síntesis, el proyecto abanderado por influencers, tecno-oligarcas y líderes ultra para la mitad de la población. En alianza con la manosfera, cada vez más voces en todo el mundo tratan de divulgar un modelo social antifeminista sustentado sobre la base de la supremacía masculina y el sometimiento de las mujeres. Algunos empiezan incluso a clamar por lo que parecía una regresión impensable: el fin del voto femenino.

Así empieza a suceder en suelo estadounidense. La lógica es la siguiente: si el voto femenino tiende a inclinarse por opciones progresistas, entonces supone una amenaza al proyecto ultra jaleado por los tecno-oligarcas. Repeal the 19th nace en Estados Unidos hace cerca de una década, pero se hace fuerte en el último año. Sus partidarios claman por una medida radical: derogar la decimonovena enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, la que permite el sufragio femenino desde hace más de un siglo.

No se trata de consignas meramente simbólicas, ni de proclamas que alienten a las mujeres a dar un paso atrás en la vida política: son discursos deliberadamente pensados para reclamar la abolición del voto femenino sin matices. Uno de los máximos exponentes de esta particular batalla es Nick Fuentes. 

El influencer estadounidense de apenas 27 años se ha erigido como una de las principales figuras encargadas de difundir estos postulados. "Yo eliminaría el derecho al voto a cientos de colectivos. A las mujeres, por supuesto", expresaba el activista ultra en una entrevista. No es fruto de un ataque fortuito e imprudente de sinceridad, sino que se trata de un discurso minuciosamente estructurado en torno a la idea de arrebatar a las mujeres sus derechos como sujetos políticos.

La aparente excentricidad discursiva del activista ultra no es óbice para que sus ideas hayan calado en un sector nada desdeñable de la población estadounidense. Y de hecho, no son pocos quienes las replican. Andrew Tate, otra estrella de la manosfera, ha apoyado de forma explícita el fin del sufragio femenino. Joel Webbon, pastor nacionalista cristiano, ha defendido restringir el sufragio excluyendo a las mujeres y Dale Partridge, otro pastor estadounidense, ha demandado directamente derogar la enmienda que concede el derecho a voto a las mujeres. Muchos de sus simpatizantes más fundamentalistas –incluso mujeres– se inclinan por la idea de un voto por hogar. Representado, eso sí, por el varón como máxima figura de autoridad.

Según este artículo, firmado por la investigadora Theresa K. Vescio y el profesor Nathaniel Schermerhorn, la defensa de los valores asociados a la masculinidad hegemónica se ha traducido, en contextos electorales, en un apoyo generalizado a Donald Trump. Así que no resulta extraño que sea en esta órbita donde se haya instalado en mayor medida el rechazo total a los derechos de las mujeres. El impacto de la idea no es residual y ha encontrado acomodo incluso en las altas esferas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, divulgó a finales del año pasado en sus redes sociales un reportaje en el que líderes nacionalistas cristianos abogan abiertamente por erradicar el derecho al voto femenino. John McEntee, ex alto cargo de la Casa Blanca de Donald Trump, aseguró de forma jocosa que la decimonovena enmienda debe desaparecer, mientras que el abogado Paul Ingrassia –muy próximo a la Casa Blanca tras haber desempeñado labores de asesor y enlace con distintos departamentos– sugirió que los planteamientos contrarios al voto femenino pueden llegar a ser "muy lógicos".

Todos estos eslabones conforman una cadena de legitimación en aumento: voces de notable relevancia, especialmente en el plano digital, difunden un discurso radicalmente opuesto a los derechos de las mujeres, mientras que figuras de peso a nivel político lo normalizan arropando las ideas planteadas, por muy descabelladas que parezcan.

Pero ¿tienen estos discursos incidencia política? ¿En qué se traduce toda esta batalla cultural? Lo cierto es que sus efectos empiezan a asomar también en el plano político. El Senado de Estados Unidos está actualmente debatiendo en torno a la Ley SAVE America, una propuesta que exigiría presentar una prueba de ciudadanía para poder votar. Se trata de una traba burocrática con sesgos de género, puesto que en suelo estadounidense muchas mujeres adoptan el apellido de su cónyuge, por lo que su certificado de nacimiento no coincidiría con sus datos actuales. Según una encuesta de Pew Research, alrededor del 85% de las mujeres cambian su apellido tras contraer matrimonio.

La iniciativa fue impulsada por republicanos y respaldada por el presidente. Aunque tiene mal pronóstico en el Senado, lo cierto es que algunos líderes republicanos han tomado la iniciativa de presentar sus propios proyectos en estados como Florida, Misisipi, Dakota del Sur y Utah.

Pero la negación del voto femenino es, en realidad, una pieza más de todo un ecosistema alentado por la reacción antifeminista y que trata de arrinconar a las mujeres hasta su desaparición de la vida pública. Más allá de los derechos políticos de las mujeres, la ofensiva ultra se ha materializado en iniciativas ultraconservadoras en distintas esferas. Un ejemplo claro son las políticas que buscan poner trabas al ejercicio de la libre interrupción del embarazo, especialmente en lo que respecta al apoyo decidido a organizaciones antiabortistas, pero también los incentivos pronatalistas que buscan apuntalar la institución de la familia tradicional en oposición a los avances feministas y las disidencias sexuales.

"Es importante recalcar que la del movimiento por los derechos de los hombres no es una comunidad que pueda adscribirse únicamente a lo que entenderíamos como la manosfera en términos virtuales, ya que surgió en Estados Unidos en la década de los 70 y desde entonces se ha ido expandiendo por diferentes estados como el español", observa la politóloga Alicia Valdés en su libro Auge. Género, juventud y extrema derecha (Endebate, 2026). El análisis de casos como el del movimiento por los derechos masculinos, continúa la escritora, es un claro ejemplo de que "lo virtual no tiene una demarcación única en internet".

La propuesta de la agenda "ultraderechista y antifeminista estaría permeando no solo a chicos jóvenes, sino también a otros sectores poblacionales mediante el conjunto de espacios en los que se mueven figuras como los coaches, los mentores de gaming o de gimnasio, las tradwives y los criptoinfluencers", completa Valdés. Además, la autora señala que "estas figuras poseen un alto grado de parasitismo ideológico que les permite generar ideales masculinos adaptables a las narrativas políticas que más les convengan". 

Ahondan en la misma idea Paula C. Chang y Andrea G. Galarreta. En su ensayo Criptoprofetas. Hipermasculinidad y nueva derecha (Seriecero, 2026), las autoras coinciden en que "el mundo cibernético no es paralelo ni un complemento del mundo real", sino que está inscrito en él. "El hombre blanco, instalado en su masculinidad exaltada", deambula en la búsqueda de "identidad, inmerso en una dialéctica que actúa por oposición, señalando a las mujeres feministas". 

La ola reaccionaria que nació en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo pasado "reivindicaba el patriotismo, la familia o la religión y operaba mediante estructuras asociativas como los partidos, y su propaganda era difundida por los medios tradicionales", mientras que en la actualidad "se mueven en la hiperconexión de subjetividades insularizadas". Así consiguen llegar a un público amplio que acoge con los brazos abiertos propuestas tan anacrónicas como el fin del derecho a voto para las mujeres.

Los comentarios machistas del juez David Maman Benchimol no han pasado desapercibidos, especialmente entre quienes comparten profesión con el magistrado. No son pocos los juristas que han decidido que no basta con una condena simbólica a lo expresado en febrero por el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, sino que es urgente tomar medidas. Profesionales y organizaciones han interpelado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para demandar una investigación exhaustiva sobre sus manifestaciones. Así que el futuro del juez está ahora en manos del órgano judicial.

"Con su ideología machista y misógina debería abstenerse de juzgar al exDAO o, si no, habría que recusarlo", deslizó el jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Su petición enseguida se transformaría en una solicitud formal: su departamento ha enviado un escrito al CGPJ, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, pidiendo la apertura de diligencias informativas y un expediente disciplinario contra el juez. Según la queja formal presentada por el Ministerio, a la que ha podido acceder infoLibre, el magistrado podría haber cometido una "falta grave" debido a sus declaraciones.

El escrito de Igualdad argumenta que sus afirmaciones "no constituyen meras opiniones aisladas, sino que reflejan una serie de prejuicios estructurales, estereotipos de género y posicionamientos ideológicos que afectan directamente a la percepción de imparcialidad del órgano judicial y comprometen la confianza pública en la Administración de Justicia". A su juicio, sus comentarios reflejan una "trivialización de la violencia de género y de los mecanismos de protección legalmente establecidos", además de constituir una "absoluta falta de perspectiva de género y la reproducción de estereotipos" contrarios al principio de igualdad reconocido constitucionalmente.

Igualdad también repara en la asunción implícita de "teorías sin aval científico, como el denominado síndrome de alienación parental" y en la falta de reconocimiento de las personas menores de edad "como víctimas directas de la violencia de género, en contradicción con el marco normativo". El departamento reprocha igualmente la "actitud tránsfoba" del juez y fundamenta su petición apoyándose tanto en el ordenamiento jurídico español como en el marco internacional. "Es una queja formal y vamos a hacer seguimiento del asunto", insisten desde la cartera de Ana Redondo a preguntas de este diario.

La de Igualdad no es la única queja que se ha registrado en las últimas horas. El despacho Olympe Abogados presentó el jueves a las 22:40 horas otro escrito a través del Formulario de Atención Ciudadana del CGPJ. Isaac Guijarro, cofundador del despacho, explica a infoLibre que las manifestaciones de David Maman Benchimol "no se pueden enmarcar en un ejercicio de la libertad de expresión", puesto que el magistrado no asiste a las jornadas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), donde las pronuncia, para "dar su opinión como ciudadano, sino como juez". "Cuando actuamos como profesionales no nos podemos abstraer de nuestra ideología", sintetiza el letrado. En otras palabras: "Un juez misógino en lo personal va a ser un misógino en lo profesional".

Para Guijarro, esto es algo que impacta en "todas las víctimas que pasan por su juzgado, por las decisiones que toma y por el trato que les puede dar", así que el Poder Judicial debería, bajo su punto de vista, tomar medidas inmediatas abriendo un procedimiento disciplinario por sus palabras.

También lo creen así más de un centenar de entidades y particulares que han suscrito un manifiesto conjunto que previsiblemente se traducirá también en una queja formal el próximo lunes, según señalan las promotoras a preguntas de este diario. Las entidades se apoyan sobre distintos principios constitucionales –como el de igualdad, pero también la tutela judicial efectiva o el sometimiento de la justicia a la ley–, citan los compromisos internacionales suscritos en materia de violencia machista e insisten en la imparcialidad de la justicia para exigir una investigación efectiva. "Un discurso público judicial que exterioriza prejuicios de género puede erosionar, al menos objetivamente, esas garantías y la confianza en la imparcialidad del órgano", argumentan.

Así que la pelota está ahora en el tejado del CGPJ. "Si hay quejas presentadas, se iniciarán los trámites", explican fuentes del órgano judicial. En un primer momento, el Promotor de la Acción Disciplinaria debe abrir una diligencia informativa, en una suerte de fase previa en la que el objetivo pasa por analizar "si los hechos encajan en algún tipo disciplinario". En caso de que se considere que hay "materia e indicios de que el juez pudiera haber cometido una infracción", el siguiente paso consiste en incoar expediente. "En este segundo momento, si se abre expediente disciplinario, se investiga en profundidad para ver si ha cometido algún tipo de falta", exponen las mismas fuentes. 

A partir de ese momento, el funcionamiento es similar al de una instrucción judicial. "Se persona el Ministerio Fiscal, se toma declaración al juez, se recaban pruebas y todo lo necesario para ver si esos hechos denunciados son constitutivos de una falta", completa un portavoz autorizado. Si el señalado es responsable, entonces el promotor confecciona una "propuesta de sanción que eleva a la Comisión Disciplinaria, quien a modo de tribunal será la que decida si se sanciona o no".

Las mismas fuentes no aciertan a concretar durante cuánto tiempo puede prolongarse la investigación, en caso de iniciarla. "Puede depender de la dificultad del caso o de cuestiones como las pruebas que se soliciten", agregan. Al cierre de esta edición, el CGPJ todavía no contaba con una notificación formal de las quejas registradas, pero las voces consultadas insisten en que una vez llegue, se activarán los mecanismos pertinentes. 

Es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que recoge cuáles son las faltas por las que sus señorías pueden ser sancionados. Según las quejas ya registradas, las declaraciones del magistrado podrían haber incurrido en una falta grave recogida en el artículo 418.5, por suponer un "exceso o abuso de autoridad o de consideración respecto de los ciudadanos". En añadido, el precepto 419.2 tipifica como falta leve toda "desatención o desconsideración" con los ciudadanos. 

Igualdad añade que las manifestaciones del juez "podrían encuadrarse en el incumplimiento del deber de abstención de prejuicios y de mantenimiento de la apariencia de imparcialidad exigible a todo miembro de la carrera judicial". Añade que, en un contexto formativo como es el de las jornadas en las que se enmarcan sus declaraciones, "resulta especialmente grave" porque contribuye a "perpetuar prácticas contrarias a los estándares de protección de los derechos humanos". 

Pese a los esfuerzos por exigir una respuesta a la altura por parte del Poder Judicial, lo cierto es que no todo el mundo confía en la diligencia del órgano a la hora de actuar contra este tipo de situaciones. "El CGPJ es el gran culpable en este país de que la justicia sea machista, por su inacción, su sectarismo y por taparse entre ellos", clama Isaac Guijarro. Para el abogado, "el problema de estos jueces es la impunidad: saben que hagan lo que hagan y digan lo que digan, no van a tener consecuencias". 

En el año 2018, el CGPJ recibió una queja por las palabras del juez Francisco Javier Martínez Derqui en torno a una denunciante. En una grabación accidental, el magistrado se refería a la víctima como "bicho" e "hija de puta". Ella formuló una queja formal. El CGPJ abrió una diligencia informativa, pero la investigación quedó archivada. La clave es que el órgano judicial entendió que la grabación se había producido accidentalmente, sin consentimiento y en el ámbito privado. 

Enero de 2025. Al CGPJ llegan centenares de quejas por el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliaa, en el marco de la causa contra Íñigo Errejón. En octubre del mismo año, el caso queda archivado. El Promotor de la Acción Disciplinaria consideró que los fragmentos del interrogatorio difundidos públicamente ofrecían una visión "descontextualizada".

Según la estadística anual de la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ, en 2024 se presentaron 22.056 escritos –incluyendo quejas, peticiones de información, sugerencias y agradecimientos– ante la unidad y otros órganos de gobierno. Esos escritos dieron lugar a 16.409 expedientes, pero únicamente una pequeña parte acaba, tras aplicar los filtros internos precisos, en un expediente formal contra un juez. La última Memoria del CGPJ detalla que en ese mismo año se adoptaron un total de 17 acuerdos en el ámbito disciplinario. En dos de ellos, la deriva final fue el archivo, mientras que en 15 se impuso una sanción. Al cierre del año, existían 12 expedientes incoados pendientes de resolución.

Guijarro sugiere trabajar sobre vías alternativas y efectivas para que los tribunales sean espacios libres de violencia machista. "El Gobierno debería modificar la Ley del Poder Judicial para permitir a los abogados especializados recusar a los jueces que hayan tenido públicamente un comportamiento machista o misógino", sugiere. La ley contempla la recusación en distintos supuestos, por lo que el abogado cree que entre los motivos recogidos deberían incluirse, en los procedimientos de violencia contra las mujeres, las expresiones o manifestaciones misóginas. Lo contrario, concluye el letrado, deriva en un clima de total impunidad. 

Asegura que las mujeres gozan de "ventajas" en los tribunales, afirma que los abogados de las víctimas de violencia de género van "a la caza de la orden" de protección y cree que las madres "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres". Su nombre es David Maman Benchimol y es el juez responsable de instruir el caso contra el ex jefe de la Policía Nacional denunciado por violencia sexual por una subordinada. Las afirmaciones las pronunció hace dos meses frente a los micrófonos, en una jornada organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en torno a las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y que ha hecho públicas laSexta.

Las juristas feministas que escuchan hoy sus palabras se reconocen inquietas por los efectos que pueden tener en los tribunales, pero admiten que no resultan sorprendentes. "Es bastante típico, sobre todo en violencia sexual", expresa una jueza especializada que pide no revelar su nombre. 

Lejos de tratarse de comentarios excepcionales, no son pocos los jueces que manifiestan opiniones estigmatizantes y ancladas en los muchos sesgos que todavía campan a sus anchas en los tribunales. "Cuestionan a las víctimas o insinúan que se mueven por intereses", comparte la misma jueza, quien observa que los estereotipos están especialmente presentes en los casos de violencia sexual. "Estamos como en violencia de género hace dos décadas, cuando salió la ley: no se cree a las mujeres".

