La Comunidad de Madrid comunica, hoy día 11 de julio, que entra en vigor la Ley que reconoce al "concebido no nacido" como miembro de la unidad familiar, tras la publicación en el BOCM. Esta Ley se ha hecho viral en días pasados, porque el Partido Popular con el apoyo de Vox es la primera Comunidad que impulsa una ley que concede ayudas a la mujer desde el primer momento que acredite su embarazo con carácter general. Y Feijóo le ha dado todo su apoyo para aplicarla, si llega a gobernar, que se le olvida decir.

He pensado que Ayuso no se ha dado cuenta de la situación personal y familiar en la que vive y cómo salir de algunas contradicciones que le envuelven, para legislar con tanto entusiasmo esta Ley. Pobre de mí, se acaba San Fermin, para darle algún consejo que le ayude a superarlas, pero, por si acaso, tiro mi flecha a la diana por si doy en el blanco.

Según leo de su biografía a Isabel Díaz Ayuso le faltan tres meses para cumplir 48 años. Está en el límite, si no lo ha pasado, para ser madre biológica. Lo expreso, porque, según algunas informaciones publicadas, referidas a ella, ( y no leo ni veo programas del corazón) ha tenido más de un aborto espontáneo. No ha logrado llevar su embarazo a término, pero se deduce que tiene un deseo maternal acentuado, un impulso natural e innato a la maternidad.

Y otra deducción, también lógica, es que no se va a beneficiar de las ventajas de esta ley, habiéndola impulsado con tanto entusiasmo, y, a pesar de que no hace ascos a beneficiarse, como otros dirigentes populares, de las leyes o políticas que le benefician. Como diría el presidente de la Conferencia Episcopal, el fariseo Luis Argüello, blandiendo la bandera de la ética, “a las pruebas me remito” ( los bonos energéticos para familias vulnerables).

¿Cómo sería la forma de resolver Ayuso lo que yo llamo sus deseos maternales? Sencillamente, que diría Cruz Villalón, adoptando unos hijos, varios, si me permites, Isabel, hasta tres. Porque puedes, Isabel. Tienes una vivienda amplia, un sueldo bueno, has heredado bienes y tienes una pareja que gana dinero. La adopción te haría más humana, más sensible y compasiva, más amable. Isabel, de tí se han dicho muchas cosas. Leo en infoLibre que Marc Biarnes, conocido artísticamente como “No solo viernes”, dice que “eres un meme andante”.

No hagas caso a todo, pero tampoco te burles de todo. Te lo digo por tu bien, por tu salud mental, esa que tenemos que cuidarla todos y que hoy tanto afecta a jóvenes y mayores. No apoyes, cuando se equivoca, a Feijóo, que tiene a gala ser un valiente al equivocarse, cuando habla del absentismo laboral. Piensa en tu futuro, cuando dejes de gobernar la Comunidad de Madrid y tengas mucho más tiempo libre. Si ahora te vendrían muy bien unos hijos para no estar con el micrófono pegado a todas horas a la boca, y tienes una salud de hierro, en un futuro van a ser tu ayuda, tu compañía, tu orgullo. Imagínate que te propones llevar todos los días al colegio a tus hijos y te juntas con otras madres.

El cariño y la convivencia y planes que puedes entablar con ellas no tiene precio. Hazme caso. Te he mencionado tres hijos, Combínalos como quieras, dos niñas, un niño o viceversa. Una negrita y dos rubios, o uno rubio y otro moreno. Son solo ideas. El caso es que formes una familia numerosa desde el principio y así la declaración de la renta te salga a devolver y consigas las ayudas de la Comunidad de Madrid.  

Puede que notes un poco de ironía en mis palabras, no es esa mi intención primera ni principal. Por encima de ella, están mis deseos de que seas una mujer libre, hacendosa y maternal, pensando en tu bienestar material, espiritual y mental. Cuanto más tardes en tomar una decisión de esta naturaleza que te propongo y que rondará con seguridad por tu cabeza, peor. Se suele decir que “nunca es tarde si la dicha es buena”. El refrán se dice mal, la dicha siempre es buena por su naturaleza, lo que hace falta es que llegue. Y por eso te la deseo.

Date prisa para la adopción y para buscar colegio. Como vives en Chamberí, que sea uno público. Te aconsejo el Rufino Blanco. Es excelente y tiene un AMPA muy activa. No hagas como Almeida, que ha quitado el Instituto Homeopático, un espacio chamberilero y madrileño, para dárselo a Brewster, un colegio norteamericano privado y carísimo y sin infraestructura para el desarrollo de los alumnos. En cambio, ahora quiere desahuciar la Casa Árabe, lugar de encuentro entre las dos culturas, para "dárselo, dice, a los madrileños". 

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

La Comunidad de Madrid ha aprobado una ley que reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar. Feijóo dice que implantará esa misma ley en todo el Estado. Miguel Ángel Rodríguez puso su consabido tuit para molestar y para señalar por dónde va la cosa, por si a alguien se le había escapado: según los reaccionarios, esa célula que es el propio cuerpo de la mujer no es ella, sino una persona con derechos que la habita, incluso si es en contra de ella.

Al día siguiente aparecen todas las explicaciones sobre el tuit, sobre el significado de la ley y, finalmente, sobre el derecho al aborto en sí. Proliferan los artículos que afirman que más valía que se ocuparan de los niños nacidos que de los no nacidos, etc. Es decir, se insiste en aplicar racionalidad a determinadas políticas, en este caso, antifeministas. Se supone que, si desvelas la realidad, la gente lo entenderá, se dará cuenta de que los niños y las niñas que ya están en el mundo son más importantes que aquellos que no han nacido.

Lo malo es que no funciona así. Estoy convencida de que, en realidad, ni ellos mismos se creen que un óvulo fecundado sea una persona con derechos o, de lo contrario, tendrían que, por ejemplo, cerrar las clínicas de fecundación, donde hay miles de embriones fecundados sin derecho alguno, obviamente. Y podríamos meternos en discusiones bizarras acerca de qué hacer con los embriones abortados naturalmente y que se caen por el váter sin ninguna ceremonia; sin nombre, sin oración, sin culpa —a mí me pasó, que conste—.

Y, por supuesto, está la cuestión de que es metafísicamente imposible que a políticos que han demostrado con creces que no les importan los niños en absoluto —Madrid es una comunidad con más de 250.000 niños y niñas en riesgo de pobreza— les importen en realidad los no nacidos. Finalmente, si hay alguna persona inocente por ahí que se haya tragado verdaderamente eso del derecho a la vida, bla, bla, bla, a esa no la vamos a convencer con ningún argumento.

Esto no va de argumentos. Esta discusión es una cuestión ideológica irreductible a cualquier razonamiento, como casi todo hoy en día: las personas trans, el cambio climático, las vacunas, el feminismo, tomar el sol, la maldad de Pedro Sánchez o, según nos vaya, los catalanes. Detrás de todo esto hay una lógica reaccionaria que manipula emociones y no razones, que manipula la ira, el descontento o el miedo; que busca culpables y los encuentra.

En el caso del aborto, además, esta es una discusión antigua que ha ido evolucionando y transformando sus argumentos según se hacía necesario. A más derechos de las mujeres, más presión sobre su autodeterminación. Hasta el siglo XIX, nada menos que hasta el XIX, la Iglesia consideraba que el feto masculino no era “persona” —que abortarlo no tenía importancia— hasta la sexta semana de embarazo. El femenino, en cambio, no era persona hasta la decimoprimera, fecha en que abortar ya era pecado. Las mujeres somos más lentas en la personificación, al parecer de la Iglesia.

No es el aborto, aunque no deje de serlo. Ahora mismo, la cuestión del aborto es la clave de bóveda de todos los derechos de las mujeres. Sin ese derecho, todos están en riesgo. Si una mujer no tiene derecho a decidir si quiere o no quiere continuar con un embarazo, entonces es que no es una ciudadana capaz de tomar decisiones sobre su propia vida.

Si no tiene derecho a tomar esa decisión, entonces es que su cuerpo —por tanto, su vida, ella misma— no le pertenece enteramente, sino que pertenece al Estado, a una ideología, a su marido, a Dios o a quien sea, pero no a ella misma. Y eso es equivalente a la expulsión del ámbito público, a la subordinación completa. Por lo mismo que para nosotras el aborto es importante, lo es para la ultraderecha, cuyo proyecto de sociedad pasa por volver a una sociedad indiscutiblemente patriarcal donde los hombres sean los cabezas de familia y las mujeres, las reproductoras sometidas.

En el año 2017 me reuní, en mi calidad de diputada de la Asamblea de Madrid, con representantes de EPF —European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights—, el lobby encargado de luchar por los derechos reproductivos de las mujeres en Europa. Se trata de un conglomerado de asociaciones organizadas en torno al objetivo de trabajar políticamente en las instituciones europeas para que no se produzcan retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Estuvimos hablando de la emergencia de la extrema derecha en todo el mundo y del riesgo que eso podría suponer para el derecho al aborto, que es, desde hace décadas, el objetivo a batir por las derechas. Lo que aquella tarde de 2017 me trasladaron las personas del lobby europeo por los derechos reproductivos fue que el aborto iba a dejar de ser el centro de la estrategia de la extrema derecha. El centro de su estrategia, pero no su objetivo final.

La razón que me dieron entonces es que la extrema derecha había podido comprobar que el derecho al aborto ha arraigado fuertemente en la mayoría de las democracias europeas, hasta el punto de que ya no son únicamente los votantes progresistas los que lo defienden, sino que lo hacen incluso votantes conservadores, especialmente las mujeres, pero no solo ellas.

En definitiva, que se ha impuesto un sentido común que ya no pone el derecho al aborto en cuestión. La práctica en sí se ha desideologizado, ha dejado de estar relacionada con el feminismo y se ha normalizado socialmente. Ahora, en lugar del derecho al aborto, estos grupos de extrema derecha recomendaban centrarse en otras cosas —fundamentalmente, las leyes LGTB y trans— y, en todo caso, embarrar, dividir, crear un medio ambiente hostil al feminismo.

Por eso, ya no se dice que hay que prohibir el aborto. Simplemente, van a ir presentando al embrión como una persona con derechos. La estrategia se llama fetal personhood, o personalidad jurídica fetal. Si presentamos al embrión, a ese conjunto de células, como destinatario de políticas públicas, terminaremos entendiéndolo como un ser humano completo.

Da exactamente igual que, en realidad, no le demos ningún derecho porque legalmente, en el caso de España, no se pueda; da igual que sea impracticable, da igual que sea ridículo. Varios años hablando de personitas pequeñas con derechos y llegará el día en que una mujer que aborta sea una asesina. Antes hablábamos de un embrión, ahora decimos “concebido no nacido” y ahí ya han ganado, porque concebido parece algo que tiene vida propia.

Un embrión es un término médico, no tiene más vida que la de la mujer embarazada y es una célula o un conjunto de ellas. La palabra “concebido”, además, tiene importantes resonancias bíblicas y sagradas.

