Se cumplen cinco años del confinamiento y lo peor de la pandemia. “Saldremos mejores” fue uno de los lemas oficiales, una especie de chute psicológico en medio de la calamidad, que pretendía poner en práctica la máxima gramsciana del optimismo de la voluntad. Al mal tiempo, buena cara. Hoy, buscar la frase “saldremos mejores” en Google te lleva a un estupendo podcast de actualidad. Salir, salimos, pero gracias al chute químico de la vacuna. Con ella no construimos una nueva normalidad sino que recuperamos a toda prisa la vieja que tanto echábamos de menos. 

Cinco años después, Isabel Díaz Ayuso sigue batiendo récords de falta de humanidad, sin poder escapar del Protocolo de la Vergüenza, desvelado en este periódico por Manuel Rico, y huye cambiando de versión (como Mazón) para intentar protegerse. No soporta una cifra: 7.291 (ahora documental), el número de residentes que fallecieron en marzo y abril sin ser derivados a hospitales (salvo los que tenían seguro privado, claro), ni al milagroso hospital de campaña, con sus centros sin medicalizar pese a las promesas. El número fue desvelado por infoLibre el 29 de julio de 2020 y proviene de respuestas por escrito de la Comunidad a partir de los registros oficiales.

El diagnóstico, cinco años después, es claro. Hemos aprendido, pero no lo suficiente. La Unión Europea se movió en el apoyo a la fabricación de vacunas y en los planes para revitalizar unas economías maltrechas al mismo tiempo que se intentaba modernizar el modelo productivo. ¿Malos tiempos para los mal llamados liberales y los defensores de un Estado mínimo? No tan rápido. Si viniera otra pandemia, los trabajadores públicos tendrían que hacer un nuevo esfuerzo sobrehumano a cambio de poco más que aplausos a las 20:00. Madrid sigue a la cola en inversión en sanidad pública y en toda España hay escasez de médicos y profesionales. Florece por doquier un negocio privado (sanitario, residencial) que hace caja con el derecho a la salud. Todo ello a sabiendas de que, cuando vienen mal dadas, sólo lo público tiene la potencia para protegernos y, en no pocas ocasiones, salvarnos el pellejo. 

Cinco años después, nuestro continente vive otro debate sobre su seguridad, aunque bien distinto, a raíz de la invasión rusa de Ucrania y la ruptura de la tradicional alianza entre EEUU y Europa. El de seguridad es un concepto muy diferente al de la defensa entendida como la compra de tanques y ametralladoras para enviar al frente contra el enemigo. 

Seguridad es defensa, claro, sobre todo teniendo en cuenta que a nadie le suena descabellado que Putin expanda su ofensiva a otros países del este, incluso pertenecientes a la UE, y mientras Trump trate de anexionarse Groenlandia. El ejército, como tal, no me produce ningún ardor patriótico. Pero del mismo modo que me encantaría que no existiese policía porque no hubiera delitos, que no necesitásemos inspectores fiscales o de trabajo porque no hubiera fraude, no se puede ignorar que el mundo se está volviendo cada vez más peligroso y que un ejército sujeto a controles democráticos, con fines disuasorios y nunca ofensivos puede hacer que los autócratas se lo piensen dos veces en vez de disponer de terreno expedito para sus locuras.

Pero seguridad es también un mercado comunitario único que permita que surjan empresas tecnológicas globales sometidas a las reglas europeas, que con sus defectos y virtudes son las más avanzadas del mundo; o que se protejan los intereses de los sectores productivos y se avance en la autonomía en sectores estratégicos, generando crecimiento y puestos de trabajo. Seguridad es dotarse de protección ante los zarpazos del cambio climático, los ciberataques, la interferencia en las elecciones o el negocio de la desinformación. Seguridad es cohesión social, servicios públicos y reducción de las desigualdades. 

En otras palabras: la potencia de lo público es la mejor garantía de nuestra seguridad. Y la apuesta ha de enmarcarse en una soberanía democrática europea, la única eficaz ante problemas y potencias globales. De la crisis financiera y del euro de 2008 lo aprendimos a golpes y de la pandemia con impulso. ¿Y ahora? Es hora de poner las luces largas. 

También hace cinco años me convertí en director de infoLibre y desde entonces este medio ha seguido demostrando que el buen periodismo significa igualmente seguridad. Y que para que la información fluya en libertad (haciendo honor a la cabecera) es necesario dar un paso al frente. Eso es este proyecto: sociedad civil organizada y comprometida con el derecho a saber. La perseverancia tiene recompensa: la consolidación de un modelo que estos días celebra 12 años de dignidad con el mejor ejercicio económico de su historia y sus principios intactos, como ha explicado Jesús Maraña, fundador y guía permanente. 

Llega el momento de que yo me despida tras una etapa de intenso y maravilloso aprendizaje y una sensación de privilegio por lo vivido. Nada hubiera sido posible sin una excelente y esforzada redacción, el conjunto del equipo y la amplia comunidad de infoLibre, especialmente sus socias y socios. Todas ellas y ellos mantienen el compromiso con la búsqueda de diagnósticos rigurosos y solventes y, siempre, de buscar salir mejores tras superar los retos. Aunque suene ingenuo. Aunque arrecie la tormenta. Así que: Ultreia o, en otras palabras, ¡adelante, infoLibre!

Las estampas del arranque de la presidencia de Donald Trump son reveladoras. 

El ganador de unas elecciones libera a los que hace cuatro años asaltaron con violencia el parlamento de su país para boicotear el resultado electoral legítimo.  

A la vez, y como si se tratase de un monarca absolutista, asegura que, en realidad, el que ha querido que sea presidente es dios, que para eso le salvó la vida.

El hombre de negocios y defensor del libre mercado promete aranceles a diestro y siniestro. 

Un supuesto defensor de la libertad de expresión contra la supuesta censura imperante hace espasmódicamente y el saludo nazi ante una multitud y las cámaras de televisión. 

Los empresarios tecnológicos que hasta ahora decían promover desde sus entrañables garajes una expansión sin precedentes de la libertad de expresión engrosan el 1% de los más ricos y rinden pleitesía, para seguir haciendo dinero, a aquel al que hasta hace unos años consideraban un peligro público. 

Los multimillonarios más ricos del planeta ven una amenaza en los migrantes, a menudo las personas más pobres del planeta.

Si miramos a España, la situación no es mucho más halagüeña:

El primer partido del país, que constantemente juega a sugerir que representa a la mayoría social (incluyendo la deslegitimación del Gobierno democráticamente constituido) vota en contra de subir las pensiones, el ingreso mínimo vital, de mantener los descuentos al transporte o las rebajas fiscales a la rehabilitación de viviendas y la compra de vehículos eléctricos. 

El mismo partido que gobierna en la Comunitat Valenciana y esparce bulos sobre las ayudas del Estado vota en contra de nuevas ayudas a los afectados por la dana. No es capaz de explicar qué no le gusta de todas esas medidas, de un enorme impacto económico, salvo una crítica a una restitución de un edificio en París. 

Los que hasta ahora decían que coincidir en una votación o pactar con Junts era pura connivencia con el terrorismo (sí, terrorismo, tal como suena) no dudan en unir fuerzas y ofrecer pactos a esas mismas formaciones. 

El partido que nombró a un compañero de colegio de su presidente al frente de una Telefónica que había privatizado acusa ahora al Estado, que posee un 10% de las acciones de Telefónica, de un golpe de estado empresarial. Y de hacerlo junto a uno de los principales bancos del país. 

El presidente de la patronal, que cobra 25 veces el salario mínimo interprofesional, se enfada cuando una periodista le pregunta si cree que en España se puede vivir con los 1.134 euros de una cuantía que los empresarios se niegan a actualizar. La pregunta “no procede”. 

Un defraudador confeso, al que asedian declaraciones fiscales, presuntas facturas falsas presentadas por él mismo y documentos incriminatorios por doquier, urde una trama apoyada en un gran bulo esparcido con dinero público hasta poner contra las cuerdas al fiscal general que lo desmintió, contra el que sigue sin haber una prueba concluyente, sólo opiniones o sospechas. Mientras, se siguen produciendo decenas y decenas de filtraciones y revelaciones de secretos que, por supuesto, a nadie le preocupan y nadie investiga, pero todos consumimos a través de los medios de comunicación. 

Si la Justicia tiene una transición pendiente, el debate público afronta el mayúsculo desafío de recuperar el equilibrio entre la verdad y la mentira. O entre lo inofensivo y lo escandaloso. Porque no es lo mismo. 

Demasiados actores políticos hacen gala de la ausencia de un código moral, o incluso de su arrogancia en sus momentos de mayor estupidez (¡Trump mete a España en el grupo de los Brics y manda al periodista a informarse para que aprenda!). Sin disimulo, se cambian principios por intereses y, así, llegamos a la total abolición de las categorías en favor de coyunturas a veces contradictorias y siempre cortoplacistas. Así no se construye ni una sociedad, ni un país ni un orden multilateral internacional. Y son precisamente los consensos forjados durante más de medio siglo, tras un infausto siglo XX, los que parecen estar en juego. 

Por eso, propuestas como la de Pedro Sánchez en Davos de, sencillamente, pedir un poco de responsabilidad a las empresas dueñas de las redes sociales, no solo son elementales sino imprescindibles. No es nada revolucionario asegurarse de que los delitos que se persiguen en la calle puedan perseguirse online. Que si los medios de comunicación son responsables de todo lo que se publica en sus páginas (sea una investigación de sus periodistas o un comentario de sus lectores), las redes lo sean también. O que haya una mínima transparencia en algoritmos que pueden ser muy lucrativos pero servir para fomentar el odio, manipular elecciones o perjudicar a minorías y vulnerables. 

Parecen propuestas obvias, como el plan de regeneración democrática que recoge y completa legislación europea aprobada en Estrasburgo por una amplia mayoría de izquierda y derecha, pero quizás acaben pareciendo subversivas precisamente porque nuestro debate público ha sido envenenado por los que hacen negocio del caos. 

Nada asusta más a los poderosos que una sociedad bien informada. Nada temen más los del 1% que la afirmación organizada, democrática y amplia del otro 99%. 

Si Fernando de los Ríos dijo hace casi un siglo que “En España, lo único pendiente es la revolución del respeto”, hoy hay que sumar una tarea previa. Sólo una revolución que vuelva a hacer de la información el centro del debate público permitirá a los españoles respetarse, para empezar, a sí mismos.

Las palabras de Nochebuena del rey son como esas partituras musicales, tan interpretadas por la enorme tradición valenciana de bandas, que hacen gala de una precisa composición y de variedad en la instrumentación, ritmos y temas. El discurso ni es fácil de escribir ni puede gustar a todos, eso está claro, pero si carece de algo tan importante y delicado como la afinación, corre el riesgo de no convencer a nadie.

Es evidente que las palabras del rey de esta Nochebuena están menos afinadas que las pronunciadas hace tan solo unas semanas en Roma, ante los diputados y senadores italianos, que en su inicio dejaron una frase de profundos ecos históricos y rabiosa actualidad, allí y aquí: “Somos dos países con memoria, con una clara conciencia del pasado –en particular del que no puede ni debe repetirse, ni siquiera como caricatura–”.

De memoria va la cosa, no sólo de la que llamamos democrática o histórica sino de la más reciente. Este 2025 se cumplirán 50 años de la muerte de Franco, el hecho que marcó el fin de la dictadura y el inicio de la Transición y que el Gobierno convertirá en un año de reivindicación de las libertades colectivas. Ninguna referencia hay a esos momentos históricos decisivos, más allá de la habitual defensa de la Constitución, ni aunque 1975 haya significado también la vuelta de la monarquía, que también está de cumpleaños. Qué oportunidad perdida, de nuevo, de pronunciar unas palabras de balance serio y riguroso y, en consecuencia, inevitablemente crítico con la impunidad de la que sigue disfrutando su padre y predecesor en el trono.

La memoria sobrevuela un discurso en el que Felipe VI sólo menciona la palabra al final y de pasada. Porque su apelación a la “concordia”, al “diálogo”, a la “serenidad” y al “bien común”, valores intrínsecos de la sociedad española, se topan con un debate público, político y mediático envenenado, que socava los valores mismos de la democracia construida desde hace medio siglo. Las responsabilidades no pueden analizarse desde la equidistancia (ver esto de Jesús Maraña), tratando de no decir nada para no meterse en líos ni ser criticado o, más delicado, intentando encarnar un sentimiento etéreo de indignación o de ilusión que pueda ser contrapuesto al desgaste concreto y cotidiano del resto de instituciones, que son las que gestionan el día a día. 

Es un año para acordarse de la dana, que tan fuertemente ha golpeado sobre todo a la provincia de Valencia, y la Casa Real ha decidido apostar al máximo por una estrategia de cercanía que muestre a un rey como uno más entre el pueblo (…) cuando las demás instituciones son duramente criticadas. Incluso aunque esa cercanía, en visitas como la de Paiporta, suponga un grave riesgo para la seguridad de las altas instituciones del Estado o genere roces innecesarios con el Gobierno.

Lo que es difícil de entender es que toda referencia a su gestión sea para reclamar a todos por igual una “coordinación mayor y más eficaz de las administraciones”, ignorando por completo que lo más importante de una catástrofe es su prevención y, después, su gestión en las horas clave. ¿Tanto habría costado pedir, además de coordinación, que los responsables políticos no nieguen el cambio climático que propicia este tipo de fenómenos o que estuvieran en sus puestos, haciendo la tarea para la que han sido elegidos, cuando una simple alerta a tiempo podría haber salvado tantísimas vidas? ¿No son la lucha contra el cambio climático o la seriedad en el trabajo valores transversales de la sociedad española? 

Antes que de coordinación con otros (una crítica que iguala y diluye las responsabilidades injustamente), el problema de la Comunitat Valenciana es de incompetencia y de no asumir las responsabilidades propias. Y ahora, en la reconstrucción, el reto es el de la eficacia de la política pública, a través de medidas concretas y, por qué no decirlo, la inversión que permite el pago de impuestos, que es el mayor gesto de solidaridad con los que menos tienen. 

El otro gran eje del discurso de Felipe VI es su preocupación por el clima político y la “contienda legítima, pero en ocasiones atronadora” que impide que haya serenidad, diálogo y acuerdo. La palabra “atronadora” no puede estar mejor elegida. Hablamos de ensordecer, aturdir, atolondrar o marear. 

Nuestro debate público está atronado, cuando no directamente tronado, por una sucesión de intereses, exageraciones, sobrerrepresentaciones y bulos que lo condicionan hasta desnaturalizarlo. Y, de nuevo, las responsabilidades no se reparten a partes iguales ni es riguroso pretenderlo entre llamadas generales a la cordura.

En su discurso, medido hasta el extremo, el rey perdió una gran oportunidad de poner las cosas en su sitio como sí hizo con naturalidad en Paiporta, cuando le tiraban barro y le preguntaban por qué no tomaba él el mando frente a los representantes políticos. “No hagáis caso a todo lo que se publica porque hay mucha intoxicación informativa. Hay personas interesadas en que el enfado crezca, ¿para qué? Para que haya caos. Hay mucha gente interesada en esto”, dijo entonces en conversación con los vecinos.  

Si el ejemplo de diálogo y serenidad para el rey esta Nochebuena es la reforma del artículo 49 de la Constitución sobre la discapacidad, habrá que preguntarse cómo de ejemplar fue el bloqueo durante cinco años de la renovación del CGPJ, cuáles eran las “personas interesadas” en que se mantuviera y a quién beneficia en realidad el pacto al que se llegó en junio. 

