Más de la mitad de las propiedades que puso a la venta el pasado año Planifica Madrid acabaron sin comprador. En el marco de su plan de comercialización, la empresa pública madrileña, dependiente de la Consejería de Presidencia, intentó colocar en 2025 una decena de lotes urbanísticos valorados en más de 150 millones de euros. La mayor parte era suelo de todo tipo, pero la operación también incluía jugosos inmuebles en el corazón de la capital. Sin embargo, seis de las diez propiedades sacadas a la venta, según la información recogida en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid y consultada por este diario, se quedaron sin comprador. No se recibió una sola oferta por ellas.

Planifica Madrid se encuentra desde hace semanas en el centro de la tormenta por la compra de un ático de lujo para un supuesto uso que la normativa impide. El inmueble, de 485 metros cuadrados y 200 metros de terraza, fue adquirido por 6,3 millones de euros. Está ubicado en pleno barrio de Chamberí, a escasos metros del Paseo de la Castellana y frente al edificio que alberga el piso que el matrimonio Diaz Ayuso donó a su hija en plena quiebra de sus empresas. La compra se mantuvo oculta durante meses. Cuando vio la luz —tras una información publicada en El País— el Ejecutivo madrileño dijo que se había adquirido para que la presidenta lo usara como "oficina" mientras duraran las obras previstas en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

El problema es que la normativa municipal impide usar un ático como oficina. Sí que permite, sin embargo, destinarlo a uso residencial, pero Ayuso negó tajantemente que esa fuera la intención. Al final, pocas horas después de conocerse la compra y en medio de ese maremágnum de confusión, el Gobierno madrileño decidió vender el inmueble. El polémico ático se ofrece por 6,7 millones de euros –sin impuestos–. Y se ha puesto a la venta junto con una segunda propiedad de más de 1.200 metros cuadrados –son cuatro pisos unidos– ubicada en Gran Vía y que albergó en su día la Comisión Jurídica Asesora de la Consejería de Presidencia, órgano para el que Ayuso acaba de fichar a los expresidentes Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

Planifica Madrid ya intentó vender este inmueble el pasado año junto con otro ubicado en la calle Santa Catalina 6, en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y que fue utilizado en su momento por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. La empresa pública justificaba el movimiento escudándose en la imposibilidad de utilizar como oficinas las dos propiedades: "Aunque históricamente ambos inmuebles se han venido utilizando como oficinas, su uso urbanístico es residencial, con imposibilidad de obtener la preceptiva licencia para uso de oficinas. A ello se añade el hecho favorable de que la demanda de este uso residencial es mucho mayor, dada la tipología de los inmuebles y la zona en la que se encuentran".

La entidad solo pudo colocar el edificio de Santa Catalina. Se lo vendió a la compañía mexicana Be Grand, que pretende convertirlo en viviendas de lujo. Pagaron por él 31,47 millones de euros, impuestos incluidos. Cinco millones más de lo que se pedía en un primer momento. En este tipo de operaciones, Planifica Madrid saca a la venta la propiedad con una cifra de partida, la cual solo puede ser mejorada. Y a partir de ese momento da comienzo una subasta pública que se lleva quien más ofrezca por el edificio –en algunos casos de enajenación de suelo, sin embargo, se valoran otros criterios además del económico–. Para Santa Catalina se recibieron hasta cuatro ofertas distintas.

No llegó, sin embargo, ni una sola por el de Gran Vía, que pese a ello ahora se pone a la venta por 80.874 euros más. Y lo mismo le ocurrió en 2025 a Planifica Madrid con otros cinco lotes que sacó al mercado. No hubo propuesta alguna, por ejemplo, por los dos con más de 300.000 metros cuadrados de suelo de uso industrial logístico pendientes de urbanizar que la empresa pública tiene en la localidad de Meco, junto al centro logístico del gigante textil Inditex. Ni por otras cinco parcelas de uso industrial que la entidad tiene en ese mismo polígono industrial del municipio madrileño y que trató de vender de una tacada. O por los dos lotes de suelo urbanizable de uso residencial libre unifamiliar en Torrejón de Ardoz.

Sí consiguieron colocar, sin embargo, una parcela en este último municipio para la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler. Se llevó el gato al agua la gestora inmobiliaria Locare, que ofreció 6,36 millones de euros, prácticamente lo mismo que se fijó como precio de salida. Y también suelo para uso empresarial o comercial que Planifica Madrid tenía en San Martín de la Vega, junto al parque de atracciones Warner, o en Leganés, respectivamente. El primer lote se lo llevó la promotora inmobiliaria Loiola Erdigune con una oferta de 37,1 millones. El segundo, Flep Operations por 8,6 millones.

Hace meses hablábamos de que más que chorradas, diríamos mejor las imbecilidades de “PPAyuso”. Sí, esos exabruptos o groserías, que al dictado de M.A.R. (su jefe de gabinete, M. Ángel Rodríguez) nos recita cada mañana desde su tv, Telemadrid, o en la Asamblea de Madrid. Y también en redes sociales, sitio ideal para soltar sus atolondradas teorías.

Y ahora, hartitos de esas chorradas, la cúpula del PP ha emprendido la caza de Ayuso para aniquilarla en las próximas elecciones, pues ya no les es tan positiva y atrayente, sino que es un lastre total.

Y para eso, Feijóo ya tiene sus sucesoras femeninas en la cúpula popular, como Ester Muñoz (ya aspira a algo más que ser la pareja vocera del dóberman Tellado). Otra reivindicada ahora es Cayetana Álvarez de Toledo. Y vuelve a la palestra de la “vocería” pepera “Cucarra”.

El PP está dejando “caer” a Ayuso como se hizo antes con “Fracasado”. Y en esta caída también está incluido el inaguantable MAR.

“PPAyuso” nunca había tenido tanto poder, pero jamás se había enfrentado a una época con tantas señales de desgaste. Ella ya no podrá gobernar Madrid porque ya no es referente nacional del PP en la Comunidad y más allá de Madrid, tampoco.

Insiste la “PPAyuso” en injuriar a Pésanchez, diciendo eso de “perrosánchez”, “chorizo”, “me gusta la fruta” y a la calle, y a prisión, etc.

¿Pero, aparte de insultos, qué aporta esta dictadorzuela al electorado del PP y a la ciudadanía madrileña?

Sin embargo, en la fachería de Madrid genera muchas risas, cachondeo y ¡viva la madre que parió a Ayuso! Tiene muchos fans, más cerca de VOX que del PP clásico, conservador, no el de Feijóo, ni de lo ´voceros´ M. Tellado y doña Cuca.

Es evidente que la emperatriz de Chamberí, con mando en Madrid y por encima de PPalmeida, tiene sus horas contadas políticamente.

Ya hace días, varios diarios anunciaban que “Ayuso quiere certificarse como la única voz legítima de la derecha dura y de una parte de la extrema derecha.” Efectivamente no desea simplemente que Vox se debilite… Quiere hacerse con un montón muy significativo de sus electores y de sus demandas cercanas al fascio. Un PP duro más alejado de su conservadurismo tradicional. Y eso, a Feijóo le duele y le espanta.

Le salpican los escándalos de sus gestores en varios temas como el sanitario, metiéndose en el sistema público de salud, favoreciendo a los que se enriquecen a costa de la salud de los ciudadanos.

No olvidemos los muertos en las residencias durante el COVID por su malísima gestión.

Influye descaradamente en los juzgados de la Audiencia de Madrid y en el Colegio de Abogados, a favor de su pareja [o expareja], con su poder en lo judicial y en la política de Madrid. Sí, porque es un ´chorizo´ recalcitrante. Y encima “chulea” de su novio Alberto González Amador, presunto defraudador de más de 350.000 euros a Hacienda entre otras fechorías fiscales.

Además de la sanidad pública, también las enseñanzas públicas, especialmente las universidades madrileñas, las "pauperiza" hasta el extremo.

“PPayuso” riega abundantemente con publicidad las radios y medios de comunicación de derechas, y beneficia a algunos obispos, y especialmente a empresarios de su “cuerda.”

Y es que el clan Ayuso, con ella como dictadorzuela de “Chamberí", (además de “emperatriz” facha), ha buscado siempre potenciar el bloque reaccionario (su línea dura “pepera” y de Vox).

Ahora, hace pocos días, ella, “PPAyuso”, ha aparecido en una visita al municipio de Villa del Prado que no estaba en su agenda y en la que no hubo preguntas de la prensa. Su intervención se ha basado en dos cosas: anunciar más ayudas para la reconstrucción de los incendios y cargar contra el Gobierno. Primero ha anunciado que el Gobierno regional está preparando una nueva convocatoria de ayudas para agricultores y ganaderos, entre otras medidas.

Se ha metido en temas que no son de su incumbencia como Pta. de la Comunidad Madrid y arremete: "En otro orden de cosas, sobre política nacional, ya que estamos en medio de esta terrible crisis que está sufriendo Ceuta, lo que queremos decir es que el desprestigio internacional de España va a seguir creciendo porque Pedro Sánchez es incapaz de defender nuestras fronteras y su política de inmigración descontrolada ataca también a la Unión Europea". Con toda desfachatez se mete en temas políticos nacionales e internacionales del Congreso, el Senado y del Ejecutivo de la nación.

Tras este balance inédito, se ha retirado sin dejar que hubiera preguntas de la prensa sobre la venta del ático en Chamberí comprado por la Comunidad de Madrid hace solo tres meses, y de otros temas sobre ella y su pareja (sus líos con Hacienda y en los Tribunales), o de la precariedad de la Sanidad y Educación públicas de Madrid, etc. etc. O sea, no habló de lo suyo, que de eso no dijo ni pío. Además, critica sin ton ni son a la prensa progresista porque dice la verdad de sus “trapos sucios”.

De nosotros depende pararla o consentirla. Las fuerzas progresistas deben dar a “PPAyuso”, y a sus secuaces, una respuesta contundente, en la calle y en las urnas.

De los problemas de Ayuso (y su pareja) en los juzgados no sabemos nada. Y eso que la compra del ático por la Comunidad de Madrid para Ayuso no fue para ser oficina sino para vivienda de ella (gratis). Fue un pelotazo.

Al igual que en el caso Montoro, que el juez que le investiga se equivoca y amplía el caso un año, pese a que sólo puede prorrogarlo seis meses. La investigación a Equipo Económico lleva ya ocho años, siete de ellos bajo secreto, sin que el magistrado Rus haya llamado aún a declarar al exministro Montoro después de ¡¡8 años de instrucción judicial!!

¿Será fallo del juez Rus, o negligencia? Que el estricto CGPJ, con los progresistas, le penalice, a ver si aprende.

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Angel Lozano Heras es socio de infoLibre.

Ya hice una incursión sobre este asunto hace algo más de un año, a modo de comparativa a vuela pluma de lo que se denominan “las cuentas públicas” de todas las comunidades y ciudades autónomas españolas o, más bien, de lo que hay dentro y lo que dejan fuera según haya dictado cada ley autonómica de Hacienda.

En mi afán de tratar de explicar fácilmente las cosas un poco técnicas, todas ellas públicas, y procurar que de este modo se entiendan mejor, aprovecho como gancho el “hype” mediático que ha alcanzado una concreta y madrileña sociedad mercantil 100% pública que es además medio propio personificado, para animarme a preparar esta tribuna a modo de epílogo de aquella.

Me centro en Madrid por el gancho mencionado, pero bien podría hacerse este mismo ejercicio de descomposición y categorización de nuestras entidades públicas –para una mejor identificación– con cualquiera de las restantes comunidades autónomas. Yo me ofrezco a hacerlo si resulta interesante a los lectores y lecturas de este medio con el que colaboro.

Creo que es útil ubicar a la renombrada sociedad mercantil 100% pública dentro de la totalidad del sector público autonómico madrileño, cuyo último censo de 2024 registraba un total de 115 entidades, y que están al alcance en un documento público y oficial para consulta de quien tenga interés o curiosidad. Al sector autonómico hay que añadir el local para tener la foto completa del sector público madrileño, pero para explicar lo que quiero explicar prefiero dejar al margen las 326 entidades locales que lo integran.

