A Ricardo Currás, consejero delegado de la cadena de supermercados DIA, le gusta repetir que los franquiciados son “los mejores embajadores” de su marca. En la publicidad que dirige a quienes oferta sus tiendas cita los cinco valores de la empresa: “Eficacia, iniciativa, respeto, equipo y cliente”. Hay cientos de franquiciados en todo el mundo, sin embargo, cuya experiencia con la cadena de supermercados no puede estar más alejada de la eficacia y el respeto. Una treintena de ellos han presentado en España querellas por estafa y falsedad documental, algunos también por apropiación indebida, coacciones y amenazas e incluso delito informático. Son antiguos asociados de Barcelona, Girona, Vizcaya, Villarreal (Castellón), Madrid, Logroño… A los que se añaden otros 164 en Argentina, donde han denunciado a DIA ante el Juzgado Nacional en lo Criminal número 32 de Buenos Aires por una “maniobra defraudatoria a gran escala”.

También en Portugal, Brasil y Francia antiguos asociados de la cadena han recurrido a los tribunales por lo que consideran “cláusulas abusivas” y por obligarles a vender a pérdida, entre otras prácticas ilegales. La cadena, uno de los mayores franquiciadores del mundo, cuenta con 7.583 tiendas, 876 más que hace un año tras adquirir 570 al Grupo Eroski y El Árbol. De ellas, 5.880 llevan la marca DIA. Casi el 60% son franquicias. En los últimos 12 meses, destaca el último informe trimestre remitido por la multinacional a la CNMV, el número de tiendas con este formato ha crecido un 16%: 568 más desde septiembre de 2014.

“Entre tantas tiendas puede haber alguna disconformidad puntual, pero el nivel de litigiosidad es bajísimo”, responde un portavoz de DIA. Según explica, la cadena respeta “la legalidad vigente”, su “transparencia” es total como empresa que cotiza en Bolsa y pertenece al Íbex 35 y siempre ha colaborado con las autoridades cuando se le ha requerido información sobre sus prácticas de franquicia. Las denuncias contra DIA han llegado tanto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como a la Comisión Europea. Bruselas remitió a los afectados españoles y portugueses a sus respectivas autoridades de competencia, y éstas, a su vez, a los juzgados de lo Mercantil.

Cuentas de explotación falsas

Las prácticas que denuncian los franquiciados en los cinco países donde opera –los ya citados más China– son idénticas. En España DIA propone a sus propios empleados hacerse cargo como franquiciados de un supermercado que la cadena hasta ese momento ha explotado directamente. “Vamos a cerrarlo, te despedimos y con la indemnización nos pagas el canon o el alquiler del local”, suele ser la oferta según relatan los perjudicados. Aunque entre los denunciantes también hay trabajadores despedidos de cualquiera de los sectores perjudicados por la crisis que han capitalizado la prestación por desempleo para abrir su propio negocio. O muchos particulares que han invertido sus ahorros e hipotecados sus casas para convertirse en “emprendedores” abriendo una franquicia.

En las querellas a las que ha tenido acceso infoLibre, los denunciantes aseguran que, para empezar, la cuenta de explotación que les enseñan los responsables de DIA es falsa. Forma parte de la información precontractual que el franquiciador está obligado por ley a entregar a sus futuros asociados y, según la ley, debería estar basada en datos reales. Además, les promete un margen del 13% que nunca llega a alcanzarse. El contrato que se les facilita es un “contrato tipo, sin cantidades ni fechas”, un documento cerrado cuyos términos no pueden negociar y que a algunos les apremiaron a firmar “en un bar o en una cafetería”. Para asesorarles, hubo a quien le impusieron una determinada gestoría, denuncian.

A fin de hacerse con la tienda, los que DIA llama “operadores locales” deben abonar un canon de entrada de 12.000 euros y suscribir un aval de 25.000 euros por la infraestructura y otro de 80.000 euros por la mercancía. Una inversión cuantiosa, por tanto. Después, los franquiciados carecen de control sobre los pedidos que hacen a DIA, que vienen impuestos por sus inspectores y la cadena les cobra de forma inmediata. “En el primer llenado de la tienda, que coincide con tu día de apertura, los camiones llegan y descargan la mercancía, y no te dejan comprobar el pedido”, explican los denunciantes. Más adelante, cuando el supermercado cierra por culpa de las pérdidas, los franquiciados descubren que el inventario no se corresponde con la realidad y que siempre deben dinero a DIA, decenas de miles de euros, por mercancía que no sabían que tenían.

Los problemas de gestión comienzan pronto. DIA fija los precios, lo que es ilegal. Los numerosos cupones descuento acumulables que la cadena distribuye a sus clientes, las ofertas “pague dos, llévese tres”, los “superprecios”… obligan a los franquiciados a vender a pérdida. Ellos adquieren a la empresa la mercancía a un precio determinado, pero la tienda termina vendiéndola al cliente que acude con sus múltiples cupones a un precio muy inferior. E, incumpliendo su propio manual de franquicias, la cadena no les reembolsa los descuentos a los asociados, que deben asumir la pérdida. Las campañas de Navidad, por ejemplo, se convierten en una pesadilla: panetones y roscones de reyes servidos en una cantidad que no les han dejado controlar terminan a precios de saldo en las estanterías en apenas unos días.

Duplican las ventas pero no hay beneficios

Los franquiciados con que ha hablado este periódico explican que llegaron a duplicar la facturación del supermercado respecto a las ventas de la tienda cuando era gestionada directamente por la cadena. Pero los 6.000 euros mensuales de beneficio que les prometió DIA no aparecían por ninguna parte. “Por el contrario, cuanto más vendes, más pierdes”, resumen.

Según las querellas, los inspectores de DIA conminan entonces a los franquiciados, alarmados por la falta de resultados, a invertir más dinero para seguir haciendo pedidos. Y no dudan en instarles a solicitar nuevos créditos, a no pagar a los empleados o incluso a despedirlos. “Los clientes de las tiendas asociadas de DIA no son los consumidores, sino los franquiciados”, denuncian, “los financiamos nosotros”. En apenas uno o dos años terminan arruinados, la cadena les ejecuta los avales y les reclama miles de euros por unas mercancías que, a veces, ni siquiera han estado en sus tiendas.

Pero el supermercado no cierra. Le sucede otro franquiciado o DIA lo recupera como tienda propia.

El portavoz de la cadena no ha querido contestar en detalle a este catálogo de prácticas, que no es exhaustivo. Según los querellantes, DIA impone condiciones distintas a sus tiendas propias y a las franquiciadas. A éstas les sirve productos a punto de caducar o deteriorados, por ejemplo. Si un franquiciado protesta por la situación, se le reduce el margen sin que él lo sepa. En los albaranes de la mercancía se les incluye el pago de la luz, una tarifa plana que el asociado abona aunque la factura está a nombre de la empresa. Al menos en un caso, el franquiciado pagaba el alquiler del local cada mes, por importe de un 0,5% de las ventas, con una parte de su indemnización por despido como encargado de una tienda propia de DIA. Ahora Hacienda le reclama el IRPF por una cantidad que, en realidad, jamás cobró.

Del autoempleo a la ruina

La franquicia es un sistema de venta inventado en Estados Unidos y que explotó en España a partir de los años 90. Mediante un contrato mercantil, una empresa, el franquiciador, cede a otra o a un autónomo el derecho a explotar su modelo de negocio, utilizando su marca bajo una serie de condiciones y a cambio de una contraprestación económica. Es un buen sistema para que las empresas crezcan de forma rápida minimizando riesgos y costes. En teoría, si el franquiciado gana, el franquiciador también. Si no es así, se produce un abuso.

La crisis económica y el aumento del paro han empujado a muchos al autoempleo. Incluso el Gobierno ha puesto mucho empeño y recursos en fomentar el “emprendimiento” como fórmula para escapar al paro. Y las franquicias aparecen como un modelo de negocio con menos riesgo, porque se apoya en marcas reconocidas y asentadas. No siempre ocurre de esa manera. Por ejemplo, las empresas franquician las tiendas menos rentables, nunca las que más venden. En muchos casos, terminan convirtiéndose en fórmulas para “comprar” un puesto de trabajo, donde el franquiciado ni siquiera se asigna un sueldo.

A las puertas de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional está a punto de decidir si acepta encargarse de la querella colectiva que 20 antiguos franquiciados repartidos por varias comunidades autónomas han presentado en un juzgado de Vic (Barcelona). Le piden a DIA una fianza por responsabilidad civil de cinco millones de euros. En Madrid, el abogado Marcos García Montes ha presentado otra querella por estafa y prepara al menos dos más. Está a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie para pedir que acumule todas las demandas presentadas en España. En ese momento se les unirán los casi 80 miembros de AsafrasAsafras, la asociación que agrupa a los franquiciados que se consideran estafados por la cadena.

Además, en Villarreal (Castellón) el juzgado instruye desde 2013 la querella por estafa de un despedido del sector del azulejo que capitalizó la indemnización cobrada del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tras cerrar su empresa para hacerse con un supermercado de DIA. Tuvo que cerrar en febrero de 2012. Su sucesor al frente de la tienda echó el candado la semana pasada.

En julio de 2014 García Montes ya interpuso otra querella colectiva, en representación de 28 franquiciados de toda España ante la misma Audiencia Nacional. El juez Javier Gómez Bermúdez la rechazó porque no consideró que 28 afectados fueran una “generalidad” de personas perjudicadas económicamente. Pero ni siquiera entró en el fondo del asunto.

Evasión fiscal y blanqueo en Argentina

Mientras, en Argentina, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten no sólo ha presentado una querella por estafa sino que, además, prepara una denuncia por evasión fiscal agravada y otra por encubrimiento y blanqueo de dinero ante la Unidad de Información Financiera, adelanta a infoLibre. Además, ha demandado a DIA ante los juzgados de lo Social porque, según la ley argentina, los franquiciados pueden ser considerados “trabajadores encubiertos”, los que en España se conocen como falsos autónomos.

En el país austral, la cadena española también se ha visto implicada en una operación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el equivalente a la Agencia Tributaria. Se la acusa de evadir impuestos por importe de 1.400 millones de pesos, 134,8 millones de euros.

En Portugal, Afeda, la asociación que agrupa a los franquiciados de DIA –allí bajo la marca Minipreço– cifra en cerca de 1.000 las quiebras que en los últimos años han provocado los abusos contractuales de la cadena. DIA posee cerca de 300 tiendas asociadas; por cada una de ellas han pasado en los últimos años dos o tres franquiciados, asegura el portavoz de Afeda, Paulo Jaloto. En Portugal los afectados empezaron en 2010 a presentar demandas civiles que aún siguen tramitándose. Antes de acabar este año, además, Afeda presentará una demanda colectiva en nombre de una decena de franquiciados. “Vamos a pedir hasta 600.000 euros de indemnización por tienda”, avanza Jaloto.

Las denuncias contra DIA han llegado ante las autoridades de competencia portuguesas, la Agencia Tributaria, la Procuradoria Geral de la República –el equivalnente a la Fiscalía española– e incluso la Agencia de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE) por prácticas comerciales abusivas, enumera Paulo Jaloto.

Condenas por emplear a falsos autónomos en Brasil

En Brasil, los problemas de las franquicias se han discutido en la Asamblea legislativa del Estado de São Paulo. Allí también se acusa a DIA de fraude laboral en los mismos términos que en Argentina. Las demandas han terminado en un buen número de condenas, que declaran nulos los contratos de franquicias y reconocen el “vínculo laboral” entre los falsos autónomos y la cadena española. Según Jaloto, se les reconoció ese carácter en un total de 190 tiendas, lo que le supuso a la multinacional una multa de 20 millones de euros.

En 2009 DIA llegó a un acuerdo con la fiscalía por el que se comprometía a no suscribir contratos mercantiles en lugar de laborales para estas tiendas, y a liquidar en un plazo de ocho meses los que ya tenía firmados. También se comprometía a explotar los supermercados propios con personal contratado. Fue condenada a pagar una indemnización de 300.0000 reales, unos 72.500 euros.

Pero la multinacional ha incumplido el acuerdo con unos 200 trabajadores hasta 2014, según explica el diputado por São Paulo Carlos Gianazzi, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), en un escrito enviado el pasado febrero al Departamento Central de Investigación y Acción Penal y a la Procuradoria Geral de Portugal.

Finalmente, en Francia fueron una cincuentena de franquiciados los que acudieron a los tribunales en 2013, de ellos unos 20 de la región de París. DIA se desprendió de su negocio francés en diciembre de 2014 vendiendo a Carrefour los 800 supermercados que poseía en el país vecino.

Problemas con Hacienda

En cualquier caso, los litigios por sus franquicias no son los únicos que tiene abiertos la multinacional española. También en Francia, la Agencia Tributaria local le reclama 4,46 millones de euros por el redondeo del IVA entre 2006 y 2008. En Brasil, Hacienda le exige 77,65 millones de euros por “el reflejo de los movimientos de mercancías y su repercusión en inventarios”, según el informe anual que DIA presentó en la CNMV. Y debe otros 13,34 millones por impuestos correspondientes a los “ingresos por descuentos recibidos de proveedores”.

Tras ser inspeccionada, a la Hacienda española tuvo que abonarle en 2014 un total de 6,71 millones de euros por el impuesto de sociedades de 2008 a 2010. En 2013 pagó 21,4 millones más por la liquidación del mismo impuesto correspondiente al ejercicio de 2003.

Caída de ventas en España, un millón para Currás

En los primeros nueve meses del año DIA ganó 104 millones de euros, un 52,3% menos que en el mismo periodo del año pasado, lastrada por el coste de la compra de los 570 supermercados de Eroski y El Árbol. Las ventas de sus tiendas DIA en España han caído un 2,6%. Aún más, un 6,1%, en Portugal. Y en Brasil, un 0,4%. Por el contrario, en Argentina han crecido un 46,9% y un 21,7% en China.

En 2014, el consejero delegado de la multinacional, Ricardo Currás, cobró en sueldos y retribución variable un total de 971.000 euros, un 3,6% más que el año anterior. Su presidenta no ejecutiva, Ana María Llopis, 149.000 euros, según el informe de remuneraciones remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los 10 miembros del consejo de administración se repartieron ese año 1,87 millones de euros. Y sus nueve altos ejecutivos, 4,98 millones de euros.

Aunque parezca mentira (o no), el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido esto a la pregunta sobre el informe: "¿El Consejo de Estado ha sacado un dictamen sobre eso? No lo he visto. Pero yo creo que ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar. Ocurrió hace muchísimos años". Por si esta ofensiva declaración hubiera sido producto de un ataque espontáneo de insustancialidad debido al estado vacacional del presidente, un rato después se encargó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, de concretar la doctrina sobre la exigencia de responsabilidades: "La labor que pueda desempeñar [Federico Trillo] ahora mismo como embajador en el Reino Unido es distinta a la que estuviera desempeñando hace veinte años".