En varios estados de EE. UU. los embriones ya tienen personalidad jurídica plena y la policía puede entrar en una casa para ver si hay pruebas de que una mujer ha pretendido abortar, si ha comprado un medicamento abortivo; pueden controlar cuándo visita una embarazada al médico, lo que este le dice, pueden seguir el embarazo con ánimo de control, represión y castigo de cualquier intento de abortar.

También se restringe el derecho a la anticoncepción y cada vez hay más voces —y hay un movimiento— que claman por restringir el voto de las mujeres. No hace falta recordar Afganistán para entender lo rápido que puede ir esto. En Argentina, un proyecto de ley pretende castigar con cárcel las “denuncias falsas”, es decir, que impedirá denunciar la violencia machista. De ser uno de los países más feministas del mundo a meter en la cárcel a las mujeres que denuncian. Y en todo el mundo los derechos de las mujeres retroceden.

Si por un momento piensas que esto no puede pasar aquí, es que no has visto actuar a los líderes europeos delante de un bebé gigante, medio loco, francamente estúpido, violador y pedófilo, como es Trump. Sonrisas, buenas palabras, no se vaya a enfadar, sumisión, indignidad. ¿Estas son las personas que van a defender los derechos de las mujeres europeas?

¿Quién va a defender entonces los derechos de las mujeres? Nosotras, como siempre. Pero ahora, me temo, no estamos igual que cuando Gallardón quiso recortar el derecho al aborto y el rugido del feminismo lo escuchó hasta Rajoy, que tuvo que dar marcha atrás. Ahora sería difícil que hubiera unidad de acción ni siquiera en un asunto en el que estamos todas de acuerdo.

El caballo de Troya es el “concebido no nacido”, pero antes de eso el caballo de Troya ha sido conseguir un medio ambiente feminista que nos impide mirarnos, escucharnos, solidarizarnos unas con otras cuando es necesario, entender los verdaderos peligros y resistirnos a las agresiones externas; que nos impide poner lo fundamental de lo que nos une por delante de lo que nos separa.

El lobby antiaborto es el que quiere acabar con los derechos de las mujeres, está muy bien financiado, tiene muchos medios de comunicación a su disposición, tiene universidades, tiene un objetivo claro, aliados importantísimos… Lo tienen todo. ¿Y nosotras? Nosotras estamos solas y puede que ahora ni siquiera nos tengamos a nosotras mismas.

No creo que haya nada más importante para el feminismo, para nosotras ahora, que ser capaces de parar cualquier retroceso en el derecho al aborto. Margaret Thatcher dijo que el objetivo de sus políticas no era solo cambiar la economía, sino “cambiar el corazón y el alma de la gente”; y a veces creo que el alma ya nos la han cambiado. Ojalá estemos a tiempo de recuperarla.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha urgido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a "actuar ya" contra el machismo y no apoyar al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, que ha sido citado a declarar como imputado por acoso sexual y laboral.

"¿Hasta cuándo van a seguir apoyándolo Ayuso y Feijóo? El machismo es estructural pero cómo se reacciona ante él, marca la diferencia. Actúen ya", ha señalado Redondo en la red social X, tras conocerse que Bautista ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de octubre dentro de la causa que lo investiga por la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por acoso sexual y laboral.

Según han confirmado a EFE fuentes judiciales, la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular. Entre los testigos citados, se encuentran el también exedil Raúl Gallego Parrondo, que dimitió en marzo pasado de su acta de concejal tras mostrar su solidaridad con su compañera, y el exjefe de Comunicación del Ayuntamiento David Zamorano.

El pasado mes de abril la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también defendió a Bautista al considerar que se encontraba en situación de "indefensión" y consideró "un abuso" el trato que está dando al asunto el Gobierno de España.

Esta citación del alcalde como investigado llega después de que la jueza tomara declaración el 29 de junio pasado a la exedil denunciante, que se ratificó en su querella e insistió en que el regidor le hizo "proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones" y que su rechazo derivó en "el inicio de un proceso de presunto acoso laboral". En su primera comparecencia ante la jueza, que duró más de tres horas, la exedil detalló además que "puso estos hechos en conocimiento del PP", pero que "no se le hizo el más mínimo caso" y que, incluso, se llegó a sentir "coaccionada" por las dos interlocutoras que la dirección del PP puso a su disposición para sustanciar la cuestión.

Las diligencias fueron iniciadas el 15 de abril pasado después de que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia admitiera a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, al que también acusaba por no ampararla en sus denuncias internas.

Por su parte, el regidor mostoleño, quien ha negado desde un primer momento las acusaciones, recurrió el auto de admisión a trámite de la querella al entender que esta "carecía de manera manifiesta, palmaria y objetivamente constatable de los elementos típicos objetivos y subjetivos exigidos por el ordenamiento penal".

Sin embargo, la magistrada rechazó el argumento al entender que los actos denunciados en la misma, de probarse, tienen "relevancia penal" y que se encuentran "tipificados en nuestro Código", por lo que desestimó el recurso presentado por el alcalde, considerando "perfectamente procedente" las actuaciones acordadas.

La querella fue interpuesta el 16 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció primero internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular por no ampararla.

La Comunidad de Madrid acaba de aprobar una ley para proteger al concebido no nacido. Una ley que, en palabras de Isabel Díaz Ayuso –La Quirona de ahora en adelante– defiende la vida y que Feijóo no ha tardado en abrazar y decir que la implantará en toda España si Abascal es algún día vicepresidente del Gobierno.

La norma permite que el embrión compute como hijo en términos de ayudas. Porque otra cosa no, pero a La Quirona le encanta computar. Es ver un embrión e imaginarse un votante más del PP.

Porque a la Quirona le preocupa mucho el concebido no nacido, pero nada los concebidos nacidos que vivían en residencias de Madrid cuando llegó la COVID-19. Aquellos 7.291 mayores que murieron de forma horrible sin hospital y sin médico, con una sentencia firmada por ella que les impedía ser trasladados a urgencias. “Se iban a morir igual”, dijo La Quirona en alemán con deje austríaco, priorizando la selección natural sobre las políticas sanitarias.

Porque a La Quirona le preocupa mucho el concebido no nacido pero nada los 155.000 concebidos nacidos en la Comunidad de Madrid que viven en condiciones de pobreza severa. Para ellos no hay pleno extraordinario. Para ellos no hay compasión. Solo palabras de ánimo: “creced y buscaos una novia o un novio falsificador, defraudador y corrupto como hice yo”.

Porque a La Quirona le preocupa mucho el concebido no nacido pero nada los concebidos nacidos que estudian en colegios sin profesores y sin aire acondicionado, en institutos sin recursos y en universidades a las que no les llega el dinero porque se lo llevan las privadas católicas.

Porque a La Quirona le preocupa mucho el concebido no nacido pero nada los concebidos nacidos que están enfermos y llevan meses en lista de espera. Porque La Quirona ha puesto su salud en manos de empresas privadas cuyo único objetivo es el beneficio económico. A esos concebidos nacidos, La Quirona les desea una pronta mejoría y les recomienda contratar un seguro privado.

Porque a La Quirona le preocupa mucho el concebido no nacido, pero nada que los concebidos nacidos no puedan acceder a una vivienda. Debe ser porque, hoy por hoy, la única vivienda asequible para un madrileño o madrileña es el vientre de su madre.

No seamos idiotas. El objetivo real de esta ley no es proteger a nadie. Es convertir el aborto en un delito con la técnica “tacita a tacita” que nos explicaba en un anuncio Carmen Maura, solo que ella hablaba de ahorrar comprando café Monky. Primero metes la patita, luego vas metiendo todo el cuerpo y cuando te quieres dar cuenta estás en el Bernabéu asistiendo a una Demostración Sindical.

Si te han concebido y no has nacido me preocupas. Si te han concebido y nacido no me acuerdo. Porque te gusta proteger la vida hasta que esta empieza a costar dinero. ¿Verdad, Quirona?

¿Y tú, Tribunal Constitucional? ¿Tienes algo que decir?

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovecha el lanzamiento de una de sus leyes más ideológicas, la del "concebido no nacido", para presumir de su compromiso con las familias, las madres y la vida. Un vistazo a las políticas públicas desarrolladas en la región, sin embargo, evidencia que sus promesas tienen mucho eslogan y poco impacto. La comunidad ya cuenta con líneas de ayuda a la maternidad y la crianza, pero el paso de los años ha demostrado que el grueso de las mujeres quedan sistemáticamente excluidas. 

La medida estrella de la líder regional, en lo que respecta al embarazo, es la ayuda dirigida a mujeres de hasta 30 años. Según las previsiones de la presidenta hace cinco años, cuando anunció la iniciativa, el ingreso de 500 euros al mes para madres hasta que sus hijos cumplan dos años podría llegar a unas 14.000 mujeres cada año. La realidad es que llega a la mitad.

Según datos oficiales, en el año 2025 el gobierno regional concedió 6.082 ayudas de este tipo. Ese mismo año, se registraron un total de 11.236 partos de mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 29 años. Es decir, al menos un 45,9% de esas madres se quedaron al margen de la prestación.

Los requisitos trazados por los conservadores en la comunidad explican, en parte, las limitaciones de la ayuda y su alcance relativo. Para obtener el ingreso, además de no haber cumplido la treintena –en este punto cabe destacar que la edad media en términos de maternidad no ha dejado de aumentar en la región–, las mujeres solicitantes deberán tener nacionalidad española o residencia legal en el país, estar empadronadas en la comunidad y haber residido en ella durante al menos cinco años. Con este telón de fondo, las principales perjudicadas son las mujeres extranjeras. 

En respuesta a una pregunta formulada por Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, el gobierno autonómico reconoce que el año pasado fueron denegadas el 37,4% de las solicitudes presentadas por mujeres extranjeras, mientras que en el caso de las españolas la tasa de rechazo desciende hasta el 22,8%. Un año antes, el 21,8% de las peticiones formuladas por extranjeras no pasaron el filtro administrativo, diez puntos por encima en comparación con las solicitantes españolas. 

Pero, además, las cifras relativas a los dos últimos ejercicios muestran una tendencia preocupante: mientras que las solicitudes han descendido –pasando de 10.127 hace dos años a 8.278 el año pasado–, el porcentaje de rechazo ha crecido –del 14,17% al 26,5%–. Morales cree que los datos no solo constatan el fracaso de una medida anunciada como estrella, sino que además dan cuenta de un sesgo profundamente "racista". 

La literatura científica demuestra que la carga administrativa funciona como una barrera de acceso a derechos formales. A mayores requisitos, menor es la demanda, especialmente entre los grupos vulnerables. Una trabajadora social que tramita este tipo de ayudas confirma a este diario que el requisito de padrón con exigencias residenciales tan estrictas suele dejar fuera a las personas extranjeras. La misma fuente también destaca que el ingreso "tarda más de seis meses" en llegar desde que se confirma la ayuda.