Voy a presentar las 115 entidades autonómicas en bloques de la “A” a la “I”, en analogía con su presentación en la Ley de Hacienda autonómica que las reconoce, ya veréis por qué.

En el bloque “A” hay una entidad, la Administración de la Comunidad de Madrid, que se organiza actualmente en nueve consejerías. En el bloque “B” hay tres “instituciones”: la Asamblea, la Cámara de Cuentas y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios. En el “C” son siete organismos autónomos: tres administrativos (la Agencia Madrileña de Atención Social-AMAS; la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor; y el Instituto Regional de Salud y Seguridad en el Trabajo-IRSST) y cuatro de carácter mercantil (la Agencia de Vivienda Social-AVS; el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid-BOCM; el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid-CRTM; y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario-IMIDRA). En el bloque “D” se sitúan los denominados entes del sector público del artículo 6 con presupuesto de gastos de carácter limitativo (en contraposición al estimativo), que a la fecha eran el Servicio Madrileño de Salud-SERMAS y la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

Ya voy acabando. En el bloque “E” hay 12 entes con presupuesto estimativo, como IFEMA. En el bloque “F” hay 33 fundaciones públicas; en el “G”, 14 consorcios entre los que destaca, por notoriedad, IFEMA. En el “H”, las seis universidades públicas y sus entes dependientes. Y en el “I”, por fin llegamos a ellas, hay 25 sociedades mercantiles, entre las que está Planifica Madrid Obras y Proyectos SA, MP.

La Cuenta General de la Comunidad autónoma (de cualquiera) la forma la Intervención General de la Comunidad autónoma (el órgano de control interno o ex ante), que la entrega en una fecha determinada al órgano de control externo o ex post (las Cámaras, Audiencias, Sindicaturas, Consejos, Tribunales, todos ellos de Cuentas) para su fiscalización obligatoria y recurrente a año vencido. En 2026 se audita la Cuenta General de la Comunidad autónoma del ejercicio 2025 para valorar la gestión económico-financiera del sector público en dicho ejercicio, además de comprobar el seguimiento de las recomendaciones emitidas en ejercicios previos.

La Comunidad de Madrid cuenta, desde 2001, con su propia Cámara de Cuentas, el órgano de control externo reconocido en el Estatuto de Autonomía desde su reforma en 1998. Hasta entonces era el Tribunal de Cuentas el que, de forma subsidiaria, ejercía dicho control, como sigue haciendo con cuatro comunidades y dos ciudades autónomas (Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia; Ceuta y Melilla).

A diferencia de los elaborados en la práctica totalidad de territorios, en los que el perímetro de la Cuenta General se aproxima al 100% de su sector público, los informes anuales obligatorios de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid, de los que existen veintidós hasta la fecha, solo comprenden las entidades del sector público madrileño de los bloques A, B, C y D, quedando fuera del perímetro de la Cuenta General las entidades del sector público madrileño de los bloques E, F, G, H e I, casi un centenar. Y aquí quería yo llegar.

Cierto es que la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid que ha regido hasta su reforma el 23 de diciembre de 2025 databa nada más y nada menos que de 1990, y que en su artículo 123 delimitaba qué debía estar dentro y qué debía quedar fuera de la Cuenta General, “único eslabón de una cadena que comenzará con la elaboración del Presupuesto y su aprobación, y que, una vez fiscalizada por el Tribunal de Cuentas y aprobada por la Asamblea de Madrid, cerrará el ciclo presupuestario” cada año.

Como se puede comprobar rápidamente en el buscador de la web institucional de la Cámara de Cuentas, nunca se ha realizado una fiscalización ex profeso de la sociedad mercantil 100% pública Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A., entre otros motivos, porque con ese nombre existe solo desde noviembre de 2022. Sí existe un informe de fiscalización del conjunto del subsector empresarial en el que se encontraba una de sus antecesoras hoy judicializada, Nueva Arpegio S.A., antes de ser absorbida en 2017 por Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. que hasta ese preciso momento respondía al nombre de ARPROMA (Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S. A., de la que hay otro informe de fiscalización, de 2006, como se puede consultar aquí). Pero aún hay más. ARPROMA se llamaba Ciudad de la Imagen de Madrid S.A. desde que en 1991 la crearan Arpegio S.A., Mercasa S.A. y la Corporación Financiera Caja Madrid, S.A., hasta 1994. Todo este trajín en el seno del sector público madrileño pero fuera de la Cuenta General, es decir, no sujeto a la fiscalización obligatoria anual que contempla la ley.

La modificación de la Ley de Hacienda madrileña en los últimos estertores de 2025 en cumplimiento apresurado de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 implica que este año 2026, por primera vez en la historia de la región, la Cuenta General de la Comunidad de Madrid comprenderá la totalidad del sector público autonómico, “de la A a la I”, salvo las seis universidades públicas que no la integran por la autonomía financiera que les reconoce la ley.

Por tanto, “las cuentas madrileñas” del ejercicio 2025 serán las primeras equiparables a las del resto de comunidades autónomas en términos de completitud y representatividad de su sector público, y estarán fiscalizadas, porque así lo establece la nueva Ley de Hacienda madrileña, antes del 30 de abril de 2027.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aún no ha cerrado una polémica inmobiliaria cuando ya le ha surgido otra. A la crisis desatada por la compra del ático en Chamberí, cuyo destino aún está por aclarar, se suma ahora la información revelada por El País en la que se recoge que Ayuso ha decidido instalarse en una urbanización situada en Puerta de Hierro (Madrid) cuya mensualidad oscilaría entre los 2.500 y los 3.000 euros. Pero, ¿cómo de exclusiva es esta zona de la capital y en qué rango de precios se puede encontrar una vivienda?

Puerta de Hierro se sitúa en el noroeste de Madrid, dentro del distrito de Moncloa-Aravaca, a unos 20 minutos del centro de la capital. Los portales inmobiliarios la describen como una zona “exclusiva” que permite a los residentes vivir “rodeados de naturaleza, gracias a sus muchas zonas verdes y parques, a solo minutos del corazón de la ciudad”. En cuanto a los precios del alquiler, el portal inmobiliario Idealista dibuja un rango amplio que va desde exclusivos chalets por 14.000 euros al mes, hasta pisos en urbanizaciones con piscina que van de los 2.000 a los 3.500 euros, hasta algunos estudios más asequibles, aunque de escasas dimensiones, que rondan los 1.300 euros al mes.

De acuerdo con la información publicada, el inmueble al que se habría mudado la presidenta de la Comunidad de Madrid tendría entre 130 y 150 metros cuadrados dentro de una urbanización con piscina (algo habitual en esa zona) y garaje. Algunos inmuebles similares en ese perímetro están en torno a los 2.500 euros mensuales.

En cuanto a la tendencia de los precios en la zona de Puerta de Hierro, la inmobiliaria Engel & Völkers apunta que el alquiler medio de los pisos ronda los 16 euros por metro cuadrado, con un aumento del 7,17% con respecto al año pasado. Si lo comparamos con la media de Madrid, el precio en esta zona ha subido por encima de ese umbral. De hecho, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) estimó este mes de agosto que el incremento interanual de precios en la capital sería del 5%.

Con esta mudanza, Ayuso cambia un piso de 183 metros cuadrados en Chamberí, donde residía con su pareja Alberto González Amador, y donde también disfrutaba del ático de lujo que se encontraba en la planta superior, por otro de dimensiones similares en una de las zonas más caras de Madrid. Aunque no ha trascendido si compartirá residencia con su pareja, el importe anual de un piso en esta zona rondaría los 30.000 euros anuales, un precio que podría llegar hasta 40.000 si nos colocamos en los rangos superiores de pisos anunciados. Este importe, si fuera ella sola la que hiciera frente al pago, superaría el 30% de sus ingresos, el límite recomendado por encima del cual la vivienda supone un sobreesfuerzo económico. El sueldo actual de la presidenta es de 103.090,32 euros brutos al año, unos 7.360 euros brutos mensuales. No obstante, tampoco ha trascendido quién hará frente al pago del alquiler. 

El traslado a Puerta de Hierro coincide con el proceso de venta del ático en el que Ayuso residía hasta ahora en Chamberí. El piso se ha puesto a la venta junto con otro inmueble propiedad de su pareja, situado en la misma dirección, por 3,4 millones de euros. Esta operación se conoció pocas horas después de que el diario El País revelara que el pasado mes de abril la Comunidad de Madrid había comprado por 6,3 millones de euros otro ático, también en Chamberí, que se encuentra justo enfrente a un piso que posee Ayuso en régimen de nuda propiedad gracias a una donación que le hicieron sus padres en 2011. Este último ático adquirido por el Ejecutivo madrileño no sería, según la información oficial difundida por Sol, para disfrute personal de Ayuso, sino, en teoría, para utilizarlo como oficina.

En un primer momento, el Gobierno de Ayuso dijo que este inmueble en Chamberí sería utilizado como "oficina" de la presidenta madrileña mientras durase la reforma prevista en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Aunque la normativa municipal impedía utilizar áticos como oficinas, lo que despertó sospechas sobre la operación y una polémica inmobiliaria más en la cuenta de la presidenta. Todo ello llevó a que este ático terminase de nuevo a la venta por un importe de 6,69 millones.

Este mismo lunes, la presidenta madrileña volvió a ser interpelada sobre la compra del ático por parte de la empresa pública Planifica Madrid, aunque no ha dado explicaciones detalladas. Señaló que estaba "todo dicho" y que "la oposición vuelve a estrellarse en un nuevo intento" de "azuzar" y "enredar". Sin embargo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, había transmitido en una entrevista con Europa Press que la Comunidad "deberá explicar por qué compró un local" que, "al parecer", no se podía destinar a oficina. Cuando se le ha preguntado a la presidenta madrileña por la respuesta del líder de su partido ha zanjado la conversación con una expresión que ha llamado mucho la atención: “Está en venta. Chao, pescao”. 

La mudanza de Ayuso se produce mientras se dirimen estas cuestiones políticas y las cinco denuncias —tres de particulares y una del PSOE, más una quinta interpuesta directamente por el partido Iustitia Europa— que se han presentado por la compra del polémico ático que hizo la Comunidad de Madrid.

“El ático estaba en venta y chao pescao”, dice desde el atril Isabel Díaz Ayuso, respondiendo en clave de zarzuela y en la corrala de los medios de comunicación a las vistosas y viscosas explicaciones que le ha hecho su supuesto jefe de filas por el asuntillo de la vivienda de lujo que el tiempo dirá si era oficina o nidito, y tal y tal, aunque en los dos casos se lo íbamos a pagar nosotros, a ella o a la institución, que no lo necesita porque ya posee muchos edificios que no usa. Esta gente tiene el armario lleno y sigue comprando ropa, como si fueran a salir a la calle con unos pantalones encima de otros.

El líder del Partido Popular tira la piedra y esconde la mano, le reclama claridad al continente, la Comunidad de Madrid, sin decir el nombre de su presidenta y confundiendo la categoría del inmueble, al que llama “local”, no se sabe si por las mismas razones que situó Badajoz en Andalucía y Huelva en el Mediterráneo o porque tiene más miedo que vergüenza porque se acuerda de lo que le ocurrió a su antecesor en el cargo, Pablo Casado, por atreverse a criticar a Ayuso: él le hizo la cama y ella puso dentro al muerto; así que ahora, cuando uno dice que “conviene” aclarar el asunto y la otra deja ver que atacarla no es venir “con”, sino “contra”, no es sólo una broma preguntarse: “¿Chao pescao” será la cabeza del caballo en la cama de Feijóo? ¿Se lo está diciendo a él?

