El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sigue pendiendo de un hilo tras el fracaso de la negociación abierta en Pakistán y esa incertidumbre se traslada a la apertura del Estrecho de Ormuz. Donald Trump no quiere ni oír hablar de que Teherán cobre peajes de paso a los buques en la autopista marítima por la que navega una quinta parte de los hidrocarburos del planeta. El bloqueo permanece como principal riesgo económico global en las próximas semanas y meses, proyectando su sombra a los flujos comerciales entre países, a sectores industriales y a la actividad diaria de empresas y familias.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advierte que "incluso en el mejor de los casos, no habrá un retorno limpio y claro al statu quo anterior” por culpa de la espiral alcista de los precios energéticos, la destrucción en la infraestructura petrolífera, refinadora y gasista o las interrupciones en las cadenas de suministro que se están experimentando durante las últimas semanas. El FMI está preparando una rebaja en sus previsiones de crecimiento global y para regiones como Oriente Medio, Norteamérica o Europa, como ya ha hecho el BCE para la zona euro.

Las cuentas de la institución dirigida por la economista búlgara, que antes dirigió el Banco Mundial o fue vicepresidenta de la Comisión Europea, hablan de un aumento de la inflación provocado por los shocks en los precios del crudo o de los fertilizantes. El escenario es de estanflación, estancamiento o desaceleración de la actividad en paralelo a la subida de los precios. “La economía europea permanece en riesgo de shock estanflacionista”, ha asegurado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, quien ha añadido que “las perspectivas a largo plazo siguen oscurecidas por una profunda incertidumbre”.

La Unión Europea está en el ojo del huracán al que el belicismo de Israel ha arrastrado en Oriente Medio a unos proclives Estados Unidos de Trump. En la Comisión Europea temen que esta coyuntura reste al menos cuatro décimas al crecimiento del PIB de la UE este año y dispare un 1% la inflación, según lo explicado esta semana en la Eurocámara por Dombrovskis, el responsable de todo el departamento económico.

Este es el escenario base que manejan en Bruselas, el que ya estaría sucediendo en el conjunto de los Estados miembros, pero si continúan el conflicto bélico y el cierre del Estrecho de Ormuz los problemas serán “más sustanciales”, señaló el político letón, con una caída del PIB comunitario más pronunciada y también un impacto mayor en los precios, tanto este año como previsiblemente en 2027.

Los gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Hungría, Irlanda o Portugal ya han activado medidas excepcionales y temporales para sus empresas y ciudadanos ante el encarecimiento de los precios de los hidrocarburos, con la gasolina un 15% más alta en abril respecto a comienzos de febrero y el diésel un 30%. Según el Boletín Semanal de Precios del Crudo de la Comisión Europea, publicado hace unos días, la gasolina Euro95 escaló ya de media hasta los 1,871 euros el litro y el gasóleo superó ligeramente los dos euros.

Este aumento de los precios del combustible es más pronunciado en Países Bajos, Dinamarca, Alemania y Finlandia, mientras que España se encuentra en el rango bajo de la horquilla. Sólo en Malta, Hungría, Eslovenia, Bulgaria y Eslovaquia es más barato, de acuerdo con los datos del informe de la Comisión. Por el momento, la respuesta de los gobiernos europeos ante esta situación se basa principalmente en aplicar topes a los precios y retirar o rebajar impuestos como el IVA, aunque ya se abren paso los cheques o ayudas fiscales a las familias más necesitadas. La Comisión ha pedido por carta a los 27 que estudien la viabilidad de aplicar medidas adicionales de ahorro energético mientras sus propias propuestas e iniciativas siguen esperándose desde hace dos semanas. Por eso, varios gobiernos han preguntado a Bruselas sobre la posibilidad de introducir algún tipo de gravamen a los beneficios extraordinarios que están disfrutando las compañías energéticas gracias a los altos precios en el mercado de los combustibles y, con esos recursos, financiar el gasto público adicional de las medidas de apoyo lanzadas sólo desde el ámbito estatal.

Es lo que quieren Alemania, Austria, Italia, Portugal y España. “Los que se benefician de las consecuencias de la guerra deben hacer su parte para aliviar la carga del interés público”, señala la carta firmada por los ministros de Economía de los cinco países y enviada a Bruselas. Ahora, la Comisión Europea ha aceptado estas tesis.

“No hay nada que prevenga a los Estados miembros de aplicar esto”, detalló durante su comparecencia en el Parlamento Europeo el comisario Valdis Dombrovskis. “Estamos analizando si podemos presentar algún tipo de enfoque más coordinado a nivel europeo. Es lo que estamos valorando actualmente”, reconoció el político europeo, basándose en la experiencia previa de lo sucedido en 2022 cuando, tras la invasión de Ucrania por Rusia, los precios de la energía se dispararon y la Comisión permitió este tipo de fiscalidad temporal con la que paliar las medidas anticrisis introducidas.

Medidas más radicales como suspender las reglas de déficit para que los Estados incumplan esos límites proyectando su gasto público en favor de los hogares o las Pymes están, por el momento, descartadas. En la Comisión explican que esa decisión sólo se activaría en caso de “tener una desaceleración económica severa y actualmente no estamos en ese escenario”. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no quiere descartarla si empeora la situación en los mercados energéticos. En Bruselas confían en la mejoría de las tensiones geopolíticas para no tener que aplicar una medida que provocaría tensos debates en la UE entre los halcones de la austeridad, como Alemania, Austria o Finlandia, y las palomas del endeudamiento que habitan en los gobiernos del sur europeo, sea cual sea su color político.

“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no necesitan ayuda de España ni de nadie más” para cumplir los objetivos de la guerra emprendida contra Irán. La Casa Blanca responde al Gobierno español por el cierre del espacio aéreo a los aviones estadounidenses que participan en ese conflicto y presume sobre sus capacidades, hasta el punto de rechazar que dependa logísticamente de sus aliados para desarrollar sus planes.

La afirmación oculta, sin embargo, la verdadera realidad del despliegue estadounidense en Europa, en Oriente Medio y el Golfo Pérsico, en el noreste de África y el Océano Índico con decenas de bases gestionadas directamente o en colaboración con el país anfitrión y que juegan un papel trascendental en la actual intervención militar.

La mayor de las instalaciones en los países vecinos de Irán se sitúa en Qatar, la base aérea de Al Udeid, sede del Comando Central de los Estados Unidos que ya ha sido objetivo de las represalias con misiles y drones por parte de la República Islámica. Otro de los pequeños estados bañados en petrodólares, Bahrein, alberga el cuartel general la V Flota de la Marina estadounidense y un poco más al sur, en Emiratos Árabes Unidos, tienen su base de operaciones los modernos cazas de combate furtivos F-22, uno de los pilares de la ofensiva. Sin embargo, las numerosas instalaciones militares con las que cuenta por Europa siguen jugando un papel central y sólo España ha ido tan lejos como para, además de impedir su uso, coartar ahora su actividad al negarles el espacio aéreo.

Italia acaba de prohibir a los bombarderos estadounidenses armados para la guerra de Irán operar desde la base aérea de Sicilia porque, según los acuerdos de la década de los 50, su uso es para propósitos logísticos y de entrenamiento, pero no como centro de tránsito desde el que transportar bombas y armamento hacia conflictos bélicos, salvo permiso expreso en situaciones de emergencia que debe aprobar el gobierno trasalpino tras pasar por el Parlamento.

En un efecto dominó semejante al de hace apenas tres semanas, Giorgia Meloni imita parcialmente las decisiones de España. Fue el 11 de marzo cuando la primera ministra protestó delante de su Parlamento porque “Italia está haciendo” lo mismo que España con su acuerdo bilateral con Estados Unidos sobre la utilización de las bases. Roma, como Madrid, rechaza verse arrastrada a la guerra contra Irán pese a la sintonía ideológica de Meloni con Donald Trump.

Italia intenta evitar cualquier tipo de roce diplomático y político con los Estados Unidos como los que vive España, de ahí que su ministro de Defensa, Guido Crosetto, intente minimizar el impacto de la decisión. “Algunos están intentando lanza el mensaje de que Italia ha decidido suspender el uso de las bases por activos estadounidenses”, afirma Crosetto, “es simplemente falso porque las bases siguen activas, en uso y nada ha cambiado”. Al mismo tiempo, el ministro italiano confirma el bloqueo al señalar que su gobierno “continua haciendo lo que todos los gobiernos italianos siempre han hecho en pleno cumplimiento de los compromisos en el Parlamento. Los acuerdos internacionales regulan claramente y distinguen lo que requiere una autorización específica del Gobierno”.

La acción unilateral de los Estados Unidos e Israel contra Irán sin consultar a los socios europeos está detrás de los recelos para permitir el uso de medio centenar de grandes instalaciones, una red de bases aéreas, puertos para barcos de guerra y centros de internamiento en gran parte heredada de la Guerra Fría y luego expandida al este tras la caída del Muro de Berlín. Según los propios datos del Comando Europeo de los Estados Unidos con cuartel general en Stuttgart albergan cerca de 84.000 soldados, tropa de marinería y de las fuerzas aéreas y demás personal.

Alemania, Italia, Reino Unido y España albergan la mayor concentración de militares estadounidenses y la presencia es creciente en Polonia o Rumanía. Hay bases también en Bélgica, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Hungría, Bulgaria, Malta o Turquía. Las instalaciones son en muchos casos también centros de la OTAN con sistemas de vigilancia centrados en controlar el paso de los estrechos de Gibraltar y Bósforo, la presencia rusa en el Mar Báltico y en la frontera oriental europea o la lucha antiterrorista en Oriente Próximo.

El empleo, igual que en el caso de España e Italia, está regulado por acuerdos bilaterales y en situaciones sensibles exige expresa autorización del país anfitrión. En 1986, cuando el entonces presidente norteamericano Ronald Reagan ordenó ataques aéreos contra Libia, España e Italia negaron los vuelos sobre su territorio y el uso de las instalaciones. El Reino Unido de Margaret Thatcher fue el único país que sí lo autorizó. Las rencillas con los europeos son coyunturales y ya entre 1966 y 1967 las Fuerzas Armadas estadounidenses cerraron sus bases en Francia después de que el presidente galo, Charles de Gaulle, retirase a su país de la estructura de mando conjunta de la OTAN y exigiese la salida de las tropas extranjeras.

En una decisión similar a la de España, pero con otro actor estatal como sujeto, la Francia del actual Emmanuel Macron acaba de prohibir a Israel el uso de su espacio aéreo para transportar armas estadounidenses que puedan emplearse contra Irán. Es la primera vez que París adopta una decisión similar y la diplomacia francesa aclara, ante las acusaciones de Trump este martes por redes sociales, que el veto no afectaría al resto de vuelos militares de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, que sí deben recibir autorización francesa individualmente para sobrevolar el hexágono.

Reino Unido se mantiene como el gran liado de los Estados Unidos y sigue siendo hoy uno de los centros logísticos y puntas de lanza para esas fuerzas armadas pese a la tensión política evidente con el gobierno de Keir Starmer. Al menos dos docenas de superbombaderos norteamericanos están aterrizando y despegando desde el sur de Inglaterra para participar en los ataques contra Irán, operaciones que el primer ministro británico define sólo como “defensivas y limitadas”. 

El otro gran aliado estadounidense en Europa, Alemania, tampoco se plantea aplicar medidas similares a las de España, Italia o Francia aunque el gobierno del canciller Friedich Merz tiene en su mesa desde hace días un informe de los expertos legales del Parlamento Federal que considera que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán viola el derecho internacional y alerta ante posiciones implicaciones legales a Alemania ante el uso de las bases estadounidenses en su territorio.

La alianza del Partido Popular europeo con la extrema derecha está a punto de dar la puntilla definitiva a la garantista protección humanitaria que hasta ahora la UE prestaba a refugiados, demandantes de asilo y migrantes en situación irregular. Este jueves la Eurocámara autorizó abrir las negociaciones con el Consejo y la Comisión para aprobar el Reglamento de Retorno, la propuesta del ejecutivo comunitario que permitirá la expulsión de extranjeros a terceros países.

La Unión Europea impulsará también la construcción de centros en territorios no comunitarios a los que deportar a esas personas. Países como Uganda o Ruanda, igual que Albania donde la primera ministra italiana, Giorgia Meloni ya cerró un acuerdo en 2024, acogerán estas instalaciones propuestas en marzo de 2025 por la Comisión Europea, que también planteó eliminar el requisito de que los migrantes tuviesen un vínculo con el tercer país de los centros de deportación.

