El Ateneo de Madrid vuelve a estar en el punto de mira del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Lo que en 2023 comenzó como un pulso presupuestario, con la retirada de la subvención nominativa que la institución recibía de la Comunidad de Madrid, ha escalado ahora hasta una ruptura política abierta. El Ejecutivo autonómico da por rotas sus relaciones con la casa bicentenaria de la calle del Prado y pone nombre y apellidos al motivo: Luis Arroyo, presidente del Ateneo, consultor político y ahora portavoz autorizado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra.

La acusación que llega desde Sol ya no se limita al argumento utilizado hace dos años, cuando la Consejería de Cultura, encabezada por Mariano de Paco, defendió que las ayudas debían pasar de una subvención directa a un sistema de financiación por proyectos. Ahora el mensaje es abiertamente político. Fuentes del Gobierno madrileño citadas por El Confidencial acusan a Arroyo de ser "un activista del PSOE" y sostienen que el papel que ha asumido en la defensa pública de Zapatero ha sido la gota que ha colmado el vaso. 

Así, el PP madrileño pasa de retirar una ayuda económica a declarar la guerra institucional al Ateneo mientras el consultor siga al frente. Fuentes cercanas a la presidenta madrileña confirman a infoLibre que Ayuso no acude al Ateneo por la “politización que hace Luis Arroyo de la institución” y algunos cargos del PP como la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, celebraban la decisión del Ejecutivo regional. “El Ateneo de Madrid lleva lustros sumido en el fango. Pero su actual presidente, el vocero del joyero, lo ha rematado. ¡Saquen sus sucias manos de una institución histórica ya!”, señalaba Negro en X. 

Por su parte, Luis Arroyo asegura a este periódico que mantiene "absolutamente al 100%" su compromiso con “la pluralidad, la apertura y la tolerancia del Ateneo”, y afirma que defenderá esos principios, pero que eso no implica “renunciar a sus ideas políticas” ni tampoco “expresarlas públicamente”, aunque insiste en que lo hará manteniendo su compromiso “con la pluralidad de la casa y el respeto institucional”.

Arroyo subraya que los presidentes del Ateneo han tenido históricamente una significación política, "empezando por [Manuel] Azaña" y siguiendo por “Carlos París y Enrique Tierno Pérez-Relaño”, el hijo del exalcalde de Madrid Enrique Tierno Galván. Recuerda también que por la institución han pasado 11 primeros ministros y, aunque admite que el Ateneo es una casa "más progresista que conservadora", por sus características republicanas y su marcado contenido social, insiste en que hay “espacio para todos”.

Además, Arroyo asegura no tener  “ningún tipo de interés” en presentarse a la alcaldía de Madrid por el PSOE el próximo año, como le han atribuido algunos medios, y sostiene que tampoco “ha recibido ninguna llamada del partido” para proponérselo. Sí admite que dirigió brevemente la campaña de Reyes Maroto, la exministra de Industria y candidata del PSOE en las elecciones de 2023, pero que “nadie le ha pedido nada” en ese sentido.

Sobre la relación con la Comunidad de Madrid, Arroyo asegura que mantiene una interlocución "amable" con el consejero de Cultura y explica que el Ateneo recibe subvenciones por la biblioteca de la institución, una cuantía que cifra en 100.000 euros en 2025 y en 126.000 euros en 2026. Una cuestión en la que también inciden en el equipo de Ayuso, que señalan que el Ateneo “sigue recibiendo aportaciones de financiación de la Comunidad de Madrid”, con la particularidad de que hasta hace dos años “era nominativa y ahora por proyectos concretos”.

El consultor también afirma que se ha dirigido personalmente por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid para pedirle que visite el Ateneo y añade que "bajo ningún concepto" promovería nada contra esa relación institucional. En ese sentido, recuerda que todos los expresidentes del Gobierno y el actual inquilino de La Moncloa, Pedro Sánchez, “son ateneistas” y que la institución recibe a personalidades de toda ideología. Es más, este jueves acudirá Leopoldo López, padre del preso político venezolano, a presentar su libro, titulado La lucha continúa y el siguiente martes está prevista la presentación del libro de  la periodista Ketty Garat sobre las presuntas tramas de corrupción del entorno de Sánchez.

Bajo la presidencia del consultor, que llegó al cargo en 2021, han pasado figuras de la derecha y del liberalismo conservador. El expresidente Mariano Rajoy participó en febrero de 2023 en la presentación del libro Historia de las derechas en España y, tanto él como su antecesor en el cargo, José María Aznar, se hicieron socios durante el mandato de Arroyo. El exportavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha intervenido en actos de la casa y el pasado abril protagonizó uno de Los Desayunos del Ateneo. En mayo de 2025, el Ateneo también acogió el Foro Libertad y Democracia con Aznar, Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, Cayetana Álvarez de Toledo y José Luis Martínez-Almeida, entre otros.

No es la primera vez que se produce un choque entre la Comunidad de Madrid y la bicentenaria institución. En diciembre de 2023, el Gobierno madrileño dejó fuera al Ateneo de la lista de instituciones con subvención nominativa en los presupuestos autonómicos. La ayuda, que había llegado a los 350.000 euros con Esperanza Aguirre y se había mantenido en 150.000 euros con Cristina Cifuentes y durante los primeros años de Ayuso, fue primero rebajada y después eliminada. El Gobierno regional sostuvo que no dejaba sin apoyo al Ateneo, sino que cambiaba el modelo para financiar proyectos concretos.

Lo del Ateneo no es un caso aislado. En los últimos años, varias instituciones culturales madrileñas han denunciado presiones, recortes o cambios de modelo que, a su juicio, amenazan su autonomía. El ejemplo más reciente es el Círculo de Bellas Artes. Su director, Valerio Rocco, explicó en una reciente entrevista en infoLibre el drástico recorte de la financiación de la Comunidad de Madrid, que atribuyó a una "batalla personal" del consejero de Cultura, Mariano de Paco. 

En los últimos años, la financiación regional del Círculo ha pasado de una subvención estable a un sistema de aportaciones por proyectos, con una reducción que ha encendido las alarmas dentro y fuera de España. Decenas de instituciones culturales europeas han pedido a Ayuso que reconsidere el recorte y despeje cualquier sospecha de motivación ideológica. Los centros afectados interpretan que el nuevo modelo permite condicionar la programación y debilitar a instituciones que mantienen una voz crítica o una agenda cultural independiente. 

La batalla cultural en Madrid tiene también otro antecedente significativo: la cancelación de Muero porque no muero, la obra de Paco Bezerra sobre Santa Teresa de Jesús que estaba prevista en los Teatros del Canal para enero de 2023. La dirección artística de Blanca Li había trabajado en su programación, pero la Comunidad de Madrid la retiró alegando razones económicas. Bezerra denunció censura e irregularidades, y el episodio provocó una fuerte reacción del sector cultural. Más de un centenar de nombres de la cultura, entre ellos Pedro Almodóvar, Javier Bardem y Juan Diego Botto, firmaron un manifiesto de apoyo al dramaturgo y reclamaron teatros sin injerencias políticas.

Aquel caso marcó el inicio de una etapa en la que las decisiones culturales de la Comunidad de Madrid empezaron a leerse en clave ideológica. La salida de la obra de Bezerra de los Teatros del Canal, el recorte al Ateneo, la reducción de apoyo al Círculo de Bellas Artes y la nueva dirección de los Teatros del Canal bajo un modelo más controlado por la Consejería han ido alimentando la idea de un endurecimiento político en la gestión cultural madrileña.

Ayuso y su equipo rechazan esa lectura. Defienden que no existe censura ni represalia, sino una revisión del sistema de subvenciones, una apuesta por financiar proyectos concretos y una exigencia de rendición de cuentas sobre el dinero público. Pero la selección de los afectados, la intensidad de los recortes y el lenguaje utilizado contra algunos responsables culturales han reforzado la tesis de que la Comunidad de Madrid está disciplinando a las instituciones que no se alinean con su ideología.

Los ‘cachorros’ del Partido Popular buscan a su nuevo líder e Ignacio Dancausa, presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) en la Comunidad de Madrid y muy cercano a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha sido el primero —y por ahora único— en postularse. Dancausa busca suceder a Beatriz Fanjul, actualmente diputada nacional, al frente de la organización juvenil con una candidatura "integradora". Sin embargo, su paso al frente tiene una lectura orgánica evidente, y es la búsqueda del ala dura del partido para extender su influencia desde Madrid a la cantera nacional del PP.

El relevo se producirá en el congreso nacional de Nuevas Generaciones previsto para el próximo 11 de julio, convocado por la dirección de Alberto Núñez Feijóo en plena fase de rearme interno de la estructura popular. Fanjul, presidenta de NNGG desde 2021, dejará el cargo en una organización que arrastra meses de desgaste interno, que acumula polémicas y que en marzo sufrió una de sus mayores crisis recientes: la dimisión de Carlo Angrisano, hasta entonces secretario general, que se dio de baja del PP y pidió el voto para Vox.

Angrisano justificó su marcha asegurando que el PP había dejado de defender los valores por los que muchos militantes se afiliaron. En Génova trataron entonces de minimizar el golpe, afirmando que Angrisano no ejercía realmente sus funciones, pero la salida dejó al descubierto uno de los grandes problemas del PP: su desconexión con los votantes más jóvenes en plena ola de derechización. Esa sensación de frustración y de aviso la expresó el propio Alberto Núñez Feijóo tras las elecciones europeas por la irrupción de Se Acabó la Fiesta.

Esta competición por el voto joven es una obsesión en el PP porque lastra sus posibilidades de crecimiento y condiciona los acuerdos de gobierno con la extrema derecha de Abascal. Ahora mismo, Vox es el primer partido entre los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años, con un respaldo del 22%, en tanto que el PP solo cuenta con el 11%. Dancausa, nacido en 2001, tiene como reto mejorar esos números dentro de su organización frente a una Fanjul que ya superó, hace años, la frontera de los treinta.

La irrupción de Dancausa en la carrera nacional no es un movimiento menor. Además de presidir las Nuevas Generaciones madrileñas, es concejal en Las Rozas, una localidad al norte de Madrid, y llegó al cargo autonómico en 2022 con un respaldo superior al 95%. Su ascenso estuvo ligado desde el principio a Ayuso, que vio en él un perfil útil para llevar la "batalla cultural" al ámbito universitario y juvenil.

Desde entonces, NNGG Madrid ha endurecido su tono y ha convertido las redes sociales y la universidad en espacios de confrontación directa con la izquierda. El propio Dancausa defendió ya en 2022 que la organización debía "dar la batalla a la izquierda" y aspirar a convertirse en un gran "think tank" madrileño. En marzo, durante unas jornadas interuniversitarias de NNGG, reclamó un "cambio radical" para echar a Pedro Sánchez mediante la movilización de los jóvenes.

Ese perfil conecta con la estrategia del PP madrileño, la oposición frontal al Gobierno, con un lenguaje de disputa ideológica con Vox en sus propios marcos. Pero también introduce una nueva fuente de tensión para Génova, que intenta equilibrar la presión de Ayuso con la necesidad de ensanchar el partido hacia votantes más de centro. La renovación de Nuevas Generaciones se produce, además, justo cuando el PP debate internamente hasta qué punto debe mimetizarse con Vox o mantener una línea más autónoma frente a la extrema derecha, con la que ya ha pactado en Extremadura y Aragón la “prioridad nacional” y previsiblemente volverá a hacerlo la próxima semana en Castilla y León.

La candidatura de Dancausa permite al PP de Madrid presentarse como solución a la desmovilización juvenil, pero también como ariete ideológico dentro del partido. La operación refuerza a Ayuso en un terreno simbólico, el de la cantera de “políticos profesionales”, donde se curtió la propia presidenta madrileña. Por Nuevas Generaciones también han pasado dirigentes que después alcanzaron la primera línea del PP, desde Pablo Casado pasando por Juanma Moreno y el propio Santiago Abascal. Feijóo, sin embargo, nunca formó parte de la ‘rama juvenil’ del PP e incluso ha admitido en diversas entrevistas que votó a Felipe González en 1982, la primera vez que pudo votar.

Y aunque hacerse con el control de NNGG no implica controlar Génova, sí permite influir sobre los cuadros jóvenes, los discursos emergentes y la futura promoción orgánica del partido. Si el dirigente madrileño llega sin rival al congreso de julio, el PP de Madrid habrá conseguido colocar a uno de los suyos al frente de la organización juvenil nacional en el momento en que Feijóo necesita más cohesión interna. El ascenso de Dancausa también puede convertirse en otra forma de presión sobre Génova, con una exigencia de más dureza y confrontación y menos distancia con los marcos ideológicos que la dirección nacional intenta manejar sin quedar atrapada por ellos.