No, ni Picasso era catalán ni una vivienda de lujo es un local, y puede que Feijóo no sepa de verdad ninguna de las dos cosas, pero uno tiende a creérselo más de la primera que de la segunda, a atribuirle el gazapo artístico a la ignorancia y el político al miedo: ¿por qué no iba a hacerme a mí mi sucesora lo mismo que yo le hice a mi predecesor? En cualquier caso, el desacuerdo entre ellos parece una pelea de salón y cara a la galería, un roce más de chancla de goma que de zapato de tacón; uno y la otra no son Mbappé y Vinicius jugando los dos en el Real Madrid y a la vez uno contra el otro; y, en cualquier caso, ella, que además de uno de los contendientes quiere ser el árbitro, ya ha tocado el pito y dado por ganado el combate: “No se puede estirar más el chicle”, todo el mundo a los vestuarios.

A Feijóo le queda una bala, esa que dispara una y otra vez contra todo lo que se mueve en el Gobierno y mientras silba la música de una del oeste en la que el apellido del pistolero vestido de negro sirve de estribillo: Sánchez rima con Sánchez. La segunda pregunta es si el candidato de la derecha va a disputar un duelo al sol o en la Puerta del Sol, que no es lo mismo, entre otras cosas porque el primero lo puede ganar y el segundo tiene pinta de que no: el fuego amigo suele venir por la espalda y para acertarle al blanco disparando a ciegas y hacia atrás no sólo hay que tener buena puntería, sino también muy buen oído. Y no se yo, cuando hablamos de alguien que llama al boss Bruce Esplinter.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha recalcado este lunes que ya ha "dicho todo" sobre la polémica compra, por parte de su Gobierno, de un ático destinado a funcionar como despacho presidencial durante unas obras en la Real Casa de Correos, su sede habitual, y ha zanjado: "Está en venta, chao pescao".

Díaz Ayuso se ha pronunciado así cuando, durante una visita al municipio de San Martín de Valdeiglesias, le han preguntado por las declaraciones realizadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista con Europa Press, donde afirmó conocer desde el pasado abril que el Ejecutivo madrileño buscaba "un local" que sirviera como despacho de la presidenta mientras se hacían las obras de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

La presidenta no observa una contradicción entre esta versión de Núñez Feijóo y la que ella misma ofreció semanas atrás, cuando dijo no tener "ni idea" sobre los pormenores de la operación, acometida por la empresa pública Planifica Madrid, y se remitió a la Consejería de Presidencia, de la que depende dicha compañía y que "tiene la información".

"Si le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, es evidente que, uno a uno, tienen un nuevo titular, pero vuelve a ser lo mismo", ha replicado Díaz Ayuso, cuyo Gobierno puso a la venta el 7 de agosto el ático, ubicado en el distrito de Chamberí de la capital, días después de que 'El País' revelara que se compró el pasado mes de abril, sin que la comunidad lo hiciera público.

El inmueble, con una superficie de 481 metros cuadrados en un edificio residencial, fue comprado inicialmente por 6,3 millones de euros, y ahora la empresa pública Planifica Madrid lo tiene en venta con un precio de salida de 6,69 millones de euros.

Según la Comunidad de Madrid, el importe obtenido con la operación se destinará a las labores de recuperación tras los incendios que han asolado la sierra oeste este verano.

Por otro lado, Núñez Feijóo afirmó que "parece ser" que el ático "no se puede destinar a oficina", por lo que la Comunidad "deberá explicar por qué compró un local" inútil para tal fin.

Sin embargo, Díaz Ayuso ha esgrimido que era "un inmueble destinado a oficinas" y que "además puede albergar despachos".

"Todo lo que digo se puede demostrar", ha aseverado la presidenta, quien considera que "no se puede estirar más este chicle" y que, con este asunto, la oposición vuelve a estrellarse en un nuevo intento de "azuzar" y "enredar".

El 14 de septiembre de 2011 Isabel Díaz Ayuso, entonces diputada en la Asamblea de Madrid, ya daba por hecho que MC Infortécnica SL, propiedad al 25% de sus padres, estaba acabada. Así lo plasmó en un email remitido a un directivo de la entidad semipública Avalmadrid, en el que se mostraba convencida de que los tres socios de sus progenitores estaban montando "empresas paralelas" para "desviar el negocio" y "dejar morir" la otra firma. Había entrado en contacto con este directivo en julio, interesada en conocer la solvencia económica del grupo por si un posible impago del préstamo de 400.000 euros concedido unos meses antes por la entidad a la compañía participada por sus padres podía acabar afectando al patrimonio familiar.

Tan solo nueve días después quedó confirmada la quiebra. El 23 de septiembre, el Grupo MC, que había comenzado 2011 con 40 trabajadores, despidió a la práctica totalidad de la plantilla –solo quedaron los más vinculados a los ejecutivos–. Para finales de año, la empresa tenía que realizar el primer pago del préstamo: 100.000 euros de principal y 3.292 euros de intereses. Pero no devolvió un solo euro. Cinco meses más tarde, el Comité de Morosidad de Avalmadrid acordó embargar los bienes con los que los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica justificaron su solvencia cuando solicitaron el aval-crédito.

Para entonces, tal y como desveló infoLibre, los socios ya habían comenzado a deshacerse de sus propiedades. El 7 de octubre de 2011, la diputada conservadora aceptó, pese a que la operación podía constituir un delito de alzamiento de bienes, que sus padres le donasen la nuda propiedad de un piso de 90 metros cuadrados en el barrio madrileño de Chamberí, uno de los más caros de la capital. Ese mismo día salió del patrimonio del matrimonio la vivienda de Sotillo de la Adrada (Ávila). El chalé, de 212 metros cuadrados, fue donado a su otro hijo, Tomás. El nombre de este último saltó a la palestra durante la pandemia, cuando se descubrió que cobró una comisión de 234.000 euros al calor de un contrato de compra de mascarillas que la Comunidad de Madrid cerró con Priviet Sportive, empresa de un amigo de la familia Díaz Ayuso.

Seis meses después, y en una operación similar, otro inmueble acabó en manos de los hermanos. En este caso, la transmisión de la propiedad se hizo a través de la donación al 50% de las participaciones de Sismédica SL, sociedad que era a su vez dueña de un local de oficinas de 180 metros cuadrados en Madrid. Los Díaz Ayuso perdieron el inmueble cinco años y medio más tarde, cuando el mismo le fue adjudicado judicialmente a Bankinter. El local había sido hipotecado como garantía en un préstamo de 175.000 euros solicitado a la entidad financiera. Un dinero canalizado hacia el grupo MC que Sismédica, que durante años incumplió la obligación de presentar cuentas, no había devuelto.

Mucho ha cambiado desde entonces. Aquella parlamentaria que compartía cervezas y tertulias en La Tuerka con quienes conformarían la flor y nata de Podemos se sienta hoy en la Puerta del Sol. Desde hace siete años es presidenta de la Comunidad de Madrid y líder indiscutible del PP regional. Sin embargo, el ladrillo sigue siendo uno de sus puntos débiles, origen de sus grandes quebraderos de cabeza y de crisis completamente inesperadas. Porque los enredos inmobiliarios de la líder del Ejecutivo autonómico han sido continuos durante los últimos años. Tanto como para desatar tormentas políticas en pleno parón veraniego.

"Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda", lanzaba Ayuso en una entrevista concedida en junio de 2022. Solo un mes después de aquellas palabras, Alberto González Amador, con quien la presidenta madrileña mantenía una relación, compró –también en el distrito de Chamberí– un piso de 183 metros cuadrados. Por aquel entonces, el empresario, estrechamente vinculado a Quirón –uno de los grandes beneficiados de la privatización sanitaria madrileña–, ya estaba bajo la lupa de la Agencia Tributaria por sus negocios millonarios durante la pandemia. Una inspección que acabó destapando un fraude fiscal de 350.910 euros que ahora está a la espera de juicio.

Ayuso se mudó a aquel inmueble con González Amador. La pareja, sin embargo, también disfrutaba del ático de lujo que se encontraba en la planta superior. Aquel inmueble había sido adquirido en julio de 2023, precisamente, por la sociedad Babia Capital, que casualmente administraba Javier Gómez Fidalgo, el fiscalista de León que representó a González Amador ante la Agencia Tributaria. Durante casi un año se ocultó en qué régimen estaban disfrutando ambos de dicho inmueble. Hasta que el empresario desveló en sede judicial que estaba pagando un alquiler de 5.000 euros al mes por aquel ático, que terminó comprando definitivamente a finales del pasado año.

Hace solo unas semanas González Amador puso a la venta ambos inmuebles por 3,3 millones de euros. Dicho movimiento se conoció pocas horas después de que el diario El País revelara que el pasado mes de abril la Comunidad de Madrid había comprado por 6,3 millones de euros un ático en Chamberí que se encuentra justo enfrente del piso cuya nuda propiedad le donaron sus padres en 2011. La operación, que se mantuvo oculta, se llevó a cabo a través de la empresa pública Planifica Madrid, cuya cartera inmobiliaria, tal y como desveló Público, no suele incluir áticos –más bien, está conformada por oficinas o naves industriales–.

Desde el Ejecutivo regional se aseguró en un primer momento que el inmueble sería utilizado como "oficina" de la presidenta madrileña mientras durase la reforma prevista en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. "Un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales", resumió Ayuso tras conocerse la adquisición. La normativa municipal, sin embargo, prohíbe usar un ático como oficina. Sí es posible, sin embargo, destinarlo a uso residencial, pero Ayuso negó tajantemente que fuera a utilizar el inmueble como vivienda. Al final, pocas horas después de conocerse la compra, el Gobierno regional decidió poner a la venta el ático de lujo por 6,7 millones de euros.

El asunto ha acabado en los tribunales. El Juzgado de Instrucción nº8 de Madrid estudia cinco denuncias: cuatro le fueron remitidas por la Fiscalía –tres de particulares y una del PSOE– y la quinta la interpuso directamente el partido Iustitia Europa. Sobre la mesa, delitos de prevaricación, malversación, fraude o administración desleal. Además, hay otra ante el Tribunal de Cuentas. 

Ayuso ya se enfrentó en el pasado a una querella por la donación del piso de Chamberí. Sin embargo, el Tribunal Supremo, obviando los correos intercambiados con el directivo de Avalmadrid, la inadmitió sosteniendo que no constaba que la presidenta conociera la situación económica y la deuda de la empresa participada por sus padres.

A pesar de los esfuerzos por atajarla, la crisis del ático sigue persiguiendo al Gobierno regional, que aún no ha hecho público el expediente de la extraña compra. Y no es el primer verano marcado por la polémica. Hace justo un año, la oposición cargaba con dureza contra la presidenta regional por el uso privado que hizo junto a su familia de un chalé oficial en Rascafría. Ahora, en medio de la tormenta política, Ayuso ha decidido dejar finalmente el piso en el que vivía con González Amador e instalarse de alquiler en una urbanización de Puerta de Hierro, tal y como reveló El País. La mensualidad en esta exclusiva zona oscila entre los 2.500 y los 3.000 euros.

“Nos han colado una dictadura por la puerta de atrás”. Así describía Isabel Díaz Ayuso en 2023 la investidura de Pedro Sánchez. Desde que fue elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, ha proferido insultos y ataques contra una supuesta “dictadura comunista” y “golpista” del PSOE, llegando a asegurar que en España se ha “normalizado el crimen y la vida normal (...) como en todas las dictaduras, la víctima cada vez tiene más dificultades para salir”, tal y como recoge El País.

Sin embargo, cuando habla de una dictadura oficialmente reconocida, como fue la de Franco, Ayuso mantiene un discurso mucho más ambiguo. Desde su cruzada para impedir la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática hasta la reciente promoción institucional de un restaurante que fue un mausoleo franquista, la dirigente del PP acumula episodios que preocupan a los defensores de la memoria democrática.

“No hay que quitar de la ecuación que el Partido Popular es un partido fundado por un ministro de Franco”, recuerda Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Para Silva, el discurso de libertad de la presidenta es incoherente: “Para ser demócrata en España hay que condenar la dictadura”. La ARMH, pionera en la localización y exhumación de víctimas del franquismo, es una de las voces más críticas con la presidenta en sus diferentes polémicas. 

