El ejercicio del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada consagrado en el artº 47 de la Constitución es cada día más difícil, cuando no imposible, no sólo para los jóvenes –que son de quienes más se habla– sino para millones de personas independientemente de su edad, de si tienen trabajo o no, o del lugar donde residan.

Cada nueva estadística pública o privada va empeorando la anterior. Los alquileres no paran de subir, y el acceso a la compra está muy lejos del alcance de la inmensa mayoría. En paralelo, conocemos elevadas cifras de operaciones de compraventa pagadas al contado, muchas realizadas por extranjeros no residentes, o empresas y muy pocas destinadas directamente a residencia de los compradores, lo que es igual: la mayoría de estas adquisiciones van directamente dirigidas a la especulación. Muchas de ellas, viviendas de protección oficial en las que se renuncia al derecho de tanteo y retracto por parte de las administraciones, siendo insoportable que, además, supongan el desahucio de familias vulnerables, con gente enferma/dependiente y niños.

En este contexto, el ministerio de Vivienda presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026/2030, que incluye un importante incremento del gasto, hasta 7.000 millones, destinados sobre todo a la construcción de vivienda protegida y rehabilitación, y también a “ayudas” al alquiler, que incluyen rebajas fiscales a los caseros que alquilen según los índices de referencia. Sí es cierto que este plan contiene un importante cambio: la vivienda protegida, privada o pública, lo seguirá siendo a perpetuidad. Siendo esto muy importante, no afectaría a lo ya construido, sino solo a las futuras construcciones. Además, para que todo cristalice, se requiere el compromiso de las CCAA, habiendo dicho ya que no las del PP, aun a costa de renunciar a importantes recursos del Estado.

Sobre la construcción, no negamos que sea necesaria, pero sí que no servirá siquiera como paliativo a la actual emergencia habitacional que venimos padeciendo décadas, y que se ha venido agudizando año tras año desde la crisis de 2008.

Sobre las ayudas al alquiler, entendemos que ayudan más a los rentistas que a los inquilinos, y constituyen una simple transferencia de dinero público a los bolsillos de los primeros de forma gratuita para ellos. Tampoco entendemos los beneficios fiscales a caseros “decentes”. Pensamos que serían mucho más eficaces presiones fiscales a todos los rentistas.

El Gobierno afirma en el resumen publicado por Moncloa que “Se trata del primer plan que trata la vivienda como un derecho y no como bien de mercado”. Para que esa afirmación sea cierta, habrán de transcurrir décadas –y ni aun así– si no se actúa para rebajar drásticamente el beneficio económico que da a día de hoy la inversión en vivienda. Mientras se siga permitiendo el acaparamiento de más viviendas a quienes ya son grandes o grandísimos propietarios, mientras no se corrija y se impida con diferentes tipos de medidas la rentabilidad actual de la inversión en vivienda, mientras no se limite el número máximo de viviendas en poder de una misma persona física o jurídica y se establezca un período de desamortización del exceso resultante, mientras no se eliminen los privilegios fiscales de las SOCIMI... los más poderosos económicamente seguirán acaparándolas, aumentando la desigualdad y facilitando el crecimiento de las opciones de ultraderecha como consecuencia de la frustración de mucha gente. El ataque brutal de los fondos buitre acaparando viviendas demuestra la inviabilidad de que deje de ser un bien de mercado si no se les pone freno. La vivienda es ahora el mecanismo más eficaz para extraer recursos de las capas populares para ingresarlos en las cuentas de los poderosos. En definitiva, un generador de más desigualdad.

Las futuras construcciones de viviendas son necesarias, pero no servirán siquiera para aliviar la situación actual, y tardarán años (si llegan) en estar disponibles. Para atacar la situación presente, partir de lo ya construido, de los 3.9 millones de casas deshabitadas existentes en datos del INE de 2024, de exigir/imponer aportaciones a la banca rescatada en 2013 y a otros grandes tenedores provocando la entrada en disponibilidad de decenas de miles de nuevas viviendas que abaratarían precios. También la inversión - expropiación de uso o definitiva podría hacer crecer la oferta abaratando los precios.

En fin, desde la PAH consideramos este Plan como una propuesta a futuro, que no aborda las brutales necesidades de hoy, cuyos efectos positivos llegarán, si llegan, a medio o largo plazo, que, además, necesita de la participación del PP, y siendo conscientes de que este Plan no es el marco adecuado para proponer las medidas necesarias señaladas, hemos propuesto que se prohíba la venta de viviendas habitadas, que se establezca la obligación a grandes tenedores de ofrecer un alquiler social antes de un desahucio, y que se prohíban estos a personas vulnerables sin alternativa habitacional.

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Pako Morote es portavoz de la PAH.

El objetivo de la norma es la suspensión (moratorias) de los procedimientos de desahucio y lanzamiento para hogares sin alternativa habitacional.

Con el ánimo de contribuir al mejor conocimiento de las medidas propuestas y ofrecer datos sobre las moratorias anteriores, que se vienen produciendo desde 2020, se redactan estas líneas.

El real decreto contempla dos tipos de situaciones: las producidas por impago de alquileres o expiración del plazo de duración del contrato y las ocasionadas por las personas que estén ocupando una vivienda sin título habilitante para ello.

Ante el impago de alquileres o la negativa a desalojar la vivienda al término del contrato, el propietario puede iniciar un proceso judicial que busca el desahucio del inquilino en un juicio verbal. En ese caso, el inquilino puede solicitar la suspensión del desahucio o lanzamiento ante el juzgado por encontrarse en situación de vulnerabilidad. En todo caso se trata de una moratoria que durará hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo que se vuelva a prorrogar en 2027. 

Se inicia así un proceso dirigido judicialmente que incluye informes de los servicios sociales. Al mismo tiempo el arrendador puede argüir que la suspensión del lanzamiento le ocasiona, a su vez, una situación de vulnerabilidad. 

El nuevo real decreto ley 2/2026 introduce una importante novedad respecto a años anteriores. Si el arrendador es propietario de dos o menos viviendas –el caso típico de propietario que posee su vivienda habitual y otra arrendada–, queda excluida la posibilidad de atender la solicitud del inquilino; es decir, se producirá el desahucio inexorablemente, no habrá posibilidad de moratoria. 

De este modo, la primera consecuencia de este nuevo real decreto es que aumentará el número de desahucios. En España (según datos del Observatorio de la Vivienda basados en fuentes oficiales) existen 3,9 millones de viviendas arrendadas, de las cuales 2.485.601 pertenecen a propietarios de un solo alquiler (el 64% del total) que, por lo expuesto, quedan excluidas de la posibilidad de moratoria. 

La afirmación de que aumentará el número de desahucios se basa, desgraciadamente, en que es difícil una mejora sustancial de la situación de hogares vulnerables y del problema general de la vivienda a corto plazo. 

Si no se da la situación anterior y queda acreditada la situación de vulnerabilidad del inquilino, el juez podrá decretar la moratoria de desahucio hasta el 31 de diciembre de 2026. Las administraciones públicas tienen el deber de adoptar las medidas que hayan sido propuestas en los informes de los Servicios Sociales que garanticen el acceso a una vivienda digna, en cuyo caso se levantaría la suspensión del desahucio. 