"Hay más ejemplos, lamentablemente", coincide la abogada María Naredo. Al otro lado del teléfono, la letrada expresa preocupación "no solo porque haya jueces misóginos, sino porque sean titulares de un juzgado especializado". Al mismo punto llega la jueza Cira García, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe (Madrid), quien considera inadmisible dar rienda suelta a este tipo de prejuicios en el caso de un magistrado que trabaja directamente con víctimas desde hace 15 años. 

Jorge Piedrafita, el abogado de la denunciante, ha señalado que confía en que las declaraciones del magistrado "se encuentren delimitadas a su derecho de libertad de expresión". No obstante, ha advertido, "si en el transcurso de la instrucción se observa cualquier conducta arbitraria por sesgo machista este letrado se verá obligado a solicitar la recusación en defensa y protección de su cliente víctima de agresión sexual en un contexto de violencia sobre la mujer".

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explican a este diario que el órgano "no tiene mucho margen de maniobra" en este tipo de situaciones, en parte porque entra "en juego la independencia de los jueces". El grueso de la actividad que emana de la Comisión Disciplinaria, según exponen las mismas fuentes, procede de quejas o denuncias, no tanto de una actuación de oficio. Pero existe una limitación clara: los hechos tienen que encajar en las faltas que prevé la ley. "Si el hecho no constituye una falta disciplinaria, entonces tampoco puede derivar en una sanción". 

¿Pueden ser estas manifestaciones una falta? Las fuentes consultadas matizan que se trata de opiniones expresadas fuera de los tribunales, por lo que no necesariamente tienen impacto en sus resoluciones judiciales. Las mismas voces ponen un ejemplo: "Puede haber un elevado porcentaje de jueces que no estén de acuerdo con las leyes, pero luego las aplican", zanjan.

Las juristas feministas discrepan. Cuando se manifiestan opiniones en las que "subyacen prejuicios y estereotipos de género", necesariamente va a existir un impacto, asiente Cira García. "No se puede disociar, este tipo de comentarios impregnan tu práctica judicial" y eso deriva en una lesión al "derecho a la tutela judicial efectiva" de las víctimas, clama la magistrada. Un mes después de pronunciar aquellas palabras, el juez denegó la medida cautelar solicitada por la víctima.

En el mismo sentido se expresa María Naredo: "Los prejuicios van contigo y te acompañan en todas tus resoluciones judiciales". Y precisamente por este motivo existe todo un marco internacional que busca proteger a las víctimas poniendo la lupa en los sesgos que todavía anidan en el ámbito judicial. 

Mientras el juez Maman Benchimol lamenta que las defensas de las víctimas vayan "a la caza de la orden" de protección y las mujeres se beneficien de "tantas ventajas para poner una denuncia", lo cierto es que es el propio marco internacional el que obliga a que así sea. El Convenio de Estambul exige la adopción de medidas para que las víctimas puedan "beneficiarse de mandamientos u órdenes de protección adecuados", a través de una "protección inmediata" que no suponga "una carga económica o administrativa excesiva". Y el mismo tratado obliga a prestar apoyo a las víctimas en la presentación de sus denuncias. En ese mismo sentido, los estados firmantes deben alentar a que cualquier persona que haya presenciado violencia la denuncie ante las autoridades. No es que las mujeres tengan ventajas por denunciar, es que deben tener facilidades para poder hacerlo.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su recomendación general número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, se detiene precisamente en el efecto de los estereotipos y prejuicios de género en el sistema judicial. Según el organismo de las Naciones Unidas, los sesgos de género "tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres" y además "pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley", afectando particularmente a "las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia". Los estereotipos, añade en su recomendación, "distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos". 

Esos estereotipos no son opiniones aisladas, sino que "pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa". El resultado puede derivar en una "cultura de impunidad" en los tribunales.

En su informe de 2024, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer (GREVIO) también señalaba los defectos formativos en materia judicial en suelo español. "A pesar de las medidas para ampliar la formación sobre violencia de género contra las mujeres", lo cierto es que los jueces que no trabajan en tribunales especializados en violencia de género "siguen sin recibir formación sistemática sobre temas relacionados con la violencia contra las mujeres". Muchos de ellos, observan los expertos, "siguen careciendo de un enfoque centrado en la víctima y en el trauma".

En el citado informe, los expertos hablaban además del uso "incontrolado" de conceptos como el "denominado síndrome de alienación parental". Lo cierto es que Naciones Unidas ha señalado a España en diversas ocasiones precisamente por la aplicación, directa o indirecta, de este falso síndrome en los tribunales, una herramienta que recupera ahora el juez Maman Benchimol cuando desliza que algunas madres manipulan a sus hijos. "La madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y se va separando del padre poco a poco", aseguraba el magistrado. 

En realidad, la idea de una manipulación sistemática e interesada no solo ha sido refutada por expertos a lo largo de los años, sino que el uso de ese argumento en el ámbito judicial está prohibido gracias a la ley de protección a la infancia. La norma veta el uso de ese síndrome en concreto, pero también de todas sus derivadas: "Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración". 

En 2024, el Defensor del Pueblo también puso la lupa sobre el problema y subrayó que las madres siguen dándose de bruces contra un muro institucional que obstaculiza la protección de sus hijos y las revictimiza.  

A la formación como una de las grandes asignaturas pendientes en la judicatura es adonde llegan todas las expertas consultadas. Hace ahora siete años, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluyó una batería de medidas procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre las que se encontraba la obligación de un curso en perspectiva de género dirigido a aquellos jueces y magistrados que quisieran acceder a cualquier especialización. Se trata de un curso online, con una carga lectiva de 50 horas, que en todo caso es voluntario para el conjunto de la carrera judicial. 

Sumado a ello, existe un curso obligatorio para aquellos jueces que deciden iniciar un cambio de orden hacia los juzgados con competencia en materia de violencia de género. En este caso, el curso combina contenidos teóricos y prácticos, repartidos en dos etapas: la estancia en órganos judiciales y el estudio de los contenidos fijados a través de una fase online. 

Uno de los principales problemas, según indican las juristas entrevistadas, es que los profesionales que sí los han cursado no están obligados a actualizar su formación y ensanchar sus conocimientos con el paso de los años. Así que los operadores jurídicos más veteranos "van sorteando los requisitos posteriores que sí afectarían a las nuevas hornadas", lamentan las voces consultadas. Todas ellas coinciden en algo: la formación en perspectiva de género se ha demostrado no ser una prioridad.

La ofensiva reaccionaria que desde hace años coge impulso tiene bien claros sus objetivos. Las personas migrantes, la clase trabajadora, las disidencias sexuales y las mujeres están en el foco de una amenaza global que se hace fuerte y que deja huella en todos los rincones. Amnistía Internacional ha presentado este lunes un informe en el que analiza el estado de los derechos humanos en un total de 144 países, en los que muchos de los avances que se creían consolidados se han visto deteriorados.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sufrido un menoscabo sutil pero progresivo en distintos territorios. España no es una excepción. Madrid sigue sin contar con un registro de profesionales objetores, si bien la comunidad se ha visto obligada a iniciar los trámites para ponerlo en marcha y cumplir así la ley. Estos registros, puntualiza el informe, se crearon "con el fin de garantizar una dotación de personal suficiente y asegurar el acceso al aborto". La falta de garantías en el acceso ha llevado además al desplazamiento sistemático en algunos territorios: según el último informe del Ministerio de Sanidad, un total de 4.636 mujeres tuvieron que desplazarse en 2024 para abortar en otras provincias.

Los viajes al extranjero para poder ejercer el derecho al aborto con garantías, la oposición férrea de grupos antiabortistas y la objeción sistemática de los profesionales son algunas de las principales barreras que constata la organización a nivel global.

En Alemania, el aborto sigue estando tipificado como ilícito. La única vía que tienen las mujeres para esquivar el castigo penal por ejercer su derecho en las primeras 12 semanas es pasar por un asesoramiento obligatorio y un periodo de espera de tres días. En abril de hace ahora dos años, una comisión gubernamental recomendó despenalizarlo y tratar de corregir las brechas detectadas, una posición que se trasladó a un anteproyecto de ley presentado por varios partidos. La iniciativa quedó paralizada por la convocatoria de elecciones y sigue hoy estancada tras la toma de posesión del nuevo Gobierno.

En agosto del año pasado, el llamado proyecto ELSA sobre embarazos no deseados, financiado por el Ministerio de Sanidad, desveló desigualdad territorial en el acceso al aborto, así como brechas en la información disponible, estigma entre los profesionales que lo practican y barreras para los grupos vulnerables, especialmente las mujeres migrantes.

El Parlamento de Reino Unido aprobó hace casi un año una enmienda al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Actuación Policial para poner fin al enjuiciamiento de mujeres embarazadas que se hubieran sometido a un aborto al margen de la ley. El objetivo pasaba por terminar con la criminalización, persecución y castigo de quienes abortaran fuera de los supuestos legales. El proyecto, pendiente todavía de aprobación, no termina completamente con la penalización del aborto en el país: los profesionales que ayuden a las mujeres en estos casos sí seguirán bajo la lupa de las autoridades. 

Y en Andorra, prohibición total. Las mujeres que residen en el país y quieren acceder a la interrupción libre del embarazo tienden a cruzar las fronteras y desplazarse a España para hacerlo. El Gobierno de Andorra se ha comprometido a preparar una propuesta para despenalizar el aborto antes de que finalice la legislatura. Sin embargo, matiza Amnistía Internacional, "con esta propuesta seguiría sin haber servicios disponibles" en el país, por lo que quienes decidan acceder a la libre interrupción del embarazo tendrán que "seguir viajando al extranjero", advierten los autores del informe.

Si bien en Italia el aborto está garantizado sobre el papel, una aproximación a la realidad de los hospitales evidencia que tampoco en el país alpino se libran de las deficiencias en su acceso. El principal problema en Italia, atestigua Amnistía Internacional, tiene que ver con las reticencias expresadas por los profesionales. Las autoridades no garantizan el acceso a los servicios, en un contexto en el que "un gran número de profesionales de la medicina se negaba a prestar esos servicios". 

Según los datos del Ministerio de Sanidad, un 57,1% de los ginecólogos es objetor de conciencia. Además, el 38,8% de los hospitales o clínicas autorizadas no practican interrupciones voluntarias del embarazo. Giorgia Meloni alentó, a través de una norma aprobada hace dos años, a las organizaciones antiabortistas, permitiéndoles participar en centros de asesoramiento dirigidos a mujeres que se plantean interrumpir su embarazo.

La reticencia mostrada por los profesionales sanitarios es extensiva a muchos otros territorios. Portugal, con un límite legal de diez semanas para abortar, cuenta con una tasa elevadísima de objeción: según otra reciente investigación de Amnistía Internacional, en torno al 70% de los profesionales se niegan a practicar abortos. Entre 2019 y 2023, un total de 2.525 mujeres portuguesas se desplazaron a España para abortar.

Los desplazamientos son un denominador común en el grueso de los países analizados. En Croacia existe una "negativa generalizada del personal y los centros médicos" a prestar atención a las mujeres que deciden abortar, alegando "motivos de conciencia". Las croatas deben asumir costes económicos altos si quieren interrumpir su embarazo, ya que el seguro médico nacional no sufraga la intervención y la "inaccesibilidad de los servicios de aborto en las zonas rurales y económicamente deprimidas" constituye uno de los principales obstáculos para las mujeres en riesgo de exclusión. Una vez más, la única salida pasa por viajar al extranjero. 

También han tenido que atravesar sus fronteras muchas de las mujeres residentes en Bélgica. Especialmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables, como migrantes o personas sin hogar, dado que los servicios de asistencia social siguen "retrasando o negando la atención médica", a pesar de ser un "derecho legalmente reconocido". Varios partidos políticos continúan bloqueando hoy una votación parlamentaria encaminada a mejorar la legislación, alineándola con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las propuestas, se encuentra la de eliminar el periodo de reflexión obligatorio de seis días y la de extender el límite legal de 12 a 18 semanas.

Pero si hay un lugar que se haya erigido como principal baluarte en la restricción de los derechos reproductivos, ese es Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump "revirtió drásticamente derechos sexuales y reproductivos" generando un "contexto jurídico volátil", advierte Amnistía Internacional. Al otro lado del charco se han revocado políticas que habían "contribuido a ampliar y proteger el acceso a la atención reproductiva", pero además se ha recortado la financiación de centros y programas de atención a la salud reproductiva, provocando el cierre de clínicas, lo que ha afectado "desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos".

Algunos estados han ido al límite restringiendo hasta el extremo la atención específica. La Corte Suprema "les facilitó la eliminación de los mecanismos de protección de la salud reproductiva destinados a las personas beneficiarias de Medicaid", el programa que proporciona cobertura gratuita o a precio reducido a las personas de bajos ingresos. En un total de 41 estados está en vigor algún tipo de restricción al aborto: desde la prohibición total –en 13 estados–, hasta la prohibición parcial a partir de la decimoctava semana de gestación –en siete–. 

Según el Instituto de Políticas de Equidad de Género, las personas embarazadas que vivían en estados en los que estaba prohibido abortar "tenían el doble de probabilidades de morir durante el embarazo, el parto o poco después de dar a luz que quienes vivían en estados donde el aborto era legal".

Otros países han optado por seguir esta estela. En Polonia, el acceso al aborto está visiblemente limitado y su ejercicio perseguido en los tribunales. La activista por los derechos humanos Justyna Wydrzyńska se enfrenta a un nuevo juicio por ayudar a una embarazada a obtener píldoras abortivas, mientras que la doctora Gizela Jagielska ha sido objeto de una investigación penal por practicar un aborto legal en una fase avanzada del embarazo. En diciembre, la Fiscalía desestimó el caso. 

Casi en paralelo, otros tres médicos fueron declarados culpables de poner en peligro la vida de una mujer que terminó falleciendo después de que le negaran asistencia médica en una situación "en la que un aborto habría podido salvarle la vida". Los médicos han recurrido. También en el terreno judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concluyó en noviembre, en base a un caso particular, que el país "había violado el derecho a la vida privada y familiar de una mujer embarazada que había viajado al extranjero para someterse a un aborto". 

Y de este contexto sacan rédito los grupos antiabortistas, especialmente protegidos en suelo polaco. Activistas y organizaciones se concentran con regularidad frente al centro de información y asesoramiento AboTak, gestionado por el colectivo Abortion Dream Team. Los manifestantes han llegado a derramar ácido butírico en las proximidades de la entrada.

El pasado mes de febrero, una exedil del Partido Popular interpuso una querella por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Casi dos meses después, la Fiscalía ha enviado un escrito al juzgado correspondiente instándole a poner en marcha el procedimiento. El Ministerio Fiscal llama la atención a los tribunales respecto al tiempo transcurrido y exige un impulso procesal. En prácticamente dos meses, el juzgado no ha ordenado diligencias de ningún tipo, ni ha citado a las partes. La víctima sigue esperando.

No es, en realidad, una anomalía. La dilación de los tiempos se ha erigido en no pocas ocasiones como una de las muchas barreras que disuaden a las mujeres a la hora de denunciar y como uno de los elementos que las revictimizan cuando se deciden a hacerlo. La magistrada Paz Filgueira encaja las demoras en los tiempos de la justicia como una brecha a corregir en términos generales, pero matiza que cuando se trata de violencia sobre las mujeres, esos retrasos "tendrán un impacto gravísimo en la víctima y en su entorno, especialmente cuando hay menores de por medio".

Si el punto de partida para el grueso de las víctimas implica ya un daño emocional y psicológico, hilvana la jueza, todas "las dilaciones en juicios o trámites administrativos coetáneos van a profundizar siempre el trauma e impedir su cierre". El retraso en "la respuesta, las investigaciones y la resolución va a aumentar elevadamente el fin de las secuelas y va a hacer que las mujeres revivan el trauma de forma continua", agrega. 

Y no es algo que suceda de forma aislada. En los casos de violencia contra las mujeres "nos encontramos con que muchísimas veces los procedimientos judiciales se dilatan de una forma incomprensible para las víctimas", asiente la abogada especializada Amparo Díaz Ramos. Todo ello, continúa, les genera "un gran daño psicológico", pero además deriva en que "con bastante frecuencia se apliquen, para el condenado, atenuantes de dilaciones indebidas". El resultado es que "la víctima, además de soportar la incertidumbre y la ansiedad durante más tiempo del oportuno, tampoco percibe haber conseguido justicia o una pena acorde con lo que ha sufrido".

