La Audiencia de Madrid rechaza la última maniobra del empresario Alberto González Amador para intentar archivar las pesquisas que se siguen contra él por un supuesto soborno a un directivo de Quirón. En una resolución fechada el pasado 9 de abril, a la que ha tenido acceso infoLibre, los magistrados desestiman un recurso de apelación en el que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pedía el sobreseimiento de las actuaciones. La Sección Tercera explica que aunque se había interpuesto contra la resolución judicial que encomendaba las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dicho recurso no rechazaba el encargo, sino que aprovechaba ese auto para exigir que se diera carpetazo a la causa sin haberlo pedido previamente ante el juzgado.

La apertura de esta pieza separada se produjo en octubre de 2024 tras un recurso de PSOE y Más Madrid, decisión que posteriormente fue avalada por la Audiencia de Madrid. Los hechos se centran en la adquisición de la sociedad Círculo de Belleza, que luego pasaría a llamarse Masterman & Whitaker, por la farmacéutica Gloria Carrasco, esposa del directivo de Quirón Prevención SL –filial del gigante sanitario– Fernando Camino. Por la misma, González Amador pagó 499.836 euros. Un importe "elevado" a ojos de la Agencia Tributaria o la Fiscalía: "No tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación y remodelación corporal".

La Fiscalía cree que ese abono es, en realidad, una comisión encubierta al directivo del gigante sanitario, ya sea por el pelotazo de las mascarillas que reportó 1,97 millones de euros a la pareja de Ayuso en plena pandemia –Camino era consejero de Mape Asesores, una de las firmas implicadas en dicha operación de compraventa–, por el "incremento" de la "facturación" que González Amador recibía de Quirón Prevención o por "ambas cosas". "Es claro que no pagó medio millón de euros a Carrasco porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido", sostenía el fiscal Diego Lucas.

El Ministerio Público solicitó en aquel escrito la intervención de la unidad de élite de la Guardia Civil en las pesquisas. Algo que acordó, finalmente, la entonces jueza instructora, Inmaculada Iglesias, dada la "complejidad de la investigación" y el "carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva". Contra este auto interpuso recurso de apelación González Amador. El mismo, sin embargo, no protestaba por la solicitud de auxilio a la UCO, sino que pedía el sobreseimiento de las actuaciones alegando que con la documentación que habían aportado quedaba "acreditada la inexistencia de delito". En definitiva, utilizaba un auto acordando una diligencia como autopista para pedir directamente a la Audiencia de Madrid el archivo.

Una estrategia que ahora rechazan los magistrados, que desestiman el recurso de apelación y confirman el auto con el encargo a la Guardia Civil –un encargo que aún no se ha completado–. "La decisión del Juzgado de solicitar auxilio de la UCO para la investigación de los hechos es, en definitiva, la admisión de práctica de diligencias de investigación, contra la que no cabe recurso. Ahora bien, según se constata en el escrito de recurso, la finalidad y suplico del mismo no se dirige contra esta decisión, sino que se solicita que se dicte resolución que acuerde el sobreseimiento de las actuaciones, petición que no se ha efectuado ante el Juzgado de Instrucción y respecto de la que este Tribunal, con funciones revisorias, no puede pronunciarse al no existir resolución previa dictada por el Instructor", sentencia la Audiencia de Madrid.

El doctor Antonio Burgueño, exasesor de la Comunidad de Madrid, ha dicho este miércoles ante el Tribunal de Instancia de Collado Villalba (Madrid) donde estaba citado para declarar como imputado, que en el inicio de la pandemia del coronavirus no se medicalizaron las residencias porque no había médicos, según informa EFE.

En la Sección Civil y de Instrucción de este tribunal, plaza número 2, estaban previstas las comparecencias como investigados de Burgueño, del ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y de su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, por el caso de las residencias.

La abogada de la acusación particular, Alejandra Jacinto, ha explicado que las declaraciones han sido suspendidas porque hay un informe del Ministerio Fiscal que todavía no ha sido notificado a las partes para que se pronuncien. 

En declaraciones a los periodistas, Burgueño ha asegurado que las residencias no se medicalizaron porque no había médicos para hacerlo y ha responsabilizado de la gestión de la crisis sanitaria en 2020 al Gobierno central, culpando de todo al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

También ha reconocido que él elaboró un plan de choque por iniciativa propia, aunque luego ha asegurado que se lo encargó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 

En los primeros días de la crisis sanitaria, en marzo de 2020, Ayuso nombró a Burgueño como su principal asesor para hacer frente a la pandemia de la covid-19 y le encargó elaborar el plan de choque aprobado por el Ejecutivo regional, una de cuyas medidas principales era medicalizar las residencias, algo que finalmente no se hizo. 

Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia consideran que su testimonio puede ser clave para saber por qué se discriminó a las personas mayores que vivían en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Carlos Mur firmó los llamados protocolos de la vergüenza, revelados por infoLibre, que impidieron el traslado de personas mayores de residencias a hospitales públicos, mientras que Peromingo está considerado el autor intelectual del documento. Ambos ya han declarado en otras causas como imputados. 

Este procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las querellas impulsadas por Marea de Residencias entre 2020 y 2021, ni de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, sino que fue promovido por un particular, hijo de una persona fallecida en el Hospital La Fuenfría, ubicado en el municipio de Cercedilla.

La Cañada sigue a oscuras. Lo que comenzó como un corte del suministro de la red eléctrica el 2 de octubre de 2020, en plena pandemia, se mantiene desde hace más de cinco años en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, que discurre por los municipios de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid. Pero, de las 4.500 personas que viven allí, 1.800 están sufriendo algo que, en muchas ocasiones, es lo único que han conocido. 

Los niños y adolescentes de la Cañada sufren las consecuencias económicas, sociales y políticas de vivir apartados del mundo. Pero la posibilidad de salir de allí cada vez se hace más pequeña. Con la falta de electricidad, el ascensor social más efectivo de la democracia, la educación, se rompe ante una realidad: en la oscuridad y en el frío, no hay quien estudie. 

La excusa de Naturgy para dejar a toda una población sin luz fue que en el asentamiento había sobrecargas en la red debido a varios enganches ilegales. No ha habido soluciones reales, a pesar de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha establecido que se están violando derechos fundamentales como el de tener una vivienda digna. En este mismo escrito, se recoge que el Estado no está garantizando el derecho a la educación de la población de la Cañada. 

Precisamente, en la Cañada hay muchos que ni siquiera pueden ir a la escuela. Según un informe de la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander, recogido por Vallecas Va, tan solo un 20% de los niños entre tres y seis años están escolarizados y de doce a dieciséis, solo el 24%. Los jóvenes tampoco pueden acceder a un centro que sea próximo, sino que se mueven hacia otras zonas madrileñas como Villa de Vallecas, Rivas-Vaciamadrid o Perales del Río, en Getafe, con alrededor de 1.296 desplazamientos diarios, según este mismo estudio. 

De ellos, no muchos logran superar la etapa. La falta de recursos en casa también hace que el abandono de la escuela llegue pronto. “Muchos de los chavales ven más viable ponerse a hacer una FP y quitarse los estudios rápido o directamente ponerse a trabajar para ayudar en casa”, cuenta María, profesora de un instituto de Vallecas, que escolariza a varios jóvenes de la Cañada. 

Tampoco si se quedan es fácil. Según el informe La Cañada Responde, realizado por el Centro Sira, junto al Grupo de Acción Comunitaria, un 78,4% de los niños, niñas y adolescentes que viven en la Cañada Real tienen o han tenido dificultades en el aprendizaje y en su proceso educativo debido al corte del suministro eléctrico. Los propios familiares de los jóvenes acreditan en el estudio que sus hijos han empeorado su rendimiento y que su actitud frente a los estudios ha ido cambiando a peor. 

La propia forma en la que ha evolucionado la educación supone un problema para estos jóvenes. Ahora, con las nuevas tecnologías, tener una conexión a internet es casi indispensable para poder rendir en la escuela. De los libros de texto se ha pasado a los PDF y de los deberes a mano a las actividades interactivas. Algo que en la Cañada es prácticamente imposible. Y eso, en la escuela, se nota. 

Un 92% de la población en la Cañada tiene dificultades para realizar acciones que ahora nos resultan tan naturales como acceder al wifi o cargar el móvil, según el estudio de La Cañada Responde. “En la educación me ha afectado mucho. Justo antes de que cortaran coincidió con la pandemia y era todo online, así que tenía muchos problemas para poder cargar el ordenador e iba fatal el generador”, cuenta una de las entrevistadas por el Centro Sira.

“El acceso a poder estudiar en invierno a partir de las cinco y media de la tarde, o a poder tener internet para consultar o para realizar trabajos o aprender, está completamente delimitado”, explica Gabriela López Neyra, coordinadora del Centro Sira. La propia dependencia de los alumnos durante la pandemia, que ha derivado en un mayor uso de las TIC en las aulas, ha hecho que aquellos alumnos que no puedan optar a una conexión se queden atrás.

Tampoco sus padres pueden hacer mucho más por ellos. Desde el Centro Sira cuentan a infoLibre que, al no tener acceso a la electricidad, las tareas de casa se acumulan y, para solucionarlas, necesitan más tiempo y esfuerzo. Hasta hacer la comida se convierte en una odisea. “La estructura familiar también se ve afectada porque quienes son los proveedores de recursos sufren un impacto derivado de la falta de suministro eléctrico y no pueden atender a sus hijos”, denuncia López Neyra. 

La posición socioeconómica de los padres también condiciona la forma en que los hijos afrontan los estudios. Según un estudio de la Fundación Foessa, los estudios de los padres tienen un impacto directo sobre los estudios de los hijos. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida recogidos en este informe, el 80,2% de las personas cuyas madres tenían estudios universitarios alcanzaron su mismo nivel. Pero si por el contrario, la madre no tenía estudios primarios, la cifra se reducía al 4,6%. Es simple: si los padres han podido estudiar, los hijos podrán estudiar. Y si no ha sido así, se convierte en casi una misión imposible. 

La distancia también es un gran impedimento a la hora de mantener la motivación por la escuela. La Cañada no tiene un centro propio y a los que pueden ir, en Rivas, Vallecas o Getafe, están a kilómetros y kilómetros del asentamiento. 