Son las medidas más polémicas votadas en el Pleno del Parlamento Europeo por 389 eurodiputados. Fueron legisladores populares, ultraconservadores del grupo ECR, de Meloni o los polacos del PIS, Patriotas de Vox, Le Pen u Orbán y neofascistas de la bancada ESN liderada por los alemanas de la AfD. Enfrente poco más de 200 eurodiputados socialdemócratas, verdes y de izquierdas. La legisladora de los Verdes, Mélissa Camara, destaca precisamente esa alianza derechista para endurecer la política migratoria. “El PP europeo ha estado trabajando mano a mano con la extrema derecha para perseguir políticas migratorias racistas y populistas a nivel de la UE”.

El reglamento esta ya totalmente encaminado para su futura entrada en vigor. Dentro del Consejo, una mayoría de gobiernos populares a los que se suman la Hungría de Viktor Orbán, la Italia de Meloni o la Eslovaquia de Robert Fico respaldan esta expulsión. Sólo España a finales del año pasado las rechazó, quedándose en absoluta minoría. Entonces, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, manifestó en Bruselas sus “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los calificados como hubs de retorno, que para la Comisión son soluciones innovadoras.

En las bancadas progresistas de la Eurocámara se habla de que este Reglamento de Retornos está inspirado más por las políticas de la Administración Trump y el régimen de deportaciones del ICE que por los valores europeos, ignorando derechos fundamentales recogidos en los Tratados de la UE o la Carta de las Naciones Unidas, como el derecho a la dignidad humana, a la libertad o el derecho al asilo. “Se confirma el peor de los pronósticos”, reaccionó la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, calificando el texto como “siniestro” y “pieza clave de la maquinaria de deportaciones”.

Los centros de deportación son la herramienta más polémica de este futuro reglamento migratorio. Se implantarán en países supuestamente considerados seguros, Marruecos, Túnez, Egipto, Colombia, Kosovo, la India o Bangladesh están dentro de esa lista aunque en alguno de ellos existan verdaderas dictaduras, gracias a acuerdos bilaterales con los socios de la Unión.

La deportación a un tercer país dependerá del origen del migrante, de si supuestamente ha pasado por ese territorio de camino a la UE y el Reglamento “también permitiría la posibilidad del retorno a un país que acepte a ese persona basándose en los acuerdos alcanzados con un Estado miembro de la UE”. Como en el caso de los deportados por Italia a Albania, el extranjero podrá ser obligado a terminar en un territorio contra su consentimiento. Frente a esta realidad, el eurodiputado liberal Malik Azmani, del partido neerlandés VVD, asegura que “siempre ha sido mi objetivo alcanzar un reglamento eficiente y factible”.

La futura norma comunitaria recoge que las autoridades de un país emitan órdenes de expulsión a cualquier no nacional de la UE que resida irregularmente en ese Estado miembro e imponerle la obligación de abandonar el territorio. El sistema informático del Espacio Schengen, compartido por 29 países, mostrará esas órdenes a cualquier otro socio para que sean de obligado cumplimiento. Deportaciones que no serán “efectivas, sostenible y dignas”, reprocha la socialista portuguesa Ana Catarina Mendes, quien cree que el mandato negociador aprobado por el Parlamento Europeo “nos mueve en dirección contraria al remover las garantías y desmantelar derechos fundamentales”.

Si la persona extranjera no cooperase en ese proceso de expulsión a terceros países, calificado en el reglamento como retorno voluntario, podrá “se detenido”, “si presenta un riesgo de fuga, un riesgo de seguridad o cualquier otra factor relevante impide su traslado a tiempo” y sufrir sanciones como la prohibición de entrar en territorio comunitario de por vida. En otra muestra del abandono garantista en la política migratoria, la futura norma permitirá que “se ordenen las detenciones de menores no acompañados y de familias con niños” como una medida de último recurso y durante un plazo de hasta veinticuatro horas. En el caso de los adultos las detenciones podrán durar hasta un máximo de 12 meses prorrogables por un periodo semejante.

“Es vergonzoso ver a eurodiputados del PP europeo celebrando sus esfuerzos para encerrar a niños y lanzar lejos la llave”, critica la francesa Camara. La ecologista, ponente en la sombra de la posición de la Euocámara, denuncia que son “los mismos eurodiputados que vergonzosamente han estado haciendo acuerdos secretos en la sombra con la extrema derecha, principalmente ECR, los Patriots y ESN, sólo para hacer la vida miserable de aquellos que están buscando la seguridad en nuestras costas”.

Aunque una de las medidas más denigrantes, la detención de los migrantes en sus propios domicilios, finalmente quedó fuera del texto aprobado por el Parlamento, que empezó a negociarse con la Comisión y el Consejo este mismo jueves por la tarde, la UE sí rechazará que un recurso judicial de la persona extranjera paralice de forma automática su proceso de expulsión, a no ser que el juez así lo dictamine expresamente.

El miedo a una guerra energética con ecos de la crisis del petróleo del 73 y la dramática situación humanitaria en Gaza y Líbano, junto a la que puede abrirse en Irán, provocan un giro sustancial en la posición de la Unión Europea sobre Oriente Medio. Todavía no de 180 grados como para condenar las operaciones militares ilegales de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, pero sí muy distanciada del cuestionamiento al orden internacional basado en reglas que pronunció hace apenas diez días la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

La cumbre europea deja una llamada clara en favor del multilateralismo y en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, esa organización tan atacada por el estadounidense Donald Trump. El propio secretario general de la ONU, António Guterres, estuvo en Bruselas y dentro de la reunión agradeció personalmente a “los líderes de la UE por su decidido apoyo al multilateralismo y el derecho internacional”, en medio de una discusión continuada luego sobre la situación en Oriente Medio.

El Consejo Europeo declaró que “los acontecimientos en Irán y en la región amenazan la seguridad regional y global” y pidió claramente “una desescalada y la máxima contención a todas las partes”, en una llamada no sólo a la República Islámica sino también a los Estados Unidos e Israel, mientras “deplora la pérdida de vidas de civiles” y pedía “vigilar estrechamente el impacto de amplio alcance de las hostilidades, incluyendo la estabilidad económica”. Críticas a la guerra y sus consecuencias que no se habían escuchado, por ejemplo, a Von der Leyen, al tiempo que reconocimiento explícito de un fuego en Oriente Medio muy peligroso para los intereses europeos.

“Esta cumbre se celebra en un momento muy trascendental”, alertó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido a la guerra en Irán “ilegal" y que "ya empezamos a sufrir" no solo "en términos de vidas humanas, de desplazados y refugiados, sino también desde el punto de vista del bolsillo de nuestros ciudadanos”. La gran mayoría de los líderes comparten este mensaje, convencidos de que “la UE no quiere verse arrastrada a un conflicto sobre el que no fuimos consultados”, criticó Luc Frieden, primer ministro de Luxemburgo. “Sólo nos involucraremos una vez que el conflicto termine”, recalcó el canciller alemán, Friedrich Merz, ante la posibilidad de que su país participe en una operación como la de garantizar el paso en el Estrecho de Ormuz. “Necesitamos hablar de los precios de la energía” porque “hemos visto una rápida subida en Europa y en todo el mundo”, expresó el canciller.

Ese debate era uno de los dos platos fuertes de una cumbre inicialmente destinada a empezar la negociación sobre el presupuesto comunitario para 2028-2034 y a potenciar la competitividad de los 27 con medidas industriales, ayuda financiera a la inversión e innovación y simplificación administrativa. Sin embargo, las crisis políticas y las guerras internacionales rodean a la Unión como los romanos la aldea gala de Astérix y Obélix. Por ello, la agenda tuvo que enmendarse.

El segundo plato fuerte fue la discusión sobre Ucrania, ante el bloqueo húngaro del préstamo ya aprobado en diciembre de 90.000 millones de euros para Kiev. El primer ministro Viktor Orbán no dio su brazo a torcer en medio de acusaciones de mantener una actitud “inaceptable”. “No voy a apoyar aquí ninguna decisión en favor de Ucrania mientras los húngaros no sean capaces de obtener el petróleo que nos pertenece”, se enrocó Orbán en referencia a la falta de suministro a su país por culpa del roto oleoducto de Druzhba, en Ucrania, una causa que para él “es un cuento de hadas”. Tal fue el voltaje de este debate interno, que Orbán recabó el apoyo de otro euroescéptico, el eslovaco Robert Fico, y sólo 25 socios comunitarios pudieron aprobar un comunicado de solidaridad y respaldo a Kiev.

Por esperada, la división de la familia europea no enturbió el crucial debate sobre Oriente Medio, una región en la que las guerras y conflictos se suceden, puerta trasera mediterránea, importante fuente de suministro de hidrocarburos y potencial emisor de refugiados hacia el viejo continente. El miedo a una doble crisis, energética, con el petróleo en máximos de los últimos cuatro años, y migratoria, por los miles de desplazados fruto de las bombas israelíes, centró gran parte del debate de la cumbre, de ahí que se discutiesen “posibles formas de mejorar la situación en la región, especialmente en Líbano, Gaza e Irán”, según una fuente comunitaria.

Las tesis de España, que condenan la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel, han ido calando en las cancillerías europeas. Aunque todavía no existe una condena explícita, sí se aprecia “una convergencia creciente de todos los Estados miembros”, en palabras de una fuente diplomática. Ese acercamiento se basa, según la misma fuente, en el convencimiento de que, en defensa del interés europeo, es necesario preservar elementos clave como el respeto a las reglas internacionales. En el caso del Estrecho de Ormuz, además, "las preguntas que se plantean son muchas, como cuáles son los siguientes pasos de EEUU".

“Lo que es importante para todos nosotros en la Unión Europea, lo que queremos ver, es el fin de la guerra”, lamentó la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, que añadió: “Estamos definitivamente viendo el caos que se está causando en Oriente Medio, pero también las ramificaciones que tiene en el resto del mundo”. El 85% de lo hidrocarburos que navegan por el Estrecho de Ormuz llevan destino Asia, lo que implica que potencias como China, Japón, Corea del Sur o India saldrán al mercado en busca de otras fuentes de petróleo y gas, añadiendo más presión a los envíos que recibe Europa.

Europa responsabiliza explícitamente a Irán de la actual situación por atacar a los países del Golfo, pero también implícitamente a la acción militar de Estados Unidos e Israel, como causa directa de esta respuesta. “Ayer por la noche hablé con el presidente Trump y él mismo habló de cesar los bombardeos contra las infraestructuras civiles”, reconoció el presidente francés, Emmanuel Macron, quien demandó “una moratoria sobre los bombardeos a las infraestructuras y los civiles” ya que “el precio del gas y petróleo ha aumentado desde que empezó la guerra, pero también si las capacidades de producción son destruidas tendrá un impacto duradero”.

Europa teme que la escalada continuada de los precios del petróleo y del gas termine por trasladarse desde las gasolineras a la cesta de la compra de los hogares y a las cadenas de suministro de las empresas, provocando una onda inflacionista. Dentro de la cumbre, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, informó que ya prevé como mínimo una inflación del 2,6% este año, siete décimas más que lo informado en diciembre, “porque los precios energéticos serán más altos debido a la guerra en Oriente Medio”. Es, aun así, una predicción optimista. Ese marco se calcula suponiendo que la normalización del suministro de hidrocarburos del Golfo empiece ya, pero si no fuera así, el BCE habla de un escenario adverso del 3,5% y de otro severo con una inflación del 4,4% en la eurozona. Cualquiera de las previsiones implica la subida de tipos de interés este año, lo que frenará la economía del continente para disgusto de los líderes reunidos en Bruselas.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo "si es necesario", tras la decisión anunciada el miércoles pasado de poner en el mercado 400 millones de barriles para paliar el impacto de la guerra en Irán, afirmó este lunes su director, Fatih Birol.

"Todavía tenemos muchas reservas disponibles" y "podemos hacer más si es necesario", aseguró Birol en una declaración emitida en vídeo en la página web de la agencia sobre la liberación de crudo coordinada por la treintena de sus países miembros.

En ese sentido, el director de la AIE declaró que pese a la liberación récord decidida la pasada semana las reservas siguen siendo amplias. "Incluso después de esta operación, quedarán más de 1.400 millones de barriles en reservas de emergencia, lo que significa que podemos actuar de nuevo si fuera necesario", mantuvo.

Añadió que, además de los países miembros de la AIE, varios socios han expresado su apoyo a la operación, entre ellos India, Colombia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Explicó que la guerra en la región está provocando la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado global de petróleo, con un volumen de crudo fuera del mercado superior al registrado durante la crisis energética de 1973, y que el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, está afectando también al gas natural.