También cabría preguntarse por qué hay miles de menores en Canarias que esperan a que los partidos se pongan de acuerdo y qué intereses partidistas hay en no llegar a una fórmula de reparto. O en por qué no fue posible un acuerdo sobre RTVE. O por qué hay una presidenta autonómica que rechaza reunirse a solas con el presidente del Gobierno, tratando de condicionar a todo el Partido Popular para que ni dirija la palabra al que considera literalmente un “dictador”. Por último, ¿por qué la sociedad española vive un minuto a minuto de casos judiciales con pasos tan difíciles de entender, sin apenas pruebas de unas culpabilidades cacareadas a todas horas? ¿A qué responden tantas horas de tertulias que lo contaminan todo, privándonos de otros debates esenciales para nuestro día a día? 

El rey que en Paiporta aludía espontáneamente a la “intoxicación” por parte de los interesados en el “caos” se queda en Nochebuena en una muy insuficiente apelación al diálogo; no entre dos que no quieren sino entre los que están dispuestos y los que no con el único objetivo de que “el enfado crezca”, en sus palabras. 

Felipe VI sí tiene palabras para la juventud, la vivienda o las migraciones, mención esta última que sólo puede entenderse como un toque de atención a la extrema derecha. Sobre esta cuestión y el Mediterráneo, de nuevo hay mucha más profundidad en el discurso de Roma. Harían bien los profesionales del odio en escuchar la advertencia del rey al que tanto reivindican. Las personas migrantes tienen derechos y dignidad y son las migraciones lo que explican mucho de lo bueno que tiene hoy España sin caer en defensas interesadas (en lo económico) que, afortunadamente, el monarca ha evitado. 

Por cierto, majestad: se dice Palestina. Pa-les-ti-na. Cuando habla de que se “cuestiona el derecho internacional, se recurre a la violencia, se niega la universalidad de los derechos humanos o se pone en duda el multilateralismo”, la palabra que lo resume y ejemplifica todo es Palestina. Resulta muy chocante que, ante la magnitud del genocidio, ante la asfixia misma de la palabra humanidad a la que asistimos desde hace 14 meses, el jefe del Estado no la diga, como sí hizo en Roma, o como sí mencionó a Ucrania hace dos Nochebuenas. Ojalá fuera sólo una cuestión de mala memoria. 

Este miércoles 18 de diciembre tuve la oportunidad de comparecer en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática del Congreso de los Diputados. Hay abierto, por fin también en España, un debate sobre la desinformación y la limpieza en el debate público que interpela directamente a los medios de comunicación y condiciona el trabajo de los periodistas. En infoLibre defendemos que hace falta mejorar el terreno de juego para dejar de subvencionar la mentira o las trampas en busca de publicidad institucional. Desde luego, el mercado no se regula solo y el marco actual posibilita la exuberancia de los bulos que envenenan la democracia. Es más, es un negocio muy lucrativo, económica y políticamente.

Nosotros, como dice Jesús Maraña, nos equivocamos, pero no mentimos, por eso este periódico nunca ha sido condenado por ningún delito relacionado con la praxis periodística. Y nuestro primer ingreso son las cuotas de las socias y socios. Aquí queda la transcripción de mi intervención ante los grupos políticos, con 10 propuestas que, creo, podrían mejorar un poco, o mucho, la calidad de nuestro debate público.

Siendo nieto de gallegos muy, muy humildes, que lamentablemente conocieron demasiado bien la pobreza, e hijo de unos padres que pudieron estudiar gracias a becas y ayudas públicas, es realmente un honor ser citado en una sesión formal del Congreso de los Diputados porque crean que algo les pueda aportar. Y que sea para analizar un asunto tan importante como la desinformación y los medios de comunicación. 

Es extraño estar al otro lado. Se me hace muy raro hacer yo una exposición y que ustedes hagan las preguntas. Me impone cierto respeto, pero les propongo que esto no sea el sino de los tiempos. Que no sea una de esas tertulias, de esos zascas cruzados en redes sociales donde no se sabe quién es el político y quién el periodista. Pocas cosas más importantes que el saber estar. Cada uno donde la corresponde. 

También les propongo conversar lejos del partidismo, porque este Congreso de los Diputados debe hacer leyes para todas y todos, aspirando a representar el sentir del momento, sí, pero también buscando cuidar consensos básicos y amplios sobre derechos fundamentales que no estén al albur de mayorías coyunturales. Y el derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, que no el derecho a mentir, está consagrado en la Constitución de 1978. Son ustedes, señorías, las llamadas a preservar ese derecho.  

¿Supone hoy la desinformación un riesgo especialmente relevante? Es una pregunta pertinente, porque de la respuesta concluiremos si hay que hacer algo o no. 

Para mí, es un sí claro. La desinformación existe desde siempre. Un político que dice lo que no es, un medio que manipula, incluso campañas orquestadas entre políticos y periodistas en torno, por ejemplo, a unas elecciones... Nada nuevo bajo el sol. Tampoco en España. 

Pero la desinformación es particularmente relevante hoy porque puede poner en riesgo nuestro sistema democrático, especialmente en momentos de crisis. Ahí está la clave, en la capacidad de disrupción. Cuando un número relevante de ciudadanos pone en riesgo el resultado electoral, como ocurrió en EEUU hace cuatro años, hasta el punto de asaltar el Capitolio, la democracia está en riesgo. Y no por el hecho en sí, que también, sino por la estrategia previa, muy trabajada y amplia.

Cuando hay partidos que en España ponen en duda nuestro sistema de recuento de votos, o el voto por correo, hay medios importantes que lo difunden, la democracia puede estar en riesgo. 

Cuando deliberadamente noticias falsas, que desvían la atención o que promueven el descrédito generalizado se imponen, pasan de ser una cuestión de minorías a condicionar al conjunto de un país, la democracia en su conjunto sufre. Sobran ejemplos de desinformación: en torno al covid o a la efectividad de las vacunas, algo que potencialmente ponía en riesgo la salud pública; o en torno a la dana en Valencia, llegándose incluso a hablar de ocultamiento de muertos, algo que puede poner en riesgo la confianza imprescindible en las instituciones en un momento en el que son vitales para salvar vidas y recuperar una cierta normalidad. 

Lejos ha quedado la imagen de toda una familia, desde los abuelos a los nietos, reunida ante la televisión como una suerte de minisociedad frente a un único canal. Hoy, las audiencias están fragmentadas hasta generar burbujas. Las pantallas se multiplican y todos tenemos una en el bolsillo o, en realidad, en la mano constantemente. Y los emisores también se han multiplicado, con lo que todo es a la carta. 

La tecnología, que permite algo tan positivo como una expansión de la información nunca vista en la Historia, también abre la puerta a la manipulación. Los medios de comunicación siguen siendo importantes, pero menos, porque han cometido errores y perdido prestigio al tiempo que emergían nuevas formas de recibir información a menudo ajenas a cualquier control. 

Ya tenemos, pues, los elementos de la tormenta perfecta: una tecnología habilitante como nunca antes, intereses de potencias extranjeras o actores domésticos que, gracias a ella, pueden abrirse paso como nunca antes y la popularización de redes sociales con más importancia y usuarios que nunca, pero con pocas reglas, articuladas a través de audiencias fragmentadas que a veces no hablan entre sí. Por último, están los medios de comunicación, más débiles por un peso propio decreciente, que acusan la precariedad y en algunos casos el descrédito, más expuestos que nunca a todos los actores anteriores.

El Digital News Report 2024 del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford explica bien las consecuencias. Son una sensación de toxicidad que lleva al fenómeno de la aversión a los medios y a las noticias. En España, un 44% de los encuestados asegura tener fatiga informativa. Un 37% de los encuestados procura evitar noticias de forma habitual, ocho puntos más respecto al año pasado. Entre los menores de 34 años, el porcentaje es 7 puntos mayor. España está entre los países con más fatiga informativa y siete de cada 10 ciudadanos aseguran estar preocupados por los bulos, según el informe.

Si al principio bromeaba con que hay veces en las que periodistas y políticos se parecen demasiado, también hay medios de comunicación indistinguibles de cualquier otro emisor, sea de información o de desinformación. Les pongo un ejemplo habitual: cuántas veces no hemos hablado con esa amiga o amigo que nos pregunta alarmado por una información que nosotros sabemos que es falsa y que tiene que ver con la política o los medios. Y cuando le preguntamos: “¿Pero eso tú dónde lo has leído?", la respuesta que sigue es: “En el whatsapp”. O “Me lo ha mandado fulanito”, sin tener noción alguna de la fuente o, a secas, “en internet”, como hace décadas se hablaba de “la televisión” o “el parte”. 

En ocasiones, tan acrítica es la credulidad concreta como potente acaba siendo la incredulidad general, la sensación de que nada significa nada, de que no hay de quién fiarse. Y ahí es cuando estamos perdidos, los medios, la política y, en consecuencia, la democracia. 

Menudo panorama, ¿no? 

Les diría que, pese a todo, hay motivos para la esperanza. Y la esperanza, que debe ser algo profunda y hondamente político, se encuentra, además de en la confianza en una sociedad democrática como la nuestra, en este Congreso de los Diputados. Sí, se encuentra en ustedes, claro, ¿en quién si no?

Porque, diagnosticado el problema, la pregunta es qué hacer. A menudo se escucha aquello de que no hay que hacer nada. Que toda intervención es control. ¿Quiénes se creen los poderes públicos para interferir en algo sagrado? Ya saben: la mejor ley de prensa es la que no existe. 

Ese planteamiento puede ser biempensante o ingenuo, pero desde luego es una trampa. Para empezar, porque ya hay normas y una extensísima jurisprudencia que regulan y desarrollan el derecho constitucional. Leyes sobre el derecho al honor, las injurias y calumnias, la revelación de secretos, el secreto profesional, el derecho de rectificación... por no hablar de las licencias de radio y televisión o de las leyes de publicidad institucional que condicionan todo el sector. 

En otras palabras: los periodistas defendemos nuestra libertad de expresión, no queremos que nos digan lo que debemos publicar, pero no operamos en el vacío. En todas las democracias hay leyes sobre todo. Sobre esto, también. 

La pregunta no es si hay que regular sino cómo hay que hacerlo. No caigamos en el mantra neoliberal y caduco de que el mercado se regula solo. O en ese otro, sobre el cambio climático, que dice que a lo largo de la historia siempre ha habido variaciones y que no hay que preocuparse.

Vivimos un cambio climático de la información y lo público no puede estar al margen. La información es algo demasiado importante como para dejarlo en manos del mercado, que significaría, como siempre, dar más poder a los más poderosos, generalmente por encima, cuando no a costa, de los intereses del conjunto de la ciudadanía. 

Para que esta intervención no se quede en una reflexión más o menos general, vengo con 10 propuestas concretas que he sintetizado en un documento que pondré a disposición del señor presidente y que les enviaré gustoso a los portavoces o grupos que tengan interés. 

Son propuestas que, creo yo, mejorarían el ecosistema mediático y el debate público independientemente de que cualquiera de los partidos aquí representados, para disgusto de todos los demás, dispusiera de una mayoría absoluta y, por tanto, amplias posibilidades de arrimar el ascua a su sardina. 

No puede ser que un consenso europeo, sobre reglas muy básicas, que reúne a partidos, instituciones y latitudes tan diferentes, se convierta en un juguete más de la lucha partidista. Aunque lo impulse el Gobierno o, si lo prefieren, incluso aunque el Gobierno tuviera la tentación de instrumentalizarlo. 

Lo que más aporta este reglamento es transparencia: sobre la propiedad real y última de los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que un ciudadano curioso no tenga acceso, en un par de clicks, a esa información y deba emprender para conocerla sus propias pesquisas online o, incluso, acudir al registro? 

Lo mismo con la publicidad institucional: ¿cómo es posible que, aún hoy, no sepamos cuánto dinero recibe cada medio de administraciones o empresas públicas? ¿Qué liberal podría oponerse a la transparencia?

El reglamento es de obligado cumplimiento, ya está en vigor y en agosto todo su contenido será de aplicación. Será importante, pero es esencial creérselo, respetarlo y completarlo en cada país miembro.

La actual medición de audiencias digitales y, en especial, su peso determinante en el acceso a la publicidad institucional, no tiene ningún sentido. Y lo primero es tener un mapa realista.

El modelo favorece a los medios capaces de generar clicks por cualquier vía, aunque sea a través de contenidos falsos o de otros ciertos pero que no son leídos por usuarios, a los que se atrae a través de engaños y que, cuando se dan cuenta, cierran de inmediato la pestaña. Medios que falsean su apuesta a través de la indexación sin límites o la integración de contenidos que nada tienen que ver con la naturaleza de un medio de comunicación. 

Perjudica a medios independientes, de menor tamaño o audiencia, que aunque tengan lectores nunca llegan al corte, es nocivo para los que apuestan por la suscripción o que son locales. 

Es imprescindible elaborar criterios objetivos, pero no sólo meramente cuantitativos, que equilibren la balanza. Cuando hay medios que presumen de millones y millones de visitantes, en ocasiones más que las cabeceras más leídas y prestigiosas de países mucho más grandes que el nuestro, pero son difícilmente identificables en una encuesta de pregunta espontánea o apenas tienen seguidores en redes sociales, es evidente que algo falla. 

Y son esos medios los que se benefician del grueso de la publicidad institucional. La audiencia tiene que seguir contando, pero hay que poner coto al negocio de diseñar trampas para inflarla con el objetivo de recibir dinero que es de todos.

¿Tiene sentido que un medio condenado por mentir o por delitos relacionados con la información reciba dinero público para seguir haciéndolo? ¿Tiene sentido que un medio sin una relación de trabajadores pública o conocida reciba dinero público? ¿Tiene sentido que medios de comunicación de cierta entidad, ya sea en su organigrama directivo o en su redacción o equipo de gestión, estén al margen de normas sobre la paridad que ya aplican en algunas empresas y en las instituciones públicas?

Más allá de la definición de medio de comunicación, ampliamente esbozada en el reglamento europeo, cabe preguntarse si el dinero de todos debe ir a medios con severos reproches judiciales, que no aplican la mínima transparencia o que atentan sistemáticamente contra valores fundamentales de la democracia.

Y con esto no quiero decir que un Gobierno prohíba a un medio, a un pseudomedio o en definitiva a una web publicar el contenido que desee, con arreglo a la legislación en vigor sobre la libertad de expresión. Faltaría más. Pero subvencionar la mentira no parece que deba ser el objetivo de las administraciones públicas. Del mismo modo, un sistema de puntos podría priorizar en determinados aspectos a aquellos medios que sí incorporen características o valores básicos definidos previa y adecuadamente, desde la igualdad a la diversidad, por ejemplo. 

Las y los suscriptores son ciudadanía comprometida y organizada y, generalmente, un indicador de calidad. Nadie financia un medio de comunicación para que le mienta o para que le decepcione con trampas tecnológicas. Un número elevado de suscriptores (de verdad, que paguen de verdad, no casi gratuitos) da libertad al medio, ya que lo hace menos dependiente de otros intereses institucionales o privados sin cuyo apoyo muchos medios verían comprometida su viabilidad.

La suscripción debe ser un criterio más en la publicidad institucional, de modo que se premie a los modelos que apuestan por la independencia y la resiliencia frente a condicionamientos ajenos a la naturaleza de su producto informativo o las personas que lo sostienen. 

Es una realidad imparable, pero es imprescindible preservar medios de comunicación hechos por periodistas, que aclaren exactamente si ofrecen contenido hecho por inteligencia artificial, en qué medida y con qué supervisión. De nuevo, no debería subvencionarse con dinero público medios hechos por máquinas.