Dancausa es, por ahora, el único que se ha postulado formalmente para el cargo. Antes de entrar a formar parte de las filas del PP, presidió la asociación universitaria Libertad Sin Ira, con un discurso contra el “monopolio de la izquierda” en la Universidad Complutense (UCM).El joven madrileño fue una apuesta personal de Ayuso después de que su organización le fichara por su prolija actividad universitaria. Una asociación que ha estado en el centro de la polémica tras actos suspendidos como el del exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, escraches y enfrentamientos con profesores como Juan Carlos Monedero.

Aunque el madrileño solo tardó dos días en postularse, también puede haber otros candidatos en liza. Entre los perfiles que citan medios de la derecha figuran Antonio Landáburu, presidente de NNGG de Murcia y abiertamente enfrentado a Dancausa y Miguel Ángel Sastre Uyá, actual secretario general tras la dimisión de Agrisano y cercano a Fanjul. También se mira a Andalucía, donde la presidenta de NNGG, María José Carmona, encarna una línea más cercana al modelo de Juanma Moreno lejos del tono bronco que encarna el ayusismo.

Tenga o no competencia, Dancausa deberá ser ratificado por el aparato juvenil. El nombre del presidente o presidenta no sale, sin embargo, de una votación directa pura de toda la militancia, sino de un sistema mixto en el que los afiliados eligen compromisarios y respaldan precandidatos. Después, los compromisarios reunidos en el Congreso Nacional votan formalmente al presidente y a su equipo. Un sistema similar al de la presidencia del PP, aunque en el caso de Génova los afiliados tienen menos peso tras modificarse los estatutos en el último congreso.

Según la web de NNGG, son la organización juvenil política más numerosa de España, con más de 35.000 afiliados, pero no desglosa su peso por comunidades. Con todo, otras fuentes oficiales citadas por El País los sitúan en 21.181 afiliados. A falta de que la Comisión Organizadora haga público el reparto de compromisarios, el control del congreso dependerá de las grandes delegaciones territoriales de Nuevas Generaciones. La delegación de Madrid alberga a un número destacado de afiliados, pero la clave también estará  en Andalucía y Comunitat Valenciana, además del papel que juegue Génova en la búsqueda de una candidatura de integración. Por ahora, en el equipo de Alberto Núñez Feijóo evitan pronunciarse.

Recortes, falta de plazas y, ante todo, la promoción de lo privado. Son los tres hilos que la marea verde y la comunidad educativa pública llevan años denunciando en Madrid y que tuvieron su origen —al menos de forma más evidente— con la llegada de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Ahora, con Isabel Díaz Ayuso al mando, la “libre elección” se abre paso ante una pública que ya no puede más. 

Desde que Ayuso llegó al poder, el número de nuevos centros educativos públicos ha caído en picado. De los 43 que se construían en 2018 se pasó a 19 en 2021, según los datos de la Comunidad de Madrid. En 2025, la cifra cayó aún más, hasta los 14 nuevos centros. La privatización de la educación en la Comunidad de Madrid es una realidad conocida —y denunciada durante años— por alumnos, madres, padres y docentes. Pero hay un territorio donde esa tendencia se percibe con especial intensidad: el sur de Madrid, donde a la privatización de los servicios se suma la falta de atención de las instituciones.

De todas las zonas que recoge el portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid, la zona sur —entendida como la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur, que incluye municipios como Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto o Valdemoro— es, con la excepción del centro, el lugar donde se concentran más centros educativos privados. En concreto, cuenta ya con 470, a los que hay que añadir otros 78 privados concertados. Como comparación, en el norte de Madrid hay 175, mientras que el oeste y el este suman 278 y 221, respectivamente.

Los recortes también se reflejan en el cierre de aulas y en la falta de apertura de nuevas unidades. El curso 2025-2026 arrancó con 78 aulas menos en la escuela pública madrileña, según el informe de Comisiones Obreras (CCOO): 42 menos en Infantil y Primaria y 36 en Secundaria. Con una traducción en el personal docente: más de 215 profesionales menos. Y, según el sindicato, el sur de Madrid es la zona más golpeada por estos recortes.

En concreto, CCOO denuncia un especial ensañamiento con ciudades como Fuenlabrada o Alcorcón, que pierden 21 y alrededor de 11 aulas, respectivamente. En ambas viven ahora 39.552 y 29.419 personas en edad de escolarización, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las cuentas no salen.

“Hay una falta generalizada de plazas públicas. En la zona sur también porque son municipios que han crecido muy rápido y que se han desarrollado recientemente”, destaca Andrés Maroto, secretario de Enseñanza e Intervención Social de CNT Madrid. Esto ocurre, explica el también profesor de secundaria en Orcasitas, porque las administraciones no son capaces de desarrollar servicios públicos a la misma velocidad que se construyen viviendas privadas en estas zonas. 

“Cuesta mucho encontrar un centro público simplemente porque la Administración no lo ha construido. Las familias obreras no necesariamente eligen la privada por convicción, sino porque es la opción que tienen más cerca o porque esos centros están menos masificados. En definitiva, porque en la pública no hay plazas”, recalca Maroto. 

Tras siete años de Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, y con un precedente claro en las políticas educativas de los gobiernos anteriores del PP, las consecuencias del modelo regional se reflejan ahora en las protestas de la educación infantil. Las profesoras denuncian bajos salarios, falta de estabilidad, ratios elevadas y una privatización que acaba deteriorando el sistema público. La consecuencia es evidente: educación inestable, trabajadoras agotadas y recursos que no llegan. 

Estos recortes, según denuncia CCOO en su informe, tienen una intención clara: empujar a alumnos más pequeños hacia la educación privada o concertada. No por elección, sino por falta de alternativas. De esta forma, las escuelas infantiles quedan en el punto de mira de la privatización. Es más sencillo comenzar desde ahí: cuando un alumno inicia su escolarización en un centro privado, resulta mucho más difícil que después pase a la pública. 

“Cuando comienzan en la privada en las primeras etapas, después tienen más fácil continuar en esos mismos centros o en otros de la misma red al pasar a Primaria, por el sistema de puntos y por el arraigo familiar. De esta forma, se puede crear una segregación entre los alumnos de la privada, la concertada y la pública”, asegura Rafael Feito Alonso, profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. 

“Al permitir que la privada abra todas las líneas que quiera mientras se cierran o no se crean líneas públicas, se genera una falsa sensación de eficacia de lo privado frente a una pública intencionadamente saturada”, añade Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO de Madrid. Así, el desprestigio de la pública, unido a una falta de plazas, provoca que esa identidad tan característica de la zona sur pueda tambalearse ante las ideas y las formas que se transmiten en la privada. 

Para muchos vecinos del sur, ser de esta zona es mucho más que un código postal. Históricamente, ha sido un territorio marcado por la lucha sindical desde que, durante el franquismo, la industria se trasladó a las afueras de la gran ciudad. Fue entonces cuando comenzaron las reivindicaciones por unas mejores condiciones de vida ante una Administración central que no miraba hacia ellos. Con el triunfo de la izquierda, cuenta una de las crónicas del momento de El País, se confirmaba esa identidad, ese orgullo de clase. 

Esa identidad, sin embargo, parece estar diluyéndose. “El modelo urbanístico de los últimos años, lo que se ha llamado el Madrid de las piscinas —una forma de urbanismo basado en urbanizaciones privadas, con zonas comunes y prácticamente sin contactos con los vecinos—, busca individualizar a la clase trabajadora. Si obligas a una familia obrera a recurrir a la privada para asegurar una plaza o un grado de FP, estás rompiendo el vínculo con lo público y fomentando una mentalidad de clase media aspiracional”, cuenta San Millán. 

Para Andrés Maroto, lo que está sucediendo es un cambio social y político. “Cuando se habla del cinturón rojo, se recurre a una narrativa de los años 70 u 80. Pero en el contexto que tenemos ahora de precariedad, competencia laboral y descenso de las expectativas sociales, la privada y concertada emergen como una alternativa con mejor reputación, menos conflictividad y un entorno social un poco más homogéneo”, matiza. 

Y parece que, al menos en el sentido de voto, ese cambio está dando sus frutos. En los últimos años empieza a verse cómo aquel orgullo se difumina ante una nueva realidad: el sur se está derechizando. En las últimas elecciones autonómicas, ciudades como Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés, Alcorcón, Getafe, Pinto o Valdemoro se tiñeron de azul. 

Con ello, comienza a perderse esa identificación y esa lucha tan característica de la zona sur, en favor del “si quieres puedes”. “La política de precios del suelo y la demora deliberada en la construcción de institutos públicos son herramientas políticas para favorecer un modelo de negocio privado y captar a una nueva generación para que deje de pertenecer a ese cinturón rojo”, zanja San Millán. 

La Real Casa de Correos, en plena Puerta del Sol, seguirá de momento sin ser reconocida oficialmente como Lugar de Memoria Democrática. La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente el acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, aprobado el 20 de octubre de 2025, que declaraba como tal la antigua Dirección General de Seguridad franquista, uno de los principales espacios de represión política durante la dictadura y edificio que hoy ocupa la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Esta decisión no significa que el tribunal haya anulado definitivamente el acuerdo, sino que paraliza sus efectos mientras se resuelve el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz que solicitó suspender el acuerdo con el argumento de que puede provocar un perjuicio a la imagen institucional de la sede del Ejecutivo autonómico.

La Audiencia Nacional ha decidido suspender, de momento, el acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que declaraba Lugar de Memoria Democrática la antigua Dirección General de Seguridad franquista, ubicada en la actual sede de la Comunidad de Madrid.

Pero esta medida es cautelar, es decir, una decisión provisional mientras se estudia el fondo del recurso. La Sala de lo Contencioso-Administrativo todavía no entra a resolver si la declaración es legal o no: lo que hace es frenar sus efectos hasta que exista una resolución definitiva.

Significa que el Estado reconocía ese espacio como un lugar vinculado a hechos relevantes de la memoria democrática. En este caso, por su relación con la represión franquista.

En cualquier caso, la declaración no obliga a cambiar el uso actual del edificio, por lo que la Comunidad de Madrid podría seguir teniendo allí su sede. Lo que sí preveía el acuerdo eran medidas de explicación y señalización, como placas, paneles, distintivos memoriales, recursos audiovisuales, geolocalización, investigaciones sobre la Dirección General de Seguridad (DGS) y un censo de personas represaliadas detenidas en sus dependencias.

El Gobierno de Ayuso recurrió porque sostenía que la declaración podía afectar a la imagen institucional de su sede. Es decir, el Ejecutivo autonómico no puso el foco en el reconocimiento histórico de lo ocurrido en la antigua DGS, sino que lo puso en el posible impacto que esa señalización podía tener sobre el edificio que hoy ocupa la Presidencia regional.

La Sala recoge este argumento y recuerda que la legislación autonómica obliga a los poderes públicos madrileños a proteger y preservar la imagen institucional, el significado y el uso actual de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. A partir de ahí, el tribunal considera que la ejecución del acuerdo podría incidir negativamente en esa imagen, aunque no da por probado que ese daño se haya producido ni que vaya a producirse con seguridad.

No exactamente. La Sala reconoce que no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede vaya a sufrir un daño irreversible. Pero también sostiene que no puede descartarse que esa incidencia negativa exista.

Esta es una de las claves del auto, ya que la Audiencia Nacional no afirma que el daño ya se haya producido, sino que considera suficiente la posibilidad de que pueda producirse para suspender cautelarmente el acuerdo.

La Audiencia Nacional habla de dos intereses enfrentados. Por un lado, está el de la Comunidad de Madrid en proteger la imagen y el uso actual de su sede institucional. Por otro, el interés del Estado en desarrollar políticas de memoria democrática.

La Sala considera que, en esta fase provisional, tiene más peso el interés de la Comunidad de Madrid porque la ejecución del acuerdo podría causar un perjuicio “irreversible, o intenso”. Pero también entiende que retrasar la declaración no provoca un daño grave al interés general ni impide que el asunto se resuelva más adelante.

No. El auto cuenta con el voto particular del magistrado Luis Helmuth Moya Meyer, que discrepa de la decisión de suspender la declaración.

El magistrado sostiene que no se explica de forma suficiente por qué recordar la historia represiva del edificio puede dañar la imagen de la Comunidad de Madrid. Recuerda, además, que los hechos que motivan la declaración ocurrieron cuando la institución autonómica no existía “ni se podía siquiera imaginar” que llegara a existir.