Y entonces ya no queda más remedio que contar hasta cien antes de abalanzarse sobre el teclado para relatar simplemente unos cuantos hechos comprobables. Y que cada cual extraiga sus conclusiones y actúe en consecuencia.

1.- Sostiene el Consejo de Estado (con casi catorce años de retraso) lo mismo que han sostenido documentos oficiales y decenas de testimonios aportados a los distintos procesos judiciales y civiles: "Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras (...), pudieron ser advertidas circunstancias que habrían  llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría" (Página 72 del dictamen). En román paladino: el accidente podría haberse evitado si las autoridades del ministerio de Defensa hubieran hecho algún caso a las alarmas que previa y reiteradamente les fueron señaladas sobre las peligrosas condiciones en las que volaban las tropas enviadas a Afganistán.

2.- El entonces ministro de Defensa, por tanto máximo responsable político en la gestión de lo ocurrido, achacó la catástrofe al mal tiempo y se ocupó después de ordenar que se trajeran a España los cadáveres (destrozados) de forma urgente para cumplir la agenda de protocolo funeraria que el Gobierno había organizado de acuerdo con la Casa del Rey. En lugar de abrir una investigación a fondo sobre las circunstancias del accidente, la prioridad consistía en enterrar los cuerpos y rendir honores urgentes a los militares fallecidos en presencia de las autoridades (in)competentes.

3.- Las pruebas de ADN realizadas meses después a instancias de los familiares y gracias al cambio en la titularidad del ministerio de Defensa tras las elecciones de marzo de 2004 demostraron que las identidades de (al menos) treinta de los cadáveres enterrados eran falsas.

4.- La investigación sobre las subcontrataciones del transporte de tropas españolas desveló irregularidades de todo tipo, tanto en el precio final cobrado por la compañía que fletaba el aparato (de origen ucraniano) como en las condiciones técnicas del mismo (la caja negra no funcionaba desde 45 días antes del accidente) o en las exigencias de formación de los pilotos y su plan de vuelo. En román paladino: el "cansancio y estrés" de la tripulación estaban garantizados de antemano porque esas eran las condiciones en las que volaban habitualmente, y altos mandos de Defensa tuvieron datos previos de esa escalofriante realidad.

5.- Dictamina el Consejo de Estado que (valga la reiteración) el Estado "es patrimonialmente responsable" del accidente, al tiempo que considera que las indemnizaciones económicas satisfechas a las familias de las víctimas en estos trece años largos han supuesto una reparación adecuada. En román paladino: el hecho de que los tribunales hayan sentenciado que no hubo delito penal no significa que no hubiera responsabilidad política sobre la catástrofe. Para confirmar algo tan obvio, baste recordar que Trillo y sus altos mandos intentaron cargar cualquier culpa en la compañía contratada bajo la obligatoria supervisión de la agencia de la OTAN encargada de la misma. Sin embargo, las indemnizaciones pagadas han corrido a cargo de los contribuyentes españoles, y en ningún caso el Gobierno reclamó el importe de las mismas a aquellos organismos o empresas. La Asociación de Víctimas del Yak42 (y el sentido común) indican que no se ha exigido porque la batalla está perdida ante las abrumadoras pruebas de que el accidente pudo haberse evitado.

6.- Dice Rajoy que "eso" (¡la muerte de 62 militares españoles!) "ya está sustanciado judicialmente". El empleo del término "eso", tan sustancialmente despectivo, ya describe la concepción moral que el presidente tiene sobre la muerte (quizás evitable) de 62 españoles, pero la obsesión de este hombre por confundir la responsabilidad penal y la política es sospechosamente pragmática: mientras los tribunales no condenen, da igual la magnitud del disparate cometido en la gestión política. Basta ver el recorrido de la Gürtel para comprobar esa estrategia sobre la corrupción. Y basta recordar aquella frase agradecida que el propio Rajoy soltó (13 de noviembre de 2011) durante un mitin electoral en la abarrotada plaza de toros de Valencia, rodeado de Barberá, Fabra, Rus... y dirigiéndose a un Federico Trillo presente y henchido de orgullo y satisfacción: "Has estado ahí, ocupándote de temas que... no vamos a calificarlos". De modo que lo principal, lo "sustancial", es esquivar la responsabilidad judicial, como sea.

7.- ¿Y cómo se ha sustanciado judicialmente el accidente del Yak-42? La demanda penal que buscaba responsables del accidente (o al menos de no haberlo evitado cuando se habría podido hacerlo) fue archivada en febrero de 2012 por el juez Fernando Grande-Marlaska 21 días antes de ser nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ya estando él en ese cargo, la sección cuarta de esa sala rechazó los recursos presentados por la Fiscalía y por las familias de las víctimas. Hace unos meses, en una de las entrevistas concedidas durante la promoción de su autobiografía, Grande-Marlaska declaró: "Con el Yak-42 tengo la conciencia tranquila". Tres años antes, en 2009, la sección primera de esa misma Sala de lo Penal, presidida por Javier Gómez Bermúdez, había condenado al general médico Vicente Navarro a tres años de prisión y a los comandantes Jose Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez a un año y seis meses por haber falsificado las identidades de 30 de los 62 cadáveres de militares fallecidos en el accidente. El general Navarro murió antes de ingresar en prisión y los otros dos condenados fueron indultados parcialmente por el Gobierno de Rajoy en Consejo de Ministros de 20 de abril de 2012, al poco tiempo de regresar al poder. En cuanto a la vía civil, un juzgado de primera instancia de Zaragoza condenó a la compañía UM Air, al broker responsable de la subcontrata y a la aseguradora Busin a indemnizar a 291 herederos de las víctimas del Yak-42. La Audiencia de Zaragoza y el Tribunal Supremo confirmaron la sentencia.

8.- ¿Sirve de algo el dictamen del Consejo de Estado casi catorce años después de la tragedia? Debería servir, más aún cuando ha sido adoptado por unanimidad de un órgano por cierto presidido por un referente político de Rajoy, el exministro José Manuel Romay Becaría. Incluso aunque hubiera sido adoptado por alienígenas, lo cierto es que las 82 páginas del informe reflejan simplemente una clamorosa obviedad: aunque penalmente se hayan librado de una condena, hay responsabilidades patrimoniales (políticas) evidentes que señalan a las autoridades en aquel momento competentes. Por si no quiere acordarse, conviene apuntar que en aquella fecha (mayo de 2003), Mariano Rajoy no se dedicaba a hacer footing ni a caminar deprisa, sino que era vicepresidente primero del Gobierno de José María Aznar. En román paladino: Rajoy era quien coordinaba políticamente el Ejecutivo, interlocutor en Moncloa del ministro de Defensa Federico Trillo.

9.- "Eso ocurrió hace muchísimos años", dice Rajoy. Los familiares de las víctimas del Yak-42 tienen la máxima autoridad para responder a este disparate, pero me atrevo a escribir que perder a un ser querido por culpa de una negligencia (médica, política, técnica, la que fuere) no se olvida así que pasen cien años. Al contrario: lo que provoca esa pérdida es una necesidad absoluta de buscar respuestas (no por venganza sino por justicia), porque esa es quizás la única forma de honrar la memoria de una muerte violenta y prematura. (Sé algo sobre lo que estoy diciendo, créanme).

10.- Defiende el portavoz del PP, Pablo Casado, la continuidad de Federico Trillo como embajador con el argumento de que la labor que desempeña ahora (embajador en Londres) no tiene relación alguna con la que tenía hace veinte años. ¡Qué oportunidad de callarse ha desperdiciado uno de los jóvenes valores del partido! Un señor que ha mentido, que ha despreciado a las víctimas de un accidente que pudo evitarse y que además cobró por asesorar a una constructora mientras era diputado debería quedar incapacitadopara representar a España como embajador en ninguna parte. (Por cierto, quien fuera número tres de Trillo en Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, fue premiado también con la embajada en Suecia. Este individuo se permitió tratar de "loca" a Curra Ripollés, hermana de uno de los fallecidos. Curra conserva la tarjeta de un psiquiatra "amigo suyo" que el tal Ugarte le entregó). 

Las familias de las víctimas y los principales partidos de la oposición han exigido la destitución de Federico Trillo como embajador en Londres. En realidad lo que habría que pedir sobre Trillo, tras la acumulación de casos por él protagonizados, es algo que la Obra a la que pertenece define como el infierno. Como mínimo procede firmar aquí para que este señor no represente a España (es decir a los españoles) en ninguna parte. Pero sólo cabe ser escépticos cuando su entonces jefe y ahora presidente del Gobierno reacciona diciendo que "eso" ocurrió "hace muchísimos años". ¡Manda huevos!, en expresión ya célebre del entonces presidente del Congreso, Federico Trillo.

El magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, que junto a los jueces Concepción Espejel y Julio de Diego conforman el tribunal que juzgará el caso Gürtel, en el que el Partido Popular está incluido como partícipe a título lucrativo de la trama liderada por Francisco Correa, reconoció en su escrito de 15 de septiembre en el que defiende su permanencia como ponente que mantiene "naturales sentimientos de agradecimiento" al PP por el apoyo recibido en sus ascensos en la carrera judicial por la formación política presidida por Mariano Rajoy. El próximo día 30 está previsto que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida finalmente si admite las recusaciones planteadas. 

Los citados "sentimientos de agradecimiento" parecen ser mutuos, si se tienen en cuenta las coincidencias de opiniones entre los jueces recusados y el PP. En concreto, Enrique López promovió en tiempo récord un auto que impedía al juez Javier Gómez Bermúdez hacerse cargo de la investigación sobre la financiación ilegal del PP al tiempo que defendió las tesis de este partido en relación a la excarcelación de los presos de ETA.

A su vez, una decisión de Espejel promovió cambios en la investigación del incendio de Castilla-La Mancha de 2005 en el que fallecieron 11 personas. Esos cambios dieron paso a la imputación de varios cargos del PSOE, rival directo de la ex presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal. Precisamente, la secretaria general del PP llegó a participar en la imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a Espejel. En ese acto se dirigió a la magistrada con el término famliar de "Concha".

Y precisamente este sentimiento de "agradecimiento" fue uno de los argumentos a los que ha recurrido la propia Fiscalía Anticorrupción para determinar que López no mantiene la "apariencia de imparcialidad que se requiere" para formar parte del tribunal.

"Esa apariencia de falta de imparcialidad que motiva la iniciativa de los recusantes se ha visto reforzada por las expresivas manifestaciones del propio magistrado recusado, quien [...] viene a reconocer sus naturales sentimientos de agradecimiento por tales nombramientos, por más que lo haga desde su íntima convicción de que de ellos no habrá de derivarse riesgo alguno", llegan a indicar las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás en su escrito de recusación de López.

El PP nombró a los jueces

En concreto, López y la propia Concepción Espejel fueron propuestos por el PP Concepción Espejelpara ser vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y en el caso de López, también para integrar el Tribunal Constitucional. Ambos han sido recusados como integrantes de los tribunales que juzgarán el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas.

"Ha quedado acreditado que el PP, con la participación de su voto personal, cierto que secreto, de algunos de los acusados, imputados y responsables a título de partícipes lucrativos, ha propuesto en tres distintas ocasiones a Enrique López López para cargos públicos de alta relevancia motivando su nombramiento como vocal del CGPJ y como magistrado del Tribunal Constitucional, cargo inmediatamente anterior al que ahora ocupa", resaltan las fiscales Sabadell y Nicolás, que también destacan que la magistrada Concepción Espejel, que presidirá el tribunal de Gürtel, fue elegida como vocal del CGPJ con los votos de integrantes del PP, siendo uno de ellos el exsenador por Cantabria y extesorero del PP Luis Bárcenas, uno de los principales imputados.

Cobró 13.102 euros de FAES

Además, el informe del propio Enrique López acredita que este magistrado asistió a 68 seminarios de la Fundación FAES, presidida por José María Aznar, siendo seis de ellos como ponente o coordinador. Entre 2003 y febrero de 2015 López percibió de FAES 13.102 euros, tanto por sus ponencias como por sus seminarios.

Fuentes juríricas explican también a este diario la posible existencia de un trato de favor hacia Enrique López tras su dimisión como magistrado del Tribunal Constitucional al ser sorprendido en las calles de Madrid conduciendo su motocicleta sin casco y ebrio. Estas fuentes, de solvencia jurídica, reclaman que el propio López no tendría que haber sido readmitido en la carrera judicial tras su incidente de tráfico.

Según esta interpretación, el Consejo General del Poder Judicial favoreció a López al aplicarle en el incidente de tráfico el artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando realmente tenía que haberle aplicado el 303, que dice: "Están incapacitados para el ingreso en la carrera judicial los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación, los procesados o inculpados por delito doloso en cuanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento".

Pero un portavoz del CGPJ ha asegurado a este diario que el artículo 303 se refiere únicamente al ingreso en la carrera judicial: "Enrique López no deja en ningún momento de pertenecer a la carrera judicial, puede estar en una situación administrativa, que es la de servicios especiales, que es en la que está cualquier magistrado que presta sus servicios en el CGPJ. Y por eso se aplica el artículo 379 punto d, de la Ley del Poder Judicial", indica el portavoz del Consejo. Este artículo especifica las causas que dan lugar a la pérdida de la condición de juez: "Por la condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso". 

Y como López no fue condenado a ingresar en prisión, este magistrado puede continuar la carrera judicial. Pero independientemente de todo ello, López sí ha hecho público su agradecimiento al PP, y por ello infoLibre ha analizado al menos tres casos de trascendencia en los que los jueces recusados se han alineado con los intereses del Partido Popular: 

1. Declaración y posible arresto de Bárcenas

El juez Enrique López desempeñó en marzo de 2013 un papel protagonista en el caso Bárcenas, en el que se alineó con los intereses del Partido Popular, que todavía entonces permanecía como acusación popular del caso Gürtel. Izquierda Unida, Ecologistas en Acción y otras asociaciones interpusieron una querella en la Audiencia Nacional contra el PP y varios de sus cargos tras publicar el diario El País los denominados papeles de Bárcenas, que mostraban la financiación ilegal del partido durante casi dos décadas.

Esta querella recayó en el Juzgado del juez Javier Gómez Bermúdez, quien citó a declarar a Bárcenas a la vez que su colega Pablo Ruz mantenía abierto el procedimiento en el que también estaba imputado el extesorero del PP. Fuentes de la judicatura relatan a este diario que Enrique López lideró la iniciativa de la Sala, llegando a tomar rápidas decisiones que evitaron que Luis Bárcenas declarara ante Gómez Bermúdez.