La revelación de secretos, un delito que puede comportar hasta cinco años de cárcel, es utilizado a menudo por empresas o políticos como una vía para amedrentar a los periodistas en su ejercicio profesional. Nosotros mismos, en infoLibre, lo sabemos bien (ver aquí o aquí). No hemos sido condenados jamás por mala práxis (miren en otros medios y verán que casi ninguno puede decir lo mismo), pero sabemos lo que es tener que defenderse en procesos judiciales que desgastan a los redactores y preocupan a sus familias. 

A menudo la intención no es ganar un caso judicial sino simplemente iniciarlo, obligar al medio y al periodista a invertir tiempo y dinero en su defensa y que en un futuro se piensen dos veces si merece la pena informar sobre alguien poderoso y con recursos. Los medios pequeños sufren especialmente los conocidos como SLAPP, o pleitos estratégicos contra la participación pública, por delitos como el de revelación de secretos u otros muchos. 

El debate es europeo, pero debe ser también español e incluir modificaciones en la instrucción judicial de modo que se proteja tanto los derechos de los demandantes como el libre ejercicio del periodismo. 

En algunas tertulias de máxima audiencia los que son presentados como periodistas o analistas, a secas, son además empleados de lobbies o consultores que trabajan en asuntos o para clientes sobre los que después opinan ante el micrófono. En vez de expresar una opinión independiente, sea la que sea, alimentan su propio negocio y su propio conflicto de interés sin que el espectador lo sepa. 

Los directivos de medios de comunicación, presentadores de los principales espacios o analistas de los programas de máxima relevancia deberían hacer pública una declaración de intereses para que, al menos, el ciudadano pueda valorar si hay algún conflicto de interés y si en realidad su trabajo es el que dice que tiene.

Dábamos la noticia hace tres meses. Las plataformas online se niegan a retirar el 70% de los contenidos racistas reportados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe). 

Las grandes plataformas tecnológicas y las redes sociales, disponen de códigos de conducta y de reglas internas que, de momento, son absolutamente insuficientes, especialmente en la prevención de los delitos de odio o la protección de las minorías. 

En Australia se va a prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años y, aunque no existen varitas mágicas y quizás esta tampoco lo sea, ya hay estudios que alertan del riesgo de redes sociales sin educación, en casa o en la escuela, y de los retrocesos que pueden provocar en las generaciones más jóvenes, que son, por cierto, aquellas que en distintas encuestas aparecen como más proclives a discursos extremistas o incluso la defensa de regímenes autoritarios. Esto debería preocuparles especialmente a ustedes. 

No tiene sentido promover cambios en los medios de comunicación que se sumen a las salvaguardas que ya hay en el mundo analógico sin hacer las mismas exigencias a redes y plataformas que se rigen por algoritmos opacos, que son propiedad de empresas o países extranjeros y que en algunos ocasiones presumen de falta de neutralidad y partidismo, como X de Elon Musk.

No es función de los Gobiernos o los Parlamentos decidir qué es verdad o qué es mentira ni actuar como verificadores de los medios de comunicación y los periodistas. 

Es necesaria una autorregulación en el sector de los medios que cree organismos que velen por el buen hacer y, más especialmente, que reprueben a los que lo hacen mal. Aunque se trate únicamente de una sanción reputacional o de prestigio. Las distintas asociaciones y colegios profesionales no ejercen suficientemente esa función y debería crearse un Consejo de Medios, que no estuviera controlado por las empresas sino por profesionales procedentes de la pluralidad mediática de España, que pudiera emitir recomendaciones o reprobaciones que contasen con la suficiente publicidad y, por ejemplo, que fueran un elemento a tener en cuenta de cara al apoyo público a los medios de comunicación o en la acreditación como periodistas ante las instituciones. 

Es imprescindible mejorar la educación en los niveles más básicos sobre el uso de las nuevas tecnologías, la detección de noticias falsas o la identificación de fuentes fiables. Parece obvio que, en un mundo cada vez más tecnológico y con cada vez más riesgos, esta cuestión no debe quedar al margen de los planes de estudios. ¿Por qué no una asignatura o un buen número de unidades didácticas sobre la alfabetización digital? 

Habiendo dejado esta propuesta para el final, creo que puede ser, en realidad, la más importante. 

Decía Marisa Paredes en su histórico discurso del 'No a la guerra' en los Goya: “No hay que tener miedo a la cultura, ni al entretenimiento, ni a la libertad de expresión, ni mucho menos a la sátira, al humor. Hay que tener miedo a la ignorancia y al dogmatismo”.

Hago mías sus palabras, les deseo suerte y aciertos, porque la buena información necesita a lo público y lo público necesita buena información.

Marisa Paredes murió con las botas puestas. Con ellas dio pasos firmes y comprometidos hasta el final, decidida a beberse la vida hasta el último sorbo, con ese halo de verdadera estrella que es imposible impostar, que se reconoce al instante y que causa fascinación. Nos dejó millones de anécdotas que parece mentira que hoy rememoremos ya sin ella. 

La última que vivimos en infoLibre fue a la vuelta del verano, en un emotivo acto sobre la memoria democrática que organizamos en el periódico. Nos hizo el regalo de leernos, como broche de oro, tres de las emotivas cartas de Las Trece Rosas, fusiladas en 1939, sin motivo, cuatro meses después del fin de la guerra, ya en supuestos años de “paz”.

Directa desde el aeropuerto tras atender un compromiso de trabajo en Suiza, porque Marisa no se jubiló nunca, llegó al Ateneo de Madrid con flores en la mano y un escapulario para la ocasión. Los asistentes la recibieron con un aplauso cariñoso y reverencial. Sobre el escenario, varios jóvenes estudiantes a los que ella se dirigió directamente. “¡La dictadura duró hasta que murió el dictador! Y todavía hay quien quiere que vuelva. ¡No os dejéis engañar! ¡Sed libres, pensad por vosotros mismos!”. 

El ambiente se iba espesando, por la importancia de Las Trece Rosas y por Marisa Paredes. El ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, se había emocionado minutos antes explicando la historia de su abuelo represaliado sin que en su familia hubiese pervivido el rencor, al igual que en la carta de Blanca Brisac Vázquez, una de Las Trece Rosas, a su hijo antes de ser fusilada: “Sólo te pido que seas muy bueno, muy bueno siempre. Que quieras a todos y que no guardes nunca rencor a los que dieron muerte a tus padres, eso nunca. Las personas buenas no guardan rencor…” 

Estoy absolutamente seguro de que si nos hubiera leído el prospecto del ibuprofeno, con esa voz que rugía desde las entrañas, con esa mirada profunda, con esa melena icónica, también nos habríamos emocionado un poquito. O un muchito. La cosa no llegó a tanto, pero casi. De repente, las tres cartas acabaron siendo dos. Un error en la impresión y numeración de las páginas, que le dimos a Marisa recién aterrizada de tierras alpinas y con letra no muy grande (¡es que ni hecho a posta!), hizo que los textos se traspapelaran y las historias se mezclaran cuando las leyó el icono del cine español que nos ha dejado este martes de invierno. 

Algunos de los presentes se habían dado cuenta a medida que las leía, pero otros muchos, subyugados por el hipnotismo, no. Ni flores. Ni corta ni perezosa, Marisa remató como pudo, nos echó un broncón impresionante desde el escenario, buscando con mirada desafiante a cualquier responsable. No nos pudimos escapar, estábamos en primera fila. Se disculpó. “Por una serie de circunstancias que no vienen al caso [...] ¡Cosas del teatro, cosas de la vida!”, y nos criticó justamente por no habérselo puesto un poco más fácil. Acabó leyendo la última carta. El Ateneo se vino abajo en un aplauso estruendoso, entre el éxtasis y el surrealismo, mientras ella saludaba a un público en pie como la gran dama del teatro que también también y muy especialmente fue.

Un año antes, le habíamos concedido el Premio infoLibre 2023 en una gala en la que estuvieron también Pedro Almodóvar, Juan Diego Botto, Javier Calvo o Javier Ambrossi, y que cerró la vicepresidenta Yolanda Díaz. Acudió con su pareja, Chema, su hija María, y su nieta, con la que jugaba divertida. En su discurso, nos habló de su infancia en la Plaza de Santa Ana, de cómo descubrió las tablas en el Teatro Español, y de su madre. “La conciencia social me viene desde la cuna. No faltaba la alegría, que ponía la señora Petra, mamá, la ilusión, la esperanza de que algún día las cosas fueran mejor”, nos contó antes de rememorar las huelgas obreras o de actores durante el franquismo. 

“Mi vida ha sido un escenario, un plató y la calle. Nunca, nunca, he dejado de pisar la calle”, dijo”, recordando el “No a la guerra”, tan de actualidad entonces y ahora por el genocidio en Palestina, o contra la regresión en derechos. 

La recuerdo en el cóctel posterior, encantada de recibir el cariño de cuantos se le acercaban, decidida a disfrutar hasta el último suspiro, pero también a luchar, a medio camino entre la inmortalidad del arte y la premura de las luchas más cotidianas. Ahí es cuando pensé: “Esta se muere con las botas puestas”. Y de repente sentí una enorme envidia de sus ganas de vivir, de su ilusión y esperanza perenne, presente también en muchas mujeres más mayores que yo que, habiendo vivido épocas que a mí me provocan escalofríos, se pusieron la vida por montera hasta el final. 

En los últimos años se fraguó entre ella e infoLibre, especialmente con Jesús Maraña, una complicidad genuina, por la que compartíamos en privado reflexiones, indignaciones, gestiones o activismo. Una de las últimas muestras es la lucha contra la tala de los árboles en su querida plaza de Santa Ana, que cubrimos extensamente. Qué mazazo es su marcha. 

Pero Marisa nos mira. Desde la redacción, donde tenemos colgado un fotograma eterno de Todo sobre mi madre, la película de Almodóvar en la que ella interpretó a la carismática y veterana actriz Huma Rojo, que a su vez hacía de Blanche en Un tranvía llamado deseo. 

Será imposible no pensar, al pasar por delante, al debatir sobre las noticias del día siguiente, en cómo estar a su altura, en cómo mantener viva una llama que en ocasiones era una luz cálida y otras, un incendio forestal. La inspiración la tenemos en sus interpretaciones y en palabras como las que nos dedicó y que en infoLibre tuvimos el privilegio de escuchar, en directo, a través de su voz trascendente. “Hay que seguir batallando, hay que seguir peleando hay que seguir defendiendo con uña y carne eso que se llama libertad. No se puede consentir que pretendan arrebatarnos la libertad ni que se apropien de la palabra de la manera más innoble”. 

Hay quien sostiene que España ya no es un Estado de Derecho. Puede sonar a broma, pero no es una exageración. Lo dicen con insistencia, con palabras más o menos gruesas, los máximos dirigentes del primer y tercer partido de España, que tienen millones de votos y un número de escaños en el Congreso que se acerca a la mayoría absoluta. 

Ni los académicos que estudian al detalle la calidad de las democracias ni la Unión Europea que elabora informes y dicta sanciones parecen haberse enterado. Pero ellos no importan electoralmente en España. 

Si España ya no es un Estado de Derecho, dicen sus supuestos defensores, es porque el Gobierno controla o está colonizando todos los poderes. En ese contexto es verdaderamente milagroso, casi heroico, que el poder económico, tan crítico, florezca con exuberancia y resultados récord (para muestra, lo que dice la nada sospechosa revista The Economist), que el legislativo no deje de dar dolores de cabeza al Ejecutivo o que la opinión publicada le sea mayoritariamente adversa. ¡Qué régimen autoritario tan extraño!

Este viernes, la presidenta del CGPJ presuntamente progresista, Isabel Perelló, emitió un inusual comunicado a título particular (esto es, sin consultar al CGPJ) en el que rechaza que haya quien cuestione “de forma generalizada y permanente” la labor de los jueces, atribuyéndole “sesgos políticos” que desembocan en un “grave daño institucional”. 

Sus palabras fueron inmediatamente interpretadas como una crítica a Pedro Sánchez y su frase sobre las “cartas marcadas” con las que, según él, juega el PP por su cercanía al sector conservador de la Justicia, que es el mayoritario sin que nadie lo dude. De nuevo, qué curioso. Mientras las asociaciones conservadoras copan la cúpula del Poder Judicial (sin perspectiva de que eso cambie en ningún momento), el PP impone a fuerza de bloquearlo un nuevo CGPJ en el que él decide qué progresista puede presidirlo; cuando la esposa del presidente, su hermano, el Fiscal General o el ex número dos del PSOE han sido señalados por la Justicia en casos de mayor o menor credibilidad, ¡la Justicia y la democracia se sienten violentadas y están en peligro! 

Es evidente que vivimos en un Estado de Derecho, pero también en uno de expectación. Según la primera definición de la RAE, expectación significa “espera, generalmente curiosa o tensa, de un acontecimiento que interesa”. A la espera de un advenimiento de un cambio de Gobierno (que es “lo que interesa”), “tensión”. Aunque sea de las formas más “curiosas” e increíbles. Basta con que alguien se las crea. 

España vive un Estado de expectación, de espera al próximo shock que durará hasta el siguiente telediario. Una suerte de espectáculo permanente, muy poco edificante, que pretende entretener la espera y facilitar “el acontecimiento que interesa” a base de insuflar desánimo y, aún más importante, una profunda desmovilización del adversario que acabe decantando definitivamente la balanza.

Este viernes resultó muy tranquilizadora la exacta aplicación del protocolo que llenó de banderas el Palacio de la Magdalena en Santander. Allí se presentaron, afables pero firmes en sus reivindicaciones, todos los presidentes autonómicos sin excepción, también el catalán Salvador Illa, sin que eso sea ya noticia. 

Se reunieron con el presidente y varios ministros de su Gobierno, acompañados para la foto por un rey sonriente, la presidenta del Congreso y el del Senado, en un acto de plena normalidad democrática (¡la excepción que confirma la regla!, dirán los cenizos) y excelente puesta en escena que proyecta una buena imagen de España. Una cumbre de país en toda regla en el que cada uno expresó sus posiciones sobre vivienda, migraciones, sanidad o financiación autonómica. Por cierto, en un tono infinitamente más constructivo que el que se respira en las Cortes, según reconocieron varias fuentes presentes en la reunión.

La conferencia de presidentes fue una demostración de diversidad y de normalidad democrática, pero de falta de resultados. Faltó pasar de la expectación a la expectativa real, que casi nadie tenía antes de comenzar la reunión. Urge llegar a la “esperanza” o “posibilidad de que algo suceda”, según el diccionario.

Es, claramente, falta de voluntad. El PP prometió llegar con un frente común, pero lo hizo también sin alternativa. Es una constante en la política actual que contribuye a que se pudran los problemas. Pongamos como ejemplo la financiación autonómica: todas las comunidades se sienten infravaloradas pero en el seno de los partidos no hay mimbres para un acuerdo que satisfaga a todas. En consecuencia: es cómodo impugnar los acuerdos del Gobierno con la Generalitat de Cataluña, pero estéril, porque el modelo que lleva 10 años caducado no se reforma. Veremos cómo respiran en enero cuando puedan ver su deuda con el Gobierno, esa que consideraban hasta ahora injusta, condonada,  como pedían. 