Antes de que consiguieran tener un autobús –un derecho que lograron hace solo seis años–, los alumnos tenían que ir en coche (si sus padres podían llevarles) o a pie. Aunque ahora pueden ir en transporte público, la mejora no ha sido suficiente. Los trayectos que hacen los alumnos para llegar a sus centros de estudio pueden durar horas y horas, si es que los autobuses pasan. Muchos de ellos tienen que esperar y perder un tiempo que, en muchas ocasiones, no pueden permitirse. 

De hecho, María cuenta que varios de sus alumnos no siempre llegan a la hora de clase. De nuevo, no porque no quieran, sino porque no pueden. “La ruta de la Cañada es complicada. Hay chavales que tienen que estar una hora esperando el autobús, llega tarde o no llegan porque la ruta falla. Entonces tienen más faltas y más retrasos, pero está justificado. No es solo una cuestión de ‘me da igual el instituto’. Son muchas las razones por las que puede haber absentismo”, cuenta María al otro lado del teléfono. 

La propia situación en la que se encuentran los vecinos de la Cañada causa que concentrarse sea una misión imposible. El informe del Grupo Sira también pone nombre a lo que muchos se imaginan que sucede cuando se corta el suministro eléctrico. En un entorno así, afloran el miedo, la ansiedad y el estrés. En concreto, el 90% de los vecinos de la Cañada sienten tristeza prácticamente a diario. 

Todo ello acompañado de la discriminación. En el mismo informe, los investigadores encontraron –a través de entrevistas– que un 54,3% de la población de la Cañada percibe que el estigma sobre ellos se ha agravado. Algo a lo que contribuye (como todo) la falta de electricidad. 

La imposibilidad de mantener una higiene debido a la falta de agua hace que el rechazo de los otros se encuentre con “justificación”. A ello también se le añade la etiqueta de criminalidad impuesta y normalizada por muchos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a justificar los cortes relacionando delincuencia y Cañada como si se tratasen de sinónimos. La frase “tener los Porsche ahí aparcados, bien; pagar las facturas, no”, todavía resuena en el asentamiento.

“Hay toda una narrativa institucional y mediática que ha conseguido criminalizar a la Cañada y eso afecta a los chavales que viven ahí. Al final cuando llegan a otros entornos, no saben si va a ser un lugar seguro, acogedor o si les van a juzgar; y eso hace que vayan a la escuela con esa percepción”, zanja López Neyra. 

Siete comunidades autónomas están este lunes bajo aviso por temporal marítimo, viento y/o polvo en suspensión, con Baleares, Catalunya y Aragón en nivel naranja -peligro importante- por rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Pirineo oscense y olas de hasta 12 metros en Mallorca y Menorca, según informa EFE.

En el prelitoral sur de Tarragona (Catalunya), bajo aviso naranja, soplarán rachas de hasta 90 kilómetros por hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además de Baleares bajo aviso naranja por fenómenos costeros, lo está el Ampurdán (Girona), en donde las olas podrán situarse en torno a los 10 metros. 

También están en aviso por temporal marítimo, aunque amarillo -con peligro bajo-, Ibiza y Formentera; asimismo se encuentran en nivel amarillo aunque por viento, Mallorca y Menorca. También en nivel amarillo se encuentra la sierra de Madrid por rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Además, la región de Murcia, por olas de hasta 3 metros en Campo de Cartagena y Mazarrón; asimismo por temporal marítimo, con aviso amarillo, se encuentra el litoral de Alicante y litoral sur de Valencia (Comunitat Valenciana), hasta las nueve de la mañana.

La Comunitat Valenciana está en alerta amarilla además por viento fuerte en Castellón, ante rachas de 70-90 kilómetros por hora. Se suma con aviso amarillo el archipiélago canario por fenómenos costeros y fuertes vientos; asimismo por polvo en suspensión en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Sábado, 15 de enero de 2022. Tras una larga tarde de congreso popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sienta a cenar en un conocido restaurante del centro de León. El local, ubicado en pleno corazón del Barrio Húmedo, ha sido cerrado para la ocasión. En la mesa se sientan alrededor de una quincena de personas. Entre ellas, el directivo de Quirón Fernando Camino y su mujer, una farmacéutica llamada Gloria Carrasco. El matrimonio es, en aquel momento, desconocido para el público en general. Pero no para Alberto González Amador, cuyo nombre llevaba ya unos meses ligado al de Díaz Ayuso. Ambos han hecho negocios con él. Y la cita, desvelada por El País, pone de relieve la conexión de todos los vértices del triángulo.

La relación de Camino y González Amador es vieja. Ambos coincidieron en la firma de reconocimientos médicos Sociedad de Prevención Fraternidad Muprespa, que luego pasaría a denominarse Fraterprevención. Y ambos se han mantenido conectados a través de Quirón Prevención SL, una de las filiales del gigante sanitario en la que acabaría disuelta La Frater. Camino, como su presidente. Y González Amador, al menos de cara al exterior, como un supuesto proveedor. Alguien externo que, no obstante, ha tenido correo corporativo, ha figurado con su contacto en la intranet de la compañía y ha llegado a presentar los servicios de la firma al otro lado del Atlántico en el marco de los negocios mantenidos con la misma.

La Comunidad de Madrid es, desde hace años, cliente de Quirón Prevención. En marzo de 2018, pocos meses después de su creación, se alzó con un primer contrato de 840.068 euros para la gestión de reconocimientos médicos después de que la única competidora que tenía fuera excluida del proceso. La orden de adjudicación fue firmada por Isabel Díaz Ayuso, entonces viceconsejera de Presidencia. Y aunque en un primer momento estaba pensado para 2018 y 2019, al final se extendió hasta 2021.

Cuando en el verano de aquel último año estaba a punto de expirar la última de las cuatro prórrogas aprobadas, el Ejecutivo madrileño resolvió el nuevo expediente de "reconocimientos médicos específicos dirigidos a empleados públicos de la Comunidad de Madrid y pruebas complementarias". Convocado para 12 meses, el concurso lo ganó de nuevo Quirón Prevención SL. Esta vez, sin competidores: a la licitación solo se presentó la filial del holding sanitario, que se quedó con los dos lotes que componían la adjudicación.

En principio, la duración de este nuevo encargo iba a ser por doce meses. No obstante, el contrato recogía la posibilidad de ir alargándolo. Y eso es lo que se ha hecho. Año tras año, el Ejecutivo regional ha ido acordando prórrogas. La última, el pasado verano. El 9 de junio, se firmó la orden para extender el "Lote B", el relativo a la realización de pruebas específicas de laboratorio, radiografías de tórax o consultas médicas a especialistas. Y cuatro días después, el 13, la prórroga del "Lote A", centrado en los reconocimientos médicos específicos. De esta manera, Quirón Prevención cobrará hasta julio de 2026 un total de 481.621 euros –11.775 euros por el primer servicio y 469.846 por el segundo–.

Los nombres de González Amador y Camino ya se habían cruzado en Latinoamérica en torno a la sociedad panameña Insumos Médicos del Pacífico, de la que Camino fue cofundador y a cuya junta directiva perteneció González Amador entre 2014 y 2022. Y en pandemia lo hicieron en torno a Mape Asesores. Se trata de la empresa gallega para la que intermedió la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a la espera de juicio por fraude fiscal, en una operación de compraventa de mascarillas que le reportó 1,97 millones de euros. Una firma en la que, de nuevo, figuraba como consejero el presidente de Quirón Prevención.

Camino no está, por el momento, investigado en la causa que persigue a González Amador en los juzgados de Plaza de Castilla. Pero sí su mujer: la farmacéutica Gloria Carrasco. La que fuera presidenta del Colegio de Farmacéuticos de León y el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid entraron en contacto, según el relato que él mismo ofrece en sus escritos judiciales, a finales de 2018 a través de Camino. Ambos firmaron un "contrato de asesoramiento continuado". Y durante los dos siguientes años, la primera ayudó al segundo en diferentes cuestiones –desde la preparación de fármacos hasta protocolos de distribución– a cambio de un módico precio.

Una relación que escala en el año más duro de la pandemia. A finales de 2020, González Amador compra a Carrasco Círculo de Belleza SL. Por dicha empresa pagó por 499.836 euros, a pesar de que facturaba muy poco, de que no tenía trabajadores ni inmuebles a su nombre y de que unos meses antes Carrasco había abonado solo 16.000 euros por hacerse con las acciones que tenían en la empresa su hermano y su marido. La Fiscalía cree que ese abono es, en realidad, una comisión encubierta al directivo de Quirón por el pelotazo de las mascarillas o por los negocios con Quirón Prevención. Pero González Amador lo niega. Y dice que el precio pagado obedecía al potencial de la sociedad. La investigación está, por el momento, a la espera de un informe solicitado hace meses a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Se trata de una pieza separada de la principal, la del fraude fiscal, que ya está a la espera de juicio y que los investigados tratan de tumbar agarrándose a la condena del ex fiscal general del Estado. Un caso que vio la luz a raíz de una investigación tributaria en la que González Amador estuvo representado por Javier Gómez Fidalgo. Se trata de un reconocido fiscalista que ejerce a escasos cinco minutos del bar en el que Camino, Carrasco y Ayuso estuvieron cenando aquel 15 de enero de 2022. Y cuyo nombre está ligado al ático en pleno centro de Madrid del que han estado disfrutando González Amador y la presidenta. Ubicado justo encima del piso que compró el primero tras el fraude fiscal, estaba a nombre de Babia Capital SL, cuyo administrador era Fidalgo. Hace unos meses, el inmueble fue adquirido definitivamente por el empresario.

Una nueva jueza de instrucción en Navalcarnero ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa que investiga a la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y 'número tres' del PP regional, Ana Millán, por unos presuntos delitos de prevaricación administrativa durante su etapa de concejal en el Ayuntamiento de la localidad de Arroyomolinos (Madrid), según informa EFE.

Según el escrito, al que ha tenido acceso EFE, la nueva magistrada de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, Plaza nº6, la jueza Marta Hernández Lafuente, ha archivado la investigación al no quedar acreditada "la existencia de indicios racionales de comisión de delito de prevaricación administrativa ni de cohecho, ni de tráfico de influencias, ni fraude contra la Administración Pública".

El dictamen llega después de que la Fiscalía solicitara el pasado 4 de marzo el sobreseimiento provisional al "no quedar debidamente acreditada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa".