La última que ha protagonizado, relacionada con la hostelería, es la del restaurante El Mirador de Pelayos. Este mes de agosto, en plena ola de incendios en la Sierra Oeste madrileña, Ayuso ha promocionado desde las redes de la Comunidad un vídeo de apoyo al comercio local centrado solamente en este negocio de Pelayos de la Presa: un establecimiento vinculado históricamente al PP por pertenecer al hermano de un antiguo alcalde popular de la localidad.

Durante años, el establecimiento exhibió banderas preconstitucionales, un maniquí vestido de la Guardia Civil y hasta retratos de Francisco Franco, una decoración que su actual propietaria llegó a describir como una especie de "museo" heredado del anterior dueño. El tono abiertamente publicitario del vídeo, sumado al pasado franquista del local, ha desatado una oleada de críticas en redes sociales.

Sin embargo, el episodio de mayor recorrido es el pulso con el Ejecutivo central por la sede de la Comunidad de Madrid, la Real Casa de Correos, que durante el franquismo albergó la Dirección General de Seguridad y fue escenario de torturas. En octubre de 2024, el Ministerio de Memoria Democrática inició los trámites para declarar el edificio Lugar de Memoria Democrática. Desde entonces, Ayuso mantiene una batalla política contra este reconocimiento, que ha llevado incluso ante la Audiencia Nacional, donde el procedimiento ha quedado paralizado a la espera de nuevas resoluciones. “Todos esos miles de turistas que se hacen una foto en el kilómetro cero de la Puerta del Sol, pegados a ese edificio, deberían saber qué es lo que ocurrió en sus sótanos”, asegura Silva.

La presidenta de la Comunidad tampoco ha asistido a ninguno de los homenajes oficiales que el Gobierno celebra cada 31 de octubre con motivo del Día de las Víctimas del Golpe y la Dictadura. En 2024 aseguraba que estos actos oficiales promovían la violencia: "Madrid, con la democracia y contra el guerracivilismo". 

“Es paradójico que utilicen ese argumento de la no fragmentación quienes están en primera línea de fragmentar y de destrozar todos los posibles puentes”, reflexiona Arantxa Elizondo, profesora de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco. 

En 2025, Ayuso volvió a recurrir a la expresión “guerracivilista” en el 50º aniversario del fallecimiento de Franco, equiparando a ambos bandos y evitando condenar la dictadura.

Junto a Vox, el Gobierno de Ayuso paralizó ese mismo año una ley propuesta por Más Madrid para la localización y recuperación de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Una iniciativa que habría añadido legislación a la página en blanco que supone la defensa de la memoria democrática en la Comunidad: Madrid es una de las pocas regiones del país, junto a Murcia y Galicia, que no cuenta con una ley específica de memoria.

Para Elizondo, estas líneas de actuación representan un riesgo claro de derogación de la Ley de Memoria Democrática si el PP llega al Gobierno: “Echaría por tierra un montón de cuestiones. Hoy en día todos nos encontramos con símbolos franquistas en las calles… Hay muchísimas resistencias a llevar adelante”.

Desde 2023, Isabel Díaz Ayuso vivía con su pareja, Alberto González Amador, en un lujoso piso en Chamberí comprado tras el supuesto fraude fiscal del empresario. Ahora, la vivienda se ha puesto a la venta y las imágenes del anuncio, repletas de artículos personales de la pareja, han sido objeto de escrutinio público.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es un libro titulado El Valle de los Caídos. Pese a lo pixelado de la foto, el color y la disposición de los elementos gráficos parecen indicar que se trata de una edición publicada por la Fundación Nacional Francisco Franco y escrita por Diego Méndez, arquitecto que dirigió las obras del monumento durante sus últimos años de construcción. 

El piso, utilizado desde la izquierda para denunciar los supuestos abusos de poder de la presidenta, se anuncia por 1.790.000 euros. De cerrarse la operación por esa cantidad, la revalorización sería considerable: cuando González Amador lo adquirió en 2022, pagó 837.000 euros.

No es nada habitual ver un eclipse de Sol de esta magnitud en pleno mes de agosto. No me extraña el revuelo que se está formando en toda España.

Ver como la presidenta de Sol, la sede de la Comunidad de Madrid, va desapareciendo a plena luz del día hasta su ocaso es un espectáculo que sin duda recordaremos todas nuestras vidas.

Entre ganar el Mundial de fútbol y esto, ya tenemos dos hitos históricos en un solo verano. Ya son dos los acontecimientos históricos que rememoraremos en reuniones y charlas mucho tiempo después.

¿Dónde estabas tú cuando pasó?

Ya tenemos dos estrellas en la camiseta de España y ya son dos las presidentas de la Comunidad de Madrid estrelladas.

Hay algo primitivo en ver cómo astros de esa magnitud de repente son opacados; algo ancestral, atávico que nos hace mirar al cielo con temor, concretamente a los áticos de Madrid, para comprobar con nuestros propios ojos que es verdad, que está pasando algo tan inverosímil por mucho que nos hayan advertido. Una estrella desapareciendo en nuestros cielos.

Ver en directo a una estrella brillante que se transforma en un círculo muy negro. Normal, la expectación desmedida.

Cuando nos decían que la especulación salvaje iba a acabar con la carrera de muchos políticos, yo la verdad que no pensé que sería así, literalmente.

No pensaba que intentar conseguir tener un piso propio, aunque pagado por todos los contribuyentes madrileños -la famosa “colaboración público privada”, supongo- sería el fin de su meteórica carrera.

Y la caída desde un ático no es cosa menor, dicho de otra manera, es cosa mayor, como diría M. Rajoy.

‘De Madrid al cielo’ a ‘De Madrid al cieno’.

Mucho tiempo llevábamos esperando este momento casi único en la vida y que debemos disfrutar adecuadamente porque no sabemos cuando volverá a pasar o si estaremos vivos cuando vuelva a ocurrir.

La verdad es que yo pensé que lo viviría antes, con los 7.291 ancianos dejados morir como perros sufriendo en sus residencias por la firma de los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid, pero parece ser que no se dieron las condiciones necesarias.

Son muchos los requisitos, políticos, mediáticos, judiciales… para poder ver un eclipse total de la inquilina de Sol en directo.

Este eclipse, y el anterior de Sol, que pudimos disfrutar en nuestro país, el de Cristina Cifuentes con la filtración de su ya famoso vídeo robando cremas y aquella mítica frase a cámara: “No me voy, me quedo” aún siguen clavados en nuestras retinas. Unas retinas que tenemos que proteger adecuadamente para este nuevo evento astronómico tan peculiar.

Yo para este eclipse ya hace mucho que tengo mis gafas polarizadas para disfrutarlo en condiciones.

No hay nada que me polarice más que ver cómo destruyen la Sanidad y la Educación pública para hacer negocios privados, ver cómo se miente, se manipula, se riega de dinero público a panfletos para lanzar bulos contra los adversarios políticos o alabar los looks de la presidenta al estilo de la revista adolescente 'Súper Pop’ o ver cómo una televisión que debería ser pública se convierte en ‘Aló Presidenta’.

Tengo las gafas ya polarizadísimas.

Y recordad que si, por lo que sea, no podéis disfrutar de este eclipse total de Sol siempre podéis acercaros a ver la sede del PP en la calle Génova de Madrid, siempre está en negro y a plena luz del día.

Feliz verano.

Los incendios forestales vuelven a mantener en alerta este jueves a distintos puntos del país, con Las Hurdes como principal foco de preocupación y una evolución más favorable en Madrid y Salamanca. El fuego declarado en Pinofranqueado (Cáceres) ha quemado ya alrededor de 3.700 hectáreas, ha obligado a evacuar una docena de pequeñas poblaciones y mantiene confinado el municipio de Nuñomoral, mientras los servicios de extinción esperan que la mejora de las condiciones meteorológicas permita intensificar durante esta mañana los ataques desde el aire.

La noche ha vuelto a ser complicada para los más de 170 efectivos terrestres desplegados en Las Hurdes, especialmente por la situación de los frentes oeste y noroeste. La principal esperanza está ahora en el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad, que podrían ofrecer a los medios de extinción una oportunidad para contener el avance de las llamas después de dos jornadas especialmente adversas.

El humo, el intenso calor y la formación de pirocúmulos, grandes nubes generadas por el propio incendio capaces de alterar las condiciones meteorológicas de su entorno, dificultaron durante el miércoles el trabajo de los medios aéreos. El operativo confía en que este jueves estas formaciones sean menores y las aeronaves puedan actuar con mayor continuidad.

La emergencia ha obligado a desalojar Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo, Cerezal, Asegur y Aceitunilla, con cerca de 900 personas fuera de sus viviendas. Parte de ellas han sido realojadas en la residencia de estudiantes de Caminomorisco.

En Nuñomoral, la población permanece confinada por la gran cantidad de humo. La Junta de Extremadura ha pedido a los vecinos que se mantengan dentro de sus casas con puertas y ventanas cerradas, mientras quienes se encuentren en viviendas diseminadas deben dirigirse a la Casa de la Cultura habilitada como espacio de confinamiento.

Uno de los puntos que más ha preocupado durante las últimas horas ha sido Cerezal, donde efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplegaron alrededor de la alquería para tratar de impedir que las llamas alcanzaran las viviendas. Los militares han utilizado camiones cisterna y mangueras para refrescar el perímetro y reducir el material combustible alrededor de una localidad que ya había sido evacuada.

El incendio de Pinofranqueado consiguió además cruzar este miércoles a la provincia de Salamanca después de una reproducción rápida y violenta de las llamas. El fuego penetró por la zona del pico Tiendas, en el entorno de Agallas, y llegó a afectar a dos pequeños puntos en territorio salmantino.

La situación, sin embargo, ha mejorado durante la noche. A primera hora de este jueves 11 medios de extinción continuaban trabajando y vigilando la zona salmantina, ya sin llama, y no ha sido necesario evacuar ni confinar ninguna población. La posibilidad de desalojar Vegas de Domingo Rey llegó a plantearse por la intensa presencia de humo, pero finalmente fue descartada.

El cambio del viento también juega a favor de los equipos de extinción. Tras soplar desde el sur durante la tarde del miércoles, el viento ha girado hacia el norte y empuja ahora el incendio hacia superficies ya quemadas. A ello se suma una previsión para este jueves de temperaturas más bajas y mayor humedad relativa, condiciones que deberían dificultar la propagación.

La preocupación continúa, por tanto, principalmente en la parte cacereña, donde las llamas siguen activas. El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura tiene previsto volver a reunirse a las 10.00 horas para analizar la evolución del fuego.

La situación es más favorable en la Comunidad de Madrid, donde el incendio forestal declarado este miércoles en Aldea del Fresno ha quedado estabilizado después de una rápida propagación inicial que obligó a desalojar varias urbanizaciones y a adoptar medidas de confinamiento.

El último balance provisional de la Comunidad de Madrid sitúa en 330 hectáreas la superficie afectada. Los confinamientos y evacuaciones han sido levantados y los vecinos han podido regresar a sus viviendas. También se han reabierto los tramos de las carreteras M-507 y M-510 que habían permanecido cortados.

Durante la madrugada, 17 dotaciones de bomberos han permanecido sobre el terreno para consolidar el perímetro, realizar labores de remate y enfriar los puntos calientes detectados mediante drones. La mejora del viento y de las temperaturas permitió además rebajar la emergencia desde la situación operativa 2 a la 1.

El fuego llegó a presentar un potencial de expansión superior a las 2.500 hectáreas en apenas cinco horas, pero pudo ser estabilizado sin daños personales graves ni afecciones importantes en viviendas.

Las llamas han vuelto así a alcanzar un municipio especialmente castigado este verano por el fuego. Aldea del Fresno ya se había visto afectado a finales de julio por otro gran incendio en la Sierra Oeste madrileña. En esta ocasión, además de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y los servicios forestales, ha sido necesario volver a movilizar efectivos de la UME.

También mejora la situación en Huesca, donde el incendio forestal de Las Peñas de Riglos ha quedado estabilizado este jueves tras diez días de trabajos de extinción. El fuego, originado el pasado 10 de agosto, ha quemado 14.500 hectáreas dentro de un perímetro que alcanza las 18.400, según las últimas mediciones por satélite.