Morales cree importante destacar que las políticas públicas enfocadas a la maternidad y la crianza están además atravesadas por un sesgo "clasista". Para explicarlo, sitúa la mirada en otra ayuda concreta: aquella pensada para la contratación de empleadas del hogar. "Aquí no se pide ni residencia legal, ni antigüedad alguna en el empadronamiento", subraya la parlamentaria. Todo, añade, "para pagarle a las familias pudientes una trabajadora doméstica". La subvención fija un requisito económico de 30.000 euros al año por cada miembro de la unidad familiar. Es decir, una familia con tres hijos e ingresos de 150.000 euros al año podría acceder a ella. El año pasado se concedieron 1.160 ayudas de estas características por un valor de 2,2 millones de euros.

Otro de los grandes anuncios de Ayuso tiene que ver con la prestación por nacimiento múltiple. En 2024, último ejercicio con datos, las solicitudes aprobadas se quedaron tan solo en 210. "El presupuesto pasó de tres millones a solo un millón porque las solicitudes son bajas y las aprobaciones aún más", denuncia Morales. 

Pero además, reflexiona la diputada, mientras la presidenta de la comunidad hace gala de su compromiso por la vida y la maternidad, son muchas las familias que se quedan en los márgenes. La Comunidad de Madrid desarrolló hace cuatro años una línea de ayudas destinadas a familias con menores en cuidados paliativos, financiada con 2,5 millones procedentes de los fondos europeos Next Generation. Cuando los fondos se agotaron, la ayuda finalizó. En 2023, las solicitudes fueron 3.863, pero solo se concedieron 609. Es decir, únicamente el 15,7% del total.

El año pasado, la Comunidad anunció su intención de dar continuidad a esta prestación, aprobando nuevas ayudas para familias con hijos atravesados por patologías crónicas de alta o extrema complejidad. El presupuesto fijado es medio millón inferior al que procedía de los fondos europeos. "Saben de sobra que con esa dotación económica lo que van a vender es humo a las familias que peor lo están pasando, las que tienen a sus criaturas en cuidados paliativos", lamenta Morales. 

Por otro lado, el gobierno madrileño cuenta con ayudas individualizadas de desayuno escolar, un apoyo pensado para las familias más vulnerables cuyo impacto, sin embargo, está también en cuestión. Según la Plataforma de Infancia regional, la pobreza severa infantil alcanza porcentajes del 13,1% en la región, lo que se traduce en cerca de 150.000 niños, niñas y adolescentes en esta situación. Frente a estas cifras, la comunidad ha concedido para el presente curso escolar solamente 1.523 ayudas de desayuno escolar.

Se cumplen diez años de la brutal agresión sexual cometida por cinco hombres en las fiestas de San Fermín de Pamplona. Diez años de un caso que sacudió la conciencia democrática de nuestro país y que marcó un antes y un después en la forma en que en España miramos, nombramos y combatimos la violencia sexual.

Aquel crimen mostró que esta violencia estructural se imbrica en un elemento de profundas raíces en nuestra sociedad como es el machismo, pero también la fuerza de una sociedad que dijo basta. Basta de cuestionar a las víctimas. Basta de minimizar la violencia sexual. Basta de aceptar que la libertad de las mujeres pueda depender del lugar, la hora, la ropa o la compañía.

Gracias al empuje del feminismo —fundamental hace diez años y ahora más necesario que nunca—, España ha cambiado mucho desde entonces. La Ley del “solo sí es sí” situó el consentimiento en el centro de la respuesta penal frente a la violencia sexual. Ese principio fue una conquista feminista y democrática que debemos defender frente a quienes pretenden convertirlo en munición partidista.

Pero los datos actuales recuerdan que, pese a todo lo avanzado, todavía queda mucho por hacer. En la Comunidad de Madrid, en 2017, primer año con datos comparables, se registraron 368 denuncias por agresiones sexuales con penetración. A cierre de 2025, fueron 685. En ocho años, las denuncias por violación han aumentado un 86%.

Ese incremento de denuncias refleja, sin duda, una mayor conciencia social y más confianza en las instituciones. Pero también expresa que la violencia sexual sigue condicionando la vida y la libertad de las mujeres en Madrid. Y esta es una realidad que a todas y todos nos debe resultar intolerable.

Por ello, desde la Delegación del Gobierno de España en Madrid hemos impulsado el Plan de Acción contra la Violencia Sexual en la Comunidad de Madrid 2026-2027. Un Plan que nace con la vocación de que en esta región vayamos más allá, reforzando nuestro compromiso e impulsando medidas adicionales de prevención, protección y atención a las víctimas. Un Plan transversal y ambicioso que impulse y coordine una respuesta urgente frente a una realidad de la violencia sexual que en Madrid crece por encima de lo que lo hace en el resto de España.

El Plan ha sido elaborado mediante un amplio proceso de escucha con 53 entidades, mujeres expertas, colegios profesionales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, operadores jurídicos, sindicatos, empresarios y representantes políticos. Porque frente a la violencia sexual no sirven respuestas aisladas ni protagonismos particulares.

Por eso resulta tan grave la actitud del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que fueron invitados a participar en la elaboración del Plan y decidieron no hacerlo. No hablamos de una cuestión menor ni de una discrepancia administrativa. Hablamos de violencia sexual. Hablamos de violaciones. Hablamos de víctimas, que cada vez son más jóvenes. Hablamos de la obligación de todas las instituciones de estar a la altura.

Y esa obligación exige coherencia. En estos meses hemos conocido que el alcalde de Móstoles está siendo investigado por un presunto caso de acoso sexual y laboral. Ante una situación de esta gravedad, lo mínimo exigible era una respuesta política clara. Sin embargo, la dirección del PP de Madrid ha optado por cerrar filas, evitar cualquier rendición de cuentas y desplazar el foco hacia quien denuncia. Esa forma de actuar desampara a las víctimas.

Esta negativa a participar y la actitud mostrada con la víctima de Móstoles son decisiones políticas que sitúan el interés partidista por encima del interés general. Es coherente con una forma de gobernar que demasiadas veces ha preferido levantar muros frente al Gobierno de España antes que sumar esfuerzos por la ciudadanía madrileña.

Pero la violencia sexual gana con los desacuerdos y no entiende de competencias. Una víctima no puede esperar a que las administraciones resuelvan sus diferencias. Una mujer que sufre una agresión sexual necesita primero protección, después acompañamiento y siempre una respuesta institucional coordinada. Cada víctima necesita que el Gobierno de su región, su ayuntamiento, el poder judicial, las entidades sociales y el Gobierno de España estemos trabajando en la misma dirección.

Por estos motivos, y a pesar de todo, me he dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid para pedirle que rectifique, que dé un paso adelante frente al machismo y se incorpore al desarrollo y ejecución del Plan de Acción contra la Violencia Sexual. No participaron en su elaboración. Ya está. Todavía están a tiempo de sumar propuestas y compromiso institucional.

Este Plan no pertenece a una administración ni a unas siglas. Pertenece a las víctimas, a las mujeres y a una sociedad madrileña que no puede resignarse a cifras insoportables. Diez años después de La Manada, a las instituciones se nos exige coherencia, eficacia y ejemplo.

Frente al machismo, Madrid necesita menos ruido y mucha más responsabilidad. Porque ninguna mujer debería vivir con miedo ni sentirse sola. Ante la violencia sexual, quien se aparta, bloquea o mira hacia otro lado también está tomando partido.

Por todo ello, insisto en el llamamiento a la unidad y la acción frente a las violencias machistas. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, y mucho más. Vaya si merece la pena.

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Francisco Martín es Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

El alboroto volvió a tener, como de costumbre, el mismo epicentro. La aprobación en la Comunidad de Madrid de una ley para “otorgar al concebido no nacido la condición de miembro de la unidad familiar” para supuestos como la “concesión de subvenciones que utilizan como criterio la renta” o expedir títulos de familias numerosas, en la línea de lo que el PP madrileño había prometido hace siete años, desencadenó el debate sobre un posible giro de los populares más a la derecha o su seguimiento de medidas en boga en territorios como los EE UU. Incluso una promesa de Alberto Núñez Feijóo de extender tal medida a todo el Estado si llega al Gobierno de España.

Una parte relevante del alboroto obvia que la esencia de estas medidas y promesas puede tener muchas implicaciones, pero ninguna de ellas es una completa novedad. No en vano, se trata de una política que cumple estos días quince años, los que ya han transcurrido desde la aprobación por el PP gallego en el Parlamento de la ley de apoyo a la familia y a la convivencia, que junto a diversos aspectos de la política social estableció “asimilar a descendiente el hijo o hija concebido o concebida” para obtener la consideración de familia numerosa o monoparental en el acceso a ayudas públicas.

Para acogerse a esa ley es necesario obtener el llamado “certificado de niño/a concebido no nacido” a través de la Consellería de Política Social. En 2019, el departamento que dirige Fabiola García explicó, a preguntas de Praza.gal, que ya llevaba expedidos “algo más de 400 certificados” para que los “concebidos no nacidos” fuesen “asimilados a la categoría de descendientes”. Este diario trasladó a la Consellería la misma pregunta respecto a los datos acumulados hasta este 2026. En el momento de la publicación de esta información aún no había obtenido respuesta.

En la actualidad, Política Social sigue destacando en su información pública al respecto que “Galicia fue la primera comunidad autónoma de España en permitir a la familia con hijos concebidos, pero aún no nacidos, beneficiarse de lo que les corresponderá tan pronto nazcan”. Este reconocimiento, no obstante, no es admisible en todos los ámbitos de la propia Consellería, caso por ejemplo de la reserva de plazas en escuelas infantiles, tal y como acaba de acreditar una reciente recomendación de la Valedora do Pobo que este departamento del Ejecutivo gallego decidió no admitir. Las órdenes de matrícula prohíben expresamente tramitar la solicitud de plaza mientras el menor no nace.

[Sin escuela infantil por nacer a mitad de año: la Xunta rechaza la petición de la Valedora de “evitar la discriminación”]

Aquella ley de 2011 encabezaba su capítulo de “políticas públicas de apoyo a la maternidad” fijando como uno de sus “principios rectores” la “protección institucional del derecho a la vida”. Y señalaba como uno de sus ámbitos de actuación la “promoción” de “campañas de sensibilización” destinadas, entre otros aspectos, “a la protección del derecho a la vida en formación”.

Estas líneas de actuación seguían un camino político asumido por el PPdeG apenas dos años antes, en 2009. Fue entonces cuando, tras obtener la mayoría absoluta que les permitió retornar a la Xunta con Feijóo al frente, aceleraron en el Parlamento la aprobación de la “ley por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada”. Fue la traducción normativa de una iniciativa legislativa popular promovida desde la llamada Red Madre, una organización impulsada desde el antiabortista Foro Español de la Familia que consiguió así introducir en la legislación gallega la protección del “derecho a la vida en formación desde la concepción” y el cómputo de “miembros adicionales” de la familia para acceder a ayudas “desde el momento de la fecundación”.