Este asunto se remonta al año 2016, cuando el entonces alcalde de esta localidad, Carlos Ruipérez (Cs), denunció la relación existente entre Ana Millán y la empresa Neverland Eventos S.L en la época en que la primera ostentaba la condición de concejala del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

En concreto, denunciaba un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación a la adjudicación de unos supuestos contratos irregulares por parte de Millán a la mercantil Neverland Eventos SL, del empresario Francisco Vicente Roselló Baldó, quien a su vez había efectuado una serie de pagos a una cuenta corriente de Millán.

Unos pagos que, según lo declarado a la Agencia Tributaria por Neverland Eventos SL, se justificaban bajo el pago de alquiler de un ático, por lo que también se le imputaba por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública.

En relación a estos pagos, la jueza ha deducido que se corresponden con un contrato de alquiler con opción de compra concertado entre las partes sobre un ático sito en la Plaza Mayor de Arroyomolinos, propiedad de Millán.

La magistrada ha descartado así que la conexión temporal de estos ingresos con la etapa de concejal de la investigada indique alguna relación entre los ingresos percibidos y los contratos adjudicados por el Ayuntamiento a las empresas de Roselló y sea "indicio suficiente de la comisión de delito por los investigados".

Ha concluido que "no se infieren indicios con la solidez suficiente para atribuir la participación en la comisión de delitos constitutivos de prevaricación, de tráfico de influencias o de negociaciones o actividades prohibidas".

Lafuente ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, "puedan corresponder al perjudicado", además, ha suspendido las declaraciones testificales señaladas el día 3 de junio de 2026.

El entorno más cercano de Isabel Díaz Ayuso tiene problemas con la justicia: empezando por su pareja y acabando en su número tres en el PP de Madrid. A esa lista se le ha sumado este viernes su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado a Rodríguez —o MAR, como se le conoce en los entornos políticos y periodísticos— para que declare como investigado por haber difundido los datos personales de dos periodistas de El País que estaban trabajando en un artículo sobre el fraude fiscal por el que está procesado Alberto González Amador, la citada pareja de la presidenta madrileña. Desde el entorno del jefe de gabinete de Ayuso señalan a infoLibre que no tienen "nada que decir" sobre esta imputación.

La jueza inicia una causa que hace casi un año rechazó abrir al considerar que los hechos denunciados tenían "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad de los periodistas, un criterio del que discrepó de lleno la Audiencia Provincial de Madrid, que señaló en un auto la pertinencia de "averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado". Además de MAR, un testigo y los dos periodistas perjudicados deberán declarar en esa misma jornada del 6 de mayo. En su providencia, además, la jueza se dirige a la Policía para que identifique a los agentes que prestaron servicio el día de los hechos como escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que uno de ellos identificó a los periodistas.

MAR es el estratega clave de la presidenta madrileña, el mismo que difundió que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador —cuando era al revés— y que este fue retirado por "órdenes de arriba", lo que dio lugar al desmentido oficial de la Fiscalía General del Estado que acabó con su máximo responsable condenado. La operación política montada por el principal asesor de Ayuso culminó con éxito, aunque Rodríguez parecía tener claro desde el principio que el ex fiscal general iba a ir "pa'lante". Es el lema popularizado por la mano derecha de Ayuso y que ha utilizado de manera reiterada cada vez que las decisiones judiciales, informes y resoluciones estrechaban el cerco sobre Álvaro García Ortiz o cualquier miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Otra de las imputaciones afecta a la pareja de la presidenta madrileña y está muy relacionada con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, a quien ha adjudicado la gestión de varios hospitales, el gigante Quirón. La investigación nace de una inspección fiscal abierta a la sociedad Maxwell Cremona, cuyo titular es Alberto González Amador. En septiembre del pasado año, el juzgado de instrucción número 19 de Madrid dio por finalizada su investigación y abrió juicio oral contra él y sus socios, aunque previsiblemente no se sentarán en el banquillo ante un juez de lo Penal hasta 2027. Tras la condena al fiscal general, ha pedido su absolución porque, según su abogado, "no está afrontando un procedimiento penal justo".

La Agencia Tributaria detectó dos fraudes en el Impuesto sobre Sociedades superiores a los 120.000 euros, por lo que le denunció a la Fiscalía como presunto autor de dos delitos fiscales que podrían comportar su ingreso en prisión: la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel. La instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid está lista para ir a juicio. Según fuentes fiscales, a la pareja de Ayuso no le quedará más remedio que reconocer sus delitos –algo que ya hizo en 2024, aunque el pacto no fraguó– para lograr una rebaja de pena. La titular, Inmaculada Iglesias, acordó el procesamiento el mayo de 2025. Además de los delitos fiscales, a Amador se le imputa otro de falsedad documental al haber presentado facturas falsas durante la investigación en Hacienda.

Pero la parte más política del caso, la relacionada con Quirón, se inició a instancias de las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid. La jueza abrió una pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por camuflar una supuesta comisión de González Amador a la esposa de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario. Amador le pagó casi medio millón de euros por la sociedad Círculo de Belleza SL, supuestamente dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética pero que, en realidad, según Hacienda, no tenía inmuebles ni empleados: solo un ordenador portátil sin valor y unos aparatos de depilación. Es decir, que la pareja de la presidenta madrileña compró una firma sin valor y ahora se investiga si la operación sirvió para ocultar ese pago.

La número tres de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, está imputada desde 2022 por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y administración desleal en un juzgado de Navalcarnero. En el último congreso del PP de Madrid, celebrado en 2023, Isabel Díaz Ayuso la convirtió en su número tres. La exalcaldesa de Arroyomolinos y diputada en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, fue catapultada al cargo de vicesecretaria de Organización y Electoral del partido en el círculo más próximo a la presidenta. Llegó a ese puesto pese a la investigación que le ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Navalcarnero.

Según la instructora, en su etapa como concejala, Millán habría favorecido al empresario Francisco Vicente Roselló, al que adjudicó irregularmente contratos municipales a cambio de contratos para su hermana y su pareja, un empresario hostelero que se benefició en una unión temporal de empresas (UTE) con el presunto corruptor. Siendo concejala de Juventud en Arroyomolinos, aprobó siete contratos públicos a favor de Roselló. Se investiga si el dinero recibido por el entorno de Millán sirvió para pagar la hipoteca y la comunidad de vecinos de un inmueble de su propiedad. Durante la instrucción la jueza intentó tomar declaración como testigo al marido de Millán, pero fue imposible localizarle tras varios requerimientos. 

En total, la actual diputada madrileña recibió presuntamente del empresario beneficiado por esos contratos la cantidad de 44.462 euros. La instructora se inhibió a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que Millán está aforada, pero ese órgano le ha devuelto la causa porque considera que la investigación no está terminada. El Ministerio Público también consideraba que había que tomar declaración al marido, citado para declarar dentro de tres meses, en junio de 2026.

La mano derecha de Ayuso, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano —cuestionado internamente por la gestión del caso de acoso sexual en el PP de Móstoles—, figura de momento como testigo en una causa contra la alcaldesa del PP de Alcalá de Henares por la filtración de un documento policial. En enero de 2024, publicó en sus redes una fotografía de un parte de la policía local para relacionar un delito de agresión sexual con la llegada de migrantes procedentes de Canarias.

La principal hipótesis es que ese pantallazo se lo envió la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet. La investigación se centra en Piquet y en cómo llegó a manos del secretario general del partido ese documento que, en teoría, debía ser secreto. Serrano tendrá que declarar en los juzgados de Alcalá de Henares el 15 de abril, aunque su declaración se ha aplazado ya en tres ocasiones.

Una jueza de Madrid ha citado a declarar el 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, como querellado en la causa abierta por revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que habían sido identificados por un policía.

La titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid ha adoptado esta decisión después de que la Audiencia de Madrid le ordenase admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas de El País afectados, según una providencia a la que ha tenido acceso EFE.

La magistrada cita a Rodríguez "en su condición de denunciado y querellado", asistido de abogado, el próximo 6 de mayo a partir de las 9:00 horas, el mismo día que declararán varios testigos y los dos periodistas perjudicados.

En su providencia, además, la jueza se dirige a la Policía para que identifique a los agentes que prestaron servicio el día de los hechos como escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Uno de ellos, según la denuncia, identificó a los periodistas.

Según la denuncia que ahora debe investigar la magistrada, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

Con las citaciones acordadas, la jueza inicia una causa que hace casi un año rechazó abrir al considerar que los hechos denunciados tenían "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad de los periodistas.

Un criterio del que discrepó de lleno la Audiencia Provincial de Madrid, órgano que examina los recursos contra las decisiones de la jueza y que hace unos días revocó ese archivo de la magistrada y le ordenó investigar los hechos.

"Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos", subrayó la sección quinta de la Audiencia en el auto donde estimaba los recursos del PSOE y de los periodistas.

El tribunal estableció que la magistrada debe investigar si en la presunta divulgación de dichos datos "existió infracción penal", y le instó a practicar las diligencias pertinentes "a los efectos de la investigación de un posible delito de revelación de secretos por el querellado".

Madrid ha rendido homenaje este miércoles a las 193 víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 con la tradicional ofrenda floral en la fachada de la Real Casa de Correos, en un acto presidido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, según recoge EFE.

Díaz Ayuso y Martínez Almeida han colocado una corona de laurel bajo la placa de la fachada de la Real Casa de Correos en recuerdo de las víctimas de los atentado, junto a los presidentes de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce; la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito; y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, María Soledad Pérez.

Antes de colocar la corona de laurel en la placa que homenajea en el kilómetro cero de la capital a los 193 fallecidos y los más de 2.000 heridos, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y a todos los ciudadanos que las auxiliaron, ha sonado el tañido de las campanas del reloj de la sede del Gobierno regional durante dos minutos, al igual que en multitud de municipios de la región en señal de recuerdo.

Al acto han acudido los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, además del delegado del Gobierno, Francisco Martín. El homenaje en recuerdo de las 193 víctimas ha contado con el acompañamiento musical de la Orquesta de la Comunidad de Madrid (Ocram), tras el cual ha sonado el himno nacional.