Ocurrió recientemente en Murcia. Un grupo de empresarios que reconoció estar implicado en una red de prostitución con menores de edad consiguió eludir la cárcel después de que el proceso judicial tardase diez años en celebrarse. Entre los argumentos para reducir la condena inicialmente demandada, estaba el de dilaciones indebidas. 

En noviembre de 2024, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer (Grevio) publicó su primer informe de evaluación de las políticas y la estrategia españolas en materia de violencia machista. En su análisis, las especialistas destacaban la necesidad de realizar investigaciones y procesos judiciales "rápidos y eficaces que se basen en una comprensión de este tipo de delitos desde una perspectiva de género y que tengan en cuenta los derechos de la víctima durante todas las fases". 

"A menudo, las fuerzas y cuerpos de seguridad o el poder judicial no dan prioridad a los incidentes de violencia contra las mujeres", reprochaban las expertas, una dinámica que contribuye a "la impunidad de los agresores". Consecuencia de esa escasa prioridad "son los retrasos en el inicio de las investigaciones y los procesos judiciales, que a su vez pueden conducir a la pérdida de pruebas vitales y a un mayor riesgo para la víctima de sufrir violencia repetida".

Fue lo que les sucedió a dos mujeres víctimas de violencia sexual en Pamplona. En octubre del año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por no haber llevado a cabo una investigación eficaz en este caso, tras constatar una excesiva duración del procedimiento, junto con la pérdida y manipulación de pruebas y la falta de independencia suficiente en la investigación.

El artículo 49 del Convenio de Estambul –el marco jurídico europeo para una estrategia común contra la violencia machista– obliga a adoptar todas las medidas necesarias para que los procedimientos judiciales relativos a la violencia contra las mujeres se lleven a cabo "sin demoras injustificadas". En el mismo sentido, el artículo 50 obliga a que las fuerzas y cuerpos de seguridad "respondan de forma rápida y eficaz a todas las formas de violencia".

Actualmente, completa Filgueira, "lo estamos describiendo como un tipo de violencia institucional, porque a través del sistema lo que se está haciendo es impedir el cierre de la situación". No hay que perder de vista que para una víctima "el primer elemento y uno de los más importantes en términos de reparación es la sentencia". Pero además, agrega la jueza, el daño de las demoras es global: si los tiempos de la justicia se dilatan, necesariamente se alargará el proceso de recuperación de la víctima. "Es un daño también para el sistema de salud, por lo que se trata de un coste multilateral poco eficaz para el sistema". 

A juicio de Díaz Ramos, es fundamental que el Ministerio de Justicia comience a contemplar "indemnizaciones por las segundas victimizaciones en los procedimientos judiciales, entre ellas la causada por las dilaciones indebidas". La letrada sabe bien de lo que habla. Ella misma llevó un caso que terminó con una "indemnización cuantiosa" para la víctima, después de que su agresor viera acortada su condena por dilaciones indebidas. 

"Acreditamos que hubo un funcionamiento anormal de la administración de justicia porque dejó, en varias ocasiones, el procedimiento paralizado, causando una dilación indebida que sirvió para una rebaja significativa de la pena", comparte con este diario. El impacto en la víctima fue incuestionable: se produjo "un padecimiento psicológico, también en su imagen e identidad", lo que además derivó en un deterioro de su “derecho a obtener justicia”, tal como quedó acreditado por distintos informes psicológicos.

Las juristas consultadas aciertan a señalar un foco claro en la base del problema: la falta de recursos. "Los juzgados estamos absolutamente colapsados", sostiene Filgueira. La magistrada se refiere al aumento de competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, desde que en octubre del año pasado pasaron a asumir además los delitos sexuales. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló entonces que la incorporación de los nuevos asuntos implicaría una sobrecarga de trabajo del 12,9%, una cifra que algunas voces elevaron al 20%. "Se ha evidenciado que el sistema requiere de más recursos humanos, materiales y de atención a las víctimas", zanja la jueza.  

Pero, ¿es todo cuestión de tiempos? Las expertas no se quedan ahí. "En violencia de género en pareja se da la paradoja de que la primera parte del procedimiento suele ser extraordinariamente rápida, porque suele haber una petición de orden de protección que se tramita de manera exprés", observa Díaz Ramos. Pero no por ello es más eficaz: "Es muy superficial, se hace normalmente sin pruebas y en muchos juzgados incluso sin escuchar a las víctimas". En algunas ocasiones, el juzgado puede incluso decidir tramitar el procedimiento como juicio rápido "porque solo evalúa un episodio específico, sin tener en cuenta otros anteriores y sin darle a la víctima la oportunidad de que desarrolle o complete lo que denunció en un primer momento". 

En ese mismo punto se detiene la jurista Altamira Gonzalo. "Las dilaciones prolongan la incertidumbre y revictimizan a las mujeres, pero también nos encontramos con juicios rápidos que no son satisfactorios, porque la celeridad impide hacer pruebas que requieren más tiempo", sostiene en conversación con este diario.

A la necesidad de reforzar y ampliar los recursos, se añade otro imperativo: la formación. "La confianza de las mujeres en la justicia se recuperará cuando sean atendidas con empatía, cuando desde la abogacía hasta la judicatura sean capaces de ponerse en su lugar y entender la situación en la que se encuentra una mujer que denuncia", zanja Gonzalo.

Rocío Wanninkhof tenía 19 años cuando fue asesinada. Era otoño de 1999, en Mijas (Málaga). El crimen tuvo un impacto mediático sin precedentes, atravesado por la desinformación y el señalamiento taxativo de una mujer como culpable: Dolores Vázquez, pareja de la madre de la víctima. Los medios colocaron enseguida sobre ella el título de criminal, esquivaron las evidentes raíces machistas del asesinato e introdujeron lo que más tarde pasaría a engrosar los manuales de comunicación como pena de telediario. En las entrañas del caso subyacía una latente lesbofobia que encontró acomodo social y judicial, terminando con la condena de la principal sospechosa. 

Casi tres décadas después, no queda ya quien dude de la violencia institucional que pesó sobre la acusada en falso. Y por eso, son las propias instituciones quienes comienzan ahora a pronunciar un perdón público: el Ministerio de Igualdad le entregará el próximo 27 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad.

Dolores Vázquez fue declarada culpable de asesinato por un jurado popular. La Fiscalía la describió como una mujer con una personalidad "muy pusilánime y muy gallega", atravesada por "explosiones de ira" y absolutamente "desquiciada" en el momento de los hechos, debido al fin de la relación afectiva con la madre de la víctima. El grueso de los medios de comunicación apuntalaron su imagen de mujer fría, agresiva y temperamental. Permaneció 519 días en prisión, hasta que el hallazgo de una segunda víctima, Sonia Caravantes, dio un vuelco al caso.

"El retrato que se hizo de ella fue fundamental en su culpabilización y en el hecho de que podamos decir que fue un caso de lesbofobia". Habla Beatriz Gimeno, autora de La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008). Los medios enseguida la presentaron como "una lesbiana monstruosa, en el sentido en que tradicionalmente se ha representado a las lesbianas desde la misoginia", abunda la autora a preguntas de este diario.

Sobre Dolores Vázquez se arrojaron todos "los estereotipos de esa lesbiana perversa", ligándola a una persona "masculinizada, agresiva, desagradable, sexualmente perversa y pervertidora de mujeres inocentes, antipática, capaz de todo, tirana con sus empleados y envidiosa de la maternidad ajena". El caldo de cultivo perfecto para hacerla encajar en el molde de culpable.

"Los medios de comunicación tuvieron un papel esencial a la hora de construir un retrato de Dolores Vázquez que casaba con prejuicios instalados en el imaginario colectivo y que dibujan a las mujeres lesbianas como personas perversas, incluso retorcidas y amargadas", hilvana Charo Alises, abogada y activista en la Federación Estatal LGTBIQ+, quien se detiene en los prejuicios sociales respecto a las mujeres lesbianas. 

El calado social fue inmediato. No hubo expresiones de apoyo a Dolores Vázquez, apenas existió un análisis crítico de lo que estaba sucediendo y nadie se concentró a las puertas de los tribunales para denunciar el linchamiento contra la principal acusada. 

El mecanismo de señalamiento fue milimétricamente articulado: "Nunca se dijo públicamente que era lesbiana porque eso hubiera permitido entender y combatir la imagen que se estaba dando de ella", pero al mismo tiempo "se expusieron todos los estereotipos negativos que se asocian a dicha condición", abunda Gimeno. En definitiva, "el armario funciona avisando a los demás de lo que les puede pasar si se atreven a solidarizarse con la persona atacada".

Así lo entiende también Violeta Assiego, abogada especializada en derechos humanos. "El hecho de ser una mujer lesbiana activó un juicio social previo que no se quedó en el ámbito mediático, sino que permeó el proceso penal y condicionó la decisión del jurado popular", asiente en conversación con este diario. El jurado tomó la decisión de declararla culpable "en un contexto fuertemente atravesado por prejuicios, donde la imagen construida de Dolores Vázquez funcionó como un relato verosímil en aquella época que suplía la falta de evidencias".

La mayoría del jurado la encontró culpable, a pesar de la ausencia de pruebas. "Los estereotipos la señalaron socialmente y operaron como un marco interpretativo desde el cual se juzgaron los hechos, anulando la presunción de inocencia y basándose en prejuicios, en vez de en pruebas", sostiene Assiego. 

No fue hasta 2003 cuando el verdadero asesino de Rocío Wanninkhof fue identificado. Tony Alexander King, un agresor machista, un violador y un "auténtico cazador de mujeres", define el periodista José Antonio Sau. El criminal era un viejo conocido de las autoridades: había cometido delitos de la misma naturaleza en Reino Unido y el Gobierno de España había recibido en 1998 la alerta de que se encontraba en suelo español y era peligroso. 

Assiego cree que existió una "clara ausencia de perspectiva de género en la investigación del caso y su enjuiciamiento", un procedimiento en el que "no se contempló la hipótesis de un crimen sexual machista, pese a que esos eran los indicios que fueron determinantes cuando se identificó al verdadero autor". Esa ceguera, completa Gimeno, "permitió que el asesino no solo siguiera libre, sino que asesinara a otra mujer".

Dolores Vázquez nunca fue indemnizada. Lo solicitó en julio de 2015, pero el Tribunal Supremo desestimó la demanda por un defecto formal. Pasó 17 meses en prisión y alrededor de una década en Reino Unido, hasta que decidió regresar. En un documental emitido hace cuatro años, ella misma sostenía que, al margen de la reparación económica, le bastaría con un perdón: "Siempre lo he pedido. Que admitan que se han equivocado conmigo".

La misma idea volvió a expresarla el año pasado en su Betanzos (A Coruña) natal, en la recogida del XVII premio Úrsula Meléndez de Texeda. "Necesito que el Gobierno me pida perdón", manifestó públicamente.

El acto organizado por el Ministerio de Igualdad busca, en parte, curar esa herida todavía abierta. "Es un acto de homenaje y reparación", asiente Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+. "Es muy importante reconocernos en el pasado porque no hay democracia sin memoria", añade a preguntas de este diario. A su juicio, este caso debe estar "siempre presente, especialmente para que nunca se repita una situación como la que vivió ella". Es, a su juicio, un símbolo "pero ante todo es una persona que fue muy maltratada y que merece todo el cariño".

Precisamente en la garantía de no repetición se detiene Assiego. Si bien el perdón institucional "tiene un valor simbólico, jurídico y democrático", lo cierto es que "llega tarde y corre el riesgo de que se quede en algo decorativo si no se va más allá del acto institucional". Para la jurista, nombrar la injusticia "es imprescindible para restituir, en la medida de lo posible, la dignidad de Dolores Vázquez", pero también estima que los efectos de esa reparación tendrían que ser más amplios. 

"Debería tener un valor jurídico en términos de garantías y dar pie a que se comprobase si, en la actualidad, las prácticas judiciales, la conformación de los jurados, los protocolos y los estándares probatorios impedirían que se produjera el mismo resultado", plantea la abogada.

En todo caso, zanja la Assiego, el peso del perdón está ligado "al valor que la propia Dolores Vázquez le dé". Es a ella, afina, a quien "hay que pedir perdón y es a ella a quien hay que escuchar y no a los representantes de los ministerios o a quienes han estudiado y escrito sobre esto". Su voz, zanja, es ahora la más importante de esta historia.

La población LGTBIQ+ no se libra del odio: el 54% del colectivo afirma haber sido víctima de algún tipo de ataque en el último año, motivado por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Así lo indica el informe Estado del Odio 2026, una investigación publicada este jueves por la Federación Estatal LGTBI+ a partir de una encuesta realizada por el centro demoscópico 40dB. "Una proporción significativa" de esta comunidad continúa "enfrentándose a incidentes motivados por prejuicio o rechazo hacia su orientación sexual, identidad o expresión de género, o por sus características sexuales". 

Los resultados de la encuesta arrojan datos alarmantes: el 22% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido algún tipo de agresión, el 36% dice haber sido víctima de acoso y el 29% convive con la discriminación, siendo las personas trans quienes en mayor proporción soportan este tipo de violencia. "Si el odio avanza, la protección debe hacerlo a pasos más agigantados, porque solo así podremos frenar la violencia que viven cada día miles de personas", ha sentenciado la presidenta de la Federación Estatal, Paula Iglesias. 

Sin embargo, advierten los autores del informe, ninguno de estos fenómenos sucede de forma aislada: "Una proporción considerable de personas declara haber experimentado múltiples formas de violencia de manera simultánea". Y un 11% asegura haber sufrido las tres situaciones de forma conjunta. "Este patrón sugiere que, para una parte significativa de las víctimas, estos episodios no constituyen hechos aislados, sino experiencias repetidas a lo largo del tiempo, siendo, además, igual de frecuentes todas las formas de violencia", en palabras de la responsable de investigación, formación y calidad de la Federación Estatal, María Rodríguez.

La violencia que sufren las personas del colectivo se produce a la vista de toda la población. La calle es el espacio que con mayor frecuencia se convierte en un escenario de odio (32%), seguido del centro de trabajo (13%), los espacios de ocio (13%) y el transporte público (9%). Pero ni siquiera los espacios que se presuponen seguros son garantía para estas personas: el 11% reporta violencia en el ámbito familiar.

El odio contra el colectivo ha encontrado, en los últimos años, expresiones más amplias gracias a la inestimable ayuda de las redes sociales. Los insultos en el entorno digital constituyen la forma más frecuente de violencia en el plano online, mencionados por el 18% de las personas encuestadas. A ello le sigue el aislamiento o rechazo (13%) y la discriminación laboral en plataformas digitales (11%). El 7% de las personas del colectivo declaran, además, haber sufrido coacciones, amenazas y sextorsión.

Instagram es la red social más señalada por las personas del colectivo (29%), seguida de X (25%), Facebook (17%) y TikTok (16%). Se trata de espacios donde "la interacción con personas desconocidas es más frecuente y los mecanismos de moderación o control social pueden ser más limitados", expresan los autores del informe.

El problema estructural que implica el odio generalizado contra el colectivo se ve alimentado por otra gran brecha: la falta de recursos a la hora de dar la voz de alarma. La inmensa mayoría de expresiones de odio son susceptibles de ser denunciadas, insiste el informe, pero el problema de la infradenuncia sigue enquistado.

El 65% de las personas encuestadas optó por no denunciar ante las autoridades, si bien entre ellas el 18% sí acudió a alguna asociación especializada. Únicamente el 35% decidió llamar a la puerta de alguna comisaría.

Las razones que disuaden a las personas del colectivo a la hora de denunciar son diversas: no conceder importancia a lo sucedido es citado por el 25%, la vergüenza disuade al 19%, mientras que el 13% sencillamente reconoce que no se le ocurrió. El 12% se instala en la normalización de la violencia al destacar que le sucede todo el rato. Sin embargo, la mayoría evita denunciar por motivos relacionados con el trato que esperan recibir: un 24% pensaba que no le iba a servir para nada y el 13% asumía que no le iban a creer. El 16% no confía en la Policía e incluso piensa que la respuesta entre las autoridades será discriminatoria.

Entre quienes denuncian, lo cierto es que las experiencias negativas prevalecen con mucho (74%) sobre las positivas (57%). Las voces recopiladas para la confección del estudio reportan que la Policía minimizó lo sucedido, hizo sentir mal a la víctima, formuló preguntas incómodas o negó la raíz LGTBIfóbica del hecho denunciado a través de sus comentarios.