Sin embargo, en muy pocos casos se llega a producir esa situación. Según un informe de la Plataforma Antidesahucios (PAH) y del Observatorio Desca, sólo en un 2% de los casos las administraciones públicas ofrecen una solución habitacional a los desahuciados. El 77% de los casos reciben ayuda económica.  

La escasez de vivienda social hace imposible ofrecer soluciones habitacionales incluso en los casos de emergencia social como es la de los desahuciados.  

Desde el primer decreto que estableció las moratorias a los desahucios por situaciones de vulnerabilidad (RDL 37/2020) se reguló un sistema de compensaciones a los propietarios afectados, sistema que sigue vigente para 2026, de acuerdo a los establecido en el citado RDL 2/2026. 

La compensación consiste en el valor medio que corresponde a un alquiler de vivienda en el entorno en el que se encuentra el inmueble afectado por la moratoria más los gastos originados al propietario por el mantenimiento y situación de la vivienda durante la duración de la moratoria. 

Aunque no existen datos oficiales sobre el número de moratorias aprobadas desde 2020 hasta hoy, un estudio de la PAH y el Observatorio Desca ha calculado en 58.000 los casos desde 2020 hasta 2024. Incluyendo una cifra proporcional de 12.000 casos por año, hasta 2025 tendremos 70.000 casos, es decir el 0,0179% de las viviendas arrendadas. 

Sin embargo, únicamente 6.400 propietarios (el 9,1% de los afectados) han solicitado las compensaciones, según un estudio publicado en diciembre pasado por Javier Galán en El País, la mayor parte de ellos personas jurídicas. Las razones de la escasez de solicitudes se desconocen, aunque abogados expertos en las materia han señalado el desconocimiento de los afectados sobre la existencia de las compensaciones. Puede haber otras razones, pero sería una especulación sin sentido mencionarlas al no tener datos fiables. La mayoría de las solicitudes han sido atendidas, con un 15% de denegaciones. 

En lugar de utilizar el miserable término de inkiocupación esperemos que todas las fuerzas políticas se esfuercen en reducir al mínimo los casos de impago de alquileres. Se trata de conjugar el derecho de propiedad con el derecho a la vivienda, y hay que saber conjugar ambos. 

También en estas situaciones la norma regula moratorias. 

En primer lugar, hay que señalar en qué casos no se producirá nunca la moratoria del desahucio, es decir que ante la ocupación procederá siempre el desahucio: 

a) Si el inmueble es propiedad de una persona física y es su domicilio habitual o segunda residencia. 

b) Si la vivienda es propiedad de una persona física o jurídica, que la ha cedido a una persona física para que ésta tenga en ella su domicilio habitual.

c) Cuando la entrada en la vivienda se haya producido de forma violenta o con intimidación o se realicen en ella actos ilícitos.

d) En inmuebles de titularidad pública destinados a vivienda social y que tuvieren asignado beneficiario. 

Juzgue el posible lector si estas medidas fomentan la ocupación. 

Para que opere la suspensión del lanzamiento el propietario tiene que ser una persona jurídica o física con más de 10 propiedades y la persona ocupante estar en situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales y valorada por un juez. 

Las situaciones de vulnerabilidad quedan reducidas a que el ocupante sea una persona dependiente o víctima de violencia de género o mujer sola con menor o persona dependiente a cargo.  

En infoLibre y en Librepensador@s se han publicado artículos sobre la magnitud de este problema, por lo que no se insiste en los datos sobre la amplitud muy distorsionada del problema. 

La desinformación es otra forma de no abordar los problemas. Aportando información contribuiremos a la solución. Que así sea.  

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

Dicen que “sobran los motivos”. Dicen que se ha cercenado “un derecho constitucional como es el de la vivienda”. Por eso, 39 colectivos han unido fuerzas para, más allá de decir, convocar este próximo domingo, 13 de octubre (13O), una manifestación que recorrerá el centro de Madrid, en la que demandar a las distintas administraciones que hagan posible el acceso de la ciudadanía a “un lugar digno para vivir”.

Calientan motores. Bajo el lema La Vivienda es un derecho, no un negocio, sindicatos como el Inquilinas, el de Estudiantes, CCOO y UGT; plataformas como la de Afectadas por la Hipoteca (PAH), por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) o por la Línea 7B de Metro desde donde exigen “soluciones ya”; entidades sociales como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) o Amnistía Internacional; y organizaciones ambientalistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción o Amigos de la Tierra, entre otras, marcharán desde las 12:00 horas, con salida en Atocha y hasta Cibeles. Lo harán con un objetivo: "Cambiar el paradigma de la vivienda". Algunos de esos entes forman parte de la Plataforma por el derecho a la vivienda en Madrid, que se constituyó en octubre de 2023, ante "un malestar que empezaba a ser palpable".

Desde la FRAVM animan a “desbordar las calles” para que “las administraciones públicas empiecen a tomarse en serio este problema social porque la vivienda es un derecho, no un negocio, que es en lo que se ha convertido gracias a modalidades como los pisos turísticos", recalcan. Llaman a formar el domingo una “amplia columna vecinal” y confían en que la protesta sea “el arranque de una movilización social” que obligue a “cambiar las políticas de vivienda". “Hay que pasar a la acción”, sintetizan.

La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, explica a infoLibre los motivos que los han llevado a secundar la iniciativa: “La vivienda se ha convertido en una emergencia social impostergable. Saldremos a la calle para exigir que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que siga siendo un derecho y no un privilegio, como lo es ahora, y que no sea una fuente de negocio para los grandes especuladores, los bancos, los fondos buitres y los rentistas, que hacen de algo que es un derecho una forma de vida muy rentable”. Se enfoca en los estudiantes, “en la juventud en general”, para criticar que tengan que “lidiar” a diario “con los precios, las cláusulas abusivas, con lo difícil que es encontrar un piso en las grandes ciudades, o con que la edad de emancipación sea a los 30 años, precisamente porque no hay facilidades para poder irse de casa de los padres”. A lo expuesto suma “el negocio multimillonario que son las residencias universitarias privadas” que les “exprimen hasta el último euro”.

“Salimos a decir que basta ya. El Gobierno tiene que tomar medidas urgentes y radicales para solucionar este tema. Entre las comunidades y el Ejecutivo central se lanzan la pelota, pero no se pueden lavar las manos. Si de verdad se quiere apostar por una vivienda accesible y digna, hace falta un parque público, que los alquileres no se coman más del 10% del salario, o contratos indefinidos para los inquilinos, aunque haya que confrontar con los bancos, los fondos buitre…”, resume. Se muestra convencida de que será “una manifestación multitudinaria” que reflejará “la rabia que hay por debajo. Y ahí estará el Sindicato de Estudiantes”, cierra.