Este es el primero de los homenajes que se sucederán este miércoles en la capital. Díaz Ayuso y Martínez Almeida también participarán en el que organiza la Asociación Víctimas del Terrorismo en el Bosque del Recuerdo del parque de El Retiro. Además, están previstos un acto y una ofrenda floral en la estación de Atocha y un homenaje en el memorial de la calle Téllez. Y, por la tarde, se celebrarán sendos actos de recuerdo en las estaciones de Cercanías de Santa Eugenia y El Pozo, que también fueron golpeadas en el atentado.

El gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de anunciar a bombo y platillo que la región ha alcanzado los 7 millones de habitantes. Exactamente 7.137.031 habitantes. Pensé que la noticia debería ser un gran disgusto para unos responsables autonómicos adscritos al PP más ultramontano, que se abonan siempre que pueden a la teoría del Gran Reemplazo, según la cual la población blanca, europea y cristiana está siendo masivamente sustituida por pueblos norteafricanos, subsaharianos, árabes, bereberes y magrebíes.

Pero lejos de lamentar este crecimiento innegable, sólo explicable a causa del aumento de la población inmigrante, lo han presentado como un logro propio que se verá superado en los próximos 15 años con otro millón más de habitantes. Eso nos permitirá alcanzar los 8 millones de personas. Así de contradictorios son estos gobernantes veleta, que se apuntan a cualquier crecimiento y desprecian cuanto ignoran.

Todo vale y ellos prefieren decir que si crecemos es gracias a unas políticas de derechas que fomentan la natalidad y facilitan muchísimo la conciliación de la vida personal y laboral. La tozuda realidad indica que crecemos sobre todo por la población inmigrante que elige Madrid para asentarse y, en menor medida, por los movimientos internos de personas que dejan otras comunidades autónomas para venir a Madrid.

Aprovecha el encargado de dar la noticia para vendernos que pelotazos urbanísticos como Madrid Nuevo Norte, la Ciudad de la Salud y hasta la Ciudad de la Justicia, la ampliación del Metro, y la promesa de 14.000 nuevas viviendas, se están poniendo en marcha para responder a esta nueva realidad poblacional. Lo dicho, todo vale, aunque sea mentira. A base de repetir una mentira puede adquirir apariencia de verdad, como bien explicó el famoso ministro nazi de la propaganda.

La realidad es que cuando comenzó la crisis del pelotazo urbanístico, allá por 2008, Madrid tenía 6,3 millones de habitantes, en 2020 alcanzó los 6,75 millones y hoy tiene 7,14 millones. Desde el inicio de la crisis, Madrid ha crecido en 800.000 personas. Está claro que todas estas personas constituyen familias que habitan en hogares en propiedad, o en alquiler.

Sin embargo, por poner ejemplos, entre 2020 y 2026 el parque de viviendas en Madrid ha crecido en torno a 100.000 viviendas. Eso sin tener en cuenta la escasez de alquileres, la compra a precio de saldo del parque de vivienda pública por parte de fondos de inversión privados, muy certeramente  denominados fondos buitre, con la complicidad de gestores municipales como la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, señora de Aznar. No en vano familiares cercanos a esos políticos terminaron trabajando para esos fondos.

Tan sólo en Madrid capital se estiman más de 15.000 pisos turísticos ilegales. De hecho, solo 1.130 tienen autorización y licencia municipal para funcionar. Todos esos pisos se detraen del alquiler y se dedican al goloso negocio del turismo clandestino.

El resultado es que en 2008 el precio medio del metro cuadrado de vivienda en la Comunidad rondaba los 2.500 euros. Que tras la crisis, ya en 2015 el precio había bajado a 2.169 euros por metro cuadrado y que en enero de este año ese precio se ha disparado a 4.585 euros por metro cuadrado. ¿Es el mercado? ¿Terminará por regularse solito y solo?

No, el mercado es mentira. La especulación es la que se contiene por sí misma sólo cuando la burbuja estalla. Y ésta burbuja también terminará estallando. Los contribuyentes tendremos que volver a cubrir con nuestros impuestos la usura de unos pocos que nunca pueden perder.

O la burbuja estalla, o la política pone coto a la usura. Es posible una política de vivienda que prohíbe compras masivas de vivienda por parte de inversores buitres. Que pone a disposición suelo y facilita la construcción de vivienda pública, social, o con protección pública. Que favorece a los promotores sociales de vivienda que no persiguen el beneficio a toda costa, sino el acceso a un derecho.

Es posible una política que protege a los pequeños propietarios de vivienda frente al miedo instaurado frente a fenómenos como la inquiokupación, o los eternos alquileres de renta antigua instaurados por el pseudosocialista Miguel Boyer, por los cuales un pequeño propietario asume la protección social del inquilino, en lugar de ser responsabilidad de la Administración.

Se pueden limitar precios abusivos de alquiler, o de venta de viviendas, claro que sí, porque, además de una propiedad, la vivienda es un bien social, un derecho constitucional, pero sobre la base de que asegurar el derecho a una vivienda es responsabilidad de las Administraciones.

Se pueden hacer muchas cosas. En países de nuestro entorno las han hecho. Podemos aprender de ellos. También nosotros en el pasado hicimos cosas que luego aparcamos y destrozamos, como construir parques de vivienda pública para luego malvenderlos a especuladores, o promover viviendas sociales en régimen cooperativo.

Pero lo que no se puede es esperar a una campaña electoral, o a un momento oportuno que requiere distracciones, para prometer miles de viviendas, que luego no se hacen, o se hacen a precio casi de mercado, como ocurre en la Comunidad de Madrid. La ciudadanía comienza a desconfiar y a dudar de tanta miseria política y de tanto miserable vividor de la política.

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

La Audiencia Provincial de Madrid ha instado a una jueza a investigar si Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, pudo incurrir en presunta revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas –sus nombres, apellidos y una foto– que habían sido identificados por un policía, según informa EFE.

La sección quinta de la Audiencia ha ordenado admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas del diario El País afectados, y ha revocado el archivo decretado por la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid hace casi un año. "Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos", subrayan los magistrados en su auto, al que ha tenido acceso EFE este martes. 

El tribunal establece que la magistrada debe investigar si en la presunta divulgación de dichos datos "existió infracción penal", de forma que le insta a practicar las diligencias pertinentes "a los efectos de la investigación de un posible delito de revelación de secretos por el querellado".

Según la denuncia, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja. El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

La resolución de la Audiencia de Madrid, que estima los recursos de apelación interpuestos por el PSOE y los periodistas afectados contra el archivo inicial de la causa, subraya que la ley establece que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben "guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones".

"Por lo tanto, los datos de los periodistas que un agente de policía recibió en un primer momento tenían un indudable carácter reservado y por ello mismo, se debe investigar si en la divulgación de los mismos existió infracción penal", enfatiza.  

Al estudiar el caso, la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid rechazo abrir una investigación en contra del criterio de la Fiscalía, que sí consideraba que los hechos denunciados "podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos".

La magistrada vio "intrascendente penalmente" la identificación de estos dos periodistas con nombre y apellido, así como su foto, y consideró que tienen "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad o esfera privada de quien ejerce su trabajo, dado que no incorpora "referencias añadidas a ámbitos íntimos, personales o confidenciales". 

Al analizar el delito de revelación de secretos, que debe ser cometido por autoridad o funcionario público sobre secretos conocidos por razón de su cargo, la jueza afirmó que la "simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales" no puede "estar comprendido en el concepto de 'secreto, dato o información reservada', pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal".

La Comunidad de Madrid ha acordado con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas incrementar hasta los 14.800 millones de euros en seis años, de 2026 a 2031, la financiación para estas instituciones, que han celebrado este "hito" asegurando que abre "una nueva etapa", informa EFE.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este martes el acuerdo con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Politécnica y Carlos III en la sede del Gobierno regional, junto a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.

El acuerdo se firma tras una reunión mantenida el lunes entre los rectores y las consejerías de Educación y de Hacienda, tras el cese en febrero del exconsejero de Educación Emilio Viciana y el fracaso de su ley de Enseñanzas Superiores y Universidades (Lesuc) que suscitó el rechazo generalizado de la comunidad educativa con protestas y huelgas masivas.

Tras la firma, Díaz Ayuso ha detallado que las universidades recibirán un total de 14.800 millones de euros en seis años, de los cuales el 83% provendrá de los presupuestos generales de la Comunidad, es decir, 12.300 millones, y el resto de los precios públicos, obtenidos por tasas o servicios prestados.

En total, se estima que las universidades públicas recibirán anualmente una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad, cifra superior a los 1.239 millones presupuestados para 2026, que los rectores consideraban "insuficiente".

Es la primera vez que las universidades públicas contarán con una propuesta de financiación plurianual "para que puedan planificar con tiempo y eficacia su propio futuro estratégico", ha destacado Díaz Ayuso.

Habrá una financiación básica para la actividad ordinaria de las universidades y una financiación por objetivos "para mejorar la calidad docente e investigadora", ha subrayado la presidenta madrileña.

El modelo se articula, además, mediante un fondo de convergencia para corregir desequilibrios; un fondo adicional para competitividad y proyectos singulares, así como una financiación específica dirigida a inversiones para acometer la modernización de infraestructuras.

En el último ejercicio (2031), las universidades contarán con 549 millones adicionales de la Comunidad y los fondos específicos recogidos en el acuerdo habrán crecido un 41% (480 millones de euros más), según las cifras facilitadas por el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, se estima que las universidades puedan tener otros ingresos propios cercanos a los 2.500 millones en los años del modelo.

Cada universidad deberá aprobar un plan estratégico a cinco años, con la participación del Consejo Social, y presentará cada año una memoria económica justificativa del destino de los fondos recibidos.

Se reforzarán los mecanismos de auditoría interna y externa y, si hay desequilibrio, la universidad afectada deberá aprobar un plan económico financiero.

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma) y rectora de la Autónoma (UAM), Amaya Mendikoetxea, ha mostrado su "enorme satisfacción" y ha calificado de "hito" el acuerdo, que abre "una nueva etapa" y el camino hacia un sistema universitario madrileño "más fuerte, más estratégico y con mayor estabilidad".

En su discurso, Mendikoetxea ha recordado cómo desde abril de 2024 los rectores habían alertado del "creciente desequilibrio entre ingresos y gastos que ponía en riesgo" la situación de los campus madrileños, atrapados en una financiación que solo "garantizaba unos mínimos sin un marco estable plurianual".