Recordó que en respuesta a la crisis, los países miembros de la AIE decidieron el pasado día 11 la mayor liberación de reservas de emergencia de su historia, con unos 400 millones de barriles de petróleo puestos en el mercado para compensar la pérdida de suministro.

"Esta rápida acción ha tenido un efecto calmante en los mercados", señaló el economista turco, tras indicar que los precios del petróleo están actualmente más bajos que hace una semana, aunque advirtió de que las reservas solo pueden actuar como un amortiguador temporal. "No es una solución duradera", recalcó.

"El factor más importante para que se restablezcan flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz", por donde pasa el 20% del comercio mundial de petróleo, insistió el director de la AIE.

Señaló también que el impacto de la crisis ya se está dejando sentir en diversas economías, especialmente en Asia, donde muchos países dependen de las importaciones energéticas.

"Los consumidores más afectados por las interrupciones y la subida de precios están en las economías emergentes y en desarrollo del sur y sudeste asiático", precisó Birol, quien indicó que en algunos de estos países ya se están aplicando medidas de emergencia.

Y añadió que la liberación de reservas está siendo coordinada entre los países miembros de la AIE, con más de 100 millones de barriles procedentes de Asia-Pacífico, una cantidad similar desde Europa y más de 170 millones desde el continente americano, además de unos 30 millones adicionales derivados de incrementos de producción.

Birol apuntó además que, incluso si el tránsito por el estrecho de Ormuz se reanudara de inmediato, el comercio energético mundial tardará tiempo en normalizarse.

"Con la situación de seguridad en Oriente Medio aún muy incierta, la AIE continuará trabajando estrechamente con los gobiernos de todo el mundo para discutir opciones de respuesta a las interrupciones que estamos viendo", concluyó.

España ha logrado que la Unión Europea respalde su propuesta para prohibir los sistemas de inteligencia artificial que generan deepfakes de contenido íntimo sin consentimiento o material de abuso sexual infantil. La decisión viene después de la polémica sucedida el pasado enero por los desnudos falsos de mujeres y menores creados con el asistente virtual Grok, de la red social X. La iniciativa española encontró apoyo en países como Francia —que presentó medidas similares—, Alemania, Irlanda, Eslovenia, Bélgica, Eslovaquia y Hungría, consolidando así una mayoría para endurecer las normas sobre IA. 

El Consejo de la UE, reunido este viernes en Bruselas, ha aprobado la posición de los gobiernos europeos para negociar con el Parlamento la reforma de la ley de inteligencia artificial. Esta propuesta forma parte del paquete legislativo 'Omnibus VII', que busca simplificar el marco regulatorio digital europeo y facilitar la aplicación de reglas armonizadas sobre IA. 

Entre las medidas aprobadas, se prohíben los sistemas capaces de generar, manipular o reproducir imágenes, vídeos o audios realistas de partes íntimas de una persona sin su consentimiento, así como aquellos diseñados para crear o difundir pornografía infantil. La decisión cierra el paso a tecnologías como las utilizadas en el caso Grok y busca adelantarse a un problema creciente, como es la fabricación de contenidos sexuales falsos con apariencia realista, que pueden dañar gravemente a las víctimas. 

El acuerdo incluye además otras propuestas españolas, como mantener la obligación de registrar en la base de datos europea los sistemas de alto riesgo, incluso cuando sus proveedores aleguen estar exentos, y aplicar criterios estrictos para procesar datos sensibles, garantizando la detección y corrección de sesgos en los algoritmos. También se han fijado plazos claros para la entrada en vigor de las normas sobre sistemas de alto riesgo. Diciembre de 2027 para los sistemas independientes y agosto de 2028 para los integrados en productos. 

El paquete busca, al mismo tiempo, simplificar la aplicación de las reglas y reducir la carga administrativa para las empresas tecnológicas, ofreciendo mayor seguridad jurídica y una implementación más armonizada en toda la UE. Se amplían algunas exenciones para pequeñas y medianas empresas, se fortalecen las funciones de la Oficina de IA y se aclaran las responsabilidades de supervisión para asegurar un control efectivo.

Tras la aprobación de esta posición, la presidencia de turno de la UE iniciará los trílogos con el Parlamento Europeo a comienzos de abril, con el objetivo de cerrar el texto definitivo de la reforma. La iniciativa persigue reforzar la competitividad digital europea, facilitar la innovación y, al mismo tiempo, establecer límites claros al uso de la inteligencia artificial, protegiendo derechos fundamentales y la seguridad de los ciudadanos. 

La Unión Europea (UE) celebró este jueves la adopción de la resolución 2817 por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), que condena los ataques perpetrados por Irán pero no hace referencia a los iniciados por Estados Unidos e Israel contra ese país.

"La UE se hace eco del firme apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de los países del Consejo de Cooperación del Golfo y Jordania, y condena enérgicamente los ataques de Irán contra sus territorios", indicó en un comunicado un portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Agregó que esos ataques, "dirigidos contra objetivos civiles e infraestructuras civiles críticas, constituyen una violación del Derecho internacional y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales".

Recordó que los 27 países de la UE han patrocinado esa resolución, presentada por Baréin en nombre de los Estados miembro del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG), Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

El portavoz dijo que, así, la UE ha reafirmado su solidaridad con esos países, tal y como se expresó también en la reunión telemática conjunta de los ministros de Exteriores de la UE y el CCG celebrada el 5 de marzo, y en la videoconferencia entre los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con los líderes de los países de Oriente Medio el día 9.

En el comunicado, el portavoz reiteró el llamamiento de la UE a Irán para "que cese inmediatamente sus ataques".

"La seguridad y la estabilidad de la región del Golfo, así como la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, son pilares fundamentales de la estabilidad de la economía mundial, intrínsecamente vinculados a la seguridad europea y mundial", recalcó.

Además, aseguró que la UE "proseguirá sus esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión y lograr una solución duradera de paz y estabilidad en el Golfo y en toda la región de Oriente Medio".

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el miércoles una resolución en contra de "los ataques atroces" de Irán contra Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, que no menciona los bombardeos iniciales de Estados Unidos e Israel que originaron el conflicto actual.

El documento, presentado por Baréin en nombre del resto de países atacados, contó con el apoyo de 13 de los 15 países que forman el órgano, ningún voto en contra y las abstenciones de China y Rusia.

Antes de la votación, 135 países, entre ellos Estados Unidos e Israel, además de Reino Unido, Francia o España, habían respaldado esta iniciativa, que "exige" a la República Islámica que "ponga fin de inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza contra los Estados vecinos". 

Cuarenta y ocho horas después de cometer un importante error político delante del cuerpo diplomático extranjero, Ursula von der Leyen rectificó en Estrasburgo y subordinó la actuación internacional de la UE al respeto de un orden global basado en normas y los derechos humanos.

“La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable en favor de la paz, a los principios de la Carta de Naciones Unidas y al derecho internacional es hoy tan central como lo fue en nuestra creación, y siempre defenderemos esos principios”, destacó al principio de su intervención en la Eurocámara la presidenta de la Comisión.

Los aplausos en el Pleno del Parlamento Europeo fueron tímidos y muy moderados, apenas de la bancada popular, su partido. Von der Leyen intentó cerrar la brecha abierta el lunes cuando delante de los embajadores internacionales presentes en Bruselas aseguró que “no podemos depender más de un sistema basado en reglas como la única forma para defender nuestros intereses o asumir que esas reglas nos protegerán de complejas amenazas” y pidió “construir nuestro propio camino europeo”. Pero sólo lo consiguió a medias.

Su enmienda y rectificación fue parcial y con la boca pequeña, derivando un debate centrado en la situación en Oriente Medio y en la próxima Cumbre Europea hacia las necesidades energéticas del continente y defendiendo de nuevo la nuclear. Tampoco contribuyó a su giro político que justificase sus polémicas palabras con un “ver al mundo como es de ninguna manera minimiza nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos”. De nuevo, como había alertado el eurodiputado Mounir Satouri, los intereses por delante de los principios.

Las críticas recibidas y el malestar generado no se han mitigado porque, además, la presidenta de la Comisión evitó presenciar la totalidad del debate en el Parlamento Europeo para no escuchar así las críticas que le llovían. Von der Leyen está tocada y la sangría de los apoyos con los que se garantizó un segundo mandato no se ha taponado.

El enfado entre los socialdemócratas sigue sin aplacarse. Su líder en el Parlamento, Iratxe García, defendió ante Von der Leyen el “no a la guerra y sí al derecho internacional” y le reprochó una postura de “complacencia, con apaciguamiento” ante el estadounidense Donald Trump porque se “está abriendo la puerta a que autócratas pisoteen sin consecuencias” el orden mundial.

La condena de la presidenta de la Comisión a la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel contra Irán sin cobertura de la legalidad internacional y la ausencia de una mención a las muertes de civiles en Teherán o Beirut, incluidas 150 personas, la mayoría niñas, en una escuela iraní, tampoco ayudaron a que la Izquierda o Los Verdes rebajasen sus críticas ni quedasen contentos con la intervención. La líder de la Francia Insumisa, Manon Aubry, recuperó en Estrasburgo el eslogan enarbolado por el presidente Pedro Sánchez para oponerse a Trump, “No a la guerra”, porque, justificó la gala, “la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel en Irán y en el Líbano es plenamente ilegal en el derecho internacional”.

La herida abierta por el error de Von der Leyen al justificar un orden internacional basado en la ley del más fuerte sigue sangrando y actuales rivales políticos como Los Verdes hurgan en ella. Su líder, Terry Reinke, alemana como la presidenta de la Comisión, reprochó que la población de Irán, que ha mostrado “coraje contra un régimen brutal”, se vea “ahora inmersa en una guerra”. “Su protección y seguridad deben estar en el centro de la respuesta europea ante esta crisis”, pidió Reinke, “guiándose por el derecho internacional y no por una lógica de más escalada” en un claro dardo a la metedura de pata del lunes. Lejos queda el afectuoso abrazo con el que Reinke se levantó de su bancada para felicitar a Von der Leyen tras su investidura por segunda vez en 2024.

La posición de Von der Leyen es más frágil que hace una semana por la equivocación ante los embajadores, pero sus causas son profundas y vienen de lejos. Además, la metedura de pata diplomática ha revelado que uno de sus principales Gobiernos sostenedores, el francés del presidente Emmanuel Macron, ya no lo es tanto.

Las elecciones presidenciales galas de 2027 alteran totalmente el escenario. Sin un candidato para el relevo, el movimiento político de Macron podría jugarse su desaparición en medio de una contienda polarizada entre la izquierdista France Insumise y la ultraderecha de Le Pen. Bruselas y las políticas que salen de la UE son un blanco fácil que atacar. Jean-Noel Barrot, ministro de Exteriores y hombre fuerte del Gobierno, critica el sobreprotagonismo de Von der Leyen en política internacional, exigiendo que “la Comisión cumpla con la observancia estricta a la subsidiariedad”, es decir, que no se entrometa en las competencias de los Estados miembros.

España es otro de los Gobiernos que viene apoyando la presidenta de la Comisión desde que fue elegida en 2019. De diferente color político, Von der Leyen ha trabajado con el socialista Pedro Sánchez de manera fluida igual que con el liberal Macron, a diferencia de otros Gobiernos de su propia familia política o del líder de los populares en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, con el que mantiene una soterrada e intensa rivalidad política. Ahora, tras el affair sobre el imperio de la ley y el orden mundial, el presidente español fue claro asegurando que “nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo, António Costa”, en favor del derecho internacional. Sánchez y Costa son las dos figuras clave de la socialdemocracia europea; sin sus pronunciamientos habría sido impensable que en la Eurocámara los socialistas hayan cargado contra la presidenta de la Comisión.

En otro calculado movimiento que revela la influencia de Bruselas en las políticas nacionales –y cómo el traspiés de Von der Leyen ha abierto una brecha que aprovechar–, otro sostén de la alemana, también de diferente color político, ha evitado criticarla, aunque sí se ha desmarcado de ella. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, rechazó la creciente tendencia de intervenciones militares “fuera del alcance del derecho internacional” y condenó el bombardeo de la escuela iraní de niñas como “una masacre”. Términos semejantes a los empleados por el nuevo primer ministro neerlandés, el liberal Rob Jetten, pero que la jefa de la Comisión evita pronunciar, quizás para no enfrentarse con Trump.