A su juicio, tendría que concretarse qué daño real puede producirse y cómo afectaría al ejercicio de las competencias de la Comunidad de Madrid. Para el magistrado, recordar hechos negativos de la historia de España no supone desmerecer otros valores del edificio ni hacer un juicio negativo sobre el actual Gobierno autonómico.

El voto particular sostiene que la Sala no ha valorado suficientemente el daño que puede provocar la suspensión de las políticas de memoria democrática.

El magistrado recuerda que estas medidas están vinculadas a la reparación de las víctimas de la dictadura y a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Según su criterio, retrasar la declaración sí perjudica la finalidad del acuerdo y puede transmitir a las víctimas “sensaciones de desazón e incredulidad”.

Por ahora, la declaración queda suspendida mientras continúa el procedimiento judicial. Más adelante, la Audiencia Nacional tendrá que resolver el fondo del asunto, es decir, si el acuerdo de Memoria Democrática debe mantenerse o no.

Hasta entonces, la antigua DGS franquista no desplegará los efectos previstos como Lugar de Memoria Democrática. En la práctica, esto supone que el edificio seguirá funcionando únicamente como sede institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sin que se active por ahora la señalización pública de su pasado como espacio de represión durante la dictadura.

El debate, sin embargo, sigue abierto: por un lado, está el reconocimiento y la reparación de las víctimas del franquismo; por otro, la decisión del Gobierno madrileño de priorizar la protección de la imagen institucional de la actual sede de la Presidencia autonómica. La resolución definitiva tendrá que aclarar si ese argumento pesa más que la obligación de identificar y explicar públicamente un lugar clave de la represión franquista.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha acordado la suspensión cautelar del Acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de 20 de octubre de 2025, por el que se declara Lugar de Memoria Democrática la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ubicada en la Puerta del Sol, donde antiguamente estaba instalada la Dirección General de Seguridad.

En un auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado, la Sección Primera estima el recurso presentado por el Letrado de la Comunidad de Madrid que solicitaba suspender el Acuerdo porque suponía un daño en su imagen institucional por la colocación, como recuerda la Audiencia Nacional de placas, paneles o “distintivo memorial interpretativo” que identifique el lugar como Lugar de Memoria Democrática.

Según la Sala, “no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia de la CAM pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmase que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa”. Desde esta perspectiva, afirma el Tribunal, “toda vez que cabe la hipótesis de que se genere un efecto adverso en la imagen institucional de la CAM, la medida cautelar solicitada se evidencia como pertinente”.

A lo anterior se suma, apunta el auto, que la declaración de Lugar de Memoria Democrática puede afectar en una medida más o menos intensa a las actividades que se desarrollan en el mismo. “Dichas actividades exceden de lo que el Acuerdo impugnado denomina “oficinas administrativas” (SIC) obviando la ubicación, precisamente en ese espacio, de la Sede de la presidencia de la CAM”. La Sala añade que la confluencia en el mismo espacio físico de intereses tan intensos y, a la par, contrapuestos, aconseja también desde este punto de vista la adopción de la medida cautelar, pues podría verse menoscabada la finalidad legítima del recurso.

Por otro lado, a juicio de los magistrados, "tiene especial intensidad el interés que defiende la Comunidad Autónoma, por el posible perjuicio irreversible, o intenso, que supone la ejecución del acuerdo impugnado” frente a los intereses de la AGE.

La Sala recuerda que este procedimiento está pendiente del conflicto positivo de competencias que se tramita en el Tribunal Constitucional, lo que también avala la suspensión que solicita la Comunidad de Madrid. “Baste resaltar a estos efectos -añade- que la decisión que pueda adoptarse por el TC tiene especial incidencia en el presente procedimiento, lo que permite afirmar que la suspensión de los efectos del Acuerdo recurrido es, sin género de duda procedente -aparte los razonamientos anteriores- que son, de todo punto, concluyentes”.

Uno de los magistrados de la Sala no comparte el criterio de la mayoría en relación con la afectación negativa a la imagen institucional de la CAM por la declaración del edificio como lugar de Memoria Democrática y recuerda que los hechos históricos que motivan la declaración tuvieron lugar cuando esta institución, tributaria del actual régimen democrático, no existía ni se podía siquiera imaginar que existiese. “Al recordar hechos negativos de la historia de España no se persigue desmerecer otros valores que puedan estar presentes en el lugar, como los histórico-artísticos resaltados por los académicos, por los que el edificio pueda incluso ser más conocido por los estudiosos y público en general, ni hacer un juicio de desvalor de la acción de gobierno de las instituciones autonómicas”.

Para este magistrado, “la interrupción de las medidas para potenciar la memoria democrática y el retraso consiguiente en el despliegue de la acción de reparación, sí perjudica la finalidad perseguida por el acto impugnado, en el marco descrito en la Ley 20/2022, transmitiendo a las víctimas sensaciones de desazón e incredulidad, y proyectando una imagen negativa ante las instancias internacionales sobre la autenticidad del compromiso de España de proteger la memoria democrática y de su propósito de superación de los episodios oscuros de su pasado”.

La compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2% interanual y contabilizó 61.295 operaciones, un nuevo descenso que da lugar a un primer trimestre negativo, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge EFE.

Con este nuevo ajuste, el tercero consecutivo en lo que va de año, las transacciones de vivienda acumulan un descenso del 2,6% en el primer trimestre de 2026.

Tras crecer en 2025 un 11,5% y alcanzar las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007, la compraventa de viviendas inició el año con una caída del 5%, que siguió en febrero con un -0,5% y que continuó en marzo con un ajuste del -2,2%.

Todo ello en un contexto marcado por la escasez de viviendas disponibles para hacer frente a la demanda, lo que sigue presionando al alza los precios y dificultando el acceso, especialmente para los más jóvenes y aquellos con menos recursos.

Por tipos de vivienda, las compraventas de vivienda usada, las más numerosas del mercado al concentrar más del 78% del total, subieron en marzo un 0,2% hasta las 48.238 operaciones. De hecho, se trata de la cifra más alta en un mes de marzo desde el inicio de la serie de esta estadística, en 2007.

Por el contrario, la vivienda nueva protagonizó en marzo una caída a doble dígito, del 10,2%, hasta las 13.057 unidades, encadenando tres meses a la baja. Por régimen, la vivienda libre concentró cerca del 94% de las compraventas, un total de 57.500, el 1,6% menos que en el mismo mes de 2025.

Por su parte, la vivienda protegida sumó 3.795 transacciones, el 10,4% menos, según el INE, que obtiene estos datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas.

En marzo la compraventa de viviendas cayó en nueve comunidades autónomas y subió en las restantes. Los mayores descensos, de doble dígito, se dieron en Cantabria (15,4%) y Euskadi (11,6%).

A continuación se situaron las caídas de Canarias (8,9%); Baleares (8,3%); o Murcia y Andalucía (6,5% en ambos casos).

Del lado de los aumentos, los más acentuados fueron los de Castilla–La Mancha (11,5%), Navarra (8,2%) y La Rioja (5,2%). 

Entre los grandes mercados, la compraventa de viviendas se redujo un 3,5% en Cataluña y un 2,5 % en Madrid.

Si se comparan los datos de marzo con los de un mes antes (febrero), la compraventa de viviendas experimenta una subida del 2,7% en tasa intertrimestral.

La vivienda nueva sigue presentando una caída, del 5,4%, comparada con los datos del mes anterior, mientras que en el caso de la vivienda usada se registra un crecimiento del 5,1%.

Por régimen, tanto la libre como la protegida aumentaron en marzo frente a febrero. En concreto, la vivienda libre lo hizo un 2,8% y la protegida el 1,2%.

Con este nuevo ajuste, la compraventa de viviendas ha descendido un 2,6% en el primer trimestre del año frente al mismo periodo de 2025.

Tanto la vivienda nueva como la usada han experimentado descensos, del 5,3% y del 1,8%, respectivamente.

La compraventa de vivienda protegida volvió a ser la que protagonizó la caída más intensa, del 6,9% entre enero y marzo.

Además, las compraventas de viviendas libres cayeron un 2,3% en el trimestre.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondió este martes en el programa 'En boca de todos', de Cuatro, a las preguntas sobre el coste de su polémico viaje a México —que terminó con su regreso anticipado tras el incidente de los Premios Platino— con una pregunta retórica: "¿Pero por qué soy yo la que tiene que dar pelos y señales del dinero?". 

Lo cierto es que la ley de transparencia madrileña —aprobada en 2019 por PSOE, Podemos y Ciudadanos a pesar de la oposición del PP, que ostentaba el Gobierno pero en minoría— obliga a esa rendición de cuentas. La norma establece que los altos cargos deben hacer públicos "las dietas y gastos de viaje derivados del ejercicio de las funciones y actuaciones institucionales". 

La Comunidad de Madrid publica en su portal de transparencia un archivo con los gastos protocolarios, de dietas y de viajes de cada alto cargo. En el caso del archivo de la presidenta Ayuso, el análisis de infoLibre revela que constan 14 viajes internacionales desde enero de 2024 y que solo en cinco de ellos aparece el coste que supusieron los vuelos y/o el alojamiento. ¿Quién corrió con los gastos de desplazamiento y hoteles en el resto y cuánto costó? No se sabe.

En esos archivos, únicamente constan los viajes cuando se detalla algún tipo de gasto asociado a los mismos. En el caso de Ayuso aparecen 14 viajes internacionales porque en todos ellos pagó por la utilización de las salas de autoridades de varios aeropuertos —un total de 14.687 euros en ese periodo—, pero los conceptos de mayor cuantía —transporte, alojamiento y manutención— brillan por su ausencia. 

Los cinco con algún tipo de información extra se distribuyen entre tres viajes con detalle sobre el coste de los vuelos, uno con detalle sobre el coste del alojamiento y un quinto con detalle sobre ambos tipos de gastos.

En los otros nueve viajes únicamente aparece el coste de utilizar las salas de autoridades, sobre el resto de gastos: total opacidad. De hecho, según ha podido comprobar infoLibre, en ese mismo periodo se produjeron al menos otros dos viajes internacionales de Ayuso como presidenta que no constan en su archivo de gastos, ni por un desembolso para salas de autoridades ni por ningún otro tipo de gasto. 

En total, 11 viajes de Ayuso al extranjero en los que no se puede saber quién corrió con sus gastos de desplazamiento y alojamiento sobre un total de al menos 16 expediciones internacionales en ese tiempo.

La sala de autoridades es un espacio reservado en los aeropuertos para altos cargos del Estado que, según la normativa, solo puede utilizarse para viajes oficiales  —salvo en el caso de los miembros de la familia real, el presidente del Gobierno y los ex presidentes—. infoLibre ya informó en 2024 de que la presidenta había utilizado este espacio también en viajes de carácter privado, en verano de 2021, incumpliendo la normativa que regula su uso.

El contraste con los miembros de su propio Gobierno es llamativo. Hay varios casos en los que algunos consejeros acompañaron a Ayuso en los viajes y el portal sí recoge sus gastos en detalle.

En su expedición a Miami y Nueva York en junio de 2025, los consejeros de Economía y de Digitalización viajaron junto a la presidenta y en sus archivos de gasto constan 7.976 y 6.169 euros, respectivamente, desglosados en conceptos de locomoción, alojamiento y manutención. Mientras, en el registro de Ayuso consta un único gasto de 220 euros por el alquiler de la sala de autoridades de la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Los ejemplos continúan: cuatro meses después la presidenta se desplazó de nuevo a Estados Unidos, esta vez a Austin, donde los consejeros de Cultura y Digitalización gastaron 11.329 y 5.995 euros, respectivamente, en transporte y hoteles. La presidenta, según el portal de transparencia, solo gastó 1.449 euros por el uso de la sala de autoridades del aeropuerto. 

En el viaje a Corea del Sur de noviembre de 2024, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local declaró 7.354 euros y el consejero de Digitalización, 5.226 euros. Ayuso figura en ese mismo desplazamiento con un desembolso de solo 131 euros. De nuevo, por el uso de la sala de autoridades. 

No solo los consejeros han acompañado a Ayuso en sus expediciones a nivel internacional. Otro de los habituales en las comitivas de la presidenta es Luis Socías, director general de la Fundación Madrid por la Competitividad y de la oficina Invest in Madrid. Esta organización pública está impulsando estos viajes de la presidenta autonómica al extranjero con la intención de buscar inversiones económicas para la región, como consta en los objetivos de su plan estratégico 2023-2027.