El portavoz de la PAH Vallecas, Diego Sanz, confirma que “la mayoría de PAH” estarán en la protesta del 13O, “con acentos distintos”. Cree que si la manifestación ha de “servir de algo”, debe ser para “señalar el fracaso absoluto de la Ley de Vivienda, un año y medio después de ser aprobada”. Lo argumenta: "Avisamos en su momento de que dejaba fuera el alquiler temporal, el alquiler social obligatorio antes de un desahucio, la prohibición efectiva de éstos, porque el proceso de mediación que incluyeron en la norma es un unicornio que no los está parando… Ayuso no es la única culpable de que suban los alquileres en Madrid, que también, y están empezando a elevarse a máximos históricos, por encima de la burbuja inmobiliaria”, lanza.

Censura que entidades “como Sareb o Caixabank, con participación pública", estén "funcionando para que suban los precios de la vivienda y vuelva a haber un ciclo constructor e hipotecario, que pareciera que es realmente la agenda de los partidos del Gobierno”, proclama. “Con nosotros que no cuenten, si de lo que se trata es de volver a dar hipotecas y de avalar las que no pueden dar los bancos, porque venimos de un drama con el tema hipotecario, como para que nos vuelvan a meter a los bancos en casa”, anticipa. Para terminar poniendo el acento en que se “ha dejado fuera de toda regulación de precios a caseros que tienen tres, cuatro o seis viviendas”, al no considerárseles “grandes tenedores, por no contar con más de diez”.   

¿Qué busca el Sindicato de Inquilinas con la marcha del 13O? "Expresar un gran clamor popular como es el que el tiempo de los políticos se ha terminado en lo que a gestión de vivienda en este país se refiere", verbaliza su portavoz Lucas Vaquero. "Durante los últimos años –enlaza–, los gobiernos de cualquier signo político han fracasado estrepitosamente en adoptar cualquier medida que pudiera solucionar, al menos de forma parcial, el grave problema de vivienda que se vive en España". A su juicio, esto ha tenido una consecuencia: "Que la clase inquilina sea hoy muy numerosa y cada vez más desprotegida frente a los abusos de rentistas y especuladores que de forma parasitaria viven a costa del fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Por eso, basta ya".

Han demandado estos días la dimisión de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, por "su connivencia con la minoría rentista", entre otras razones, y mandan un mensaje claro a la clase política y a las instituciones: "Vamos a ser nosotras las que nos organicemos para conseguir victorias y cambios sostenibles y perdurables en el tiempo. Vamos a comenzar a diseñar estrategias que nos permitan caminar hacia una huelga de alquileres. Si ellos no bajan los precios, nos los vamos a auto regular nosotros”, remata Vaquero.

Alfredo Villafranca, secretario de Política Sectorial de CCOO Madrid, asevera que "la vivienda debería ser un bien de uso, un derecho irrenunciable", sin embargo, "es cada vez más un bien inmobiliario. Se legisla, de hecho, para que lo sea", afea. Relata que desde la Plataforma por el derecho a la vivienda empezaron hace unos meses a plantear la convocatoria de una manifestación, a la que se han adherido más colectivos. "Cada vez carece más de sentido que firmemos un convenio con una subida salarial del 2 o del 3%", expone, en relación a la labor de su organización sindical específicamente, "si luego en tu ciudad la vivienda ese año se eleva el 15%. Al final es como si fuera un salario diferido", lamenta.

Espera que el 13-O sea "un primer paso". “No es el punto de llegada, es el de salida para poner el foco en la calle de que se tiene que legislar de una vez por todas y a nivel de todas las administraciones, aunque no todas tengan la misma culpa", matiza. Y finaliza: "La Comunidad de Madrid la tiene en especial por su modelo inmobiliario".

Desde la esfera ambientalista desean igualmente que los ecos del 13-O retumben con fuerza. Fuentes de Ecologistas en Acción aportan que “sólo en Madrid hay más de 100.000 viviendas vacías” y entienden que la dificultad creciente de que los inmuebles acojan "personas" es “una consecuencia del modelo especulativo y depredador de recursos” que se ha instalado, en el que “la especulación inmobiliaria y la ausencia de políticas decididas de vivienda pública, ha provocado la expansión de los precios hasta unos niveles que resultan inalcanzables para muchos". Y ello, mientras, "paradójicamente, se ha ampliado el suelo urbano a costa de los agrarios o de espacios naturales”.

Por su parte, María Prado, responsable de campaña de Energía, Clima y Movilidad de Greenpeace, traslada a este periódico que son convocantes de la protesta ciudadana al pensar que la vivienda “es un derecho fundamental” y porque reclaman “dignidad en el acceso y dignidad en su habitabilidad”. “La vivienda es una palanca de cambio para tener vidas más dignas, no sólo ha de ser refugio climático, sino que es un elemento de transformación del modelo socioeconómico”, defiende.

La multinacional "verde" apuesta por el impulso a “viviendas descarbonizadas y que sean eficientes energéticamente, porque de nada sirve acceder a ellas, si son agujeros de temperatura donde la gente no puede pagar sus facturas de luz, calefacción o de comida, en un mercado de la energía bastante perverso”, anota. Y abrocha: “La exigencia de entornos, barrios y municipios sostenibles ha de empezar en las casas. Es el primer elemento dentro de la comunidad que construimos para contribuir a vivir en un planeta más sostenible”.   

En general, los convocantes alimentan la ilusión de que "ésta sea la manifestación por la vivienda que marque el punto de inflexión", como lo fue el 15M, conscientes de que "quizás" deberían "haber intentado lograr más movilización ciudadana antes," dado que "hay mucho mar de fondo", reconocen. En cualquier caso, miran al próximo domingo con "optimismo". "Ahora que no llueva", piden algunas de las fuentes sondeadas. El sol no es un requisito imprescindible para manifestarse, pero contribuye a que el recuento de asistentes sea al alza. Aquel "Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo" del 15M volverá, de otra forma, a rugir en las calles.

“Se ha vendido que los desahucios se han suspendido hasta final del año, pero lo cierto es que siguen ocurriendo”. Hablan con pesadumbre desde el ámbito vecinal quienes se han colocado en ese circuito del desalojo para tratar de frenarlos por la falta de horizonte para los que los sufren. Las estadísticas les dan la razón. Según las del Poder Judicial, se practicaron 7.424 lanzamientos en el primer trimestre de este año, lo que supone un 12,8% más que los que se contabilizaron en el mismo periodo del año anterior. Si se atiende al desglose de datos por territorios, destacan los 1.870 asociados a Cataluña, los 1.076 anotadas en Andalucía, o los 1.037 de la Comunitat Valenciana.

Esas cifras existen pese a que gracias al Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre se prorrogó el freno a los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2024 en algunos supuestos como para quienes habiten sin título una vivienda y sean víctimas de violencia de género, tengan dependencia o cuenten con dependientes o menores a su cargo, o se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que el inmueble pertenezca a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas. Es decir, sean lo que se denominan grandes tenedores.

Pero Víctor Palomo, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), traslada a infoLibre que esa norma, “que parte de otro Real Decreto de marzo de 2020 que se ha ido parcheando”, a día de hoy está “descontextualizada” y “conduce a trampillas de las que se están aprovechando algunos jueces”. ¿En qué sentido? “El solicitante de la petición de suspensión del desahucio tiene que pasar a un escenario de desempleo o de ERTE, haber vivido una situación que afecte a sus ingresos, lo que viene claramente de la lógica de la pandemia. Pero mucha gente es vulnerable de por sí y no entra ahí, sino que sus ingresos son muy pocos siempre. Con la literalidad de la ley, el juez puede denegar la solicitud”, ejemplifica.