Por ello, ha agradecido a la presidenta madrileña "su sensibilidad" e "interés personal" en la consecución de una financiación "suficiente y estable", a la vez que ha reconocido la labor del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, por liderar el proceso "con cintura", y del exconsejero Emilio Viciana por haber iniciado del camino.

Igualmente ha agradecido a los demás rectores y ha añadido que el acuerdo no solo cierra una etapa sino que "abre otra, de reconocimiento explícito de una necesidad estructural que debe ser atendida en el tiempo".

Los documentos de los clústeres tecnológicos de la Comunidad de Madrid que, como reveló infoLibre, destinaron 145.200 euros de fondos públicos en 2024 al despacho del exministro del PP Rafael Catalá, muestran otro extraño movimiento de fondos: algunos de los gerentes que los dirigen han cobrado de las propias entidades que gestionan, ya sea a través de empresas de su titularidad o prestando servicios remunerados a otros clústeres del mismo programa. Todo el dinero procedía de subvenciones de la Comunidad de Madrid. 

La documentación examinada por este medio —las cuentas justificativas de las subvenciones nominativas correspondientes al ejercicio 2025 del Clúster de Transformación Digital y las del ejercicio 2024 de los cuatro clústeres— revela dos casos distintos pero análogos, en un entramado donde toda la actividad conocida se externaliza al 100% y no consta ningún mecanismo de control de incompatibilidades.

Olga Álvarez Anguita figura como gerente del Clúster de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. Su correo de contacto oficial, publicado por la propia asociación en una nota de prensa de septiembre de 2025, pertenece al dominio de Sunte Solutions SL, empresa de la que es administradora única según el Registro Mercantil.

Las cuentas justificativas de la subvención nominativa recibida en 2025 por el Clúster de Transformación Digital —el único que ha publicado las de ese año— reflejan que Sunte Solutions SL facturó aproximadamente 29.430 euros a la asociación en concepto de servicios de gestión y coordinación. Es decir, la gerente del clúster cobró de ese mismo clúster a través de su propia empresa.

Las cuentas anuales de Sunte Solutions SL depositadas en el Registro Mercantil permiten dimensionar el alcance de ese contrato. En 2023, la empresa obtuvo un beneficio neto de 147,52 euros. En 2024, el resultado mejoró hasta los 24.766 euros. Lo facturado al clúster en 2025 supera el beneficio total de la empresa en 2024 y equivale a doscientas veces el de 2023. En ambos ejercicios, Sunte Solutions no tenía ningún empleado, según sus cuentas anuales. Las cuentas de 2025 no están disponibles.

infoLibre ha contactado con Álvarez Anguita por varias vías para saber si recibe además alguna remuneración directa como gerente, si hubo proceso competitivo para adjudicar el contrato a Sunte Solutions y si considera que existe un conflicto de interés en esta situación; pero este medio, en el momento de publicar esta información, no ha recibido respuesta.

El segundo caso tiene como protagonista a Mario Carabaño, gerente del Clúster de Internet de las Cosas. Las cuentas justificativas de los cuatro clústeres correspondientes a 2024 revelan que Carabaño cobró 42.350 euros por redactar las memorias justificativas de las otras tres asociaciones del programa: 14.520 euros del Clúster de Blockchain, 13.310 del de Inteligencia Artificial y 14.520 del de Transformación Digital. Los pagos se realizaron a su nombre y con su DNI.

En total, los tres documentos elaborados por Carabaño suman 128 páginas, —muchas de ellas de sin texto—, lo que significa que cobró a razón de 330 euros por página de memoria. El Clúster de Internet de las Cosas, del que Carabaño es gerente, encargó la memoria a una empresa externa. Contactado por varias vías, Carabaño tampoco ha respondido a las preguntas remitidas de infoLibre.

Los estatutos de los clústeres —los tres que están disponibles en la sede electrónica, todos excepto el de Transformación Digital— regulan los cargos de la Junta Directiva: presidencia, vicepresidencia y secretaría; y establecen que serán no remunerados. Sin embargo, no contienen ninguna referencia a la figura del gerente ni tampoco establecen ningún régimen de incompatibilidades para ese cargo.

Además de los pagos directos a Carabaño, las cuentas de 2025 del Clúster de Transformación Digital —el que gestiona Álvarez Anguita— reflejan un pago de 16.940 euros a Business Integration Partners (BIP), empresa en la que trabaja Carabaño. 

Como ya reveló infoLibre, los cuatro clústeres carecen de estructura propia y externalizan la totalidad de su actividad conocida, según sus cuentas justificativas. La Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, titular de los convenios y subvenciones nominativas que financian a las asociaciones, no ha respondido a las preguntas remitidas por infoLibre sobre si tiene conocimiento de estos pagos y si existen o existían controles al respecto. Tampoco lo han hecho las propias asociaciones. 

Los cuatro clústeres se constituyeron el 19 de septiembre de 2022 en reuniones simultáneas de diez minutos de duración. Desde entonces, han recibido de la Comunidad de Madrid 800.000 euros en virtud de cuatro convenios en 2024 y una cantidad equivalente en subvenciones nominativas en 2025, cuyas justificaciones aún no han sido publicadas en su integridad. Para 2026, el Gobierno de Ayuso ha incluido cuatro partidas, una por asociación, en los Presupuestos Generales y ha rebajado su asignación a 100.000 euros para cada una, 400.000 euros en total.

La oposición ha reaccionado a las informaciones publicadas por infoLibre sobre estas asociaciones. Más Madrid presentó el pasado 25 de febrero una solicitud ante la Mesa de la Asamblea para que la Cámara de Cuentas fiscalice los convenios firmados por la Comunidad de Madrid con los cuatro clústeres. La diputada Marta Lozano, autora de la iniciativa, describió el término "clústeres" como "nombre rimbombante para una asociación de toda la vida" y reclamó saber "los motivos por los que parte del dinero acabó en el bolsillo de Rafael Catalá". 

El PSOE también ha registrado, a raíz de la investigación de infoLibre, varias iniciativas para que el Gobierno regional explique qué proyectos han llevado a cabo las asociaciones y qué participación tiene la Comunidad de Madrid en ellas.

Sin embargo, la actitud de los socialistas no siempre ha sido de denuncia. Meses antes de que salieran a la luz estas informaciones, durante la tramitación de los Presupuestos autonómicos para 2026, el grupo socialista presentó cuatro enmiendas al articulado de los presupuestos —G-51, G-52, G-53 y G-54— para añadir 200.000 euros adicionales a la dotación de cada clúster. De haber prosperado, cada asociación habría pasado a recibir 300.000 euros anuales —1,2 millones en total—, el triple de lo que percibirán este año. Las enmiendas no fueron admitidas.

La Comunidad de Madrid destinó 800.000 euros de fondos públicos en 2024 a cuatro asociaciones que denomina "clústeres tecnológicos" —dedicadas a impulsar la inteligencia artificial, el ‘internet de las cosas’, la transformación digital y el blockchain, respectivamente— que carecen de empleados y que destinan el 20% de la subvención a pagar a un bufete de abogados vinculado al Partido Popular.

Según la documentación de ejecución presupuestaria de los convenios correspondientes al ejercicio 2024, el despacho Carles Cuesta Abogados y Economistas facturó al menos 145.200 euros a las cuatro asociaciones de las que forma parte la Comunidad de Madrid. Estos importes se consignaron en concepto de “asistencia técnica” y se computaron como gasto indirecto. Uno de los tres socios del despacho es Rafael Catalá, ministro de Justicia entre 2014 y 2018 en los gobiernos de Mariano Rajoy. El hijo de Catalá, Ignacio Catalá Martínez, es actualmente diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

Los cuatro clústeres fueron constituidos como asociaciones sin ánimo de lucro en reuniones que tuvieron lugar el 19 de septiembre de 2022, según consta en sus respectivas actas fundacionales. Las cuatro reuniones se celebraron a las 12:00 horas del mismo día y terminaron a las 12:10 h, es decir, en sesiones de apenas diez minutos. Todas se llevaron a cabo a la vez y con la misma persona representando al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Extrañamente, aunque las fechas y horas coinciden en las actas, en algunas consta que la reunión se celebra en Tres Cantos y en otras en Las Rozas.

Aparecen como socios fundadores la propia Comunidad de Madrid —representada por el entonces consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo Torres— y la consultora Crowe Accelera Management. El tercer socio varía: Funditec Tecnológica Advantx en los clústeres de inteligencia artificial e ‘internet de las cosas’; la Asociación Consorcio Red Alastria en el de blockchain; y Antalis Consulting Services en el de transformación digital.

Al inicio, las cuatro asociaciones compartieron domicilio provisional en el número 30 de la calle Gran Vía de Madrid, concretamente en la quinta planta, donde la Comunidad de Madrid tiene parte de sus oficinas. También establecieron una cuota mensual simbólica de 100 euros por socio.

El 28 de diciembre de 2023, la Consejería de Digitalización, dirigida por Miguel López-Valverde Argüeso, firmó cuatro convenios de colaboración, uno por cada clúster, por un importe de 200.000 euros cada uno. Los convenios fueron autorizados por acuerdo del Consejo de Gobierno del 27 de diciembre de 2023.

La subvención se concedió de forma directa y sin competencia “por razones de interés público y social”. Los convenios justifican esta excepcionalidad apelando a la crisis sanitaria provocada por la covid-19, pese a que los textos se firmaron casi cuatro años después del inicio de la pandemia.

Para 2025, la fórmula de las subvenciones de la Comunidad de Madrid a los clústeres pasó de ser un convenio de colaboración a una subvención nominativa. Las justificaciones de estas subvenciones, que tuvieron que ser presentadas a la Comunidad de Madrid antes del pasado 31 de diciembre, no han sido aún publicadas en la sede electrónica de los clústeres, ni remitidas a infoLibre, que ha solicitado acceder a ellas sin recibir respuesta.

Los convenios también establecían que los gastos indirectos no podían superar el 20% del importe total de la subvención, es decir, un máximo de 40.000 euros por clúster. Estos costes se definen como los gastos generales de funcionamiento de la asociación: personal, dietas, desplazamientos, energía, alquiler, limpieza y asesoría, según la literalidad de los textos.