Ariadna (nombre ficticio) ni siquiera se había planteado, durante buena parte de su vida, nombrarse a sí misma como víctima de violencia sexual. Sí le atravesaba la lúcida noción de que alguien con poder le había hecho un daño irreparable, condicionando hasta el extremo todos los aspectos de su día a día. Pero fue otra persona, una psicóloga especializada, quien le sostuvo la mano para decirle por primera vez que aquello que todavía le provocaba un nudo en el pecho tenía nombre: violencia sexual. Ariadna aprendió entonces a reconocer como agresor al hombre que le había abierto la puerta de su despacho siendo ella menor, sin miedo a las consecuencias que entrañaba y aun sabiendo que su relato ponía en evidencia al político posiblemente más reconocible y reconocido de la Transición: el expresidente Adolfo Suárez.

El pasado mes de diciembre dio el paso de hacer pública su historia y denunciar a su presunto agresor en los tribunales. La denuncia formal era en realidad una manera de hacerse un hueco en la conversación pública. No buscaba una condena, no le interesaba que un juez dictara sentencia, pero sí ansiaba reconocimiento y reparación. El juzgado acaba de confirmar el archivo de la causa debido a la prescripción de los delitos y el fallecimiento del denunciado, pero la víctima se siente satisfecha por el camino recorrido. Habla ahora con infoLibre, convencida de que todavía le quedan muchas puertas por abrir y segura de no volver a enterrar su relato en el silencio.

Desde el primer momento usted aseguró que decidía denunciar aun sabiendo que el recorrido penal era escaso, ¿por qué decidió dar el paso?

Porque era la única forma legal de hacer públicas mis agresiones.

¿Y por qué era importante para usted hacerlo público?

Creo que, por el perfil del agresor, esto también forma parte de la historia de este país, o debe formar parte de la historia de este país. Lo que sucedió cambia totalmente la visión y el concepto que tenemos de esa persona como personaje.

¿Se había planteado denunciar alguna vez antes?

No. Además, tardé muchísimos años en reconocerme como víctima y en reconocer los delitos. Tenía demasiado miedo para poder denunciar. Ha sido un proceso muy largo, primero he tenido que sanarme, sentirme segura y encontrar un entorno seguro que me ha dado credibilidad desde el primer momento.

¿Cuándo fue consciente de que había sido víctima de una agresión sexual?

Me di cuenta con 37 años [dos décadas después de que se produjeran las agresiones que denuncia], cuando fui a una psicóloga por primera vez a causa de una depresión. Al tratarme, salieron todos esos abusos y fue cuando ella puso nombre a mi sufrimiento. Me dijo: "Tú has sufrido violaciones". Ella fue quien me sugirió que, para cerrar esa herida, le escribiese la carta que le mandé a Adolfo Suárez en 2003, reclamándole una explicación. 

¿Le sirvió escribir esa carta?

Sí, me sirvió. Supe que por lo menos se habían enterado. Esa carta llegó, porque poco después me llamaron desde un número oculto y en aquella época era algo muy raro. Llamaron y me colgaron el teléfono. Yo supe que eran ellos.

Escribir esa carta fue un acto de reparación, pero asegura que la posterior denuncia también lo fue. ¿Por qué?

Porque al poner la denuncia he recuperado mi dignidad como persona y como mujer. Me he completado. Yo estaba muy achicada, muy encogida, y el hecho de poner la denuncia me ha dignificado. 

En su relato de lo sucedido, menciona también al entorno del expresidente, encargado de organizar las citas. ¿Cree que podrían haber hecho algo para frenar lo sucedido?

Creo que sí lo sabían, pero quizá les ha salido mejor guardar silencio que ponerse de parte de una víctima.

¿Cree que hay más víctimas?

Estoy convencida de que hay más víctimas. Él tenía mucha soltura, yo no soy la única. Estoy totalmente convencida.

Hay quien le cuestiona por el tiempo que tardó en denunciar. ¿Por qué ha necesitado 40 años?

Creo que si no eres víctima quizás sea difícil de entender. Una de las secuelas que a mí me han dejado estas agresiones ha sido la disociación. Yo he estado prácticamente 40 años disociada. Ni siquiera me parece que haya pasado tanto tiempo, sigo viendo a esa niña de 17 años. Además, tardas mucho en reconocerte como víctima, te tienen que ayudar a ponerle nombre a todo, a sanar, y el tiempo va pasando. Que yo haya denunciado ahora no significa que lo haya hecho en el mejor momento, pero lo he hecho cuando he estado preparada. Yo no me levanto un día y digo: vamos a hablar de este tema. No, ha sido porque se han dado las circunstancias personales y de mi entorno para poder hacerlo. Incluso pienso que si lo hubiera hecho hace cuatro o cinco años, con otro Ministerio de Igualdad, quizá me habrían ayudado más. 

¿No han estado el actual Gobierno y el actual Ministerio a la altura?

Yo voy a seguir insistiendo. Quiero insistir con el Ministerio de Igualdad y con el Ministerio de la Presidencia para seguir reivindicando una reparación simbólica, igual que se ha hecho con otras víctimas, como sucede con la Iglesia y respecto a agresores ya fallecidos. ¿Qué diferencia hay entre esas víctimas y yo?

¿Cómo ha pesado sobre usted lo sucedido a lo largo de estos 40 años?

Ha interferido en todo. A partir de la primera agresión sexual, yo empecé a tener trastornos psicológicos de todo tipo, tuve un trastorno de tricotilomanía, empecé a disociarme continuamente, a perder la memoria, a tener problemas de concentración, a padecer estrés postraumático, muchísimos miedos, inseguridad, baja autoestima y muchos problemas para relacionarme. Cuando comencé a trabajar, tuve intensos problemas de bajo rendimiento, sin entender por qué. En mis relaciones personales he seguido sufriendo mucha violencia. Porque si no sanas, sigues sufriendo violencia. Hace diez años empecé con una terapia muy buena, en un servicio de la Comunidad de Madrid, y fue a partir de ahí cuando empecé a sanar de verdad, a procesarlo todo y a poder hablar de ello sin dolor. Porque yo antes ni siquiera podía hablar, no podía pronunciar el nombre de este señor. 

¿Ha sentido apoyo social, mediático e institucional?

Yo tengo un círculo que me apoya, me da credibilidad y nunca me ha juzgado. La verdad es que solo hablo de este tema en sitios en los que me siento segura. A nivel social, hay una parte muy importante que está conmigo y que no pone en duda lo que yo he denunciado, eso es muy importante. Sé que otra parte de la sociedad dice lo contrario, pero no les he hecho mucho caso. Me aconsejaron que no mirase las redes sociales y eso es lo que he hecho. Institucionalmente, creo que se podría haber hecho más, pero todavía no tengo las puertas cerradas, así que voy a seguir insistiendo.

¿Qué siente cuando tiene que coger un avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas?

No lo cojo. Desde 2014 solo he cogido dos aviones, lo evito totalmente, y si viene gente tampoco voy a buscarles al aeropuerto. No puedo, me revictimiza mucho escuchar su nombre. 

Además del aeropuerto, señala la serie Anatomía de un instante como un elemento de revictimización.

Sí, la serie me parece un paripé y una mentira, en línea de lo que siempre nos han contado. No la he visto, ni la quiero ver.

La jueza ha decidido archivar la causa. ¿Le gustaría haber podido declarar?

Declarar en sede judicial habría sido bastante sanador para mí. El procedimiento judicial ha sido breve, como se preveía, pero me alegro muchísimo de haber puesto la denuncia. Ha sido muy reparador y muy sanador para mí. El primer auto de archivo me produjo muchas satisfacciones al ver tipificadas como delictivas las conductas que yo había denunciado. Se citaban como delitos de agresión y abuso. Y el segundo auto de archivo era lo esperado, aunque nunca he perdido la esperanza de que se me recibiese en sede judicial. En mi opinión, tiene poco fundamento lógico material decir que, por diligencia debida y el deber de practicar solo actos eficaces, se deniega la única diligencia de investigación solicitada por quien precisa esa reparación. Creo que se ha hecho una interpretación muy estrecha del Código Penal, las leyes y la jurisprudencia, porque aunque los actos están prescritos, yo tengo derecho a ser escuchada. 

El auto de hecho sugiere otras vías de reparación, fuera de la jurisdicción penal. ¿Ha pensado en otras formas de reclamar su derecho a ser escuchada?

Dentro de la vía judicial, no. No voy a apelar más. Pero voy a tocar las puertas de las instituciones y del Gobierno. El 7 de enero, cuando me reuní con Igualdad, la ministra me recibió en su despacho y me dijo que había que separar al personaje de la obra. Me puso el ejemplo de Picasso y el Guernica. Pero ni el aeropuerto ni la serie son obra de Adolfo Suárez, son actos políticos póstumos. Y precisamente por eso tendrían que poder retirar esos reconocimientos.

A día de hoy, ha vuelto a tratar el asunto en recursos especializados y participa en redes de mujeres. ¿Siente que su dolor se ha aliviado en parte?

Por supuesto. Todos estos pasos que estoy dando y todos los avances que estoy consiguiendo, si no tuviese la red de apoyo que tengo, no habrían sido posibles, ni estaría ahora donde estoy. He vuelto al espacio de Igualdad de María Telo y mi intención es moverme en espacios pequeños y seguros, donde yo sienta que no corro peligro, para ir contando mi historia y ayudar a otras personas. Porque el silencio mata y yo necesito contarlo.

Febrero de 2025. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se dirige a las principales entidades LGTBIQ+ de su país. Lo hace para lanzarles una advertencia: que no pierdan el tiempo en organizar el próximo Orgullo. Sus palabras no eran sino una amenaza velada, la guinda de una ofensiva contra el colectivo macerada a lo largo de todo su mandato y puesta en práctica con fervor en el último lustro. Aquel ataque directo se transformaría enseguida en una prohibición explícita, pero se topó con algo que no figuraba en los planes del mandatario: la oposición en las calles de todo el mundo. Orbán no se saldría finalmente con la suya, pero sus políticas han generado un daño irreparable para los derechos del colectivo, las mujeres y las personas migrantes. La cita electoral de este domingo obliga a no apartar la mirada de un país que se ha convertido en punta de lanza de la ofensiva reaccionaria en suelo europeo. ¿Es posible revertir los retrocesos y recuperar el rumbo?

"El Gobierno de Hungría ha promovido medidas anti-LGTBIQ+ como parte de una estrategia más amplia de política cultural nacionalista", introduce Dóra Sós, portavoz de la organización húngara Háttér Society. El partido gobernante, continúa la activista, moviliza a su base principal presentando a las personas LGTBIQ+ y la llamada "ideología de género" como una "amenaza para los niños y las familias tradicionales, frente a la cual solo ellos pueden proteger el tejido de una sociedad húngara basada en familias tradicionales". 

Lo cierto es que si existe un lugar que ostenta el dudoso privilegio de alzarse como la cuna de la retórica ultra, ese sitio es la Hungría de Viktor Orbán. El primer ministro sembró con sus políticas reaccionarias lo que pronto se convertiría en un ataque sin paliativos contra los derechos del colectivo, elogiado por sus homólogos europeos y replicado globalmente. Con ese telón de fondo, no parece sencillo reparar las heridas provocadas por las políticas del líder ultra, pero además los comicios de este domingo tampoco ofrecen una alternativa clara hacia un cambio sustantivo. 

El principal opositor y líder en las encuestas, Péter Magyar (Tisza), tiene una posición deliberadamente tibia en lo que respecta a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. No condena explícitamente las políticas del actual primer ministro, pero tampoco las respalda. Ninguna propuesta, ni iniciativas concretas, ni una hoja de ruta clara. Sencillamente, las políticas de igualdad no están entre sus prioridades. 

"Su compromiso con los derechos LGTBIQ+ sigue sin estar claro", asiente la activista húngara. Pero además, añade, incluso en caso de un cambio de poder, "las arraigadas barreras institucionales hacen que cualquier restablecimiento significativo de los derechos probablemente sea gradual y esté lejos de estar garantizado". Los activistas sí confían, en cambio, en un empuje a golpe de tribunales. "Tisza se ha comprometido a restablecer el Estado de derecho, así que es probable que no se cuestione el cumplimiento de las sentencias dictadas por Europa".

Es hacia Europa, precisamente, hacia donde miran todos los ojos. "Para acceder a los fondos europeos –actualmente congelados–, es necesario que se pongan en marcha cambios legales", recuerda Esther Martínez, directora de la asociación Reclaim, con sede en Bruselas. La duda radica en el nivel de exigencia por parte de las instituciones europeas: "El riesgo está en conformarse con un cambio en el poder y premiar a Péter Magyar con un acceso a los fondos, antes de que lleve a cabo los cambios".

En este artículo, el analista político Eric Maurice sostiene que, si finalmente Viktor Orbán sale del poder, la Unión Europea se enfrenta al dilema de cómo apoyar una necesaria transición democrática. "Si bien la UE ha desarrollado herramientas para sancionar el retroceso democrático, carece de un marco claro para apoyar y garantizar la recuperación", escribe. No basta con aplaudir un cambio de liderazgo, sino que se hace necesario vigilar cómo se expresa ese relevo desde un punto de vista material y normativo.

Luca Dudits, responsable de incidencia política de la organización ILGA-Europe, recuerda que la Unión Europea "tardó en actuar cuando se introdujeron las primeras medidas" antiderechos, y la situación "se ha deteriorado desde entonces". Por ese motivo, coincide en que las instituciones europeas "no deben repetir ese patrón y tienen que utilizar todas las herramientas disponibles, incluidos los procedimientos de infracción y las medidas provisionales, cuando los derechos fundamentales estén en peligro".

¿Y cuáles son esas leyes e iniciativas que han puesto en peligro a la ciudadanía húngara? "El modus operandi del Gobierno consiste en señalar a un grupo cuyo apoyo social es relativamente bajo, convertirlo en chivo expiatorio y estigmatizarlo", expone Dóra Sós. Esta táctica busca la polarización, asentando la narrativa del "nosotros contra ellos". Esta dinámica "legitima medidas más duras y un control centralizado más estricto" contra los miembros del grupo "señalado como enemigo", a quienes se les presenta como "una amenaza para la soberanía de Hungría". Comenzó, recuerda la activista húngara, con las personas migrantes allá por 2015, al calor de la crisis migratoria, y se desplazó "hacia la comunidad LGTBIQ+ a partir de 2018 aproximadamente".

En el año 2020 saltó por los aires el reconocimiento legal de las personas trans y quedó prohibida la adopción para parejas del mismo género. Un año después, el Gobierno de Hungría aprobó una ley bajo el pretexto de proteger a los menores, cuyo articulado censura la divulgación o representación de las realidades LGTBIQ+ ante personas menores de edad. La ley afecta a medios de comunicación, publicidad, escuelas y parte de una base: la equiparación del colectivo con la pedofilia. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene pendiente emitir una sentencia sobre esta norma, después de que 16 Estados miembros, el Parlamento y la Comisión Europea la llevaran ante la justicia. Por el momento, la abogada general del tribunal, Tamara Ćapeta, expresó el verano pasado que, en su opinión, el país había vulnerado el Derecho de la Unión Europea. 

Orbán también ha estrechado el cerco alrededor de los derechos reproductivos de las mujeres, una ofensiva ligada a un espíritu natalista de sus políticas y a la defensa de la familia tradicional como epicentro. En la Constitución que Hungría aprobó en 2011 –llamada Ley Fundamental–, el líder blindó la protección de "la vida fetal desde la concepción", una declaración de intenciones de su ideario ultra. En 2022 aprobó un decreto que obliga a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, inspirando a la extrema derecha de todo el mundo.

Hungría se negó a ratificar el Convenio de Estambul, el principal instrumento a nivel europeo de compromiso contra la violencia machista. Y según el último Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo por la Igualdad de Género (EIGE), el país está en el penúltimo puesto en materia de igualdad. 

Buena parte de los cambios para revertir esas políticas, en todo caso, requerirían amplios consensos en el plano político. "La modificación de la Ley Fundamental o la ley de protección a la familia necesitaría una mayoría de dos tercios en el Parlamento", recuerda Dóra Sós. E incluso aquellas leyes que podrían derogarse por mayoría simple deben llevar aparejada una "voluntad política que hasta ahora no hemos visto de forma inequívoca, o que exigirían una legislación compleja". El camino, sea cual sea el resultado del domingo, parece largo todavía.

Especialmente porque no se trata únicamente de cambios legislativos, sino de reconstruir todo un país arrasado por el odio, una sociedad en la que han permeado los discursos difundidos por el altavoz institucional de la extrema derecha.