El relato de los hechos de Izquierda Unida, que se querelló por prevaricación contra López y los otros otros dos jueces que impidieron la declaración, alegaba que la declaración de Bárcenas ante Bermúdez había sido recurrida por la Fiscalía Anticorrupción ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a las 14.07 horas del 21 de marzo. Sin embargo, un minuto antes la Sección Segunda de esta Sala ya había recibido el recurso.

La Sección de Enrique López decidió resolver la petición sin solicitar ningún trámite para conocer las alegaciones de las partes implicadas y en tan sólo 40 minutos emitió un auto anulando la declaración de Bárcenas. Un paso, para IU, "sorprendente". "En sólo 30 minutos se reúne una Sección, redacta un auto y lo emite. Cuando además la labor judicial finaliza a las 14.00 horas", denunció en su momento el letrado de IU en el procedimiento, Enrique Santiago.

El periodista de El País Ernesto Ekaizer relata también estos hechos en su libro Queríamos tanto a Luis: El fiscal encargado del caso Bárcenas, Antonio "Romeral, acude entonces directamente a la Sección Segunda, que forman ese día los magistrados López, Ángel Hurtado y Julio de Diego. Les pide por escrito la suspensión cautelar de la declaración de Bárcenas del día siguiente ante Gómez Bermúdez por existir un conflicto de competencia".

Ekaizer prosigue en su relato de los hechos: "La Sección Segunda, en la que el PP cuenta con buenos amigos, como el magistrado Enrique López, exvocal del CGPJ a propuesta del PP y por entonces eterno candidato al Tribunal Constitucional, aprueba la suspensión en tiempo récord. A las 13:30 horas Gómez Bermúdez, que está tomando un aperitivo con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, recibe un mensaje en su móvil según el cual la Sección Segunda se ha reunido para resolver el recurso de apelación contra su providencia. A las tres de la tarde, la secretaria del Juzgado Central de Instrucción número 3 recibe un brevísimo auto por el que se prohíbe al juez Gómez Bermúdez tomar declaración a Bárcenas. No hay precedentes de una operación per saltum, es decir, que se salta las instancias procesales, en concreto al juez, en la Audiencia Nacional".

De esta forma, la comparecencia de Bárcenas ante Gómez Bermúdez, en la que IU iba a reclamar el ingreso en prisión del extesorero del PP,PP según reconoció el letrado de la coalición de izquierda Enrique Santiago, no llegó a celebrarse. Al final, el caso Bárcenas acaba acumulándose al Gürtel, que investigaba el juez Pablo Ruz. 

El PP, que poco después fue expulsado como acusación popular por el propio Ruz, respiraba tranquilo ya que Gómez Bermúdez no podia ya registrar la sede e incluso enviar a Bárcenas a prisión. Precisamente ambas cosas, el registro de la sede y el envío a la cárcel del extesorero, fueron decretados por el propio Ruz, que ha acabado desplazado de la Audiencia Nacional. La querella interpuesta por IU contra López y los otros dos magistrados pòr evitar la declración de Bárcenas fue archivada.

2. Alineado con los intereses del PP en las penas de los etarras

El magistrado Enrique López también actuó como ariete de los intereses del Partido Popular en la Audiencia Nacional en relación con la polémica de la acumulación de penas de los presos etarras, según explicaron fuentes de la judicatura a infoLibre. El caso se remonta a principios de 2015, fechas en las que la Audiencia Nacional acordó excarcelaciones y reducciones de condena de cuatro históricos etarras Francisco Múgica Garmendia, Pakito; Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros; Rafael Caride Simón y Alberto Plazaola Anduaga. 

Precisamente, en la Audiencia Nacional varios magistrados plantearon al Pleno de la Sala de lo Penal la conveniencia de preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo sobre la posible colisión entre la normativa española, que permite no descontar a los presos de la banda terrorista ETA las condenas que hayan cumplido en cárceles francesas, y la europea.

Durante la sesión, López jugó un papel protagonista coincidiencia con los intereses del PP, explican fuentes judiciales, que resaltan que previamente varios integrantes del Gobierno del PP realizaran declaraciones en contra de la posible salida de presos de ETA de las cárceles. Al final el Pleno, por un apretado resultado de 11 a 9, impidió que la Audiencia Nacional presentara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la normativa española que permite no descontar a los presos de ETA las condenas que hubieran cumplido en cárceles francesas.

De esta forma, el PP no tuvo que enfrentarse al colectivo de víctimas de ETA, un tradicional aliado del partido de Mariano Rajoy. Este colectivo ya había iniciado una incipiente ruptura  con el PP, a cuyo Gobierno acusó de dejadez, pues culpaba al Ejecutivo conservador de la posibilidad de que cerca de 50 etarras estuvieran a punto de abandonar la cárcel en un breve espacio de tiempo.

3. El papel de Espejel en la imputación de dirigentes socialistas manchegos

Concepción Espejel, la segunda magistrada recusada en los casos Gürtel y Bárcenas, fue presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, antes de ser nombrada vocal del CGPJ a propuesta del PP. Y su principal iniciativa, coincidente con los intereses del PP, se adoptó en relación al incendio de 2005 en Riba de Saelices, en el que fallecieron 11 personas.

El Consejo General del Poder Judicial, en el que participaba Enrique López como vocal, impidió a la jueza que inició la investigación del incendio finalizar su trabajo ya que fue trasladada al País Vasco. Y la nueva instructora cambió de forma radical los criterios de la anterior, llegando a imputar a varios dirigentes del PSOE de esta Comunidad Autónoma.

En concreto, y según especifican a infoLibre fuentes de solvencia jurídica, Espejel fue ponente de un auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Guadalajara que estimaba un recurso del PP, que ejercía la acusación popular, en el que la nueva jueza ordenaba la práctica de pruebas que había denegado por "improcedentes" la anterior. Este auto impulsó el caso.

La nueva jueza acabó imputando en el procedimiento a la consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo, al director general del Medio Natural, José Ignacio Nicolás, así como a otros cargos socialistas de inferior rango. En 2008 Espejel abandona la Audiencia Provincial de Guadalajara para ingresar en el CGPJ.

Y en 2010 esta Audiencia manchega dejó sin efecto todos los procesamientos de cargos públicos del PSOE de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al no encontrar motivos para su imputación. En el juicio por el incendio resultó finalmente condenado tan solo el excursionista que encendió el fuego. El Tribunal Supremo confirmó esa única condena.

En enero de 2008, el terrorismo recorrió Europa como un fantasma. A mediados de mes, un hombre subió a un tren en París, viajó toda la noche y amaneció en Barcelona, donde catorce inmigrantes fueron detenidos tres días después, acusados de querer atentar contra el metro de la ciudad. El viajero de París, aunque la sentencia afirma que había sido enviado por Al Qaeda, no fue detenido. Cuando reapareció, ya era testigo protegido y tenía un nombre en código: F1. Ahora, el hombre que oficialmente evitó que se repitiera la tragedia del 11-M se revela como un delincuente perfecto. Es uno de los traficantes de personas más buscados de Pakistán, pero ni siquiera puede publicarse su identidad actual.

Los hechos desmienten la versión oficial. La red de financiación de Al Qaeda de la que F1 juró formar parte nunca existió y una de las personas que señaló como tesorero resulta ser un discapacitado mental. F1 tampoco llegó a Barcelona enviado desde los campos yihadistas de Pakistán, como se dio a entender durante el proceso. Había dejado Islamabad siete meses antes, después de que la policía pakistaní empezara a investigarlo por tráfico de inmigrantes. Era junio de 2007 y F1, residente en Francia, colaboraba también con los servicios secretos franceses desde hacía al menos dos años.

Asim Iqbal, como F1 se llamaba hasta que llegó a Barcelona, es un pakistaní de 42 años, 1,80 de alto y piel clara. “¿Cómo habéis conseguido mi dirección?”, fue lo primero que preguntó cuando hablamos con él por teléfono. Horas después, delante de su nueva casa, saludó hablando en inglés, como ante el tribunal, aunque esta vez sin micrófono y de cara. Calvo, con enormes orejas y los dientes salidos, comentó que desde que declaró contra los 11 acusados de querer atentar contra el metro de Barcelona, lleva una vida tranquila como una balsa de agua. “Vosotros sois como una piedra arrojada en ese estanque”, dijo. Los dos reporteros estaban llamado a su puerta a finales de 2014, casi siete años después del atentado fantasma de Barcelona.

Las víctimas, testigos y documentos de la actividad como traficante de personas de F1 se acumulan desde Europa a Pakistán, sin que de momento hayan alterado la nueva vida del delincuente en Inglaterra, según esta investigación publicada conjuntamente por infoLibre y El Periódico de Catalunya. Traficante de personas, estafador y moroso pendiente de embargo, Asim vive bajo el paraguas de su nueva identidad obtenida en tanto que testigo protegido. A falta de pruebas, la justicia española le otorgó esa condición a cambio de que testificara contra los 11 inmigrantes del Raval condenados en 2009.

Asim Iqbal, conocido como 'F1' durante la investigación en la que fue testigo protegido.

Falso testigo

Cantata, según la RAE, es una composición “escrita para que se le ponga música y se cante” y es el nombre policial con que se bautizó la operación de Barcelona. Su principal artífice, el hombre del tren, produjo un relato espectacular. Además del metro, los supuestos planes terroristas incluían atentados en “Alemania; y si no se accedía [a las condiciones de los terroristas] habría uno en Francia; si no se accedía, uno en Portugal y, si no se accedía, atacarían Inglaterra”.

Eso contó, con notable pulso dramático, Asim, el autodenominado terrorista suicida llegado desde París y que decía haberse arrepentido en el último momento. En cambio, no explicó qué condiciones habrían de cumplirse para evitarlos. La cadena europea de atentados resultó también un bluff. Los 11 inmigrantes del Raval fueron condenados a partir de este falso testigo que, presentándose como miembro de Al Qaeda, actuaba en verdad como agente encubierto.

Hoy tiene DNI español con una identidad legalmente protegida, por lo que usamos su nombre de cuna. Asim vive en una casa con el tejado a dos aguas, en una pequeña ciudad residencial inglesa. Era una tarde de noviembre, caían unas gotas como globos y nos invitó a subir a su coche. Le propusimos ir a la cafetería de un centro comercial cercano. Anocheciendo, y después de girar para embocar la calle anterior, dijo que prefería hablar en el parking trasero, dentro del coche. Aparcó el Renault Scénic y apagó las luces.

“He tenido muchos problemas familiares”. “En verdad habéis tenido suerte de que esta familia tenga mi número”, dijo, dando a entender que él y su familia ya no vivían allí, pero contradiciendo lo que poco antes había admitido por teléfono y el rastro documental que lo evidencia. Él sí vive en esa casa, con su mujer y sus tres hijos, según el registro electoral inglés, que llevan su mismo nuevo apellido.

En noviembre de 2009, protegido de la vista del público por un estor, contó al tribunal que había sido miembro de Al Qaeda durante tres años. “El primer año y medio llevando dinero a diferentes países de Europa. El último año y medio, me enviaron varias veces a Pakistán y Afganistán a campos de entrenamiento [terrorista]”, declaró. El 15 de enero de 2008, según añadió, había sido enviado desde París a Barcelona para atentar contra el metro junto a una supuesta célula del Raval. “El tribunal considera probado que los hechos ocurrieron tal y como el testigo relata”, sentenció la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el relato de Asim, como ya adelantaron infoLibre y Mediapart, es en gran parte falso y según la fiscalía, no era miembro de Al Qaeda, sino que actuaba como “agente encubierto de un tercer país”. Así lo reconoció el fiscal, Vicente González Mota, aunque en privado y después del juicio, según un cable diplomático revelado por Wikileaks años después. “Yo sigo bajo protección”, advierte ahora el falso terrorista. Sobre los siete años transcurridos, asegura: “me mantengo callado y soy feliz”.

El 19 de enero de 2008, la Guardia Civil, alertada por el Centro Nacional de Inteligencia, irrumpió de madrugada en un par de mezquitas y domicilios del Raval. (Asim había contactado previamente con los servicios de inteligencia franceses, que a su vez habían avisado al CNI.) Los guardias civiles entraron buscando nombres: “No se conocían las fisonomías de esas personas”, declaró el coordinador de la Operación Cantata.

La mayoría vivían y trabajaban desde hacía años en Barcelona. Diez de los once condenados cumplieron sus seis años de cárcel en enero de 2014. Salvo Mohamed Ayub, un jubilado de nacionalidad española que vive desde los años setenta en el Raval –donde abrió la primera pastelería pakistaní de la ciudad–, los otros nueve fueron deportados a Pakistán e India, donde siguen reivindicando su inocencia. El supuesto líder fue condenado a ocho años y seguirá preso hasta 2016.

En marzo de 2008, la fiscalía española puso el relato de Asim sobre la mesa de varios colegas europeos reunidos en Madrid. Para los fiscales italianos, se trataba de “noticias de policía absolutamente inutilizables”, según consta en el sumario. Según la fiscal holandesa, en la reunión quedó “claro” que “se necesitaba prueba adicional”. Sólo las autoridades españolas dieron crédito a sus palabras.

Confidente encubierto

En París, antes de viajar a Barcelona, Asim vivió durante un tiempo en una casa de las afueras, enfrente de una sinagoga. “Cobraba la ayuda a la vivienda pero no pagaba el alquiler”, cuenta el propietario, T. Hussain, frente al jardín común que compartían. “Como había un solo contador y estaba en mi casa, le dije que si no se iba le cortaba el agua”. “Era muy hábil para liar a la gente”, explica Hussain, francés de origen pakistaní, que recuerda cómo la mujer de Asim colaboraba también a la hora de ganarse la confianza de las familias inmigrantes en busca de papeles.

Un empresario pakistaní, residente en Francia desde los años setenta y que conoció de cerca a Asim y su familia, subraya también esa colaboración de la esposa. La mujer tiene hoy 37 años. “Era todo lo contrario a una mujer con velo”, según el propietario: “pelo corto, pantalón estrecho y tacones; una mujer moderna, si quieres”, dice. “Asim decía que tenía un cuñado en la marina pakistaní, pero yo creo que no tenía estrictamente nada”, añade.

Pero Asim no siempre mentía. Uno de los hermanos de su mujer fue oficial de la marina pakistaní durante 22 años, según él mismo destaca en su perfil de Linkedin. Uno de los inmigrantes estafados por Asim lo confirmaba hace un par de meses en una tetería al norte de París: él mismo fue a ver al cuñado en persona. Es un albañil pakistaní que pagó 6.000 euros a Asim para que ayudara a su hermano a entrar en Francia en 2006. Su hermano nunca pudo emigrar y al albañil –desaparecido Asim– no se le ocurría otra forma de reclamar su dinero, dice, así que se fue a buscar al cuñado militar. Y lo encontró.