Sin embargo, las justificaciones de las subvenciones del ejercicio 2024 revelan que la práctica totalidad de esa partida de gastos indirectos —145.200 euros en total entre las cuatro asociaciones— se destinó a un único proveedor: el despacho Carles Cuesta Abogados y Economistas. El importe facturado a cada clúster fue idéntico: 36.300 euros, cantidad que equivale al 90% del tope máximo de gastos indirectos permitido por convenio. La facturación se produjo entre abril y diciembre de 2024, es decir, no durante todo el año, y se hizo a razón de aproximadamente 12.000 euros mensuales entre los cuatro clústeres.

Estos gastos no se corresponden con los gastos totales de los clústeres. Se trata de las justificaciones que se entregan a la Comunidad de Madrid y que se imputan a la subvención autonómica. Las cuentas generales, referentes a ingresos privados e independientes del Gobierno autonómico—si es que existieron—, no están disponibles en la sede electrónica. Al no estar registradas como asociaciones de utilidad pública, su publicación no es obligatoria.

No consta en la documentación de ejecución consultada gasto alguno en estructura ni personal propio de las asociaciones. Toda la actividad justificada ante la Comunidad de Madrid se distribuyó íntegramente entre proveedores externos: estudios encargados a firmas como Accenture, KPMG o Talent Hackers; promoción a través de Alcandora Publicidad y Merge Digital; y los citados gastos indirectos del despacho de Catalá. Incluso las memorias justificativas de las cuatro asociaciones fueron realizadas por un proveedor externo.

Rafael Catalá se incorporó a Carles Cuesta Abogados y Economistas en mayo de 2021 como primer socio externo del despacho, fundado por José Carles y Carlos Cuesta. Así lo publicó Confilegal en abril de 2021. En aquella entrevista, el propio Catalá definía la firma como un despacho especializado en “fusiones y adquisiciones, recuperaciones empresariales, refinanciaciones de deuda y derecho concursal”, al que calificó de “‘boutique muy prestigiosa”.

El perfil del bufete no guarda relación aparente con las necesidades de cuatro asociaciones dedicadas, sobre el papel, a la promoción de tecnologías. Los convenios definen los gastos indirectos como costes de “funcionamiento general” asociados a la administración del proyecto. La documentación de ejecución clasifica la facturación del despacho como “asistencia técnica”.

Los textos de los convenios excluyen expresamente de la subvención los gastos de “asesoría jurídica para la defensa civil, penal, administrativa o de otra índole”. Aunque esa exclusión se refiere específicamente a la asesoría para defensa, la pregunta sobre qué tipo exacto de servicios presta un despacho concursalista a cuatro asociaciones tecnológicas sin empleados no tiene respuesta conocida, al menos mientras el bufete no conteste a las preguntas remitidas por infoLibre.

Años antes de asumir la cartera de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2000 y 2002, Rafael Catalá fue subsecretario de Hacienda con Cristóbal Montoro al frente del ministerio. Tras su salida, entre 2005 y 2011, fue secretario y consejero de la multinacional de juego Codere, que pagó 679.000 euros a Equipo Económico, el despacho de Montoro, entre 2008 y 2012. La investigación judicial sobre el alcance de las maniobras del despacho para influir en la situación legal y fiscal de las empresas del juego está en curso y no se ha formulado acusación contra Catalá.

Su hermana, Raquel Catalá, tampoco figura como investigada en la causa, pero aparece citada en los informes del denominado caso Montoro por su papel como jefa de la delegación especial de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) en Madrid de 2012 a 2018. Según la propia Agencia Tributaria, le facilitó a uno de los imputados de la trama, entonces director de la Agencia, datos fiscales sobre los socios de Equipo Económico.

La destitución del consejero madrileño de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso el pasado lunes ha desencadenado un terremoto interno en la Puerta del Sol inédito hasta la fecha. Al cese de Viciana se le sumaron, en menos de 24 horas, la renuncia de tres diputados del PP en la Asamblea, el relevo de dos altos cargos y la dimisión de Antonio Castillo Algarra, considerado el 'gurú' de Ayuso en materia de educación, que había ganado influencia en la trastienda del Ejecutivo madrileño aunque no tenía despacho alguno en Sol. Su sede eran los Teatros del Canal, donde hasta este miércoles dirigía un organismo que el Gobierno de Ayuso había creado para él: el Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

Al bautizado como "Rasputín de Ayuso", según un reportaje del diario El País publicado en noviembre, se le atribuyen las decisiones de calado de la Consejería de Educación liderada por Viciana. Nada se movía sin que él lo supiera, aseguran fuentes del PP madrileño. En el entorno de Ayuso, sin embargo, sostienen que "desconocen" cuántas "ideas" del departamento provenían de Algarra, como se le conoce en los círculos madrileños, y niegan que mantuviera un "enfrentamiento" con el jefe de gabinete de la presidenta y asesor de cabecera, Miguel Ángel Rodríguez. Es más, estas fuentes sostienen que "nunca" han hablado en persona y atribuyen las críticas de Algarra a un intento de "llamar la atención" de los medios de comunicación tras su salida.

Algarra, según ha expresado él mismo en redes sociales, considera que detrás de la campaña en su contra se esconde Rodríguez. "Señores: ¿no les da vergüenza publicar simplezas al dictado de Miguel Ángel Rodríguez?", escribió el dramaturgo en respuesta a un post de The Objective, en el que se le criticaba. "Me temo que esto es un gazpacho de dictados de intereses oscuros (o ruidosos). Para empezar, no hay tal destitución. Y la gestión ha sido la mejor y más profunda en lustros", comentaba en otra noticia de El Mundo. También le dedicaba críticas al director del ABC, Julián Quirós: "Su periódico se ha dejado manipular o comprar por Miguel Ángel Rodríguez, porque el consejero Viciana y sus colaboradores no han sido destituidos, sino que avisaron de que dimitirían por coherencia; a traición, les han montado una campaña de las de 'Polonia invade Alemania', falaz, indigna e innecesaria", señalaba en X.

Lo cierto es que Rodríguez —o MAR, como se le conoce en el entorno político y mediático— es el conocido como "gran gurú" de la presidenta madrileña, que lo ha protegido contra todo y todos. A MAR le gusta mover los hilos y domina al detalle la comunicación política. Sus mensajes sencillos y efectistas le han convertido en el jefe de gabinete más famoso de la política española, con permiso de José Manuel Cuenca —exjefe de gabinete de Carlos Mazón—. Un trabajo que sus homólogos, tanto en el Partido Popular como en otras formaciones políticas, desempeñan con discreción ya que suele ser el político el que acapara las miradas. Pero él ha hecho de su estilo confrontativo un campo de batalla con el objetivo de copar la agenda mediática, como habitualmente consigue.

Y no está solo en esa tarea. Le acompañan nombres como Francisco García Diego, jefe de gabinete adjunto, que siempre ha estado vinculado a MAR en su trayectoria dentro del PP. Fue jefe de prensa y director de la Oficina de Información del Partido Popular, secretario general de Información en la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno de España y director de Comunicación en la Puerta del Sol. Su nombre se vio salpicado por la trama Gürtel al recibir un regalo de un viaje a Nueva York. García Diego se incorporó al Gobierno de Ayuso en marzo de 2020, días antes de que se declarara el estado de alarma por la pandemia, y desde entonces ha ocupado varias carteras. Ahora es la 'sombra' de la 'sombra' de la presidenta madrileña.

A ambos se les suma José Luis Carreras López, que es el jefe de Prensa de la Presidencia. Carreras acompaña a la presidenta madrileña allá donde va y es el encargado de gestionar la relación con medios. Procedente de FAES y con una larga trayectoria vinculada a Madrid, Carreras ya ejerció como jefe de prensa de Ayuso en la campaña electoral que terminó llevándola a la presidencia de la Comunidad. Desde 2020 es su lugarteniente ante los medios de comunicación. En un plano más institucional se encuentran Cristina Gil Tolmo, la directora general de Medios, y Carmen Carmona como responsable de Medios, Comunicación y Gabinete.

Este equipo asesor ha tenido que competir con el peso de Algarra en esta legislatura, al que se le atribuye el borrador de la polémica ley de educación superior (Lesuc), aunque en Sol evitan confirmarlo. También es conocida su animadversión por el modelo educativo bilingüe vigente en las escuelas de la comunidad (e impulsado en la época de Esperanza Aguirre), lo que llevó al hasta ahora consejero a anunciar que las asignaturas de Ciencias Sociales en Primaria, Historia, Geografía en Secundaria e Historia del Mundo Contemporáneo en Bachillerato se cursarían en castellano. Unos movimientos que el ala dura y la vieja guardia del PP no veían con buenos ojos.

El dramaturgo tenía su propia compañía, For the fun of it, que en el año 2022 recibió subvenciones que ascienden a 37.500 euros por parte de la Administración madrileña, según ha podido comprobar infoLibre: 24.500 euros por parte del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida y 13.000 por parte del Ejecutivo de Díaz Ayuso, cuya relación con la presidenta madrileña se remonta a antes de que accediera al cargo en 2019. Una compañía de la que formaron parte dos de los tres diputados ahora dimitidos –como Pablo Posse y Mónica Lavín– así como los dos altos cargos de la consejería mentados, además del ya exconsejero Viciana, según El País.

La dimisión de estos tres diputados, conocidos en la Asamblea de Madrid como "Los Pocholos" por su estética joven y su inexperiencia política, es un movimiento muy poco frecuente a mitad de legislatura, que no pocos en el PP madrileño interpretan como un desafío. La presidenta madrileña los fichó para las elecciones de 2023 como la "nueva generación" del PP pero sin el peaje de provenir de las juventudes del partido, sino como perfiles más profesionales. Esta circunstancia, sin embargo, no era del agrado de la vieja guardia del PP de Madrid, curtida en los años del 'aguirrismo', que defienden que hay que apostar por "gente del partido". Ahora se reafirman.

La explicación que ofrecen desde el círculo más cercano de la presidenta a la dimisión en cascada del pasado martes es que dan ese paso por "lealtad" a Viciana y, sobre todo, a Algarra, pero también como señal de protesta por lo que consideran una "enmienda" a sus planteamientos en Educación. "Eran un pack, casi una secta", afirman fuentes del PP madrileño. Desde Sol buscan pasar página de lo ocurrido y este jueves ya han jurado el cargo sus sustitutos, pero la oposición cree que hay algo más.