"En la última década, el sentimiento anti-LGTBIQ+ ha ido en aumento", lamenta Luca Dudits. La administración de Viktor Orbán "ha demostrado que instrumentalizar a las minorías sociales sigue siendo una estrategia política conveniente, utilizada a menudo para desviar la atención de los retos económicos, los escándalos políticos o cuestiones sistémicas como la sanidad o la educación", continúa. Y desde entonces, políticos de todo el mundo "han adoptado tácticas similares, a veces junto con ataques más amplios contra los derechos sexuales y reproductivos y restricciones en los sistemas de asilo y migración". Pero además, Orbán ha sido capaz de tejer toda una red de organizaciones, fundaciones y lobbies financiados con dinero público para exportar su agenda autoritaria.

Se trata de estrategias que tienen un impacto, contribuyen a "crear un entorno hostil" y aumentan "el riesgo de discriminación y violencia". Frente a ello, las organizaciones de la sociedad civil "colaboran cada vez más para reconstruir la cultura democrática y hacer frente a la normalización del discurso del odio", asiente la portavoz de ILGA-Europe. Y ahí es donde sitúa la clave de cara a la construcción de un nuevo escenario esperanzador: "Este tipo de solidaridad entre movimientos es esencial para restablecer la confianza en las instituciones y reforzar la resiliencia democrática".

Coincide Marta Alonso, miembro de la ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), quien equipara las tareas de reparación con el periodo de transición en suelo español tras la dictadura franquista. "Una ley se puede modificar rápido, pero el cambio social requiere de un trabajo de fondo, planificado y a largo plazo", afirma al otro lado del teléfono. Eso sí, recuerda, en Hungría las activistas y organizaciones sociales tienen especialmente difícil hacer pedagogía, debido a la persecución impuesta a golpe de ley, así que el primer paso es necesariamente desarticular toda esa estructura institucional construida sobre las bases del discurso de odio. "Si se levantan esas restricciones, al menos tendríamos por dónde empezar", clama.

El Gobierno se mantiene firme en su propósito de blindar el aborto como un derecho constitucional. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta un proyecto de reforma para introducir un nuevo precepto a la Constitución: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio". 

España no camina sola en su voluntad de alzarse como vanguardia global en la defensa del aborto, sino que tiene un espejo en el que mirarse. Francia aprobó, hace ahora dos años, incorporar la interrupción voluntaria del embarazo en su Constitución de 1958. Lo hizo gracias al consenso social y con un objetivo claro: contener la ofensiva reaccionaria que entonces comenzaba a consolidarse a nivel internacional.

Una ola regresiva que pone en la diana, principalmente, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La mecha que dio lugar a la iniciativa francesa no prendió en el país galo, sino a miles de kilómetros. En junio de 2022, la Corte Suprema estadounidense anulaba la sentencia Roe contra Wade, dictada hace cinco décadas y consagrada como la principal herramienta para garantizar el acceso al aborto. La decisión de los jueces hizo saltar las alarmas en todo el mundo. También en España: Carmen Calvo fue una de las primeras voces que a nivel público deslizaron la posibilidad de modificar la Constitución, una idea que ha ido tomando forma en los últimos años, hasta aterrizar este martes en el Consejo de Ministros.

Y en el país vecino, la reacción fue similar. La situación actual "exige tomar medidas en Francia" para no tener que pasar por "los retrocesos que puedan existir", expresó en junio de hace cuatro años la diputada Aurore Bergé, presidenta del grupo La República en Marcha, el partido de Emmanuel Macron. Su formación anunciaba entonces una propuesta de ley para "incluir el respeto al aborto" en su Constitución.

Algo menos de dos años después, Francia se convirtió en el primer país en dar el paso. El artículo 34 de la Constitución francesa así lo recoge: "La ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo". El encaje constitucional tuvo un impacto fundamentalmente simbólico: si bien quedó reforzada la protección del aborto, las condiciones concretas para ejercerlo dependen exclusivamente de la legislación ordinaria. Al contrario de lo que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, el ejemplo francés se limita a blindar la libertad de las mujeres para abortar, pero evita entrar en detalles respecto a la prestación. 

Y las condiciones, dos años después, siguen presentando importantes deficiencias. El informe IVG: una ‘libertad garantizada’, pero un acceso frágil, publicado en octubre de 2024 por el Senado, ya advertía de que la garantía del acceso al aborto requiere de más pasos que su consagración constitucional, especialmente enfocados en paliar las diferencias territoriales, los desplazamientos forzosos y la desinformación.

En septiembre del año pasado, las estadísticas oficiales recogieron un total de 251.270 interrupciones del embarazo a lo largo de 2024 en Francia, pero el análisis de los datos permite afirmar que "persisten las disparidades territoriales", con tasas de acceso superiores en los territorios de ultramar en comparación con las áreas metropolitanas. Las diferencias desde un punto de vista geográfico propician, no en pocas ocasiones, el desplazamiento de aquellas mujeres que ven limitado su derecho. La presidenta de la Asociación Francesa de Planificación Familiar, Sarah Durocher, advierte en declaraciones a Le Parisien que a día de hoy "las mujeres se ven obligadas a viajar a un departamento distinto al suyo para abortar". Todo ello, a pesar del blindaje constitucional.

No es muy distinto a lo que sucede en suelo español. El último informe del Ministerio de Sanidad recoge un total de doce provincias –Jaén, Huesca, Teruel, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Soria, Segovia, Ávila, Palencia, Zamora y Cáceres– que no notificaron ni un solo aborto en 2024. Y, sin embargo, según los datos recogidos por el Ministerio, un total de 4.636 mujeres residentes en esas provincias sí abortaron ese año, por lo que tuvieron que desplazarse para hacerlo en otro territorio. En la última década, decenas de miles de mujeres se vieron obligadas a traspasar las fronteras de su provincia para poder abortar.

La investigadora Alexandra Pugh, experta en estudios franceses y de género, subraya en un artículo publicado en agosto del año pasado que, a pesar de la victoria simbólica que supuso constitucionalizar el aborto como una libertad fundamental, la realidad material de las mujeres que desean ejercer sus derechos reproductivos no da pie a celebraciones. La reforma constitucional, recuerda, no garantiza por sí sola mejoras prácticas, así que las grietas siguen bien presentes. 

"El acceso al aborto no se respeta de manera equitativa", escribe la autora, quien recuerda a renglón seguido que "una de cada cuatro personas tiene que salir de su departamento para abortar y, entre las que abortan en un centro sanitario, más de la mitad tiene que esperar siete días para conseguir una cita". El 54% de las mujeres que deciden abortar, según los datos oficiales, asumen un tiempo de espera superior a una semana para ser atendidas. 

En Francia, concluye la investigadora, "existe una gran disparidad entre la idea, respaldada por el Estado, de que las mujeres tienen un derecho firme y sin trabas a decidir, y la realidad de la desigualdad en el acceso a la atención reproductiva".

Una desigualdad estructural que impacta especialmente entre las mujeres más vulnerables. "El límite gestacional en Francia [catorce semanas] provoca que muchas personas se vean obligadas a viajar al extranjero", recoge el informe de Amnistía Internacional Cuando los derechos no son reales para todos: la lucha por el acceso al aborto en Europa. A España llegan cada año unas 1.500 mujeres de otros países europeos para poder acceder a la interrupción del embarazo y las francesas son precisamente las que con mayor frecuencia se desplazan, por detrás de las portuguesas, con este propósito. También al Reino Unido, tal y como explica Camille Kumar, directora general de la organización inglesa Abortion Support Network: "Los límites gestacionales son barreras arbitrarias que afectan sobre todo a las personas vulnerables".

Algunas de las mujeres procedentes de suelo francés, prosigue la experta en declaraciones recogidas en el citado informe, se encuentran atravesadas por situaciones complejas, como contextos migratorios, violencia machista, consumo de sustancias o sinhogarismo. Más similitudes con la situación en España: en nuestro país, ocho comunidades incumplen la ley al obstaculizar la atención gratuita a mujeres migrantes que deciden abortar.

A todos estos obstáculos les sigue el estigma. Una encuesta efectuada por Planificación Familiar en 2024 concluye que el 41% de las mujeres que habían abortado recientemente afirmaron sentir que el aborto seguía siendo considerado como un tabú, mientras que el 63% expresó temor ante la posibilidad de ser juzgadas por su entorno o por los profesionales sanitarios. Precisamente con el fin de combatir el estigma, el colegio francés de profesionales de la ginecología y obstetricia reclamó, en junio del año pasado, suprimir la cláusula de conciencia al aborto, si bien la objeción no constituye un debate tan candente como sucede en la política nacional.

La experiencia francesa sugiere que no basta con blindar constitucionalmente el aborto para enyesar las grietas preexistentes, si bien hacerlo es una declaración de intenciones a la hora de contener la ola reaccionaria que amenaza globalmente a las mujeres. A finales del pasado mes de marzo, Luxemburgo decidió seguir los pasos de Francia e incluir el aborto en su Constitución. Si las pretensiones del Gobierno se cumplen, España se convertirá en el tercer país en hacerlo. Más allá del mensaje en un plano simbólico, los efectos reales solo podrán evaluarse con el tiempo.

Hacer frente al repunte de feminicidios. Con ese objetivo nacieron hace casi cuatro años los llamados comités de crisis, una iniciativa gestada en el seno del Ministerio de Igualdad y acordada con las comunidades autónomas para dar una respuesta coordinada a los crímenes machistas. Desde entonces, se han celebrado un total de diecisiete reuniones, en las que un grupo multidisciplinar de especialistas se ha esforzado en trazar medidas, recomendaciones y estrategias pensadas, todas ellas, con un mismo propósito: el de salvar vidas. 

Han pasado casi cuatro años desde el primer comité, en diciembre de 2022, un año que se cerró con 50 crímenes de género mortales. ¿Cuáles de las medidas propuestas han sido implementadas? ¿Han sido escuchadas las expertas? ¿Cuál es la utilidad real de los comités? 

"El objetivo era encontrar qué fallos podía haber cometido el sistema en su globalidad". Habla Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, una de las artífices de la iniciativa. La clave, asiente al otro lado del teléfono, pasaba por poder convocar de urgencia a distintos actores siempre que existiera una concentración de cinco o más feminicidios en el periodo de un mes. 

Así, representantes de Igualdad y otros ministerios –como Interior y Justicia– se dan cita con comunidades, Fiscalía y Poder Judicial para tratar de determinar qué falló en cada uno de los casos estudiados, especialmente cuando las víctimas "sí habían puesto en conocimiento de las instituciones la violencia, pero habían sido asesinadas después", rememora la exdelegada. El foco estaba, esencialmente, en ese punto: las circunstancias alrededor de los casos cuyas víctimas "ya han hecho lo que les hemos pedido y la respuesta no ha sido suficiente".

Las conclusiones de los comités eran fruto del análisis, la reflexión y el trabajo colectivo. Y cada una de las medidas diseñadas, explica la exdelegada, era competencia de una administración concreta. Una vez trazada, se enviaba la propuesta a la administración responsable para que la ejecutara, si bien en muchas ocasiones ya había estado presente en el propio comité. Rosell insiste en que se trataba siempre de "medidas pensadas en un lugar privilegiado de toma de decisiones", donde distintos actores tienen la capacidad de poner en común su conocimiento en busca de mejorar la estrategia global contra la violencia machista.

Pero con el paso de los años, no son pocas las voces críticas que ponen en cuestión la utilidad real de esta fórmula. "Hablamos de medidas pensadas de cara a la opinión pública cuando hay una acumulación de casos", lamenta Nuria Varela, directora general de Igualdad del Gobierno de Asturias entre 2019 y 2023. Para la asturiana, el problema fundamental de los comités de crisis es que se trata de una herramienta pensada para abordar el después, en lugar de funcionar desde una óptica preventiva. 

Pero además, a su juicio existen dos grandes lastres en lo que respecta a cualquier iniciativa en materia de igualdad: la falta de presupuesto para su ejecución y la ausencia de poder real a la hora de situar las políticas públicas como un asunto prioritario.

Este diario ha contactado con el Ministerio de Igualdad para solicitar información precisa sobre los acuerdos adoptados en cada uno de los comités, pero no ha obtenido respuesta. El equipo anterior celebraba ruedas de prensa posteriores, en las que detallaba las conclusiones alcanzadas tras el estudio de los casos. Esas comparecencias dejaron de celebrarse con el actual equipo: la ministra Ana Redondo se dirige a los medios antes de la celebración de cada comité, por lo que la dificultad de conocer los asuntos tratados es mayor. Puntualmente, sí se han difundido algunas de las recomendaciones salidas de los encuentros, pero no de forma sistemática.

En estos cuatro años, muchas de las conclusiones han tomado forma de recomendaciones genéricas, a falta de un aterrizaje formal. Se ha hablado de incentivar la denuncia por parte del entorno, reforzar el rol de los profesionales de la salud para mejorar la detección temprana o tender la mano a las mujeres atravesadas por factores de vulnerabilidad.

Pero de los comités han salido también propuestas concretas y de peso para las víctimas, algunas ejecutadas posteriormente con éxito. Tras el comité celebrado el 27 de enero de 2023, el equipo del Ministerio de Igualdad subrayó la importancia de no dejar inactivo en el sistema de seguimiento (VioGén) ningún caso hasta que no se extinguieran los antecedentes del agresor. El Ministerio del Interior tomó nota y, poco más de un año después, se endurecieron los criterios de inactivación para prolongar la protección y evitar una "indefensión prematura" de las víctimas. 

Sobre los antecedentes de los maltratadores volvieron a debatir los asistentes a otro comité de crisis posterior, celebrado el 2 de junio de 2023. En esta ocasión, eran partidarios de ofrecer a las mujeres información sobre los antecedentes de su pareja, incluso antes de que existiera una denuncia formal. Interior acababa de anunciar la puesta en marcha de un protocolo para alertar a las víctimas en caso de que sus agresores fueran reincidentes, una medida que las expertas reunidas alrededor de los comités querían mejorar desligándola de la existencia de denuncia previa.

Otra de las valoraciones que cíclicamente han venido haciendo los comités de crisis tiene que ver con las mejoras en el sistema. Algunas de ellas fueron incorporadas en la actualización de VioGén efectuada a principios del año pasado, un rediseño de la plataforma que trataba de dar respuesta a algunas de las inquietudes planteadas por las expertas, como la mejora en la valoración del riesgo, un seguimiento más riguroso de los casos complejos o el tratamiento específico de los agresores persistentes. 

Pero no son pocas las medidas que cayeron en el olvido. Hace cerca de tres años, el ministerio trataba de atajar un problema habitual entre las víctimas: la falta de recursos. Partiendo de esa base, planteó el acceso automatizado a recursos habitacionales y económicos –como casas de acogida o el ingreso mínimo vital– siempre que la policía apreciara riesgo alto. Así lo sugerían por un motivo: la cantidad de feminicidios registrados en un contexto de dependencia y convivencia no deseada. En aquel mismo comité se demandó la extensión de los servicios de atención psicológica y prestaciones a hijos mayores de edad y al entorno de la víctima y más tarde se perfiló la posibilidad de atender con especial cuidado a las víctimas embarazadas, haciendo extensivas al bebé las órdenes de protección de forma automática tras su nacimiento. 

Fue en un comité de crisis, celebrado hace ahora tres años, cuando se propusieron también cambios en el fondo de garantía de pago de alimentos. La pretensión del ministerio pasaba por dirigirlo no sólo a menores, sino a los mayores dependientes a cargo de la víctima, aumentar el umbral de ingresos exigido por hogar, ampliar la cuantía mensual en términos de anticipo –pasando de los cien a los quinientos euros– y dotar al fondo de personalidad jurídica. "Toca abrir una reflexión en esta materia", señalaba la entonces secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, quien enmarcaba las grietas en el pago de pensiones de alimentos como una expresión de violencia económica. 

También en términos económicos se propuso equiparar las indemnizaciones a víctimas de violencia machista con aquellas que reciben las víctimas de terrorismo, con cuantías de hasta 250.000 euros frente a los 90.000 contemplados en la ley para víctimas de delitos violentos.

Igualmente, fue a partir de un comité de crisis que se propuso una revisión a fondo de los requisitos en lo que respecta a la tenencia de armas, llegando a plantear la retirada automática de las licencias una vez exista denuncia por malos tratos. En las mismas fechas, las expertas introdujeron la posibilidad de pautar un acompañamiento institucional para la recogida de enseres, tras constatar como momento de especial alerta para las mujeres no sólo la ruptura con sus maltratadores, sino el simple hecho de ir a recoger sus cosas.