Lo mismo en migración, con el agravante de que la situación es urgente, los Gobiernos de Canarias y Ceuta, donde gobierna el PP, son proclives a un acuerdo, y afecta a menores cuyos derechos se ven atropellados. Pero pesa más el miedo a que un Vox que ya abandonó los Gobiernos autonómicos los deje ahora sin Presupuestos. Qué decir de la vivienda, problema acuciante de la juventud (pero no sólo), un asunto que las comunidades se resisten en su mayoría a atajar, pese a los instrumentos que les brinda la ley de vivienda, quedándose en pedir rebajas de impuestos que reforzarían la voracidad de un mercado cuya avaricia se ha demostrado insaciable. 

En otras palabras, más que una mayor comunicación y preparación de los temas (que no vendría mal), más que el diseño de nuevos foros o la reforma de la conferencia de presidentes, lo que falta es voluntad política. Falta pasar de la expectación, tan fácil de generar con tensión, pero tan efímera, a una expectativa de acuerdos, a una alternativa, que implica generosidad y disposición a acordar.

Eso compromete a todos los actores. Si la derecha sólo tiene la expectativa de un cambio de Gobierno (sin que se conozca en realidad su proyecto alternativo), la izquierda necesita también un horizonte en positivo que no sea sólo evitar que se abran paso las políticas conservadoras en una de las escasas democracias progresistas que quedan entre los grandes países.

En cualquier caso, el clima de Santander no es un mal punto de partida que contrasta con la enorme tensión que hay dentro de la M-30 institucional… y geográfica. 

Por cierto: el único que no estuvo en la cita de Santander en la que imperó la corrección, ya es casualidad, fue Alberto Núñez Feijóo, un dirigente que presume de moderación pero que ejerce una oposición en algunos aspectos mucho más dura que la de Pablo Casado. Un expresidente autonómico ahora sin poder institucional, aunque claramente con prisas por alcanzarlo, como recientemente le recordó Aitor Esteban en el Congreso. Y para colonización de las instituciones, dejando a un lado la Justicia, está hasta RTVE y la intención de fulminar a varias de sus principales caras, como cuenta aquí Jesús Maraña. Si intenta algo así desde la oposición, ¿qué expectativa cabría imaginar si llegase al Gobierno?

Ocupar la cartera de Competencia en la Comisión Europea no es sólo sinónimo de convertirse en una de las personas con más poder en Bruselas sino, en lo económico, en el mundo. 

Algunos ejemplos con cifras de vértigo sirven para entenderlo. Su actual titular, la danesa Margrethe Vestager, es poco conocida para la opinión pública española, pero no así para las grandes empresas, incluidas las españolas. Vestager impuso durante su mandato una multa de 13.000 millones de euros a Apple por acogerse a un esquema fiscal ad hoc en Irlanda, un país que ya sin trampas ilegales es un pseudoparaíso fiscal permitido por todos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de respaldar la decisión. Google acumula en este mandato en torno a 8.000 millones de euros en multas por prácticas monopolísticas. 

A tareas como estas se dedicará, entre otras cosas y si nada se tuerce, Teresa Ribera desde ahora y por cinco años. Entre sus cometidos estará vigilar que las grandes compañías no abusan de su posición de mercado, que no se comportan como monopolios, que los Estados no favorecen a las corporaciones amigas o que las fusiones no expulsan del mercado a competidores más pequeños, una supervisión que tiene efectos no sólo sobre compañías de capital europeo sino que condiciona a gigantes internacionales que pretendan actuar como uno solo en suelo comunitario. 

Así, Competencia es una cartera ejecutiva y una responsabilidad al alcance sólo de países y perfiles con mucho peso y prestigio. Como tal, lo habitual es que el puesto colme por sí solo las expectativas de cualquier jefe de Gobierno. Pero Ribera suma otras dos tareas: la de vicepresidenta primera; es decir, número dos del Ejecutivo comunitario y mano derecha de Von der Leyen, y, sobre todo, responsable ejecutiva de las áreas a las que ha consagrado buena parte de su vida como la transición ecológica, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. 

Son tres responsabilidades en una y la convierten en la comisaria española de mayor peso en la historia. Comisarios de asuntos económicos ha habido varios, como Almunia o Solbes, pero sus poderes fueron sensiblemente inferiores a los que tendrá Ribera al frente de Competencia, cartera que ya ocupó también Almunia, pero sin responsabilidades de transición ecológica. Vicepresidentes también ha habido varios (el actual, Borrell, de nuevo, Almunia, Loyola de Palacio o Manuel Marín, el primer gran comisario español), pero de nuevo con menos poder global. En el caso de Borrell, su vicepresidencia ha sido casi ornamental, ya que su relación con Von der Leyen ha sido muy tirante y su condición de Alto Representante lo situaba más en el territorio del Consejo (la institución de los Gobiernos, a los que coordina en política exterior y de seguridad) o en el perímetro de su propia autonomía, donde ha sabido engrandecer el puesto con buenas dosis de liderazgo y criterio propio.

Los retos de Ribera son enormes: no sólo velar contra los excesos de grandes empresas y Gobiernos en el marco de la competencia, que a menudo dicen defender el libre mercado como si se tratase de un dogma mientras hacen trampas para adulterarlo. La pandemia o la competencia feroz de China y EEUU muestran que no sólo hace falta fortalecer el proyecto europeo y su mercado interior para que sea competitivo sino también ponerlo al servicio de lo público, que es a lo que todos, también el sector privado, recurren cuando vienen mal dadas. 

En el terreno climático, Ribera tiene que liderar la ambición europea (cristalizada en el Pacto Verde Europeo o Green New Deal) en un momento en el que el asunto parece haber pasado de moda, en una Comisión Europea mucho más de derechas y mientras los negacionistas tiran de antipolítica y demagogia para cerrar los ojos ante el meteorito que se acerca a nosotros a toda velocidad.  

Por último, Ribera tendrá que hacer equilibrios en un Ejecutivo donde la socialdemocracia está en minoría. También tendrá que entenderse con comisarios del norte de Europa como el liberal holandés Wopke Hoekstra, la también liberal sueca Jessika Roswall o el socialdemócrata danés (y allí la socialdemocracia tiene otros matices) Dan Jørgensen, a cargo de comisarías vinculadas de una u otra manera a su vicepresidencia. Pero, sobre todo, deberá engrasar una relación profesional y personal con la propia Ursula von der Leyen, quizás la presidenta más presidencialista de los últimos tiempos, que ha tenido frecuentes encontronazos con Borrell o con el hasta ahora comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, que acaba de dimitir antes de que expirase su mandato entre fuertes críticas al liderazgo de la alemana. 

Mientras en Bruselas todos ajustan sus relojes para ponerlos en hora, es una incógnita qué hará el PP español, que este martes anunció una rueda de prensa de su portavoz, Miguel Tellado, que tuvo que ser corregido por Génova minutos después de acabar su comparecencia. ¿Cree el PP que la presidenta de la Comisión, del PP europeo y apoyada por la delegación española habría dado tanto poder a la elegida por Pedro Sánchez para permitir la colonización de las instituciones comunitarias, acabar con el Estado de Derecho, la democracia y la división de sus poderes como persigue sin descanso el sanchismo? ¿Se equivoca Von der Leyen y todos aquellos que en las cumbres internacionales del clima o los Consejos de Ministros de la UE reconocen el papel desempeñado por Ribera en los últimos años? 

Más allá de los pellizcos que el PP intente dar a Ribera en la audiencia por la que cada candidato tiene que pasar en el Parlamento Europeo (y que, quien más y quien menos, podrá llegar a comprender como una mera batalla partidista de consumo doméstico), los de Feijóo deberán decidir si hacen campaña en contra en el pleno y votan en contra del conjunto de los comisarios, que es lo que cuenta (se votan en bloque, no uno a uno), buscando el boicot de la Comisión en su conjunto y, de paso, de todos los dirigentes conservadores que la integran, incluyendo a su presidenta. Algo así iría, por supuesto,en contra de los intereses de España, que con Ribera muestra no sólo que no es una excepción en Europa, como todos los días asegura la derecha patria, sino que puede y está dispuesta a liderarla.

Es tan fácil como el “dentro” y “fuera” que Epi y Blas nos enseñaron en Barrio Sésamo. 

Dentro, un debate democrático, en base a la liturgia legal y reglada, consecuencia de unos resultados electorales, con puntos de vista diversos y plurales. 

Fuera, la adrenalina de la calle, los gritos del gentío, un espectáculo jugoso y con escenario portátil, pero que se se marchita tan pronto como florece un nuevo y vistoso acontecimiento. 

Dentro, el Gobierno en ciernes de ocho millones de personas, un nuevo capítulo de la Cataluña contemporánea. Fuera, lo líquido, el ansia de estar durante un ratito pero sin consecuencias trascendentes. 

El resultado es tozudo e inapelable: 68 votos a favor de Salvador Illa como president de la Generalitat frente a 66 noes y un diputado que había prometido intentar entrar al Parlament y se esfumó humillando a los Mossos d’Esquadra, la policía catalana. 

Dentro, la política y el peso de la democracia en acción. Fuera, Houdini ensayando el concepto de “líder escapista”, que es en realidad todo un oxímoron. 

La huida cinematográfica de Puigdemont, que pasó en cuestión de minutos de un épico “Encara som aquí!”, a lo Tarradellas, al no estar en ninguna parte, consumió buena parte del protagonismo de este jueves, eclipsando la investidura de ese político atípico, expeditivo y de extrema autocontención que es Salvador Illa. Pero estoy convencido de que en cuanto tomemos algo de perspectiva, el peso de los acontecimientos se invertirá y recordaremos mucho más la nueva página en la historia de la difícil “conllevancia” que Ortega y Gasset recetó hace casi un siglo como solución a “un problema que no es para resolver”.

Cataluña abre una nueva etapa y Carles Puigdemont ha puesto todo su empeño en probar que era muy necesaria. En Junts per Catalunya, que reunió a su plana mayor y a las figures clave de la última CiU, Artur Mas inclusive (sólo faltó Jordi Pujol para un clímax de continuidad histórica), todavía no se explican la jugada. El expresident y ahora diputado prometió en público volver para la investidura, pero ni amagó con entrar en el Parlament. Si buscaba la épica de la prisión por la que pasaron parte de sus compañeros, aunque fuera hasta que el Tribunal Constitucional avale la amnistía, tendrá que esperar. Si confiaba en boicotear la investidura, no lo consiguió. Es más, empezó con puntualidad y acabó en buena hora, antes de que el calor de agosto aflojase en Barcelona. President en primera votación y dos semanas antes de que venciese el plazo límite. 

El camino, a partir de ahora, es incierto. Salvador Illa es un político de otra pasta, como los que no hay en Cataluña y, tampoco, en un Madrid hiperventilado. De formas suaves, críptico, y tan ejecutivo que las conversaciones telefónicas con sus colaboradores le suelen durar menos de dos minutos. A veces, mucho menos que dos minutos. No viene mal un poco de economía en las emociones cuando todo parece tan apasionado como, en demasiadas ocasiones, estéril.

Pero Illa no es la causa o, por sí mismo, la solución a nada, por más que haya logrado un excelente resultado electoral frente a un nacionalismo e independentismo que por primera vez en cuatro décadas no tiene mayoría absoluta. Por más que haya roto la política de bloques (independentistas frente a no independentistas) que articulaba la política catalana desde hace casi 15 años. No tiene una varita mágica y en su discurso reconoció no disponer de más que de un acuerdo de investidura, sin mayoría para gobernar. No será fácil y nadie sabe cuánto durará.

Illa es una consecuencia. De la decisión estratégica de PSC y Comunes de asumir la centralidad política. De años de célebres jugadas maestras independentistas, de hiperventilación y de desafíos que llevaron a Cataluña primero a perder su autonomía a manos del artículo 155, al declive económico que todavía perdura y al cansancio de toda la sociedad, cuando no hartazgo o directamente enfado. 

Estamos ante un cambio de ciclo, este sí, frente a otro agotado en las urnas, en la calle y en su estrategia. En sus siete años alejado de la Justicia española, tan conservadora y acostumbrada a extralimitarse con Cataluña, Puigdemont no consiguió internacionalizar el procés, ni replicar estructuras institucionales (¿qué fue del Consell de la República?). Tampoco logró mantener la unidad del independentismo ni su mayoría en el Parlament. Su discurso de este jueves parecía el de la resaca del 1 de octubre, como si nada hubiera pasado. 

Y han pasado muchas cosas. Estamos ante una etapa totalmente diferente a la anterior y a los siete años de Mariano Rajoy en la Moncloa, que todavía se están reparando con medidas tan poco ortodoxas como los indultos y la amnistía. Se abre paso una reflexión profunda sobre la plurinacionalidad del Estado, aunque a veces sea a trancas y barrancas o pivotando sobre el debate sobre la financiación autonómica, pendiente y siempre explosivo. 

Y eso es la política. En ella operan intereses contrapuestos, dependencias y la oportunidad del momento. Ojalá todos los debates importantes se presentasen puntuales y aseados, fuera del clima electoral y con protagonistas puros y generosos. Pero esto es lo que tenemos, tan intrincado como incierto. Visto de donde venimos, tampoco está tan mal. ¿Alguien tiene, de verdad, una alternativa mejor?

“Me equivoco, pero no miento”. Jesús Maraña dice esa frase a menudo y es difícil concentrar en menos palabras una mayor dosis de humildad y honradez. Primero, porque España está repletita de periodistas supuestamente infalibles, que no tienen “pruebas, pero tampoco dudas” y que antes caen en el ridículo que en la autocrítica. Así nos va.

Lo de Jesús es otra cosa. En realidad, él se equivoca muy poco, mucho menos que la mayoría, precisamente por su irrenunciable compromiso con el periodismo y con la verdad. El rigor le acompaña porque es honrado y la honradez le acompaña porque ha decidido ser riguroso.

No es necesario dedicarle muchos segundos a defender que Jesús Maraña es un excelente periodista. Su trayectoria ya acumula algunos trienios y habla por sí sola. Además, goza de un amplísimo respeto por parte de sus compañeros periodistas, sea cual sea su raza y pelaje, algo que no es muy habitual. 

Lo que me ha gustado del programa de La 2 En primicia, que acaba de emitir un muy recomendable capítulo sobre Jesús, es que no solo deja clara su profesionalidad sino que cada minuto del documental destila la humanidad y la empatía que le son tan propias y que a veces no son perceptibles en alguno de sus lúcidos análisis políticos o intervenciones televisivas, ancladas a la tensión y urgencias del momento.

Es precisamente la “psicología de un buen camarero” que se gasta, que nace de una muy periodística curiosidad por las personas, por sus circunstancias e historia, la que aflora durante la hora del trabajo dirigido por Maxi González y presentado por Lara Siscar.

No es verdad que Jesús no sonría o no tenga sentido del humor (su ironía es fina y su capacidad para relatar anécdotas graciosísimas, grande), pero sí lo es que se toma la vida muy en serio. Empezando por las causas justas, la democracia, la defensa de lo público y la cultura. Por eso invierte tanta energía en el periodismo. Por eso, junto a otros cuatro compañeros, fundó infoLibre hace 11 años, un medio cuya primera fuente de ingresos son sus suscriptores, a los que llamaron socias y socios porque lo son. Por eso infoLibre, con Jesús brújula en mano, nunca ha aspirado a crecer desmesuradamente, a dominar el panorama mediático en busca de poder o a recibir financiación y recursos con los ojos cerrados sino a dar pasos seguros y con los principios intactos. 

Él mismo explica por qué a veces parece que se enfada. Le hierve la sangre al escuchar a alguien mentir descaradamente, que es algo que no tiene nada que ver con expresar una opinión diferente. Ni con equivocarse de buena fe. Y paga un precio por ese nervio que le pone a las cosas. Se materializa en su legendario insomnio, que aprovecha para rumiarlo todo hasta llegar a las decisiones correctas. No me puedo imaginar de qué sería capaz si durmiese ocho horas del tirón. 