Hay que manejar además "documentación administrativamente compleja de conseguir", en especial para quienes se encuentran en un entorno de vulnerabilidad. Esta se detalla en el artículo 6 del mencionado real decreto e incluye desde un certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones por desempleo en el que figure la cuantía mensual percibida, al libro de familia, certificados de empadronamiento o declaraciones de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral. Palomo asevera que se han topado con casos en los que los juzgados “se agarran a que faltan las notas del Registro de la Propiedad de todos los miembros que componen la unidad familiar o declaraciones juradas de que cumples con las condiciones de vulnerabilidad que se recogen en el Real Decreto, para no detener el desahucio, pese a contar con un informe de servicios sociales que confirma que son vulnerables". "No dejan subsanarlo –enlaza– y aportarlo después, como sí permiten en otros trámites del procedimiento judicial. Claramente, esas excusas no respetan el espíritu de la norma, que pasa por no desahuciar a la gente con menos recursos. Hay jueces que no están aplicando la norma deliberadamente”, mantiene.

A juicio del letrado del CAES, “debía prevalecer el informe realizado desde los servicios sociales, por quienes conocen a los que van a desahuciar y están acreditando la vulnerabilidad”, incide. “La norma no está actualizada y hay jueces que están aprovechándolo y no se están teniendo en cuenta esos dictámenes”, lamenta. Junto a ello han documentado procesos en los que el órgano judicial no acepta la petición de frenar el desahucio porque “la persona ha perdido su trabajo, pero no por culpa del covid”. Y esto, a pesar de que ya en la prórroga del real decreto de diciembre de 2020 se eliminaron párrafos ligados a la pandemia. "Es que", avisa Palomo, "en el texto de la norma, las alusiones son constantes” a las consecuencias de la crisis sanitaria, “por lo que abre posibilidades de interpretación a los jueces muy variopintas". 

Sucede, asimismo, que hay quien tiene que irse de su casa porque no puede acreditar que el propietario que lo echa es un gran tenedor. Fue lo que le ocurrió a Zohra, su marido y su hijo de ocho años, que fueron expulsados del piso que habitaban desde hacía más de una década al considerar un juez que no lo habían demostrado, aunque se había “presentado documentación que acreditaba que posee un bloque de viviendas en Lavapiés, así como varias otras propiedades”, según denunció el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. “La crisis de vivienda se ha recrudecido mucho desde la pandemia y es fácil saltarse una norma que no está adaptada al contexto de 2024”, cierra el abogado del CAES.

Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), confirma que, “por una parte, hay un déficit en la redacción de la norma y, por otra, no se pueden seguir vinculando estas medidas al covid por parte del Gobierno. Tienen que dejar de ser coyunturales y convertirse en estructurales mientras dure la emergencia habitacional”. Echa la vista atrás para defender que “ya el primer decreto del escudo social, el de 2020, era mejorable porque sólo se refería a la gente que había caído en situación de vulnerabilidad" como consecuencia del coronavirus, con lo que "dejaba fuera de la protección a todos los que ya venían vulnerables de antes”. Con todo, matiza que “eso se intentó corregir luego” con una modificación en el texto porque “hubo un plante” de algunos socios del Gobierno de la legislatura anterior, pero “las prórrogas que se han ido dando siguen haciendo referencia a la pandemia y nos enfrentamos a jueces que, como está pasando con la amnistía en el Tribunal Supremo, más allá del tenor literal de lo que dice la ley, hacen sus interpretaciones”, condensa.

Narra que en la PAH se han topado “con ancianos enfermos que, como viven solos, no se les ha considerado unidad familiar y se les ha desahuciado”. “Después incluso –añade– de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que es el que vela, entre otros, por el cumplimiento del derecho humano a la vivienda en los países que han firmado ese tratado como es el caso de España, le haya pedido al juzgado correspondiente como medida cautelar la suspensión del desahucio”. Algunos jueces han “ignorado” a ese ente internacional, “a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la que se dice que ni tribunales ni el Gobierno pueden hacer oídos sordos a los comités verificadores del cumplimiento de estos acuerdos”, redondea.

Morote es consciente de que es un tema con intereses cruzados, por eso, dice, le han reclamado de forma reiterada al Ejecutivo central que “limitara en los reales decretos la arbitrariedad de los jueces”. “Pero no lo han hecho, y algunos siguen haciendo ese tipo de interpretaciones y se siguen produciendo muchos desahucios que no tendrían que realizarse”, se queja.

Inasequibles al desaliento, adelanta que seguirán exigiendo al Gobierno que mueva ficha, como están "planteando a sus socios que condicionen el voto a los Presupuestos”, cuyo borrador está "muy avanzado", según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que “las medidas antidesahucios dejen de ser provisionales o coyunturales mientras dura la emergencia habitacional, y se conviertan en estructurales; así como a que mejoren la redacción para impedir interpretaciones creativas de algunos jueces”, concluye.

Tanto desde la PAH, como desde los sindicatos ligados a la vivienda o el CAES, instan a cumplir con los compromisos internacionales ratificados por España en materia de derechos humanos, en lo que se refiere a evitar que personas vulnerables sin alternativa habitacional acaben en la calle, "o, lo que es peor, suicidándose", deslizan. Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana indican que "el Gobierno de España está trabajando para proteger a las familias vulnerables", como demuestra "la aprobación de los diferentes reales decretos que incluyen la suspensión de desahucios" que, "junto a otras medidas, ha llevado a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez".

Al mirar los números, cabe preguntarse: ¿cómo logran proteger los rentistas tan eficazmente sus intereses? Veamos. El porcentaje de hogares que obtienen rentas inmobiliarias en España no supera el 10%: un 9,04% según la Agencia Tributaria, un 9,32% según la Encuesta de Condiciones de Vida, un 9,87% según la Encuesta Financiera de las Familias. En síntesis, entre un 9 y un 10. Sin embargo, como resaltan los investigadores especializados en vivienda Daniel Sorando, Eduardo González de Molina y Jordi González Guzmán, rara vez se agrieta el blindaje de lo que les conviene. ¿Por qué?

Los tres coinciden en un factor, no exclusivo pero sí determinante: la fuerza del lobby inmobiliario.

infoLibre ha realizado un mapeo de la miscelánea de grupos defensores del negocio inmobiliario en España, que a pesar de la heterogeneidad de su composición presenta una fuerte cohesión en el discurso, con las políticas de control de precios como enemigo común. El cuadro resultante es una alianza de fuerzas con orígenes hace más de medio siglo, con terminales que se nutren de la política y ramificaciones casi infinitas, todo ello al servicio de una incesante actividad tanto de presión –e influencia– en los partidos y las instituciones como de producción de contenido a la medida de sus objetivos.

¿Cómo logran proteger los rentistas tan eficazmente sus intereses?, preguntábamos. La respuesta es que dichos intereses están cubiertos por un bloque que va mucho más allá de las familias que perciben rentas inmobiliarias para incluir a promotores y constructores, fondos de inversión, socimis, asociaciones profesionales, portales de internet, banca...