Sobre estas bases, los gobiernos presididos por Feijóo aprobaron otras normas y planes. Fue el caso del Plan integral de apoyo a la mujer embarazada 2012-2014. En desarrollo de la ley de la Red Madre, contemplaba la “valoración de la vida en formación (nasciturus) como un miembro más de la unidad familiar a efectos de las ayudas previstas en materia social, familia y vivienda”.

En una línea prácticamente idéntica, el VII Plan Estratégico de Galicia para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2017-2020 anexó a las medidas para “potenciar los recursos de atención y apoyo para garantizar una asistencia integral a las mujeres embarazadas” la “valoración de la vida en formación (nasciturus) como un miembro más de la unidad familiar a efectos de acceso a ayudas y otros recursos públicos”.

La siguiente edición del plan de igualdad, vigente desde 2022 y hasta el próximo 2027, no incluye esa mención. En cualquier caso, el cómputo de hijas o hijos “concebidos y no nacidos” como miembros de la unidad familiar sigue figurando en órdenes de ayudas y otras medidas, caso por ejemplo de los nuevos umbrales de renta para el acceso a viviendas protegidas, aprobados por el Consello de la Xunta el pasado mayo, o de las subvenciones para hacer obras de “habitabilidad” en “infraviviendas”, convocadas a principios de año.

Aunque con matices, este pasado lunes el propio Feijóo se refería a estas medidas de sus propios gobiernos al afirmar, durante una entrevista en Antena 3, que si logra “responsabilidad de Gobierno” en el Estado, “haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”. “Lo hice en el año 2011 en Galicia” y ahora “la presidenta de la Comunidad de Madrid lo reiteró y lo amplió”, especificó.

Preguntado al respecto, el actual presidente de la Xunta evidenciaba este lunes que lo que señala como “ventajas importantes” para “muchas mujeres, incluso antes del nacimiento” ya “existen en Galicia desde hace muchos años”. “Todas estas medidas vienen del anterior presidente de la Xunta y nosotros, por supuesto, las mantuvimos”, señala Alfonso Rueda, quien matiza que se le “escapa” si existen “condicionantes que a nivel estatal pueden llevar a hacerlo por ley”, como sugiere ahora Feijóo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció este lunes en Antena 3 que, si llega a La Moncloa, aprobará una ley estatal del "concebido no nacido”, la misma norma que la Comunidad de Madrid acaba de sacar adelante con los votos del Partido Popular y Vox. “Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público”, señaló. “Lo hice en el año 2011 en Galicia y la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea”, prosiguió. 

Lo que hizo Feijóo en la Xunta fue circunscribir esta medida a familias numerosas dentro de su normativa autonómica. Ayuso, sin embargo, ha reconocido al “concebido no nacido” como miembro de la unidad familiar a efectos administrativos para ayudas que usan renta familiar, becas, transporte, alquiler joven y beneficios fiscales, además de permitir acceder a ventajas de familia numerosa desde después de la semana catorce de gestación. 

El líder del PP presentó la norma como una medida de apoyo a las familias y a la natalidad, inspirada directamente en la legislación aprobada por el Ejecutivo de Ayuso. “Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”, manifestó.

La decisión del principal líder de la oposición refuerza una tendencia que ya venía consolidándose dentro del PP, la incorporación al discurso nacional de propuestas que hace apenas unos años ocupaban el espacio político de Vox. El movimiento tiene además una evidente carga simbólica. La expresión "concebido y no nacido" no forma parte de la terminología habitual del ordenamiento jurídico español, tal y como explicó infoLibre, y ha sido utilizada de forma recurrente por los sectores más conservadores y por organizaciones contrarias al aborto para desplazar el debate desde la protección social durante el embarazo hacia el reconocimiento del feto como sujeto diferenciado.

Precisamente esa fue una de las principales críticas que recibió la norma madrileña durante su tramitación. PSOE y Más Madrid denunciaron que la ley no respondía tanto a un cambio en las políticas familiares como a la incorporación al ámbito institucional de un marco ideológico impulsado desde hace años por la extrema derecha. Ambas formaciones anunciaron además su intención de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional.

En la Comunidad de Madrid hay cerca de 300.000 menores que fueron concebidos y que, además, nacieron, y ahora tienen entre cero y tres años según el censo del Instituto Nacional de Estadística, pero solo un 13% tiene acceso a una plaza en una escuela infantil pública. Los estudiantes de Educación Primaria, también concebidos, nacidos y creciendo, están en las aulas con su ratio de alrededor de treinta compañeros a más de treinta grados de temperatura, como cada final de curso. La escasez de inversión y los recortes en la enseñanza pública provocan que los niños y niñas con necesidades especiales en educación sean sacados de sus colegios, si se da que sus padres pueden permitírselo, porque los centros no tienen recursos para atenderlos. Las orientadoras y enfermeras de los colegios públicos se reparten entre varias escuelas para dar asistencia. Las actividades extraescolares son una brecha más de la desigualdad en la región con más segregación escolar del país. Faltan cerca de cincuenta pediatras en la sanidad pública madrileña para cubrir la demanda de los centros de atención primaria. Los migrantes no acompañados que viven en Madrid temen ser devueltos a sus países de origen por el empeño del Gobierno regional, en pugna por este asunto también con el Gobierno de España. 

Pero estos problemas son de los vivos.  

Hace unos días, el Gobierno de Madrid aprobó, con el apoyo de Vox, la llamada “ley del concebido no nacido”, que es la Ley de Protección, Apoyo y Promoción de la Natalidad y la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral de la Comunidad de Madrid. Una norma que tiene su primera provocación en aquellas palabras que dijo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, parecía entonces que de forma espontánea, una ocurrencia, en el año 2019, cuando era candidata en campaña, para considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. 

“Cada vida importa desde el primer suspiro”, dijo en la Asamblea. Sin entrar en términos biológicos de cuándo se coge aire por primera vez, ese concebido parece que importa solo desde esa supuesta inspiración primera, llámalo latido, dentro del vientre de la madre, hasta que nace, cuando los problemas de los niños y niñas dejan de contar para la Administración madrileña. La nueva ley permite el acceso a ayudas, becas o beneficios fiscales cuyo importe depende del número de miembros de la familia. Finalizada la semana catorce de gestación, las familias que ya tienen dos hijos pueden beneficiarse de las ventajas propias de la familia numerosa. 

Concebido no nacido: es la batalla ideológica, y, como casi siempre, se da sobre el cuerpo de las mujeres. A costa del cuerpo de las mujeres. 

El Código Civil español dispone que es el momento del nacimiento el que determina la personalidad jurídica. El artículo 29 añade que el concebido “se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables”, siempre que finalmente nazca con vida en las condiciones previstas por la ley. La ley regional introduce así un lenguaje institucional que influye en el debate sobre el aborto y mezcla decisiones políticas con un tema que, moralmente, sigue siendo sensible. Pero no es nuevo: el año pasado, en un pleno de la Asamblea de Madrid sobre el registro de profesionales objetores de conciencia que está previsto en la ley estatal del aborto, Ayuso dijo: “¡Váyanse a otro lugar a abortar!”. Una exclamación que, a poco que se tenga algo de memoria, reaviva los tiempos en que las mujeres no podían abortar en España y se jugaban su cuerpo marchándose a abortar a otros países o practicando peligrosos métodos de interrupción del embarazo. Esta ley se aprueba también unos meses después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, alertara a las mujeres sobre un falso síndrome posaborto. 

Parece esta norma una nueva fórmula de buscarle las grietas a la ley estatal de interrupción del embarazo, un desafío que dota al feto no nacido de más presencia administrativa, la única que le pueden dar. Y, recorridos ideológicos de la presidenta de la comunidad de Madrid aparte, para arañar un puñado de votos ultraconservadores. 

La Audiencia Nacional ha condenado al exconsejero de presidencia de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados a dos años y medio de prisión por delitos de fraude continuado y prevaricación en el marco del caso Púnica por favorecer a una empresa de festejos, Waiter Music, en la adjudicación de contratos públicos entre 2007 y 2014.

La sentencia considera probado que Granados, que fue consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, "mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa", y a cambio de esta relación obtuvo contraprestaciones en especie, en concreto eventos privados que sufragaba el empresario José Luis Huertas.

Por la contratación irregular para actos de fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, el fallecido José Luis Huerta, era amigo de Granados de la época en la que este era alcalde de Valdemoro han sido condenados también los exregidores de esta localidad madrileña José Carlos Boza y José Miguel Moreno a cuatro y dos años de cárcel, respectivamente.

Además, los exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera y el exregidor de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada han sido también condenados a dos años de prisión, mientras que la Audiencia Nacional ha absuelto a los exalcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo y a otros dos acusados.

Desde 1988, la Comunidad de Madrid lleva a cabo un Programa de Educación Ambiental que permite a profesores y alumnos de centros educativos, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, pasar unos días en los albergues públicos para aprender de primera mano sobre fauna, flora, orientación o astronomía. “No es el típico viaje de fin de curso, sino un programa en el que docentes reciben formación y se trabajan contenidos curriculares sobre el terreno. Se abordan materias como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Historia o cultura general”, relatan los educadores que guían estas actividades.

Durante el curso 2025/2026 participaron 4.903 alumnos de más de 112 centros, repartidos por los cuatro albergues y el refugio que hasta el momento han sido de gestión pública en la región: 1.220 en el albergue de El Escorial, 1.124 en Las Dehesas, 1.052 en Los Batanes, 1.021 en Villa Castora y 486 en el Refugio Puerto de la Morcuera.

Durante los tres o cuatro días que pasan los menores junto a sus profesores en los albergues, se persiguen dos objetivos principales, según describen los siete educadores que lideran estas actividades. “El primero es formar al profesorado para que pueda incorporar la educación ambiental en las aulas. El segundo es sensibilizar ambientalmente a niños y niñas y ofrecerles la oportunidad de aprender de una manera distinta, fuera del aula”, relatan.

Este programa, aunque público, se lleva gestionando a través de empresas privadas mediante una licitación que tiene que ser renovada cada dos años. Este 2026 tocaba iniciar un nuevo contrato, con un presupuesto de 179.321,52 euros para 2026 y 2027, y ya se habían presentado dos empresas: GSD Cooperativa y Talher S.A. Sin embargo, este 26 de junio el Gobierno regional anunció la cancelación de todas las actividades que estaban previstas.

La inesperada decisión está vinculada al proceso iniciado por la Comunidad de Madrid a finales de mayo para adjudicar a una empresa privada la gestión de estos cinco centros a partir del año que viene.

Desde la Consejería de Educación, responsable del Programa de Educación Ambiental, explican que “durante la fase de licitación de dicho contrato, la Dirección General de Juventud comunicó que se estaba tramitando un contrato de concesión de servicios para la gestión de los albergues juveniles, que pasarán a ser explotados por cuenta y riesgo del concesionario, quien percibirá directamente de los usuarios el importe de las tarifas”. 