En el archivo de gastos de representación de Socías, publicado en la web de la fundación pública que dirige, consta, por ejemplo, que desembolsó 8.126,5 euros entre locomoción, alojamiento y manutención para el viaje de Miami y Nueva York en junio de 2025. También acompañó a Ayuso, por ejemplo, a Quito en abril del año pasado. El archivo de Ayuso no recoge ningún gasto ni siquiera una mención a ese viaje. El de Socías computa un gasto de 4.039 euros en locomoción y otro de 709 en alojamiento.

Los dos viajes en los que el portal no recoge absolutamente ningún gasto bajo el nombre de Ayuso son los que realizó a Quito en abril de 2025 y a Nueva York en marzo de 2026. 

En este último caso, el del viaje a Nueva York, infoLibre solicitó formalmente información sobre su coste con una solicitud de acceso vía ley de transparencia. La Consejería de Presidencia no admitió a trámite la petición el 31 de marzo de 2026 con el argumento de que los datos "están actualmente en tramitación y serán próximamente publicados en el portal de transparencia". 

El portal ya ha actualizado el archivo de gastos de Ayuso, incluyendo la información del primer trimestre de 2026, y en él no aparece ningún gasto del viaje a Nueva York. Para ver si aparece —o no— algún gasto sobre el reciente y polémico viaje a México habrá que esperar a la actualización sobre el segundo trimestre de 2026.

infoLibre ha trasladado estas preguntas a la Comunidad de Madrid: ¿Quién pagó los gastos de vuelo, alojamiento y manutención de la presidenta en sus viajes internacionales? ¿Por qué en la mayoría de casos no se publican esos costes en el portal de transparencia, a diferencia de lo que ocurre con los consejeros que la acompañan? ¿Por qué no figura ningún gasto sobre los viajes a Nueva York y Quito? En el momento de la  publicación de esta información no ha habido respuesta. En el caso de recibirla, este medio la publicará.

La Comunidad de Madrid gasta más que nunca en publicidad institucional. Además, en el reparto de esta tarta publicitaria infla a los medios afines mientras margina a aquellos con líneas editoriales más progresistas. Estos hechos se constataron en la investigación 'Ayuso parte y reparte', que realizó infoLibre el pasado mes de septiembre.

Ese trabajo periodístico procesó cientos de documentos y analizó miles de pagos individuales a los medios de comunicación para demostrar ese reparto discrecional, con grandes beneficiarios, como los medios de la Conferencia Episcopal o los de Federico Jiménez Losantos.

Ahora, el PP madrileño ha decidido impedir que se profundice más en cómo se gasta ese dinero público y así lo ha demostrado en la Asamblea de Madrid. Concretamente, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, donde se ha tramitado una iniciativa, a propuesta de Más Madrid, para que la Cámara de Cuentas fiscalice "los fondos públicos destinados a la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid en la actual legislatura". Este miércoles 6 de mayo se ha sometido a votación y el PP la ha tumbado gracias a la mayoría absoluta que ostenta en el Parlamento autonómico.

El resto de grupos parlamentarios, Más Madrid, PSOE y Vox, han apoyado la iniciativa. De hecho, la oposición al completo ha coincidido durante sus intervenciones en las críticas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por cómo está realizando ese reparto.

El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca, que fue quien defendió la propuesta de su partido, denunció el reparto desigual que está haciendo la Comunidad de Madrid del dinero público destinado a la publicidad institucional sin tener en cuenta criterios de audiencia o relevancia y citó casos concretos, como el rescate encubierto de Telemadrid o el dinero destinado a mantener vivos los restos del Grupo Intereconomía, ambos hechos desvelados por la investigación de infoLibre.

"Hay medios que reciben un montón de dinero en publicidad de la Comunidad de Madrid simulando publicidad institucional cuando en realidad adquieren la figura de soborno. Son medios que están comprados por el Gobierno autonómico [...]. El problema es la adulteración del sistema mediático, que no es menos que adulterar la democracia en la Comunidad de Madrid", denunció Martínez Abarca.

En la misma línea se expresaron los diputados Fernando Fernández Lara, por parte del PSOE, y Ana María Cuartero, por parte de Vox. Fernández Lara denunció que "los incrementos que se han producido en esos fondos públicos destinados a la publicidad institucional han sido no solo desmesurados; sino que también han sido direccionados" y que la Comunidad de Madrid ha destinado ese dinero público a "pseudoperiodistas que lo que hacen es propagar bulos [...] y a medios y tabloides relacionados con posturas de extrema derecha".

Cuartero aseguró que "Vox considera crucial que la Cámara de Cuentas ejerza un control sobre los contratos de publicidad institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid". "No por un tecnicismo administrativo, no se trata de un maquillaje para aparentar transparencia, se trata de defender el dinero de todos los madrileños y la transparencia como valor irrenunciable [...]. La publicidad institucional manejada con opacidad o con criterios subjetivos se convierte en un instrumento de propaganda partidista", remachó.

El diputado popular que intervino en el debate fue Ángel Francisco Alonso. El parlamentario del PP cargó contra el plan de regeneración democrática del Gobierno de Pedro Sánchez y criticó el reparto de publicidad institucional del Ejecutivo y la opacidad sobre ese gasto de dinero público. El Gobierno central no publica cómo distribuye esos fondos entre los distintos medios de comunicación, aunque en ocasiones se han podido conocer datos, como sucedió, por ejemplo, en 2024 gracias a una investigación de El Confidencial.

Sobre lo que hizo menos valoraciones el diputado es sobre el reparto publicitario del Gobierno madrileño, aunque aseguró que "en Madrid no se utiliza la publicidad institucional para influir en ninguna línea editorial de medios", de lo que sí acusó al Gobierno central, y presumió de la transparencia de la comunidad autónoma en este campo. 

Según declaró, el PP ha tumbado la propuesta de Más Madrid porque considera que la oposición está haciendo "un uso abusivo y político de la Cámara de Cuentas". "Creemos que se está devaluando con ello la labor de esta comisión [...] Vamos a votar en contra de toda iniciativa que insista en el uso político de la Cámara de Cuentas por más inocua que nos parezca, como es el caso de la que estamos hablando", aseguró después de denunciar que los partidos de la oposición durante la actual legislatura están pidiendo más informes de fiscalización que en las anteriores.

Martínez Abarca responde, en declaraciones para infoLibre, definiendo el motivo esgrimido por los populares como "absurdo". "Afortunadamente la Cámara de Cuentas tiene plena capacidad para afrontar una fiscalización así. Si no tuvieran nada que ocultar, estarían encantados de que se fiscalizara y tras el informe favorable podrían presumir de transparencia y de que nuestras acusaciones son infundadas. Pero en vez de eso hacen lo posible para evitar que nadie examine cómo reparten el dinero público".

"La publicidad institucional es un instrumento necesario para informar a la ciudadanía, para fomentar hábitos positivos, para ser transparentes... En vez de eso el Gobierno de Ayuso la usa para fabricar un entorno mediático que cacaree sus consignas. Han convertido la publicidad institucional en un arma antidemocrática para impedir un entorno mediático libre e independiente. Si la publicidad institucional se repartiese con criterios objetivos, el PP sería el primer interesado en que se pudiera fiscalizar por todos los medios", asegura el diputado de Más Madrid.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid es el organismo de control que se encarga de fiscalizar la actividad económica, presupuestaria y financiera de la propia Comunidad de Madrid y del resto del sector público autonómico —Ayuntamientos, universidades, empresas públicas…—. Es el homólogo a nivel madrileño del Tribunal de Cuentas estatal y cuenta con independencia funcional, aunque a nivel orgánico depende de la Asamblea de Madrid. El actual presidente del organismo es Joaquín Leguina.

Leguina fue nombrado consejero de la Cámara a propuesta del PP de Ayuso en 2024, a pesar de que es el primer presidente de la Comunidad de Madrid y el único que ha tenido el PSOE —ocupó ese cargo entre 1983 y 1995—. En el momento de su nombramiento ya no tenía carné socialista, ya que el partido le suspendió de militancia en 2022 al entender que había pedido el voto para Ayuso en las elecciones autonómicas de 2021 —Leguina llegó a acompañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en un acto de campaña—.

Una de las principales tareas de la Cámara de Cuentas es investigar y fiscalizar cómo ejercen sus funciones y cómo gastan el dinero los distintos actores del sector público para poder valorar cómo están llevando a cabo esas labores que tienen encomendadas. El año pasado la Cámara publicó 16 informes de fiscalización.

Es el propio organismo el que se encarga cada año de aprobar un programa de fiscalizaciones, en el que indica qué informes va a realizar durante ese ejercicio. A pesar de ello, la Asamblea de Madrid tiene también competencia sobre esa iniciativa fiscalizadora y puede proponer la elaboración de informes concretos. Esas propuestas se canalizan a través de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Los grupos pueden solicitar como mucho una fiscalización al mes, pero esta tiene que aprobarse por mayoría en la comisión para que la Cámara de Cuentas la añada a su programa anual y realice el informe.

En la actualidad, la Comisión de Presupuestos y Hacienda está formada por 17 miembros: diez del PP, tres de Más Madrid, tres del PSOE y uno de Vox. El resultado de la votación respecto a la propuesta sobre la fiscalización del reparto de publicidad institucional, que había sido registrada por las diputadas de Más Madrid Manuela Bergerot y Marta Lozano, ha sido claro: diez votos en contra —los del PP— y siete a favor —los de Más Madrid, PSOE y Vox—.

Isabel Díaz Ayuso ha decidido cancelar el tramo final de su viaje a México y regresar a España este fin de semana, pese a que inicialmente estaba previsto que durara diez días en total. La decisión llega después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid acusara al Gobierno de Claudia Sheinbaum de alimentar un "clima de boicot" contra ella. Ayuso tenía previsto asistir este sábado a la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, en la Riviera Maya, y después desplazarse a Monterrey. 

La versión difundida por el Gobierno madrileño en un comunicado apunta directamente a la presidenta mexicana y sostiene que el Ejecutivo de Sheinbaum habría amenazado a los organizadores de los Premios Platino con cerrar el complejo donde se celebra la gala si Ayuso acudía "tanto al evento como al recinto". También asegura que las autoridades mexicanas exigieron "cada nombre y apellidos" de las personas que se reunieran con la presidenta madrileña.

La acusación eleva el tono de un viaje polémico desde sus inicios. La presidenta madrileña llegó a México después de haber convertido la historia compartida entre ambos países en un nuevo campo de batalla ideológico, en pleno proceso de deshielo diplomático entre el Gobierno de Pedro Sánchez, Felipe VI y el Ejecutivo de Sheinbaum. La presidenta madrileña aprovechó su visita para reivindicar la "Hispanidad", la "evangelización" y el papel de Hernán Cortés, una agenda que buscaba presentar a Madrid como refugio económico y político frente a la izquierda latinoamericana.

Aunque el Gobierno madrileño sostiene que es “insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas”, el pasado mes de febrero Ayuso equiparó al Gobierno mexicano con regímenes autoritarios y pidió que "Cuba, Nicaragua y otros países como México" rompieran sus "cadenas" y que se pusiera fin a los "narcoestados" de "dictadores de ultraizquierda". Sheinbaum respondió al día siguiente y calificó esas palabras de "propaganda" y "calumnia", y dijo que era "absolutamente falso" que México copiara modelos como Cuba o Venezuela.

El pasado lunes la dirigente conservadora hizo un alegato en defensa del conquistador español durante el acto "Celebración por la evangelización y el mestizaje en México: Malinche y Cortés", inicialmente previsto en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México y finalmente trasladado al Frontón México después de que la Arquidiócesis Primada se desmarcara. En ese evento, Ayuso defendió el "mestizaje" como mensaje de "esperanza", mientras grupos indígenas protestaban contra un homenaje que consideraban una reivindicación del colonialismo español.

La respuesta de Sheinbaum llegó horas después. Sin citar a la baronesa del PP, cargó contra quienes "buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades" y sostuvo que quienes reviven la conquista como una supuesta salvación están "destinados a la derrota". En los días siguientes, la dirigente mexicana insistió en que Ayuso tenía derecho a viajar a México y a defender sus posiciones, pero cuestionó que la derecha mexicana pretendiera ganar legitimidad abrazando a una dirigente que "adora a Cortés".