En la sesión de control al Gobierno madrileño, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, advirtió a Ayuso de que las bases del PP "le están perdiendo el miedo" a su presidenta y se están rebelando, como se ha demostrado con la cascada de dimisiones tras el cese de Viciana. "No hay ayusada que tape la guerra de clanes que se le ha abierto con el cese de Viciana. Se ha quedado sola usted con los de siempre, con su búnker: con el acosador de Móstoles —en referencia al alcalde de la ciudad tras la denuncia de una exconcejala— con la corrupta de Ana Millán y con el infame de [Alfonso] Serrano —que, según la concejala, habrían tratado de encubrir el caso al pedir que no denunciara—, con lo mejor de cada casa", le acompañó la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

Según Bergerot, Viciana no ha sido cesado por el encallamiento de la ley de universidades que ha provocado un profundo malestar en los rectores universitarios o por su "incompetencia", sino por "denunciar el troceamiento de contratos en la consejería de Educación" en el caso FP, que cerca a altos cargos del Gobierno regional. En palabras de la portavoz de Más Madrid, con su cese se ha demostrado que "la única línea roja que no se puede cruzar en el PP" es "denunciar la corrupción del entorno de Ayuso". La presidenta madrileña, por su parte, evitó ir al choque con su ya exconsejero y lo definió como "un funcionario honrado".

El futuro de las universidades públicas madrileñas tras años de "infrafinanciación" por la Comunidad sigue pendiente de concretarse tras aparcar el Gobierno regional su polémico proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), rechazado por los rectores y la comunidad educativa y que marcó la gestión del ya exconsejero del ramo, Emilio Viciana.

El Gobierno madrileño ha renunciado a seguir adelante con la tramitación de la ley y se ha fijado como prioridad pactar con las universidades un nuevo modelo de financiación plurianual, uno de los principales escollos en la negociación con los rectores de la Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Carlos III y Politécnica.

El cese de Viciana por Isabel Díaz Ayuso ha desencadenado su primera crisis de gobierno, con la dimisión de tres diputados y dos directores generales, y estuvo motivado por la falta de avances en la negociación con los rectores y el rechazo de la comunidad universitaria que convocó dos días de huelga en noviembre pasado, con un 70% de seguimiento y una marcha de más de 6.500 manifestantes contra la Lesuc.

La crisis en la Consejería de Educación ha marcado este jueves el pleno de la Asamblea de Madrid, donde la presidenta replicó a las críticas de la oposición: "Si iba tan mal la Educación y doy un cambio en la Consejería, ¿entonces también está mal? Aclárese un poco, sea coherente", ha dicho Ayuso en el hemiciclo, donde ha defendido a Viciana, "un funcionario honrado" rodeado de personas cualificadas.

El cese de Viciana se produjo dos días después de que la Coordinadora Interuniversitaria de las plataformas 'Por la Pública' aprobara en asamblea "acciones de baja, media y alta intensidad", incluida una nueva huelga si la tramitación de la Lesuc seguía adelante.

"Es una gran victoria del movimiento Por la Pública", han celebrado desde las plataformas, que advierten a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que "no descartan convocar una huelga si persiste la infrafinanciación" de las universidades.

Además, la Coordinadora ha solicitado por escrito reunirse con los rectores de la Conferencia de rectores de Universidades madrileñas (CRUMA) para exponerles la postura de la comunidad educativa y pedirles firmeza en la negociación del nuevo modelo de financiación.

El objetivo es mantener las universidades "en primera línea del debate social para concienciar a la población de que la situación de las universidades madrileñas es insostenible", con una financiación autonómica 20 puntos por debajo de la media nacional.

El "estrangulamiento" obligó a la Complutense a pedir un crédito de 34,5 millones a la Comunidad, con intereses de 900.000 euros anuales, y aprobar un Plan Económico-Financiero que recorta un 35% el gasto de sus facultades durante tres años, mientras la URJC afronta un déficit de 45 millones.

Docentes de Derecho de las plataformas han hecho un "informe sobre las inconstitucionalidades" de la Lesuc, que además de vulnerar derechos constitucionales como la autonomía universitaria y las libertades de expresión y reunión, buscaba una "privatización gradual encubierta", una "instrumentación invasiva" de los Consejos Sociales e incluía "penalizaciones por realizar actividades críticas", entre otros.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una primera resolución contraria a la creación de una macrocausa judicial que agrupe todas las denuncias del conocido como caso residencias, según recoge EFE.

La Sección número 16 de este tribunal ha avalado por completo la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, que rechazó con anterioridad asumir y acumular las diligencias de otros órganos judiciales.

En el conflicto se enfrentaban el Juzgado de Instrucción número 5 con el número 3. El primero pretendía inhibirse a favor del segundo bajo la premisa de que ambas causas investigan los mismos delitos contra los mismos altos cargos políticos y sanitarios. Sin embargo, el tribunal ha desestimado esta pretensión y ha declarado la competencia del Juzgado número 5 para el conocimiento en exclusiva de sus propias diligencias previas.

La resolución judicial subraya que fue la propia Fiscalía de Madrid la que optó por efectuar un desglose de las actuaciones penales para cada uno de los ancianos fallecidos, tras recibir una denuncia colectiva impulsada por familiares de personas afectadas.

La Audiencia defiende la necesidad de analizar cada supuesto de forma separada en atención a las circunstancias personales de cada víctima y a las características de cada residencia de mayores donde ocurrieron los decesos a causa del covid.

En su argumentación, el tribunal madrileño cita las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo sobre esta materia e insiste en la necesidad de analizar las circunstancias concurrentes en cada caso y "evitar imputaciones objetivas, globales o conjuntas que resultan contrarias al principio de culpabilidad que reside en el ámbito penal".

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3, María Isabel Durántez Gil, firmó el 27 de agosto de 2025 el auto originario que frenó esta acumulación masiva. Tres magistrados se han opuesto a que una sola jueza asuma toda la investigación, pero aún falta que otra sección ofrezca una respuesta a la solicitud de las familias, la Fiscalía y uno de los imputados, Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo de los Protocolos de la Vergüenza desvelados por infoLibre, para concentrar el caso en un solo juzgado.

Le ruego me disculpe el atrevimiento de dirigirme a usted, así, sin avisar. De repente y sin darle tiempo a prepararse. Es posible que jamás lea usted esto que le quiero decir, y no me importa demasiado. Lo dejo escrito por si acaso usted se animase un día a leerlo. Soy mayor y a estas alturas de la vida ya hay cosas que no me importan demasiado. 

Pero ojo: mayor sí, pero tonto no. ¿Le suena esto, verdad?

Quería decirle que no es usted una buena persona. Así, sin rodeos. Y lo digo porque le he escuchado a usted decir que es la presidenta de la Comunidad más libre del mundo. Que, además, es la casa de todos los españoles. Y si estoy en mi casa: quiero opinar.

Casualidades del calendario: casi al mismo tiempo que se aprobó la Constitución del 78 en el Congreso, nació usted. Igual estamos equivocados, igual la democracia llegó gracias a su nacimiento. Usted decidió regalarnos la libertad y posiblemente lo que teníamos entonces era un borrador de país.

Yo no estoy dispuesto a darle las gracias por traernos la democracia.

Según usted, vivimos bajo una dictadura. Una dictadura extraña, con elecciones, prensa libre, manifestaciones y tertulianos gritándose cada noche, pero dictadura al fin y al cabo, porque lo dice usted desde un atril con logo institucional.

Una dictadura donde se puede llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno, sin que pase nada. Usted no sabe lo que es una dictadura. A usted le entregan cuatro líneas escritas y luego las repite como un papagayo. Cuando murió el dictador, usted no estaba seguramente en el imaginario de este mundo.

Nada más que comienza usted a hablar, se ve claramente que tiene muy poco sentimiento, muy poca empatía y que no es compasiva ni sensible. Sin embargo, le sobra indiferencia y chulería. Pero eso sí, depende con quién.

Da usted lástima porque es muy manipuladora. Se aprovecha de cualquier víctima que le venga bien para intentar obtener réditos políticos. Lo hace muy menudo con las víctimas de ETA, y lo ha hecho recientemente con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Y le voy a poner algunos ejemplos más, que apoyan lo que digo:

La plataforma llamada 7291 Verdad y Justicia para las víctimas en residencias está formada por familiares y personas afectadas que reclaman verdad, justicia y reparación por las muertes de sus familiares y por la gestión de los "protocolos de la vergüenza" durante la pandemia. Usted ha tenido la cara dura de llamarles "plataforma de frustrados". Describir de esta forma tan despectiva a la asociación de familiares de las 7.291 personas fallecidas en residencias sin atención hospitalaria, debería de acabar con su carrera política. Al fin y al cabo, lo que estas víctimas pretenden es saber por qué murieron sus familiares de aquella forma, solos y abandonados.

Estas víctimas, parece que no le vienen bien.

Con el genocidio de Gaza, no le he escuchado la más mínima palabra a favor de las niñas, niños, mujeres y hombres de Palestina asesinados por Israel. 

¡Asesinados, sí, señora!

Usted ha dado a Israel un apoyo incondicional, sin grietas, como lo hace la ultraderecha de todo el mundo. Me extraña (tiene que haber intereses económicos importantes para su Comunidad), que a una mujer que ha intentado ser madre no se le haya escapado una lagrimilla por todas las niñas y niños víctimas de este horror, no lo puedo entender.

¿Qué me dice usted de un tal González Amador?

Este debe de ser un señor al que parece que van a juzgar por un delito de fraude a Hacienda (ya están tardando, por cierto) y por otro de corrupción en los negocios. Sus enredos con Quirón le han hecho millonario y a pesar de que según me dicen duerme con usted en un piso de lujo, el muy listillo ha intentado defraudar a todos los madrileños. Y usted, que tiene que velar por el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos y dar ejemplo, no ha sido capaz de reprochárselo. Me parece que es usted un poco cínica.

Después de lo que ha ocurrido con el escándalo de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón, alargando listas de espera y seleccionando pacientes en función de la rentabilidad que dejan, o reutilizando material médico de "un solo uso" para ahorrar dinero. 

Con los miles de millones que le ha dado a Quirón en estos años (se dice que han sido más de 5.000), y que son millones que se podían haber invertido en la Sanidad Pública: ¿Sigue usted pensando que la sanidad madrileña es la mejor del mundo?

¿Qué me dice usted del alcalde de Móstoles, un tal Manuel Bautista?