A González Guzmán, investigador en la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, le gusta definir la vivienda como "un campo" de múltiples dimensiones. "Es un derecho, un techo, también un activo inmobiliario y financiero... Es un terreno en el que entran en disputa intereses contrapuestos, y el interés más fuerte es inmobiliario", señala el profesor, que ilustrar dicho "desequilibrio" utilizando precisamente la reciente reunión convocada por Pedro Sánchez para abordar políticas en este ámbito.

Según Guzmán –en juicio compartido por Sorando y González de Molina–, el lobby inmobiliario ha logrado un doble objetivo. Por un lado, un alineamiento de toda la clase rentista, desde el pequeño propietario al fondo de inversión y la socimi; por otro, una popularización de su argumentario entre propietarios no rentistas. "Trabaja de forma muy inteligente y estratégica. El discurso a favor del negocio inmobiliario conecta con la estructura de propiedad de este país [más del 75% de la vivienda es en propiedad, según datos del INE] y así resuena en un público muy amplio", señala González Guzmán, que añade otra ventaja de partida para quienes rechazan cualquier política que amenace la revalorización de la propiedad inmobiliaria: "Llevan muchos años organizándose".

Ejemplo emblemático de solera organizativa es la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), fundada en 1968. No se mueve una hoja sin contar con la APCE. Si tanto el Gobierno como el PP acaban de convocar reuniones sobre vivienda con diferentes entidades, en ambas ha estado representada esta entidad, que practica al mismo tiempo la influencia política y la difusión de mensajes en contra de cualquier medida de intervención en el mercado, especialmente contra la ley de vivienda, una norma "ideologizada" –asegura– que hará caer la oferta y agravará el encarecimiento.

Continuo surtidor de posicionamientos sobre la actualidad inmobiliaria, la APCE es fuente habitual de informaciones que apuntan a un supuesto traslado de la inversión fuera de Cataluña de casi un 20% de promotores a raíz del control de precios en aquella comunidad, o que alertan de la futura caída –hasta un 15%– de la compraventa a causa de las medidas del Gobierno... Con el objetivo de aumentar su influencia en el debate público, en febrero la APCE anunció un "observatorio del alquiler", que se suma a la "biblioteca" de publicaciones de la entidad y servirá para "vigilar de cerca la evolución" de las zonas tensionadas.

Con un congreso anual financiado por entidades como Servihabitat o Caixabank, la APCE se articula en multitud de organizaciones territoriales. Sobresale la Associació de Promotors de Catalunya, que presenta una peculiaridad: su penetración en la universidad, a través de la cátedra Vivienda y futuro en la Pompeu Fabra.

La cátedra APCE-UPF ha sido polémica. El Sindicat de Llogateres ha denunciado que el dato del 15% de retroceso de la oferta en Cataluña a raíz de la regulación de los precios, dato salido de un informe de esta cátedra, no se ajusta a la realidad. "FAKE: La regulación de alquileres catalana NO bajó la oferta un 15% (a pesar de que muchos medios lo están afirmando)", alertó el sindicato en una nota de hace algo más de un año. El texto añadía: "Un estudio sobre la regulación de los alquileres impulsado por la patronal inmobiliaria APCE tiene la misma credibilidad que un estudio financiado por Marlboro sobre las consecuencias del consumo de tabaco".

Este periódico preguntó a la UPF qué hace para evitar que cátedras financiadas por entidades con intereses en un sector se vean influidas precisamente por la entidad que las impulsa. La respuesta fue: "En la UPF cada cátedra está dirigida por un académico de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito del proyecto, que es nombrado por la rectora. Se trata siempre de científicos y profesionales comprometidos con la objetividad y el tratamiento riguroso de los datos y resultados obtenidos".

A la cátedra APCE-UPF se suma otra, Tecnocasa-UPF, dirigida por el catedrático de Economía José García-Montalvo, que a su vez figura como vocal del consejo de administración de Abanca. Dicha cátedra tiene entre sus fines "analizar en profundidad el dinamismo del mercado inmobiliario y financiero en España" y elaborar un índice semestral de precios. Lázaro Cubero, director de Análisis del Grupo Tecnocasa, explica a infoLibre que como intermediadores no tienen interés en que el precio suba, ni en que baje, sino en que vendedores y compradores lleguen a acuerdos, para lo que es útil tener información fiable sobre el mercado.

Tras la aprobación de la ley de vivienda la cátedra Tecnocasa-UPF publicó un informe pronosticando que el límite a las rentas en las zonas tensionadas y la "inseguridad jurídica" reducirían un 11,7% la oferta de alquiler en alquiler. El teletipo de Europa Press optó por el número redondo de viviendas que se perdería: unos 100.000 inmuebles. Múltiples medios lo replicaron.

Este periódico trató de conocer la cuantía exacta de la financiación de ambas cátedras de la UPF, sin resultado. Tanto la universidad catalana como Tecnocasa recalcaron que la financiación mínima de las cátedras de empresa en la Pompeu es de 30.000 euros anuales, pero no precisaron más. La entidad universitaria se remitió a su página web para conocer en mayor detalle el funcionamiento de sus cátedras [aquí, aquí, aquí y aquí]. La APCE y la Associació de Promotors de Catalunya no respondieron.

La patronal CEOE, la principal en España, es una poderosa herramienta de defensa de los intereses del negocio inmobiliario. No sólo la APCE es parte de la institución que preside Antonio Garamendi, también las siguientes entidades:

– Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Otra histórica, de 1977. Sentada a la mesa tanto con el Gobierno como con el PP. Sus mensajes se sitúan contra el "intervencionismo" y a favor de la "colaboración público-privada" para aumentar la oferta. La CNC ha anunciado la creación de una patronal para representar a 400.000 autónomos del sector. El bloque inmobiliario sigue creciendo y trabando alianzas.

– Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei). Otra destacada voz en contra del control de precios. Fuente habitual para diagnósticos sobre vivienda, ha pronosticado una subida del precio del alquiler en 2024 a causa de "la inseguridad de los pequeños ahorradores" por la nueva ley.

– Asociación Española de Socimis, que son sociedades cotizadas dedicadas a la inversión inmobiliaria, un operador cuestionado por su ventajoso régimen fiscal. La componen 36 socimis, no sólo del sector residencial. Su presidente, Javier Basagoiti, socio de una de ellas, Inbest, es un defensor de que los mercados "se regulan solos". Son "socios colaboradores" de Asocimi –así se llama– el gigante de la consultoría PwC, la asesora Grant Thornton, la tasadora Tinsa y la financiera Renta 4, todas entidades que elaboran informes sobre precios o tendencias del mercado.

– Wires, asociación de consejeras y directivas del sector. Esponsorizada por empresas como Aedas Homes o la consultora CBRE. Su presidenta es Carmen Panadero, de Impar Capital, otra voz contra la ley de vivienda.

También forman parte de la CEOE tres entidades que, sin estar exclusivamente vinculadas al sector inmobiliario, fueron invitadas por el Gobierno a su reciente reunión para abordar políticas de vivienda: la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructura (Seopan), la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA).