El último comité de crisis, celebrado a mediados del pasado marzo, se cerró con algunas propuestas prácticamente idénticas a las que se han planteado en años anteriores. Son mejoras que verbalizan cíclicamente las expertas, como reforzar la detección en el sistema sanitario y mejorar la formación especializada del personal que atiende a las víctimas. Para Victoria Rosell, hacer oídos sordos es, sencillamente, una "tremenda irresponsabilidad". "La mayoría de esas medidas no se han implementado y estaban llamadas a salvar vidas", lamenta.

El Ministerio de Igualdad presume de haber cumplido más de la mitad de las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero reconoce que no sabe cuáles son exactamente esas medidas. Así lo ha señalado el departamento de Ana Redondo a preguntas de infoLibre, después de difundir esta semana que el 51% de las líneas contempladas en el acuerdo estaban ya implementadas. 

El 26 de febrero de 2025 se acordó la renovación del Pacto y se trazaron 461 medidas transversales, pensadas para abordar distintos ámbitos de actuación y bajo la responsabilidad de diversas áreas administrativas. Algunas fueron heredadas del primer pacto, aprobado hace casi nueve años; otras buscaban darle continuidad, y el resto eran estrictamente nuevas. Esta semana, el Ministerio de Igualdad ha celebrado que el 51% de las medidas son ya una realidad. Pero la ovación es de corto alcance.

"En este momento, no disponemos del dato desagregado de medidas ejecutadas y finalizadas". Es la respuesta oficial del ministerio, a preguntas de este diario en busca de qué resoluciones en concreto están ya en funcionamiento. Fuentes oficiales detallan que a finales del año pasado, el departamento simplemente pidió a los demás ministerios "las medidas cuya ejecución habían iniciado", un dato que les permite afirmar que "se han puesto en marcha 235 de las 461 medidas que contempla el Pacto de Estado".

En el documento conviven objetivos muy ambiciosos, como la activación de leyes orgánicas, con otros más sencillos como el desarrollo de campañas de sensibilización. El hecho de desconocer cuáles son las disposiciones implantadas supone un lastre importante en el proceso de evaluación, porque impide desarrollar un seguimiento eficaz de su grado de cumplimiento, una tarea que demandan las expertas y organizaciones especializadas. 

A quienes trabajan tendiendo la mano a las víctimas, les resulta contradictorio celebrar victorias en un contexto de retrocesos. Las organizaciones de mujeres miran preocupadas no sólo las cifras de la violencia de género, sino la difusión de discursos ultra, su impacto entre los más jóvenes y el deterioro de servicios básicos para las mujeres. Por eso, creen que ya es hora de hacer autocrítica y trabajar para mejorar un sistema que en no pocas ocasiones se ha demostrado deficitario. 

Así lo expresan las organizaciones de mujeres que desde el primer momento han estado presentes en la gestación y el desarrollo del acuerdo. Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, cree que todo análisis basado en el porcentaje de cumplimiento, sin detallar expresamente cuáles son las iniciativas en marcha, resulta necesariamente sesgado e incompleto. Sobre todo en un momento especialmente duro para las víctimas: la experta critica la "exhibición de autocomplacencia en pleno repunte y con el peor trimestre en mucho tiempo".

En todo caso, Soleto expresa "sorpresa ante los resultados" por su visión parcial. "En una evaluación tienen que operar otro tipo de factores, más allá de la mera realización", como el impacto social de las implementaciones, el análisis sobre su funcionamiento real o el resultado que ha tenido cada medida, cita. 

A la misma conclusión llega la jurista Altamira Gonzalo. "Medir de esa manera el cumplimiento de los pactos es un poco burocrático", asiente en conversación con este diario, pero además "parece dar la impresión de que estamos ganando la batalla a la violencia machista", en el peor trimestre en términos de crímenes mortales del último lustro. "El cumplimiento se tiene que traducir en eficacia", continúa la jurista, "así que si no la hay, las medidas no sirven para el fin que perseguimos". 

Aunque Gonzalo subraya que la visión crítica no debe opacar la realidad –el hecho de que las políticas públicas son beneficiosas para las mujeres–, es partidaria de conjugar la defensa del sistema con la ambición por mejorarlo. "Tenemos muchas tareas pendientes y hablar de porcentajes no sirve".

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, coincide en que cualquier paso adelante es necesario, pero insiste en que no basta con dar por cumplidas las medidas sin poner la lupa sobre las brechas en el sistema. "Es imprescindible mejorar la coordinación con las comunidades y los ayuntamientos, ver a qué se destinan los recursos y si realmente están funcionando". Sin perder de vista, enuncia la experta, que la erradicación de la violencia de género es por definición un objetivo "muy complejo, más aún si tenemos en cuenta que se trata de una práctica milenaria". 

El éxito de una herramienta como el Pacto de Estado no se mide tanto en porcentajes, sino en garantizar que llegue, que funcione y que sea útil a las víctimas. Es ahí donde ponen el foco las organizaciones. Y lo hacen sabiendo que no siempre una medida cumplida equivale a una medida eficaz.

Un ejemplo está en el falso síndrome de alienación parental (SAP). Su uso quedó expresamente prohibido en la ley de protección a la infancia en el año 2021. La norma no sólo veta la utilización de ese síndrome en concreto, sino todas sus derivadas, después de que el primer Pacto de Estado así lo mandatara. Tres años después, las instituciones frenaron diversas actuaciones formativas dirigidas a profesionales de la psicología que blanqueaban el síndrome. Pero, todavía hoy, las juristas feministas denuncian que sigue presente en los pasillos de los tribunales bajo otras fórmulas y eufemismos que buscan evitar su erradicación definitiva. 

El verano pasado, las Comunidades pisaron el acelerador para cumplir con otro mandato: contar con un centro de crisis de atención a víctimas de violencia sexual en cada provincia. El acelerón les permitió descorchar la botella, pero el recurso está lejos de ser un éxito. A finales del año pasado, Amnistía Internacional evaluaba la herramienta y llegaba a algunas conclusiones poco satisfactorias respecto a los fallos estructurales detectados. En su informe, señalaba que algunos de los centros no funcionan ininterrumpidamente, otros presentan barreras de acceso a mujeres migrantes y muchas de las víctimas ni siquiera conocen la existencia de este tipo de centros especializados.

En la lectura que el Ministerio de Igualdad hace del cumplimiento del Pacto de Estado, destaca también otra cuestión de peso: el impulso a la ley contra la violencia vicaria y la ley integral de trata. Sin embargo, ambas legislaciones llevan tiempo enquistadas. El propósito de contar con una ley de trata lleva años instalado en la Administración, herencia del anterior ministerio y objeto de divisiones internas que no terminan de resolverse. La ley contra la violencia vicaria, si bien es un objetivo planteado recientemente, ha sido también motivo de desacuerdos entre los distintos ministerios implicados.

Las expertas advierten de que los discursos autocomplacientes son sólo útiles de cara a la galería, pero el verdadero éxito sólo llegará cuando las instituciones garanticen que todas las mujeres, en cualquier rincón del mapa, estén realmente protegidas. En un contexto de avance reaccionario, la tarea es urgente.

Más de una mujer asesinada a manos de su pareja o expareja cada semana. Concretamente, una cada 6,3 días. Es la insoportable realidad que deja tras de sí la violencia machista desde hace más de veinte años, retratada ahora por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, perteneciente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica, publicado este jueves.

Un total de 1.342 hombres han asesinado, desde que existe recuento, a sus parejas o exparejas. La evolución de las cifras recogidas en la estadística es pausada, pero paulatina, lo que demuestra que las políticas públicas sí tienen impacto en la vida de las mujeres.

Si en la primera década (2003-2014) el balance era de un asesinato cada 5,7 días, el promedio ha ido experimentando un descenso progresivo conforme han avanzado los años, hasta llegar a un feminicidio cada siete días durante la segunda década (2015-2025).

Aunque en la inmensa mayoría de los casos no existía una denuncia previa, el 25,8% de las víctimas sí había dado el paso de acudir a las autoridades para pedir ayuda y un 11,5% estaban, sobre el papel, protegidas por el sistema a través de medidas de alejamiento en vigor.

En el 47,1% de los casos analizados existía un vínculo matrimonial y en el 63% todavía mediaba una relación de convivencia entre la víctima y su maltratador. El 75,6% de las víctimas mortales eran madres: un total de 1.046 menores han quedado, como consecuencia de la violencia machista, en situación de orfandad.

Históricamente, julio es el peor mes para las mujeres: el promedio de feminicidios es de 6,2 asesinatos ese mes. En abril, la media desciende a 4,2 feminicidios. El verano se ha configurado tradicionalmente como un momento de alerta extrema en términos de violencia machista, especialmente debido a un mayor grado de convivencia y al aumento de los mecanismos de control por parte de los maltratadores. Siguiendo la misma lógica, el domingo es el día que figura con mayor frecuencia en la estadística global.

Un vistazo al perfil de víctimas y victimarios permite trazar una conclusión sólida: la violencia de género es interseccional. No obstante, la letra pequeña muestra algunas tendencias que conviene no perder de vista. Según los datos globales, el 71,9% de los agresores tenía una edad superior a la de sus víctimas y el 63,3% era de origen español.

El lugar del crimen más habitual es el domicilio (75,9%) y el método empleado con mayor frecuencia es el arma blanca (50,2%). En el caso de las armas de fuego, se repite un patrón: el 65,5% termina con el suicidio del agresor.

A nivel geográfico, un total de 646 municipios han registrado al menos un caso en la serie histórica. Madrid (67 casos), Barcelona (33) y València (22), son las ciudades con más feminicidios, pero Almería es la provincia con la mayor tasa de muertes en la serie temporal. Por comunicades, Canarias es la que presenta una tasa de feminicidios mayor: 93,9 por cada millón de mujeres de quince años o más.

Existen, en el extremo opuesto, veinte localidades de más de cincuenta mil habitantes que no han registrado ningún caso desde que existe recuento oficial. Entre ellas, Cádiz, Segovia, Donostia y Ponferrada.

El informe presenta además un análisis pormenorizado de las otras víctimas de la violencia de género: los hijos e hijas menores de edad. Este recuento, iniciado hace ahora trece años, deja un cómputo de 65 menores cuyas vidas han sido arrebatadas por agresores machistas.

Se trata de menores con una media de edad que no llega a los siete años: el 73,8% tenía menos de diez años. Y un dato demoledor: el 76,9% de ellos convivía con su agresor, por lo que estaban expuestos a situaciones de violencia como parte de su cotidianidad.

El 84,6% de los maltratadores eran los padres biológicos de las víctimas mortales y el 15,4% pareja de la madre. En estos casos, la existencia de denuncia previa es notablemente superior en comparación con los datos relativos a la violencia en pareja: en el 33,3% de los casos registrados, las víctimas habían dado la voz de alerta.

El Observatorio actualiza los datos relativos al año pasado y añade un feminicidio más, siendo 49 las víctimas mortales registradas en 2025. Aquel año secerró con una tasa de 2,25 feminicidios por cada millón de mujeres de quince años o más. Es la tasa más baja de la serie histórica.

El año pasado, la víctima más joven tenía 19 años y la mayor alcanzaba los 86. El 80% de las mujeres asesinadas convivía con su agresor en el momento del crimen mortal y en el 42,9% existía un vínculo matrimonial. En la mayoría, además, se trataba de una pareja actual (79,6%), seguida de una relación extinguida (16,3%) y en proceso de ruptura (4,1%).

En once de los casos, las víctimas habían presentado denuncias previas contra sus maltratadores: el 22,4% del total. En cuatro de ellos, existía una medida de alejamiento en vigor.

Consecuencia de la violencia machista, el año pasado un total de 87 personas quedaron en situación de orfandad tras perder a sus madres, 39 de ellos menores de edad. Y entre los menores, 27 eran a su vez hijos e hijas de los agresores.

Agosto de 1998. Fuencisla Espinosa tenía sólo 23 años cuando su expareja, Marcos Antonio Armas Rodríguez, terminó con su vida tras propinarle seis puñaladas. Tenían un hijo de apenas dos años. Ella ocupó titulares, fue objeto de minutos de silencio y su nombre quedó archivado en la memoria de las hemerotecas. Pero su crimen nunca fue una cifra oficial. Fueron muchos los feminicidios que se perdieron en el tiempo, mucho antes de que las autoridades entendieran la raíz estructural de aquellos crímenes, a pesar del grito de las feministas que se dejaban la piel clamando por políticas públicas para, al menos, ponerle nombre y números a la barbarie. La estadística llegó un lustro después, pero con el paso de los años emerge una pregunta: ¿sigue habiendo víctimas que se quedan fuera?

En el año 2003 se puso en marcha la estadística oficial, basada en la definición de violencia de género que un año después quedaría contenida en una ley integral: "La violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad".

Aquel recuento oficial no habría sido posible sin el trabajo de las organizaciones que se erigían como vanguardia en la lucha contra la violencia de género. La Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas mantenía su propio archivo desde 1997, la única aproximación capaz de dimensionar el peso de la violencia machista y sus efectos. Las instituciones y los partidos tomaron nota.

Han pasado más de dos décadas desde entonces y a la estadística oficial se han ido sumando otras. En 2013, arrancó el recuento de hijos e hijas menores que eran también víctimas mortales de la violencia machista contra sus madres y en 2022 quedó incorporada otra específica que ponía cifras a aquellas mujeres que eran asesinadas por hombres con los que no tenían un vínculo de pareja. Pero ¿permiten hoy día las estadísticas trazar una fotografía exacta de la violencia de género o todavía hay víctimas de segunda?

Toda respuesta a las preguntas planteadas exige primero entender cuál es el procedimiento para confirmar la naturaleza machista de un crimen. En el caso de las víctimas asesinadas por sus parejas o exparejas, las fuerzas y cuerpos de seguridad son los encargados de comunicar la información a las unidades de coordinación y violencia sobre la mujer, cuyos profesionales recopilan la información disponible y la envían a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La Delegación comunica, a efectos estadísticos, la existencia de una posible víctima de violencia machista y envía un correo interno al personal del Ministerio de Igualdad.

En paralelo, las citadas unidades de violencia cubren los formularios específicos sobre víctimas mortales, mediante una aplicación informática específica con acceso restringido, y de nuevo la Delegación del Gobierno valora y confirma el crimen. Una vez existe la certeza de que se trata de un feminicidio, la unidad actualiza los datos en el Sistema de Seguimiento Integral (VioGen) del Ministerio del Interior.

El mecanismo, explican fuentes del Ministerio de Igualdad, suele activarse de manera inmediata y la confirmación tiende a ser rápida, porque "normalmente se sabe quién es el agresor y los motivos están más claros". En el caso de los feminicidios fuera de la pareja, la cosa cambia. Ahí las estadísticas se actualizan cada seis meses, porque no todo asesinato contra una mujer tiene necesariamente un móvil machista.

Lo saben bien las organizaciones de mujeres que todavía hoy, como sucedía en la década de los noventa, se esfuerzan en hacer de la estadística un archivo riguroso y completo. Hoy es la web Feminicidio.net quien toma la delantera. Lo hace desde que en el año 2010 decidió publicar su propia contabilización, tanto de los feminicidios íntimos como de aquellos que se quedaban fuera. "El ejercicio de la violencia por parte de los hombres, deliberada o no, preserva la supremacía masculina. Feminicidio es un concepto político que muestra la posición de subordinación, desigualdad, marginalidad y riesgo en la que se encuentran las mujeres por el simple hecho de ser mujeres", definían las fundadoras de la web hace casi quince años.

Existen diferencias sustanciales entre los datos del Ministerio de Igualdad y aquellos recopilados por Feminicidio.net. Se explican por varias razones. En primer lugar, la web incluye una amplia variedad de tipologías que van más allá de donde llegan las instituciones. Se trata de categorías que no son estancas y que por tanto pueden cambiar en función de las circunstancias de cada año. Ha habido ejercicios en los que la base de datos ha incluido feminicidios racistas, feminicidios por prostitución o feminicidios infantiles. 

También se tienen en cuenta aquellas muertes violentas, a veces calificadas como suicidio, en las que se infiere la posibilidad de un asesinato o feminicidio inducido. Esto último es especialmente relevante: las víctimas de violencia machista que terminan quitándose la vida no están en ninguna estadística. Y no se trata de algo insólito: es relativamente frecuente en algunos tipos de violencia como la digital y, según la Macroencuesta de violencia contra las mujeres, la probabilidad de haber tenido intentos de suicidio es seis veces mayor entre las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia por parte de su pareja y casi once veces más entre las que han padecido violencia física o sexual.