“En consecuencia, los albergues pasarán a ser explotados en régimen de concesión a partir del 1 de enero de 2027, lo que determina un cambio en el sistema de tarifas aplicables. Esta falta de conocimiento de las tarifas finales determina que no se podrá tramitar la convocatoria para inscripción en el programa de albergues prevista para septiembre de 2026 y en consecuencia no se llevarán a cabo las actividades previstas”, señalan desde la consejería. Por todo ello, el informe que justifica la suspensión de la licitación , concluye que “la ejecución del contrato resulta de imposible cumplimiento”. La consejería ha indicado a este periódico que estas actividades “no se convocarán hasta que termine el proceso de licitación”.

“Es una vergüenza”, denuncian desde los sindicatos CSIF y UGT, que ya llevan más de un mes convocando diferentes protestas y llamamientos en contra de este proceso. Aunque su crítica principal se ha centrado en la incertidumbre laboral de los trabajadores de estos centros, consideran que la suspensión de este programa educativo supone una nueva vía que demuestra los problemas de una privatización de este tipo. 

Lo que más les duele a las representantes sindicales es que la propia Consejería de Familia, Juventud y Servicios Sociales, encargada de los albergues y refugios, les indicó en más de una ocasión que los programas educativos no se iban a ver afectados.

infoLibre ha contactado con esta consejería, que califica de “falsa” la acusación de estas organizaciones y rechaza cualquier responsabilidad en la suspensión. “Estos programas podrán seguir desarrollándose en las instalaciones, que continuarán destinadas a actividades educativas, sociales, ambientales, juveniles y de ocio. Los albergues seguirán abiertos a este tipo de iniciativas, plenamente compatibles con la finalidad de estas instalaciones, que además continuarán contando con descuentos”, indican. La consejería insiste en que no existe impedimento para que continúen estas actividades, pero no entra en el hecho de que la privatización ha provocado la cancelación de un programa que llevaba casi cuatro décadas en marcha.

En cuanto a los educadores que desarrollan este programa, su situación ahora mismo es desconocida. Según explican, ellos no forman parte de la plantilla de los albergues, sino que son subrogables con cada nueva licitación del programa de educación ambiental, por lo que, aunque cambie la empresa, siguen vinculados al programa. Actualmente, la principal opción que se les plantea es su reubicación en otras actividades que realiza la actual empresa adjudicataria, Thaler S.A.

Estos trabajadores denuncian que esta situación es una muestra más de cómo “los programas relacionados con la educación cada vez están más deteriorados”. "Nos preocupa la poca consideración que se tiene hacia un recurso que funciona, que tiene aceptación y que presta un servicio. Vemos una falta de protección de este tipo de programas, igual que ocurre con otros servicios básicos como la educación o la sanidad. Desde nuestro punto de vista, es un proceso de deterioro constante”, lamentan.

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, ha ratificado ante la jueza que investiga por presunta revelación de secretos a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que él envió a Rodríguez una foto que le mandó un vecino que vio a dos informadores cerca del edificio, al que ha identificado, y ha aportado más fotos que recibió aquel día.

El novio de la presidenta regional ha declarado como testigo este martes ante la magistrada que investiga si Miguel Ángel Rodríguez incurrió en revelación de secretos al enviar datos personales de dos periodistas de 'El País' a un chat, junto a una foto, asegurando que los informadores habían estado en el edificio en el que viven la presidenta y su pareja, y habían molestando a vecinos.

El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

González Amador ha llegado poco antes de las nueve de la mañana a los juzgados de Plaza de Castilla, en los que ha entrado por la parte trasera sin hacer declaraciones, y ha salido por la puerta principal también sin contestar a las preguntas de los periodistas sobre su testifical en este causa y también sobre los procedimientos en los que se le investiga a él, por presunto fraude fiscal y por presunta corrupción en los negocios.

Su declaración ha durado unos 20 minutos y, según han informado a EFE fuentes jurídicas, ha ratificado la versión que dio Miguel Ángel Rodríguez, quien explicó ante la jueza que reconoció a dos periodistas del diario 'El País' en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había remitido tras verles cerca del inmueble.

Otras fuentes han precisado que González Amador ha identificado a ese vecino y ha contado que aquel día varios vecinos comentaron en un chat que había periodistas en las cercanías, y que recibió más fotos que ha aportado a la jueza.

Fuentes de la defensa de Miguel Ángel Rodríguez han asegurado que la testifical de González Amador "demuestra la inocencia" del investigado, sin precisar más detalles.

Según la denuncia que investiga la titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de 'El País', su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras hacían una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

Miguel Ángel Rodríguez negó ante la jueza que la Policía le diese esos datos y relató que fue "un vecino enfadado" quien le envió la foto de los informadores, si bien al salir precisó que fue la pareja de la presidenta madrileña quien se la remitió. "Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí", dijo.

El jefe de gabinete de Díaz Ayuso subrayó que ya conocía a los informadores, negó que hubiese "revelación de secretos" y dijo que se limitó a comentar en un chat que esos dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional.

Teresa tiene 94 años, sufre alzhéimer y lleva 10 años en la residencia Domusvi Albufera, en Vallecas. Entró primero solo en el centro de día; más tarde ocupó una plaza privada y, desde hace cinco años, se encontraba en una de las 35 plazas concertadas que oferta el centro desde 2022. Este 1 de julio, ella y otras 16 personas de esta residencia tendrán que abandonar sus plazas por la entrada en vigor del nuevo acuerdo marco entre la Comunidad de Madrid y las residencias privadas, que establece el número de plazas concertadas asignadas a cada centro privado. 

Han pasado cuatro años desde el último acuerdo y el nuevo texto redefine ese reparto, ya sea por una decisión económica del propio centro o porque la Comunidad de Madrid entienda que no necesita tantas plazas. Aunque el saldo final arroja un número mayor de plazas concertadas adjudicadas en comparación con 2022, los cambios obligan a eliminar plazas que ya estaban ocupadas, sin contar con la opinión ni las preferencias de los afectados. 

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales indican que, con esta nueva firma, solo han quedado afectados 95 residentes, de los que 81 han solicitado traslado a otros centros que ofrecen plazas concertadas y otras 14 han permanecido en su residencia, pagando una plaza privada con la ayuda del cheque residencia que ofrece la Comunidad de Madrid, pero infoLibre ha podido constatar que la cifra de ancianos afectados por esta situación superaría el centenar.

Sumadas a las 17 de la Albufera, se han eliminado la totalidad de las 35 plazas de la residencia Solsalud por haber quedado fuera de este acuerdo, otras 35 en la residencia Rafael Alberti y 30 en Sanitas La Florida, hasta alcanzar un total de 117. La cifra podría ser más elevada debido a familiares o residencias que no quieren pronunciarse sobre el tema. Preguntada sobre esta nueva cifra, la Comunidad de Madrid mantiene las 95 personas afectadas y asegura que, “en cuanto se adjudicó [el nuevo acuerdo marco], dejaron de cubrirse esas plazas”.

Aquí entra una práctica que han denunciado varios de los familiares de afectados: las residencias les explicaron antes del 17 de junio –fecha en la que el nuevo acuerdo marco fue autorizado– que se iban a eliminar sus plazas y que se buscaran alternativas, dejando así a muchos afectados fuera de la cifra final antes de que la medida fuera oficial. “El 27 de mayo nos reunieron a las familias para darnos una noticia importante y nos contaron que se eliminaban 20 plazas concertadas, que en realidad son 17, porque tres de los residentes ya habían fallecido”, denuncia la hija de Teresa, Mari Tere, sobre el caso de la Albufera en conversación con infoLibre.

"El único parámetro que han tenido en cuenta para decidir a quién echar ha sido la antigüedad con la que tenían la plaza concertada, sin valorar el arraigo, la condición física y mental o si realmente quieren quedarse o irse”, añade. infoLibre ha contactado con la residencia de DomusVi Albufera, pero no ha querido hacer comentarios ni valoraciones sobre estos hechos.

"¿Cómo puedes reorganizar toda tu vida en 30 días? En el centro ya tenía una rutina, una vida hecha. Era como su familia y ahora se va a encontrar en un sitio que no conoce, con gente nueva y con una rutina diferente. Va a dejar de comer y dormir", lamenta. En este caso, la familia dispone además de un informe médico que desaconseja expresamente el traslado por el deterioro cognitivo de la residente. Sin embargo, Mari Tere asegura que ni la empresa gestora ni la Administración han tenido en cuenta esa circunstancia. "Ni DomusVi ni la Comunidad de Madrid han luchado, no han querido ver cómo les puede afectar. Para ellos solo somos un número".

La hija de la residente afectada también denuncia la falta de información durante todo el proceso. Forma parte del Consejo de Familia de la residencia y asegura que nunca se les trasladó que el centro fuera a reducir las plazas concertadas hasta pocas semanas antes de la entrada en vigor del nuevo acuerdo. "En el último acuerdo pidieron 35 plazas porque no las tenían todas cubiertas, pero ahora les sale más rentable tenerlas privadas y simplemente prescinden de ellas. Tendrían que asumir el riesgo", lamenta.

Una vez se informa a los residentes de que su plaza va a ser eliminada, se les ofrecen dos opciones: el traslado a otra residencia privada que tenga plazas concertadas libres o permanecer en el mismo centro, pero con una plaza privada y con la ayuda de un cheque residencia. En el caso de Teresa, la familia ha decidido aceptar el traslado, porque el cheque que ofrece la Comunidad de Madrid es de tan solo 740 euros, mientras que el coste de la plaza privada alcanza los 3.100 euros con IVA. 

Desde Marea de Residencias describen este cheque como un “chantaje”. “Para aquellas familias que, por motivos de salud extrema o arraigo psicológico de su familiar, se niegan a un traslado traumático, la única alternativa legal para que la persona afectada permanezca en su misma residencia es aceptar este cheque. Al hacerlo, el residente pierde la plaza pública y pasa a ser un cliente privado de la empresa”, denuncia la plataforma. 

La decisión del traslado es la misma que ha tomado María José sobre su madre, de 93 años, que sufre deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos, problemas cardíacos e importantes limitaciones de movilidad, y llevaba ya dos años en la residencia de la Albufera. "Nos dieron dos opciones de residencia, una en Vallecas y otra en Carabanchel. También nos indicaron que si había alguna otra residencia privada que nos gustara o tuviéramos cerca, se podía ver. Por esa parte sí que nos facilitaban todo el tema del traslado", explica.

Sin embargo, asegura que el problema no es la logística, sino el impacto emocional y sanitario del cambio. "Estamos con muchísima presión y con mucha angustia. Mi madre me ha dicho más de una vez que si la sacan de este centro se va a tirar por una ventana. Yo quiero pensar que no lo dice en serio, pero me preocupa mucho. Como se desequilibre, sumado a sus problemas de corazón, puede ser terrible", denuncia.