Antes de que la Comunidad de Madrid anunciara que Ayuso cancelaba el viaje después de que la presidenta mexicana hubiera “llamado al boicot de varios de sus eventos”, Sheinbaum aseguró que no iba a "coartar la libertad de expresión" de Ayuso pero sí que señaló que no creía que hablar de Hernán Cortés y la conquista ayudara políticamente a quienes habían invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El choque se produce en un momento especialmente delicado. La relación entre España y México arrastraba años de tensión desde que en 2019 el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, reclamó a la Corona una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista. Esa crisis tuvo uno de sus puntos más visibles cuando Sheinbaum no invitó a Felipe VI a su toma de posesión y España respondió sin enviar representación hace dos años. 

Pero en los últimos meses Moncloa y Zarzuela habían tratado de recomponer la relación. El rey Felipe VI reconoció en marzo que durante la colonización hubo "abusos y controversias éticas" y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió hace una semana con Sheinbaum para trasladar una invitación del rey a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que es clave para España y en la que México juega un papel importante. En ese contexto aterrizó Ayuso. La cancelación le permite ahora reforzar la idea de la intolerancia de la izquierda latinoamericana y su supuesta hostilidad hacia Madrid. 

Los viajes de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en momentos complicados de su mandato no son una novedad y, en total, lleva más de 20 visitas a países extranjeros desde que ocupa el cargo. En este caso, la declaración de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, en los juzgados ha coincidido con un viaje de diez días de la baronesa del PP por México. Una visita que está tratando de aprovechar para convertir la historia compartida entre España y México en un campo de batalla ideológico, justo cuando Moncloa, Zarzuela y el Gobierno de Claudia Sheinbaum acababan de rebajar la tensión diplomática abierta desde hace tiempo.

La estrategia de Ayuso busca presentar a la Comunidad de Madrid como refugio económico y político frente a la izquierda latinoamericana, tejer alianzas con sectores conservadores mexicanos y reivindicar la Conquista y la Hispanidad como bandera. Se trata de un discurso nacionalista con tintes católicos en el que la madrileña reivindica la evangelización de los indígenas por parte del ilustrado español medieval –un mito ampliamente discutido por los historiadores– y defiende el pasado imperial y colonizador. 

Ayuso, además, ha aterrizado en México después de haber llamado al país "narcoestado" y de haber equiparado el Gobierno de Sheinbaum con la dictadura cubana desde un acto organizado por el universo MAGA en Mar-a-Lago. Ya en Ciudad de México, elevó el simbolismo con un acto en honor al conquistador español Hernán Cortés, en el que defendió que "el mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría". Sheinbaum respondió al día siguiente, sin citar a Ayuso directamente, que quienes "buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades" están "destinados a la derrota".

El choque por el papel de España en la conquista de México no es nuevo. En 2019, el entonces presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, pidió a España y al rey Felipe VI una disculpa por los abusos cometidos durante ese periodo histórico. La petición abrió una grieta diplomática que llegó hasta la toma de posesión de Sheinbaum en 2024. Entonces, la presidenta decidió no invitar al rey Felipe VI y, en respuesta, España no envió a ningún representante.

La tensión diplomática continuó hasta que, el pasado mes de marzo, Felipe VI reconoció que durante la colonización hubo "abusos y controversias éticas". Sus palabras fueron entendidas como un gesto de acercamiento hacia el Gobierno de Sheinbaum, pero no se libraron de las críticas de la derecha. "Lejos de pedir perdón, estamos inmensamente orgullosos del legado de España en México y viceversa”, aseguró la líder madrileña al ser preguntada por las manifestaciones del monarca. Vox también mostró su desacuerdo y afirmó que fue la conquista fue la “mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal”.

Hace solo unas semanas, Sheinbaum decidió viajar a última hora a Barcelona para participar en la cumbre progresista organizada por el presidente español, Pedro Sánchez. Allí la presidenta mexicana estuvo junto a otros líderes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay). En la ciudad condal, Sheinbaum dijo ante los periodistas: "No hay crisis diplomática, nunca la ha habido". La mandataria mexicana constató un "acercamiento”, pero mantuvo la importancia del reconocimiento a los pueblos originarios.

Para el Gobierno, es esencial mantener una relación de máxima fluidez con México porque detrás hay unas relaciones económicas e históricas como pocas para España. Hace solo una semana, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió en el país norteamericano con Sheinbaum y le entregó en persona una invitación de Felipe VI para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Madrid. Albares habló de "afinidad", "sintonía" y "buena salud" de la relación bilateral. Fue entonces cuando la presidenta madrileña anunció su viaje.

Pero Ayuso se había metido de lleno en la relación México-España antes siquiera de pisar el país. El pasado mes de febrero equiparó el Gobierno de Sheinbaum con regímenes autoritarios y pidió que "Cuba, Nicaragua y otros países como México" rompieran sus "cadenas" y que se pusiera fin a los "narcoestados" de "dictadores de ultraizquierda". Sheinbaum respondió al día siguiente y calificó esas palabras de "propaganda" y "calumnia", y dijo que era "absolutamente falso" que México copiara modelos como Cuba o Venezuela.

Eso, sin embargo, no le ha impedido planificar un viaje que comenzó con una misa en la Basílica de Guadalupe y que también tendrá parada en la Riviera Maya. Ese primer día estaba previsto el acto "Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés", con la presencia de Nacho Cano, creador del musical Malinche, que aborda la historia entre la traductora indígena Malinche y Hernán Cortés, y que ha sido objeto de polémica por la supuesta contratación ilegal de becarios mexicanos. La denuncia, sin embargo, fue archivada provisionalmente por la Audiencia de Madrid en abril del pasado año. Ahora, la empresa que lo produce está en concurso de acreedores.

El acto, inicialmente previsto en la catedral Metropolitana, tuvo que trasladarse al Frontón México después de que la Arquidiócesis Primada se desmarcara. La cancelación llegó con apenas una hora de antelación y no frenó las protestas de organizaciones indígenas frente a la catedral. Ayuso reivindicó el “mestizaje” y la “evangelización” gracias a Hernán Cortés.

La respuesta de Claudia Sheinbaum llegó horas después en un acto de conmemoración de la Batalla de Puebla. Sin citar expresamente a Ayuso, la presidenta mexicana criticó a quienes "buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades" y sostuvo que quienes reviven la conquista como salvación están "destinados a la derrota”. En el aeropuerto de Aguascalientes, la diputada mexicana Anayeli Muñoz, del partido de centroizquierda Movimiento Ciudadano, se encontró con la presidenta madrileña y le reprochó que hubiera dicho que España tuvo que ir a "civilizar" México y que sus palabras faltaban al respeto a la cultura, al país y a la democracia mexicanas. 

El día anterior, había asegurado que precedía de “ese Madrid en el que hay muchas malinches” en “el metro, en las calles y en los colegios”. Un ejercicio de desconocimiento de las connotaciones que tiene en México lo relacionado con La Malinche, una mujer indígena nahua que actuó como intérprete, mediadora y consejera de Hernán Cortés durante la conquista de México que fue convertida en símbolo de “traición” por haber colaborado con los españoles. 

De hecho, el Diccionario del español de México define malinchismo como la tendencia de algunos mexicanos a preferir lo extranjero sobre sus compatriotas, productos, valores o tradiciones; y la RAE lo define como apego a lo extranjero “con menosprecio de lo propio”. No obstante, La Malinche como figura histórica es mucho más compleja y hoy también se reinterpreta desde perspectivas feministas, indígenas o poscoloniales, que la analizan como una mujer esclavizada, en un contexto de violencia colonial y alianzas indígenas complejas.

Ante las críticas de la izquierda española y de la mexicana por su visión colonialista, la baronesa del PP defendió que ella no va “a renegar de todo lo que hizo España”. Para la conservadora no se trata solo de defender una lectura concreta del pasado, sino de usarla como marco de confrontación presente.  

Con todo, Sheinbaum ha señalado que “no cree” que las palabras de Ayuso “minen” la relación diplomática entre ambos países. Para el Ejecutivo español, México es un aliado clave y por eso le da la máxima importancia a la cumbre iberoamericana, de la que España será el país anfitrión el próximo mes de noviembre. Una cumbre que ayudará a escenificar la normalización de una relación estratégica, histórica y económica, pero también muy sensible.

Además de México, Portugal y Andorra, están invitados Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

La asociación 7291 Verdad y Justicia llevará su exposición sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia del covid a distintas localidades de la Comunidad de Madrid, tras el "éxito y las peticiones" expresadas por parte de la ciudadanía.

Según señalan los familiares de las víctimas en un comunicado, la hoja de ruta pasa también por emitir el documental No, no iban a morir igual, de Javier Quintas y Aman Homoudi, entre el 6 y el 20 de mayo en distintos puntos de la región.

Este miércoles echa a andar la iniciativa en el teatro Buero Vallejo, en Alcorcón (Madrid), con la participación de la alcaldesa del municipio, Candelaria Testa (PSOE); la presidenta de la asociación, María Jesús Valero y el director de cine y del documental que se expondrá, Javier Quintas.

Isabel Díaz Ayuso presentaba esta semana una de sus medidas estrella. La presidenta madrileña ha anunciado una estrategia para ampliar la red de residencias de la Comunidad de Madrid que ha hecho saltar las alarmas de las asociaciones que pelean por dignificar la atención a los mayores. El plan contempla la apertura de 40 residencias y 40 centros de día. En total, 8.000 nuevas plazas. Al menos 3.200 estarán integradas en la red pública, mientras que el resto —la mayoría— serán privadas y contarán con una inversión de 500 millones de euros. Explica el gobierno regional que a ellas se podrá acceder a través de un cheque servicio que ofrece ayuda monetaria para quien no pueda costearlas. Las familias de las víctimas de las residencias —que aun buscan justicia por los Protocolos de la Vergüenza, desvelados por este periódico, y no olvidan los desplantes del gobierno regional y de Ayuso durante todos estos años— recelan de que estas ayudas puedan cubrir parte de su coste.

El plan, aseguran las asociaciones, dista mucho de ser equitativo. El principal problema que ven es la abrumadora presencia de centros privados. “Hay una discriminación clara entre las personas que tienen dinero y las que no. La mayoría de las nuevas plazas serán privadas y el cheque servicio no cubre todos los gastos”, afirma Pilar Serrano, presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Pública y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. 

“La colaboración público-privada no va a funcionar porque ya la hemos vivido. Cuando las residencias son públicas de gestión privada, sabemos lo que pasa: la estructura de los edificios está mal, no hay suficiente personal, tienen condiciones horribles, etc.”, retrata María Jesús Valero, portavoz de 7.291: Verdad y Justicia, al otro lado del teléfono. 

Desde la organización se oponen a que con dinero público se “construyan residencias cuya propiedad sea de fondos buitre o grandes empresas del sector de residencias”. Para ellas, el objetivo no es mejorar el servicio de las residencias sino por el contrario, “hacer grandes negocios a costa de la calidad de vida de residentes y personas trabajadoras”. 

En Marea de Residencias también ponen el foco en los riesgos de la colaboración público-privada. “Lo que se hace con este modelo es dar recursos públicos a empresas que no tienen ningún control. Se quitan de en medio a personas vulnerables y las dejan en manos privadas", asegura Carmen López Llorente, portavoz de Marea de Residencias. 

Las cifras dejan ver las grietas que tiene el modelo privatizado. Algo que se hizo más evidente en la pandemia. Entre marzo y abril de 2020, la mortalidad en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid fue del 7,4%. En las concertadas, la cifra se elevó a un 21,9%. Aun así, tan solo el 5,7% de las residencias son totalmente públicas. En ellas, cuentan desde Verdad y Justicia en un comunicado, imperan las “malas condiciones de vida de los residentes” además de “las pésimas condiciones laborales de las trabajadoras”. 

“La presidenta Ayuso quiere ‘un pelotazo’ para ciertas empresas y, de paso, aparecer como la gran benefactora de la población mayor, construyendo residencias, para que olvidemos que dejó morir a 7.291 residentes sin asistencia sanitaria y que Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad en 2020”, denuncian desde estas asociaciones. Y critican la falta de interés de la Comunidad de Madrid en favorecer políticas públicas: “La presidenta Ayuso nunca ha actuado en favor de la salud de la ciudadanía. Es una medida que, más que útil, es puro marketing político”, afirma Serrano. 

Hay muchas cosas que se han dejado fuera del nuevo plan. Se trata de acciones que, tanto para Marea de Residencias como para 7.291: Verdad y Justicia, son imprescindibles. La principal es la zonificación. “No han hecho ningún tipo de estudio. Conceden el suelo sin tener en cuenta las necesidades de las personas que están en lista de espera. Hay muchas personas que tienen a sus mayores a kilómetros y kilómetros porque no porque no hay disponibilidad en su zona y, si dices que no, no te dan alternativa: vuelves al final de la lista”, cuenta Valero. 