El cuñado militar, Asad Q., se jubiló de la marina a finales de 2008 y dirige ahora su propia compañía de seguridad privada en Islamabad, donde descolgó el teléfono el mes pasado. Especializado en la prevención de ataques terroristas, dijo que lleva “los últimos 10 ó 15 años (..) operando en las zonas del norte de Pakistán”, incluida “Waziristán”. Asim dijo haber entrenado allí como yihadista durante un año y medio.

Cuando le preguntamos por Asim, Asad Q. negó conocerlo y que fueran cuñados, algo confirmado por Asim dentro de su coche y por numerosos perfiles online. “¿Por qué llamáis a Pakistán? Investigad a partir de la gente de Inglaterra, o de la de España. ¿Para qué me queréis a mí?”. Asad colgó sin despedirse.

Cuando el albañil pakistaní, residente legal en Francia desde hace una década, fue a verlo, Asad no quiso saber nada de las deudas de Asim. El albañil, con un refresco entre las manos, explica su impotencia. A las características del delito, en que la víctima participa a sabiendas y entrega el dinero sin registro, se añade la doble baraja del delincuente: “¿si no puedo confiar en la policía, en quién voy a confiar?”, dice señalando el otro lado de la calle. Asim, mientras traficaba con papeles, colaboraba con los servicios secretos. Al menos con los franceses.

Él lo negó en el juicio –“jamás en mi vida”, declaró– y sigue negándolo. En el parking, dentro del coche, dice que quienes así lo publicaron, desde El Periódico de Catalunya a The New York Times, mienten: “No podemos decirles no escribas esto o lo otro”. ¿Mentía también el fiscal González Mota cuando lo reconoció ante la embajada americana en enero de 2010? “Qué puedo decir yo… les dije todo lo que sabía”, responde. Y pide tiempo: “Necesito un día más para pensar sobre esto”.

Asim, electricista esporádico, tenía permiso de residencia al año de su entrada oficial en Francia. En la tetería de París se sentaba otro inmigrante estafado, Nadeem. Asim lo condujo a Italia prometiéndole la regularización en 2006, aunque en vano. Finalmente, le consiguió un contrato mediante una empresa de otro de sus cuñados, éste afincado en Lisboa, a cambio de 1.500 euros. Meses después, el gobierno portugués comunicó a Nadeem que el contrato era falso.

Permiso de residencia en Francia de Asim.

En sus declaraciones de la operación Cantata, Asim usó datos y nombres de ese viaje a Italia (el de Nadeem y el de un conocido de ambos, Tariq, entre otros) para describir una red de financiación terrorista que nunca existió. A pesar de que aseguró que en París residía el jefe de Al Qaeda que lo había enviado a Barcelona, Francia nunca dio curso a su relato. Nadeem y Tariq no han sido ni siquiera interrogados al respecto.

Traficante de papeles

La red de financiación que describió unía varios países europeos y despuntaba en el norte de Italia. Como tesorero, señaló al imán de un pueblo cercano a Brescia, que estaba bajo seguimiento y cuya fotografía había sido remitida por la fiscalía italiana a Madrid. Pero no supo dar el nombre del hombre al que, según declaró, habría entregado hasta tres millones de euros al año.

Sí nombró, sin embargo, al supuesto ayudante del tesorero, Abdelwahab, un marroquí que hoy tiene 48 años. Abdelwahab, epiléptico, tuvo un accidente laboral en 2003 que le dejó graves secuelas físicas y psíquicas, según la seguridad social de Turín, donde vive. Condenado en dos ocasiones por hurto, según su abogada, hoy está procesado por intentar robar una cartera en un mercado. Varios vecinos de Gardone, el pueblo cercano a Brescia, comentan que “no está bien de la cabeza”.

La noche del parking, cuando le preguntamos por estas dos personas a las que, según declaró, habría entregado hasta 100.000 euros, “entre 20 y 30 veces por año”, Asim dijo primero que no las conocía. Luego, que no las recordaba. Tampoco el pueblo que en varias ocasiones señaló como escenario de esos encuentros. “Os he dicho que no recuerdo nada y por esa razón es mejor que hablemos mañana.”

Abdelwahab, visitado en su domicilio de Turín, sí lo recuerda a él. “De la mezquita de Gardone, aunque lo vi solo un par de veces”. Abdelwahab tiene hoy un permiso de residencia concedido por el gobierno italiano por motivos humanitarios, a partir del informe elaborado por uno de los dos centros de salud mental a los que acude. La Guardia Civil terminó abandonando la pista italiana, según un informe del sumario.

En julio de 2006, Asim y su familia habían dejado la casa con deudas al norte de París. La familia se mudó al entresuelo de un edificio en un complejo HLM (Vivienda de Alquiler Moderado, por sus siglas en francés). En septiembre, el banco empezó a reclamarle también cheques sin fondos que había firmado y a finales de mes acumulaba 2.300 euros de descubierto en una cuenta del Banque Nationale de Paris.

La jubilada francesa del piso de al lado cuenta que apenas tenía contacto con él y su familia. El empresario, el propietario de su anterior casa y el albañil estafado, entre otros, recuerdan que a las puertas del piso solían encontrarse a otros compatriotas preguntando también por Asim. Su actividad como conseguidor de papeles era un secreto a voces, pero también empezaba a rechinar un rumor entre dientes: Asim cogía el dinero y no cumplía su parte del trato.

Es entonces, supuestamente, cuando habría empezado a viajar a los campos yihadistas de Afganistán y Pakistán. “Muchas veces, cuando me enviaban allí, me hacían volver tras 20 días o un mes”, declaró ante el tribunal.

Según el registro del control de fronteras de Pakistán, Asim aterrizó tres veces en la capital del país. Estuvo seis días en agosto de 2006, luego 18 en navidades y la tercera, en febrero de 2007, permaneció cuatro meses. Las tres denuncias contra él en el Red Book de los traficantes de personas más buscados de Pakistán se refieren a hechos ocurridos en esa primavera de 2007 en Islamabad. Las tres señalan que ofrecía Italia como destino laboral.

Historial de entradas y salidas de Asim en Pakistán.

Según la primera, el denunciante le pagó 450.000 rupias pakistaníes (unos 5.500 euros de entonces), en presencia de un testigo. “El [falso] permiso de trabajo había sido proveído por D. Asim Iqbal”, se lee. El acta policial cita como evidencia una carta de la embajada italiana en Islamabad, fechada el 6 de junio de 2007.

Una semana después, Asim salió del país por una frontera terrestre con Irán –“estoy en la Lista de Control de Salidas”, admite durante la entrevista. Contra lo que dio a entender durante el proceso, Asim abandonó Pakistán mucho antes de llegar a Barcelona en enero de 2008. Siete meses antes, de hecho, aunque esto no constó en la investigación judicial.

Desde entonces, está en busca y captura en su país. Pero bajo su vieja identidad, cancelada de facto por el gobierno español, por lo que difícilmente será detenido.

Según él, todo se debe a una conspiración: “En Pakistán puedes conseguir cualquier cosa con dinero”, dice, insinuando que alguien habría pagado para inscribirlo entre los traficantes más buscados. ¿Y Nadeem y Tariq –los supuestos miembros de Al Qaeda que “fundamentalmente” movían el dinero con Asim– también forman parte de la conspiración? “Otra vez estás hablando del tema que tenemos que hablar mañana”, responde.

Una mentira práctica

El papel de Asim, su identidad misma, está en función de que niegue, contra toda evidencia, lo que el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tampoco puede reconocer hoy. ¿Usted sabía que era un agente infiltrado? “Si lo sabía o no eso no es el tema. Yo no puedo decir eso, ¿sabes? No te lo puedo decir”, explica Rubalcaba por teléfono desde su despacho en la Universidad Complutense.

Tampoco lo podía decir el fiscal, González Mota, porque de ello dependía que el proceso pudiera seguir adelante. La figura del “agente infiltrado“ sólo está contemplada para agentes españoles: “es incuestionable que F1 no integra la figura legal denominada “agente encubierto” (...) porque no es miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, sostuvo el Supremo en su sentencia de diciembre de 2010.

Y sin embargo, actuaba como tal, según el propio Mota reconoció ante el embajador americano después del juicio. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, asegura que no lo sabía. “Cuando yo sé que un testigo protegido está mintiendo, lo escribo en la sentencia y tiene sus consecuencias legales”, declaró a infoLibre el año pasado. Javier Martínez Lázaro y Manuela Fernández de Prado completaban el tribunal.

Quien sí lo reconoce es el entonces agregado de Interior de la embajada francesa en Madrid, Michel Zueras, que recuerda cómo el caso provocó tensiones entre ambos gobiernos: “Hubo un problema bastante importante. Francia se enfadó porque tuvieron que revelar su identidad”, cuenta por teléfono. F1, en efecto, admitió en el juicio que su nombre real era Asim Iqbal, aunque no trascendieron otros detalles sobre su identidad ni sobre su actividad como traficante de personas.

Desde 2008, Asim vivió en España varios años. En su BMW rojo, comprado de segunda mano en Europa y rematriculado en España, se saltó un semáforo en Lérida el año pasado. Durante cuatro años, faltó al pago del impuesto de matriculación, por lo que tiene un embargo judicial pendiente en Galicia, donde vivió un tiempo. Es improbable que nada llegue a ningún puerto.

Los estafados, los señalados y condenados, desde el enfermo de Turín al jubilado de Barcelona, pasando por los sin papeles de Francia, no parece que puedan emprender ninguna acción judicial seria. Los deportados a Pakistán e India, tras denunciar su caso en ruedas de prensa, se encomiendan a su nuevo abogado, un pakistaní residente en Inglaterra, Jan Khan, seguidor de la doctrina Tabligh, como la mayoría de los condenados, y que trabaja de forma voluntaria, sin cobrar.

“Mañana hablaremos de esto”, se fue diciendo Asim, con la noche cerrada. Pero al día siguiente, sábado, no descolgó el teléfono. El domingo seguía lloviendo y tampoco abrió la puerta de su casa, donde, a pesar de los dos coches aparcados en la entrada y de los paraguas bocabajo junto a la puerta, nadie respondió al timbre. Al tercer intento, el Renault Scénic había desaparecido y su mujer deslizó un post-it con una dirección de correo electrónico de Asim. No ha respondido al mail que le enviamos.

Un mes después, en la cuenta de Facebook de su hija, se le pudo ver la cara. Aparecía junto a sus tres hijos —la chica, de 12 años, y los dos chicos de 16 y 18— de pie, rodeando a una mujer sentada en el centro, con velo, un abrigo abotonado, guantes y bolso negro. Por detrás, con gafas de sol y abrazando a sus hijos, Asim sacaba la cabeza sonriendo. La cuenta fue desactivada días después.

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Andrés Aguayo colaboró en esta investigación

periodística desde Madrid.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este miércoles conceder una comisión de servicio por seis meses al que fuera magistrado de enlace en Francia y vocal de este órgano Juan Pablo González para que sustituya en el Juzgado Central de Instrucción número 3 al que fuera titular de este órgano, Javier Gómez Bermúdez, que ocupará ahora la plaza de enlace en el país vecino.

En el acuerdo se señala que dicha comisión está condicionada a la cobertura, en su caso, del destino vacante por un nuevo titular. Es decir, González ocupará plaza en la Audiencia Nacional con carácter provisional. Entre otros asuntos pendientes en este juzgado está la operación contra el frente de abogados de ETA H-Alboka, la investigación sobre la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterraneo y la presunta comisión por parte de dirigentes de ETA de un delito de genocidio.

En el acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, se destaca que la idoneidad del juez González se fundamenta entre otros puntos, en su experiencia en cooperación jurídica internacional ya que durante 2014 y la primera mitad de este año ha permanecido de enlace con Francia como coordinador de los grupos hispano-francés de lucha antiterrorista y para la lucha contra el tráfico de drogas.

El órgano de Gobierno de los jueces eligió a González de entre una terna de cuatro candidatos de la que también formaban parte parte la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire Pérez, en segundo lugar; y a continuación, empatados, la juez de Instrucción número 34 de Madrid Coro Monreal y el magistrado de la Audienica Provincial Joaquín Delgado.

El acuerdo ha contado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales Mar Cabrejas, Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán; y el voto en contra del vocal Álvaro Cuesta.

Cuesta considera que debería haber sido la Comisión Permanente la que tendría que haber aprobado con carácter previo la necesidad de la comisión de servicio y, además, estima que otra de las candidatas que optó a la misma era la más adecuada para el puesto.

Para elaborar su propuesta, la Audiencia Nacional valoró el criterio de antigüedad de los candidatos y el de conocimiento de los juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, con los que Juan Pablo González trató por su condición de magistrado de enlace en Francia.

Florentino Pérez (Dragados-ACS) y Esther Koplowitz (FCC) deberían estar preocupados por la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional en relación con el sobrecoste de 251,9 millones de euros en la ampliación del Puerto de El Musel (Gijón).

El magistrado Javier Gómez Bermúdez ha imputado al anterior presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach y el exsecretario José Luis Díaz Rato por las irregularidades en la adjudicación a la UTE Dique Torres por 579, 2 millones de euros y la ampliación de los mencionados 251,9 millones, lo que representa el 43% del valor del contrato inicial.

La Unión Europea reclama la devolución de 198 millones de euros de la ayudas concedidas al puerto gijonés para su ampliación. Según un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea, el sobrecoste no estaría justificado, ya que el mismo tendría que haber corrido a cargo de la empresa concesionaria.

Dique Torres

Este sobrecoste se debe al incremento del precio de las piedras (189,5 millones) que se utilizaron para ampliar los diques del puerto asturiano. La Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres está formada por las constructoras Dragados-Drace, FCC, SATO y Alvargonzález Contratas.

Bermúdez ha citado a declarar en la Audiencia Nacional, en calidad de testigos, a los responsables de la UTE: Ana Isabel Dizy, Manuel Amaro Martínez Díaz, Guillermo Castañedo Elizalde, Isidro Alonso Sierra, Miguel Eguiegaray García, Antonio Manuel Alvargonzález García, Juan Miguel Pérez Rodríguez, David López Navarrete y Manuel García Beiro.

Según la Intervención General del Estado (IGAE), la Autoridad Portuaria acordó aumentar el presupuesto de la obra pese a tener conocimiento de que la empresa concesionaria, Dique Torres podía extraer las piedras de las canteras del concejo de Carreño, Peña María y La Hoya-Perecil, "sin contraprestación económica". 

Tanto la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea como la propia Intervención General del Estado consideran "incomprensible" que la Autoridad Portuaria de Gijón aceptara un aumento de 251 millones invocando o basado principalmente en el aumento del precio de los materiales: "Mientras que la empresa adjudicataria había firmado un contrato para extraer, sin ninguna contraprestación directa, unos 24 millones de toneladas de piedra, representando alrededor del 75% de la totalidad de las piedras utilizadas".