La noche ha transcurrido con tranquilidad y las precipitaciones dejadas por una tormenta, de casi 15 litros por metro cuadrado en las zonas más activas, junto al descenso de las temperaturas, han contribuido a refrescar el terreno. Pese a ello, los equipos continúan trabajando sobre algunos puntos calientes y se mantienen restricciones temporales de acceso al perímetro afectado.

A lo largo de este jueves está previsto evaluar el regreso a sus viviendas de los 117 vecinos de Centenero, Ena y Botaya, que se sumarían a las 583 personas de 13 núcleos que ya pudieron volver a sus casas el miércoles. Otros 203 vecinos de Atarés, Santa Cruz de la Serós y Binacua continúan pendientes de realojo, aunque el Gobierno de Aragón prevé que puedan regresar también en las próximas horas.

El operativo ha supuesto, según el Ejecutivo autonómico, la mayor movilización interadministrativa registrada ante un incendio forestal en Aragón, con la participación de más de una veintena de instituciones, alrededor de un millar de efectivos y casi 40 medios aéreos en la jornada de máxima actividad.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ser protagonista de otra polémica. Esta vez no se trata del ático de Chamberí —sobre el que sigue sin dar explicaciones—, sino de la promoción que ha hecho desde las redes de la Comunidad de Madrid de un bar que durante años estuvo decorado con abundante simbología franquista. 

En medio de los incendios que arrasan la Sierra Oeste, la presidenta de la Comunidad ha publicado un vídeo en el que invita a apoyar el comercio local de la zona. Sin embargo, centra el vídeo en un único establecimiento, el restaurante El Mirador de Pelayos, en Pelayos de la Presa, cuyas carnes y arroces, asegura, mantienen “la calidad de siempre”.

Banderas preconstitucionales, un maniquí vestido con el uniforme de la Guardia Civil y hasta siete retratos de Francisco Franco decoraban el establecimiento, que pertenecía al hermano de Herminio Cercas, entonces alcalde de la localidad por el Partido Popular. Durante treinta años fue lugar de peregrinación para “nostálgicos”, y en 2014, Cercas fue señalado por elegir este lugar para celebrar oficialmente el Día de la Mujer en Pelayos de la Presa.

El carácter abiertamente publicitario del vídeo, con planos de los espacios del restaurante y de la preparación de los platos, unido al pasado franquista del establecimiento y a sus vínculos históricos con el PP, ha generado un aluvión de críticas en redes sociales. 

Los actuales dueños, Rosa y Jesús, han asegurado que no comulgan con ninguna ideología política. Sin embargo, en 2018, Telemadrid les hizo una entrevista, apenas unos meses después de adquirir el establecimiento, en la que todavía podían verse todos aquellos símbolos. Rosa explicaba entonces: “Lo tengo como museo porque lo tenía el anterior dueño”, aunque aseguraba que, si la Ley de Memoria Histórica le exigía retirar las imágenes, “nosotros las retiramos”. 

A día de hoy, tanto en el perfil de Instagram del restaurante como en las imágenes disponibles en Google Maps todavía pueden encontrarse fotografías de 2018 del local en las que aparecen los símbolos franquistas. En declaraciones recientes al HuffPost, sin embargo, sus propietarios aseguran que “aquí no hay política”: “Si mañana viene el de Vox o Sánchez pues haremos lo mismo. Aquí lo que se trata es de salir adelante, que vengan a apoyarnos”.

Lo contrario de la ética es el ático. Ustedes ya me entienden. Y las mayorías absolutas, como todo lo que incluya esa palabra, “absoluto”, se llevan entre regular y mal con la democracia. Tal vez por eso los partidos aspiran a ellas, con la ilusión de poder saltarse algunos diálogos y tener las manos sueltas, a veces para meterlas en la caja del dinero. Lo ocurrido con la vivienda de lujo adquirida por la Comunidad de Madrid, supuestamente para uso y disfrute de la presidenta Ayuso, y puesta a la venta deprisa y corriendo después de que la prensa la pillara con el carrito del helado y las manos en la masa, explica muy bien hasta qué punto el exceso de poder da a quienes lo ostentan una sensación de impunidad que los define. Eso, y su convicción de que la gente es, por decirlo suavemente, fácil de manipular y, por lo tanto, te la metes en el bolsillo con tres promesas de manual y dos insultos a Pedro Sánchez, que es una salsa que a sus adversarios les sirve para todos los guisos: la trapisonda de la lideresa del PP, según la cual si se sacaban al mercado ese inmueble y otros era para ayudar a las víctimas de los incendios, da vergüenza ajena, que es la que sustituye la de quienes no la tienen.

Me pregunto con frecuencia si, ante casos de corrupción así de evidentes, incluso cuando puede no haber ilegalidad, pero sí inmoralidad, las personas que no los quieren ver es porque son ciegas o porque cierran los ojos, y si esto último lo hacen a propósito y sin sonrojarse por cambiar el civismo por el cinismo, o porque les nubla la vista el humo de la ideología, que posiblemente no acabe en “logia” por casualidad. En el caso que nos ocupa, tenemos varias impresiones sobre su protagonista, entre otras que aquí hay más cesta que mimbres, más puesto institucional que méritos para ocuparlo; pero todo parece dar lo mismo cuando no se vota a políticos sino a sus siglas.

La sucesión de actividades sospechosas que la han envuelto y que afectan una y otra vez a su familia, pareja y amistades es larga y, sin embargo, de momento no le ha pasado factura. Es más, se convirtió en mantra y lugar común la leyenda de que cuanto más se la atacase mejores resultados lograría. Y fue verdad. Sus rivales, eso sí, hay que reconocer que se lo pusieron muy fácil. Y el resto, lo hizo la misma demagogia que ahora le lleva a decir que Ceuta está “al borde del colapso” y que los asaltos a nuestro país orquestados por Marruecos implican “un nuevo riesgo de epidemias”, así como “agresiones y violaciones diarias”. El racismo en estado puro.

En España los escándalos tienen carné, para una parte significativa de nosotros dependen más de quién los protagonice que de lo que haya hecho, así que los mismos que en unos casos se hacen los indignados, en otros se hacen los suecos. Lo llaman polarización, pero también podría llamarse “diálogo de sordos.” Es lo que hay, evidencia lo que no hay y lo segundo es más peligroso que lo primero.

De escuela de negocios a centro adscrito para acabar como universidad privada. Ese ha sido el recorrido que ha hecho el Instituto de Empresa (IE) hasta convertirse en la decimocuarta universidad privada de Madrid, que comenzará su actividad el próximo curso 26/27. Detrás de este negocio se encuentra una familia perteneciente a la aristocracia, los Del Alcázar, que actualmente, a través de sus empresas, concentran el control societario total del proyecto.

La empresa titular que está detrás de la Universidad IE de Madrid no es otra que Instituto de Empresa S.L., que tiene como director a Diego del Alcázar Benjumea, hijo del fundador de la escuela de negocios original, Diego del Alcázar Silvela, X marqués de la Romana y Grande de España. El hijo ocupa además los puestos de consejero y consejero solidario dentro de la empresa.

Entre los cargos también se encuentra Isabela del Alcázar Benjumea, hija del marqués, como representante y apoderada solidaria y María Benjumea Cabeza de Vaca, esposa del marqués, como representante. Sin embargo, el control familiar va más allá del Instituto de Empresa S.L. 

Por encima de esta sociedad se encuentra Tabla de las Navas S.L., una empresa patrimonial que actúa como cabecera del entramado societario familiar y que posee la totalidad de Instituto de Empresa. Es, además, la entidad que aparece en la documentación autonómica como promotora del proyecto universitario, mientras que Instituto de Empresa S.L. conserva la condición de titular de IE Universidad Madrid. Esto significa que Tabla de las Navas es la empresa propietaria del grupo y quien tiene la última palabra sobre las decisiones empresariales, mientras que Instituto de Empresa S.L. es la sociedad titular que gestiona la universidad.

La propiedad de Tabla de las Navas está repartida exclusivamente entre los cuatro miembros de la familia. Diego del Alcázar Silvela conserva la mayoría, con un 52,38%; su esposa, María Benjumea Cabeza de Vaca, posee un 14,57%; y sus hijos Diego e Isabela del Alcázar Benjumea controlan un 16,52% cada uno. En conjunto, la familia posee el 100% de la sociedad, por lo que no hay accionistas externos en la cúspide del grupo.

Esta estructura es algo nuevo, ya que es el resultado de una reorganización realizada mientras se tramitaba el reconocimiento de la universidad. Cuando el IE presentó su solicitud, en diciembre de 2021, los promotores identificados eran Azálvaro Empresa S.L. y Diego del Alcázar Silvela. Azálvaro figuraba entonces como la sociedad promotora mayoritaria y sus cuentas fueron utilizadas, junto con las de Instituto de Empresa, para justificar la solvencia económica del proyecto.

Sin embargo, el grupo decidió simplificar su estructura. Azálvaro Empresa fue absorbida y Tabla de las Navas, que ya era su socio mayoritario, pasó a ocupar directamente su posición. La operación eliminó sociedades y participaciones intermedias y convirtió a Tabla de las Navas en propietaria directa del 100% de Instituto de Empresa S.L. La propia entidad explicó a la Comunidad de Madrid que el objetivo era “reducir ineficiencias y racionalizar” las actividades de las distintas sociedades del grupo.

Todo esto se resume en que Tabla de las Navas es la sociedad que decide sobre el destino de los beneficios que eventualmente genere la universidad, ya sea su reinversión, su mantenimiento en reservas o su reparto. Unos beneficios que la empresa ya prevé como bastante jugosos. 

En la memoria económica remitida a la Comunidad de Madrid, la institución prevé ingresar 169,5 millones de euros en su primer año de funcionamiento como universidad madrileña independiente. La cifra crecería de forma sostenida hasta alcanzar 237,6 millones de euros anuales en el sexto ejercicio.

En total, el plan financiero proyecta 1.273 millones de euros de ingresos en sus seis primeros años de actividad, con los títulos oficiales como principal fuente de facturación. La universidad arrancará con 10 grados y 10 másteres oficiales, además de tres doctorados, y prevé ampliar la oferta durante sus primeros cinco años hasta 14 grados y 16 másteres. 

Entre las titulaciones iniciales figuran los grados en Administración de Empresas, Derecho, Comportamiento y Ciencias Sociales y Comunicación y Medios Digitales, así como los másteres universitarios en Administración Internacional de Empresas, Dirección de Empresas y Gestión. Solo los grados generarían más de 111 millones de euros anuales al final del periodo, mientras que los másteres aportarían cerca de 110 millones. Los programas propios y de dirección completarían el resto de la facturación.

Para llegar hasta este punto, el IE ha tenido que pasar por una historia de más de cinco décadas. En 1973, Diego del Alcázar Silvela fundó el Instituto de Empresa como una escuela de negocios, como una institución “por y para emprendedores” y con el objetivo de formar a la próxima generación de empresarios.

En 1999 nació la empresa Instituto de Empresa S.L., que en 2006 compró los derechos de titularidad de la Universidad SEK, una de las tres universidades privadas que en ese momento tenía Castilla y León, y en 2008 cambiaron su nombre por IE Universidad. Este campus fue el impulso necesario para que en 2009 la Junta de Castilla y León aprobara que el Centro de Estudios Superiores IE se pudiera consolidar como un centro universitario adscrito a la base de Castilla y León.

A partir de 2021 este centro empezó a impartir su actividad desde la IE Tower, el quinto rascacielos más alto de la Comunidad de Madrid que se encuentra en el complejo financiero de las cuatro torres, donde ahora se va a ubicar la sede de su nueva universidad. De hecho, ese mismo año fue en el que la empresa inició los trámites para consolidarse como universidad privada en Madrid.

Sin embargo, ese proceso no ha sido un camino sencillo y libre de críticas, algo que tampoco ha frenado el proyecto. En septiembre de 2022 la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria, órgano técnico en el que participan el Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas, trasladó al IE un informe provisional desfavorable. 