En España hay abierto en canal, y ya era hora, un debate sobre los medios de comunicación, su financiación, el aprovechamiento y manoseo a los que algunos someten a la libertad de expresión para intoxicar nuestra democracia. Nos la jugamos como periodistas y, con nosotros, la ciudadanía a la que nos debemos. 

Es hora de denunciar la mala praxis y huir del corporativismo disfrazado de falso compañerismo. También es la hora de democratizar los medios, de conocer sus métodos y financiación y de no alimentar con el dinero de todos a los que deshonran el oficio al que Jesús le ha dedicado toda su vida. Y también es de justicia reconocer a los que, como él, están demasiadas veces en la diana de los radicales sencillamente por dar un paso al frente, hacer su trabajo y no comportarse como ellos. No tengo del todo claro que para ser buen periodista haya que ser buena persona, como sostenía en su célebre frase el maestro Ryszard Kapuściński, pero sí que Jesús no solo es un buen periodista. Es un periodista bueno. 

Tiene razón Yolanda Díaz al identificar la vivienda, el tiempo de trabajo, o una reforma fiscal como asuntos que pueden dar al Gobierno de coalición un impulso decisivo. La vivienda es el principal problema económico de una España con datos macro razonables, el tiempo de trabajo conecta con una revolución silenciosa entre las generaciones más jóvenes y una reforma fiscal ambiciosa permitiría financiar las políticas sociales que la ultraderecha pone en cuestión, en parte ayudada por las grietas que acumulan. 

Son elementos que reforzarían al Gobierno no sólo como un dique de contención contra la derecha (salva los muebles, pero a duras penas) sino también como proyecto en positivo y con proyección de futuro. Esa es la diferencia entre la ilusión y la resistencia. Nunca fue más importante entender ese matiz.

Se podrá decir, con razón, que este Gobierno no lo tiene fácil. Lo tiene dificilísimo. Quienes más lo critican sólo plantean elecciones hasta que las ganen o que les regalen la Moncloa. Ni siquiera cumplen con sus obligación constitucional de renovar el CGPJ. Y nunca en democracia fueron necesarias tantas alianzas, tan diversas y en un ambiente tan poco propicio a los pactos.

Mientras escribo estas líneas, cuando tendríamos que estar hablando del fin del ciclo electoral, estamos todos otra vez pendientes de Cataluña y, en particular, de la digestión que de las últimas autonómicas haga ERC. La elección de una nueva mesa independentista y que la presidencia sea particularmente para Junts no es un buen síntoma. No es definitivo, pero es este tipo de negociaciones las que suelen dársele bien al PSC, un partido con amplia capacidad de pacto.

Puede que ERC esté coreografiando el estertor de la unidad independentista antes de que quede patente, a vista de todos, que es insuficiente y permitir in extremis la investidura de Illa. Pero también es posible que ERC haya concluido un “de perdidos, al río”. Y vuelta a empezar mientras el tiempo sigue pasando sin que se resuelvan los problemas. Ese es el mejor caldo de cultivo de la antipolítica, de las soluciones fáciles. Los vientos de Europa nos hablan del futuro en una España que, poco a poco, va sincronizando sus relojes con los otros grandes países de la UE. 

España tiene un problema de gobernanza. No me refiero sólo a las mayorías en el Congreso de los Diputados sino también al debate público. ¿Cómo es posible que las elecciones europeas se hayan desnaturalizado hasta acabar versando, incluso después de la cita con las urnas, sobre plebiscitos inexistentes, la esposa del presidente del Gobierno o la amnistía? Todo ello despierta sopor en las instituciones europeas y pasión en el debate hiperventilado local. 

Los ciudadanos y ciudadanas progresistas llevan demasiado tiempo asistiendo con disgusto a la situación, demasiado tiempo resistiendo y quizás sea la hora de tratar de devolverles la ilusión con un instrumento tan poco sexy a priori como el Boletín Oficial del Estado. Me refiero a la agenda de regeneración prometida por Pedro Sánchez tras sus cinco días de reflexión, a los Presupuestos metidos en el congelador por las citas electorales o las medidas del programa de gobierno que aún no han visto la luz. Nada como intentarlo para conseguirlo y, si no, para exhibir ese empeño como el mejor programa electoral en el caso de que sea inevitable volver a votar. 

También merece un capítulo aparte la gobernanza de los partidos. Los resultados de este domingo desnudan goteras en todos los partidos. Evidentemente, el PP tiene un problema si la derecha comparece en tres opciones a unas generales y si abundan planteamientos ultras que movilicen al contrario. 

Por su parte, la izquierda tiene que hacer una enorme reflexión sobre la dificultad para imponerse, especialmente ante esta oposición. Graneros de votos tradicionales del PSOE parecen haberse esfumado. Sumar, que acumula varios fiascos electorales, se adentra en un proceso oscuro tras haberse conformado con precarios equilibrios y un liderazgo excesivamente personalista. Podemos tampoco tiene mucho que celebrar tras presentar a la mejor candidata posible y quedar por detrás de un agitador ultra sin foco mediático y rodeado de mentiras. 

La política en España se hace a través de los partidos, que inevitablemente quedan en un segundo plano cuando se ostenta al poder. Pero hacerlos más porosos, más democráticos y más ágiles es imprescindible para detener la sangría. Aún hay tiempo… y páginas de BOE.

Marine Le Pen pide fulminar la Política Agraria Común, la PAC, uno de los primeros programas europeos y de enorme financiación, que durante seis décadas ha invertido miles de millones en la agricultura y la ganadería, y de la que España se ha beneficiado especialmente. 

“Las transferencias financieras de los países ricos del norte a los más pobres del sur y el este de Europa tienen que terminar”, se lee en el programa del Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders, que ganó las últimas elecciones en Países Bajos. España ha sido, desde su entrada en el club comunitario, en 1986, receptor neto de fondos; es decir, que aquí se ha invertido más dinero que el que se ha aportado a la caja común desde la que se redistribuye para modernizar las regiones europeas y cerrar la brecha entre las más ricas y más pobres. 

Alternativa por Alemania (AfD), partido neonazi en alza, quiere acabar con el espacio Schengen, la Europa sin fronteras interiores, y restablecer fronteras nacionales como un método de luchar contra una supuesta invasión migratoria en una Europa (y España especialmente) que necesita más migrantes, más trabajadores que sostengan las pensiones y seguros sociales y más jóvenes. Una actitud así hubiera condenado a los cientos de miles de españoles que emigraron al resto de Europa o América hace décadas y que, a través de su trabajo para sí mismos y sus familias, contribuyeron a la prosperidad de los países que los acogieron.

El informe sobre el mercado interior de Enrico Letta, exprimer ministro socialdemócrata italiano, pide profundizar en el mercado único europeo y multiplicar la inversión para reducir la brecha de competitividad con EEUU y el creciente peso de China. Si EEUU invirtió un 3,5% de su PIB en investigación y desarrollo, o Corea del Sur un 5%, la UE se quedó en un 2,3%. Para cumplir con el pacto verde y ganar autonomía energética, Bruselas estima que es necesaria una inversión de 620.000 millones de euros al año entre fondos públicos y privados. 

Los movimientos ultras piden menos Europa, menos instituciones, menos financiación de lo público, ignorando que sólo así se pudo hacer frente a la pandemia del covid y comprar vacunas con eficacia, a la financiación de Ucrania o el despliegue de los fondos europeos que Feijóo critica ahora para atacar a Sánchez, a quien acusa de generar una pesada losa de deuda (por cierto, que él critica a Sánchez por los fondos y al mismo tiempo su candidata, Dolors Montserrat, saca pecho de que ha sido el PP quien los ha conseguido).

Como los euroescépticos han aprendido del Brexit y ya no piden acabar con la UE, hay una cierta tentación de pensar que sus propuestas no son tan peligrosas o, incluso, que los que alertan de sus riesgos lo hacen por intereses electorales espurios.

Pero, al mismo tiempo, Europa nunca se había enfrentado a desafíos tan grandes respecto a su seguridad, su modelo económico (de nuevo, la productividad y la competitividad), su autonomía energética o su gestión de los flujos migratorios. Todas estas cuestiones determinan el futuro del modelo social europeo, que con todas sus diferencias entre países, es de lejos el mejor que existe respecto a los que hay fuera de la UE. 

Estos retos sólo se pueden afrontar con un gran impulso de lo público, a través de más peso de las instituciones europeas para operar en el mundo como un continente y no como 27 países menores; y a través de una gran inversión, que será imposible sin una sólida palanca pública.

La composición del nuevo Parlamento Europeo es clave. Es posible que las profundas contradicciones que tienen los partidos ultras entre sí les impida articular un proyecto compartido, pero si en conjunto sacan un muy buen resultado sí podrán provocar la parálisis de los demás. Y quedarse como estamos es ingenuo e inverosímil. Aspirar a seguir igual sería retroceder. Estamos, también, ante una batalla ideológica para los que creen en lo público, en la sociedad y en la Unión Europea. 

En infoLibre hemos intentado hablar de lo que creemos que toca a través de artículos como este, de los de Jesús Maraña (con el que me he turnado) y de radiografías de asuntos de interés. Cabe preguntarse por la responsabilidad de todos, partidos en primer lugar y medios a continuación, en que no tengan más eco. ¿Cuánto más vamos a seguir hablando de Begoña Gómez o de la amnistía? Quizás podríamos hacer un descansito, aunque fuese de tan solo unas horas, para no desnaturalizar una cita con las urnas que tiene mucho de cuestión puramente existencial. 

Ni un minuto tardó Dolors Montserrat en decir “Puigdemont” en el debate electoral que organizaron este lunes El País y la Ser. Y eso que los moderadores habían pedido previamente a los candidatos que se centrasen en asuntos europeos. Si en la grabación o, en realidad, en cualquier mitin del PP, se sustituyesen con silencio las frases invertidas en Puigdemont, amnistía o Begoña Gómez, su candidata y principales dirigentes permanecerían mudos la mayor parte del tiempo. 

La campaña de los populares es clara, pero no es honesta. El punto de partida es el intento de aturdir al elector para que crea que se trata de unas elecciones generales, desdeñando la importancia de las políticas europeas para los próximos cinco años. Pero hasta en los temas elegidos el PP tiene algunos apuros. Porque al tratar de dibujar una situación límite o alertar de la ruptura del país, tiene que ignorar el resultado de las últimas elecciones en Cataluña en las que el independentismo perdió la mayoría. O que en Bruselas su cruzada se ve con indiferencia, pero no con preocupación por el Estado de derecho. La realidad supera a la ficción.

Otro ejemplo, que además prueba que el PP de Feijóo tiene algún inexplicable problema con la segunda semana de las campañas electorales, es el giro respecto a la posibilidad de presentar una moción de censura. De criticar a Vox por presentarla como mecanismo de promoción propia a no descartarla. La gran ironía sería que para echar a Sánchez por pactar con los partidos independentistas, a Feijóo tendrían que votarle… los independentistas. Negocio redondo. Por cierto, cabe recordar que Casado votó “no” a la moción de censura, Feijóo se abstuvo entre críticas a Abascal por presentarla y ahora ya se plantea presentarla él mismo. 

El enésimo caos comunicativo de Feijóo pone de manifiesto que, si el PP tiene un proyecto para Europa (y sin duda hay conservadores que lo tienen), ha decidido no explicarlo en beneficio de realidades políticas que no vienen a cuento (echar a Pedro Sánchez no es lo que se vota en unas europeas).

Vox sí tiene un proyecto. Su reloj está sincronizado con la agenda desestabilizadora de la UE, el elemento transversal (quizás el único) presente en extremismos de todo pelaje que amenazan con tener un buen resultado el domingo. 

La izquierda, con sus más y sus menos, también, impulsada por la experiencia y respeto que genera el Gobierno en el club comunitario y por la tradicional exigencia extra de formaciones como Sumar (con una voz autorizada sobre asilo y migraciones) o Podemos, especialmente respecto a cuestiones como los derechos feministas, de los migrantes o asuntos como Palestina.

El último día de las encuestas depara una carrera más reñida de lo que parecía, un avance global significativo de la derecha y el fortalecimiento de las posiciones más ultras, ya sea Vox o el nuevo partido de Alvise Pérez. Todo eso era el PP antes sin que el cambio de liderazgo haya logrado la reunificación del centroderecha bajo las siglas del PP que prometieron tanto Casado como Feijóo. Quizás sea hora de cambiar de estrategia. Si hubiera sorpresa y el PP quedase segundo el domingo, sería inevitable.

Es el gran tema en Bruselas. Si en 2019 fue con fuerza la agenda verde, ahora son las políticas de Defensa. La invasión rusa de Ucrania lo ha cambiado todo y, según datos de la Comisión Europea, las instituciones comunitarias y países miembros ya han movilizado 32.000 millones en ayuda militar a Kiev.

“Debemos movernos con rapidez. La amenaza de una guerra puede no ser inminente pero no es imposible”, dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en febrero. “La duda es cuándo comenzará la próxima guerra y qué hacemos mientras; si nos preparamos para disuadir a Rusia o si cerramos los ojos y fingimos que no pasa nada”, en palabras de la primera ministra estonia, Kaja Kallas, que podría ocupar uno de los grandes altos cargos que se repartirán tras el 9J. 

Soplan vientos de guerra, fundamentalmente desde el este de Europa. Una Europa fuerte es un problema para Putin (ahora lo saben los países que confraternizaban a cambio de gas). Su política de hechos consumados, con la invasión de Crimea en 2014, prueba que llega hasta donde le dejan y no son descartables nuevas operaciones de desestabilización, ya sea a través de las campañas de desinformación que pretenden condicionar las elecciones o con ataques más allá de Ucrania. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podría acabar de sacudir el tablero en un mundo más volátil y peligroso. A los populistas y los autoritarios no suele gustarles ese proyecto democrático que, con sus disfunciones y errores, es la Unión Europea. 

La pregunta es qué hacer ante todo eso y, también, cómo. ¿Se puede garantizar la seguridad de Europa sin reforzar las capacidades militares? Desde el pacifismo hay muchas personas que lo reivindican y proponen el activismo no violento y el fortalecimiento del multilateralismo en las relaciones internacionales (ver aquí un informe al respecto del Centre Delàs). En España, esa postura ha sido defendida nítidamente por Podemos, en parte por Sumar y por algunos partidos nacionalistas de izquierdas. Multiplicar la inversión en Defensa, abriendo el camino hacia una economía de guerra, sólo hace más probable la posibilidad de tener que utilizar el armamento, sostienen. Y puede que Rusia no haya ganado la guerra, pero tras miles y miles de millones de solidaridad, Ucrania tampoco y el conflicto sigue mientras Europa deja de invertir en otras prioridades, como la lucha contra el cambio climático o las políticas sociales. 

Todos ellos son considerados unos ingenuos por quienes alertan de que a Putin no se le convence con buenas palabras sino con unos buenos tanques y misiles que disuadan cualquier tentación. La masacre en Gaza parece probar esta teoría. Todos le han dicho a Netanyahu que pare, hasta EEUU, y la UE no deja de mostrarse “extremadamente preocupada” desde su defensa retórica de la solución de dos Estados con la que España, Irlanda, Noruega se han comprometido ya en serio. Netanyahu sólo entenderá que le doblen el brazo. Hablar de paz no garantiza la paz, dicen estos últimos. Sobre todo si la otra parte está decidida a hacer la guerra. 