El bloque inmobiliario combina dos grandes líneas de discurso. La primera rechaza las políticas de "intervención" destinadas a reducir el precio del alquiler, dado que –según su diagnóstico– ahuyentan la inversión y fomentan la informalidad, con el efecto de reducir la oferta y a la postre incrementar el precio, resultado que no sería así producto de quienes poseen el bien, sino de las medidas para intentar que lo exploten a precio asequible. Esta línea de discurso cubre el interés de los propietarios que se lucran de la vivienda sea con el cobro de rentas o con la reventa tras revalorización del inmueble.

La segunda línea se centra en la reclamación al Estado de que construya vivienda. La prioridad a la hora de encarar el problema de la escasez de vivienda social nunca estaría en aflorar vivienda vacía con medidas fiscales, lo cual entraría dentro del capítulo intervencionista, sino en levantar más ladrillo. Esta línea respalda esencialmente el interés de constructores y promotoras, así como de una toda una nómina de colectivos profesionales y empresariales: gestores, arquitectos, aparejadores, urbanistas...

Los estudios avalando la necesidad de impulso público a la construcción de vivienda son múltiples. Uno de los más recientes, de febrero, trae la firma del think tank de la CEOE, el Instituto de Estudios Económicos, presidido por Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía entre 2014 y 2016 (PP). ¿Su título? La colaboración público-privada y el reto de la vivienda. Su eco en los medios de comunicación ha sido amplio. Es un patrón en este avispero de organizaciones. Una publica, muchas replican.

Entre quienes han difundido el estudio del IEE está Asval, una entidad de la que tanto Daniel Sorando como Eduardo González de Molina destacan su papel a la hora de establecer una alianza entre los rentistas particulares, por un lado, y los grandes tenedores, fondos de inversión y socimis, por otro. Asval, en concreto, reúne a 6.000 asociados entre "particulares y empresas", tratando de desdibujar los límites entre lo que representa el fondo Blackstone –su mayor socio a través de la presencia de firmas como Albirana, socimi de Anticipa, y Testa– y una familia con una vivienda arrendada.

Asval es un foco permanente de agitación contra las medidas que rocen los intereses de la propiedad o la "seguridad jurídica". Si el lector se topa con una noticia que hable del "sector", en referencia al inmobiliario, es probable que dentro esté –sola o en compañía– la opinión de un portavoz de Asval. Un caso, de marzo de este año: "El índice del alquiler desata el revuelo del sector: de amplio desajuste a incluso subidas".

Pero Asval no se limita a comentar, también actúa. Su campaña más sonada tuvo lugar en 2023, cuando anunció una masiva presentación de reclamaciones de propietarios al Estado por los límites al alquiler. La noticia corrió como la pólvora [aquí, aquí, aquí y aquí]. infoLibre preguntó a Asval en qué ha quedado dicha campaña, pero no hubo contestación.

El modo de funcionar de Asval desvela un rasgo que no será único de esta entidad: el fichaje de figuras con currículo político. Su presidenta es Helena Beunza, secretaria general de vivienda con el Gobierno del PSOE entre julio de 2018 y febrero de 2020, elegida hace dos meses y medio en sustitución del exministro y exalcalde de Barcelona Joan Clos.

Beunza no fue la primera opción. Su nombramiento se produjo tras el frustrado intento de fichaje de Isabel Pardo de Vera, ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, también durante la etapa del PSOE. Pardo de Vera descartó su incorporación tras la marejada provocada por la publicación de la noticia sobre su nombramiento.

Al igual que Asval, también tiene un expolítico al frente a la Asociación Española de Consultoras Inmobiliarias (ACI), que reúne a un puñado firmas internacionales que copan el negocio de la consultoría inmobiliaria en España, con más del 90% del mercado: BNP Paribas, Catella, CBRE, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills y Colliers. Su presidente es Ricardo Martí-Fluxá, jefe de Protocolo con Juan Carlos I (1993-1996) y secretario de Estado con Jaime Mayor Oreja (PP) como ministro del Interior (1996-2000), que además es presidente del grupo de presión del sector defensa Tedae.

La ACI es difusora constante de argumentos contrarios a las políticas que, como la regulación de precios, pueden a su juicio ahuyentar a los inversores.. Tanto la propia ACI como sus miembros tienen entre sus tareas destacadas la elaboración de estudios sobre el sector, sobre el que se pronuncian con el sello de "expertos" mientras los referentes de la PAH o los sindicatos de inquilinos a menudo aparecen como "activistas".

El apartado de "publicaciones", "insight" o "research" de estos operadores brinda material para multitud de noticias y análisis sobre precio de la vivienda, expectativas de negocio, efectos de medidas anunciadas o implantadas, posibles políticas, experiencias comparadas...

Asval acredita relación con otro foco fundamental de producción de contenido e influencia: los portales de internet. En una lista de miembros publicada en 2021 y suprimida este mismo viernes, figuraban –junto a compañías como Aedas, Tectum, La Llave de Oro, Neinor, Servihabitat, Promur, Q Living, Elix Vintage, Global Pielago, Nuprosa o la antes citada APCE– los portales Idealista y Fotocasa, que dan amplia cobertura a las iniciativas de Asval [aquí y aquí].

¿Siguen ambos portales en Asval? La entidad presidida por Beunza confirma que sigue contando con Idealista entre sus "colaboradores y aliados", pero no hizo aclaración alguna sobre Fotocasa. Dicho portal asegura en respuesta por escrito: "Ya no somos socios y la verdad es que durante estos años no hemos tenido ocasión de hacer muchas cosas con ellos. Sí que estamos en otras asociaciones como Wires".

Idealista y Fotocasa están lejos de ser asépticos notarios del devenir del sistema inmobiliario sin intereses en el mismo, según apunta González Guzmán en este artículo publicado en Ctxt, donde les atribuye "un papel muy importante en la difusión de datos sesgados sobre el mercado [...], que en algunos territorios llegan a orientar las políticas públicas ante la ausencia de datos oficiales". Un dato llamativo: el propio Banco de España usa en sus informes datos de Idealista y Fotocasa.

Además de datos, Idealista publica opiniones en las que predomina el enfoque mercantilista. Su postura sobre la ley de vivienda y la regulación de precios es de oposición. Socio de citas del sector inmobiliario como The District, el portal tiene como "inversor de referencia" al fondo sueco EQT, según una comunicación de febrero. En cuanto a Fotocasa, 100% propiedad de Adevinta junto a Milanuncios, infojobs.net, coches.net, motos.net e invitado por el PP a su reunión para presentar su plan de vivienda esta semana, despliega su influencia a través de múltiples informes y estudios. Su perfil editorial es menos marcado, pero al igual que Idealista su enfoque sobre la vivienda pone especial énfasis en su dimensión como negocio y oportunidad de inversión.