Gravísimas. Así califica una fuente parlamentaria las palabras de Ursula von der Leyen ante los embajadores extranjeros en Bruselas, un discurso en el que aseguró que “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá”, alejándose de la defensa del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos o a la soberanía territorial de los países al tiempo que legitimaba con sus palabras las intervenciones militares de las grandes potencias contra terceros.

“Hay quien se está ganando una moción de censura a pulso”, publicó por redes sociales el socialista Jonás Fernández, eurodiputado veterano que se mostró muy crítico con la presidenta de la Comisión. El comentario tuvo un importante eco entre sus colegas de bancada y muestra el importante malestar entre el grupo de los Socialistas y Demócratas, segunda fuerza de la Eurocámara y segunda pata de la coalición que refrendó la actual Comisión.

Este martes, los ánimos siguieron igual de caldeados en el Parlamento Europeo. La española Iratxe García, jefa de toda la bancada socialista, le exigió que “pueda clarificar esas declaraciones” porque “desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi grupo han causado y generado sorpresa y descontento”. Sus críticas van al fondo también de ese discurso por “poner en duda la necesidad de defender el orden internacional”, una postura “no asumible” por los socialdemócratas europeos ni que se pueda “plantear que el orden viejo internacional y el derecho internacional fuera algo naif”. “La música” de la actual presidenta de la Comisión Europea “no suena bien” a los oídos de su sostenedor en el Eurocámara, si es que el PP europeo no quiere dar ya un volantazo definitivo y abrazar lo que queda de legislatura comunitaria de la mano de los tres grupos de extrema derecha.

Las sucesivas crisis y guerras en las fronteras de la UE están resquebrajando la coalición parlamentaria que sustenta a Von der Leyen, como ya había puesto de relieve la diferente posición de Bruselas entre la guerra de Ucrania y el genocidio en Gaza. Los liberales dudan y evitan desafiar a la Comisión. Su líder parlamentaria, Valérie Hayer, calificó el análisis de la alemana sobre el orden mundial como “un hecho, desafortunadamente” y lejos de criticarlo sólo pidió que “como europeos sigamos defendiendo el derecho internacional, no porque seamos naif sino porque es nuestro interés” o “qué diríamos mañana a Donald Trump si quiere atacar Groenlandia”.

Las aguas bajan revueltas entre las filas socialistas. La reacción del eurodiputado Jonás Fernández contaría con el respaldo implícito de la dirección del grupo, de ahí que pocas horas después Iratxe García desde Estrasburgo fuese crítica con Von der Leyen y exigiese explicaciones. Otra de sus eurodiputadas, Hana Jalloul, vicepresidenta del Comité de Asuntos Exteriores, insiste que Bruselas debe “defender el derecho internacional, porque es lo que somos, sino no creemos en la Unión Europea y esto es algo muy peligroso”

La bancada socialista empieza a asumir las críticas que hasta hace poco tiempo sólo salían de La Izquierda o Los Verdes. Contactado por infoLibre, el eurodiputado Mounir Satouri califica como “profundamente preocupante” el discurso de Von der Leyen porque “supone un giro peligroso en cómo la Unión Europea ve el derecho internacional y el orden global”. El ecologista francés reprocha a la presidenta de la Comisión que sobre Irán primero no realice una demanda clara en favor del derecho internacional y que, además, diga defender el orden internacional basado en reglas al tiempo que asume que ya no es válido. “En otras palabras”, denuncia Satouri, miembro del Comité de Asuntos Exteriores y presidente del Subcomité de Derecho Humanos, “las normas internacionales son válidas siempre que nos sirvan, pero se volverán secundarias en cuanto limiten nuestras decisiones”.

En el grupo de La Izquierda sitúan las palabras de Von der Leyen delante de los embajadores extranjeros como un paso más en la deriva vivida tras “su silencio cómplice ante el genocidio en Gaza o cuando se doblegó ante Trump en un campo de golf en Escocia”. Así lo explica a este medio la eurodiputada Estrella Galán, quien no acepta que ahora la alemana “ha escalado aún más y propone que la UE opere sin seguir el derecho internacional”, algo que la también representante del Comité de Asuntos Exteriores, considera “inadmisible”. Según las fuentes consultadas, socialistas, verdes e izquierda preparaban durante el martes su estrategia para cargar con dureza contra Von der Leyen en el debate que mantendrán con ella este miércoles en la Eurocámara.

La autonomía creciente asumida por la líder de la Comisión en cuestiones de política internacional también está generando un malestar dentro el Consejo. Un día después de las palabras de Von der Leyen, el presidente de esta segunda institución, António Costa, realizó una enmienda a esa visión sobre el orden internacional en el mismo foro ante el cuerpo diplomático.

“Un mundo multipolar requiere de soluciones multipolares”, pronunció el luso, descartando las intervenciones unilaterales de grandes potencias como las emprendidas por los Estados Unidos de Donald Trump, “sin esferas de influencia, donde las políticas de poder reemplazan a las leyes internacionales”. A la pregunta de cuál es la misión de la Unión Europea, Costa cree que “debemos defender el orden internacional basado en reglas” y “defender los principios consagrados en la carta de las Naciones Unidas y destacados en nuestros Tratados”.

La posición del presidente del Consejo contradice a la de la Comisión, quien este miércoles deberá dar explicaciones en la Eurocámara y ha visto como su número dos, la vicepresidenta Teresa Ribera, también discrepaba, insistiendo en la importancia de “recordar que el respeto al derecho internacional es una premisa básica” y consideraba “muy peligroso entrar en un debate en el que parece cuestionarse”.

Fuentes del Gobierno español evitan entrar en una polémica pública con Von der Leyen, pero sí insisten que “hay un orden internacional sujeto en reglas”. El titular de Exteriores, José Manuel Albares, mostró su identificación con las palabras de Costa porque “la alternativa al orden internacional es el desorden”. Albares contrapuso entre “optar entre el derecho o la alternativa que es la fuerza, o la paz y las relaciones pacíficas entre estados o el uso de la guerra como instrumento de política exterior”.

El malestar viene de lejos, porque hace sólo unas semanas la presidenta de la Comisión tomó la decisión de enviar unilateralmente y sin mandato de los 27 Estados Miembros a la responsable para el Mediterráneo, Dubravka Suica, a la reunión de la Junta de Paz para Gaza de Donald Trump, con la excusa de que Washington había invitado personalmente a Von der Leyen. España como Francia o Bélgica reprocharon entonces esa decisión.

Además de las aristas con Costa y Ribera, dos de las más altas autoridades en la capital comunitaria, de fondo también está el enfrentamiento entre Von der Leyen y la Alta Representante Exterior, Kaja Kallas, la política escogida por los 27 para dirigir y coordinar entre las capitales las relaciones internacionales de la UE. Las dos llevan tiempo chocando y la alemana con su agenda y reuniones con líderes extranjeros, la presencia en Cumbres y un refuerzo continuado de las unidades de la Comisión centradas en las relaciones internacionales ha ido laminando a la estonia.

El Reglamento de Retornos, que permitirá entre otras cosas crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, superó este lunes el primer escollo en el Parlamento Europeo (Eurocámara), despejando la vía para su aprobación definitiva en un futuro pleno, informa EFE.

El objetivo de la ley es acelerar y simplificar los procedimientos para el retorno, y otra novedad es la imposición de obligaciones y sanciones a aquellos que deben abandonar la Unión Europea (UE).

La normativa fue aprobada en la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara y salió adelante gracias a una alianza entre los grupos más conservadores, en particular el PPE, ECR (Conservadores y Reformistas Europeos), PfE (Patriotas por Europa) y ESN (Europa de las Naciones Soberanas).

El PPE valoró el voto y justificó la alianza con la extrema derecha para sacar adelante el texto. "Si queremos defender el principio básico del asilo, hay que asegurar que aquellos a quienes se rechaza finalmente abandonan los países. Tenemos un desacuerdo concreto sobre este principio", dijo el eurodiputado francés François-Xavier Bellamy en relación con la posición defendida por los socialdemócratas (S&D).

Añadió que si el PPE encuentra una mayoría con otros que no son S&D y (los liberales) Renew, la sacará adelante porque "hay que dejar de ser pasivos frente a los retos que plantea la migración irregular".

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, señaló: "Hoy el Parlamento Europeo da el primer paso para las deportaciones y la reemigración que Europa necesita".

Por su parte, el eurodiputado sueco Charlie Weimers, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, consideró una "novedad" que por primera vez el Parlamento Europeo (PE) esté "muy cerca del Consejo" en su posición, y recordó que normalmente el PE se sitúa más a la izquierda pero dijo que "esto ha cambiado".

Los socialidemócratas (S&D) se mostraron muy decepcionados por el texto finalmente respaldado, al considerar que propone retornos que reducen "drásticamente" los derechos de las personas afectadas y los centros de retorno en terceros países son un marco legal vinculante. Además, lamentaron la alianza política entre el PPE y la extrema derecha, que "sienta un precedente preocupante".

También los Verdes fueron muy críticos con el voto de hoy. "El texto adoptado, con una mayoría de derecha y ultraderecha, refleja una ideología racista y populista. Pondrá en peligro las vidas de la población y violará su dignidad", lamentó la eurodiputada francesa de los Verdes Mélissa Camara.

Entre las disposiciones que esa diputada considera "problemáticas", aparte de los centros en el extranjero "incluso para familias con menores", se refirió a las "severas sanciones" previstas contra quienes no cooperen en su devolución o prohibiciones de entrada de por vida en un territorio.

La nueva normativa es una pieza más para impulsar las devoluciones, pues en la actualidad solamente uno de cada cuatro migrantes irregulares que reciben una orden de retorno en la UE la abandonan, lo que preocupa a la mayoría de sus miembros.

La legislación permitirá prolongar las detenciones y que tanto la UE como uno o más Estados miembro lleguen a un acuerdo con un tercer país sobre centros de retorno en el extranjero.

España siempre ha expresado dudas jurídicas, políticas y económicas sobre esos centros y ha dicho que podrían tener un "impacto negativo" en las relaciones bilaterales con socios clave en la prevención de la migración irregular en origen.

Lo que se apruebe en el pleno de la Eurocámara, con fecha aún por concretar, será la posición negociadora de esa institución sobre el texto definitivo cara a las negociaciones con el Consejo de la UE.

La Comisión Europea (CE) confió este martes en que Estados Unidos respete sus compromisos comerciales y aseguró que velará por que se protejan "plenamente los intereses de la Unión Europea", después de que Donald Trump anunció que va a "cortar todo el comercio con España" por su postura sobre la ofensiva militar contra Irán.

"⁠Esperamos que los Estados Unidos respeten los compromisos contraídos en nuestra declaración conjunta. ⁠La Comisión velará en todo momento por que se protejan plenamente los intereses de la Unión Europea", dijo a EFE el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, preguntado por las últimas declaraciones de Trump.

Gill afirmó que la posición de la UE "no ha cambiado" y remitió a esos dos "elementos fundamentales" de la declaración que la Comisión emitió el pasado 22 de febrero en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU contra la mayor parte de la política arancelaria de Trump, y del anuncio de éste de nuevos aranceles.

En esa ocasión, el Ejecutivo comunitario llamó a Washington a atenerse a los compromisos adoptados en la declaración conjunta que las dos partes adoptaron en agosto pasado, por la cual se evitaba la escalada de una guerra comercial y se fijaba un arancel general tope para la UE de un 15%.

El Gobierno español aseguró este martes ante las amenazas de Trump que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le advirtió que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos UE-EEUU.

Fuentes del Ejecutivo español salieron así al paso de las declaraciones de Trump en las que aseguró que va a "cortar todo el comercio con España" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán y dijo que "no quiere tener nada que ver" con el país tras la negativa del Gobierno español a autorizar el uso por aviones estadounidenses de las bases españolas de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

Trump también afirmó que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN y advirtió que "nadie" le dirá que no puede usar sus instalaciones.

Las fuentes del Gobierno español recalcaron que si la Administración estadounidense quiere revisar las relaciones comerciales, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos.

La política comercial de los Estados miembros de la Unión Europea con países externos a la UE está exclusivamente en manos de la Comisión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009.

Así, el comercio extracomunitario es competencia exclusiva de la UE y no de los gobiernos nacionales de los países miembros. Esto significa que las instituciones de la UE elaboran leyes sobre cuestiones comerciales y negocian y celebran acuerdos comerciales internacionales.

Las responsabilidades de la UE abarcan el comercio de bienes y servicios; los aspectos comerciales de la propiedad intelectual, como las patentes; la contratación pública, y la inversión extranjera directa.