El documento cuestionaba que la memoria acreditara suficientemente el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Real Decreto 640/2021 para crear una nueva universidad. Entre las principales objeciones figuraban las discrepancias detectadas en la planificación académica, un proyecto investigador considerado demasiado genérico, la falta de concreción sobre la plantilla docente, la ausencia de un plan detallado que garantizara la continuidad de los estudios en caso de cierre y, especialmente, las dudas sobre la solvencia económica de la entidad promotora.

Durante los meses siguientes, el IE reformuló buena parte del expediente. Amplió el plan de investigación, concretó la contratación de profesorado, desarrolló un protocolo para garantizar que los estudiantes pudieran finalizar sus estudios en caso de extinción de titulaciones y aportó nueva documentación económica, incluido un informe elaborado por Ernst & Young (EY) que defendía la capacidad financiera del grupo. 

Tras analizar las alegaciones presentadas por la institución, la Comisión Delegada emitió el 7 de marzo de 2024 un informe favorable, aunque mantuvo algunas observaciones. El órgano seguía considerando que persistían determinadas discrepancias documentales, que el proyecto investigador conservaba un carácter "generalista" y que la cuestión de la solvencia había requerido importantes aclaraciones, pero concluyó que la memoria ya cumplía los requisitos exigidos para continuar la tramitación.

Las críticas no terminaron ahí. Durante el periodo de información pública, Comisiones Obreras (CCOO) Madrid presentó alegaciones solicitando la retirada del proyecto. El sindicato sostuvo que la nueva universidad no respondía a una necesidad real del sistema universitario madrileño, ya que duplicaba titulaciones ya existentes y reforzaba un modelo de expansión de la universidad privada mientras las universidades públicas sufren problemas de financiación. También cuestionó la orientación empresarial del proyecto, la solidez de su investigación y retomó algunas de las dudas que inicialmente había planteado la Comisión Delegada sobre la viabilidad económica y las garantías para el alumnado.

“Hubo un primer informe bastante negativo y después otro más favorable, pero aceptando compromisos de que determinados requisitos se cumplirían en el futuro”, denuncia Jesús Escribano, portavoz de Universidades de CCOO Madrid, en conversación con este periódico. A su juicio, la Comunidad de Madrid está concediendo autorizaciones “confiando en que dentro de unos años se cumplirán las condiciones”, pese a que después es la propia administración quien debe supervisar su cumplimiento, un sistema que “no genera demasiada confianza”.

Al no ser ninguna de estas alegaciones vinculantes, la Comunidad de Madrid siguió adelante con el proceso que fue aprobado en noviembre de 2025 y finalmente reconocido en el BOE en febrero de este año. Sobre las críticas que ha recibido el proceso, infoLibre ha contactado con la Consejería de Educación, Ciencias y Universidades de la Comunidad de Madrid y su respuesta ha sido que “la apertura de una nueva universidad en la región solo se produce cuando así se aprueba por Ley en la Asamblea de Madrid una vez cumplidos todos los requisitos necesarios”.

Desde el gobierno regional defienden la aprobación afirmando que el reconocimiento de IE Universidad Madrid constituye “una manifestación de la libertad de creación de centros docentes”, del “derecho a la educación” y de la “libertad de empresa”, subrayando que el proyecto no supondrá coste alguno para las arcas públicas, ya que será financiado íntegramente por la entidad privada promotora. Por su parte, el propio IE argumenta que la nueva universidad forma parte de la continuación de un proyecto nacido para “reinventar la educación superior” y cuyo propósito es “promover el cambio positivo a través de la educación, la innovación y la investigación”, mediante un modelo basado en la “internacionalización, el emprendimiento y la tecnología”.

Yo acuso: Isabel Natividad Díaz Ayuso, de negligente e irresponsable por el abandono manifiesto de los montes y bosques de toda la Comunidad de Madrid, y de negar a los bomberos forestales y a las cuadrillas un salario digno para vivir de su trabajo, ni más ni menos.

Con un recorte de 38 millones de euros que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad le obliga a devolver y aplicarlos al servicio de prevención y extinción de incendios, díganos el motivo de su extracción, señora Ayuso. Pensamos sin equivocaros que eran para alguna de sus cacicadas de turno (Formula 1 del PP o incultura) y seguir perdonando y bajando el pago de impuestos a los ricos, a las familias poderosas de rancio abolengo que la apoyan y a las élites votantes del PP, que gritan no pagar tributos y ahora gritan que dónde está la UME. Olvidan que Isabel Díaz Ayuso se niega a pagar impuestos y hace campaña negando el pago de tributos correspondiente para prestar unos servicios públicos justos y adecuados.

Lo más grave es el abandono y la negativa a limpiar el monte, a desbrozar el bosque y a establecer la campaña forestal permanente y personal suficiente para ejercer adecuadamente sus tareas en primavera, verano, otoño e invierno, durante todo el año y con contratos indefinidos (igual que tienen los funcionarios perezosos de la Iglesia católica: los obispos, arzobispos y cardenales) y modernizar el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid.

La oposición política debe presentar su alternativa por escrito para que todas y todos sepamos las propuestas en materia de gestión forestal y volver a recuperar el servicio público de prevención y extinción de incendios, que privatizo el PP con Gallardón, y hacer un frente común en defensa del patrimonio natural mancomunado que compone toda la masa forestal de la Comunidad de Madrid.

En el desarrollo de las políticas forestales es necesario y obligatoria la participación de la oposición, los sindicatos, asociaciones de agricultores y ganaderos, ecologistas, sociedad civil y científicos profesionales para el desarrollo desde la aprobación hasta la puesta en marcha. Es primordial invertir y cuidar el medio rural, sus pueblos y gentes para mantener la población y recuperar donde sea posible, con la participación de la Federación de Municipios de la Comunidad de Madrid.

Sabemos que Isabel Díaz Ayuso, la incompetente (como ella se ha declarado tras abandonar sus competencias exclusivas porque su Gobierno no se veía capacitado para apagar el fuego por culpa de la desinversión en personal y material), busca ahora eludir sus responsabilidades. La prueba está en las reclamaciones de más vehículos en condiciones: no tienen camiones para desplazarse con agua a extinguir el fuego, y anuncia la compra de camiones para Navidad. ¿Y hasta entonces? Ardiendo el monte. Falta todo tipo de material, mascarillas y otro tipo de herramientas para apagar los incendios. Tal ha sido el negacionismo aplicado durante los últimos años y tan nula su gestión forestal que ahora pretende, con su negligente comportamiento, escurrir el bulto ante las consecuencias de la falta de inversión en el sector forestal, en el medio rural y en los pueblos que lo integran, donde viven personas que tienen los mismos derechos, deberes y obligaciones que el novio.

Defendamos, proponiendo un Plan Forestal Autonómico, actualizado y modernizado con presupuestos suficiente para la prevención y extinción de incendios para la Comunidad de Madrid para septiembre-octubre 2026.

Alguien debería decirle que, si se ha declarado inútil para desempeñar sus tareas de gestión de las políticas forestales públicas, señora Ayuso, no debería ir ahora a entorpecer, estorbar y enredar con declaraciones vacías y huecas. No le corresponde, dada su incompetencia.

Deje trabajar a los técnicos y a los profesionales forestales; no los interrumpa más —es un ruego— para hacerse fotografías con su chaleco de jefa y que la vean como la irresponsable que es, después de haberse negado a hacer su trabajo de gestión de lo público. Ya tendrá tiempo, incluso para revolcarse en la ceniza.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

"Le hicimos creer que era un gigante. El problema de las mentiras es que, tarde o temprano, tienes que enfrentarte a alguien que no ha leído tu campaña de prensa”. Esta es la frase que Eddie Willis –interpretado por Humphrey Bogart– le dice al corrupto promotor de boxeo Nick Benko –interpretado por Rod Steiger– al ver el peligro de inflar a un boxeador sin talento en la película Más dura será la caída.

Una frase que bien le podría decir Feijóo a Miguel Ángel Rodríguez –en un momento en el que este estuviera sobrio para que le entendiera– refiriéndose a Isabel Díaz Ayuso.

Porque todo apunta a que la “potra de Chamberí” está al borde del KO técnico. En dos ocasiones ha estado a punto de acabar, como diría Jaime Ugarte, en la habitación del sueño: después del uppercut del incendio de la Sierra Oeste de Madrid y tras el jab del ático-oficina-residencia de Martínez Campos. A la tercera, ya sabemos, que el árbitro para la pelea. Y, por si esto fuera poco, en su esquina parece no haber segundos dispuestos no ya a darle un extra de aire abanicándola con la toalla, sino a quitárselo.

Porque todo indica que la filtración del nido oficial salió de su entorno. Muy probablemente del propio Miguel Ángel Rodríguez que habló de un ático de dos plantas. Es verdad que solo tiene una pero, claro, cuando el nivel de alcohol en sangre es elevado, los pequeños músculos de los ojos dejan de trabajar en sincronía y aparece la doble visión.

A esto se añade el silencio de Feijóo después de que Génova diera el OK–que no el KO– a la operación. Del mismo Feijóo que dio la orden, tiempo atrás, de respaldar sin fisuras a su némesis. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Aunque también podría decirse “en la Quirón y en la pandemia”. Y tenemos suficiente callo político como para saber que el silencio de un jefe cuando llega el tío Paco con las rebajas no es señal de neutralidad, es que te ha dejado a los pies de los caballos. De todos. Bueno, no sé si también de “Canalejas” y “Espronceda”, propiedad del juez Peinado.

Juanma Moreno y Alfonso Rueda tampoco han dicho esta boca es mía y se han limitado a ver el combate desde el palco, no fuera a ser que les salpicara la sangre y les manchara el impoluto esmoquin blanco que dicen lucir como muestra de su inmaculada gestión y su ejemplar comportamiento. Y, claro, una operación inmobiliaria de la Comunidad de Madrid –una operación pública, al fin y al cabo– con cláusula de confidencialidad con la inmobiliaria como tenía esta… En fin.

Incluso podía escucharse de lejos a Cayetana Álvarez de Toledo –entre el estridente graznar de otras cotorras argentinas– decir que “no entendía bien lo del ático de Ayuso”.

Y, como empecé esta columna con una frase de una película, voy a terminarla con esta frase de otra película que está por escribirse: “Estoy más sola que Ábalos”. La pronunciaría Ayuso abandonada en la camilla de su vestuario, con las manos todavía vendadas mientras Pablo Casado, con su pase VIP al cuello, la observa feliz y sonriente a través de la abertura de la puerta entreabierta del vestuario de la púgil hasta ahora invicta.

Sería un nuevo remake de la original de Mark Robson y llevaría el mismo título: Más dura será la caída.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

El Madrid D.F. continúa con su actualidad, de un brío mudo que perpetúa su vida a la sombra de los parterres del Retiro y al sol de este ferragosto encendido. Ayuso vive desenchufada de Génova, desenchufada de Aznar y, sobre todo, desenchufada de su novio, Alberto, que parece haberle mandado un aviso a navegantes con el anuncio, en Idealista, de la venta de su ático.

Alberto es la síntesis de la novela balzaquiana, el hombre que acudió a la gran capital a seducir, comprar, enriquecerse y después huir. Alberto es el nuevo retrato de Lucien de Rubempré, pastoreando las ilusiones perdidas de este don nadie convertido en killer y donjuán implacable y letal. La gran conjura de González Amador es haber entendido, antes que nadie, que Madrid es un enorme ático puesto en alquiler de temporada.

La gran ambición literaria que movió a los escritores de provincias al Gran Madrid del siglo XX es la misma ambición financiera de este Madrid D.F. que se compra y se vende constantemente. El misterio del dinero sigue alimentando las pasiones de las élites españolas. La gran novela del siglo XXI es esta ferocidad sentimental que sólo se entiende y aprende desde los códigos del gran capital, o sea, Marx y unas cuantas dosis de Brest Eaton Ellis. Entre sus lecciones hay una que admite que el éxito exige un sacrificio. El de Alberto González Amador ha sido, sin duda, su adicción a las plusvalías del corazón, emparejándose con la presidenta de la Comunidad que también ha jugado a la gran novela del XIX, pero con otro estilo, otra prosa, otra gramática que nos remite a Madame Bovary y que, como ya sabemos, termina muy mal.