Fotocasa, a través de un portavoz, defiende su imparcialidad. El portal, dice, "nunca se ha posicionado hacia un lado u otro". "Siempre velamos por el equilibrio como representantes neutrales de las dos partes que conforman el mercado inmobiliario: la oferta y la demanda. Aplaudimos aquellas medidas que ayudan a solucionar los grandes problemas de acceso a la vivienda y de igual manera cuando se proponen medidas que creemos irán en contra del sector o reducirán la oferta, también somos críticos, siempre intentando hacerlo desde la objetividad de los datos". "Como ejemplo desde la parte más de usuarios o de la ciudadanía –añade–, hace casi dos años lanzamos el Proyecto Vivienda".

La exdirectora de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, ha sido también directora general de Asval y ahora es secretaria general de APCE.

González Guzmán cita otro factor a favor de la miscelánea de grupos en defensa de la plusvalía inmobiliaria dentro de la partida que tiene lugar en el campo de la vivienda. Sus intereses, dice, sin ser idénticos, son "fácilmente articulables" en discursos sin contradicciones. "Todos necesitan amparo para sus inversiones y reaccionan cuando entienden que dicho amparo no se produce", afirma.

La ley de vivienda –tanto en su anuncio como en su aprobación y por último en su entrada en vigor– ha brindado varios de esos momentos de alerta por posible desamparo. Y por ello la norma ha facilitado un mirador desde el que observar el amplio bosque de organizaciones alineadas en el discurso anti-intervención, desde los consultores de Ascisi hasta las inmobiliarias con patrimonio propio de Asipa, pasando por la Agencia Negociadora del Alquiler o la Asociación de Personal Shoppers Inmobiliarios.

Con todo lo descrito, y ante "un conflicto que va a durar décadas" porque "no tiene una solución fácil para todos", González Guzmán ve un "absoluto desequilibrio" entre las fuerzas en disputa. Es decir, una superioridad de las posiciones mercantilizadoras frente a las que ponen el ahínco en la garantía del derecho a la vivienda. El lobby inmobiliario, señala el investigador, "defiende sus intereses de forma eficaz" gracias a una trayectoria histórica más prolongada y a un sostén económico más potente, factores que explican su "mayor capacidad" tanto de influencia en el poder político como de producción de discurso.

Ahora bien, el investigador también recalca que tanto la PAH, nacida en 2009, como los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona, en 2017, han consiguiendo en relativamente poco tiempo articular un "discurso contrahegemónico" al que cabe atribuir logros como la introducción de políticas de regulación de precios a través de la ley de vivienda, en la que ve "muchos agujeros" pero cuyos avances considera impensables sin este movimiento. "En 2016, cuando empezábamos a hablar de regular precios, nos decían que era una locura. En 2020 se regularon en Cataluña", afirma.

Hay gente obligada a vivir en puro presente, soñando en ocasiones que la vida vuelva a ser lo que fue. En la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) son conscientes. Por ello un grupo de representantes del colectivo de toda España ha puesto rumbo a Gijón, ciudad asturiana que acoge la reunión informal ministerial de Vivienda y Desarrollo Urbano, presidida por la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en funciones, Raquel Sánchez, en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. ¿Su misión? “Denunciar públicamente la emergencia habitacional” que, a su juicio, “sufre” el país, aprovechando la visita de los ministros europeos del ramo. “Creemos que es pertinente que conozcan todas las carencias que tenemos en el territorio español sobre la vivienda”, asevera rotunda Lucía Delgado, una de las portavoces de la PAH.

En la retina tienen una ausencia: en el acuerdo de gobierno que rubricaron el pasado octubre PSOE y Sumar “no se habla de desahucios”, pese a que se recogen hasta 14 medidas en materia de vivienda, algunas ya anunciadas en la legislatura que se escurre. Y tienen un temor de cara al futuro. El Gobierno ha extendido hasta final de año la suspensión de los desahucios para reforzar el derecho a la vivienda y proteger a los hogares vulnerables, en el marco de la extensión de la vigencia del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. En concreto, el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aprobó en junio ampliar hasta el 31 de diciembre de 2023 la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables. Desde los movimientos sociales advierten de que la finalización de esa moratoria supondrá un punto de inflexión que provocará una oleada de salidas de familias sin recursos de sus casas, opongan o no resistencia.

Desde la PAH explican que en la actualidad, “se producen 174 desahucios al día, según los datos de lanzamientos en el segundo trimestre de 2023 ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, aunque mantienen que la información oficial no incluye a todas las personas expulsadas de sus hogares, sólo los casos que pasan por los juzgados, con lo que se quedan fuera de ese radar los “desahuciados invisibles” a causa de situaciones como “subidas de alquiler” o “acoso inmobiliario”, apunta un miembro de la plataforma. Aún así, 174 desahucios diarios es una cifra nada desdeñable, sobre todo, si se tiene en cuenta que se produce, “a pesar del escudo social que lleva en vigor desde 2020 y cuyo objetivo era, según el Gobierno, no dejar a nadie atrás”, enhebran.

Si nada cambia, “a partir del 31 de diciembre este escudo social decaerá” y provocará “una crisis social muy parecida a la que sufrimos durante la post-burbuja en 2009”, avisan. “Consideramos que puede producirse un tsunami de desahucios de familias que los tienen paralizados”, manifiesta Delgado. Preguntada sobre el número que estiman podría llegar a producirse, responde que no lo tienen cuantificado al detalle, pero añade: “Si en 2022 hubo más de 38.000 desahucios en el Estado, calculamos que mínimo serán el doble”, es decir, alrededor de 76.000.

En ese escenario, tildan de esencial que “el Gobierno que se está conformando en estas semanas deje de prorrogar estas medidas, lo que al final es una condena, y que la moratoria se convierta en una medida estructural”, resume la portavoz de la PAH. Han puesto empeño en desplazarse hasta Gijón para “exigir esta medida”, a su entender, “la más urgente” que debe tomar el nuevo Ejecutivo central, ya que “se debe legislar antes de que acabe el año”. 

“Muchas familias están haciendo un sobreesfuerzo para poder pagar su vivienda y necesitamos voluntad política para que en la nueva legislatura, en 2024, realmente se garantice el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía de España”, remarca Delgado. Ese recogido en el artículo 47 de la Constitución española.

Otras fuentes de la PAH lamentan la falta de reflejo de las propuestas que desde la órbita de los movimientos sociales se han hecho para “solucionar esta crisis” habitacional la ley por el derecho a la vivienda a la que se dio luz verde en mayo, la primera de la democracia. En ese sentido, se quejan de que siga sin abordarse la cuestión de fondo: entender que la vivienda es “un derecho básico” de los ciudadanos y no “un activo de mercado”. Reclaman políticas valientes que pongan freno real a “los fondos buitres sin escrúpulos”. Acabar con Goldman Sachs o Blackstone de caseros, como ha sucedido, “te puede complicar mucho la vida”, denuncian.  

La PAH critica que, pese a lo dicho, “no se ha ampliado el parque público de alquiler, las viviendas de la SAREB siguen en manos de fondos como Blackstone y Cerberus, y no hay ni rastro de que ningún plan para revertir la situación esté ejecutándose", ya que "en el territorio español seguimos con un parque de vivienda social del 1,5%, de los más bajos de toda la Unión Europea”. En opinión de los integrantes de esta entidad, el estado de esta problemática es "insostenible” porque “la vivienda asfixia a 3 millones de hogares” y “6 de cada 10 euros se destinan a la casa y a la comida, según el último informe de Cáritas Española y la Fundación Foessa”, deslizan. Unos números que vendrían a corroborar otros de la propia PAH en los que se asegura que “3 de cada 4 personas presentaron mala salud mental y la mitad presentaron depresión”. 