"Los médicos saben perfectamente que cuando ingresan a una persona en un hospital se desubica, que no parecen ellos mismos, pierden incluso memoria, se desorientan. Eso nos preocupa muchísimo, que pierdan sus referencias de espacio y de personas. Otra residente nos decía el otro día: '¿Os vais a ir todas?'", relata.

Existen varios estudios que han tratado este tema y que describen que la reubicación de personas mayores en residencias puede generar estrés por traslado, con problemas concretos como aumento de la ansiedad y la depresión, especialmente en residentes de larga estancia y con distinto grado de deterioro cognitivo. A esto se suman cambios en los dominios funcionales, cognitivos, conductuales y emocionales tras el traslado de una residencia a otra. 

Un estudio de la Universidad de Michigan encontró criterios de trauma por transferencia en alrededor del 30% de residentes trasladados en 2018 y 2019. Además, una revisión de 28 estudios sobre reubicación involuntaria señala que “la falta de preparación, la escasa información y las dificultades de comunicación con las familias pueden empeorar la adaptación, mientras que la preparación previa y la participación familiar tienden a favorecer el bienestar”. 

Esta falta de preparación es la que también denuncia Pepa. Su madre, de 97, años va a tener que abandonar el centro de la Albufera tras cuatro años en él. Describe que tiene la cabeza bien “a ratos” y se mueve en silla de ruedas. “No depende totalmente de una persona todo el rato, pero ya son 97 años", explica.

La familia ha aceptado finalmente el traslado a una residencia de Carabanchel, ya que el cheque residencia era una opción que consideran inviable. "Con el cheque residencia, al final tienes que pagar 2.800 euros y a mi madre no le llega la pensión. Es verdad que tiene tres hijos, pero tampoco nos podemos permitir ese dinero", asegura.

Más allá del coste económico, insiste en que el problema principal está en el vínculo construido durante estos años. "Ella está muy a gusto, dice que esto ya es su casa, y además es un centro que está a dos minutos de mi casa, por lo que para mí también era muy cómodo. Nos tenemos que ir el 1 de julio y ella no se encuentra en condiciones de estar de aquí para allá”, relata.

Las tres familiares comparten una misma sensación de “desesperación, rabia e impotencia. Impotencia de no poder hacer nada. Aquí lo único que les mueve es el dinero". "Ya con nosotros no se puede hacer nada, pero espero que se pueda hacer algo con los que vienen después. Pero mientras haya dinero de por medio, es imposible", concluye Pepa, poniendo ya la mirada en el próximo acuerdo marco que se tendrá que firmar en unos tres años, dependiendo de las prórrogas que se apliquen.

Igual que en estos días los calores nos caen a plomo en la capital de España, desde hace mucho tiempo las encuestas (más allá de su credibilidad técnica o su intencionalidad política) dan como resultado inexorable el triunfo de Ayuso y Almeida, incluso con cercanía o superando la mayoría absoluta. Como si hubiera una maldición bíblica, los madrileños estamos condenados a ser gobernados por esta dupla devastadora de los derechos, servicios y bienes públicos.

A la vez contemplamos en aquellos que, en primer lugar, deberían dar la batalla por cambiar este rumbo, su reacción es: resignación, inanición y parálisis. Dan la impresión de que tienen por objetivo ser el primero de los derrotados. Y, sin embargo, sí hay opciones de cambiar este rumbo. En el Ayuntamiento de Madrid, la derecha no es que tenga como cabeza un gran referente o una figura con gran peso político, pero para derrotarla no sirve repetir un argumentario rutinario y con lugares comunes, hay que cambiar radicalmente la sintonía.

En toda la izquierda y el progresismo mundial, la victoria de Mamdani en Nueva York fue un tremendo aldabonazo y una llamada a la esperanza, pero sus enseñanzas se olvidaron o se dejaron en el cajón con mucha facilidad. Si se quiere cambiar el rumbo de Madrid hay que retomar sus enseñanzas y ser atrevidos. Dos son las más significativas: proximidad y propuestas claras para la mayoría social y cultural.

Vamos a referirnos a la primera. Proximidad significa salir de las zonas de confort para ir a encontrarse con la sociedad, y hay un instrumento claro (no el único, por supuesto): las primarias abiertas a la sociedad. Los candidatos de la izquierda deben ser elegidos en un proceso de ilusión social y para ello nada mejor que abrir las elecciones a la sociedad. Una cosa es evidente, mayores garantías de éxito tendrá un candidato con el apoyo de 50.000 o más personas que un electo con 3.000 o 5.000. En Italia y en otros países europeos ya existe una tradición de primarias abiertas que culminaron con éxitos electorales decisivos para sus ciudades. Aún más, que hoy las alcaldías de París, Roma y Londres estén en manos de opciones progresistas tiene mucho que ver con la movilización de la sociedad. Tomemos nota.

Hay que recordar que la última victoria del progresismo madrileño, en 2015, se fraguó en un proceso amplio de participación (más de 15.000 personas), mediante primarias abiertas y democráticas que ayudaron a poner en pie un movimiento que arrebató la alcaldía, ni más ni menos, que a Esperanza Aguirre. Más Madrid parece que renuncia a reeditar un proceso parecido del cual nacieron prácticamente la mayoría de sus dirigentes locales y está en un proceso interno de formación de sus listas.

El PSOE, después de 40 años apartado del gobierno de la ciudad y un largo recorrido de fracasos, debe dar un paso y atreverse a movilizar a la ciudadanía, particularmente en los barrios del sureste —casualmente los más desfavorecidos— y donde parte sustancial de la población se queda en sus casas (más de 20 puntos de diferencia en la participación entre los barrios acomodados y los barrios populares). Una pieza de esa recuperación debería empezar por evitar repetir errores del pasado y abrir sus procesos a simpatizantes y electores para que, junto con sus afiliados, elijan la mejor opción social y política que acabe con el dominio de la derecha reaccionaria en la capital de España.

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Teresa Ugidos, Fernando Magro, Paloma del Hoyo, Enrique del Olmo, Amparo Herranz, Maximino Novillo y Román Llorente son militantes del PSOE de Madrid (PSOE-M).

Llega el verano y con él, la época de vacaciones. Uno de los momentos más esperados por la mayoría de trabajadores, pero que en las 25 residencias públicas de mayores de la Comunidad de Madrid vuelve a poner en evidencia el problema estructural de la falta de personal. A unas plantillas ya mermadas se suma una cobertura insuficiente de suplencias para las trabajadoras de atención y cuidados directos, integradas principalmente por técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y diplomadas universitarias de enfermería (DUE).

“No hay una previsión para cubrir esto, todos los años nos pasa lo mismo”, denuncia en conversación con infoLibre Toñi Gavalda, trabajadora y representante sindical de CSIF en la residencia de Arganda del Rey. Explica que no es hasta finales de mayo cuando la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) comienza a tramitar las suplencias para cubrir las vacaciones de la plantilla.

Esa demora deja a residencias como la de Alcorcón o la Gastón Baquero, en Alcobendas, en una situación de incertidumbre. Hasta el 1 de julio no conocerán el alcance real de las contrataciones estivales porque “lo oculta la dirección”, denuncia Esther Fernández, trabajadora y representante del sindicato MATS en el centro de Alcorcón. En esta residencia, asegura, las ratios se sitúan en cuatro TCAE para cada 36 residentes.

Sin embargo, el problema principal no es la falta de información. Según coinciden las trabajadoras de las diferentes residencias con las que ha contactado este diario, todo nace de la falta de candidatos disponibles en las bolsas de empleo, una situación que se arrastra  desde hace años y que obliga a las profesionales a asumir cargas de trabajo muy por encima de sus capacidades. InfoLibre ha preguntado a la Comunidad de Madrid sobre esta situación y no ha habido respuesta.

“Tenemos residentes con mucha necesidad de cuidados que son dependientes y grandes dependientes con una media de edad de 82 años”, explica Elvira García, representante del sindicato MATS en la Gran Residencia de Carabanchel, que añade que cada TCAE tiene que trabajar con nueve o diez usuarios en cada turno. Según relata, los usuarios ingresan cada vez más tarde y con más patologías, lo que incrementa las necesidades de atención. “Estamos con el agua al cuello”, resume.

La solución que desde hace años aplica la Administración es permitir cubrir esas suplencias de verano contratando a personal sin la titulación específica de cuidados auxiliares. “Basándose en que no hay técnicos en cuidados de enfermería, contratan a personas con la titulación de secundaria, que no pueden dar medicación ni hacer una serie de cosas que nosotras sí podemos, por lo que no están cubriendo el puesto entero”, denuncia García. A su juicio, esta práctica termina aumentando la carga de trabajo de las TCAE que sí cuentan con la formación requerida.

García trabaja en el turno de noche de este centro de Carabanchel. Relata que en total son 34 trabajadoras, divididas en dos grupos de 17, y que no cuentan con suplencias suficientes para este verano. “Tenemos por lo menos seis personas de vacaciones por mes y solo se van a contratar cinco suplencias”, señala. A ello se suman trabajadoras con reducciones de jornada, horas sindicales y permisos. “Estamos bajo mínimos”, afirma.

Según los datos del resto de turnos, se han conseguido cubrir 23 plazas de TCAE por la mañana y siete por la tarde, pero todavía quedan 18 pendientes en este último turno. La situación más complicada afecta a las enfermeras (DUE), que tienen ocho plazas pendientes de cobertura por la mañana y cuatro por la tarde. “No hay que olvidar que esta falta de cobertura supone un incremento de la carga de trabajo para el personal de atención directa que deberán asumir más tareas y atender a un mayor número de usuarios durante los meses de verano”, denuncia Silvia Amaya, representante de CSIF en la Gran Residencia.

La dificultad para encontrar personal también se repite en la residencia Nuestra Señora del Carmen, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Ana Sánchez, delegada de CSIF, explica que el centro se encuentra inmerso en el proceso de contratación de verano, aunque con problemas para cubrir determinados perfiles. “En el caso de DUE es que no hay candidatos. Nos pasa todos los años, porque Sanidad se lleva todos los aspirantes, ya que es un trabajo más bonito y que les interesa más”, señala. En el caso de TCAES les faltan siete y ocho vacantes para las suplencias de verano en el turno de mañana y tarde respectivamente.

“Por la fama que se ha creado, por el tipo de trabajo y la falta de personal, la gente prefiere no venir. Si yo quiero a mi amigo, no le voy a decir que venga a trabajar”, lamenta. En este centro hay días en los que hay solamente dos TCAE para 32 residentes y “ha habido jornadas con dos DUE para toda la casa”, algo “inviable” en un centro que atiende a unos 400 usuarios.

En la residencia de Arganda del Rey el panorama es aún más preocupante. Según las representantes sindicales de CSIF de este centro, Toñi Gavalda y Anabel Vadillo, existen 22 vacantes estructurales de TCAE sin cubrir desde hace años. “El verano se afronta de una manera catastrófica. No tenemos personal para cubrir las vacaciones, sobre todo de técnicos de enfermería y DUE”, denuncian.