Fue el caso de Yolanda. En agosto del año pasado, la víctima perdió la vida tras precipitarse por la ventana. Lo hizo después de permanecer secuestrada por su propia pareja, quien ejerció contra ella malos tratos y violencia sexual durante doce días. Su muerte no forma parte de las cifras oficiales.

Pero además, los criterios que utilizan quienes están al frente de Feminicidio.net tienen la habilidad de adaptarse al contexto social. Lo explica Graciela Atencio, cofundadora de la web. Un ejemplo claro está en los feminicidios íntimos, aquellos cometidos en el ámbito de la pareja. La web contabiliza los confirmados oficialmente, pero recoge también los que no son oficiales –el año pasado fueron cinco y en toda la serie histórica ascienden a ochenta y dos–. Estos últimos, ha detectado la periodista e investigadora, tienen que ver con "relaciones afectivo sexuales que no equivalen al modelo tradicional". 

Si no hay una relación de pareja o expareja, entonces no se trata de violencia machista. ¿Pero cómo definir hoy qué es exactamente una relación de pareja? "Nosotras consideramos que estamos ante un feminicidio íntimo siempre que haya una relación heterosexual, pero muchas veces hay casos que se quedan en el limbo y marcan una pequeña diferencia respecto a las cifras oficiales", asiente Atencio. Casos que además obligan a revisar los criterios oficiales para adaptarse a la evolución en la forma de relacionarse: "Son relaciones más líquidas o abiertas y hacen que esté mutando el feminicidio íntimo y la forma en que se manifiesta, pero es importante tenerlo en cuenta para el sumatorio de casos".

La web contabiliza, además de los feminicidios estrictamente hablando, otros asesinatos de mujeres. "En un contexto patriarcal, los hombres son los que asesinan, pero no todos lo hacen por razones de sexo y género", expone la periodista. "Si registramos a todas las mujeres asesinadas por hombres, sin diferenciar, no estamos delimitando bien el concepto de feminicidio, pero nos parece pertinente registrar también los otros asesinatos cometidos por hombres", fundamentalmente porque pueden existir también matices de género. "Aunque el móvil principal sea otro –como por ejemplo, el robo–, en muchos crímenes hay un componente de género", reflexiona.

Un varón dispara su escopeta contra su mujer, el hombre con el que ella mantenía una relación y un amigo de este último. Posteriormente, se suicida. La noticia se publicó en los años ochenta y hablaba de crimen pasional. En octubre del año pasado, un hombre mató a su expareja, a su nuevo novio y después se quitó la vida. Ese mismo año, otro hombre asesinó al hijo de su pareja, después de que el joven de veinte años tratara de interponerse para impedir una agresión machista contra su madre. Estas víctimas mortales no tienen una estadística propia.

Pese a ello, no pasan desapercibidos a ojos de las instituciones. Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, en 2024 se registraron catorce feminicidios ampliados y otras víctimas colaterales. Las víctimas fueron en nueve ocasiones hijos o hijas menores de edad del propio agresor; un hijo mayor de edad; dos madres de las parejas del agresor; un padre y un conocido de la víctima.

Aunque no pueden tratarse de feminicidios –en un sentido etimológico– sí son crímenes machistas, subraya Atencio. Su proyecto trató de hacer un seguimiento de este tipo de casos, pero desistió porque "no siempre aparecen en los medios" y la web se nutre de las publicaciones periodísticas para confeccionar su base de datos. "Es terrorismo machista, en el que siempre hay víctimas mal llamadas colaterales", abunda la experta, quien es partidaria de trabajar sobre una definición de violencia machista ampliada. "Sabemos que existen hijos, padres, amigos o incluso hombres que circunstancialmente fueron asesinados por el maltratador sin que tuvieran vínculo con la víctima". 

Y los hombres que cometen estos crímenes son agresores machistas. Así lo sostiene también el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente. En un origen, cuando se empezó a trabajar sobre violencia de género en el marco de la ley, las organizaciones fueron especialmente cautelosas e insistieron en poner el foco exclusivamente en las mujeres. El contexto es importante: en aquel momento apenas se hablaba de violencia machista y era necesario incidir con especial vehemencia en la raíz de género de los crímenes. "Había reticencias y miedos a que si se hablaba de alguna otra persona desapareciera el foco de las mujeres", recalca el también médico forense.

La gravedad de la violencia machista, añade el exdelegado, se basa también en "el impacto que tiene tanto en víctimas directas como en cualquiera que interfiera en la voluntad del agresor". Tras más de veinte años de políticas públicas, es momento de plantear las preguntas acertadas: "¿Por qué mató este hombre? ¿Cuál era el objetivo que perseguía?". Si de las respuestas es posible deducir un contexto machista, las víctimas no deberían quedar al margen.

Sobre una circunferencia de cuarenta milímetros de diámetro, el rostro inmortal de una escritora y su nombre grabado. Han pasado cuatro años y medio desde que un cáncer se llevó a Almudena Grandes y sumió a generaciones enteras en el desconcierto, pero desde entonces no han dejado de emerger voces que se esfuerzan en apuntalar su legado y su memoria. Este jueves ha sido el turno de la Real Casa de la Moneda, responsable de cincelar una moneda especial en homenaje a la escritora con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

En la tercera planta del Ateneo de Madrid se concentraron admiradores, compañeros y familiares de la autora. La emoción contenida de los asistentes al acto de presentación contrastaba con la presencia sublime de la oyente más joven: la nieta de la escritora, un bebé con apenas unos meses de vida.

"Nos ha dolido muchísimo hacer esta moneda", se apresuró a reconocer ante los micrófonos Isabel Valldecabres, presidenta de la institución. Los rostros que figuran entre los homenajeados "aparecen porque ya no están entre nosotros", así que traerlos de vuelta en forma de moneda funciona como una suerte de "tributo y ejercicio de memoria", pero también como un recordatorio de su ausencia.

La primera mujer que mereció un lugar en el listado fue Rosalía de Castro, hace ahora ocho años. A partir de ese momento, el 8M se convirtió en un pretexto para recuperar la memoria de otras tantas que hasta el momento habían permanecido en los márgenes porque "no las habían encontrado, o no las habían siquiera buscado", en palabras de Valldecabres. "Hacen falta más mujeres en todos los ámbitos y más igualdad en todas las facetas de la vida", resumió.

En el caso de Almudena Grandes, la séptima mujer reconocida por la institución, recordarla es también una "forma de decir cuánto sentimos que se haya ido", asintió la presidenta ante una sala colmada.

El poeta Luis García Montero, compañero de la escritora, leyó desde el atril el texto Por una falda de plátanos, en el que la autora madrileña detalla el pletórico descubrimiento de la bailarina Josephine Baker gracias a una revista del corazón durante su niñez, pero donde también introduce el significado de la memoria en toda su amplitud, con la historia de su abuela como columna vertebral. "La memoria ha sido uno de los aspectos claves de mi vida. Y, por supuesto, de mi literatura", escribía.

Para el poeta, no hay mejor homenaje a la memoria de la escritora que hacer de sus palabras un legado colectivo. En parte, porque fue ella misma quien construyó todo un camino asentado sobre la genealogía de otras que le precedieron. "Ella se sentía heredera de muchas mujeres que desde la Segunda República habían abierto camino", subrayó el también director del Instituto Cervantes. Y aunque poco sabe de caminar el bebé que sostiene en brazos la hija de la escritora, todas las miradas se posan en ella cuando en la sala retumban las palabras escritas por su abuela, en una suerte de abrazo fortuito entre memoria y futuro, cara y reverso de la misma moneda.

Si la lógica feminista de poner los cuidados en el centro obliga a una revalorización de las tareas asumidas tradicionalmente por las mujeres, también lanza una pregunta incómoda: ¿dónde están los hombres? Sobre el papel, la igualdad formal es plena. Pero en la privacidad de los hogares, en la puerta de los colegios y en la sala de espera del pediatra, la cosa cambia.

Hasta no hace tanto, los hombres que acababan de ser padres sólo disponían de dos días por el nacimiento de su bebé, ampliables a cuatro. Apenas una concesión simbólica que desplazaba todo el peso de la crianza sobre las madres. A finales de los noventa, la legislación introdujo la posibilidad de ceder diez de las semanas del permiso de maternidad a los padres, pero no se trataba de un permiso de paternidad autónomo, sino de una mera transferencia.

No fue hasta 2007 cuando la Ley de Igualdad incluyó formalmente un permiso específico para ellos, fruto de un clamor feminista: el de caminar hacia permisos iguales e intransferibles. Y desde entonces, la prestación cumple con esa proclama histórica que hasta hace poco parecía irrebatible. Actualmente, tanto los hombres como las mujeres cuentan con diecinueve semanas de permiso. Las seis primeras han de disfrutarse de forma obligatoria tras el nacimiento del bebé, otras once cuentan con cierto margen de maniobra para un disfrute flexible y las dos restantes pueden utilizarse hasta que la criatura cumpla ocho años.

A simple vista, la panorámica resultante no parece suscitar ningún debate, pero un vistazo al plano detalle sí permite vislumbrar algunas grietas. Si bien es cierto que la equiparación de los permisos conlleva un equilibrio en su disfrute, la igualdad real sigue siendo una quimera. "Los padres se toman el mismo tiempo de permiso que las madres, pero no lo utilizan de la misma forma", advierte Teresa Jurado, portavoz de la Plataforma por Permisos Igualitarios (PPiiNA).

Así lo explica: los hombres tienden a manifestar cierta inercia a la hora de utilizar el permiso seguido, sin ninguna interrupción y de forma paralela a sus compañeras. "Aproximadamente el 50% lo cogen de forma simultánea a las madres. Desde el punto de vista feminista, sabemos que cuando ambos progenitores están juntos es más fácil que el padre ejerza un rol de ayudante", sostiene la portavoz en conversación con infoLibre. Por el contrario, cuando ellos disfrutan del permiso de forma aislada, tienden a "responsabilizarse más". 

Y es que la corresponsabilidad anida en la letra pequeña. Según el Barómetro sobre Conciliación de las Madres Profesionales, publicado por Mamis Digitales, dos de cada tres mujeres han aceptado condiciones laborales peores por conciliar, el 78,2% ha renunciado a una oportunidad laboral y nueve de cada diez siente que su tiempo personal ha desaparecido. Hay más: el 82% de las mujeres ha tomado alguna decisión que ha afectado de alguna manera a su trayectoria profesional al convertirse en madre, como reducir su jornada laboral (44%) o usar una excedencia por cuidado (23%), traza el estudio El peso invisible de la maternidad, confeccionado por la organización Malasmadres.

Los últimos datos consolidados publicados por el Ministerio de Trabajo reflejan un total de 54.639 excedencias registradas el año pasado, el 83,1% utilizadas por mujeres y el 16,9% por hombres. Hay que tener en cuenta, puntualiza Teresa Jurado, que en realidad "muy pocas mujeres se cogen excedencias", en cambio sí hay más que "hacen uso de la reducción de jornada". Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2024, un total de 417.400 personas ocupadas trabajaban a tiempo parcial para cuidar a personas dependientes. Y de ellas, 381.700 eran mujeres (91,4%) y 35.700 hombres (8,5%). 

El hecho de que las excedencias y las reducciones de jornada sean eminentemente femeninas puede explicarse por dos fenómenos que interseccionan entre sí. Por un lado, la evidencia de que un permiso de maternidad de diecinueve semanas es del todo insuficiente para las madres. Por otro, la posición de las mujeres en el mercado laboral hace más fácil su expulsión: si una pareja debe renunciar a un sueldo, probablemente renunciará al más precario.

"Las excedencias implican un empobrecimiento pues no son remuneradas", recuerda María José Burgos, portavoz de la plataforma PETRA Maternidades Feministas, quien cita también los datos respecto a las reducciones de jornada. "La alta demanda de cuidados de una criatura, la lactancia materna y el deseo de las madres de estar cerca de sus bebés son motivos de peso como para hacerlo. El problema es el empobrecimiento que conlleva y los lastres en el puesto de trabajo que a veces comporta", sostiene. 

En ese sentido, las políticas públicas "deberían tener primero en cuenta las necesidades del bebé y de su madre, porque al final las madres estamos cuidando gratis con excedencias sin sueldo, reducciones de jornada con la consiguiente reducción salarial o directamente abandonando empleos para dar respuesta a las necesidades de la primera infancia y suplir el escaso permiso materno". A su juicio, "lo feminista y corresponsable socialmente sería proteger y remunerar los cuidados de la infancia según sus necesidades vitales".

La posición de PETRA es síntoma de una evolución en el debate: con el paso de los años y el avance de las políticas públicas de conciliación, han ido emergiendo voces críticas con la fórmula clásica de los permisos iguales e intransferibles. La plataforma se inclina por la convivencia entre un permiso de maternidad específico y un permiso parental genérico: el primero, enfocado en cuidar la salud de las madres; el segundo, para el cuidado de la criatura. 

"La mayoría de las madres pasamos por una serie de procesos sexuales y reproductivos –embarazo, parto, posparto, lactancia materna y puerperio– por los que no pasan los padres", sostiene Burgos. Así que "igualar lo que no es igual es discriminatorio para las madres".

Burgos tampoco cree que la igualación e intransferibilidad de los permisos suponga un blindaje automático en cuanto a los derechos laborales de las trabajadoras. "La realidad es que las empresas nos discriminan por ser mujeres", asiente. "Tenemos los empleos más precarios y peor remunerados porque en un sistema patriarcal todas las actividades realizadas por las mujeres siempre tendrán menos valor y serán más precarias, incluida el empleo". Evitar la discriminación, expresa, sólo será posible de una manera: vigilando y sancionando a las empresas que discriminan.

"Si el feminismo ha asumido la enorme tarea de pensar los cuidados se debe a que, en la estructura de pensamiento patriarcal, estos siempre han sido relegados a la esfera de lo femenino", escribe la investigadora Mercedes López Mateo en su libro Arqueología de los cuidados (Alianza Editorial). La voz, plantea la escritora, pertenece a los hombres, mientras que "los afectos, los cuidados y la mirada atenta nos fueron inculcados como patrimonio de la feminidad y, sobre todo, del espacio privado del hogar". 

¿Y qué ocurre en el espacio privado del hogar? Que sigue apuntalando esa lógica. El 86% de las mujeres que convive en pareja asume la responsabilidad principal de la organización familiar y el 66% se siente sola con frecuencia en el trabajo de cuidar, según la encuesta de Malasmadres. En consecuencia, tres de cada cuatro mujeres sienten que la falta de conciliación ha afectado a su salud física o mental.

Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada hace ahora dos años, recogió que ellas dedican casi el doble de horas de media al día para el cuidado de los hijos respecto a sus compañeros varones.

Jurado cree que toda transformación del sistema deberá venir precedida de un cambio cultural. "Y las políticas son un catalizador y una herramienta para el cambio", afina. Pero, ¿basta con las leyes para construir ese cambio?

En un acto organizado este miércoles por Malasmadres, el jurista y divulgador Octavio Salazar acertó a perfilar algunas respuestas: "Llevamos años dándole vueltas a los mismos temas y hemos avanzado, pero tenemos que seguir cuestionando todo el sistema, cómo entendemos la economía, el trabajo y los cuidados. Y tenemos que problematizar la masculinidad, no sólo en cómo nos relacionamos con las mujeres, sino también por el rol que ocupamos a nivel social".

Cuando una primera mujer señaló públicamente al rapero Ayax Pedrosa Hidalgo por la violencia sexual presuntamente ejercida contra ella, enseguida brotaron otras muchas que se reconocieron en sus palabras. Es, en parte, la dinámica que reproduce el movimiento testimonial: una da el paso de hablar y otras pierden el miedo a hacerlo. Pero a toda ruptura del silencio le sigue una reacción. Ayax decidió entonces denunciar a quien les había dado voz: la escritora y activista feminista Cristina Fallarás, responsable de abrir en redes sociales un espacio donde compartir y visibilizar relatos anónimos de violencia.

El músico le reclama 750.000 euros por un delito de calumnias. Lo hace a pesar de que la periodista nunca le mencionó, ni publicó su nombre, ni le señaló de forma directa. Sí se hizo eco de aquel primer testimonio, hace año y medio. La víctima hablaba de "un cantante muy famoso de aquí", sin citar la ciudad concreta, prácticamente desconocido en el momento de los hechos y que "ahora mismo ha hecho hasta series y películas para Netflix".