Seguramente para sus amigos es una buena persona y posiblemente muchos vecinos pensarán que ella, la denunciante, es la culpable de todo. Aparece la mujer despechada y todo esto se parece a lo que ocurrió también hace muchos años en Ponferrada. Usted ha hecho una defensa que huele a manual viejo: minimizar y relativizar el acoso. Cerrar filas y convertir todo en un “malentendido”. Lo que ha hecho usted es defender al compañero, como manda el catecismo del partido. El acoso pasa a ser “polémica”, la víctima se vuelve “ruido” y el acusado, pobrecito, "un daño colateral". Primero se salva al colega, luego, si sobra tiempo, ya hablamos de las mujeres. Ahora, eso sí: con las presuntas víctimas de un tal Salazar le falto a usted tiempo para pedir todas las dimisiones posibles.

Y para finalizar, tengo que completar esta carta con una noticia que me ha dejado descolocado (esto no estaba previsto). Después de reconocer a Israel a pesar del genocidio contra Palestina y también a Milei y su motosierra, se ha descolgado usted dándole otra medalla a Estados Unidos, país al que llama "faro del mundo libre". Ya lo siento, señora mía, no sé a quién pretende engañar. Sus actitudes huelen a fascismo descarnado y sin complejos. 

Podría seguir, porque usted no da tregua. No voy a hablar de Julio Iglesias, ni del hermano Tomás, tampoco de Madrid Network, del Hospital Zendal, ni de Avalmadrid. La carta sería interminable y me tengo que marchar. 

Me despido, señora Isabel Díaz Ayuso, deseándole una larga carrera… lejos del Servicio Público. Que la vida le regale muchos micrófonos privados y que los pueda disfrutar. Y me gustaría que algún día descubra que gobernar no es señalar, sino cuidar de los gobernados. Darles una sanidad y una educación gratuitas y de mucha calidad. Unas pensiones dignas y reconocerles el derecho a la vivienda.

Por mi parte, mientras tanto, seguiré esperando que España tenga memoria, y que ni usted ni el Partido Popular vuelvan a confundir mayoría con impunidad. Me da miedo pensar lo que podría ocurrir si ustedes llegaran a gobernar.

Atentamente,

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

El número de nacimientos en 2025 creció por primera vez en una década aunque apenas un 1%, hubo 321.164, y van acompañados de un retraso de la edad de maternidad; mientras que las defunciones aumentaron el 2,5%, por lo que el crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) sigue en negativo, según informa EFE.

Son datos de la Estadística publicada este miércoles por el INE de la estimación mensual de nacimientos y defunciones al cierre de 2025, por lo que advierte de que son provisionales y se podrían revisar en los próximos meses.

Respecto a las defunciones, se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior. El crecimiento vegetativo presentó un saldo negativo de 122.167 personas. Por meses, hubo más nacimientos en octubre y septiembre, mientras que nacieron menos niños en febrero y junio. Respecto a las muertes, se registraron más en enero y diciembre, mientras que fue septiembre el mes con menos fallecimientos.

Aunque en la última década el número de nacimientos ha sufrido una tendencia a la baja, en 2025 ha experimentado un ligero ascenso, son 3.159 más, rompiendo así la tendencia de la última década, aunque incide en que los datos son provisionales. Así, los nacimientos han ido registrando descensos año a año desde los 420.290 en 2015, hasta 318.005 en 2024 y comienza el ligero aumento en 2025 con 321.164 bebés.

Respecto al retraso en la edad de maternidad, mientras que en 2015 el 7,8% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2025 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4%, en términos relativos. En octubre (28.711) y septiembre (28.256) hubo más nacimientos, mientras que los meses con menos fueron febrero (24.316) y junio (25.804).

Durante 2025 se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior (10.864 personas).

Los mayores porcentajes de descensos de fallecidos fueron entre los menores de 0 a 4 años (el 8,2% menos que en 2024), y es incluso mayor la reducción en el caso de los varones de esa franja (el 12,9%). En cambio, aumentaron en mayor medida las muertes entre las personas de 80 a 84 años (el 6%) y el mayor aumento de la tabla se observó en los varones de 5 a 29 años (6,6 %). 

El saldo vegetativo de la población (la diferencia entre nacimientos y defunciones de residentes ocurridos en España) fue negativo en 122.167 personas, según los datos provisionales del año 2025. 

Los mayores incrementos en el número de nacimientos se registraron en la Comunidad de Madrid (3,3%) y País Vasco (3%); los mayores descensos en las ciudades autónomas de Melilla (10,1%) y Ceuta (6,6%), y Baleares (2,6%).

En cuanto a las defunciones, los mayores aumentos respecto a 2024 se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (16,5%) y Melilla (15,2%), y Canarias (5,9%). El mayor descenso se registró en La Rioja (3,7%).

El crecimiento vegetativo fue negativo en 2025 en todas las comunidades, excepto en la Comunidad de Madrid (que tuvo un saldo positivo de 2.134 personas), Región de Murcia (509) y las ciudades autónomas de Melilla (215) y Ceuta (32). Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (19.894), Castilla y León (16.318) y Andalucía (15.509).

Un terremoto interno ha sacudido la Asamblea de Madrid este martes tras la dimisión de tres de portavoces del PP: el de Educación, Pablo Posse, la de Política Social, Mónica Lavín, y la encargada de Juventud, Carlota Pasarón. Renuncias a las que se suma la salida de dos altos cargos, la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda; y el de Universidades, Nicolás Javier Casas Calvo. Un grupo conocido como "Los Pocholos", según señalan fuentes del PP, que no esconden su sorpresa por esta dimisión en cascada, en una organización en la que no se suelen airear las discrepancias internas y que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, creía tener controlada de principio a fin.

"Eran buenos parlamentarios y jóvenes", afirma un diputado del PP madrileño en conversación con infoLibre, que achaca este movimiento al cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, por parte de la presidenta madrileña. "Los que se han ido son los amigos. Vinieron juntos y se van juntos", prosigue la citada fuente, que asegura que eran "un pack". Ayuso destituyó a Viciana este lunes por por su incapacidad de consensuar con los rectores universitarios el nuevo modelo de financiación, un proyecto que la baronesa del PP quería enarbolar como un logro de gestión pero que veía cómo se encallaba semana tras semana.

Este tipo de dimisiones son del todo inhabituales en un PP que cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea y que presume de "cohesión" interna, aunque lo cierto es que se compone de varias familias. Entre ellas, el núcleo duro de Ayuso, encabezado por Serrano y el portavoz parlamentario, Carlos Díaz-Pache; la vieja guardia, compuesta por diputados de la época de Esperanza Aguirre y de Alberto Ruiz-Gallardón; los afines a Génova; y los rebotados de Ciudadanos, como Sergio Bravezo y Marta Marbán. Los tres diputados dimitidos formaban parte de las "jóvenes promesas" del partido que, sin embargo, ya no lo serán a tenor de lo ocurrido.

A pocos les sorprendió el cese del consejero Viciana porque las discrepancias se remontan a tiempo atrás, según explican fuentes del PP, prácticamente a los meses posteriores a su nombramiento. Primero con la demora en la resolución de las becas comedor y, después, por el fallo informático que bloqueó el envío de profesores sustitutos a los centros con bajas. La oposición llevaba tiempo reclamando su salida públicamente, al igual que los rectores universitarios, que habían pedido formalmente a Ayuso que lo fulminara de su Ejecutivo, según contó El País. "Era el más flojo del Gobierno", conceden las voces conservadoras consultadas.

¿Y cómo encajan ahí las dimisiones de los tres diputados y los dos altos cargos? La explicación que dan desde el PP madrileño es su "obediencia" al ya cesado consejero. "Entraron juntos en las listas y supongo que alguien les ha recordado que estaban ahí por él", señalan. Y añaden: "Quizás consideren que han de ser más leales a él que al proyecto al que se embarcaron cuando aceptaron ir en las listas". Al mismo tiempo rechazan que este movimiento esté relacionado con el caso de acoso sexual que afecta al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y que ha salpicado también a los lugartenientes de Ayuso, Alfonso Serrano y Ana Millán.

Otras fuentes, sin embargo, sí que consideran que "hay mucha gente que le tiene ganas" a Serrano y que Posse estaba empezando a "relacionarse" muy bien dentro de la estructura del PP de Madrid. "Vamos a ver quién hay detrás de este movimiento en bloque y qué busca", señalan, aunque le auguran "poco recorrido". En el PP confían en que el impacto de estas dimisiones "se acabe diluyendo" con los nuevos nombramientos y anticipan que, como mucho, los tres diputados "pueden acabar en Vox".

Los conservadores madrileños admiten que cualquier movimiento interno para "dar la batalla" acabaría sofocado por el poder interno que acumula Ayuso, que sigue manteniendo la confianza tanto en Serrano como en Millán pese al supuesto encubrimiento cuando la concejala de Móstoles denunció el acoso sexual de Manuel Bautista. Ahora, la exedil ha presentado una querella contra él en los juzgados de la localidad madrileña y también contra el Partido Popular como persona jurídica. Los delitos que les atribuye son acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Al consejero de Educación y Universidades lo reemplaza Mercedes Zarzalejo, la misma que recibió el encargo de Ayuso de investigar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por el supuesto trato de favor recibido en su relación laboral con la Universidad Complutense (UCM). "Mercedes será mejor consejera seguro. Y ella sí que es de partido", analizan en el PP madrileño, donde confían en que Zarzalejo "salga a la ofensiva" en un Ejecutivo que se ha caracterizado por dejar todo el protagonismo a la presidenta madrileña. Ella misma lo diseñó con ese objetivo, con la idea de que sería el PP el que estaría en La Moncloa esta legislatura.

La oposición, por su parte, ha visto en esta crisis de Gobierno la oportunidad de poner en evidencia las costuras del PP madrileño y la constitución de un proyecto educativo fracasado, con las universidades en pie de guerra. "No consigue doblegar a los rectores con su sectaria Ley de Universidades y ahora se suceden los ceses y dimisiones en su gobierno. El PP de Ayuso se desmorona", escribió en su cuenta de X el ministro y también secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, también considera que con las dimisiones "caen los ejecutores de la política educativa de Ayuso ante el fracaso de Ayuso en universidades y en todos los ámbitos de la educación pública madrileña". "Es el reconocimiento de la debilidad del PP madrileño y la falta de resultados. Lo que debe cambiar ahora son las políticas", señaló.