De cara al verano, el centro acumula 16 bajas de TCAE, tres de DUE, 22 de auxiliares de servicio y tres de auxiliares de control. “Nos faltan ahora mismo 35 TCAE”, aseguran. Ante la falta de profesionales, el sindicato ha propuesto medidas extraordinarias como la realización voluntaria de horas extra, pero en el caso de las TCAE no se ha autorizado esta posibilidad. “Estamos intentando buscar alternativas, alternativas que deberían buscar desde la Administración”, señalan.

Esta escasez de personal repercute directamente en las ratios de atención, según denuncian las trabajadoras. “Por la noche atendemos a 24 residentes grandes dependientes cada TCAE”, explican y añaden que durante el día, la situación puede llegar a ser más complicada, porque han llegado a situaciones en las que “ha habido una planta que tenía dos TCAE para 62 usuarios”.

A todo esto se suma el desgaste físico y psicológico que provoca esta situación en la plantilla. “La gente está muy quemada y cada vez hay más bajas, porque trabajas bajo presión. Es un cansancio no solo físico, también mental. Es una situación muy grave”, aseguran.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pagó por la sociedad Círculo Belleza –ahora Masterman & Whitaker– 25 veces más de lo que había abonado tres meses antes la mujer del directivo de Quirón Prevención para hacerse con el control de la firma. Así consta en un oficio que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió el pasado 19 de diciembre al Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, que ha puesto bajo la lupa esta operación al sospechar que detrás de la misma puede haber una comisión encubierta. El informe, al que ha tenido acceso infoLibre, hace un análisis de la compraventa apoyándose en los documentos que obran en el procedimiento. Y ha servido de base al instructor, Antonio Viejo, para solicitar información bancaria.

Los hechos se centran en la compra de la sociedad a la farmacéutica Gloria Carrasco. Círculo Belleza se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con otro 20%. Este último es, desde hace años, directivo de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario que fue durante años principal cliente del empresario Alberto González Amador. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en la operación de compraventa de mascarillas con FCS que le reportó 1,97 millones de euros.

El 11 de septiembre de 2020, según consta en el atestado de la UCO, Carrasco se hizo con el control absoluto de la sociedad adquiriendo a su hermano y a su pareja el 40% de las participaciones por 8.000 euros. "Teniendo en cuenta estos datos, el precio abonado por cada una de las participaciones ascendería a 60,60 euros", resaltan los investigadores. Solo tres meses después, el 4 de diciembre, Maxwell –de González Amador– se hizo con toda la empresa por 499.836 euros, lo que equivale a un precio unitario de 1.514,65 euros. Es decir, la pareja de Ayuso pagó a Carrasco por cada acción 25 veces más que lo que ella había abonado para controlar la sociedad. "Se considera significativo las importantes diferencias entre los precios abonados [...] en un corto periodo de tiempo", apunta la Guardia Civil.

Los investigadores, además, apuntan que en el documento notarial para la formalización de la compraventa "no se ha localizado" referencia alguna "a la valoración efectuada" de Círculo Belleza. Ni tampoco "al método o los motivos" por los que se establece un importe de compraventa cercano al medio millón para una mercantil cuyo importe neto de cifra de negocio se había situado en los 31.288 euros en 2018 y en los 29.745 euros en 2019. Sobre los medios personales, la UCO destaca que en esos mismos años no constaba ningún trabajador vinculado a la sociedad. Y en lo relativo a recursos materiales, la empresa solo disponía de "máquinas de tratamientos de belleza y estética" y "un ordenador portátil que habría sido adquirido en el ejercicio de 2009".

La Fiscalía sospecha que esa operación oculta el pago de una comisión. Es más, en alguno de los escritos emitidos durante la investigación ha llegado a utilizar el término "sobornos". "Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas", sostenía el representante del Ministerio Público en el escrito que provocó la activación de la unidad de élite de la Guardia Civil en el caso.

A partir de su adquisición por González Amador, la mercantil experimenta un "notable incremento" de su cifra de negocios, pasando de los 58.862 euros en 2020 a 327.320 euros en 2021. Los investigadores señalan que este último dato guarda relación con la factura que la renombrada Masterman & Whitaker emitió a Quirón Prevención por 396.057,20 euros –los 372.320 euros más el IVA– en relación con los trabajos relativos a su expansión en Latinoamérica. La empresa, sin embargo, carecía de "medios" para la prestación de dichos servicios de consultoría. "Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría", señalan los investigadores, que se apoyan en todo momento en los informes de la Agencia Tributaria.

Con ese primer informe, la Unidad Central Operativa solicitó al instructor una serie de medidas de investigación. "Se considera necesario contar con información bancaria y tributaria de los diferentes intervinientes, tanto personas físicas como jurídicas, que permita determinar los movimientos de fondos que habrían tenido lugar", apuntaban los investigadores. No solo actual, sino de los últimos 12 años. Una petición a la que el magistrado Viejo ha tardado medio año en responder. Y dando luz verde solo a una parte de las diligencias pedidas. En un auto fechado la pasada semana, el instructor autoriza únicamente a los investigadores a recabar información financiera de González Amador, Carrasco, Camino y sus empresas. Y guarda en un cajón, al menos de momento, la reclamación de datos a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Desde la jubilación de la anterior instructora, la investigación se ha ralentizado. Aunque se activó a la UCO hace un año, lo cierto es que los investigadores no recibieron hasta principios de noviembre toda la documentación obrante en la causa. Una información que, no obstante, estaba incompleta. En el informe de diciembre, la Guardia Civil pide al magistrado que le haga llegar también las declaraciones como investigados en la causa de González Amador y Carrasco, quienes en sede judicial negaron el soborno y defendieron el precio que pagó la pareja de la presidenta madrileña por la sociedad.

La Comunidad de Madrid ha rescatado una ley que fue aprobada hace 15 años para restringir desde este lunes el acceso a la Tarjeta de Transporte Público Personal a las personas que no estén empadronadas o que no vivan en los municipios de Castilla y León y Castilla-La Mancha con los que existen convenios. Se trata concretamente de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, cuyo artículo 16.4 indica que “el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid sólo financiará, con cargo a sus recursos, abonos de transporte de usuarios residentes en la Comunidad de Madrid y en aquellas otras Comunidades Autónomas con las que se hubieran suscrito convenios”.

Sobre los motivos por los que la medida se aplica ahora, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras alega “una serie de motivos tecnológicos que hasta ahora no permitían cotejar el empadronamiento”, a los que se suman “una serie de situaciones específicas que han ido surgiendo, por ejemplo, en una época de pandemia, etc.”, según ha explicado este lunes el consejero, Jorge Rodrigo Domínguez, en declaraciones a los medios. La aplicación de la norma cierra la puerta a la expedición de nuevas tarjetas o duplicados de los abonos mensuales.

La medida, anunciada el viernes pasado, ya ha despertado los primeros rechazos, centrados en tres grupos principales: personas migrantes, estudiantes y trabajadores de fuera de la Comunidad de Madrid. “Es la demostración de que Ayuso no necesita a Vox para hacer la vida más difícil a las personas migrantes”, ha denunciado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en una declaración compartida a medios. Desde este partido denuncian la cercanía temporal entre esta decisión y las propuestas de “prioridad nacional” que lleva meses defendiendo Vox en distintos territorios. Más Madrid ya ha presentado una proposición no de ley para reclamar la “retirada inmediata” de esta disposición.

Vox defiende bajo esta fórmula de “prioridad nacional” que se condicione el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas a criterios de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio y lo ha estado promoviendo por las diferentes comunidades autónomas en las que tiene capacidad de influencia sobre los gobiernos del PP. Ya a principios de mayo, la Asamblea de Madrid aprobó, con el apoyo de PP y Vox, una iniciativa que instaba al Gobierno central a inspirar el reparto de recursos públicos a un “arraigo real, duradero y verificable”.

La exigencia de empadronamiento para poder obtener este tipo de tarjetas supone, además, una nueva traba para las personas que quieren acogerse a la regularización extraordinaria que lleva activa desde abril de este año. Los solicitantes tienen que demostrar su arraigo en el país y una de las pruebas que les sirve para hacerlo era demostrar que llevan meses pagando una tarjeta mensual de transporte público, algo que ahora ya no podrán hacer si no están empadronados. Desde la asociación en defensa de los migrantes Regularización Ya describen esta nueva medida como un nuevo factor de desigualdad que “profundiza en la exclusión” de estas personas.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid rechaza que la decisión tenga relación alguna con las personas migrantes. El Gobierno regional sostiene que los descuentos del transporte están financiados un 94% por la propia Comunidad, “por lo que resulta lógico que estas ayudas beneficien prioritariamente a quienes las sostienen con sus impuestos”, ha asegurado el consejero Domínguez.

En cuanto a los estudiantes, el Gobierno madrileño ha anunciado su intención de promover acuerdos para que puedan seguir accediendo al abono transporte aunque no estén empadronados en la región. Este sistema ya se aplica desde hace años con los municipios más cercanos de Castilla-La Mancha, como Guadalajara, Toledo e Illescas, y las localidades de la provincia de Segovia y Ávila que lindan con la Comunidad de Madrid, pero se podrá ampliar a todas las comunidades que quieran participar, aunque serían estos  territorios los que tendrían que asumir parte del coste de las bonificaciones.

El anuncio está todavía en el aire y desde la Consejería de Transportes matizan que esos acuerdos “dependen del resto de comunidades”, por lo que no existe ninguna seguridad de que ya estén firmados antes del inicio del próximo curso, en septiembre. En el caso de los estudiantes extranjeros, la situación es parecida: son las propias universidades las que tendrán que conseguir dichos acuerdos.

Sin embargo, en este acuerdo quedarían excluidos todos los trabajadores que cada día tienen que moverse desde sus municipios a la Comunidad de Madrid para trabajar y volver en el mismo día, entre los que se encuentran un centenar de docentes, según denuncia el sindicato CSIF.

“Denunciamos una vuelta de hoja más contra la libertad de movimiento de los docentes de esta comunidad. Tenemos muchos compañeros que viven en el extrarradio, que tienen que venir todos los días desde sus localidades y no van a poder llegar el curso que viene porque la comunidad ha quitado el derecho a tener la tarjeta de transporte público”, denuncia Miguel Ángel González Martínez, responsable de CSIF Educación en Madrid.

Es el caso de María Rosa González, profesora de matemáticas que tiene una plaza fija en un centro de Madrid capital. Vive en un pueblo de Ciudad Real, provincia que no cuenta con convenio con la Comunidad de Madrid, y todas las mañanas se despierta de madrugada para viajar en AVE hasta Madrid y, de ahí, coger un bus hasta su colegio. “La tarjeta me caducó en mayo y al ir a renovarlo, me he encontrado con todo esto”, explica en conversación con infoLibre.