Dos comisiones del Parlamento Europeo retomaron este miércoles el intento de que toda la Unión Europea (UE) tipifique de la misma forma el delito de violación, en base al consentimiento explícito y no por el uso de la fuerza, algo que el bloque se quedó a las puertas de hacer en 2024, informa EFE.

Las comisiones de Igualdad y Libertades Civiles de la Eurocámara aprobaron una resolución sobre el asunto, que había quedado pendiente de revisión antes de 2029.

El texto pide a la Comisión Europea "que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable", en base a un artículo del Convenio de Estambul que sitúa el consentimiento como eje en este tipo de violencia sexual.

"Sólo es válida una indicación clara, afirmativa, libre e inequívoca de consentimiento (...). El silencio, la falta de resistencia verbal o física o la ausencia de un 'no' no pueden interpretarse como consentimiento; ni el consentimiento previo ni la conducta sexual pasada ni ninguna relación pasada o presente con el agresor (...) implican el consentimiento actual o futuro para cualquier acto sexual", inciden.

El texto, negociado por una docena de eurodiputadas de todos los grupos políticos, salió adelante por 75 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

La resolución apunta a que el consentimiento "debe evaluarse en el contexto de las condiciones circundantes" y no puede darse en casos de violencia, amenaza, abuso de poder, coerción, vulnerabilidad o incapacidad resultante de una intoxicación, una pérdida del conocimiento o la edad, entre muchos otros casos.

La ausencia de una definición armonizada de violación basada en el consentimiento en toda la UE "da lugar a marcadas disparidades en la protección de las personas supervivientes en toda la UE y socava el acceso a la justicia y el enjuiciamiento efectivo de la violencia sexual". señalan las eurodiputadas.

Tanto el Parlamento como la Comisión quisieron incluir la homologación penal del delito de violación en la directiva europea pionera sobre violencia de género, aprobada en 2024, pero un grupo de Estados miembros -con Francia y Alemania a la cabeza- lo vetaron.

La directiva incluía una cláusula por la que los delitos bajo su paraguas se revisarían en cinco años. Si bien no es vinculante, el texto aprobado este miércoles por la comisión de Igualdad es un paso en esa dirección, señalan fuentes parlamentarias.

No obstante, el pleno del Parlamento Europeo que tendrá que dar el visto bueno final a esta resolución está más escorado a la derecha que el que en 2024 (antes de las últimas elecciones) estaba plenamente a favor de la igualar la tipificación penal de la violación.

Fuentes cercanas a la negociación explican a EFE que para llegar al texto final han hecho falta casi una docena de reuniones técnicas, más de lo habitual, y que el grupo socialdemócrata habría cedido en varios puntos clave -como una mención a la cultura de la violación- para asegurarse el voto a favor del Partido Popular Europeo, sin los cuales es inviable alcanzar una mayoría.

Fuentes del PP en el Parlamento Europeo aseguraron que su voto a favor refleja "el apoyo a la protección de las víctimas y el principio de consentimiento como puntos vectores", su defensa del Convenio de Estambul y el esfuerzo por "garantizar la formación especializada de todos los actores implicados, como policía, jueces, fiscales, servicios sociales y el personal sanitario que atiende a las víctimas".

No obstante, recalcan que respaldar la definición de consentimiento en este informe "no es en ningún caso apoyar la ley del 'solo sí es sí'" española, de la que lamentan lo que describen como sus "consecuencias devastadoras".

Podemos, por su parte, incidió en que el texto que ha salido adelante "va en consonancia a la legislación española impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en 2023".

"El Parlamento Europeo aprueba hoy que solo sí es sí, que el consentimiento debe ser siempre explícito y que la ausencia de un no jamás constituye un sí", celebró la delegación morada.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ven "baja" la probabilidad actual de exposición a fórmulas infantiles contaminadas debido a la retirada a gran escala de esos productos, informa EFE.

Ambas agencias han avanzado este jueves los resultados de una evaluación rápida conjunta sobre las últimas evidencias científicas en relación a la presencia en leches de fórmula de la cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus.

Después del reciente estudio de la EFSA sobre los niveles de cereulida que podrían suponer un riesgo para la seguridad alimentaria, las dos agencias han concluido que, debido a las retiradas de productos y las medidas de control implementadas a gran escala, la probabilidad actual de exposición a fórmulas infantiles contaminadas es "baja".

No obstante, han advertido de que pueden producirse casos adicionales si los productos retirados permanecen en los hogares en lugar de ser devueltos.

Hasta el pasado 13 de febrero siete países de la Unión Europea (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, España y Reino Unido) habían notificado casos de bebés con síntomas gastrointestinales tras el consumo de fórmulas infantiles.

Se están realizando investigaciones para identificar más casos y evaluar si los lotes retirados u otros lotes de fórmulas infantiles podrían haber sido el vehículo de la enfermedad, según un comunicado.

La evaluación conjunta indica que la mayoría de los casos notificados presentaron síntomas gastrointestinales leves, aunque también se han reportado hospitalizaciones por deshidratación.

Los expertos han señalado que identificar y confirmar los casos puede resultar "difícil", ya que "los síntomas pueden parecerse a los de las infecciones gastrointestinales virales comunes y las pruebas de cereulida en muestras clínicas no están disponibles de forma rutinaria en muchos entornos".

En diciembre de 2025, empresas alimentarias de varios países comenzaron a retirar varias fórmulas infantiles tras detectarse cereulida en lotes de fórmulas infantiles que contenían aceite de ácido araquidónico (ARA), suministrados por un productor en China.

En febrero, aumentaron las retiradas después de que la EFSA estimara los niveles de seguridad de cereulida en fórmulas infantiles.

En cuanto al impacto en la salud, la evaluación señala que la intoxicación por cereulida suele presentarse con síntomas relativamente leves, pero los bebés (menores de seis meses) pueden ser más vulnerables debido a su mayor sensibilidad a la deshidratación y a las alteraciones electrolíticas.

Los productos retirados no deben administrarse a bebés ni niños pequeños y deben devolverse al punto de venta, según los organismos europeos, que han recomendado seguir las instrucciones y directrices emitidas por las autoridades nacionales de seguridad alimentaria.

Asimismo, han destacado la importancia de estar atento a los síntomas de vómitos y diarrea en bebés y niños pequeños, independientemente de la causa subyacente, así como consultar a un médico si presentan síntomas gastrointestinales persistentes o graves.

Casi una quinta parte de la población de Bélgica está en riesgo de pobreza. Son 1,9 millones de personas las que sufren ese grave problema y el de la exclusión social aparejada, en parte porque un 10% de los belgas perciben unos ingresos inferiores al nivel de pobreza, situado en 18.780 euros por año. Se trata de familias donde atender necesidades básicas como el pago de las facturas energéticas, de agua y comida, reemplazar el mobiliario de sus hogares o realizar viajes regulares se convierte en una recurrente cuesta de enero.

El reciente informe European Consumer Payment sobre los hábitos financieros de los belgas explica que en 2025 ocho de cada diez ciudadanos pagaron a tiempo sus facturas, el nivel más alto desde 2019. Pero el documento elaborado por la sociedad financiera Intrum también advierte de la creciente preocupación por la evolución de la economía, de que un tercio de la población posterga importantes decisiones de gasto y de que los planes de austeridad desarrollados por el Gobierno federal amenazarían aún más estas perspectivas familiares.

Bélgica, pese a estas cifras, es uno de los países con menores índices de pobreza de la Unión Europea, con caídas sostenidas durante los últimos seis años, en parte gracias a aplicar medidas como el aumento del salario mínimo o las ayudas energéticas durante la crisis del precio del gas y la luz, desarrolladas por el anterior Gobierno federal, de Alexander De Croo. Sin embargo, este progreso se ve amenazado por el actual Ejecutivo de Bart De Wever, liderado por una formación de ultraderecha, que en el último año viene aplicando recortes presupuestarios.

Esta semana las calles de Bruselas han vivido nuevas manifestaciones de miles de personas contra los ajustes aplicados en el sector educativo. Sindicatos de profesorado, asociaciones de madres y padres y movimientos estudiantiles rechazan el aumento de las horas de trabajo de los docentes, la reducción de las partidas para la gratuidad escolar o el aumento de las tasas en la educación superior. Fue la tercera jornada de una serie de protestas que culminará en una manifestación nacional a mediados de marzo. En paralelo a estos recortes en la educación, la menor revalorización de los salarios o el endurecimiento en el acceso a la pensión mínima son otras medidas criticadas por los sindicatos belgas FGTB (Federación General del Trabajo de Bélgica, por sus siglas en francés), CSC (Confederación de Sindicatos Cristianos, por sus siglas en francés) y CGSLB (Confederación General de Sindicatos Liberales de Bélgica, por sus siglas en francés) como factores de riesgo para un empobrecimiento de la población.

Las demandas de las tres grandes plataformas sindicales del país coinciden con la propuesta recién aprobada por el Parlamento Europeo para que la UE desarrolle una nueva Estrategia contra la Pobreza y que declara este problema como “una violación de la dignidad humana” y pide a la Comisión y a los Gobiernos de los 27 “trabajar urgentemente para erradicar la pobreza como muy tarde en 2035”.

Los datos de la Comisión Europea muestran que en toda la UE hay cerca de 93 millones de personas que viven en la pobreza o están en riesgo de caer en esa situación o en exclusión social, es decir, aproximadamente el 20,8% de la población, y de ellos, veinte millones son niños y niñas. Esta última cifra supone que una cuarta parte de la infancia en los 27 está afectada por la pobreza. El Pilar de los Derechos Sociales de Bruselas comprometió en el 2021 a que la UE redujese en quince millones las personas en riesgo de pobreza para el 2030, un objetivo que no se está cumpliendo.

Las prioridades de los Estados miembros en el gasto público están en el origen de este desfase entre realidad y voluntad. Un reciente análisis del think tank Friedrich Ebert Stiftung sobre los recortes del Gobierno rumano en su sistema educativo detalla que en el año lectivo 2025-2026 se han reducido las becas para miles de estudiantes, se han fusionado 500 escuelas, se ha incrementado el tamaño de las aulas y se ha endurecido el acceso al transporte escolar gratuito. Como resultado, según la fundación política más antigua de Alemania, 345.000 estudiantes perdieron sus becas en los dos primeros meses del curso, cerca de 440.000 niños se han visto completamente fuera del sistema educativo y Rumanía tiene la tasa de abandono escolar más alta de la UE, del 16,8% frente a la media del 9,4%. “Se están repitiendo errores de la pasada década en una política que golpea a los niños más vulnerables... los niños pobres y aquellos que no destacan ya no son una prioridad”, denuncia el Friedrich Ebert Stiftung.

El texto de la Eurocámara en favor de una estrategia común, aprobado por una amplia mayoría de los legisladores, es “también una llamada en favor de recursos presupuestarios adecuados para las medidas antipobreza en el Marco Financiero Plurianual de la UE y de una coordinación apropiada entre la UE y los Estados miembros”.

El Parlamento Europeo demanda mejor apoyo de Bruselas a los países para implementar la Garantía Infantil Europea, el programa comunitario que cofinancia inversiones a nivel local y regional con el objetivo de garantizar a la infancia acceso a la sanidad gratuita, educación, cuidados infantiles o nutrición. Los eurodiputados exigen al menos 20.000 millones de euros en el presupuesto de la Unión para ese programa y que los Estados miembros aporten el 5% de las partidas del Fondo Social Europeo a proyectos específicos que combatan la pobreza infantil.

El reto que afrontan la Comisión y los Estados miembros es incrementar las inversiones públicas en políticas que garanticen precisamente el acceso universal a la vivienda, comida y agua, atención sanitaria, energía y transporte como forma de reducir la pobreza en el continente. Según el texto del Parlamento, “esto podría ayudar a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza y potenciar la inclusión social y laboral”.

El ponente de la resolución fue el portugués João Oliveira, para quien “la estrategia antipobreza debe ser ambiciosa” y “afrontar las causas estructurales de la pobreza, promover una distribución más justa de la riqueza, mejorar las condiciones de trabajo, asegurar una inversión robusta de los servicios públicos y garantizar el acceso a una vivienda justa para todos”. El diputado del grupo de La Izquierda apuesta por “una activa participación de la gente que ha experimentado la pobreza en el diseño de estas políticas” y cree que “un presupuesto adecuado es esencial para alcanzar” la erradicación de la pobreza en la UE.