"Algún concierto"

Ante estas dudas, la IGAE considera oportuno aclarar, tal y como consta en un informe remitido al fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, al que ha tenido acceso infoLibre, si existió "algún concierto" entre la Autoridad Portuaria de Gijón y la UTE Dique Torres.

El departamento adscrito a la Fiscalía Anticorrupción también reclama al juez que trate de averiguar la causa por la que la empresa Tudela Veguín, cuyos propietarios son los empresarios Masaveu, habría permitido la extracción de 24 millones de toneladas "sin contraprestación económica".

La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia en diciembre de 2014 ante la Audiencia Nacional para que fueran investigadas las actuaciones de representantes y administradores de la UTE Dique Torres y de representantes y miembros de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Puerto de El Musel

El origen de esta actuación está en una denuncia formulada por la OLAF, que remitió el 26 de marzo de 2014 un informe en el que se alertaba de graves irregularidades, incluso fraude, en el proyecto de ampliación del Puerto de El Musel, así como deficiencias en los sistemas de gestión y de control por parte del beneficiario, la Autoridad del Puerto de Gijón.

El Fondo de Cohesión otorgó una ayuda de 247,5 millones para dicho proyecto de ampliación, en cuya ejecución la OLAF detectó numerosas irregularidades que puso en conocimiento de la Fiscalía española.

Tras analizar el caso, el Ministerio Público considera que podrían haberse cometido los delitos de fraude y exacciones ilegales, si los funcionarios o integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón se hubieran concertado con particulares de la empresa adjudicataria para la entrega indebida de fondos públicos a lo largo del procedimiento de contratación.

Malversación de caudales públicos

El segundo de los delitos que podría haberse cometido es el de malversación de caudales públicos, en caso de acreditarse que funcionarios o integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón en connivencia con representantes de la empresa adjudicataria hubieran defraudado fondos públicos.

Si se acreditara que el adjudicatario hubiera engañado deliberadamente a la Administración en el precio de los materiales utilizados en las obras los responsables de la obra podrían haber cometido el delito de estafa agravada por el alto importe de la misma.

Otros delitos serían: falsedad en documento oficial y mercantil si se confirmara la existencia de facturas inveraces; el delito de fraude a la Hacienda Pública si se hubiera simulado gastos o se hubiera elaborado documentos para la entrega de fondos públicos a particulares.

Finalmente, Anticorrupción apunta a la posibilidad de que la Autoridad Porturaria hubiera cometido el delito de prevaricación en el caso de que se pudiera demostrar arbitrariedad en las resoluciones adoptadas por el puerto a la hora de adjudicar el contrato y en su modificación posterior.

Modificación esencial

Para la OLAF de la Unión Europea, la Autoridad Portuaria de Gijón debería haber convocado de nuevo el concurso: "Dicha modificación habrá de seguir entendiéndose como esencial aún teniendo en cuenta las diferentes partes de la modificación de precio: por ejemplo, un incremento del 24% (suministro de materiales procedentes de diferentes canteras) más un 9% en concepto de revisión de los precios del suministro de material procedente de la cantera de Aboño, o el 7,05% (nuevas mejoras técnicas) no pueden considerarse como algo mínimo".

Para este departamento de la UE, la modificación solo podría haber sido aceptada con una nueva convocatoria de licitación. Además, una de las empresas de la UTE, en concreto SATO, era copropietaria de una de las canteras utilizadas en la obra, y cuyos materiares encarecieron casi 200 millones las obras de ampliación de El Musel.

Tras la adjudicación del contrato, Hidroeléctrica del Cantábrico (HC), dueña de la cantera de Aboño, incrementó el precio por metro cúbico de piedra como referencia al precio que la autoridad contratante había utilizado como precio de referencia en el proyecto inicial (pasando en consecuencia de 7,3 a 18,22 euros por metro cúbico), lo que supuso un incremento de 46 millones de euros.

El sobrecoste de la utilización del material de otras canteras diferentes a la de Aboño, esta última de Hidroeléctrica del Cantábrico, fue de 120,34 millones.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el nombramiento del juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, como nuevo magistrado de enlace en Francia.

El Ministerio de Justicia, que ha propuesto la designación y obtenido el respaldo del Consejo de Ministros, dio el primer paso a principios de abril cuando solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) información sobre la antigüedad del magistrado, que debe ser al menos de cinco años como requisito esencial para ocupar la plaza.

Gómez Bermúdez tendrá que solicitar al órgano de Gobierno de los jueces la situación de servicios especiales durante el tiempo en el que el se haga cargo de este puesto, y continuará manteniendo la titularidad del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, a cuyo frente se encuentra en la actualidad.

El magistrado abandonará por tanto en breve esta sede judicial cuya Sala de lo Penal presidió entre los años 2004 y 2012, cuando fue sustituido por Fernando Grande-Marlaska. En mayo de ese año inició su labor como titular del Central 3, al frente de causas como la investigación sobre la gestión de la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, o la acusación contra exdirigentes de la banda terrorista ETA por delitos de genocidio. Presidió en 2007 el juicio por los atentados del 11 de marzo.

El juez propone sentar en el banquillo al expresidente de la CAM Modesto Crespo, el ex director general Roberto Lopez Abad, a la ex directora general adjunta María Dolores Amorós, al ex director general de Planificación y Control Teófilo Segorb, al ex director general de Recursos Vicente Soriano, al ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco Jose Martinez, al ex director de Financiación y Gestion de Liquidez Juan Luis Sabater, así como al ex director de Información Financiera Salvador Ochoa.

En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, el juez da diez días a la Fiscalia y a la acusación particular para que en diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.

El juez señala que los estados financieros de la CAM de 2010 y primer semestre de 2011 "no reflejaban la imagen fiel de la entidad" sobre todo a consecuencia de la liberación de provisiones ligadas a prestamos titulizados, por lo que el resultado contable del ejercicio 2010 “debería haber sido menor en 210.341.000 euros”.

Además, se había contabilizado "de forma irregular" el reparto de dividendos de las sociedades filiales de la CAM y la dotación relativa al fondo de prejubilaciones "con un efecto igualmente perturbador respecto de la imagen fiel de la situación económica de la entidad".

"Esta alteración de la imagen fiel de la entidad se hizo en ejecución de un plan concertado por el comité de dirección y su finalidad era la integración en el SIP y posterior fusión con otras cajas de ahorros para diluir el verdadero estado de la caja así como poder cobrar los incentivos por resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad", explica la resolución.

El auto considera además que según se extrae de las periciales practicadas los miembros del comité de dirección de CAM cobraron indebidamente 47.307.200 euros por diversos conceptos retributivos como indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la seguradora Caser.

En concreto, Gómez Bermúdez acordará la transformación del sumario del caso en lo que se denomina procedimiento abreviado, habida cuenta de que los delitos imputados no superan, en ningún caso, los nueve años de prisión. Los cinco banqueros de la CAM que previsiblemente se sentarán en el banquillo son los ex directores generales de la caja alicantina María Dolores Amorós y Roberto López Abad, el ex director general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente del consejo de administración de la entidad Modesto Crespo.

"Conocían la situación"

Estos cinco directivos ya tuvieron que afrontar una fianza solidaria de 35 millones, tal y como consta en un auto firmado por Gómez Bermúdez el 17 de junio de 2013: "Los imputados al menos conocían o debían, pudieron y no quisieron conocer la situación patrimonial de la CAM", explica el magistrado.

A pesar de ello, y "en el mejor de los supuestos", no pusieron "objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes", asegura la resolución judicial de Bermúdez, hecha pública tras prestar declaración los imputados en la Audiencia Nacional.

24.861 millones

Un informe del Tribunal de Cuentas confirmó que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) fue la entidad financiera que necesitó más dinero público para evitar su quiebra: 24.861 millones, frente a los 22.400 de Bankia o los 17.000 del Banco de Valencia. Y por eso Gómez Bermúdez se ha decidido a enviar al banquillo a los directivos, aunque fuentes del caso explican a este diario que el número de imputados podría ser superior.

La decisión del magistrado de procesar a los banqueros se fundamenta además en el contenido de la pericial realizada por funcionarios del Banco de España, que concluyeron que los directivos de la CAM maquillaron las cuentas para que no se conociera que estaba en quiebra: "Los peritos consideran que las cuestiones analizadas pudieron afectar de forma significativa a la imagen fiel de la situación financiera de la CAM en los ejercicios 2009 y 2010".

Los funcionarios del Banco de España apuntan, también, a la responsabilidad de la cúpula de la caja al asegurar que los encargados de que las cuentas mostraran la imagen fiel de la situación financiera eran los propios administradores.

Afectó la imagen fiel

En cuanto a los activos de la entidad en 2010, un año antes de que la CAM fuera intervenida por el Banco de España, los peritos consideran que su contabilización afectó de forma significativa a la imagen fiel de las cuentas anuales de la CAM en ese ejercicio, sobre todo en lo que se refiere a la cuenta de resultados.

Pero no sólo los peritos han apuntalado la decisión de Gómez Bermúdez de procesar a la cúpula de la CAM. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso una sanción "muy grave" contra los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y otros 20 miembros del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a quienes acusó de manipular las cuentas de 2010.

168,5 millones irregulares

Los datos manipulados por los dirigentes de la CAM, según la CNMV, fueron determinadas "carteras de préstamos" que estaban deterioradas por un valor de 83,6 millones de euros, "activos titulizados" por un valor de 41,9 millones y compromisos de compraventa a clientes por 43 millones. En total, las cuentas de la CAM fueron saneadas de forma irregular por un valor de 168,5 millones.

Y esta manipulación tuvo un efecto, indica la CNMV, "muy relevante en sus recursos propios y en los resultados del ejercicio". Por lo que las cifras reales tendrían que haberse reducido en 168,5 millones de euros.

Los magistrados absuelven a López Abad de los delitos de apropiación indebida y administración desleal y a Avilés del delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero. Al quedar absueltos los dos acusados se desestima la pretensión de considerar responsables a título lucrativo a otras 18 personas.

La sentencia, de 78 folios, considera que de la prueba práctica en el caso de López Abad el Tribunal no puede concluir que  el acusado "ideó o planeó y contribuyó burdamente a la creación de un órgano como instrumento para la percepción de una retribución, todo ello indebidamente. Incluso sin entrar en el acierto o hasta en la ilicitud, en términos penales, de los acuerdos que se sucedieron (...) por las intervenciones que sobre el tema protagonizó el acusado, como ya se ha aventurado, no implica comportamiento penal alguno".

Comisión de Retribuciones

El Tribunal hace constar que los informes jurídicos que se interesaron sobre la materia "parece que fue a instancia de la Comisión de Retribuciones, limitándose el señor López Abad a recabarlos".

A los magistrados les sorprende que se atribuya el comportamiento penal al director general de la entidad "relegando a nula trascendencia el hecho incuestionable de que fueran otros los que votaron favorablemente pues es a los que incumbía".

En el caso de Avilés, los magistrados exigen que el contrato simulado sea en perjuicio de un tercero, en este caso la CAM, si bien "la entidad no parece que se viera afectada" por la venta de participaciones sociales de 23 de diciembre de 2010".

El fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol ha elevado este jueves a definitiva su petición de cuatro años de prisión para el ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y de dos años y medio para el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por la "sinvergonzonería" de las dietas abusivas que cobraron un total de 19 miembros de la entidad.

Los dos exdirectivos se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional desde el pasado 22 de enero, acusados de delitos de apropiación indebida y otorgamiento de contrato simulado. El Ministerio Público pide, además, una indemnización para el Banco Sabadell o subsidiariamente para la Tenedora de Inversiones (TI) de 1,4 millones de euros, y multa, para el primero, de otros 90.000.

Según ha expuesto el fiscal ante la Sala, presidida por la juez Teresa Palacios, López Abad y el fallecido presidente de la caja, Vicente Sala, incurrieron en un fraude de ley dirigido a proporcionar a los integrantes de la Comisión de Control de la caja una retribución que no les correspondía según los propios estatutos del banco.

Para ello, decidieron integrarles en una comisión paralela de gobierno, la de una de las sociedades participadas, la TI. Sus funciones en este órgano creado ad hoc eran, cuanto menos, discutibles, según la descripción del representante de Anticorrupción.

Rodríguez Sol ha asegurado que los 19 miembros de esta comisión paralela "no tenían ningún derecho a cobrar absolutamente nada" ya que acudían a las reuniones de TI "como quien va a una conferencia". "Uno va, se sienta, escucha lo que se dice y como mucho hace preguntas al final", ha insistido.

"No trabajaban nada"

El presidente de la Comisión de la participada, y los otros 18 miembros, no trabajaban "nada" entre reuniones, presentaban un "enorme grado de desconocimiento de sus funciones" y "no tenían ninguna responsabilidad", ha dicho el fiscal.

Sin embargo, su presencia en el organismo, creado en 2005 y que pervivió hasta 2011, les proporcionó pingües beneficios, que oscilaron entre los 9.000 y los 308.700 euros que se asignó Avilés.

Además, las dietas se fueron incrementando en el transcurso de los años hasta tal punto que llegaron a multiplicar por 150 la cantidad inicial y desembocaron en una retribución de 80.000 euros por dos reuniones anuales que se prolongaban una media de dos horas. Es decir, llegaron a ingresar 20.000 euros por hora.

Rodríguez Sol ha defendido que debe reclamarse a los 18 miembros de la comisión de TI la devolución íntegra de las cantidades cobradas, como recoge el Código Penal y en calidad de párticipes a título lucrativo. "Hay un

enriquecimiento ilícito fruto de un delito", ha dicho.

Préstamos irregulares

El fiscal acusa, además, a Avilés de aprovechar su influencia en la entidad para conceder a 'La Vereda de Sucina', una empresa que controlaba a través de sociedades interpuestas y varios familiares, préstamos para operaciones inmobiliarias por un total de 18,9 millones de euros.

Además, el responsbale del Ministerio Público culpa a Avilés de simular un traspaso de acciones de esta empresa a favor de su hermana con la intención de sortear el control del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y renovar sus préstamos. La compradora "ficticia" abonó 90.000 euros por los títulos, tras recibir un dinero que le fue entregado por la esposa del acusado.

El representante de Anticorrupción ha precisado que esta maniobra sirvió a Avilés para evitar un impago que le hubiera supuesto la obligación de abandonar su cargo en la entidad.

"El préstamo tenía muerte cerebral, no se podía reanimar y mantenerlo era perjuicial para la caja. Es como una bola de nieve, la deuda va creciendo", ha indicado Rodríguez Sol.

Por su parte, el abogado del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y de la CAM, Carlos Gómez-Jara, ha reclamado una indemnización para el organismo de cuatro millones de euros, por el perjuicio ocasionado.

El FGD -que pide seis años de prisión para López Abad y 10 para Avilés- hace "la labor de bombero del sistema financiero" y si tiene que soportar "lesiones" por su intervención, obligada para mantener el sistema financiero español, "tiene que ser indemnizado" y, cada culpable, deberá hacerlo en su proporción, ha dicho.