La mujer de Emilio lleva cinco años sufriendo problemas cognitivos y hace tres le diagnosticaron alzhéimer. En un primer informe, la Comunidad de Madrid indicó que solo sufría un deterioro leve, porque, según explica Emilio, “no han querido mirar todos los informes”. “Mi mujer ya no se acuerda de cuando nos casamos ni de cuándo nacieron sus hijos”, pero no consigue que le den el grado 2 de dependencia, el que le corresponde según la neuróloga que la trata, porque llevan más de dos años esperando su evaluación debido a la saturación en las listas de espera de dependencia.

“En Madrid ahora mismo hay más de 25.000 personas en lista de espera porque solo tienen dos centros bases con cinco equipos de valoración”, relata Emilio en conversación con infoLibre. Como presidente de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, convocó el pasado viernes una concentración que reunió a unas 300 personas a las puertas de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. Desde la asociación, sus denuncias se centran en las valoraciones insuficientes, como en el caso de su mujer; la falta de personal en los centros; y, sobre todo, unas listas de espera que en muchos casos superan los dos años.

Según los últimos datos recogidos en los primeros cinco meses de 2026 por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que calcula el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente, la espera media en la Comunidad de Madrid se sitúa en 346 días. Es decir, algo más de 11 meses, por encima de la media nacional, que está en 320 días.

Sin embargo, el problema no es solo regional y se repite en diferentes puntos de España. Por encima de Madrid se encuentran Murcia con una media de 552 días, Andalucía con 446 y Asturias con 411. Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay seis comunidades y Ceuta (86) por debajo de ese margen en sus promedios: Castilla y León (119), Aragón (122), País Vasco (131), La Rioja (144), Castilla La Mancha (166) y Cantabria (171).

Aunque estos datos muestran ya una situación muy preocupante, existe una realidad mucho más difícil de asimilar. En estos cinco meses, 13.503 personas han fallecido estando en las listas de espera de la dependencia. Son 90 personas al día, una cada 16 minutos de media. De esta cifra, 6.940 estaban esperando ser valoradas y 6.563 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho.

“Es una tendencia muy preocupante porque ya son cinco meses y sigue aumentando la lista de espera, y siguen muriendo 90 personas al día”, denuncia a este periódico el portavoz de esta asociación, José Manuel Ramírez, haciendo referencia a una tendencia que no mejora, ya que en 2025 fallecieron 32.704 personas mientras seguían en estas listas.

Para Ramirez, existen dos realidades que se deben revertir si se quiere poner final a esta situación. Por una parte, la simplificación de los procedimientos, es decir “poder hacer los trámites en un solo acto administrativo de valoración”. Por otra, la financiación. “El Gobierno de España y algunas comunidades autónomas no financian adecuadamente el sistema de dependencia”, explica.

Actualmente, la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) viene establecida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, conocida como Ley de Dependencia. Esta normativa establece tres niveles. El primero es el denominado “nivel mínimo”, financiado íntegramente por el Estado en función del número de personas atendidas y de su grado de dependencia. 

A ello se suma el “nivel acordado”, que se articula mediante convenios entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, con fondos que se reparten según criterios como la población potencialmente dependiente, las personas efectivamente atendidas, la inversión autonómica realizada o la reducción de las listas de espera. Finalmente, las comunidades pueden establecer un nivel adicional de protección financiado exclusivamente con recursos propios.

En los datos de la financiación de 2025, los últimos a los que se tiene acceso, la inversión pública alcanzó los 13.734 millones de euros, de los que las comunidades autónomas asumieron el 72,6% del gasto (9.976 millones) y la Administración General del Estado el 27,4% restante (3.758 millones). Aunque la aportación estatal aumentó un 8% respecto al año anterior, desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales consideran que el esfuerzo sigue lejos de compensar las necesidades del sistema.

“Ese 8% sigue siendo la mitad de lo que destinan de media los países de la UE”, denuncia Ramírez, que también se queja de que el plan de choque que el Gobierno acordó entre 2021 y 2023 para inyectar 600 millones de euros cada año está paralizado desde que no se han aprobado presupuestos. Esto, sostiene, ha supuesto un duro golpe que se ha visto reflejado “en la limitación de las prestaciones y servicios”.

El comité clínico que en la Comunidad de Madrid tiene la última palabra sobre los abortos a partir de la vigésima segunda semana de gestación y siempre que el feto esté afectado por una enfermedad muy grave, rechaza ya un tercio de las peticiones que evalúa. La tasa, correspondiente al año pasado, es la mayor registrada en la región en los últimos cinco años. 

Para entenderlo hay que echar un vistazo a la interrupción por causas médicas, lo que incluye distintas situaciones contempladas en la norma. Entre ellas, la detección de anomalías fetales incompatibles con la vida, recogidas en un "dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención", o también cuando se detecte en el feto una enfermedad "extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico". 

Dicho comité, también según la ley, estará compuesto por un "equipo pluridisciplinar" formado por "dos integrantes del personal médico especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra", teniendo la paciente la posibilidad de elegir a uno de estos especialistas. 

Según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, en el año 2021 al comité llegaron 37 peticiones de mujeres que querían interrumpir su embarazo por estos motivos, en un estado avanzado de gestación y atravesadas por un pronóstico demoledor. Ocho de ellas obtuvieron una evaluación desfavorable. Es decir, el 21% se topó con la negativa de los expertos. El año pasado, los casos examinados se incrementaron hasta los 42 y los que fueron rechazados ascendieron a 14: un tercio del total (33,3%). En lo que va de año, han sido aprobados cuatro y rechazados tres. Un escenario que denuncia Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea de Madrid: "Asistimos a un aumento de los casos rechazados, la situación va cada vez a peor".

Jordi Baroja es director adjunto de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius. A sus puertas han llamado centenares de mujeres en los últimos tres años, en el marco de la campaña Més 22. Se trata de mujeres que han recibido la negativa del comité clínico de su comunidad, o a quienes los propios profesionales han recomendado intentarlo en otro territorio, ante la previsible dificultad de conseguir el visto bueno de los miembros del comité que les correspondería inicialmente. 

"Atendemos a una media de una o dos mujeres cada semana, habitualmente son situaciones que han pasado las 22 semanas y hay algún tipo de anomalía fetal", expone al otro lado del teléfono. Muchas de ellas, comenta, se topan con un "laberinto y no saben bien qué hacer, otras tienen información previa de que el comité no les va a tender la mano". La asociación les asesora y les acompaña, también les explica que a partir de la semana vigésima segunda "su cuerpo ya no es suyo, sino que depende de un comité clínico". 

Baroja insiste en aclarar que, a falta de datos globales, no detecta una comunidad concreta con mayores tasas de rechazo y desplazamiento posterior, sino que muchas veces se trata de un "mal endémico", casi siempre producto de la propia redacción legislativa y de su interpretación posterior. Determinar la viabilidad de un embarazo cuando existe una enfermedad "incurable o extremadamente grave es algo tremendamente subjetivo", sostiene. 

"No hay consenso ni entre los comités sobre cuáles son las patologías que deberían entrar en esa categoría", añade. En algunas comunidades es prácticamente imposible que se acepte la interrupción del embarazo cuando existe síndrome de Down o acondroplasia, pone como ejemplo, pero en otras esos mismos supuestos sí son aceptados, así que existe una disparidad palpable. 

En ese punto sitúa el foco José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). En primer lugar, la ley contempla dos situaciones distintas en su articulado. Por un lado, habla de "anomalías fetales incompatibles con la vida" recogidas "en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista"; por otro lado, contempla toda "enfermedad extremadamente grave e incurable" que debe estar confirmada por un comité clínico. "Algunas comunidades entienden que es el mismo supuesto y que ambos deben pasar por el comité", cuando en realidad es la segunda de las situaciones descritas la que debe cumplir con ese requisito", sostiene el experto. "Ese es el primer filtro limitativo".

Si existe una enfermedad "incompatible con la vida", no sería necesaria la evaluación de un comité, porque existe un diagnóstico previo y se trata de datos objetivos, añade Bosch. Un extremo que algunas comunidades no tienen en cuenta. En el caso de las enfermedades incurables, se trata de situaciones con un mayor margen de interpretación, por lo que se introduce el filtro del grupo de expertos. Un equipo de profesionales a los que se presupone rigor científico, apuntala el jurista, pero que en ocasiones están marcados por "valoraciones éticas o morales". Y por eso, añade el experto, en algunas comunidades incluso los médicos que tratan con las mujeres aconsejan llamar a la puerta de otro comité.

Cuando esto sucede, muchas mujeres van a parar a la asociación de Baroja. "Hemos visto un mismo caso que ha sido rechazado en una comunidad y después aprobado en otra distinta", lo que demuestra, asiente, que se trata de un asunto "muy subjetivo". Aunque el marco normativo no lo indica expresamente, la ley no prohíbe que cualquier mujer active un comité de otra comunidad. Cataluña está entre las primeras opciones, sospecha el portavoz de la organización, porque el trámite se puede realizar por internet, mientras que en otros territorios es "mucho más laberíntico". 

En cada comunidad debe existir, al menos, un comité clínico en un centro de la red sanitaria pública, cuyos miembros son designados por las autoridades sanitarias competentes. En Madrid, la actual composición mantiene a dos de los miembros ya presentes en el anterior comité clínico, Manuel Sánchez Luna y Miguel Ángel Huertas. El tercer integrante es Santiago Ignacio Lizarraga, actual jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Gregorio Marañón. 

Lizarraga, denuncia Morales, formó parte del cuadro médico de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, "asumiendo un código deontológico totalmente ligado al Opus Dei". Según su propia página web, todos "cuantos trabajan en la clínica han de actuar de acuerdo con las normas de la ética profesional, conforme a las enseñanzas morales de la Iglesia Católica". La diputada lamenta que a día de hoy "no es posible saber a ciencia cierta" si alguno de ellos es objetor de conciencia.

La orden de renovación se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a mediados de febrero, precisamente antes de que la justicia obligara a la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso a poner en marcha el registro de objetores que exige la ley. Este extremo no es anecdótico, pues ninguno de los miembros del comité podrá figurar en el registro, ni en la actualidad ni en los últimos tres años, tal como introdujo la reforma a la Ley del Aborto. Pero Madrid no tiene registro, así que no hay forma alguna de saber si alguno de los componentes del comité es objetor. 

El requisito incorporado por la reforma "es elemental", opina Bosch. A juicio del experto, resulta clave que el comité no esté "atravesado por la ideología" de los profesionales que lo integran. Pero sin registro, las autoridades podrán designar a quienes consideren sin tener este elemento en cuenta. Por el momento, el plazo de consulta pública ha finalizado ya, "pero no hay previsión alguna de cuándo se aprobará la orden", denuncia la parlamentaria socialista. 

A todo ello se suma una gran barrera en lo que respecta a los derechos de las mujeres: la falta de información. "Hay un desconocimiento generalizado entre las mujeres en cuanto a tener un médico designado por ellas en el comité clínico", percibe Bosch. Un desconocimiento que el experto achaca, en todo caso, a los poderes públicos y a quienes asesoran a las mujeres en todo el recorrido.