Antes del verano la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió a lanzar la Estrategia Europea contra la Pobreza, ahora con deberes claros de inversión pública tanto en el presupuesto comunitario como para los Estados miembros. Von der Leyen prometió ante la Eurocámara que en 2050 esa lacra ya no existiría en toda la Unión, un objetivo cada vez más lejano.

El Gobierno de España se ha quejado ante el de Italia por haber convocado, antes de la cumbre informal de los Veintisiete de este jueves, otra reunión de líderes a la que Pedro Sánchez no había sido invitado y que considera que mina los principios básicos de la Unión Europea (UE). Según el Gobierno, Italia le retiró la invitación al mandatario español tras las quejas sobre el propio encuentro, informa EFE.

Sin embargo, fuentes oficiales italianas afirman que Meloni y Sánchez mantuvieron este jueves un encuentro en el que el presidente español no se quejó por no ser invitado a la reunión previa impulsada por Italia, Alemania y Bélgica.

Sánchez y Meloni "tuvieron la oportunidad de intercambiar puntos de vista al margen de la reunión informal de líderes de la UE. Durante la conversación el presidente Sánchez no planteó ninguna objeción a la falta de invitación a la reunión de coordinación celebrada esta mañana antes del inicio de la reunión en el castillo de Alden Biesen", dijeron a EFE fuentes del Gobierno italiano.

Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE se han reunido este jueves en el castillo de Alden Biesen, en la localidad belga de Bilzen, convocados por el presidente del Consejo, António Costa, con el fin de debatir sobre la profundización del mercado único y la mejora de la competitividad de la Europa comunitaria.

Pero de forma previa, una veintena de líderes mantuvieron un encuentro para coordinar sus posturas en un hotel próximo al castillo, un acto que fue impulsado por el canciller alemán Friedrich Merz; la primera ministra italiana Giorgia Meloni; y su homólogo belga, Bart de Wever.

A esa cita, además de sus convocantes, asistieron los líderes de Francia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Bulgaria, Chipre, Croacia y Eslovaquia.

Por tanto, no estuvieron presentes ni Sánchez ni los líderes de otros siete países: Portugal, Irlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Eslovenia.

El encuentro estaba centrado en avanzar en la "desregulación" y "simplificación" del mercado único, una línea de acción que viene promoviendo Berlín y a la que se ha sumado Roma, con vistas a sacar más partido a la economía europea, entre otras medidas, para reforzar el potencial industrial de los Veintisiete.

Sánchez no hizo declaraciones al término de la cumbre y se dirigió directamente al aeropuerto de Lieja para emprender viaje de regreso a Madrid.

Sin embargo, ante la ausencia de esa invitación, fuentes del Gobierno español han informado de que se pusieron en contacto con el de Italia no para pedir que se le invitara, sino para hacerle saber que esa clase de iniciativas minan los principios básicos de la Unión Europea. En ese sentido, consideran que, en lugar de acercar soluciones en el seno comunitario, las alejan.

De la misma forma, el Gobierno español recalca que Sánchez sí ha asistido al encuentro que ha motivado su desplazamiento a Bélgica, el convocado por el presidente del Consejo en el castillo de Alden Biesen y en el que han estado representado todos los socios de la UE.

De la misma forma, han recalcado que los canales de comunicación existentes entre los gobiernos y mediante los cuales se puede transmitir una queja no tienen por qué ser de forma directa de un jefe de Gobierno a otro, sino que son múltiples, habituales y constantes.

Las fuentes citadas no especificaron los motivos por los que España transmitió su queja a Italia y no a los otros dos países organizadores de la reunión, Alemania y Bélgica.

Meloni se hizo eco en las redes sociales de ese encuentro para explicar que se trata de un nuevo grupo de trabajo informal dedicado a los temas de la competitividad europea.

Además, informó de que los participantes en esa reunión han acordado volver a verse al margen del Consejo Europeo de marzo que se celebrará en Bruselas para mantener la atención centrada en los temas de la competitividad y contribuir a la definición de objetivos concretos y plazos precisos.

En línea con la posición española, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sí trasladó su descontento tanto a Meloni como a los otros dos organizadores de la reunión, Merz y De Wever.

Según fuentes comunitarias, Costa transmitió a los tres convocantes que lo que se necesita para sacar adelante la agenda sobre competitividad es un consenso.

Al hilo de ello, opinó que el lugar adecuado para lograr esa unidad es el Consejo Europeo y no la formación de otros grupos que advirtió de que pueden ser contraproducentes para ese objetivo.

Este jueves los líderes europeos mantendrán una Cumbre informal en el castillo de Alden Biesen, a cien kilómetros de Bruselas y a muy pocos de Maastricht, ciudad fundacional del actual diseño de la UE. No habrá agenda cerrada con puntos por escrito pactados antes por los máximos diplomáticos de los 27. Tampoco habrá a su término conclusiones formales legalmente vinculadas. Pero la reunión se presenta como una cita de importancia para la economía del continente.

La competitividad será el gran tema de discusión entre los líderes, guiada por las propuestas que realice la Comisión Europea y la exposición de dos antiguos jefes de Gobierno italianos, Mario Draghi y Enrico Letta. También se hablará sobre la posibilidad de deuda conjunta europea para financiar sectores estratégicos, una idea que nace muerta por la fuerte oposición que genera en muchas capitales, empezando por Berlín.

El Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen quiere que los Estados miembros eliminen barreras económicas consideradas “inútilmente complejas” en sectores empresariales, principalmente industriales como el químico, el energético, la Inteligencia Artificial o la computación. Von der Leyen planteará en Alden Biesen incluso una UE a dos velocidades si hay países que no quieren avanzar en esta desregulación, bajo la premisa de que el mercado único es disfuncional y necesita una fuerte revitalización. Sobre esta idea, fuentes de Moncloa aseguran que “es clave la integración y más en el contexto actual” y que también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparte “esa necesidad de avanzar en la integración europea en el ámbito de la seguridad y defensa”.

La fragmentación de las normas en sectores económicos entre los diferentes países supondría, según los cálculos del ejecutivo comunitario, barreras comerciales equiparables a unos derechos aduaneros del 45% sobre los bienes y del 110% para los servicios. El Gobierno español se alinea con las tesis francesas de apostar, explican estas fuentes, por el “made in Europe, la idea de la preferencia europea” a la hora de financiar con fondos comunitarios inversiones no sólo en el ámbito militar, también tecnológico, digital o aeronáutico, para potenciar a la economía de la UE y “el establecimiento de condiciones a inversión extranjera productiva en sectores clave”.

Este miércoles, delante del Parlamento Europeo,Von der Leyen reafirmó su postura con un “si realmente queremos simplificar las cosas, debemos aplicar mano dura contra la sobre reglamentación y la fragmentación... es tiempo de proceder a una gran limpieza reglamentaria, a todos los niveles”. Lo dijo justo antes de verse con veinte líderes europeos en la ciudad belga de Amberes en la European Industry Summit, un cónclave entre grandes empresas del continente que desde hace dos años apuesta por la simplificación o desregulación normativa, precisamente la senda marcada por la alemana.

Las palabras de Von der Leyen y las propuestas que expondrá en la reunión informal de líderes comunitarios coinciden con las reclamaciones que desde hace meses realizan las grandes empresas europeas, sus patronales y asociaciones en Bruselas. Un lobby que ha permeado en la Comisión Europea, como están denunciando organizaciones que controlan la influencia de los grupos de presión, ONGs y representantes de la sociedad civil.

“Este tendencia recurrente de compromisos exclusivos plantea una cuestión fundamental: ¿está la política europea siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los más grandes lobbies industriales del continente?”, han escrito en una carta 16 importantes organizaciones sociales como Transparencia Internacional, Friends of the Earth Europe, el Sindicato de Servicios Públicos Europeos o Corporate Europe Observatory.

Las reuniones que desde 2024 celebra CEFIC, la gran patronal de la industria química, en Amberes con los principales dirigentes europeos funcionarían, denuncian estas organizaciones, “como una hoja de ruta oculta para la Unión Europea” en la que las propuestas para “potenciar la economía se han convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las garantías democráticas europeas” con una “sistemática marcha atrás en las protecciones vitales climáticas, medioambientales o sociales”.

En la carta de invitación a Alden Biesen para los líderes de los 27, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, parece posicionarse en favor de las ideas de la industria europea. “En 2026 me gustaría que nosotros ofreciésemos el mismo impulso político al área de la competitividad” que el conseguido para los proyectos de de defensa, escribe el portugués. Según Costa, “en el actual contexto geopolítico, fortalecer el mercado único es, más que nunca, un imperativo estratégico urgente”, y en la misiva apoya las bases sobre las que se mueve la Comisión Europea, “un fuerte motor de simplificación para los ciudadanos y las compañías”.

Desde que Ursula von der Leyen asumió la presidencia de la Comisión Europea en 2019, las reuniones con las grandes asociaciones empresariales se han ido incrementando. Business Europe, la patronal de patronales en el continente, es claramente el gran interlocutor escogido por el Ejecutivo comunitario de la alemana. En 2014 el luxemburgués Jean Claude Juncker dirigía la Comisión y hasta 2023, un periodo de nueve años, hubo un total de 145 encuentros al más alto nivel con comisarios europeos, pero de ellos más de la mitad, 87, fueron en el primer mandato de Von der Leyen, entre 2019 y 2023.

Los cálculos de The Good Lobby, que también reacciona en un comunicado público al encuentro de Amberes, son que “el 40% de las reuniones mantenidas por miembros del gabinete de los comisarios fueron con compañías individuales, mientras que con asociaciones empresariales contabilizaron un 29%”. En total, casi un 70% son este tipo de encuentros privados, cuando las “ONG representan un 16% de las reuniones mantenidas en el mismo periodo”, es decir, durante el segundo mandato de la Comisión Von der Leyen, desde el verano de 2024.

Datos a los que ha accedido infoLibre muestran que entre 2019 y 2024, primera Comisión Von der Leyen, los encuentros con representantes empresariales contabilizaban un 62% del total y con la sociedad civil un 22%. Además, hay apuntes llamativos sobre la importancia de ciertos sectores en esta actividad. En su primer mandato, cerca de 900 reuniones de comisarios europeos o altos funcionarios de sus equipos fueron con lobistas de la industria de los hidrocarburos. En el periodo 2019-2024, los lobistas de Google se reunieron 125 veces con comisarios o altos funcionarios de la Comisión, más que ninguna otra compañía, patronal o asociación civil inscrita en el registro oficial de la UE. Airbus, el gigante aeronáutico europeo, mantuvo una cifra de encuentros similar.

“Este nuevo desglose indica contactos incluso más frecuentes y más desequilibrados con actores corporativos al más alto nivel político, pese a la narrativa pública de un compromiso equilibrado con las partes involucradas” en los procesos legislativos, critica un representante de una organización que se dedica en Bruselas a controlar la actividad de los lobbies.

Según el informe Lobby Report 2024, elaborado por Lobby Control, “en general, las entidades que representan intereses comerciales se reunieron con tres veces más frecuencia que aquellos que representan intereses no comerciales, destacando el acceso desproporcionado de los lobistas empresariales a los responsables de decisiones en la UE”.

Hay sectores donde esta disparidad fue más que evidente en el anterior mandato de Von der Leyen: “Los lobistas empresariales dominan las reuniones directas con los responsables de decisiones en la UE. Por ejemplo, durante las discusiones sobre la regulación de la Inteligencia Artificial, 93 de las 120 reuniones mantenidas con altos funcionarios de la Comisión Europea fueron con compañías o sus asociaciones, mientras que sólo 21 reuniones involucraron a representantes de la sociedad civil”, según el documento. Una tendencia que va en aumento en su segunda Comisión y que ha conseguido su objetivo: permear y condicionar sus propuestas políticas.

La tensión sigue aumentando entre Estados Unidos y Europa en un conflicto político, comercial y de seguridad que se extiende a Reino Unido o Noruega. La reacción furibunda de Donald Trump al despliegue de militares de siete países acompañando a Dinamarca en Groenlandia con un arancel adicional del 10% a sus productos, y el aumento al 25% el 1 de junio, por “tanto tiempo hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia” está removiendo Bruselas y las capitales del continente como nunca antes.

Esta semana los líderes europeos convocados de urgencia a una Cumbre por el presidente del Consejo, Antonio Costa, “dada la relevancia de los recientes acontecimientos” ante la agresión comercial decretada por el estadounidense, buscarán mostrar “un fuerte compromiso” en “solidaridad con Dinamarca y Groenlandia”, ya que “las tarifas debilitarían las relaciones trasatlánticas y son incompatibles con el acuerdo comercial UE-Estados Unidos”.

Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Reino Unido y Noruega son los afectados por ese golpe arancelario y, por extensión, toda la UE que creía haber calmado en julio el unilateralismo comercial de Trump gracias al acuerdo tarifario suscrito en Turberry. Un pacto que ahora pende de un hilo y cuya aplicación por el momento quedará suspendida.

La presión creciente, las amenazas y coacciones a Dinamarca y a toda Europa para tomar Groenlandia lo han tumbado, una posibilidad que hace tan sólo una semana semejaba complicada pese a las presiones de eurodiputados daneses de todas las formaciones y el creciente apoyo a favor en las filas socialdemócratas y liberales mientras verdes e izquierda apostaban claramente por ello en el Parlamento Europeo.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia en la Eurocámara y que empujó a los populares europeos a frenar el acuerdo comercial que rebajaba a cero las tarifas a la mayoría de los productos estadounidenses ha sido la reacción del jefe de la Casa Blanca contra esos ochos países. Desde el 1 de febrero sus productos sufrirán un arancel adicional del 10% y el golpe sería mayor a las puertas del verano si Dinamarca no entrega su isla.

“El PP europeo está a favor del acuerdo comercial entre la UE y los Estados Unidos, pero dadas las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, su aprobación no es posible en este momento”, decretó el todopoderoso jefe de esta formación, Manfred Weber. El bávaro señaló que el pacto suscrito por la Comisión “debe ser puesto en pausa”. La tregua a la guerra comercial alcanzada en julio corre ahora serio riesgo.

El pasado miércoles una reunión entre los presidentes de todos los grupos parlamentarios ya retrasó la decisión sobre la aprobación de este acuerdo, que debería pasar su primer filtro el 26 de enero, en el Comité de Comercio Internacional. Hasta hace pocos días, fuentes consultadas por infoLibre pese a las protestas de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda dudaban que los populares se atreviesen a dar el paso. Explicaban que el socialdemócrata Bernd Lange, presidente de dicho Comité, quería votar el texto del acuerdo y las enmiendas a la resolución con compromisos, para que así la Eurocámara tuviese la opción de poder suspenderlo a futuro. Los populares, señalaban estas fuentes, no estarían dentro de este compromiso y hasta votarían con la extrema derecha.

La aceleración de los acontecimientos sobre Groenlandia ha cambiado el tablero de juego en sólo unos días, lo que ha forzado una reacción de Manfred Weber, también porque dentro de sus filas la incomodidad de eurodiputados conservadores daneses, bálticos o suecos era más que evidente. Este miércoles los jefes parlamentarios discutirán de nuevo la cuestión con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ya para suspender esa entrada en vigor del acuerdo comercial. Mucho tendría que ceder Donald Trump en sus ambiciones sobre la isla danesa para que en febrero el Pleno del Parlamento votase a favor de ese pacto, como estaba previsto inicialmente.

“No podemos ser más los sumisos de los Estados Unidos”, exige Manon Aubry, jefa de La Izquierda en la Eurocámara y vicepresidenta del Comité de Comercio, quien denuncia que el golpe de Trump se debe “la ausencia de reacción de la UE ante el secuestro de Maduro en Venezuela”, ya que el mandatario estadounidense se sabe impune “para violar el derecho internacional”.

Este domingo por la tarde los embajadores de los 27 ante la UE, los máximos diplomáticos de cada líder en Bruselas, encargados de negociar antes de las Cumbres los asuntos más peliagudos, desde las grandes partidas presupuestarias de la UE, las cuestiones económicas, la seguridad y defensa comunitaria o la respuesta a crisis internacionales, mantuvieron una reunión sobre la tensión creciente con Washington.

Los gobiernos europeos a través de sus diplomáticos decidieron esperar hasta el 1 de febrero para ver si Trump ejecuta ese arancel del 10%. Si lo hace, la UE contraatacará con tarifas a productos estadounidenses por un importe de 93.000 millones de euros. En la reunión hubo posturas como la francesa demandando más mano dura contra Washington. El presidente Emmanuel Macron pide “la activación del Instrumento Anti-Coerción”, en vigor desde 2023 pero nunca ejecutado, si un “tercer país busca ejercer presión contra la UE o un Estado Miembro aplicando o amenazando con medidas que afecten al comercio o la inversión”.

Los Estados Unidos de Trump estarían ejerciendo esta coacción, “interfiriendo en las decisiones soberanas legítimas de la UE y sus Estados Miembros”. Si el Instrumento se activa y Bruselas no consigue que Washington ceda, podría bloquear el acceso al mercado comunitario de sus productos, limitar sus inversiones en bienes, servicios o mercados financieros y hasta restringir la participación de sus empresas en los concursos públicos.

El propio Antonio Costa, al convocar el jueves a los líderes, ha explicado que deben “estar preparados para defendernos frente a cualquier tipo de coacción” y “unidos en los principios de las leyes internacionales, la integridad territorial y la soberanía nacional”.

Las voces apaciguadoras ahora mismo en Bruselas son la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el tradicional frente euroescéptico de húngaros y eslovacos. Meloni habló este domingo con Trump por teléfono y cree que existió “un problema de comprensión y comunicación” con el despliegue de los militares europeos en Groenlandia. Y aunque calificó como un error la reacción del estadounidense, pide “retomar el diálogo y evitar una escalada”.

Sin embargo, la realidad se impone por encima de sus deseos. Y además de la represalia comercial en la Eurocámara o de la que pueda salir de la Cumbre extraordinaria, Dinamarca y los siete países desplegados en Groenlandia mostraron su voluntad de incrementar esa presencia militar en la isla declarando “el ejercicio coordinado danés “Resistencia Ártica” conducido con los aliados responde a la necesidad de fortalecer la seguridad del Ártico y no supone una amenaza para nadie” por lo que mostraron su compromiso a “reforzar nuestra soberanía” además de denunciar los aranceles de Trump por “debilitar las relaciones trasatlánticas y arriesgar con una peligrosa espiral negativa”.

Groenlandia está ya en el podio de las preocupaciones de Bruselas en este inicio del 2026. Durante meses, las palabras de Donald Trump, sobre el territorio extra comunitario fueron vistas con ligereza y como una bravuconada más del presidente de los Estados Unidos, aunque las alarmas sonasen a raíz de la visita realizada por su número dos, JD Vance. El asalto a Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro han mostrado a las autoridades de la UE, a Dinamarca y al resto de Estados de la Unión de lo que es capaz el dirigente de la Casa Blanca.

La maquinaria política de los 27 y la Comisión Europea se ha encendido porque en Bruselas ya nadie se toma a la ligera la amenaza real sobre la isla de la corona danesa. Copenhague está movilizando a sus diplomáticos en la OTAN, el principal foro donde puede presionar hasta cierto punto a Washington en un frente coordinado con sus aliados, mientras Francia involucra a Alemania y a Polonia en posibles misiones militares en el Ártico. Alemania ahora también estudia esa idea.

París ha ejercido de motor diplomático en la UE ante cierta parálisis del resto de socios. Aprovechando el encuentro en la capital gala de la coalición de voluntarios para la ayuda militar y económica a Kiev, el presidente Emmanuel Macron impulsó un comunicado de siete países, incluyendo a Dinamarca, país afectado, reafirmando la soberanía danesa de la isla. Representó la primera reacción de contundencia en la Unión ante el desafío groenlandés.

“Groenlandia pertenece a su gente. Depende de Dinamarca y de Groenlandia, sólo de ellos, decidir los asuntos que dependen de Dinamarca y Groenlandia”, insiste la declaración, firmada por el anfitrión, el presidente Pedro Sánchez, el canciller Friedrich Merz y los primeros ministros de Italia, Polonia y Reino Unido, además de la afectada, la danesa Mette Frederiksen.

Guntram Wolff, ex director del think tank bruselense Bruegel y del German Council of Foreing Relations, destaca que Macron es el líder europeo que más parece involucrarse en esta crisis. En junio visitó Nuuk, capital de la isla, para “reafirmar su apoyo incondicional a la integridad territorial de Groenlandia”. Wolff plantea para Europa “una opción más inteligente” que esperar y ver, “estrategia vacía y que invita [a Washington] a crear hechos sobre el terreno”. Se trataría de la “cooperación discreta pero sustancial con Dinamarca y el gobierno de Groenlandia”, “enviando fuerzas militares adicionales que refuercen las estructuras actuales, apoyadas por defensas navales y aéreas”. A juicio del alemán, esto “enviaría una señal política” sin representar “un acto de provocación” hacia Washington, al tiempo que “Europa también cambiaría los cálculos de política doméstica en los Estados Unidos y redefiniría una nueva relación trasatlántica”.

Europa es consciente de que si Estados Unidos toma por la fuerza de Groenlandia la OTAN implosionaría. Y ante esta realidad, el Gobierno alemán ha despertado. Berlín y Londres ya estarían discutiendo planes para aumentar su presencia militar en el territorio danés dentro de una misión conjunta de la Alianza Atlántica en la región ártica.

La primera ministra Mette Frederiksen acaba de reconocer la existencia de “un conflicto” y que su país afronta “un momento decisivo” con los Estados Unidos sobre Groenlandia. Temores que recoge Marco Buti, jefe de gabinete del ex comisario de Economía, Paolo Gentiloni. El italiano escribe que las conversaciones sobre el territorio danés no pueden “basarse en un escenario central de optimismo” ya que “Trump se comporta precisamente según sus reconocidas pretensiones, o incluso las supera”.

Buti es crítico con la estrategia negociadora de la actual Comisión en el pacto comercial con la Casa Blanca, por eso recomienda “no realizar concesiones” sobre Groenlandia y “nunca confiar en un acuerdo como definitivo”, ni creer que “la preferencia, como dijo el secretario de Estado Marco Rubio, de comprar la isla en vez de usar medios militares debería verse como el inicio de una desescalada, sino más bien la confirmación del compromiso de Estados Unidos a alcanzar plenamente sus objetivos”. Las advertencias de quien fue también asesor del antiguo presidente de la Comisión, Romano Prodi, son claras.

Igual que Guntram Wolff, Marco Buti apuesta porque “fuerzas militares de la UE sean enviadas a Groenlandia, de acuerdo con Copenhague y Nuuk, como señal del compromiso de Europa con la integridad territorial” de la isla. “La UE y sus gobiernos deberían proteger proactivamente Groenlandia frente al expansionismo de Estados Unidos” pide el antiguo alto funcionario europeo.

En julio, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, firmó en Escocia un controvertido acuerdo comercial con la Administración Trump que ponía fin a la guerra arancelaria desatada por la Casa Blanca. El pacto estipula que la mayoría de las exportaciones europeas a territorio estadounidense estarán sujetas a una tarifa del 15%. Además, la UE se compromete a abolir las tasas del 10% a bienes industriales de ese país, como por ejemplo a sus coches y componentes automovilísticos. Sin embargo, este acuerdo está pendiente de su aprobación en el Parlamento Europeo y empieza a cobrar fuerza la oposición contra él.

En la Eurocámara se está forjando un frente de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda en su contra, como medida de presión ante las amenazas de Trump. Los populares europeos tampoco son inmunes al contexto geopolítico actual y algunos de sus importantes legisladores no rehúyen esta posibilidad. Eurodiputados ecologistas en el Comité de Mercado Interior, italianos del Partido Democrático en la Delegación de Relaciones con los Estados Unidos o danesas liberales del Comité de Comercio Internacional hablan de frenar la tramitación parlamentaria de ese acuerdo, lo que de facto supondría ponerlo en el congelador.

El miembro de la izquierda danesa, Per Clausen, en una carta abierta a sus colegas parlamentarios, ha pedido que la presidenta de la institución, Roberta Metsola, paralice la votación del acuerdo comercial el próximo mes. “Si aceptamos este acuerdo mientras Trump está amenazando el orden internacional y realizando reclamaciones territoriales directas contra Dinamarca, se vería como una recompensa a estas acciones y sólo añadiría combustible al fuego”, escribe Clausen.

Suspender la ratificación del acuerdo comercial generaría un grave enfrentamiento político con la Administración Trump, abrirse a nuevas represalias arancelarias desde Washington, un escenario que en la Comisión Europea prefieren evitar. Pero en el Parlamento Europeo, con las tensiones en torno a Groenlandia, parece difícil que ahora mismo exista una mayoría de diputados a favor. Sería el primer golpe en la mesa de la UE ante al autoritarismo de la Casa Blanca.