Pero desde 7.291: Verdad y Justicia son claros con lo que piden: 40 nuevas residencias completamente públicas, distribuidas territorialmente en función de la población y adaptadas a los criterios de acreditación, además de mecanismos de participación. 

No parece que se vaya a cumplir en el futuro cercano. Ni siquiera la región parece escuchar las demandas, ya no de las familias, sino de la Administración central. Ahora mismo, lo que impera es un acuerdo marco que muchas comunidades, como la Comunidad de Madrid, se saltan. “El acuerdo se tiene que convertir en una ley marco que pueda blindar a las personas de las ganancias de las empresas. Hay muchos que se lo saltan. Por ejemplo las ratios están fijadas en 120 mayores por residencia pero en Madrid hay muchas que superan los 150”, relata Carmen López. 

“Si la presidenta Ayuso ya no cumple con el acuerdo marco, ¿cómo esperamos que cumpla con las promesas de este nuevo plan?”, se pregunta María Jesús. Por ejemplo, el plan recoge una forma de estructurar las residencias por módulos para que los mayores vivan como si estuvieran en un piso. “Esto es una utopía y el Gobierno de Madrid nunca ha facilitado las cosas. No se va a cumplir”, zanja María Jesús Valero.

La Comunidad de Madrid se engalana este sábado para celebrar su festivo regional con los focos puestos en su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y en qué palabras utilizará esta vez para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Como ya avisaba el año pasado en infoLibre el presidente de la FRAVM Jorge Nacarino, el acto institucional por el Dos de Mayo ha pasado de ser un homenaje al levantamiento del pueblo madrileño en el año 1808 a escenificar por todo lo alto la ruptura entre el Gobierno regional y el central.

El acto de este año llega marcado, igual que en 2025, por el enfado de Ayuso ante la negativa del Ministerio de Defensa de autorizar un desfile militar en el ‘Kilómetro Cero’. ¿La respuesta? Excluir –de nuevo– de la celebración a cualquier miembro del Ejecutivo central y definir como “sectaria” la postura del Gobierno central. 

Repasamos cuáles han sido las polémicas que han marcado a lo largo de los años el Dos de Mayo y cómo esta fiesta ha servido a Díaz Ayuso para afianzar su cruzada contra Pedro Sánchez y el Ejecutivo. 

La inquina contra el Ministerio de Defensa por dejar a Madrid sin desfile en 2025 dista mucho de la estampa en plena pandemia, cuando el 2 de mayo de 2020, guardando todas las medidas de seguridad por el covid-19, Díaz Ayuso bautizaba a la ministra Margarita Robles como “la nueva Manuela Malasaña” por su labor durante lo peor de la crisis sanitaria que asoló el mundo ese año.

“Algunas veces, durante esta batalla contra el virus, os ha faltado con qué protegeros y habéis salido a luchar con lo que teníais: os digo que no volverá a pasar; con imaginación e iniciativa hemos hecho frente a lo peor, colaborando juntos, sin colores, ideologías, ni prejuicios”, aseguró a los presentes.

Un año después, la misma fiesta coincidió con el fin de una campaña electoral en la que la palabra más repetida fue “libertad” y en la que dedicó a Sánchez declaraciones como esta: “Necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta, que es romper España, dividirla territorialmente y crear ciudadanos de primera y de segunda”.

Tras estas declaraciones durante la campaña, el Dos de Mayo adquirió un tono conciliador, deseando que ese día sirviese “de paréntesis en la disputa”, pero dejando claro que dos siglos atrás "el pueblo de Madrid se echó a la calle para demostrarle al mundo que no hay bien más preciado que la libertad", y lo hizo "por la nación entera, y no sólo por Madrid". Dos días después, Díaz Ayuso salió victoriosa al balcón de Génova tras conseguir una mayoría absoluta para gobernar la región.

Después de un año gobernando en solitario, en 2022 Isabel Díaz Ayuso llegó a la fiesta regional con toda la artillería pesada, dejando claro que Madrid es la España necesaria “frente a las ideologías totalitarias que enfrentan a unos contra otros; es la realidad abierta de unos junto a otros y que niega la confrontación ideológica en la Educación, en la familia, entre sexos, el campo y las ciudades o nuestra intimidad, que no fabrica clases sociales”. 

“El verdadero fracaso viene cuando se cede ante el terror, la mentira, el totalitarismo, o la injusticia, hasta que la confrontación o la ruptura de la convivencia se hacen inevitables”, destacó la dirigente madrileña, agregando que no iba a “perder tiempo, ni malgastar energías en batallas estériles, en confrontaciones absurdas, en iniciativas fracasadas, en gasto inútil que despilfarra el esfuerzo de los ciudadanos”. “Madrid se respeta a sí misma y por eso respeta a todos”, sentenció.

El discurso de 2022 sentó un precedente para todos los Dos de Mayo que estaban por llegar, siendo el del año 2023 la fiesta de la polémica con un gran protagonista: el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La foto del día no fue ni Ayuso durante su discurso ni ninguna sobre el homenaje a los héroes de Madrid. La foto del Dos de Mayo de 2023 fue una en la que se ve a la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid impidiendo el paso a Bolaños a la tribuna de honor, lugar al que sí se le dio acceso en 2022.

Que el foco se pusiera en este hecho fue algo que enfureció a Ayuso, cuyas declaraciones sobre Madrid, la libertad y la “inmensa responsabilidad” que tiene la capital –“porque lo que pase aquí resonará en toda España”–, quedaron diluidas en la controversia.

Con más calma, pero todavía con rencor, al día siguiente la popular acusó a Bolaños en la Cadena Ser de presentarse allí para “provocar” e intentar “reventar este evento y crear mal ambiente” para que no se hablase de un “día magnífico” como es el 2 de mayo. 

“Cada casa tiene sus normas y, sobre todo, es que estamos dando por normal que la presencia de un ministro sea de obligado cumplimiento porque así lo decide el Gobierno”, indicó. También advirtió que las autonomías son “contrapesos” y “no todo es el Gobierno, y no todo es (Pedro) Sánchez”. 

“Al señor Bolaños se lo dijimos amablemente, que no estaba invitado, y luego fue, a mi juicio, en calidad de provocación”, reiteró Ayuso. Quien sí subió a la tribuna de autoridades fue Alberto Núñez Feijóo, invitado personalmente por Ayuso, la cual subrayó que el Gobierno ya estaba representado en la tribuna con la presencia de Margarita Robles, que sí fue invitada –junto a Isabel Rodríguez, que no acudió–. Desde este incidente, Bolaños no se ha atrevido a acercarse a la Real Casa de Correos un Dos de Mayo.

El Dos de Mayo de 2024 llegó cargado de tensión por los diversos ataques entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central. Tras lo ocurrido con Bolaños el año anterior, el “desplante” a Díaz Ayuso en la inauguración de un tramo del AVE y la “cacería política” orquestada –según Ayuso– desde Moncloa contra su persona y Alberto González Amador, la presidenta decidió que al Dos de Mayo no iba a ir nadie del Gobierno, excepto el Delegado en Madrid, Francisco Martín, con el que la relación en los últimos años también ha ido de mal en peor.

Finalmente se instauró la tregua para celebrar la fiesta de los madrileños, y en representación del Gobierno central acudieron tanto Martín como Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. 

Torres señaló su voluntad de “tender la mano” a la Comunidad de Madrid para “caminar juntos en la convivencia y la democracia” y hablar de temas como “la vivienda o el empleo”. Por su parte, Ayuso reiteró que en la región madrileña no triunfan “ni los abusos, ni las injusticias”, afirmando que su Comunidad es “la región al servicio de España” como ”siempre” ha sido porque es “la plaza mayor de todos”.

A pesar de la tregua, las críticas entre PP y PSOE se dejaron ver igualmente. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no quiso perder la ocasión de opinar que los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno “consisten en la persecución a todo aquel que disiente de Pedro Sánchez”, que “no acata los deseos del amado líder”. 

Por su parte, fuentes socialistas hicieron hincapié en la ausencia de Núñez Feijóo, incidiendo en que “los grandes nombres del Partido Popular” han dejado “sola a Isabel Díaz Ayuso en uno de sus días grandes por excelencia”. “Tiene un aluvión de preguntas sin responder, una pareja delincuente confeso por delito fiscal y una casa en la que reside que no sabemos si se está pagando con dinero del fraude fiscal”, agregaron.  

Esta calma tensa volvió a romperse en 2025, cuando desde Defensa decidieron suprimir el desfile militar, habitualmente desplegado el día de la fiesta de la comunidad, y Ayuso, sin echarse atrás como el año anterior, denegó la invitación a cualquier ministro y no se quedó corta con las “puyitas” en su discurso.

"A nosotros nadie nos encierra, nos apaga, ni nos deja en evidencia ante el mundo. (...) Si alguien duda de que España es así, que se venga a Madrid, y escuche por sus calles esta misma forma de ver la vida, en todas sus formas", espetó. 

Todo hace presagiar que, este sábado, Díaz Ayuso volverá a valerse del acto institucional del Dos de Mayo para ejercer una crítica mordaz contra el Gobierno central disfrazándola de la gran fiesta de los madrileños.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso afronta su último Dos de Mayo antes de la precampaña de las autonómicas del próximo año. l

Le acompañará el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, señalan fuentes de la formación conservadora a infoLibre. La dirigente que convirtió la confrontación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su seña de identidad, llega a la fiesta de la Comunidad con menos presencia mediática que en otras ocasiones. La cita funciona, además,  como antesala de una campaña larga hacia 2027, en la que Ayuso espera reeditar su mayoría absoluta, aunque el desgaste por la situación procesal de su entorno más cercano empieza a pesar. 

Desde su pareja pasando por su jefe de gabinete. Sus colaboradores más cercanos están vinculados a investigaciones, polémicas o causas que han terminado erosionando el relato de una dirigente que siempre ha intentado separar su figura de los problemas judiciales de quienes la rodean. A ello se suma la crisis interna derivada del caso de acoso sexual por parte del alcalde de Móstoles que presuntamente encubrió, el cese de su consejero de educación, Emilio Viciana, la posterior rebelión de los pocholos y la presión de Vox.

Hasta ahora, una de las claves del éxito de Ayuso es que apenas se hable de su gestión ni de los problemas que atraviesa la comunidad que dirige con una cómoda mayoría absoluta desde 2023, entre ellos los precios de la vivienda, las listas de espera en sanidad y las ratios en la educación pública. Desde su llegada a la Puerta del Sol, la Asamblea de Madrid se ha convertido en un espejo del Congreso, mientras ella ha construido una imagen de liderazgo hipermediatizado basada en la polarización y la victimización.  

El hecho de que una  jueza decidiera enviar al banquillo a su pareja, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros impactó de manera directa en Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que desde el primer momento puso recursos del Gobierno autonómico al servicio de la defensa de su novio, empezando por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, siempre ha presentado la investigación contra el empresario con el que convive como una persecución política por ser ella quien es, y no por lo que supuestamente ha hecho González Amador. Pero su situación también le compromete.

Actualmente, la pieza separada, que deriva de la principal –la que versa sobre el fraude fiscal–, se mantiene en stand by a la espera de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se encargó hacer averiguaciones en relación a una operación de compraventa societaria que podría esconder, a ojos de la Fiscalía, una comisión encubierta a un directivo del grupo sanitario Quirón. Un informe que, más de medio año después, sigue sin llegar, lo que puede retrasar la fijación de la vista y resolución hasta después de las elecciones autonómicas del próximo año, previstas para el mes de mayo.

Tampoco se libra Miguel Ángel Rodríguez de su cita con los tribunales, su jefe de gabinete, el arquitecto comunicativo del ayusismo, capaz de convertir cada crisis en una batalla cultural y cada denuncia en munición contra Moncloa. Su citación como investigado por la presunta difusión de datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en el caso González Amador no ha sentado nada bien en Sol. La Audiencia Provincial de Madrid obligó a investigar cómo, cuándo y por qué llegaron esos datos al jefe de gabinete de Ayuso, y el juzgado lo ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de mayo.