El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha ordenado este sábado la prisión provisional comunicada y sin fianza de Daniel Pérez Berlanga por los delitos de estragos, tenencia de explosivos y daños, después de que, a primera hora de la mañana del viernes, estrellara su vehículo contra la sede del Partido Popular ubicada en la calle Génova, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Precisamente este sábado, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez no había considerado delito de terrorismo la actuación de Daniel Pérez Berlanga, por lo que había remitido las actuaciones a los juzgados ordinarios.

El magistrado de guardia esta semana en la Audiencia Nacional le imputaba delitos de estragos, tenencia de explosivos y un delito contra las personas, pero ninguno de ellos de competencia de la Audiencia Nacional, órgano al que le fue encomendado en primera instancia este caso por el Ministerio del Interior, según informa Europa Press, que cita fuentes jurídicas.

De este modo y tras estudiar los atestados policiales, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha acordado inhibirse de este asunto y remitir las actuaciones a los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla.

El detenido estuvo ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Royo Villanova de Zaragoza por problemas mentales, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Además, a la Guardia Civil le consta un robo de vehículo en 1999 cometido presuntamente por Daniel. Una patrulla del Instituto Armado le localizó entonces conduciendo vestido con un pijama con un coche robado que utilizó para viajar desde su pueblo, Bronchales (Teruel), hasta Zaragoza, han indicado las mismas fuentes.

El hombre declaró a la Policía que su plan pasaba por atacar a toda la clase política. En las primeras explicaciones que dio a los agentes en la comisaría de Policía de Moratalaz a la que fue trasladado explicó que atacó la sede nacional del PP como podría haberlo hecho en la sede de otro partido o en el Congreso de los Diputados. Según dijo, para él todos los políticos son iguales.

El magistrado ha abierto una pieza separada para investigar este pago, concedido a Crespo por su cargo de presidente de la sociedad participada Tinser Cartera SL. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado, además, la imputación de los 18 consejeros de la caja que avalaron las dietas.

Gómez Bermúdez ya investiga a Crespo, y a otros antiguos directivos de la Caja CAM -el exdirector general de recursos de la CAM Vicente Soriano Terol; el exdirector de planificación y control de la caja alicantina, Teófilo Sogorb; el exdirector general de la CAM Roberto López Abad y la última directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós- por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas, por su actuación previa a la quiebra de la entidad.

El director de la asesoría jurídica de las empresas participadas de Bankia, Antonio Zafra Jiménez, declara este martes ante el magistrado Javier Gómez Bermúdez en calidad de denunciante por el agujero de 246 millones que sufrió la entidad financiera con sus inversiones en la sociedad Grand Coral, según han confirmado a infoLibre fuentes de la Audiencia Nacional.

Esta será la tercera vez que Zafra declare en la Audiencia Nacional, pues este directivo ya había comparecido en dos ocasiones ante el magistrado que instruye el caso Bankia, Fernando Andreu. En uno de estos testimonios, según explican fuentes jurídicas, Zafra reconoció que tanto el Banco de España como el FROB estaban revisando con el nuevo equipo de dirección la documentación de la entidad. También explicó que hasta ese momento no existía ninguna constancia de irregularidades, y por ese motivo no habían iniciado ningún tipo de medida legal.

Inspección

Pero el trabajo de inspección del Banco de España, que analizó las cuentas de las empresas participadas de Bankia, permitió descubrir el agujero de Grand Coral y el de otra decena de operaciones vinculadas al ladrillo, por las que la entidad financiera sufrió pérdidas de más de 1.700 millones de euros1.700 millones de euros. En este caso, la inversión total de Bancaja Hábitat fue de 409 millones, de los que sufrió un quebranto del 60 por ciento (246 millones).

El supervisor presionó al actual equipo gestor de Bankia, encabezado por su presidente, Juan Ignacio Goirigolzarri, para que denunciara ante los tribunales o ante la Fiscalía Anticorrupción las "operaciones irregulares" detectadas por la propia entidad financiera rescatada, según consta en un acuerdo del organismo supervisor de julio de 2013 adelantado por infoLibre.

El grupo Grand Coral se estructura, según el Banco de España, en un entramado societario de doble nivel. Por arriba se encuentran una serie de sociedades domiciliadas en Holanda, "que no realizan ninguna actividad y de las que cuelgan diversas sociedades mexicanas, a través de las cuales se desarrollan proyectos inmobiliarios en México", completa un informe del Banco de España, que especifica que esta forma de actuar "favorece la ausencia de control sobre el destino de los fondos".

Las empresas mexicanas de Grand Coral estaban dominadas por los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó. Ambos ya fueron arrestrados por orden del juez Bermúdez en el marco del caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Cada uno tuvo que pagar siete millones de euros para poder abandonar la prisión madrileña de Navalcarnero. Según la investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Ferri y Baldó eran socios de los exdirectivos de la CAM Roberto López Abad y Daniel Gil.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguraron a este diario que la Fiscalía Anticorrupción era partidaria de solicitar la comparecencia de ambos empresarios en la Audiencia Nacional en calidad de imputados.

A la declaración de este martes del directivo de Bankia han sido citados como perjudicados Caixabank (en representación de Banco de Valencia), la propia Bankia y la Abogacía del Estado.

Accionariado

Bankia Hábitat, la sociedad denunciante como perjudciada, era la propietaria del 40% del grupo Grand Coral, formando parte del accionariado de las sociedades holandesas. Los otros accionistas eran, con un 15% Bavacun (esta sociedad era en un 67% de Banco de Valencia y el resto de la familia Calabuig); un 10% de la firma Urbanika (que pertenece un 40,8% a Bankia Hábitat y el Grupo Ortiz con el 33%); y los empresarios Ferri Guardiola y Balsó Llorens, con un 35% del total de Grand Coral.

A diciembre de 2012, según el Banco de España, la posición de riesgo de la sociedad era muy preocupante. Bankia Hábitat tenía provisionados 145 millones de los 309 millones prestados, a los que habría que añadir los 100 millones por la participación en el capital.

El resto de financiación correspondía a Banco de Valencia por 107 millones. De toda esta deuda bancaria, 370 millones estaban destinados a financiar suelo, especialmente en México.

El objetivo de Goirigolzarri era, según el Banco de España, "poder cancelar la posición con este grupo por la poca confianza y las malas relaciones que mantienen con los socios gestores", especifica el Banco de España. Las pérdidas estimadas se situarían en torno al 50% de la deuda y el 100% de la participación. En total 250 millones de euros.

Elevadas revalorizaciones

Pero el informe del Banco de España concreta las irregularidades detectadas. Como por ejemplo que los terrenos comprados por Grand Coral experimentaron, en algunos casos, elevadas revalorizaciones dos días antes de ser adquiridos por las empresas dependientes de Bancaja Hábitat.

Además, las valoraciones que sirvieron de soporte para hacerse con los terrenos se aportaron, en varias ocasiones, con posterioridad a las decisiones de compra. "Y a pesar de los elevados importes de las compras, los inmuebles no llegaron ni a ser visitados" por los compradores.

Otra de las irregularizades consistió en que al vencimiento de alguna de las compras, sin que fuesen atendidos los pagos, Bancaja no ejecutó las garantías. "En su lugar, se decidió que el Grupo Grand Coral adquiriese el suelo, por un precio de 147 millones de dólares, con plusvalías para los deudores, pagados en efectivo o en ampliaciones de capital no suscritas por ellos".

El informe del Banco de España va más allá, llegando incluso al detalle de las principales operaciones de Grand Coral. Una de ellas fue la compra de un solar de 16.000 metros cuadrados ubicado en Cancún (México) con la intención de construir 106 viviendas.

Una filial mexicana de Grand Coral compró unos meses antes de la operación los terrenos, por 4,3 millones de dólares. Unos meses después, la matriz holandesa también participada por Bancaja Hábitat adquirió una opción de compra de los mismos terrenos por 18 millones de dólares. Al final, estas fincas fueron valoradas en 30 millones de dólares.

Diferentes valoraciones

Bancaja Hábitat compró en las mismas fechas otro solar de 16.000 metros cuadrados, por 18,5 millones. Después el suelo fue valorado por 32,5 millones de dólares. "En todo caso, no se explica la diferencia existente entre dichas valoraciones y los precios de adquisición de los terrenos (7,5 veces superior en el primero de los casos, con 8 meses de diferencia, y casi el doble en el segundo, sin apenas diferencia de tiempo", destaca el Banco de España.

En julio de 2005 Bancaja Hábitat compró más de 2 millones de metros cuadrados de suelo urbano en la localidad de Playa del Carmen (México). Pagó 203 millones de dólares. Bancaja y Banco de Valencia financiaron la operación con 104,5 y 79 millones, respectivamente.

El 24 de octubre de 2007, el consejo de administración de Bancaja ratificó otras dos operaciones a favor de una sociedad mejicana (del Grupo Ferri y Baldó), que habían sido autorizadas previamente por motivos de urgencia por el director general, con el visto bueno del presidente de Bankai Hábitat, por un Importe conjunto de 80 millones de dólares. 

En 2009, una vez que se produjo el vencimiento de ambas operaciones, sin que fuesen atendidos los pagos, y siendo la entidad prestataria propiedad al 100% de Ferri y Baldó, Bancaja no ejecutó las garantías.

En su lugar, se decidió que Grand Coral adquiriese el suelo, por un precio de 147 millones de dólares. De esta forma, la sociedad de Ferri y de Baldó, obtuvo una plusvalía de 43,5 millones, especifica el informe del Banco de España.

La Fundación Bancaja no ha reclamado a su expresidente José Luis Olivas los 3,3 millones que según el Banco de España percibió por su participación en el consejo de administración de Iberdrola en contra de la Ley de Cajas valenciana vigente hasta 2010, según ha confirmado este lunes a infoLibre una portavoz de la fundación valenciana.

La misma fuente asegura que la Generalitat Valenciana "no ha informado" de los hechos a Bancaja, por lo que ésta no tiene conocimiento de ninguna irregularidad por parte de Olivas.

El Banco de España acordó el 5 de julio de 2013, hace más de 13 meses, dirigirse por carta a la Generalitat Valenciana para advertirle de que el cobro de 3,3 millones por parte de Olivas entre 2007 y 2012 de Iberdrola, una de las sociedades participadas de Bancaja, "colisiona" con la Ley de Cajas valenciana, tal y como consta en el acuerdo aprobado por la comisión ejecutiva del supervisor el 5 de julio de 2013 al que ha tenido acceso este periódico.

Por su parte, la Generalitat Valenciana ha asegurado a este diario que ni en la Conselleria de Hacienda ni en el Instituto Valenciano de Finanzas, que se encarga del control de las fundaciones herederas de las cajas de ahorros, "consta la recepción de ninguna comunicación. Al menos en ambos organismos los altos cargos actuales no tienen constancia al respecto".

El supervisor también informó a Bankia de su intención de exigir a la Generalitat Valenciana que reclamara el dinero. Bankia, la entidad resultante de la fusión de siete cajas de ahorros entre las que se encontraban la propia Bancaja y Caja Madrid, considera que no es ella la que tiene que exigir la devolución de las dietas a Olivas, según explicó un portavoz a este diario.

En definitiva, nadie ha reclamado el dinero que el propio Banco de España aseguró que se había cobrado de forma irregular.

Inspección

La investigación del Banco de España se inició tras la inspección del Banco de España del agujero de Bankia. En el mismo, tal y como consta en los informes del supervisor a los que ha tenido acceso este diario, se constata que Olivas y su entonces número dos, Aurelio Izquierdo, cobraron dietas al margen de la ley valenciana de cajas.

En el caso de Izquierdo, que todavía trabaja para la Fundación Bancaja, se trataría de alrededor de 300.000 euros. "La entidad ha confirmado al equipo inspector que no se ha producido el retorno de dichas cantidades a la caja, tal y como exigiría la normativa de la Generalitat Valenciana", sostiene el documento, en referencia a Olivas y a Izquierdo.

El Banco de España acordó por ello comunicar a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana que "determinados directivos de la antigua Bancaja habrían percibido ingresos que provenían de distintas empresas en las que dichas personas figuraban como consejeros dominicales en representación de la caja sin que conste el retorno de dichas cantidades,tal y como exigiría la normativa de la Generalitat Valenciana".

Lo que decía la ley

La Ley sobre Cajas de Ahorros de esta Comunidad Autónoma vigente hasta 2010 era muy ambigua en relación a la percepción de las dietas por parte del presidente y del director general.

El artículo 17 especificaba que el importe total de las dietas percibidas por los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros no podría ser superior al que la ley de Presupuestos de la Generalitat fijara anualmente para las retribuciones del presidente de la Comunidad.

El sueldo de Eduardo Zaplana primero y después el del propio Olivas, los presidentes que precedieron a Francisco Camps en la Generalitat, rondaba los 75.000 euros.

Pero la ley valenciana de cajas especificaba unas líneas más abajo que el consejo de administración podría asignar una retribución a su presidente, debiendo éste, en ese caso, ejercer sus funciones con dedicación exclusiva, estando sometido al mismo régimen de incompatibilidades que el director general. 

A su vez, el artículo 44 completaba que el cargo de director general requería también dedicación exclusiva, por lo que era incompatible con cualquier actividad retribuida, tanto de carácter público como privado.

Aunque en el mismo artículo se hablaba de las excepciones: "Salvo la administración del propio patrimonio y aquellas actividades que ejerza en representación de la caja de ahorros. En este último caso, los ingresos que obtenga, distintos a dietas de asistencia a consejos de administración o similares, deberán cederse a la caja de ahorros por cuya cuenta realiza dicha actividad o representación".

Las dietas de los directivos

Olivas formó parte del consejo de administración de Iberdrola, por cuya participación obtuvo la mayor parte de sus ingresos vinculados a dietas.

Sin embargo, fuentes del Banco de España especificaron que la normativa valenciana sí prohíbe la percepción de los 3,3 millones de euros en dietas de Olivas, y los 300.000 euros de Aurelio Izquierdo.

El Banco de España detectó el ingreso irregular por parte de Olivas de las dietas mientras analizaba la información remitida por el Grupo BFA-Bankia sobre retribuciones de la alta dirección de Bancaja.

En concreto, el supervisor reseña que tuvo conocimiento de que "el presidente y el director general de Bancaja", en referencia a José Luis Olivas y Aurelio Izquierdo, "entre 2007 y 2012 tuvieron una serie de ingresos de volumen significativo (en el entorno de 3,3 millones y 300.00 euros, respectivamente) que provenían de distintas empresas en las que dichas personas figuraban como consejeros dominicales en representación de Bancaja".

Y después Bankia confirmó al Banco de España que ni Olivas ni Izquierdo habían devuelto ese dinero, tal y como exigía, según el supervisor, la ley valenciana de cajas de ahorros.