El 0,018%. Ese es el porcentaje sobre el total de la fortuna de Elon Musk que significa la multa de 120 millones impuesta por la Unión Europea a X por incumplir la regulación del Viejo Continente en materia de redes sociales. Un número irrisorio. Calderilla, a los ojos del hombre más rico del mundo. Sin embargo, ese 0,018% ha desatado la ira del dueño de Tesla hasta el punto de iniciar una cruzada contra todo lo que suene a europeo en su cuenta personal de X. Desde el momento en que conoció la sanción, Musk ha pedido la “abolición” de la UE, ha reiterado su convencimiento de que Europa está siendo invadida por migrantes, azuzando teorías de la conspiración como la del Gran Reemplazo, y ha denunciado una persecución contra él y la libertad de expresión. 

Podría parecer pura palabrería, salvo porque no lo es. Los ataques del hombre más rico del mundo a la UE esconden el deseo de Musk de operar sin ningún tipo de restricción ni regulación en uno de los mercados más importantes del mundo y en el que el magnate tiene intereses económicos y estratégicos mucho más profundos. Desde la Ley de Servicios Digitales, la cual ha servido para multar a X, hasta toda la legislación en materia de inteligencia artificial, Musk está tratando de presionar para que, poco a poco, pueda ir penetrando aún más y más en Europa.

Y en cierta forma, lo está consiguiendo. Tanto él como Meta y otras empresas estadounidenses lograron, mediante un potente esquema de lobby, que la UE vaya posponiendo la entrada en vigor de las leyes de IA, a la vez que rebajaran alguno de sus estándares más lesivos para ellos. Pero la cuestión va más allá de una regulación en específico. Las grandes empresas tecnológicas de EEUU quieren, por encima de todo, penetrar en Europa para continuar influyendo en el Viejo Continente, parasitando sus infraestructuras para, en última instancia, aprovecharse de ellas y usarlas para servir a sus propios intereses. 

Sin embargo, para Albert Banal Estañol, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y experto en regulación corporativa y de mercado, nos equivocaríamos si empezáramos a analizar por ahí la situación. “Musk hace muchísimo ruido, pero la penetración de las empresas y fondos de inversión estadounidenses en Europa es altísima. Si observamos a los máximos accionistas de los bancos españoles, en la mayoría de ellos figurará Blackrock, precisamente un fondo norteamericano. Muchas veces, pensamos que el Santander u otras empresas europeas siguen en manos de familias como la Botín, pero no es así, estas suelen ser socios ya muy minoritarios y cuyas acciones han sido galvanizadas por EEUU”, advierte Banal.

El peso de todos esos fondos estadounidenses se hace patente en todos los sectores, y en el tecnológico tiene un peso especialmente importante porque implica un debate mucho más profundo. “Estos temas no se debatían antes, pero de aquí a unos pocos años ha resurgido con fuerza por el enfoque de la seguridad. Si estas empresas y sectores tan estratégicos están controlados por millonarios estadounidenses como Musk y no por europeos, cuando suceda algo, ¿qué intereses defenderán? ¿Los del lugar en el que operan, Europa, o del país al que pertenecen, EEUU?”, se pregunta Banal.

Pero no solo es un tema de dependencia, también de eficiencia. La UE y sus Estados miembros han desplegado, durante los últimos años, una infraestructura digital para proveer internet a la población muy desarrollada. En su mayoría, han sido los propios países, mediante subvenciones e inversiones privadas quienes han ido construyendo, a lo largo del tiempo, esa potente red de internet. La cuestión con Musk es que, si el multimillonario consigue contratos con países europeos, se aprovecharía de esa infraestructura, que es ya de por sí muy efectiva, y por la que él no habría desembolsado ni un solo euro. Porque sí, Starlink ofrece conexión por satélite, pero la propia empresa describe que su servicio necesita una infraestructura terrestre a la que conectarse. 

Ahí es donde Musk quiere sacar tajada. Por poner un mapa de la situación, el informe anual de la Comisión Europea sobre conexión a internet en Europa afirmaba que en 2024 (último año con registros), el 97% de los hogares tenía acceso al menos a una red fija principal y el 94% a redes de banda ancha ultrarrápida. Pese a que existen aún brechas amplias, sobre todo en determinados países menos desarrollados y en zonas rurales, la gran asignatura pendiente de la UE, la infraestructura europea es una de las metas más apetecibles para Musk. Y es que, cuanto mejor sea esa red terrestre, mejor funcionará el servicio de Starlink ahorrándose ese coste estructural y, por tanto, más beneficio podría tener el multimillonario. 

Aunque las ventajas para Musk no se quedan ahí. Penetrar en un sector tan sensible como la comunicación le da una capacidad de influencia inaudita a nivel político precisamente por la dependencia que puede crear a los Estados de sus propias empresas. “La UE es un mercado único en el mundo, 450 millones de habitantes con un poder adquisitivo sin igual. Desde el punto de vista económico está claro el porqué quiere entrar. Pero también le garantiza cierto nivel político que no solo le da la capacidad de influir en Europa, sino también en el propio EEUU, en tanto que su empresa tiene cada vez más preponderancia en términos de poder blando. Es algo que preocupa incluso internamente en el país norteamericano. Lo vimos con ese conflicto de unos pocos días con Trump, en el que la NASA intentó diversificar y desarrollar estructuras propias para no depender de SpaceX”, recuerda Daniel Gil, analista en Political Room experto en asuntos europeos.

Para hacer frente a esta dependencia, el profesor de la Universidad Pompeu Fabra insiste en que no cree que la pregunta sea tanto si esos sectores deben ser controlados por empresas europeas o no, sino si deben serlo por públicas o por privadas. “Da igual que una empresa tenga la sede en Milán si está dominada por capital estadounidense. Eso es algo que sucede continuamente. La mejor forma para parar la deriva de empresarios como Musk es crear corporaciones públicas poderosas que defiendan realmente los intereses de la UE y que puedan estar alejadas de todo intervencionismo extranjero”, continúa Banal.

El problema, reconoce, es que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. En el terreno de internet, los Veintisiete impulsaron hace tres años el programa público IRIS² como un instrumento que mantuviera en manos europeas todo lo relacionado a la infraestructura digital. El objetivo, en suma, era que los países europeos no tuviesen que recurrir a empresas como Starlink para llevar a cabo estos servicios. Sin embargo, como suele pasar con este tipo de iniciativas, los tiempos son largos, el ritmo lento y las necesidades, urgentes. 

“La UE está en etapas muy iniciales en el desarrollo de este tipo de empresas, y en las que está más avanzada aún le falta escalar para ofrecer soluciones continentales. Sí, es cierto que hay corporaciones potentes y con talento, pero en países específicos o sectores muy concretos”, describe Gil. De hecho, si todo va bien, la UE prevé que los primeros lanzamientos de satélites de programa se lleven a cabo en 2029 y que IRIS² pueda estar completamente operativo en 2030.

Otro de los deberes de los Veintisiete es llegar a tener a esos “campeones” sectoriales, es decir, empresas muy potentes a nivel global que puedan competir con las estadounidenses en puntos tan críticos como el de internet. “Es el gran anhelo de la UE, pero al final se hacen proyectos como el IRIS² que pretenden hacer en 10-15 años lo que no se ha hecho en 50”, insiste Gil. A eso se suma la dificultad para competir contra empresas como Starlink y SpaceX que ya han permeado al gran público y son parte asidua de los medios de comunicación porque, precisamente, llevan mucho tiempo construyendo su marca y recibiendo dinero. “Ahora nosotros queremos replicar ese éxito con menor inversión y, en muchas ocasiones, con menos recursos humanos y ofertas laborales menos competitivas, que hace muy difícil acercarse a las empresas de EEUU además en un periodo de tiempo tan corto”, confirma el analista.

Ese cuestión fue el que se encontró la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuando Elon Musk le ofreció Starlink para hacerse cargo de las comunicaciones satelitales reservadas de su ejército y servicio de seguridad nacional. Las conversaciones fueron enormemente polémicas, pues significaría poner en manos del hombre más rico del mundo algunos de los datos más importantes y secretos de uno de los Estados miembros clave de la UE. “Toda dependencia de alguien es una mala situación, da igual de quien sea, ya sea Rusia, China o EEUU. Lo que buscan los estadounidenses es penetrar en la UE a toda costa, y eso tiene un riesgo de seguridad más que evidente”, advierte Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Finalmente, el acuerdo quedó paralizado. En Italia pesó más el miedo a que Musk pudiera acceder a esas comunicaciones que el deseo de contar con esa tecnología, aunque no existe la garantía de que siempre sea así. “Ese dilema lo van a tener muchos Ejecutivos. Contratar un servicio extranjero de mayor calidad o sacrificar eso en virtud de cuidar la autonomía estratégica”, comenta Banal. Y lo peor, para el experto, es que no existe ninguna regulación europea que nos proteja de esa injerencia extranjera: “Existe en algunos sectores concretos, pero en su mayoría estamos completamente desprotegidos. Reino Unido, por ejemplo, impulsó mucho esa desregulación y países como Francia, que en el pasado incluso protegieron una empresa tan inocua como Danone de capital no francés, ahora tampoco está haciendo fuerza. Quizás ahora desde el prisma de la seguridad se pueda incentivar, pero es algo francamente difícil de gestionar y de poner la frontera”, señala Banal.

Ante esa desprotección, la presión no para. Musk lleva desde hace muchísimo tiempo apoyando sin cortapisas a partidos de extrema derecha europeos para que, al llegar al poder, puedan velar por sus objetivos. En las pasadas elecciones alemanas, el hombre más rico del mundo llegó a tomar parte directamente por los ultras de Alternativa para Alemania (AfD) llegando incluso a entrevistar a su candidata, Alice Weidel, en X y a decir que era la única fuerza capaz de “salvar” al país. El partido alemán es uno de los protegidos de Musk, pero no el único: Reform UK en Reino Unido, Vox, Rassemblement National en Francia, AUR en Rumanía, La Lega en Italia… todos ellos han visto como Musk ha hablado a su favor. 

Nada de esto es casual. “Cabe imaginar que se junta por un lado un tema de naturaleza ideológica y otro de negocios, y ambos son igualmente preocupantes. La última estrategia de seguridad de Trump define a la UE como un actor a destruir. Él quiere manejarse con 27 países, cada uno por separado, porque la relación de fuerzas es tan superior a favor de EEUU que cuenta con que puede vencer las resistencias de todos ellos. Si además alimenta este tipo de partidos, también tienen un socio dentro de cada uno de esos países, que es muy difícil que resistan el empuje estadounidense”, advierte Núñez Villaverde.

La Unión Europea apuesta por el próximo 12 de enero como la fecha para celebrar en Paraguay la firma del acuerdo comercial con Mercosur que se pospuso este jueves por las dudas de última hora de Italia y el rechazo de Francia, una opción que todavía deben confirmar los cuatro países del bloque latinoamericano, dijeron a EFE fuentes europeas.

Bruselas esperaba firmar el acuerdo junto a sus socios del Mercosur este sábado en Brasil, pero antes era necesario que los países de la Unión Europea validaran el acuerdo este viernes por mayoría cualificada (quince países que representen al 65% de la población) y en la víspera se constató que el apoyo no llegaba a los mínimos necesarios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó la pasada madrugada que los socios europeos necesitan "unas semanas más", por lo que se habían puesto en contacto con sus homólogos del Mercosur para acordar "posponer ligeramente la firma". "No se pierde mucho con estas tres semanas después de 26 años", añadió el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Antes de la potencial firma el 12 de enero, los países tendrán que volver a intentar reunir esa mayoría cualificada para el pacto, voto en el que será clave ver si Italia ha resuelto los problemas con su sector agrícola que obligaron a posponer la firma inicialmente.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó por su parte que "no sabe" si su Gobierno estará dispuesto a apoyar la firma en enero y condicionó su apoyo a "garantías" que incluyan una dotación suficiente de la política agrícola común (PAC) y ofrecer un "marco" a la agricultura francesa ante los desafíos que ha enfrentado en los últimos años.

Fuentes comunitarias se mostraron este viernes optimistas con poder culminar la firma en enero y señalaron que se está trabajando con Roma y París en las salvaguardas y en posibles compensaciones para agricultores con las que esperan poder contentar a ambos gobiernos.

En paralelo, los ministros de Exteriores de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) iniciaron este viernes su cita semestral en Brasil con una reunión informal de media hora en la que abordaron a puerta cerrada la situación del acuerdo tras la petición de los europeos de que se aplace su firma hasta enero.