Este lunes, la escritora está llamada a declarar ante la jueza. Pero Cristina Fallarás no caminará sola hasta las puertas del juzgado: a la cita acudirán otras tantas mujeres que han decidido concentrarse en su apoyo, el mismo lunes a las 10:30 horas en los juzgados de Zaragoza. En una convocatoria que lleva circulando en redes sociales durante la última semana, las feministas tratan de tejer una red sólida capaz de sostener a la escritora, seguras de que la estrategia de sentarla en el banquillo es en realidad un mensaje disciplinante para todas, una advertencia y una ofensiva global para frenar a las mujeres. 

"Me siento muy acompañada, pero además las mujeres que me acompañan entienden que esto no va sólo conmigo, sino también con ellas", subraya la escritora en conversación con este diario, exhausta pero firme. El acompañamiento, celebra, "no es sólo emocional y afectivo, sino casi político". Y eso es una suerte de bálsamo ante la violencia que no ha cesado en los últimos meses.

La ofensiva reaccionaria ha ido puliendo su estrategia con el paso del tiempo. Si el rapero ha optado por denunciar a la activista feminista –en lugar de a las mujeres que lo acusaron– es a sabiendas de que es ella quien ha construido un espacio seguro para dar cobijo a muchas otras. A las que ya han hablado y a las que podrían hacerlo en un futuro.

"El sistema patriarcal produce y reproduce estas violencias. El objetivo es el silencio para poder continuar con la impunidad y que el statu quo no se ponga en cuestión". Habla María Naredo, abogada feminista, quien desliza además un hecho relevante: tratar de poner coto a los espacios informales donde las mujeres se han sentido cómodas para hablar de violencia tiene que ver también con la certeza de que es prácticamente el único refugio al que acuden.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, apenas un 4,9% de las mujeres que se reconocen como víctimas de violencia sexual fuera de la pareja o expareja dan el paso de denunciar. Pero además, el 86,9% ni siquiera pide ayuda formal. Con todas las puertas cerradas, las redes sociales y los espacios en los que confeccionar un relato colectivo se constituyen como el único salvavidas para ellas. Y es ahí precisamente donde pone el foco la ofensiva reaccionaria.

"Existe lo que podemos definir como un silencio estructural" y es justo eso lo que "los agresores y los machistas" quieren preservar, porque si algo les molesta es "la colectivización del relato", zanja la abogada.

"El hecho de que me elijan a mí es un ataque evidente al movimiento testimonial, a la voz de las mujeres y a la posibilidad de relatarnos", completa Fallarás. No sólo se trata de impedir que las mujeres señalen a sus agresores, sino de evitar que se nombren como víctimas. "Hay un relato que va en paralelo: la idea disparatada del honor de los hombres, junto a la mentira de las mujeres", una narrativa "completamente asumida" que termina por generar frustración entre las feministas. Muchas, al final, terminan preguntándose "si merece la pena".

No es casualidad que los tribunales se conviertan en el campo de batalla preferido de la reacción patriarcal. Es ahí precisamente donde las mujeres se sienten solas, violentadas y desprotegidas, uno de los espacios señalados tradicionalmente como foco de violencia institucional por las feministas. 

Por eso, Cristina Fallarás no es un caso aislado. A la activista asturiana Blanca Cañedo la demandó Abogados Cristianos, hace ahora ocho años, por señalar en una entrevista a la organización ultracatólica. Buscaba retratar la contradicción de que la entidad recibiera fondos públicos al tiempo que hacía oposición contra los derechos reproductivos de las mujeres. La ofensiva judicial llegó hasta el Tribunal Supremo y Cañedo ganó la batalla, pero el desgaste fue mayúsculo.

También lo fue para la periodista y divulgadora Yolanda González, denunciada por el influencer ultra conocido como Un tío blanco hetero. González dijo que él era un "machista, troll y violento con las mujeres", así que él contraatacó atrincherándose en su derecho al honor. Primero, la justicia la condenó, pero la feminista recurrió hasta llegar al Tribunal Supremo. E igual que en el caso de la activista asturiana, los magistrados colocaron lo sucedido bajo el paraguas de la libertad de expresión.

Contra la humorista Pamela Palenciano la emprendió la Asociación de Hombres Maltratados. Hablaban de delito de odio, a raíz de su monólogo No solo duelen los golpes. La Audiencia de Madrid concluyó que aquella querella ni siquiera debería haberse admitido a trámite.

La vía judicial es un arma poderosa para disciplinar a las mujeres. "Tiene un impacto importante, primero en los bolsillos, pero también en lo psicológico y en el plano social", asiente Naredo, quien de hecho enmarca estas acciones antifeministas como una forma de violencia, algo así como "utilizar los resortes del Estado para disciplinar". El objetivo último no es otro que "apartarlas, obligarlas a dejar de hacer feminismo porque de lo contrario se van a ver sometidas a este tipo de demandas".

Lo sabe bien Fallarás. "Estos procesos te destrozan, aunque creas que estás fuerte", reconoce. En su caso, el desgaste se nutre también de una genuina incomprensión: "No entiendo lo que me está pasando, cómo esto puede estar sucediendo". La escritora recuerda que el caso del rapero tuvo un importante impacto mediático, pero la ofensiva judicial ha recaído exclusivamente sobre sus espaldas. "Lo que modifica la realidad no es lo que pasa en las redes, sino lo que salta a los medios. Es ahí donde adopta su carácter casi institucional", clama. Pese a ello, es ella quien deberá sentarse en el banquillo. Un trago amargo que espera encontrar alivio con el respaldo de todas las mujeres que la sostienen.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está decidida a llegar a donde sea necesario para retroceder en derechos, incluso aunque su ofensiva regresiva acabe sistemáticamente en los tribunales. Así ha pasado con el registro de objetores al aborto que se niega a elaborar, pese a que la ley le obliga, pero así sucedió también con el recorte a las leyes regionales LGTBIQ+.

En octubre del año pasado, el Ministerio de Sanidad dio un ultimátum a las comunidades que todavía no habían puesto en marcha el registro de objetores a la interrupción voluntaria del embarazo, una herramienta contenida en la ley del aborto que busca garantizar la práctica en la red pública. 

Los territorios interpelados se pusieron manos a la obra, excepto la Comunidad de Madrid. Ayuso se mantuvo firme en su negativa, deslizó la idea de que el registro equivalía a una suerte de lista negra y dio rienda suelta a un conflicto ideológico situando al Gobierno central como su principal contrincante. La presidenta regional desobedeció hasta las últimas consecuencias. 

En enero de este año, el departamento de Mónica García se aferró al último recurso que le quedaba: los tribunales. Denunció a la Comunidad de Madrid, la única que dejó sin contestar el requerimiento y que manifestó públicamente "su negativa a desarrollar dicho registro". Por ello, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordenara la elaboración del registro como medida cautelar. Y así lo acaba de hacer la justicia.

Los jueces aceptaron este lunes las medidas cautelares demandadas y obligaron a la líder conservadora a crear el registro de inmediato: no hacerlo supone una "clara afectación del interés público", pues "está implícito en el cumplimiento de una obligación directa" impuesta en una ley orgánica, razonan los magistrados. 

Las conclusiones del abogado José Antonio Bosch en torno a la conducta de la presidenta regional son claras: "Es una rabieta infantil". A su juicio, la Comunidad de Madrid "sabe que no tiene otra opción" que cumplir con la ley. El jurista recuerda que ya en 2014 el Tribunal Constitucional avaló la ley navarra que establecía un registro de objetores al aborto, recurrida por diputados conservadores en la comunidad foral. Y años después, el mismo tribunal replicó aquellas conclusiones, esta vez respecto al registro ya contenido en la ley estatal, tras el recurso interpuesto por Vox.

Para Bosch, la obstinación de la líder conservadora por no cumplir con la ley y desplazar la batalla a los tribunales es "una decisión ideológica o política", pensada únicamente con el fin de "buscar un enfrentamiento" con el Gobierno. La Comunidad de Madrid "busca un enemigo importante, pero desde el punto de vista práctico no lleva a ningún sitio", sostiene el letrado. Tanto es así, que incluso Génova se ha pronunciado asegurando que no hay otro camino que acatar la resolución judicial, a pesar de la intransigencia de Ayuso.

Pero además, la dinámica en la que ha sumido la presidenta regional a su comunidad evidencia una "falta de respeto y lealtad procesal", porque "sabe perfectamente que los tribunales ya se han pronunciado" y que además el resto de las comunidades "lo han aceptado". A la representante madrileña, remata el abogado, "le dan igual los derechos de quien sea con tal de generar un conflicto en algún área". 

Para Lorena Morales, diputada socialista en el parlamento madrileño, el mensaje es demoledor: "Ayuso quiere hacer como si la democracia a ella no le aplicara", sostiene al otro lado del teléfono. El resultado es, en su opinión, el desgaste progresivo de las instituciones.

La batalla judicial desencadenada a consecuencia de un enfrentamiento ideológico previo no es en realidad nada nuevo. Hace ahora cinco años, Isabel Díaz Ayuso estrenaba la legislatura haciendo gala de su amplia mayoría e impulsando una reforma de la Ley de Radio Televisión de Madrid. La modificación salió adelante con los votos del Partido Popular y la abstención de Vox, pulsando además la tecla del procedimiento de lectura única, un acelerón para agilizar la tramitación y evitar la posibilidad de enmiendas.

Es este último punto el que fue recurrido por los diputados socialistas de la Asamblea de Madrid. Este miércoles, el Tribunal Constitucional ha comunicado que el Gobierno de Ayuso infringió el derecho fundamental a la participación política de los parlamentarios.

En el mismo Tribunal Constitucional acabó también el empeño de Ayuso a la hora de recortar los derechos del colectivo LGTBIQ+. Ocurrió a finales de diciembre de 2023 y utilizando también el camino más rápido: un pleno extraordinario en medio de las navidades. El Gobierno de Madrid sacó adelante dos reformas legislativas para vaciar de contenido sus normas clave en materia LGTBIQ+: aquella relativa a la protección del colectivo y la ley de identidad de género.

Meses después, el Gobierno de Pedro Sánchez contraatacó llevando ante al Tribunal Constitucional diversos puntos de las reformas. Ambas modificaciones quedaban entonces en suspenso, a la espera de que los magistrados resolvieran. El año pasado, el tribunal corrigió algunos de los principales preceptos formulados por la presidenta madrileña. 

La ofensiva, en todos los casos, tiene un efecto directo sobre las personas afectadas, quienes asumen una situación de desigualdad flagrante respecto al resto de las comunidades y conviven con la posibilidad de que sus derechos queden definitivamente cercenados, siempre al albur de los plazos, las dinámicas y el criterio de los tribunales.

A Dolores, Antonia y Laura Valentina las asesinó el mismo hombre, en Miranda de Ebro (Burgos). José se aproximó el martes por la noche a casa de su expareja decidido a cometer el crimen. Colocó unos colchones a sus puertas y les prendió fuego. Las tres perdieron la vida, otras cuatro personas fueron heridas –dos menores de edad– y él se entregaría en comisaría horas después. Dolores, su expareja, ha sido confirmada ya como víctima mortal de violencia machista. ¿Pero qué hay de Antonia y Laura Valentina?

La primera tenía 78 años y era la madre de la víctima confirmada. La segunda, apenas había cumplido los 24. Era vecina de ambas. Y sus asesinatos son también feminicidios. Aunque el Ministerio de Igualdad todavía no los ha calificado como tal, fuentes próximas al departamento confirman que con toda la probabilidad serán incorporadas a la estadística oficial que se publica cada semestre.

Antonia formará parte de las cifras oficiales como feminicidio familiar, aquel que incluye a las mujeres asesinadas a manos de un hombre con "relación de parentesco por consanguinidad o afinidad". Laura Valentina, en cambio, será catalogada como feminicidio social, vinculado al asesinato de una mujer tras una agresión por parte de un desconocido o un hombre con el que no existía una relación de pareja o parentesco. Por ejemplo, el asesinato tras un robo, el asesinato de una mujer por parte de un compañero de trabajo o cuando el agresor es un vecino.

Existen otras dos categorías de feminicidios fuera de la pareja o expareja, además de las mencionadas. Las instituciones contemplan también el feminicidio sexual, donde van a parar las víctimas de trata con fines de explotación sexual, prostitución o aquellas que sufren las consecuencias de la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado. 

La panorámica la completa el feminicidio vicario, que no sólo pone la lupa sobre los hijos e hijas, sino que también reconoce a cualquier otra mujer asesinada con el objetivo de maltratar a una tercera.

La estadística es reciente y pionera. Nació con un propósito firme: sacar del destierro a aquellas víctimas mortales que cada año se quedaban en un limbo, sin reconocimiento oficial ni social, sin espacio en el pésame de las autoridades. 

Hace ahora cuatro años, el Ministerio de Igualdad pone en marcha la iniciativa para reparar casos como el de Laura, asesinada en 2015 por la expareja de su amiga Marina. Hace más de una década, Sergio Morate acabó con la vida de las dos, pero solo una sería considerada víctima de violencia machista. Tampoco fueron tenidas en cuenta Alba y Elena, asesinadas a manos del mismo hombre: José Luis Abet. El autor del triple crimen de Valga (Pontevedra) asesinó a su exsuegra y a su excuñada después de arrebatar a tiros la vida de su exmujer en 2018.

En estos cuatro años, han sido registrados un total de 87 feminicidios no íntimos. La mayoría (54) corresponden a feminicidios familiares, como el de Antonia. Le siguen los sociales (21), donde se enmarcaría la tercera víctima mortal del crimen sucedido en Miranda de Ebro. Por detrás, se encuentran los sexuales (11) y los vicarios (1). 

Los crímenes vicarios sólo engloban, en este caso, a mujeres mayores de edad, puesto que los menores tienen su propia estadística: desde que existe registro en 2013, son un total de 67 menores de edad las víctimas mortales que deja la violencia machista. En lo que va de año, dos pequeños han perdido la vida en estos contextos.

La mayoría de agresores (25,3%) se sitúan en la franja de edad que va de los 31 a los 40 años, mientras que el grueso de las víctimas (19,5%) está entre los 71 y los 84 años. Estos datos cobran sentido si se tiene en cuenta un hecho relevante: la inmensa mayoría de los agresores eran hijos o nietos de las víctimas (43,7%). En cuanto al vínculo afectivo, les siguen otros familiares, vecinos o compañeros de piso y otros conocidos.

Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, expresa dudas respecto a la metodología escogida para la clasificación. Bajo su punto de vista, repartir los crímenes machistas en compartimentos tan específicos termina por diluir la raíz machista de los feminicidios. 

El exdelegado explica sus matices poniendo un ejemplo. A su entender, existen diferencias sustanciales entre el asesinato que comete un hijo contra su madre y aquel que perpetra un maltratador contra la madre de su pareja en el contexto de una agresión machista. Si bien ambos serían categorizados como feminicidio familiar, el exdelegado cree que los contextos difieren entre sí.

Una de las características de la violencia machista, ahonda al otro lado del teléfono, es que se trata de una violencia extendida: el agresor puede ejercer violencia contra quien él considere que esté influyendo en su relación o con el objetivo de hacer daño a su víctima. El confirmado este miércoles es, siguiendo esta lógica, un caso de "violencia de género con tres víctimas", zanja.

Graciela Atencio, periodista y directora del portal Feminicidio, lleva desde 2010 contabilizando los crímenes contra mujeres más allá de las relaciones de pareja o expareja. Desde entonces y hasta el año pasado, su equipo ha contabilizado 1.677 feminicidios y otros asesinatos de mujeres, siendo el 61,5% feminicidios íntimos. 

Su estadística, producto de años de trabajo, amplía visiblemente a la oficial e incorpora otras muchas categorías –el feminicidio infantil, por prostitución o el asesinato por violencia comunitaria, entre otras–, pero las conclusiones coinciden en que "la mayor parte de la violencia letal contra las mujeres se produce en entornos de proximidad y relaciones de dominación y poder preexistentes".

Atencio elogia el impulso institucional por recoger datos precisos respecto a los crímenes machistas, pero recuerda que son necesarios muchos más indicadores e información más detallada, como aquellos crímenes que siguen quedando fuera de las cifras oficiales y los motivos por los que están al margen o un seguimiento de las mujeres desaparecidas de alto riesgo, casos donde subyacen, en gran medida, situaciones de violencia machista. Ocurrió con Salma, en Murcia; con Susana, en Asturias; y con Ramy Virginia, en Guadalajara.

La experta cree fundamental afinar la investigación, especialmente en un contexto de rearme reaccionario contra las mujeres. En ese sentido, recuerda que el triple crimen conocido esta semana "se ha dado en el marco del 8M, aunque se perpetró después". A su juicio, la escalada de la "misoginia social y el ataque contra las mujeres" son parte del contexto, un marco que tiene incidencia en la "legitimación de este tipo de crímenes".