Olivas, imputado en Bankia

Olivas está imputado tanto en el caso Bankiacaso Bankia como en una pieza separada del caso Banco de Valencia. También está siendo investigado en un juzgado de Valencia tras una querella de la Fiscalía por su presunta vinculación con operaciones de las empresas de la familia Cotino. La cabeza visible de esta familia es Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de las Corts valencianas, Juan Cotino.

Aurelio Izquierdo también está imputado en el caso Banco de Valenciacaso Banco de Valencia. Según la información que consta en el sumario, este directivo cobró entre 2007 y 2010 un total de 8,4 millones. Entre estas cantidades se incluyen las dietas de 64.666 euros que percibió en 2007 por representar a Bancaja en el consejo de administración de la promotora Martinsa-Fadesa. Además de 75.000 euros por Iberdrola Inmobiliaria y 42.000 euros por NH Hoteles.

En 2008, a su sueldo de 2,1 millones en BancajaBancajaañadió otros 76.500 euros de Martinsa-Fadesa; 76.500 de Iberdrola Inmobiliaria y 51.000 de NH Hoteles. En 2009 cobró 109.800 euros en dietas.

El último año como director general de Bancaja, en 2010, Aurelio Izquierdo consiguió un nuevo aumento de sueldo, pasando a cobrar 2.546.403 euros. Iberdrola Renovables, Iberdrola Inmobiliaria y NH Hoteles mejoraron sus percepciones hasta los 2,6 millones.

Además Izquierdo, que trabaja en la Fundación BancajaFundación Bancaja, todavía tiene derecho a cobrar una pensión que ronda los 7,5 millones tras renunciar a otros 6,3 millones que había pactado durante su estancia en Bancaja.

Bankia reconoce que de los 2.306 millones que invirtió en once negocios inmobiliarios, el banco sufrió pérdidas de 1.717 millones, según consta en un documento certificado del Banco de España, con fecha 5 de julio de 2013, al que ha tenido acceso infoLibre.

En todos los casos, las inversiones mencionadas "implican un perjuicio para los intereses de la entidad, que se ha materializado en un significativo quebranto", completa el Banco de España, que resalta que el gran número de sociedades intervinientes en alguna de las operaciones supone una dificultad añadida de control "e impide verificar el destino de los fondos de manera adecuada".

Operaciones "irregulares"

Las características de estas operaciones "irregulares" consisten, explica el Banco de España, en compras de suelo o de participaciones en sociedades cuyos activos eran únicamente terrenos, básicamente rústicos o urbanizables, en los que no era previsible que existieran expectativas de un desarrollo urbanístico que permitiera recuperar la inversión a corto o a medio plazo.

Además, las inversiones se formalizaron al final del ciclo inmobiliario, cuando el sector ya mostraba signos de haber entrado en una profunda crisis. Las valoraciones efectuadas para fijar el precio a pagar se basaron, según el supervisor, en que el suelo acabaría recalificado, "lo que supone que al vendedor se le asegura un beneficio difícilmente realizable".

Como consecuencia de este agujero y de las irregularidades detectadas en las operaciones, la comisión ejecutiva del Banco de España acordó el 5 de julio de 2013, tras consultar con el departamento jurídico, "trasladar al Ministerio Fiscal las operaciones señaladas en la propuesta" de la Dirección General de Supervisión.

Relevancia penal

La institución dirigida por Luis María Linde adopta esta decisión "en la medida en que pudieran resultar relevantes desde el punto de vista penal", tal y como especifica un certificado firmado por el secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez, que ha sido enviado al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dentro del sumario del caso Banco de Valencia.

En concreto, se trata de once inversiones, la mayor parte originadas en Bancaja antes de su integración en Bankia. Algunas de ellas ya están siendo investigadas en la Audiencia Nacional, como por ejemplo son los casos del Grupo Calabuig o de la empresa Grand Coral. Las otras nueve operaciones "irregulares" que menciona el Banco de España son las relacionadas con el Grupo Ortiz, el Grupo Ramón Salvador, Aedifica (Valencia C.F.), Royactura, Urbiland, Grupo Cotino, Ferrobús, Share Capital (familia Cotino) y Fuentes de Chiva. En los tres últimos casos, Bankia ya presentó una denuncia en Anticorrupción.

José Luis Olivas

El proceso de integración de las siete cajas que crearon Bankia, entre ellas Caja Madrid y Bancaja, generó un conjunto aproximado de 380 sociedades inmobiliarias, "procedentes en su mayor parte de Bancaja", según resalta el mencionado documento del Banco de España y que obra en poder del juez Santiago Pedraz.

Y estas empresas vinculadas al ladrillo dependieron durante tras la primera etapa de Bankia de José Luis OlivasJosé Luis Olivas, que había sido el presidente de Bancaja, y tras la fusión se convirtió en el número dos de Rodrigo Rato, entonces presidente de la sociedad. Pero según el Banco de España, a finales de 2011 el equipo gestor encabezado por Rato decidió reestructurar la entidad financiera, con la intención de simplificar su configuración.

El 23 de mayo de 2012, con Olivas ya fuera de Bankia tras la intervención del Banco de Valencia, el equipo de inspectores del Banco de España mantuvo una primera reunión en la sede de Bankia Hábitat en Valencia "con los responsables de los distintos departamentos que formaban parte de la nueva estructura, con el objetivo de iniciar una revisión en profundidad del grupo inmobiliario", especifica el documento aprobado por la comisión ejecutiva del Banco de España el 5 de julio de 2013.

Y en esa reunión el banco informó de que en algunas operaciones "había detectado indicios de actuaciones irregulares en perjuicio del Grupo BFA-Bankia", especifica el informe del supervisor, que continúa: "Además de determinar el quebranto que dichas operaciones habían representado para el Grupo BFA, la entidad pretendía conocer si se podía derivar algún tipo de responsabilidad para algunos de los antiguos gestores del grupo".

Batalla por el poder

El documento no identifica a ninguno de esos gestores, aunque un exconsejero de Bankia considera que el escrito se refiere claramente al propio Olivas y a su equipo procedente de Bancaja. Este exdirectivo, que está imputado en el caso Bankia y ha pedido a infoLibre mantener en secreto su identidad, sostiene que esta iniciativa tiene su origen en la batalla por el poder que entablaron Rato y Olivas, y que finalizó con la salida del segundo de Bankia, que se vistió como una simple dimisión.

Según esta fuente que formaba parte del consejo, el paso previo a la dimisión de Olivas fue el nombramiento como presidente de Bankia Hábitat del que fuera secretario de Estado de Economía, con Rato de ministro, José Manuel Fernández Norniella. Pero realmente quien se desplazó a Valencia, sede de Bankia Hábitat, por orden de Rato, fue Juan Bartolomé.

Otras fuentes aseguran a este diario que el propio Rato llegó a realizar gestiones para determinar el grado de implicación de Olivas en las irregularidades denunciadas en Bancaja y en sus empresas participadas. 

Llegado a ese punto, el Banco de España consideró "prioritario" llevar a cabo una revisión específica en profundidad de estas operaciones y de otras similares que se pudieran haber originado en el ámbito del grupo inmobiliario de la entidad", indica el supervisor en el documento de julio del año pasado. 

Grupo Ortiz

Y tras el control, el informe del Banco de España detectó irregularidades que explican una parte del agujero de Bankia. Así, el principal deterioro se originó en las inversiones y créditos concedidos al Grupo Ortiz, con pérdidas de 572 millones de euros. Teniendo en cuenta que la cifra global de la inversión en este grupo valenciano fue de 734 millones, el 78% de estos fondos están en números rojos.

Según la investigación de la vertiente valenciana del caso Gürtel, Enrique Ortiz fue unos de los siete empresarios de la construcción y la obra pública que habrían financiado en 2007 y 2008 actos de campaña del PP de forma irregular. Por eso este empresario, propietario del equipo de fútbol Hércules de Alicante, está imputado en Gürtel, pero también en el denominado caso Brugal.

Grupo Ramón Salvador

El segundo agujero inmobiliario tiene su origen en el Grupo Ramón Salvador. De una inversión total de 369 millones el menoscabo fue del 82%, lo que implica pérdidas de 303 millones. El empresario Ramón Salvador está imputado en una pieza separada del caso Banco de Valencia, en la que el juez Santiago Pedraz también ha imputado a toda la cúpula de la entidad financiera valenciana: el expresidente de Banco de Valencia y Bancaja José Luis Olivas; el exsecretario general Aurelio Izquierdo; el ex consejero delegado Domingo Parra, y el dirigente de Bancaja Hábitat José Cortina.

El tercero en este ránking de fallidos es el Grupo Grand Coral. Con una inversión del grupo BFA-Bankia de 409 millones el deterioro fue de 246 millones de euros, lo que supone un porcentaje del 60%. Bankia denunció esta operación, que en estos momentos instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez.

Grupo Calabuig

La siguiente operación fallida de Bankia en importancia fue la del Grupo Calabuig. El Banco de España cifra el agujero en 210 millones de una inversión total de 248 millones, lo que significa pérdidas en el 85% de la misma. Hasta cinco integrantes del Grupo Calabuig están imputados en una pieza separada del caso Banco de Valencia. 

Share Capital, vinculada con la familia Cotino, en la que uno de sus integrantes es Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de las Corts valencianas, Juan Cotino, (PP) ha supuesto pérdidas de 164 millones. La inversión total fue de 180 millones, por lo que el porcentaje perdido es del 91%. El Grupo Cotino en España también provocó un agujero en Bankia, que el Banco de España cifra en 52 millones de los 98 invertidos (53%).

Otra de las operaciones que se encuentran en el foco del Banco de España fue la realizada en la sociedad Fuentes de Chiva. El quebranto sobre el total de 75 millones invertidos fue del 95%, lo que supone 71 millones. Esta operación fue denunciada por Bankia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Aedifica

Las otras empresas que han sido analizadas por el Banco de España son el Grupo Aedifica, con una inversión de 109 millones, y con pérdidas de 57 millones (52%); Royactura, 44 millones de los que se han perdido 32 (74%); Ferrobús, en el que Bankia invirtió 13 millones perdiendo 9 (66%); y Urbiland, en el que el agujero fue de un millón de euros de un total de 27 millones (5%).

En el informe, el Banco de España resume también las conclusiones de su revisión de las operaciones de Bankia, que abarca únicamente a las sociedades del Grupo Calabuig, Grand Coral, Aedifica, Share Capital y Royactura. Según el organismo supervisor, en las mismas se han detectado irregularidades que, en la mayoría de los casos, "revelan ausencia de racionalidad económica en el origen de las operaciones materializadas, en su mayor parte, en el ámbito del Grupo Inmobiliario de Bancaja".

Bankia no ha permitido que el Banco de España accediera a las cuentas de su sucursal de Miami, según especifican los acuerdos de la Comisión Ejecutiva de la entidad supervisora, celebrada el 5 de julio de 2013, según consta en un documento al que ha tenido acceso infoLibre.

Precisamente, esta sucursal jugó un papel importante en la expansión de la red Gürtel en Estados Unidos. El cerebro de la trama, Francisco Correa, y otros de sus integrantes, entre ellos el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, compraron varias viviendas de lujo en Miami. Para mover su dinero procedente de paraísos fiscales dispusieron, según el juez Pablo Ruz, de los servicios del director de la sucursal de Bancaja en la ciudad de Florida, Guillermo Martínez Lluch, que está imputado en la causa.

City National Bank

El órgano de gobierno del Banco de España, institución que dirige Luis María Linde, explica que Bankia se escudó en que "la legislación" del Estado norteamericano de Florida "prohíbe" informar al organismo regulador de otros países: "Como justificación, han entregado un dictamen jurídico elaborado por el asesor legal, Alcides l. Ávila", se indica en el documento del órgano supervisor.

El nombre de Alcides l. Ávila aparece en varias ocasiones en los correos secretos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. En los mismos se constata que este ciudadano norteamericano asesoró a Blesa en la denominada por el expresidente de Caja Madrid como operación Palm, que consistió en la compra del City National Bank.

Según un informe del Banco de España, la adquisición de esta entidad financiera provocó un agujero de más de 500 millones de euros a la entidad presidido por Miguel Blesa. Este documento del organismo supervisor convenció al juez Elpidio José Silva de que Blesa tenía que ingresar en prisión.

Reserva Federal

El Banco de España se interesó, en el marco de una reunión con la Reserva Federal de Atlanta, por la legislación de este país, con la intención de acceder a las cuentas de la antigua sucursal de Bancaja en Miami. Y la institución del Estado de Georgia confirmó que el supervisor del país de origen no podía acceder directamente a datos de pasivo porque la ley en el Estado de Florida lo prohibía, tanto en el caso de filiales como de sucursales de bancos extranjeros.

No obstante, el Banco de España recuerda que la autorización concedida "en su día a Bancaja (ahora ya Bankia) se basaba en el compromiso de la entidad con el Banco de España de que sus servicios centrales contarían en todo momento con el mismo tipo de información con la que habitualmente tienen de sus sucursales en España", y que dicha información "estaría a disposición del Banco de España cuando éste la solicitara", según se especifica en el informe de la Comisión Ejecutiva del propio Banco de España.

La única información aportada por Bankia hasta junio de 2013 era que la sucursal estaba en proceso de cierre. En este sentido, la entidad tenía intención de traspasar todos sus activos y pasivos a su matriz. "Por lo tanto, se estima conveniente incluir en el escrito de requerimientos el instar a la entidad a que acelere el ritmo de contabilización en España de los activos y pasivos de la sucursal y nos comunique, en cuanto sea posible, su cierre definitivo", apunta el informa del Banco de España al que ha tenido acceso infoLibre.

Está cerrada

El Banco de España ha declinado informar a este periódico acerca de si ya tiene en su poder las cuentas de la antigua sucursal de Bancaja en Miami, mientras que Bankia únicamente ha confirmado el cierre de la misma.

El que fuera director de la sucursal Guillermo Martínez Lluch declaró en la Audiencia Nacional, en marzo de 2013, como imputado por los delitos de blanqueo de capitales y cooperación en la comisión de delitos fiscales. Según el juez Pablo Ruz, Martínez Lluch fue uno de los encargados de gestionar las cuentas con las que el presunto cerebro de la trama, Francisco Correo, llevó a cabo numerosas inversiones en Estados Unidos.

La investigación del juez contrasta con la defensa que hizo en 2009 el entonces presidente de Bancaja, José Luis Olivas, de la gestión de Martínez Lluch. "Él está tranquilo y nosotros estamos tranquilos", comentó Olivas, quien aseguró que Correa había cerrado sus cuentas en Bancaja años antes.