Apunta Manuel Altozano en su artículo de este domingo en infoLibre que la polémica en torno a Begoña Gómez va camino de ocupar más espacio que el debate sobre la Defensa en el que están comprometidas ingentes cantidades de dinero y, de hecho, el bienestar de todo el continente, como demostró la crisis de la energía que generó una ola inflacionista que ha puesto en guardia a toda Europa.

Y, sin embargo, lo que se decida en las urnas en estas elecciones será determinante, ya que la fragmentación y el auge de partidos de extrema derecha y populistas auguran, como mínimo, un caos en la gestión del asunto en los próximos cinco años. 

Y aquí viene el cómo. Necesitamos un debate a fondo sobre estas cuestiones. No pueden aprobarse de tapadillo dotaciones presupuestarias de más de 1.000 millones que luego descubrimos que serán donadas a Ucrania sin que lo sepa el socio minoritario del Gobierno y desdeñando la participación del Congreso únicamente porque no es preceptiva. 

No puede ser tan complicado para los periodistas y los ciudadanos acceder con transparencia a los gastos militares españoles, que con dinero público llenan las arcas de unas cuantas empresas privadas con lobbies tan poderosos como discretos.

La confianza en las Fuerzas Armadas no vendrá de golpes de pecho, pulseritas con la bandera y el rechazo al que cuestione su falta de rendición de cuentas, sus ambientes viciados y su politización por parte de la derecha (recuerden los chats golpistas de la XIX del Aire que desveló infoLibre).

Toda política que nuestros gobernantes crean que debe hacerse de espaldas a los ciudadanos, sin ruido, no vaya a ser que no sea entendida, lleva consigo la semilla de la desconfianza sobre su gestión y sobre sus verdaderos intereses. Si la Defensa es crucial, y todo apunta a que lo será en los próximos años, el debate democrático no puede esperar. 

PD: Qué bien nos vendría en estos momentos la sabiduría de Ramón Lobo, tantos años columnista de infoLibre sobre temas internacionales, que nos dejó hace menos de un año. En su último texto con nosotros, publicado en TintaLibre, dejaba escrito: "En las guerras solo existen víctimas y verdugos, y están en ambos lados. Nuestro trabajo consiste en contar sus historias, las únicas que explican lo que está pasando". Como excelente contador de historias, Ramón Lobo dejó escrita la suya, desgarradora, lúcida y siempre con fino sentido del humor y del amor, que llega estos días a las librerías: Pensión Lobo, habitación número 13. No se lo pierdan.

Confieso mi perplejidad. Siento la Unión Europea como una realidad oscilante pero incuestionable. Como el aire que respiramos, que puede ser más o menos denso, frío o caliente, contaminado o limpio, pero siempre está. Nací y crecí en ella mientras en España se empezaban a abrir paso generaciones a las que empezaba a resbalarle la caricatura (“van un alemán, un francés y un español…”) y dejaban de sentirse inferiores respecto a los vientos de modernidad que soplaban desde el norte.

Los años que seguí su día a día como corresponsal en Bruselas fueron también los primeros de mi carrera como periodista y ayudaron a reconfigurarme como adulto después de haber cursado… una beca Erasmus. Supongo que soy un producto perfecto del globalismo de George Soros que denuncia la ultraderecha al que le han lavado el cerebro. O, quizás, un consciente y afortunado (que no acrítico) beneficiario de un empuje democrático y global sin parangón en la historia de España.

Y, sin embargo, la Unión Europea no debe darse por sentada. Hemos tenido muchos avisos, desde un Brexit construido sobre mentiras hasta una crisis económica que casi acaba con el euro, la moneda que compartimos, pasando por una creciente violencia política. Nada debe darse por hecho, como saben aquellos que tienen edad para recordar la dictadura y, especialmente, los que lucharon, cada uno a su manera, por la democracia.

Este jueves leo en Politico, un medio influyente en la capital comunitaria, que los eurodiputados de ultraderecha superarán a los del Partido Popular Europeo en la nueva Eurocámara, según los sondeos. Como están desunidos, no conformarán el primer grupo en el hemiciclo, pero si los cuentas, son más. Están los de Meloni, cuyo discurso en España el mismo año que ganó en Italia (“¡Viva Macarena Olona, presidenta de Andalucía”, concluyó, como infalible adivinadora) será inolvidable por lo que gritaba y también por cómo lo gritaba. Para los que tengan dudas, aquí pueden ver lo que cree. Fue hace menos de dos años. Están los de Orban, los de Alternativa por Alemania, Le Pen y, por supuesto, Vox.

Todos provienen de tradiciones políticas vinculadas a los peores extremismos del siglo XX, reivindicados por dirigentes de peso de unas u otras formaciones con fervor en su juventud. Todos han apostado, antes o después, por salirse de la Unión Europea, por cuestionar su legitimidad o, en su versión actual, por asfixiarla desde dentro. No engañan a nadie, pero van arrastrando al electorado de centroderecha con la connivencia de dirigentes con menos escrúpulos que personalidad. En palabras de Feijóo, Meloni es proeuropea, y por eso se puede pactar con ella para obtener el poder, pero Abascal, no, y a pesar de eso se puede pactar con él para obtener el poder. El mínimo es obtener el poder. El resto, matices. Sólo así se entiende el giro de Ursula Von der Leyen, una candidata ya quemada por la que España no debería apostar para presidir la Comisión Europea.

Más Europa o colapso, como resume tan bien Jesús Maraña. Las recetas de la ultraderecha se sabe que son falsas y, además, entre ellas tienen poco que ver. Su descontento y capacidad movilizadora, ciertas y comunes. Los problemas del campo no se van a solucionar negando el cambio climático. Los problemas de la industria no se arreglan con aislacionismo. La falta de competitividad no la arreglará por sí sola el mercado sino con inversión pública, coordinada e inteligente. El reto de la migración no se encauza con un muro (pero el envejecimiento sí puede paliarse con más población venida de fuera). La defensa de la integridad territorial no se puede garantizar sino con más unidad en la reivindicación de un proyecto común. Todo pasa por Europa. Por más Europa, si queremos pintar algo en medio de la polarización entre EEUU y China.

Y, al mismo tiempo, no basta un discurso a la contra sino que es necesario uno a favor. De la información (la memoria también es información), de la gestión eficaz de los problemas y de las expectativas de seguir mejorando.

España era hasta hace no mucho una excepción. Por europeísta, por no tener una fuerza de ultraderecha de peso y por estar a salvo del populismo en un asunto tan delicado como la inmigración. Los dos últimos elementos ya han caído o empiezan a caer (no hay más que recordar la recta final de la campaña catalana del PP, relacionando migración y delincuencia). Nos queda la clave de bóveda, tan presente en las aspiraciones democráticas de la Transición. Ahora, europeizarse es, si supone parecerse a países donde ya gobierna la ultraderecha o es determinante, un retroceso en toda regla, por lo que hay que defender la excepción frente a los Milei, Meloni o Le Pen que ya miran de tú a tú.

Dice el periodista Guillermo Altares en el prólogo de su libro Una lección olvidada que “el pasado en Europa siempre ha sido mucho más imprevisible que su presente y, desde luego, que su futuro”, porque “el presente que muta constantemente condiciona la mirada”. “El pasado de Europa es un proyecto en construcción porque su presente es siempre móvil”.

En la mirada nostálgica de un pasado supuestamente glorioso, o al menos menos engorroso y complejo, basa la extrema derecha buena parte de su armazón sentimental. Corresponde a aquellos que no quieren que se repita la historia defender el porvenir del proyecto europeo y salir de su perplejidad.

Acabada la reflexión, llega el momento de la acción. No hay más tiempo para la perplejidad. Los últimos cinco días perfectamente pueden convertirse en una oportunidad para abrir una nueva etapa, un nuevo párrafo tras ese “punto y aparte” que ha prometido Pedro Sánchez. Esa es, al menos, su apuesta declarada: traducir en hechos la sensación muy transversal de hartazgo del partidismo, el manoseo de la Justicia y la manipulación en algunos medios de comunicación. Con ese sentimiento, ejemplificado en primera persona por él y su familia, pueden identificarse muchos ciudadanos de todas las ideologías.

El Gobierno de coalición puede abanderar esa causa y hacerla uno de los ejes de la legislatura, comenzando con medidas que elevarán la exigencia sobre el propio Ejecutivo y siguiendo por cambios estructurales que acaben con la impunidad de aquellos que estiran las costuras de la democracia. Si para eso sirve la reflexión, estos cinco días no podrían haberse empleado mejor.   

No nos engañemos: tras las acciones de PP y Vox, pese a matices en el tono, hay también una reflexión y una estrategia. Es común, esté o no coordinada, y es de fondo. Feijóo y Abascal coinciden en una convicción sobre el método más eficaz para acceder al poder. Creen que debe ser de acoso y derribo, utilizando todos los resortes e hipérboles posibles en nombre de una supuesta oposición por patriotismo. 

Si funcionó en Galicia en 2009, si funcionó en Italia, en EEUU o en Brasil, si permite avanzar posiciones en toda Europa, ¿para qué cambiar de manual? Se da la paradoja de que el mismo día que la derecha presenta a España como una excepción en Europa, el Parlamento Europeo lanzaba su campaña institucional apelando al voto “para proteger la democracia”. No, no está en juego que España pase a ser una excepción en Europa sino precisamente si deja de serlo en un contexto en el que el populismo corrosivo se va abriendo camino. 

Baste para explicarlo un rapidísimo análisis del discurso de Feijóo. Al calor de la intervención de Sánchez dijo que el jefe del Ejecutivo “no quiere oposición” en una España con más poder del PP y la ultraderecha que nunca en más de una década. Dijo que “no quiere Justicia” después de que su partido llegase a un pacto exitoso con el PSOE para renovar el Tribunal Constitucional y dos que acabó frustrando sobre el CGPJ. Dijo que “no quiere medios de comunicación” cuando es difícil encontrar un momento donde hayan proliferado más los de línea editorial conservadora, generando ese curioso fenómeno de ‘amordazados a todas horas en prime time’. 

Es imposible presumir ignorancia en un Feijóo que deliberadamente acusa a Sánchez de prever un “cambio de régimen que pretende colar por detrás”. Recordemos que el Gobierno que no tiene garantizada la mayoría en el Congreso, no dispone de los votos ni para nombrar un vocal del Consejo General del Poder Judicial y mucho menos para tocar una coma de la Constitución. Para otro día dejamos las caracterizaciones psicológicas (“soberbia”, “vanidad”), las indirectas sobre la salud mental del presidente o incluso las referidas a oscuros chantajes por parte de poderes extranjeros que más que preocupación e indignación generan regocijo.

El diagnóstico está claro. Pero, ¿y ahora, qué?

Hay una buena y una mala noticia para Pedro Sánchez. La buena es que la compleja mayoría que lo convirtió en presidente del Gobierno sigue ahí. La mala es que la mayoría que lo invistió presidente del Gobierno es compleja. Pero, en cualquier caso, no hay alternativa. La legitimidad del Gobierno es clara, la oposición de los representantes de una mayoría de españoles a una alternativa que no suma (PP y Vox), también, y los responsables políticos, en el Congreso o en el Senado, tienen la obligación de procurar la estabilidad en legislaturas que debieran aspirar a durar cuatro años. Es su contrato con los ciudadanos.

Me resisto a pensar que el país no puede mejorar y que no hay ciudadanos y líderes políticos capaces de tirar del carro. La actual situación no es una condena del destino sin solución. Del mismo modo que España es líder por sus logros democráticos y sociales en múltiples campos, desde la transición a la democracia (con todas sus asignaturas pendientes, por ejemplo en materia de memoria) a la solidaridad con Gaza, desde el matrimonio entre personas del mismo sexo a los trasplantes de órganos, puede abanderar un nuevo proceso de regeneración. 

Debería comenzar por uno mismo y, si la oposición dispone de alguna medida de interés, incorporarla. En este contundente artículo de Fernando Varela hay un buen catálogo de ideas para considerar. ¿Se opondría el PP a un estatuto detallado para los cónyuges o familiares de los políticos más destacados? ¿A la creación de una oficina ética, sobre los conflictos de interés, independiente y con poderes de verdad? ¿A la regulación de las acusaciones populares en los juzgados para que no se conviertan en un método de agitación? ¿A una reforma en el acceso a la dirección de algunos órganos, como el CIS? ¿A la rendición de cuentas de los jueces, cuyos códigos disciplinarios (dependientes del CGPJ) rara vez se cumplen? ¿A acabar con las puertas giratorias y regular los lobbies? ¿A que se distinga claramente a los medios de comunicación de aquellas empresas que sistemáticamente publican falsedades de aquellos que persiguen la información “veraz”, que es un derecho constitucional de los ciudadanos? ¿A que se conozca el grado de dependencia de los medios de los suscriptores o la inyección (en muchos casos, dopaje) de dinero público? ¿A que se refuerce la democracia interna en los partidos y su financiación?

Si alguien se opone, que quede claro. Será una responsabilidad cívica señalarlo y sus motivos. Pero la falta de consenso no puede ser un obstáculo para el avance en las reformas pendientes. El ejemplo es el interesado bloqueo de la renovación del CGPJ, que sólo busca perpetuar unas posiciones de poder que no emanan de las urnas sino de la capacidad del chantaje.

Este lunes lo recordaba también Yolanda Díaz, y lleva insistiendo semanas. Responder a los ataques está bien, pero es mejor utilizar toda la fuerza del Gobierno para orientar la conversación pública en torno a las prioridades de la mayoría, que suelen pasar por asuntos sociales y económicos, por el combate de la desigualdad o la defensa de los servicios públicos. Eso es, al fin y al cabo, junto a la defensa de un terreno de juego sin barro, lo que importa. 

Reconozco que, a estas alturas, lo que menos me importa es si es Pedro Sánchez o perro sanxe quien ha escrito la carta de cuatro páginas en la que asegura que se está pensando si sigue o no como presidente del Gobierno. Es decir, si es Sánchez, el hombre que decidió dedicarse a la política, con sus aciertos y errores, sus razones y sentimientos; o el sanxe estratega, experto como nadie en golpes de efecto, que es capaz de resignificar el insulto y convertir en un trampolín sus peores momentos. 

Serán multitud los opinadores que, de aquí al lunes, respondan a la pregunta sin tener ni la menor idea. Algunos, los menos, lo harán con prudencia y reconociendo que tiran de pura intuición. Pasarán por indocumentados, apocados o equidistantes. Muchos otros lo tendrán todo clarísimo, en todo momento, gracias a las mejores fuentes anónimas que les informan de lo que ellos ya pensaban con anterioridad. Si luego los hechos les desmienten, pelillos a la mar. Si encajan, aunque sea remotamente o por casualidad, con alguna de sus hipótesis, lo llamarán EXCLUSIVA con letras mayúsculas. He aquí uno de los principales problemas de la democracia española en estos momentos. 

Sánchez pone sobre la mesa un debate fundamental en el que nos lo jugamos todo: el de la calidad del debate público, que es responsabilidad de los dirigentes políticos, pero también de los medios de comunicación y operadores jurídicos. Porque el clima que se ha instalado en España y que ha descrito Sánchez, desde su punto de vista particular, es una obviedad hasta para quienes lo provocan. Son ellos mismos los que lo reconocen al reprochar exactamente lo mismo a sus adversarios ideológicos o mediáticos, discutiendo sólo la intensidad o quién comenzó antes. Antes de erigirse en referentes éticos, ¿no deberían dejar de comportarse del modo que critican? ¿Qué valor tienen como alternativa más allá de su capacidad para el derribo?