“Madame Bovary soy yo”, dijo Flaubert para dar cuenta de su magisterio. Lo mismo pudo haber dicho Miguel Ángel Rodríguez: “Isabel Díaz Ayuso soy yo”, en un alarde de novelista/spin doctor que llevó a la discípula hasta las más altas cotas del poder, la psicosis y la vulgaridad. La Nouvelle Vague quiso hacer del cine de su tiempo una visión de la novela del siglo anterior. El video del ático es, en sí mismo, un cuento de verano a lo Rohmer que nos habla del tipo de relación que había entre Alberto e Isabel, con la pareja ya rota y en permanente fuera de campo.

Cuando Flaubert decide que el arte está en los detalles, que la literatura se alimenta de la minucia, escribe la novela que inaugura el siglo XIX europeo para consagrarse a la vulgaridad como religión, como ritual. Algo de esto observamos en el vídeo del ático, aunque no deja de ser el correo —la cabeza de caballo— que, vía Idealista, transmite el testaferro al entorno de su amada. El vestido rojo, las deportivas, la toallita blanca con el nombre de Isabelita bordado en oro pueden ser un vulgar cotilleo o el salvoconducto de Alberto a otra vida más tranquila. Toda la biografía cotidiana y geográfica de Isabel está miniada esforzadamente a través de una cámara que nos remite a lo kitsch, confirmando aquella gran lección de Godard: el travelling no es sólo un movimiento de cámara sino una cuestión moral.

Mientras se resuelve y se revuelve la ruptura sentimental de Alberto, Isabel ha tenido que encarar la dosis de enfrentamiento a lo desconocido que implica comprar una nueva casa, en este Madrid D.F. disparado de precios e imposible donde hasta la vida es un carísimo alquiler de temporada. Comprar un ático es una adversidad capaz de afectar tu vida entera y decidir aquello que todavía no se sabe: la mirada que proyectará Isabel a través de la terraza, el sitio donde derramará sus lágrimas, donde hará el amor, el lugar y la situación donde se sentirá asediada por la vida, donde se cobijará de la tormenta, donde las facetas más lánguidas y las más vigorosas de sí misma terminarán por ser abandonadas y quedarán enterradas, donde enfermará y regresará después de los cumpleaños, los divorcios, los matrimonios y los funerales. Todo eso deberá tenerlo en cuenta Isabelita, o sea, que la vida continúa.

Después de haber publicado Salambó, que nada tiene que ver con Bovary (pues se trata de otra prostituta), Flaubert confiesa que ha escrito “penosamente” esa novela, con la sola intención de dar una idea del color amarillo. El vídeo del ático de Chamberí nos da una idea del color de la venganza que tiene el Madrid D.F.: un brochazo de realidad, un espatulazo de capitalismo vivo, rencoroso y feroz, un ajuste, y no sólo un balance, de cuentas, como una noche tropical que tiene cogido a todo el PP de los cojones.

A todo el partido menos a uno, o sea, a Alberto Núñez Feijóo, que ve, inopinadamente, cómo se libera de lastre de cara al curso político donde se jugará su destino. Pero esa, querido y desocupado lector, es otra novela.

Existe una forma de hacer política que no necesita contenido para sobrevivir. Le basta con ocupar el espacio de la conversación pública, generar impacto inmediato y renovar cada semana el titular que sustituye al anterior. No gobierna para transformar la vida de quien administra: gobierna para las cámaras. El caso de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid es hoy uno de los ejemplos más nítidos de ese modelo: una política vaciada de vocación de servicio público, sostenida en la excusa permanente, en la frase hueca calculada para el impacto emocional, y en la sistemática elusión de la rendición de cuentas.

Frente a ese modelo cabe otro, el que de verdad debería importar: el de una comunidad política entendida como ejercicio de ciudadanía, un lugar donde vivir sea ejemplo de integración y no de selección. Ayuso representa, con una precisión casi de manual, todo lo que ese segundo modelo no es.

Toda política dedicada al bienestar de la ciudadanía parte de una premisa mínima: quien administra recursos ajenos debe explicar cómo los administra. Ayuso ha construido, en cambio, una relación con la transparencia basada en el relato sucesivo antes que en la explicación. Cuando estalló la polémica por la compra de un ático en Chamberí a cargo del Gobierno regional, la respuesta no fue una comparecencia con datos, sino una narrativa que fue mutando según convenía: primero la operación se enmarcó en las obras de la Real Casa de Correos; después, ante la presión, el inmueble pasó a presentarse como un activo que se vendería para financiar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio. Dos justificaciones distintas para un mismo hecho no son transparencia: son gestión de daños reputacional.

El patrón no es nuevo. El Hospital Isabel Zendal, presentado como gran logro sanitario, fue señalado por sus sobrecostes y por funcionar más como plató de comunicación que como infraestructura al servicio de la población. Tras el temporal Filomena, las críticas por la falta de anticipación de su Ejecutivo se disolvieron sin que nadie asumiera responsabilidad política. La constante, en todos los casos, es la misma: ausencia de autocrítica institucional, sustituida por un relato que se acomoda a la conveniencia del momento.

Esa misma lógica de opacidad reaparece en las cuentas concretas. Cuando el Gobierno regional afirmó que la empresa pública Planifica Madrid disponía de cuatro inmuebles en Gran Vía pendientes de venta, las cuentas anuales de esa empresa, depositadas y auditadas en el Registro Mercantil, registraban un único inmueble en esa calle. No es una cuestión de matices: es una contradicción entre lo que se declara ante los medios y lo que consta en un registro público.

No se trata de un hecho aislado. Durante la pandemia, Ayuso defendió que Madrid contaba con una de las mejores capacidades diagnósticas de España mientras su propio Gobierno reconocía, meses antes, no disponer de medios propios suficientes para el rastreo de la enfermedad. Responsabilizó al aeropuerto de Barajas de ser la vía principal de entrada de contagios importados, cuando los datos oficiales indicaban lo contrario. Sostiene que la ley estatal de vivienda fomenta la okupación, una afirmación que los verificadores han desmontado de forma reiterada. Incluso su propio relato biográfico —la explicación que dio durante años sobre por qué abandonó un doctorado— se ha visto rebatido por un expediente académico que el PP se niega sistemáticamente a hacer público. Lo relevante no es que existan estos episodios sueltos sino que todos comparten la misma estructura —una afirmación categórica, contradicha por el dato oficial, sostenida después sin rectificación—. Eso es lo que distingue una política que rinde cuentas de una que administra excusas.

Una política de servicio público se mide por su capacidad de resolver problemas complejos con explicaciones honestas, aunque sean incómodas. La política escaparate hace justo lo contrario: sustituye el argumento por la frase que produce impacto inmediato, sin que le importe demasiado su relación con los hechos.

El ejemplo más claro es el uso de la inmigración como recurso retórico. El mismo día en que arreciaban las preguntas sobre el ático, Ayuso desplazó el debate hacia la llegada de migrantes a Ceuta, calificándola de "invasión intolerable" y sugiriendo que se trataba de una prueba de Marruecos de cara a movimientos futuros.

Días después, calificó la situación de reparto de menores migrantes como "lo más inhumano que hay" —una frase que jamás ha reservado para las listas de espera sanitarias; para la pobreza infantil; para los familiares de las personas muertas en las residencias durante la pandemia..., pero que sí despliega, con precisión cronométrica, cada vez que su gestión propia queda expuesta. No es un desliz retórico: es una elección de vocabulario —invasión, prueba, inhumano— que deshumaniza a quien migra y que funciona, sobre todo, como cortina de humo.

Ese mismo mecanismo de la frase hueca con vocación de titular reaparece en la política internacional. Tras conceder la Medalla Internacional de Madrid a Israel y a Javier Milei, este año le tocó a Estados Unidos, país al que Ayuso describe como "el principal faro del mundo libre". El anuncio no se hizo en Madrid, sino por vídeo desde la Hispanic Prosperity Gala, en Mar-a-Lago, la mansión de Trump. La paradoja es evidente: Estados Unidos es país invitado de la Fiesta de la Hispanidad madrileña el mismo año en que despliega deportaciones masivas contra población hispana.

Hay una canción mexicana, La maldición de Malinche, que describe exactamente este mal: convertir en ídolo al poderoso extranjero mientras se sacrifica a los propios. Entre reconocer a Trump o defender a los migrantes hispanos que huyen de sus políticas, Ayuso se quedó con el "faro", no con la gente —la misma lógica invertida que rige puertas adentro: fuera, admiración incondicional hacia quien tiene el poder; dentro, dureza sin matices hacia quien no tiene ninguno—. En ambos casos, la frase sustituye a la política, porque produce el aplauso sin necesidad de resolver nada.

Lo más grave de la política escaparate no es que mienta ni que dramatice: es que, mientras lo hace, deja de ocuparse de lo esencial. La sanidad pública madrileña es el ejemplo más claro. La Consejería presume cada mes de reducir los tiempos medios de espera y compara sus cifras con la media nacional para presentarse como la región mejor gestionada de España. Pero sus propios datos, analizados por verificadores, muestran algo más incómodo y es que mientras el tiempo medio de demora baja, el número total de pacientes en espera aumenta.

Presentar solo el indicador favorable es faltar a la verdad por omisión selectiva, y es también la prueba de que el objetivo no se dirige a resolver el problema, sino a administrar su relato. Profesionales sanitarios y asociaciones de defensa de la sanidad pública hablan de manipulación estadística, de derivación creciente al sector privado —donde Madrid tiene la mayor implantación de pólizas de España— y de infrafinanciación crónica de la atención primaria. Cuando la primera cita de salud mental para un adulto en Vallecas tarda más de seis meses, hablar de "liderazgo" exige, como mínimo, matizar mucho el titular.

Esa misma ausencia de vocación de servicio se manifiesta cuando lo que está en juego no es un dato, sino una persona. El caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, denunciado por una concejala del propio PP por presunto acoso sexual y laboral, retrata con crudeza qué prioriza realmente el aparato de Ayuso cuando tiene que elegir entre proteger a una institución y creer a quien denuncia. La respuesta no fue apartarlo cautelarmente: fue blindarlo. Ayuso acudió a inaugurar la sede del PP en Móstoles junto al alcalde denunciado; su número dos llegó a preguntarle a la denunciante cómo "ligaba". Desde el entorno de la presidenta se filtraron argumentarios para desacreditarla.

La concejala dejó la política. El alcalde sigue en su cargo, con una querella admitida a trámite también contra el PP como persona jurídica por "omisión y fracaso" de sus protocolos de protección. Cuando una institución antepone su propia imagen a la protección de quien denuncia, no hace falta una declaración explícita de desprecio: la jerarquía de lealtades ya lo dice todo, y esa jerarquía es incompatible con cualquier idea seria de servicio público.

Ningún modelo de política vacía se sostiene solo. Necesita un ecosistema que la recompense. Telemadrid, controlada con mano de hierro por los sucesivos gobiernos del PP, lleva años externalizando su programación a productoras privadas. Mientras tanto, la propia Comunidad arrastra infrafinanciación crónica en educación y atención primaria. En pantalla, un ecosistema de cobertura altamente complaciente: entrevistas a Ayuso amables, con formulación de preguntas de estructura abierta, dejando marcada la respuesta positiva, cordialidad que jamás dispensa al Gobierno central. No hace falta imaginar un pacto explícito: basta con observar el circuito que se retroalimenta —dinero público que sostiene beneficios privados, cobertura amable que sostiene el relato político— para entender por qué la política escaparate nunca paga ningún coste.

Queda, sin embargo, la pregunta más incómoda: si el patrón es tan reconocible, ¿por qué buena parte de la sociedad madrileña sigue respaldándola sin exigirle el mismo nivel de rendición de cuentas que reclama, con razón, al Gobierno central? No hay una única respuesta, pero sí varios mecanismos que se refuerzan entre sí.