Tanto el magistrado Pablo Ruz como Javier Gómez Bermúdez, titulares de los juzgados centrales de instrucción número 5 y número 3, respectivamente, dieron traslado a la Fiscalía para que informara acerca de si ambos jueces eran competentes para investigar dos querellas contra los mencionados productos financieros, que los afectados consideran tóxicos.

La Fiscalía no ha querido aclarar a infoLibre ningún dato sobre su postura contraria a que la Audiencia Nacional investigue los mencionados productos financieros del BBVA y del Santander.

Tanto Ruz como Bermúdez tendrán que adoptar una decisión sobre si aceptan a trámite las querellas, las archivan o las derivan a un juzgado ordinario al entender que la Audiencia Nacional no es competente para realizar dicha investigación.

Pluralidad de perjudicados

En el caso del BBVA, la Fiscalía justifica su decisión destacando que no existe "una pluralidad de perjudicados". Este es el motivo por el que considera que la investigación debería dirigirse a un juzgado ordinario. El producto financiero denunciado se denomina permuta financiera de tipos de interés con opciones de knock-out sobre acciones. En el mundo financiero se conoce con el término inglés de swap sobre acciones.

Realmente es una apuesta entre una entidad financiera y un cliente. El cliente apostaba a que las acciones iban a subir, por lo que si bajaban tendría que pagar al banco. De esta forma, el inversor podía ganar o perder en función de la oscilación del precio de las acciones de la propia entidad.

Es decir, si las acciones subían el consumidor ganaba, pero el banco también, pues los títulos se revalorizaban. Pero si el precio de las acciones descendía, el cliente se veía obligado a abonar una parte importante de su inversión, por lo que la entidad financiera también resultaba beneficiada.

La querella que se encuentra sobre la mesa de Gómez Bermúdez fue interpuesta por los dos propietarios de una empresa radicada en el madrileño municipio de Algete, que en estos momentos se encuentra en disolución.Una sentencia en León

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de León ya acordó el 1 de marzo de 2012 la nulidad de un contrato similiar al denunciado en la Audiencia Nacional. El BBVA exigía a una empresa el pago de 236.338 euros, cuando la inversión había sido de 500.000 euros.

Los magistrados de la Audiencia de León explicaron en la mencionada sentencia los motivos por los que condenaron a la entidad presidida por Francisco González: "De tan claros datos inferimos que la entidad bancaria ofreció el producto cuando la crisis ya era patente (y con ella la previsible bajada de las acciones) y que el cliente solo la pudo percibir de modo evidente cuando se agudizó en septiembre de 2008 y si cancelaba la operación se veía obligado a pagar una suma superior a la que finalmente se le reclama en este procedimiento", especifica el fallo de los magistrados.

Fuentes próximas a la entidad financiera han resaltado a infoLibre que el producto y su posterior comercialización son legales. Además, coinciden con la Fiscalía al asegurar que una denuncia presentada en Algete (Madrid) compete a los juzgados de Alcobendas y no a la Audiencia Nacional. 

Emilio Botín

Por su parte, la denuncia interpuesta en el juzgado de Pablo Ruz se dirige contra el Banco Santander y varios de sus directivos –entre los que se encuentran el presidente Emilio Botín; su hija Patricia Botín; el exvicepresidente Alfredo Sáenz, y el exministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes– por los presuntos delitos de estafa continuada, asociación ilícita y organización criminal.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sostiene en la demanda inicial, y en la posterior ampliación de la misma, que el Santander y BNP Paribas concedieron a través de la sociedad UCI préstamos a personas con escasa solvencia económica. "Aparecen indicios de estafa en la concesión de tales préstamos al provocar endeudamientos durante décadas con falta de información y engaño acerca del riesgo contraído", especifica el escrito.

La denominación de "basura", según el abogado de la PAH Rafael Mayoral, se fundamenta en el hecho de que los préstamos se comercializaban a personas con inestabilidad laboral y sin recursos suficientes. "Con cláusulas usurarias, que han hecho que algunos de los clientes del Santander deban más dinero ahora que cuando contrataron la hipoteca", resalta el letrado.

El magistrado Javier Gómez Bermúdez ha pedido a los opositores al régimen vietnamita que aporten "pruebas" de los presuntos crímenes de guerra, genocidio y torturas que según la denuncia presentada en la Audiencia Nacional cometieron los líderes comunistas de este país asiático, según han asegurado a este periódicofuentes del caso.

Según adelantó infoLibre en junio pasado, los representantes del autodenominado Gobierno vietnamita en el exilio interpusieron una denuncia en la Audiencia Nacional contra los dirigentes comunistas del país asiático. Esa demanda recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Javier Gómez Bermúdez, que dio traslado a la Fiscalía para que informara de la competencia de los tribunales españoles.

Ho Chi Minh

Según informan los opositores vietnamitas en su página web, en la Audiencia Nacional se interpuso una denuncia idéntica a la presentada en un tribunal belga contra el fallecido expresidente vietnamita Ho Chi Minh, nombre con el que fue rebautizada la ciudad de Saigón tras la salida de Estados Unidos del país. Pero también contra actuales cargos del Ejecutivo, entre los que se encuentra el actual presidente de Vietnam, Truong Tan Sang; el primer ministro, Nguyen Tan Dung, y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phú Trong.

Entre los crímenes que los exiliados en Estados Unidos atribuyen a estos dirigentes se incluye la muerte de 173.000 campesinos a raíz de la reforma de la propiedad de la tierra llevada a cabo en Vietnam del Norte entre los años 1949 y 1956. En concreto, los denunciantes sostienen que los tribunales ciudadanos favorecieron las denuncias masivas de los niños, que en muchas ocasiones culpaban a sus padres de actuar en contra del régimen comunista.

Saigón

Los presuntos crímenes se acentuaron, siempre según los opositores, tras la caída de la ciudad de Saigón, que fue el preludio del final de la Guerra de Vietnam, con el asesinato de miles de personas. Y durante un ataque de las fuerzas de Vietnam del Norte en enero de 1968, conocido como ofensiva del Tet, "los comunistas acabaron con la vida de unos 5.000 civiles y secuestraron y posteriormente mataron a otras mil personas en la ciudad de Hué.

Otros de los crímenes se perpetraron en la operación denominada Flaming Summer en 1972, en la provincia de Qang Tri, asesinando a miles de inocentes. Y en 1974 cientos de escolares fallecieron por el bombardeo de una escuela en la ciudad de Cai Lay. Entre 1975 y 1983 al menos 65.000 personas fueron ejecutadas en los campos de prisioneros comunistas.

Ante el relato de los hechos, el magistrado Bermúdez quiere disponer de pruebas, como por ejemplo vídeos, imágenes o documentos que demuestren la veracidad del relato de los opositores, que viven en California (Estados Unidos).

Narcotraficantes

La denuncia interpuesta en la Audiencia Nacional sobre crímenes en Vietnam, que todavía no ha sido admitida a trámite, es la primera que se presenta en relación a la jurisdicción universal tras la modificación de la ley por parte del Partido Popular.

Hasta el momento, el cambio legal se ha enfrentado con la rebeldía de los magistrados de la Audiencia Nacional, que excepto en el caso del Tíbet, han mantenido abiertas la mayoría de las causas, como por ejemplo el caso Couso o las torturas en Guantánamo. Sin embargo, 53 presuntos narcotraficantes sí han tenido que ser liberados en virtud de la nueva ley.

"Nos encontramos ante unos hechos y unas consecuencias jurídicas derivadas de los mismos que tienen el cauce apropiado para su esclarecimiento y en su caso resarcimiento en el ámbito civil, no en el procedimiento penal", concretan los fiscales Luis Rodríguez Sol y Ana Cuenca en un escrito del pasado 26 de junio.

En el documento de 23 páginas, al que ha tenido acceso infoLibre, los representantes del Ministerio Pública solicitan al magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que archive esta pieza separada del caso CAM.

Investigación por estafa

Precisamente, la investigación de las cuotas participativas y de las preferentes es la que tiene una mayor repercusión entre los afectados, tal y como han explicado ellos mismos a infoLibre. En este sentido, fuentes de la acusación de Adicae consideran que la investigación sobre las cuotas participativas es determinante para la defensa de los intereses de sus asociados, que consisten básicamente en tratar de conseguir la devolución del dinero invertido.

En el caso de las cuotas participativas, la CAM comercializó 292 millones de euros de este producto financiero. Y en el caso de las preferentes y subordinadas la cifra fue mayor, pues llegó hasta los 1.609 millones. La CAM fue intervenida por el Estado y ha necesitado 24.861 millones de euros para evitar su quiebra, según los datos del Tribunal de Cuentas, que considera la entidad alicantina como la más ruinosa, por encima de Bankia.

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la CAM, Carlos Pena, sostiene que de los 292 millones suscritos en cuotas participativas todavía quedan pendientes de amortizar unos 120 millones. De esta última cifra, 13 millones corresponderían a los 750 afectados que se han agrupado en torno al abogado murciano Diego de Ramón.

No hay irregularidades

Los fiscales Anticorrupción hacen en el escrito un recorrido sobre las decisiones adoptadas por los directivos de la CAM, con las conclusiones de que en el caso de las cuotas, pese a las denuncias recibidas, "no consta que la CNMV detectara ninguna irregularidad relevante en la comercialización entre la clientela minorista".

Pero en relación a las preferentes, Anticorrupción sí admite la existencia de irregularidades en su comercialización, pero no suficientes para considerarlo un delito de estafa: "El ámbito idóneo para la depuración de las responsabilidades exigibles por estas conductas es el del Derecho administrativo sancionador y no el proceso penal", reseña el documento.

Luis de Guindos

Las cuotas participativas eran un producto financiero parecido a las acciones, pero que sin embargo no generaban derecho de voto. La CAM optó por este modelo híbrido ya que en ese momento las cajas de ahorros no podía emitir acciones. Tanto en el caso de la CAM como de Caja Madrid la entidad financiera que promovió la creación de las cuotas fue la firma norteamericana Lehman Brothers, cuya quiebra a finales de 2008 se convirtió en el preludio de la crisis financiera internacional.

El escrito de la Fiscalía pone de manifiesto que fue el representante legal de Lehman Brothers International (Europe) el que avaló con un escrito destinado a la CNMV en el que declaraba que había comprobado que la información contenida en la nota sobre las cuotas de la oferta, "en lo que se refiere a los términos y condiciones de la oferta y a los derechos y obligaciones de las cuotas participativas objeto de la misma, no es falsa ni se omiten en ella datos relevantes requeridos por la legislación aplicable".

Lehman Brothers

La Fiscalía no identifica al "representante legal" de Lehman Brothers que redactó el documento, aunque el máximo dirigente de esta sociedad en Europa era el actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Este integrante del Gobierno de Mariano Rajoy fue quien ofreció a Miguel Blesa que comercializara las cuotas participativas en Caja Madrid, tal y como confirman varios correos electrónicos publicados por infoLibre.

Este informe de la empresa liderada en Europa por Luis de Guindos acabó con "los temas delicados" detectados previamente por la CNMV, que dio su visto bueno a la comercialización del producto financiero, que tras la intervención del Fondo de Reestrcuturación Ordenado Bancario (FROB) pasó a tener un valor de cero euros.

Manipulación de las cuentas

Los fiscales aluden también a un informe de peritos del Banco de España en el que se pone de manifiesto que la manipulación de las cuentas de la CAM pudo tener efectos en los precios de cotización de 2009 y 2010, "que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad, ya que se atribuían beneficios a ésta cuando en realidad se habían producido pérdidas".

Por dicho motivo, los fiscales consideran que los perjuicios no están claros, recordando que los peritos del Banco de España consideran también que es "razonable pensar que los precios de cotización hubiesen bajado ante una información financiera que reflejase una situación con más morosidad y peores resultados de la CAM. En este sentido, podría considerarse que fueron perjudicados los que adquirieran cuotas en el mercado en 2010 y 2011, mientras pudieron ser beneficiados los que las vendieron".

Tampoco ven irregularidades los fiscales en el hecho de que las cuotas pasaran a perder todo su valor. Sin llegar a una conclusión, los representantes del Ministerio Público recuerdan que la cotización de las cuotas fue suspendida tras la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB), y que posteriormente, el 9 de julio de 2012, la Asamblea General de la CAM aprobó las cuentas de la entidad financiera, "y como consecuencia de la aplicación de su resultado, el valor de las cuotas participativas pasó a ser de cero euros".

Preferentes

Por el contrario, en el caso de las preferentes los fiscales sí admiten la existencia de irregularidades. Después de constatar que casi todo el importe de los 1.600 millones en preferentes se colocó en el tramo minorista, el escrito de Anticorrupción destaca que el 95,83% de los preferentistas acudieron al canje ofrecido por el Banco Sabadell. "La emisión de preferentes en CAM se remonta a los años 2001 y 2002, mucho antes del comienzo de la crisis económica, lo cual significa que hay un buen número de clientes de la CAM que han disfrutado de la rentabilidad de este instrumento financiero durante bastantes años, en los que no hubo ninguna queja respecto de la actuación de la entidad", completan.

Juan Ramón Avilés

Y como ejemplo de esta alta rentabilidad los fiscales ponen como ejemplo al presidente de la comisión de control de la CAM: "Las preferentes han sido un instrumento altamente rentable para algunos clientes que han sabido comprarlas y venderlas en el momento oportuno. Por ejemplo, el informe del Banco de España de 24 de abril de 2012 cita el caso de algunas sociedades vinculadas a Juan Ramón Avilés, que titularon estos productos durante un tiempo en que su rentabilidad era del 7,25% anual".

Además, según argumentan los fiscales basándose en el mencionado informe de los peritos del Banco de España, en las operaciones de emisión y comercialización inicial de cualquiera de esos productos financieros "no se ha constatado que hubiera ningún engaño derivado de una falsa formulación de los estados financieros de la CAM y que pudiera llevar a error a los adquirentes de dichos productos".

Ocultaron pérdidas

No obstante, los peritos solo reconocen que desde 2009 podría sostenerse que las cuentas en las que se ocultaban las pérdidas de la CAM "encajan en el concepto de engaño y que dicho engaño era bastante para provocar en el comprador el error de que iba a obtener unos beneficios mayores que los reales".

Aunque no está claro, argumentan los fiscales, que haya habido ánimo de lucro por parte de los directivos de la CAM, ya que los que se habrían beneficiado con esta conducta habrían sido los particulares que vendieron los productos a un precio superior al de mercado. "El único beneficio de la CAM habría consistido en evitar posibles reclamaciones, el consiguiente perjuicio reputacional y una potencial pérdida de clientes".

No hay estafa

Por todo ello, los fiscales concluyen que no existen indicios que permitan apreciar, a partir de las conclusiones de los peritos judiciales sobre los perjuicios derivados del falseamiento de las cuentas anuales a los clientes de productos financieros de la CAM, la existencia de un delito de estafa "que justifique en este momento procesal la pervivencia de esta pieza separada".