Además, hace solo dos semanas, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano y mano derecha de Ayuso, declaró como testigo en el caso en el que se investiga la filtración de un documento policial en enero de 2024. Serrano subió a X una foto de una denuncia en la que se definía al autor de una agresión sexual como de raza negra. Esta imagen fue utilizada para relacionar migración y delincuencia, en un momento en el que el PP de Madrid estaba criticando la llegada de migrantes procedentes de Canarias a un centro en Alcalá de Henares. Durante su declaración, aseguró que la foto le llegó por mail y que la publicó sin leer siquiera el encabezado.

Solo un día después de la declaración de Serrano, la Fiscalía envió un escrito al juzgado sobre el que recayó la querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal del PP solicitándole que se diera impulso procesal a la causa ante su "inactividad manifiesta". Según el testimonio de la concejal, la cúpula del PP madrileño, con Ayuso a la cabeza, encubrió el caso y mantuvo al alcalde en el cargo. Tras conocerse la denuncia, Bautista se ha negado a abandonar el consistorio con el visto bueno de Ayuso y su núcleo duro.

En los últimos meses, Ayuso ha lidiado con su peor crisis interna de la legislatura tras el cese del consejero Emilio Viciana. La versión oficial fue que la presidenta madrileña lo apartó por su incapacidad para consensuar con los rectores universitarios el nuevo modelo de financiación, un proyecto que quería enarbolar como un logro de gestión pero que veía cómo se encallaba semana tras semana. Sin embargo, desde la oposición siempre han mantenido que su salida tuvo que ver con la denuncia sobre el troceo de contratos en la Consejería de Educación en el caso FP, que cerca a altos cargos del Gobierno regional por una serie de irregularidades detectadas en la construcción de centros educativos.

Al cese de Viciana le siguió la dimisión de los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, conocidos en la Asamblea de Madrid como los pocholos, lo que fue todo un shock para un partido acostumbrado al orden. Se trata de un movimiento muy poco frecuente a mitad de legislatura, que no pocos en el PP madrileño interpretaron como un desafío a la baronesa del PP. Ayuso los fichó para las elecciones de 2023 como la "nueva generación" del PP, aconsejada por su gurú en materia educativa, Antonio Castillo Algarra, que los había "formado"' en su compañía de teatro.

Tras estas salidas se produjo la dimisión del propio Castillo Algarra, que había ganado influencia en la trastienda del Ejecutivo madrileño aunque no tenía despacho alguno en Sol. Según aseguró él mismo en redes sociales, detrás de la campaña en su contra se escondía Miguel Ángel Rodríguez, aunque desde su entorno negaron haber tenido trato con él.

Vox también supone una amenaza para la presidenta madrileña. Durante años, Ayuso neutralizó a la extrema derecha absorbiendo parte de su tono y presentándose como una versión más eficaz, institucional y ganadora de esa batalla cultural hasta el punto de lograr una mayoría absoluta que les dejó fuera de juego en las últimas autonómicas. Pero la formación ultraderechista ha cambiado de estrategia y acusa a la dirigente del PP de haber abandonado a los madrileños de los barrios y de apostar por el “Madrid de todos los acentos” frente a la “prioridad nacional”. 

Con perfiles como el del diputado Carlos Hernández Quero, Vox busca atacar a Ayuso desde el malestar social en los barrios y municipios del sur de Madrid y por eso ha lanzado la campaña "Madrid Sur en Pie". El partido presenta a Quero como una cara distinta a la de Rocío Monasterio, anterior cabeza visible en la comunidad, pero compatible con la de Isabel Pérez Moñino, actual portavoz, menos vinculada a la élite tradicional de Vox y más centrada en vivienda, empleo y jóvenes expulsados del mercado inmobiliario.

El objetivo último de Vox es acabar con la mayoría absoluta de Ayuso en 2027 y recuperar relevancia en Madrid. En Génova creen que la presidenta madrileña puede mantener su mayoría, pero consideran que “no está garantizada” y por eso creen que se mostró tan combativa con la idea de “prioridad nacional” presente en los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón. La presidenta de la Comunidad de Madrid busca distanciarse de los ultras sin renunciar a dar determinadas batallas.

A ese pulso externo con Vox se suma una lectura interna en el PP: el espejo de Juanma Moreno. El equipo de Ayuso mira de reojo la estrategia electoral del presidente andaluz, que intenta contener a Vox evitando el choque y presentándose como un gestor institucional mientras que Ayuso representa la vía dura, la de la confrontación permanente con Sánchez, la polarización ideológica y Madrid como fortín nacional de la derecha. Mucho se ha escrito sobre sus aspiraciones nacionales, pero en Génova consideran que, “cuanto más tiempo pase”, más difícil tendrá alcanzar La Moncloa pese a que su entorno “así lo quiere”.

La prueba de que a Ayuso le preocupa lo que pueda ocurrir en las elecciones del próximo año es que el PP de Madrid ha enviado una carta a los cerca de 90.000 interventores y apoderados que participaron en la campaña de 2023 para pedirles que estén "más vigilantes que nunca" ante un PSOE al que presentan como "capaz de todo". La misiva, adelantada por Artículo 14, vincula el voto por correo, regularizaciones y nacionalizaciones con el riesgo de alteración del censo.

La misiva está firmada por Serrano, la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, y el secretario de agentes electorales, Juan Peña, y piden a los suyos un “ejército de agentes electorales” para ser “más ambiciosos” y “cubrir todas las mesas con interventores para “teñir de azul los colegios”. “A todos nos une una pasión, Madrid, y una pesadilla que se llama socialismo”, arenga a la militancia para que, tras los próximos comicios, la Comunidad siga siendo “libre, próspera y abierta”.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha anunciado que se querellará contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "vulnerar su honor" al "instrumentalizar" la Junta Local de Seguridad de este viernes para exigirle su dimisión por la querella por el presunto acoso a una exedil, según recoge EFE.

Fuentes municipales han trasladado a EFE que el alcalde ha afeado a Martín que utilizara una reunión institucional, centrada en la seguridad ciudadana y en la coordinación de las fiestas del 2 de Mayo, para "introducir ataques personales", "instrumentalizando las instituciones con fines políticos ajenos al interés de los vecinos".

Al término de la Junta Local de Seguridad, el alcalde se ha negado a comparecer públicamente y ha trasladado a través de su gabinete de prensa que "la prioridad del encuentro debía ser abordar la seguridad del municipio y no desviar el foco hacia cuestiones judiciales, por lo que considera inadmisible la actuación del delegado del Gobierno".

"Ante esta situación, el alcalde ha confirmado que emprenderá acciones legales al entender que las manifestaciones realizadas suponen una intromisión en su honor y un uso partidista de un órgano institucional", han añadido fuentes municipales, aventurando una querella por "vulnerar su honor".

El delegado del Gobierno, en su comparecencia ante los medios a la salida del Ayuntamiento, ha reiterado su exigencia de que el regidor mostoleño presente su dimisión después de las acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una exedil del PP.

Bautista descartó nuevamente el pasado lunes su dimisión después de que la Sección 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles haya admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y que cita a la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

El delegado del Gobierno por su parte ya había advertido a lo largo de esta semana que esperaba que Bautista no estuviera ya en la Junta Local de Seguridad prevista para este viernes, ya que considera "absolutamente impresentable que el alcalde de Móstoles siga en su asiento" después de las acusaciones de acoso sexual y laboral.

Sin embargo, la reunión comenzaba esta mañana de viernes, en torno a las 9:00 horas, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Móstoles con Manuel Bautista al frente, algo que para el delegado del Gobierno "nunca había debido de producirse", según ha explicado Martín al término de la reunión.

"Tenía que haber dimitido hace mucho tiempo y que en todo caso él no la debía presidir por responsabilidad con los mostoleños y mostoleñas", ha añadido. El delegado del Gobierno ha denunciado también "el lamentable amparo que está teniendo por parte del señor Feijóo y de la señora Díaz Ayuso, cómplices absolutos de lo que está pasando".

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado acaba de concluir contra la esposa del presidente del Gobierno ha recibido duras críticas en el propio sistema judicial –ha sido vapuleada por el Tribunal Supremo, y corregida por defectos gruesos en la Audiencia de Madrid– y de la academia, en la que varios catedráticos han calificado la instrucción –en la que no se ha encontrado el mínimo indicio de enriquecimiento por parte de Begoña Gómez y el resto de imputados– de "impresentable" o "puro humo". El CGPJ, además, mantiene abierta una investigación disciplinaria contra el instructor por su estrambótica toma de declaración en Moncloa al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y su intento de implicarlo en el caso, que el Alto Tribunal rechazó "ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud".

El grado de polémica judicial, académica y social que ha generado la actuación de Peinado –que contrasta con el silencio y el consenso general frente a otras causas de corrupción que afectan al PSOE, como el caso Koldo– no le ha impedido llevar sus pesquisas hasta el final. Las últimas declaraciones del ministro Bolaños –que ha sido una de las víctimas de las maniobras del instructor– en las que aseguraba que jueces y magistrados se avergüenzan de su actuación, han provocado de nuevo una reacción airada de la derecha judicial y política, que ha vuelto a hiperbolizar sobre el supuesto peligro para la separación de poderes y la independencia judicial que supondrían las manifestaciones del actual titular de Justicia y otros ministros y ministras.

Uno de los jueces en activo que se han pronunciado de esa manera es el miembro de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y colaborador del diario La Razón, Enrique López. En un artículo publicado este domingo titulado Aquelarre contra un juez incómodo, el magistrado llegó a decir que el Consejo de Ministros se había convertido en una "parodia". "Una cosa es criticar una resolución y otra muy distinta convertir la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en una ceremonia de deslegitimación de un juez de instrucción", escribió López. Eso es lo que hemos visto: un aquelarre político tan grave como fútil, y tan fútil como ridículo. Una escena que, por su exceso verbal, por su sobreactuación y por su pretensión de convertir al juez en acusado, rebajó el Consejo de Ministros a la categoría de parodia institucional".

El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces y magistrados "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". Las censuras al Gobierno del PSOE y Sumar escritas por el magistrado vienen de una persona aupada sistemáticamente por el PP para cada uno de sus cargos. Fue propuesto por ese partido como vocal del CGPJ en 2001, cargo que ocupó hasta 2008. En 2013, el partido que entonces lideraba Mariano Rajoy lo impuso como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, puesto que tuvo que dejar solo un año después tras ser interceptado por la policía por saltarse un semáforo con su moto, que conducía sin casco y quintuplicando la tasa de alcohol permitida al volante.

A su vuelta a la Audiencia Nacional retornó a su destino en la sección tercera de la Sala de lo Penal, a la que correspondía juzgar el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP. Su implicación con el partido había sido tal hasta ese momento, que sus compañeros de Sala decidieron en 2015 apartarlo del tribunal que juzgó la Época I de la macrotrama corrupta. La que terminó por llevarse por delante, en la moción de censura que ganó Pedro Sánchez, al Ejecutivo de Rajoy en junio de 2018 tras la condena al partido como responsable a título lucrativo y las acusaciones que se vertían en la resolución sobre las supuestas mentiras vertidas por el entonces presidente del Gobierno durante su declaración como testigo.

Es público, además, que López ha tenido, durante años, carné del PP. El 20 de agosto de 2019 fue nombrado consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pasando a actuar como su mano derecha. Cinco meses después, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, lo nombró secretario de Justicia y Administraciones Públicas de la formación. López, sin embargo, cayó en desgracia tras posicionarse con Casado en el duelo que este último mantuvo con Ayuso y que terminó con su dimisión. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección, López dejó su cargo orgánico en el partido, y dos años después el 26 de junio de 2023, el de consejero. Tras ello, se dio de baja en el PP y volvió a la Audiencia Nacional.

La repercusión de su tribuna en un diario de tirada nacional ha sido amplificada por el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, que ha reposteado parte de su texto incluyendo los nombres de usuario en X de los tres ministros que participaron en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros –Félix Bolaños, Elma Saiz y Óscar Puente– y que no estaban en el artículo de López. Ruiz de Lara fue eximido hace semanas por la comisión disciplinaria del CGPJ después de que se abriera expediente disciplinario contra él por insultos proferidos a Pedro Sánchez, al que llamó "golpista", "antisistema" y "autócrata", y a su esposa, Begoña Gómez, precisamente enjuiciada por Peinado, y a la que calificó de "Barbigoña". La mayoría conservadora de la comisión hizo valer que se trataba de una "inocentada" y que estaba amparada por su libertad de expresión.

El artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial califica como "falta grave" castigada con multa de 601 a 6.000 euros la de "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de ella". Enrique López inició sus colaboraciones periódicas con La Razón nada más dejar el Consejo y tomar posesión de su destino como magistrado en la Audiencia Nacional. Solo los responsables de ese medio pueden explicar si, desde entonces, le dan espacio por su trabajo en uno de los tribunales más importantes de España.