El primero es institucional: Ayuso ha dedicado buena parte de su mandato a debilitar los contrapesos que deberían fiscalizarla. Reformó el control de la Cámara de Cuentas, el órgano encargado de auditar la gestión de las administraciones madrileñas, y ha ido reduciendo la pluralidad de Telemadrid hasta convertirla en altavoz institucional. Cuando el propio ente fiscalizador y el propio medio público dejan de hacer preguntas incómodas, la ciudadanía pierde buena parte de la información que necesitaría para exigir explicaciones: no es que no quiera preguntar, es que cada vez tiene menos canales institucionales que le hagan la pregunta a ella.

El segundo es la polarización convertida en coartada. Cada escándalo propio se responde, de forma automática, con una pregunta que especula sobre el PSOE: "¿Va a dimitir el hermano del presidente?", "¿va a dimitir su mujer?". Es una estrategia deliberada y eficaz: convierte cualquier exigencia de responsabilidad en munición partidista, de modo que criticar a Ayuso empieza a sentirse, para una parte del electorado, como hacerle un favor al adversario político, antes que como un ejercicio de ciudadanía. Cuando toda crítica se lee en clave de bando, deja de evaluarse el hecho concreto y empieza a estimarse solo la lealtad de quien pregunta.

El tercero es el propio relato de prosperidad. La bajada de impuestos y el discurso de libertad económica generan una lealtad que funciona casi como seguro frente a los escándalos de gestión: una parte de sus votantes está dispuesta a tolerar la opacidad si percibe, o le hacen percibir, que su bolsillo sale beneficiado. Es un intercambio implícito —menos control institucional a cambio de menos presión fiscal— que rara vez se verbaliza así, pero que opera con eficacia.

Y el cuarto es, simplemente, cansancio democrático: la acumulación de escándalos —ático, Móstoles, pandemia, contradicciones biográficas— es tan alta que termina generando saturación antes que indignación sostenida. Incluso dentro de su propio partido empieza a hablarse de hartazgo entre alcaldes y barones territoriales, aunque esa incomodidad interna todavía no se traduce en exigencia pública.

Ese adormecimiento no es apatía neutra: es el resultado directo de un ecosistema —institucional, mediático y emocional— diseñado para que exigir responsabilidades resulte más costoso socialmente que mirar hacia otro lado. Ahí es donde falla no solo un gobierno, sino la ciudadanía que debería sostenerlo en pie. Cuando el coste social de preguntar supera al coste político de no responder, la rendición de cuentas deja de ser una exigencia colectiva y pasa a depender, únicamente, de la buena voluntad de quien gobierna. Y esa nunca debería ser la base de una democracia sana.

Frente a todo esto, hace falta nombrar lo que sí sería una política con vocación de servicio público: aquella que entiende que gobernar una comunidad no es administrar un decorado, sino construir ciudadanía. Una Comunidad de Madrid que fuera de verdad ejemplo,tendría que medirse no por cuántas medallas entrega ni por cuántos titulares genera, sino por si el lugar donde se vive es un espacio de integración —de quien llega, de quien denuncia, de quien espera una cita médica— y no de selección entre quienes encajan en el relato oficial y quienes quedan fuera de él.

Integración significa que la sanidad pública no se mida en dos indicadores contradictorios sino en si la gente es atendida a tiempo; que una denuncia de acoso se resuelva protegiendo a quien denuncia, no a quien tiene poder dentro del partido; que la política exterior sirva a los ciudadanos hispanos, no al aplauso del poderoso de turno; que el dinero público financie servicios y no relatos amables en televisión.

La política escaparate no necesita resolver nada de eso porque ha aprendido que no hace falta: le basta con producir indignación o entusiasmo el tiempo suficiente para llegar a la siguiente semana sin rendir cuentas de la anterior. Ese es, precisamente, el problema de fondo: no es solo que Ayuso mienta, dramatice o proteja a los suyos, es que ese comportamiento se ha normalizado como forma legítima de gobernar, mientras la vocación de servicio público, la que construye ciudadanía real en lugar de audiencia, queda relegada a nota a pie de página.

Reconocer ese patrón, nombrarlo y exigir su corrección no es un ejercicio de hostilidad partidista: es la condición mínima para que una comunidad política vuelva a merecer ese nombre.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido cuatro denuncias al juzgado que ha abierto diligencias por la compra de un ático en el barrio madrileño de Chamberí por una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid para su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha abierto esas diligencias a raíz de la denuncia que presentó la pasada semana el partido Iustitia Europa, con lo que, la Fiscalía no puede emprender un procedimiento paralelo.

Por esa razón, ha remitido a ese juzgado las cuatro denuncias que había recibido, tres de particulares y una del PSOE.

La investigación judicial se abrió por la denuncia de Iustitia Europa —una acusación habitual en procedimientos por corrupción—, en la que apunta la posible existencia de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal del patrimonio público en la compra de ese ático por un importe de 6,3 millones de euros.

Ese partido político quiere conocer el expediente completo de compra, los informes de necesidad, tasación, legalidad urbanística, financiación, los acuerdos de la empresa pública Planifica Madrid, la posible intervención de la Consejería de Presidencia, la documentación sobre las obras de la Real Casa de Correos que justificarían la compra de ese ático como oficina temporal o la comisión inmobiliaria, entre otras cuestiones.

El PSOE, por su parte, optó por presentar la denuncia ante la Fiscalía al entender que se ha podido incurrir en delitos de malversación de fondos públicos y de prevaricación.

Para los socialistas, o hay "una gravísima irresponsabilidad negligente" en una adquisición con una finalidad imposible de cumplir o "toda la justificación es incierta, y realmente se buscaba un inmueble para un uso residencial".

Según su denuncia, la venta "precipitada" del inmueble que acaba de emprender Planifica Madrid es otro "indicio" de posibles irregularidades en la compra y puede ser en sí misma una "situación irregular, también con posible relevancia penal".

El nombre de Miguel Ángel Rodríguez lleva décadas ligado a la política, pero también a los negocios. Entre su etapa como portavoz del Gobierno de José María Aznar y su regreso a la primera línea como hombre de máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso más de veinte años después, MAR desarrolló una extensa trayectoria empresarial: pasó por compañías de publicidad y comunicación, se sentó en varios consejos de administración y construyó su propio grupo de sociedades alrededor de una empresa, Splendens Ibérica.

El rastro está en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), la publicación oficial en la que quedan registrados los principales movimientos de las empresas españolas y que describe quién las administra, cuándo un directivo entra o sale, qué sociedades se fusionan y cuáles desaparecen. Seguir ese rastro permite reconstruir una trayectoria de más de 40 cargos en cerca de veinte sociedades, según los recuentos mercantiles publicados sobre Rodríguez. Muchos de esos negocios estaban relacionados con terrenos que conoce bien, entre los que destacan la publicidad, los medios, el marketing y la producción audiovisual

Entre otros nombres aparecen Carat España, Secuoya Grupo de Comunicación, iPhone Media o NetThink Iberia, compañías en las que ejerció como consejero e incluso como presidente y vicepresidente. Pero en el centro de su actividad empresarial acabó situándose Splendens Ibérica, su propia sociedad y alrededor de la cual fue agrupando buena parte de sus negocios en el mundo de la comunicación que, según el registro, tiene dos momentos claves. 

El primero se produjo entre 2018 y 2019, cuando Rodríguez simplifica y concentra su estructura empresarial. El segundo llegó a comienzos de 2020, inmediatamente después de convertirse formalmente en alto cargo de la Comunidad de Madrid tras haber asesorado previamente a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en la campaña de las autonómicas. En enero de 2020, MAR abandona los puestos de administración de sus principales compañías y su hija, Clara Rodríguez Ilárraz, pasa a ocuparlos.

Durante años, los intereses empresariales de Rodríguez estuvieron repartidos entre distintas sociedades. Algunas se dedicaban a actividades audiovisuales, otras a publicidad, libros o inversiones. Pero en septiembre de 2018 comenzó un movimiento para reunir buena parte de ellas bajo un mismo paraguas. Splendens Ibérica pasó entonces a controlar cinco empresas: Aba Libros, Formatos Audiovisuales por Internet, Tinychip, Elestes Inmobiliaria y Splendens Ibérica Televisión. Una estructura que se completó después con Splendens Branding y Peñafiel Estudios de Cine y Televisión.

En octubre de 2019, al quedar definitivamente registrada la absorción de las otras compañías, Rodríguez fue renovado como administrador único de Splendens Ibérica. Entonces, ya había participado como asesor en la campaña de las autonómicas y municipales que llevó a Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid pese a ser la segunda fuerza. Pero todavía no era alto cargo del Ejecutivo madrileño. La operación redujo el número de empresas y simplificó su estructura, pero MAR seguía al frente de la sociedad principal.

Desde que dejó el Gobierno de José María Aznar en 1998 hasta que se incorporó al Gobierno de Ayuso más de dos décadas después, Rodríguez desarrolló durante años una carrera estrechamente relacionada con el mundo de la comunicación y la publicidad. No solo como polémico tertuliano, como ya contó infoLibre en la entrega sobre MAR y los medios. Fue presidente de Carat España, una de las grandes agencias de medios, entre 1999 y 2006 y pasó por los órganos de dirección de distintas compañías.

Un recuento de su historial empresarial publicado en El Español en 2020 elevaba el balance a 42 cargos en cerca de 20 sociedades. No todas estuvieron activas al mismo tiempo ni tuvieron la misma importancia, pero el conjunto dibuja una trayectoria empresarial muy extensa y que le ha dado “mucho dinero”, en palabras de una persona cercana a MAR, que insiste en que el jefe de gabinete de la presidenta accedió a asesorarla y a entrar en su Gobierno por una mezcla de “vocación” , “aburrimiento” y “ambición política”.

Cuando accedió al cargo en 2020, un puesto por el que actualmente cobra unos 100.000 euros brutos anuales, según Transparencia, MAR declaró un patrimonio de 5,7 millones de euros, que se dividía en dos empresas, que son también las dueñas de un patrimonio inmobiliario compuesto por cinco viviendas y una nave industrial por valor de 4,6 millones, mientras que el resto son activos en Bolsa y fondos de inversión (550.000 euros), planes de pensiones y ahorros (283.000) y cuatro vehículos (172.000).

Su última declaración data de 2023 y permite cifrar en al menos seis millones de euros su patrimonio, es decir, 300.000 euros más que cuando entró. El jefe de gabinete de Ayuso puede seguir manteniendo su participación en esas empresas porque la ley madrileña no obliga a un alto cargo a vender todas sus empresas ni todas sus acciones o participaciones cuando llega al Gobierno. Lo que establece como regla general es que debe dedicarse de forma exclusiva a su función pública y que no puede seguir desempeñando al mismo tiempo un trabajo o un cargo en una empresa privada.

En cuanto a propiedades inmobiliarias, en 2004 y 2010, Rodríguez adquirió dos viviendas en Madrid. La primera se valoró en 359.936 euros y la segunda en 400.048 euros. Por último, en 2017, compró una nave industrial en el municipio de Cebolla (Toledo), cuyo valor catastral asciende a 546.238 euros en 2020. Además de los inmuebles a nombre de sus empresas, MAR es copropietario de dos bienes por herencia: una vivienda en Sada (A Coruña), valorada en 36.505 euros y de la que posee 1/4 de la titularidad, y un terreno rústico en Valladolid, con un valor de 421 euros y del que tiene 1/6. 

El jefe de gabinete de Ayuso también declaró ser dueño de una cartera de valores que ascendía a 237.000 euros y de cuatro fondos de inversión, que suman 312.951 euros. En total, 549.951 euros por este concepto. En el apartado de vehículos, MAR declaró cuatro bienes diferentes: un Lexus RX 300, que adquirió en 2014 por 75.000 euros; un Audi Q5 que compró ese mismo año por 30.000 euros; un Lexus CT200H que le costó 22.500 euros en 2016; y una Mercedes Vito que consiguió en 2017 por 45.000 euros. Entre los cuatro desembolsó, por tanto, 172.500 euros.