Las técnicas de deshumanización del adversario llegan, por supuesto, a tratar a Sánchez como alguien sin corazón, sin sentimientos, guiado sólo por unas sádicas ansias de poder y dispuesto a pactar con el diablo. Es, sencillamente, increíble y una muestra de que tras la falta de matices no hay más que una total falta de escrúpulos. 

Se quejan del clima aquellos que tienen la piel muy fina, que califican como un “insulto” cualquier discrepancia, que controlan con mano de hierro los medios sobre los que pueden ejercer la más mínima influencia o que se permiten el lujo de llamar “hijo de puta” al jefe de Gobierno de un país democrático para luego reconocerlo con una banalización y una sonrisa. Así llevamos seis años, primero con Casado, después con Feijóo, el moderado, y siempre con la ultraderecha de Santiago Abascal y sus satélites henchidos de desteñido patriotismo de pulsera. 

¿Alguien puede reprocharle a Sánchez que se pregunte si “merece la pena”? ¿La pregunta no sería cómo políticos como él, de partidos diversos, aguantan tanto? ¿Acaso no conocen a la perfección tantos ciudadanos y ciudadanas (estas, con el agravante del machismo), a través de sus vidas particulares, el poder destructivo de un rumor esparcido en el barrio, en el centro de trabajo o en las redes sociales? ¿Acaso no entendemos a quienes se alejan de las noticias porque no quieren pasar un mal rato con titulares que no saben si serán verdad o mentira? ¿No están acostumbrados los periodistas con una cierta relevancia a ser el blanco de ataques ad hominem o a que las notificaciones de sus redes sociales rebosen odio anónimo? ¿No se plantean muchos una y mil veces el coste de defender sus ideas o involucrarse temporalmente en política por el desgaste personal y para sus familias al que pueden exponerse?

Hemos llegado a un grado de normalización de la insensibilidad y el cinismo que la respuesta a eso suele ser que “hay que venir llorado de casa”. Como si lo importante no fuese preocuparnos por desterrar los motivos profundos por los que alguien puede llegar a llorar de rabia. 

Hay que ser claros. Aquí tres conclusiones: 

La hipérbole en España alcanza sus más altas cotas cuando no gobierna la derecha. Rajoy acusó a Zapatero de traicionar a los muertos por intentar acabar por todos los medios con la violencia de ETA. Casado negó la legitimidad a Sánchez, al que lo más agradable que llamó fue “felón”. Feijóo se ha erigido en fiscal para acusar sin pruebas, siete pasos por delante de la Justicia (antes solían esperar a poder armar un caso más o menos aparente en los tribunales, aunque luego quedase en nada), de gravísimos delitos a medio Gobierno y a la esposa del presidente, utilizando su mayoría absoluta para crear un tribunal paralelo y sin precedentes en el Senado. Por no hablar del cuestionamiento de la calidad de la democracia en contra de todos los países del entorno y estudios académicos o las continuas indirectas sobre la salud mental de Sánchez. 

El bloqueo del CGPJ es sólo la cristalización de una ofensiva conservadora por controlar la Justicia y el clima en el que se sienten cómodos jueces como el que ha admitido a trámite los recortes de prensa y bulos de Manos Limpias, reconocido pseudosindicato ultraderechista. De nuevo, no hay precedentes de un bloqueo tal, ni similar, por parte de la izquierda cuando el PP está en la oposición. Si el PP bloquea su renovación no es por su interés democrático sino por sus ganas de controlarlo. Como saben bien Pablo Iglesias o Podemos, víctimas de un sinfín de casos inventados y hasta dossieres policiales sin sello ni autoría, la pata judicial es imprescindible para acceder al poder mediante la destrucción del adversario.

Muchas empresas de comunicación han renunciado al periodismo, financiado de manera opaca por potentes intereses privados y administraciones públicas (si quieren comparar, aquí están las cuentas de infoLibre). Capítulo aparte merecen muchos editados en Madrid, dopados por la Comunidad y el Ayuntamiento, que irradian y amplifican planteamientos partidistas a todo el país. La falta de transparencia abarca a veces a los propios accionistas de los medios, casi siempre a su distribución de ingresos y siempre al grado de dependencia de administraciones públicas. Preguntémonos por qué y cómo sería ese mundo sin medios tóxicos. Es posible.

No sé si es Sánchez o sanxe quien ha escrito su “carta a la ciudadanía”, pero sí que incluso mientras él la publica señalando un problema más que obvio, habrá otros encantados de seguir chapoteando en un barro en el que no se hablará de vivienda, desigualdad, pensiones, empleo, violencia machista, de los jóvenes, del lugar de España en el mundo o de la calidad de los servicios públicos. Llamémoslo intuición, llámenme indocumentado, pero quizás dos más dos sigan siendo cuatro y no sólo una opinión.  

Puede parecer que nada cambia. Habrá un lehendakari del PNV, como siempre en democracia salvo los tres años de Patxi López. Los socialistas previsiblemente seguirán en el Gobierno vasco como socio minoritario, con algo más de peso porque mientras los nacionalistas pierden cuatro escaños, ellos suben dos. 

El PNV salva los muebles, y algo más, al no perder en votos ni en escaños frente a EH Bildu tras su arriesgada apuesta de sustituir a Iñigo Urkullu, al frente de un Ejecutivo relativamente bien valorado, por Imanol Pradales, el candidato por conocer con ocho apellidos no vascos. 

No se esperaba convulsión en la política del conjunto de España y las alianzas en el Congreso de los Diputados, pero el resultado no hace prever ni siquiera grandes reconfiguraciones. El PNV tiene trabajo pendiente para combatir su desgaste pero no motivos para ponerse excesivamente nervioso y tensar la cuerda con Pedro Sánchez. Tanto el PNV como EH Bildu tienen pueden seguir compitiendo por una alianza preferente con el PSOE y reivindicándose como eficaces conseguidores en Madrid ante su electorado. 

Puede parecer que nada cambia, pero no es así:

El avance inexorable de EH Bildu inaugura una etapa inédita. El empate con el PNV y la victoria de EH Bildu en Guipúzcoa o Álava consolida un escenario que la formación abertzale ha trabajado largo tiempo. Ya está en disposición de disputar el Gobierno Vasco y eso es una gran novedad. Sólo le falta completar su evolución, repudiar claramente a ETA (no sólo lamentar sus consecuencias) y reposicionarse como un socio del PSOE fiable y no de circunstancias. 

El “algo más que sirimiri” de EH Bildu, en palabras de su líder, tiene más implicaciones. En el Parlamento Vasco habrá 54 diputados abertzales o soberanistas de un total de 75 escaños. Euskadi manda un mensaje, como mínimo, de clara plurinacionalidad del Estado que también se escucha en el éxito del BNG en Galicia (31,5% de los votos, un punto menos que EH Bildu), en Cataluña y en otros lugares de España, sea en mayor o menor medida. ¿Cuándo se darán cuenta algunos de que España no es uniforme y que es factible gobernar su diversidad pero imposible negarla? ¿Cuándo se dejará de cuestionar la legitimidad de actores que la ley y los ciudadanos normalizan democráticamente?

Sumar y Podemos, o la autodestrucción de toda la izquierda. Primero lo vimos en las elecciones del 28 de mayo; luego, en las gallegas y ahora en las vascas. Magro consuelo es el diputado de Sumar (por cierto, su candidata a lehendakari se queda fuera) y de nada servirá ninguna circunstancia esgrimida por Podemos. 

Sin un entendimiento entre ambas fuerzas, no sólo su espacio está condenado allá donde no hay otros partidos con una clara personalidad o tradición (es el caso de los Comunes, Compromís o ya Más Madrid) sino que muy probablemente frustrarán la posibilidad de suma de la izquierda. La unidad en la lista de las generales fue un paréntesis en la guerra fratricida, pero muy eficaz. De lo contrario, hoy Feijóo sería seguramente presidente y Abascal vicepresidente. Ojalá se acaben los repartos de culpas y lleguen los acuerdos. La contumacia sólo beneficia a sus enemigos.

Fuera de Madrid hay menos toxicidad. Euskadi prueba, de nuevo, que la burbuja de Madrid, tan alimentada por poderes económicos y políticos, es una enorme distorsión. Ese Madrid D.F. se deja sentir, sobre todo, en el debate público e irradia todo salvo cosas buenas. 

La campaña vasca ha transcurrido tranquila, con muchos debates entre candidatos, con mucha menos importancia del pasado (pese a la indudable relevancia ética de la falta de condena a ETA por parte de Pello Otxandiano) que del presente y el futuro (sanidad, vivienda, cuidados…). Hasta la derecha españolista de PP y Vox, con ocho escaños de 75 e irrelevante como casi siempre de cara a la gobernabilidad, decía cosas distintas en los mítines vascos que en las radios y televisiones ‘made in M-30’. Quizás ese, el de la normalidad, tan diferente a los espasmos capitalinos, sea el sirimiri que más haya calado, pese a que a algunos todavía no les haya empapado del todo. Y esa corriente de fondo es, en términos históricos, las más trascendental. 

Es muy probable que nada de lo que he escrito en este artículo importe a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha interiorizado desde hace tiempo que, para hacer política, la verdad es sólo una herramienta más dentro de una caja cargada de armas arrojadizas.

Por eso su actitud de estos días no es sólo una expresión de desfachatez o grosería (“¡hay que ver, qué atrevida es, qué genio tiene!”, piensan algunos, entre la sorpresa y la admiración). Estamos, ni más ni menos, que ante una concepción de la política más conectada a la pillería (cuando no al pillaje) que a la ética y la honorabilidad.

Por todo eso no desgrana sosegadamente los detalles sobre las actividades de su pareja que, según ella, tienen explicaciones obvias, y se limita a arremeter con expresiones grandilocuentes que rebosan excitación. 

Estamos hablando de una larga inspección de la Agencia Tributaria, con requerimientos, comunicación con los afectados, documentos y, finalmente, una denuncia de la Fiscalía. Cualquiera se cuadraría y entendería que eso va en serio y que el fisco no suele disparar sin bala. Pero Ayuso sólo acierta a recordarnos lo pernicioso que es el “sanchismo”, esa corriente política contemporánea creada contra ella, el PP y los ciudadanos de Madrid; o incluso lo muy odiada que es ella por sus dotes de liderazgo, inteligencia y defensa de la libertad. 

No es necesario que la estrategia sea sólida o sofisticada, sólo que pueda enfrentarse a otra aunque esta última sí lo sea. Cada shock va agitando grietas de las que manan titulares espectaculares y por las que se cuela el virus de la antipolítica hasta el momento en el que la acción de la democracia y el debate público corrija la senda o, en caso contrario, se consume un choque de trenes. 

Puede que a ella no le importe. Incluso que gane elecciones con mayoría absoluta, algo que jamás borra los hechos ni puede entenderse como un cheque en blanco en ningún asunto concreto, ya que la ciudadanía vota por múltiples motivos. A los ciudadanos sí debe importarnos. Nos merecemos conocer la verdad. Si eso fuera mucho pedir, como mínimo, cuando surge la duda, no nos merecemos una mentira. 

Ayuso ha mentido. 

Desde luego, lleva años haciéndolo sobre sus residencias. Mintió a la Asamblea de Madrid sobre su declaración de bienes y actividades empresariales con su hermano, como desveló infoLibre, y se vio obligada a rectificarla en varias ocasiones. En esas declaraciones figuró el piso donado en 2011 por su padre (ahora su “difunto padre”, como ella lo recuerda en público), que a través de su empresa dejó un pufo de 400.000 euros a la entidad de crédito semipública madrileña por el que no ha respondido ninguno de los dos hermanos Ayuso. Los dos han recibido, en cambio, dos propiedades inmobiliarias que, si no hubiese mediado maniobra alguna, seguramente habrían sido embargadas por los acreedores. Ella dijo no saber nada y no haber estado involucrada, pero los e-mails revelados por este periódico prueban lo contrario. Los técnicos alertaron de la falta de solvencia del crédito, pero fue concedido a los Ayuso mientras ella despuntaba en el PP de Madrid. Nunca se devolvió el dinero público. 

En plena pandemia ocultó información sobre su residencia temporal, un confortable hotel de un empresario amigo, al que se mudó en condiciones muy ventajosas y sorteando las limitaciones del estado de alarma.

Ahora, miente cuando dice que los problemas con Hacienda de su pareja son previos a su relación, porque ya estaban juntos en julio de 2021, cuando Alberto González Amador presenta la primera de sus declaraciones bajo sospecha reveladas por elDiario.es. Dice que el Estado le debe dinero y no al revés, pero el abogado de su pareja, por escrito en un e-mail a la Fiscalía, reconoce que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, como destapó la Cadena Ser.

Gran parte del éxito de Ayuso parece estar relacionado con su gallardía, con su identificación con el madrileño medio, sencillo, libre y feliz de tomar cañas frente a un Estado expropiador y asfixiante. La realidad de Ayuso no puede ser más distinta. La pandemia fue muy lucrativa para el entorno de Díaz Ayuso, que se empleó a fondo en complejas maniobras ajenas impensables en la mayoría de las familias. Y lo fue gracias al dinero público o a empresas cercanas a lo público, que ella gestiona, que generalmente pagan la fiesta de aquellos que reivindican un Estado pequeño y un espíritu emprendedor basado en la meritocracia. 

Sin lo público, Ayuso —periodista sin apenas notoriedad hasta que se involucró en política— y su entorno no habrían florecido. Así de sencillo. 

Pero, si Ayuso no es nada sin lo público, ¿qué es de lo público, de la gestión de la vida diaria de los ciudadanos, gracias a Ayuso? Las residencias, en este caso las de mayores, vuelven a situar a la presidenta autonómica en el terreno de la mentira. 

Están a punto de cumplirse cuatro años del conocido como Protocolo de la Vergüenza, que desveló en exclusiva infoLibre. Ayuso dijo en un primer momento que era un borrador, pero fue firmado por un alto cargo de su Gobierno, se distribuyó y, lo que es peor, se aplicó con enorme precisión. 7.291 personas murieron entre marzo y abril de 2020 sin ser derivadas a hospitales, algunas en condiciones penosas en unas residencias que no estaban preparadas y cuyo modelo es, salvo excepciones, una máquina de ganar dinero a costa de la vejez. 

Dijo que en todas partes pasaba lo mismo y, recientemente, que se iban a morir igual. Literalmente, que “no se salvaban en ningún sitio” y que, además, “en todas partes” ocurría lo mismo. No es cierto, como revelan los datos (aquí cinco, clave). Puso en marcha un hospital de campaña, pero no trató ahí apenas a residentes. Construyó con ingentes recursos un hospital milagro que apenas se utilizó y que languidece. Tuvo el control de la sanidad privada, pero tampoco utilizó sus recursos. Dijo que está dispuesta a reunirse con los familiares de los fallecidos pero lleva cuatro años negándose. 

Dijo que el responsable era Pablo Iglesias, pero tampoco es verdad porque nadie retiró las competencias sobre residencias a las comunidades. Dijo que no tenía nada que ocultar para enterrar la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Por eso este viernes se dan a conocer las conclusiones de una Comisión de la Verdad impulsada directamente por ciudadanos y presidida por el prestigioso magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín.

Qué pena que tenga que ser la ciudadanía la que se organice para conocer la verdad y dirimir responsabilidades de su propio Gobierno cuando la ciudadanía debería estar en el centro del Gobierno que sale de las urnas. Por eso es necesario que haya medios de comunicación que desvelen los datos (a menudo procedentes de la propia administración) frente a los peores relatos. 