El CGPJ casi siempre concluye que los jueces que aparecen en medios y aprovechan sus colaboraciones para descalificar a personas, cargos públicos, partidos e instituciones desde ellos, participan como cualquier ciudadano particular y en uso de su derecho fundamental a la libertad de expresión. La misma libertad de expresión que López y Ruiz de Lara niegan al Gobierno para criticar a sus compañeros de profesión.

El Partido Popular ha decidido librar una batalla contra la regularización extraordinaria de migrantes por todos los frentes: judicial, burocrático y europeo. Tras la aprobación de la iniciativa en el Consejo de Ministros el pasado martes, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha puesto en marcha una ofensiva múltiple, coordinada con las autonomías, en la que se mezclan recursos judiciales, la amenaza con acudir a Bruselas y la utilización de los propios cuellos de botella administrativos para intentar paralizar o ralentizar la medida.

El PP también está dando la batalla a nivel discursivo. Feijóo tachó de "inhumana, injusta, insegura e insostenible" la medida en un encuentro con los parlamentarios del partido en el Congreso y el Senado pese a que en abril de 2024 la formación conservadora aprobó que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promovía la regularización, respaldada por más de 700.000 firmas, siguiera su curso en la Cámara Baja. Feijóo se posicionó en el bloque del sí movido por la presión de la Iglesia católica y de algunos sectores empresariales que requieren de mano de obra, con la vista puesta en la inmigración europea pero, sobre todo, en la latinoamericana. 

Este jueves, el líder de la oposición señaló en un foro celebrado por el elespañol.com que  la iniciativa “va en dirección contraria al mayor control acordado por todos los países de la Unión Europea” y que, por tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es un “traidor” a Europa. Días antes, tras la reunión del comité de dirección del partido, la vicesecretaria Alma Ezcurra anunció que el PP no dejaría pasar “ninguna” vía política, parlamentaria o jurídica, ni siquiera en Bruselas, para combatir el decreto.

En el aspecto judicial, al menos ocho autonomías se preparan ya para ya para recurrir el recurso contra el real decreto, según ha avanzado el diario El Mundo. A la Comunidad de Madrid, Baleares y Comunitat Valenciana se le sumarán Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Por su parte, Extremadura y La Rioja, todavía no han tomado la decisión. Y solo una, Andalucía, se desmarca por ahora. Su presidente, Juanma Moreno, no discrepa de sus compañeros de partido, pero no quiere que la cuestión impacte en la precampaña andaluza.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso fue la primera en anunciar el recurso y la petición de suspensión cautelar bajo la tesis de que el eventual aumento de población regularizada podría “colapsar” los servicios públicos madrileños. “No queremos que nadie muera en la puerta de un hospital”, señaló. “Estoy en contra de regularizar sin control y, encima, a personas con antecedentes penales [es un bulo, en caso de que un migrante que ha delinquido pida la regularización, quedaría automáticamente fuera de este proceso]. Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventar los servicios públicos”, argumentó en la sesión de control al Gobierno el pasado jueves. En otras ocasiones, lo ha vinculado directamente a un intento de alterar el censo electoral, otro bulo de la presidenta autonómica. 

La Comunitat Valenciana y Baleares insistieron en la misma desinformación. El president valenciano, Juanfran Pérez Llorca, acusó al Gobierno de regularizar a inmigrantes por cálculo electoral y, en una línea muy similar a la de Ayuso cuando habla de “mover los censos”, lo achacó a un “tema electoral”. Sin embargo, lo cierto es que los migrantes regularizados no podrán votar en las próximas generales y autonómicas. Por su parte, la presidenta balear, Marga Prohens, aseguró que la regularización era “irresponsable” y que provocará “un nuevo efecto llamada”, un concepto recurrente para la derecha.

En Cantabria, la presidenta María José Sáenz de Buruaga describió la regularización como  una “temeridad” y “el mayor coladero de la historia”, insistiendo igualmente en el efecto llamada, el negocio de las mafias y la necesidad de una inmigración vinculada al empleo y al cumplimiento de la ley. Con el expresidente José María Aznar en La Moncloa se llevaron a cabo 453.891 regularizaciones.

El poder territorial del PP también les permite dar la batalla a nivel burocrático. Los barones conservadores denuncian que el decreto provocará caos, pero de ellos dependen gran parte de los resortes administrativos. Es el caso de la Comunidad de Madrid. La única oficina que expide el certificado de memoria de la tarjeta de transporte, uno de los documentos para acreditar la permanencia continuada exigida por el decreto, no contratará a más personal. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, el colegio profesional de trabajo social de Castelló ya ha alertado de sobrecarga por los informes de vulnerabilidad

Desde el PP denuncian el posible colapso de servicios sociales, sanidad, vivienda o consulados, pero al mismo tiempo organizaciones sociales y profesionales recuerdan que el decreto precisamente obliga a tramitar certificados, citas y acreditaciones de vulnerabilidad a través de una red administrativa que requiere refuerzo. La saturación en el sistema es una preocupación que trasladó en su informe el Consejo de Estado.

El colapso de las administraciones y la falta de citas en Extranjería llevan años siendo denunciados por asociaciones sociales y antirracistas. Hasta el punto de que ha surgido un entramado ilegal dedicado a vender estas citas por un valor de hasta 1.000 euros, aprovechándose de la desesperación de los solicitantes y las trabas de la burocracia española.

El Partido Popular también está tratando de elevar el conflicto más allá del marco interno para presentarlo como un problema para el espacio Schengen y para la confianza entre socios europeos. Tras el anuncio de la medida, el pasado mes de enero, el líder del PP aprovechó una cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) para tratar de lograr una respuesta unitaria contra la decisión del Gobierno de Sánchez, pero no logró más que un compromiso genérico contra la “legalización masiva de inmigrantes ilegales”.

Ante sus socios lo formuló como un choque con el Pacto europeo de Migración y Asilo y las recomendaciones europeas y lo envolvió en un catálogo que incluía presión sobre los “servicios públicos”, tensión en el “mercado de la vivienda”, “problemas de convivencia” y, sobre todo, el “efecto llamada”.

El líder del PP también se topó con una rápida respuesta de Bruselas que dejó claro que el Gobierno estatal es quien tiene la “responsabilidad” para tomar la decisión de regularizar a personas migrantes. Así se manifestó el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, considerado entre los partidarios de la mano dura contra la acogida, que sí aludió concretamente al caso español. Brunner dejó claro que es el país el que “tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal” para “ver si hay necesidad de mano de obra”: “Es lo que está haciendo España”, dijo.

La Fiscalía ha enviado un escrito al Juzgado sobre el que recayó la querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal del PP solicitándole que de un impulso procesal a la causa ante su "inactividad manifiesta".

Según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes de la Fiscalía, el escrito se ha dirigido después de la "inactividad manifiesta del juzgado" sobre este asunto, ya que en más de un mes no ha ordenado "ninguna diligencia de ningún tipo" y ni ha citado a las partes.

El abogado de la querellante, Antonio Suárez-Valdés, ha corroborado a EFE este escrito dirigido a la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, que ha asumido provisionalmente el caso ante la ausencia de juez titular en la plaza número 2, en el que recayó inicialmente.

La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.

La Audiencia de Madrid rechaza la última maniobra del empresario Alberto González Amador para intentar archivar las pesquisas que se siguen contra él por un supuesto soborno a un directivo de Quirón. En una resolución fechada el pasado 9 de abril, a la que ha tenido acceso infoLibre, los magistrados desestiman un recurso de apelación en el que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pedía el sobreseimiento de las actuaciones. La Sección Tercera explica que aunque se había interpuesto contra la resolución judicial que encomendaba las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dicho recurso no rechazaba el encargo, sino que aprovechaba ese auto para exigir que se diera carpetazo a la causa sin haberlo pedido previamente ante el juzgado.

La apertura de esta pieza separada se produjo en octubre de 2024 tras un recurso de PSOE y Más Madrid, decisión que posteriormente fue avalada por la Audiencia de Madrid. Los hechos se centran en la adquisición de la sociedad Círculo de Belleza, que luego pasaría a llamarse Masterman & Whitaker, por la farmacéutica Gloria Carrasco, esposa del directivo de Quirón Prevención SL –filial del gigante sanitario– Fernando Camino. Por la misma, González Amador pagó 499.836 euros. Un importe "elevado" a ojos de la Agencia Tributaria o la Fiscalía: "No tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación y remodelación corporal".

La Fiscalía cree que ese abono es, en realidad, una comisión encubierta al directivo del gigante sanitario, ya sea por el pelotazo de las mascarillas que reportó 1,97 millones de euros a la pareja de Ayuso en plena pandemia –Camino era consejero de Mape Asesores, una de las firmas implicadas en dicha operación de compraventa–, por el "incremento" de la "facturación" que González Amador recibía de Quirón Prevención o por "ambas cosas". "Es claro que no pagó medio millón de euros a Carrasco porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido", sostenía el fiscal Diego Lucas.

El Ministerio Público solicitó en aquel escrito la intervención de la unidad de élite de la Guardia Civil en las pesquisas. Algo que acordó, finalmente, la entonces jueza instructora, Inmaculada Iglesias, dada la "complejidad de la investigación" y el "carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva". Contra este auto interpuso recurso de apelación González Amador. El mismo, sin embargo, no protestaba por la solicitud de auxilio a la UCO, sino que pedía el sobreseimiento de las actuaciones alegando que con la documentación que habían aportado quedaba "acreditada la inexistencia de delito". En definitiva, utilizaba un auto acordando una diligencia como autopista para pedir directamente a la Audiencia de Madrid el archivo.

Una estrategia que ahora rechazan los magistrados, que desestiman el recurso de apelación y confirman el auto con el encargo a la Guardia Civil –un encargo que aún no se ha completado–. "La decisión del Juzgado de solicitar auxilio de la UCO para la investigación de los hechos es, en definitiva, la admisión de práctica de diligencias de investigación, contra la que no cabe recurso. Ahora bien, según se constata en el escrito de recurso, la finalidad y suplico del mismo no se dirige contra esta decisión, sino que se solicita que se dicte resolución que acuerde el sobreseimiento de las actuaciones, petición que no se ha efectuado ante el Juzgado de Instrucción y respecto de la que este Tribunal, con funciones revisorias, no puede pronunciarse al no existir resolución previa dictada por el Instructor", sentencia la Audiencia de Madrid.

El doctor Antonio Burgueño, exasesor de la Comunidad de Madrid, ha dicho este miércoles ante el Tribunal de Instancia de Collado Villalba (Madrid) donde estaba citado para declarar como imputado, que en el inicio de la pandemia del coronavirus no se medicalizaron las residencias porque no había médicos, según informa EFE.

En la Sección Civil y de Instrucción de este tribunal, plaza número 2, estaban previstas las comparecencias como investigados de Burgueño, del ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y de su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, por el caso de las residencias.

La abogada de la acusación particular, Alejandra Jacinto, ha explicado que las declaraciones han sido suspendidas porque hay un informe del Ministerio Fiscal que todavía no ha sido notificado a las partes para que se pronuncien. 

En declaraciones a los periodistas, Burgueño ha asegurado que las residencias no se medicalizaron porque no había médicos para hacerlo y ha responsabilizado de la gestión de la crisis sanitaria en 2020 al Gobierno central, culpando de todo al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

También ha reconocido que él elaboró un plan de choque por iniciativa propia, aunque luego ha asegurado que se lo encargó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 

En los primeros días de la crisis sanitaria, en marzo de 2020, Ayuso nombró a Burgueño como su principal asesor para hacer frente a la pandemia de la covid-19 y le encargó elaborar el plan de choque aprobado por el Ejecutivo regional, una de cuyas medidas principales era medicalizar las residencias, algo que finalmente no se hizo. 

Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia consideran que su testimonio puede ser clave para saber por qué se discriminó a las personas mayores que vivían en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Carlos Mur firmó los llamados protocolos de la vergüenza, revelados por infoLibre, que impidieron el traslado de personas mayores de residencias a hospitales públicos, mientras que Peromingo está considerado el autor intelectual del documento. Ambos ya han declarado en otras causas como imputados. 

Este procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las querellas impulsadas por Marea de Residencias entre 2020 y 2021, ni de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, sino que fue promovido por un particular, hijo de una persona fallecida en el Hospital La Fuenfría, ubicado en el municipio de Cercedilla.