Antes. Los rumores de adelanto electoral eran constantes. Alfonso Rueda, en una decisión sin más objetivo que buscar el beneficio de su propio partido, anunció el adelanto electoral un 21 de diciembre, justo después de aprobar unos Presupuestos para 2024. En plenas Navidades y para que las elecciones coincidieran con el Carnaval. 

Lo lógico habría sido aprovechar la mayoría absoluta para encarrilar las cuentas públicas (en muchas otras latitudes, los Gobiernos caen precisamente por no aprobarlas), pero optó justo por lo contrario, sintonizando con las necesidades de Feijóo en Madrid y su ansiedad por convertir su rechazo a la amnistía en una prueba más de que, en realidad, España está con él aunque no sume suficiente para una investidura. 

En ese momento, el BNG tenía una candidata clara, consolidada desde 2016. Ana Pontón llevaba mucho tiempo preparándose personalmente, fortaleciendo su partido, probando el alcance de cada nuevo mensaje y diseñando su estrategia. Eso explica parte de su resultado. El BNG cosecha lo que ha ido sembrando poco a poco y con un liderazgo claro. Llegó el momento, remató el plan y lo ejecutó tocando teclas clave y, en realidad, sin espectaculares conejos en la chistera. No le hacían falta. 

Nada que ver con los demás. Gómez Besteiro fue proclamado candidato socialista a mediados de octubre tras meses de movimientos orgánicos. El adelanto le sorprendió con el equipo a medio hacer. Había desembarcado en el Congreso menos de tres meses antes. Volvía no se sabía para acabar recalando dónde, tras siete años de ostracismo por acusaciones contra él ante la Justicia que se demostraron una operación de acoso y derribo.

Marta Lois se autodescartó a finales de noviembre como candidata para acabar siendo proclamada, sonando a descarte. No es la mejor manera de empezar. Era muy desconocida en España cuando fue elegida por Yolanda Díaz como portavoz parlamentaria, y en Galicia, fuera de Santiago, donde había sido concejala, también. Fue designada y presentada el 26 de diciembre. Pocas horas después, Podemos elegía a Isabel Faraldo, exconcejala en A Coruña y aún más desconocida que Lois para el público general. Pablo Iglesias había pedido el voto para el BNG cuando su propio partido parecía que iba a llegar a un acuerdo con Sumar.

José Luis Rodríguez Zapatero suele decir que en la oposición, tarea fundamental en democracia, es dónde más se aprende a ser líder y dirigir un Gobierno. Salvo el BNG, el resto de la izquierda llegó tarde. Si quiere ser competitiva, no puede elegir a sus candidatos casi con la convocatoria de los comicios. Para cimentar un liderazgo hace falta tiempo y muchas horas con militantes, ciudadanos y actores económicos, mediáticos y sociales. Sólo así pueden activarse en favor de la oposición cuando un jefe de gobierno convoque las elecciones cuando más le convengan a él.

El proceso requiere, y esto es importante, autonomía política y territorial para tomar las decisiones que más convienen a los ciudadanos a los que te diriges (para más razones, miren a Vox). En Galicia es (también) fundamental para no acabar en manos de mensajes estrafalarios de tertulianos o gurús made in Madrid, como demuestran algunos análisis superficiales que circularon el lunes. Hay que dejar de dar patadas hacia delante al balón hasta que sea inevitable tomar una decisión. Para tener posibilidades, la campaña para 2028 tiene que comenzar hoy. 

Más unidos. No es ninguna novedad, pero hay a quien no le entra en la cabeza. La división en listas suele perjudicar a la izquierda allá donde se presenta. No siempre, claro, cuando las distintas listas tienen personalidad diferenciada y consiguen ensanchar el espacio (ver siguiente epígrafe). Pero Sumar y Podemos, sin entrar al reparto de culpas (pese a lo cómodos que se sienten muchas voces internas ahí), se han anulado mutuamente. 

Puede que el resultado electoral no haya materializado las peores pesadillas: que BNG y PSdeG rozasen la mayoría y que la mala conversión en escaños de las otras dos formaciones frustraran el cambio. 

Combinadas, suponen el 2,54% del voto en A Coruña y 2,72% en Pontevedra, las provincias donde aspiraban a rascar algo, lejos de la barrera electoral del 5% (y superarla no te garantiza automáticamente un escaño). El resultado del PP (con el colchón de Democracia Ourensana) es lo suficientemente amplio y las marcas de Sumar y Podemos, irrelevantes. Vox sacó más votos que las dos juntas y Pacma, más que Podemos.

El resultado es una prueba de la profecía autocumplida. Las batallas cainitas pasan factura. Podemos y Sumar han compartido el reto de la implantación y consolidación territorial. Sacarse los ojos durante tanto tiempo en Madrid difícilmente puede compensarse con medidas estrella, campañas en redes sociales o no confrontar en el único debate de máxima audiencia a la que están invitadas. 

Aunque parte de su electorado potencial se vaya a las candidaturas consideradas más viables, la imagen es un permanente lastre para todo el espacio y una manera de desperdiciar energías frente a la fortaleza del rival. El acuerdo para las generales era precario y poco sincero, pero probablemente sin él no hubiera habido un nuevo Gobierno de coalición. ¿Qué hubiera pasado en Galicia? Quizás no fuese suficiente, pero mejor que un tiro en el pie. 

Repartir el espacio. El PP dio un volantazo a la campaña en su ecuador para ir a la yugular del BNG. La hipótesis, verosímil a tenor de los resultados, es que eso movilizó al PP (y aumentó la participación general y en su electorado en particular), benefició al BNG, atónito ante lo burdo de los ataques, e hizo un sandwich al PSdeG al polarizar el campo de batalla electoral. 

Parece obvio que el BNG se nutrió de electorado socialista. Para más señas: Vigo, el súperfeudo socialista en las municipales y única gran ciudad donde el BNG desbanca al PP y golea al PSdeG. 

Ni el PSOE tenía un mal candidato, ni Ferraz bajó los brazos (al contrario), ni el electorado ha votado en clave fundamentalmente española contra la amnistía. El PSOE hace, según Sánchez, “de la necesidad, virtud”. Pero el BNG la defiende con convicción. Hoy hay en el Parlamento de Galicia un diputado más a favor de la amnistía que el viernes (el PSOE baja cinco, pero el BNG suma seis). El PP baja dos.

La pregunta sobre el techo del BNG y el conjunto de la izquierda es obvia. ¿Puede un PSdeG fuerte restar votos a la base más moderada del PP mientras que un BNG fuerte necesariamente tendrá que recibir voto prestado de los socialistas al tiempo que ahuyenta y agita a los conservadores por miedo a la alternativa? 

Si eso es así, los anticuerpos de parte de la sociedad gallega respecto al BNG perviven y el horizonte de una presidenta nacionalista es lejano. En ausencia de algún gran acontecimiento inesperado que dé una patada al tablero, el viaje a la moderación en forma y fondo del BNG acaba provocando un solapamiento con el PSdeG. Compitiendo por el mismo espacio, sólo pueden pelearse por el liderazgo de la oposición. No es poca cosa, es una tentación, pero entiendo que no se trata de eso.

El BNG ha hecho una excelente campaña, a la vista de los resultados, por lo que achacarle la derrota de la izquierda es injusto. Pero sin un PSdeG fuerte y un reparto de papeles, difícilmente se ampliará el electorado. Hace falta generosidad e inteligencia por ambas partes. 

La izquierda tiene deberes y son inmediatos. Porque ni haciéndolos bien está garantizado desbancar a un PP fuerte, con un suelo altísimo, más de lo que se pensaba. El PP sabe amortiguar sus propios bandazos, sorpresas como los tratos de su líder con Puigdemont, o la falta de fuelle de su cabeza de cartel, que se abonó a la marca y no a su propia imagen, como Feijóo o Fraga. 

La identificación del PP con Galicia funciona. Las mayorías absolutas ayudan, incluso aunque la suma de votos totales, un 47,36% según el recuento de este domingo, no llegue al de los cuatro partidos de izquierda, ligeramente por encima con un 47,77. Pero parece que son muchos más y eso beneficia enormemente a sus opciones. Como dijo este lunes Feijóo, el domingo ausente (quizás no las tenía todas consigo): “Gracias, Galicia, por seguir siendo Galicia”. Porque si gobierna la izquierda, Galicia dejaría de serlo, se supone. Uña y carne en la ficción, una Galicia muy diversa y en dos bloques (uno más competitivo que el otro) en la realidad.  

A renglón seguido, en la Junta Directiva del PP gallego en Santiago, Feijóo añadió: “El PP es el partido que más se parece a Galicia, porque si no es imposible ganar. Es imposible una mayoría, y otra, y otra, y otra. Cinco mayorías consecutivas. Eso no se da en ninguna región de Europa”, ni siquiera “en Baviera”, donde partidos transversales acaban necesitando apoyo de otros, cuando no son desalojados del poder. 

He ahí la perfecta definición de anomalía democrática. Cuando acabe esta legislatura, el PP habrá gobernado 40 de los 47 años de autonomía en Galicia. Puede ser porque tiene líderes de gran “humildad”, como justifica Feijóo (...), o que ocurra por la consolidación de una estructura que trasciende al partido, con décadas de complicidades económicas, mediáticas o sociales. Cuando no de redes clientelares, como sugieren los anuncios de subidas salariales (en algunos casos, viejas) a colectivos horas antes de que acabase la campaña electoral y tantos años de inercias quizás legales, pero no éticas. 

A eso, con todo el poder de la Xunta, se enfrenta la izquierda. Como para no hacer las cosas antes, más unida y con papeles mejor repartidos. 

Por lo menos ha habido campaña. Esa es una de las conclusiones que este viernes sacamos en La caravana, el espacio de análisis que compartimos con cuatro gallegos para tomarle el pulso a la foto finish de unas semanas intensas.

En juego estaba, quién nos lo iba a decir, algo así. No daba crédito a medida que iban pasando los días, pero ha ocurrido. infoLibre ha brindado más visibilidad a la campaña electoral en forma de aperturas de periódico que algún importante medio de ámbito gallego, que fuera de la comunidad lo que tiene son corresponsales. Jamás pensaba que la Junta Electoral tendría que ordenar a los medios públicos de Galicia que aumentaran la cobertura electoral planteada, que dedicaba menos minutos a los comicios que hace cuatro años. 

Para los que nos gusta la política, para los que creemos que en democracia no hay alternativa a un buen debate público, plural, permanente e informado como condición necesaria, pero no suficiente, para progresar como sociedad, el intento de que unas elecciones pasen poco menos que desapercibidas no puede ser otra cosa que un enorme escándalo. 

El objetivo debería ser siempre más participación, en general y en cada urna en particular, como síntoma de la fortaleza del sistema. Por eso son antisistema los que buscan lo contrario, los que a sabiendas pretenden adulterar el debate público por vías directas, como la mentira, o indirectas, como el control de medios de comunicación o enormes inyecciones financieras para que difundan el mensaje que conviene.

Parece que a algunos ya les va bien un sistema que funcione como siempre, con una participación más discreta que en elecciones municipales o generales. Y no es que los partidos no estuvieran haciendo campaña, empezando por el PP, que anunció nada menos que tres caravanas estrella: la de Rueda, la de Feijóo y la de Rajoy. Los intentos de movilizar a los propios han sido constantes, en público y en privado. 

Este viernes trascendía que la Xunta envió, a 12 horas de que acabase la campaña, miles de SMS a sanitarios anunciándoles mejoras laborales que notarán ya en su nómina de enero, retroactivas desde el 1 de enero. No hubo tiempo de hacerlo con antelación, o a principios de enero. No se consideró que, llegados a este punto, el anuncio quizás debiera esperar al lunes.

Ha sido una campaña con muchos elementos inesperados. Y novedades cuyo impacto es difícil de analizar en algunos casos, es justo lo que no quería el PP. Veamos algunas: la crisis de los pellets (y declaraciones de conselleiros para la historia), la importante manifestación por la Sanidad que llenó Santiago (convocada desde antes de la campaña), la revelación de que el PP se planteó una amnistía durante 24 horas y estaba dispuesto a negociar indultos para una “reconciliación” con el independentismo… y hasta un debate electoral en RTVE que sorprendió con una audiencia parecida a la del único encuentro en el que aceptó participar Rueda. 

Cada semana de las dos de campaña tiene un acento diferente. En la primera, el PP buscaba mantener la estrategia inicial, que incluía la españolización de los asuntos gallegos. Galicia, como “isla de estabilidad” frente al Gobierno central, condicionado por Puigdemont. Las fuentes del PP “al más alto nivel” y la pujanza del BNG motivaron un volantazo. El PP endureció su discurso, invocó a ETA (una banda terrorista que anunció su disolución hace casi 13 años), incluso a Hamás.

Buscando no despertar a los ajenos, acabó temiendo la desmovilización de los suyos, llegando a encomendarse incluso a Ayuso, que en Vigo dice que sueña con pasear “entre montes de eucaliptos” para “tener la certidumbre” de que está en su “casa, en Galicia”. Qué pena que los eucaliptos no sean sino una especie importada que plantea graves retos allá donde se extiende, cuando no problemas, frente a un bosque y especies milenarias que cualquiera con dos dedos de frente apostaría por preservar desde lo público.

También inesperado fue que, en muchos momentos, pudiera hablarse de los problemas de Galicia: desde el estado de la sanidad a la industria o la educación. Lo hicieron Pontón y Besteiro en su debate a dos (un tanto sui generis por la espantada de Rueda) y lo hicieron Sumar y Podemos, esforzándose mucho pero desde un terrible punto de partida. Y la izquierda supo no pelearse, aunque no está claro si repartirse bien los papeles para ampliar espacio y llegar a más gente. Lo que no supo es evitar la división en listas, que puede desanimar a algunos votantes y hacer que parte de los que sí voten por listas progresistas no contribuyan al cambio al no haber traducción en escaños. 

Hay nervios. En el PP de Galicia, por perder la Xunta, la joya de la corona en una comunidad donde la izquierda gobierna a más ciudadanos a través de los municipios y dos de las diputaciones. En Génova, porque si Feijóo amanece el lunes sin la Xunta, se afilarán los cuchillos. Y en la izquierda, porque Pontón lleva mucho tiempo preparándose para un escenario así, el socialismo se agitará si no llega a la Xunta y empeora su resultado electoral y Yolanda Díaz acusará el revés si su espacio se queda, otra vez, fuera del Parlamento de la rúa do Hórreo. 

El domingo tendremos que prestar mucha atención a varios elementos: a Democracia Ourensana, uno de los partidos más ninguneados, de estrategia abiertamente populista, que podría obtener un escaño y convertirse en una muleta inesperada del PP. A esa barrera del 5% que puede dejar a algunos partidos fuera del hemiciclo. ¿Por qué para las gallegas es el 5% y para las generales el 3%? Hay que prestar atención al voto urbano y al exterior, no vaya a ser que este último (pueden votar hasta los nietos de emigrados y ya no a través del voto rogado, como hasta ahora) decida el Gobierno de Galicia a final de mes. 

Pero eso son elementos para el análisis. Antes toca reflexionar y decidir entre cambio y continuidad. En infoLibre hemos intentado aportar información, análisis y muchos datos. También la convicción de que la libertad empieza por estar informado y, luego, no ser teledirigido a la urna por más preguntas que por una. ¿Quién representa mejor sus esperanzas?

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[Aquí puede leer los análisis diarios de Daniel Basteiro durante toda la campaña gallega]