Piden acción para dejar atrás los desahucios de una vez y obligar a bancos y a fondos de inversión a facilitar alquileres sociales, dado que “acumulan vivienda vacía procedente de la burbuja inmobiliaria y han sido rescatados por toda la ciudadanía sin ninguna contraprestación”, proclaman.

Las viviendas habituales copan las ejecuciones hipotecarias

La PAH pone deberes al Gobierno que todavía está por definirse por miedo a una nueva explosión de dramas humanos, mientras las estadísticas oficiales confirman un panorama actual en cierta calma tras lo actuado. Las del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el segundo trimestre de 2023 es de 5.386, lo que supone un 4,2% más que el trimestre anterior, pero un 26,0% menos que en el mismo trimestre del año anterior. Entre las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, 2.697 son habituales en propiedad, esto es, un 16% menos que en el mismo trimestre de 2022; y 563 no son la residencia cotidiana de los propietarios, un 19,8% menos.

Del trabajo de INE se desprende también que las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentran el 68,3% del total en el segundo trimestre del año y el 50,1% del global son viviendas habituales de personas físicas, las 2.697 mencionadas. El 7,7% está ligado a personas jurídicas y el 10,5% a otras moradas de personas físicas. En el primer caso son 417 ejecuciones, un 46,3% menos en tasa anual; y en el segundo son 563, un 19,8% menos. Por lo que respecta a las ejecuciones hipotecarias de locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos, cabe mencionarse que suponen el 24,1% del conjunto.

En Barcelona, en 1931, los vecinos dejaron de pagar el alquiler. CNT, impulsora de la huelga, se sumaba a una corriente europea: la autoorganización de los inquilinos para defender sus derechos. En países como Austria, esas organizaciones siguieron creciendo décadas después y han llegado a la actualidad convertidas en grandes instituciones de defensa de los inquilinos que participan activamente en las leyes de vivienda o en la negociación de los precios del alquiler. España tomó un rumbo diferente: la dictadura franquista apostó masivamente por la propiedad, como también se hizo luego en democracia, hasta la crisis financiera. Tras la debacle inmobiliaria, en España el alquiler ha ido ganando una repentina relevancia, asemejándose a los vecinos europeos, pero sin un sistema articulado de décadas de conquistas sociales, lo que ha abonado el campo para un mercado de especulación y desprotección de los arrendatarios.

Esta situación ha provocado que hayan nacido de golpe sindicatos de inquilinos en las grandes ciudades, como Barcelona, Madrid, Mallorca, Donosti, Málaga o Sevilla. En pocos años, han paralizado expulsiones masivas de vecinos, han emprendido acciones legales contra fondos buitre y han presionado a los legisladores hasta conseguir escribir algunas líneas en el Boletín Oficial del Estado, como la que prohíbe que las inmobiliarias cobren honorarios al inquilino. No han nacido de la nada: surgen tras años de lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de los que heredan los métodos, aunque abordan un problema diferente. Este fin de semana, sindicatos de varias comunidades autónomas se sientan juntos por primera vez. El objetivo es tejer una estrategia estatal.

“Hemos conseguido sentarnos con Goldman Sachs. En ese momento nos dimos cuenta de que podíamos conseguir muchas cosas más”, cuenta Silvia Abadía, portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona. Esto ocurrió en 2018, apenas unos meses después del nacimiento del sindicato catalán. 121 familias residentes en un bloque del municipio barcelonés de Sant Joan Despí [34.000 habitantes] recibieron un burofax. “Goldman Sachs había comprado el inmueble y les dijeron que el alquiler iba a subir un 50%. Se organizaron y vinieron al sindicato. El resultado fue muy positivo, les acabaron renovando los contratos a todos, sin subidas o con subidas pequeñas”, explica Abadía. Fue el germen de otras muchas victorias. 

En el verano de 2019, unas 80 familias que residen en un bloque del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz [130.000 habitantes], recibieron un mismo burofax. Fidere, que luego descubrirían que se trataba de una rama de la gigantesca gestora de activos financieros Blackstone, acababa de comprar sus viviendas de protección oficial y les quería duplicar el alquiler. Estaban ante un hecho sin precedentes: un fondo buitre había comprado un edificio completo, aparentemente protegido por la Comunidad de Madrid, y les pedía algo que pese a que a todas luces era abusivo, parecía legal.

“En mi caso, pedían que el alquiler pasara de 700 a 1.200 euros”, explica José, que prefiere no dar su apellido. Este funcionario de 49 años reside en una casa con su pareja, dependienta en una tienda de ropa y su hija pequeña. “Somos una familia mileurista, con ese alquiler podía vivir, pero si me lo subían no hubiera tenido para comer”, explica.

Las familias del bloque entraron en pánico. Cuando entraron a vivir en esas viviendas las habían elegido porque era algo “seguro”, con el sello de la Comunidad de Madrid. Lo que les estaba pasando no tenía nada que ver con los casos de desahucios conocidos, donde un banco concreto desalojaba a una familia concreta. Era un fondo buitre comprando vivienda protegida en lote y forzando a todas las familias a aumentar sus cuotas o a marcharse. “Empezamos a reunirnos y una vecina dijo que había visto en las redes sociales que en Madrid se había creado un sindicato de inquilinos, así que decidimos llamarlos”. 

En la primera reunión con el Sindicato de Inquilinos de Madrid, un portavoz les dio a las familias un consejo les cambiaría el futuro: seguir pagando el alquiler, pese a la oposición del fondo buitre. “Cuando mandábamos una transferencia, Fidere la devolvía. Así que empezamos a mandar la cuota del alquiler por giro postal. Si lo devolvían, acudíamos a consignarla en los juzgados. La cuestión era dejar siempre constancia de que no estábamos incurriendo en impago”, explica José. Sin el consejo de la organización, a las familias no se les habría ocurrido que podrían haberlos desahuciado por este motivo.

“Hicieron un trabajo espectacular y no nos pidieron ni un euro a cambio”, añade José. “Fue muy duro. Pasamos muchas noches sin dormir. Estábamos desesperados…”, lamenta. Los abogados del Sindicato de Inquilinos comprobaron los contratos de alquiler y encontraron cláusulas abusivas que no se ajustaban a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Las familias se convirtieron en las primeras en llevar a juicio a la filial española de Blackstone. “Fidere trató de dividirnos. Hizo ofertas a algunos vecinos ‘Si aceptas, te regalamos un mes’. O: ‘Te mantenemos tus condiciones un año’. Algunos no aguantaron la presión y picaron…”, lamenta José. 

El conflicto se enquistó y se acabó contratando a una empresa de mediación. “Accedimos a retirar las denuncias por cláusulas abusivas si ellos retiraban sus demandas de desahucio. Al final, conseguimos llegar a un acuerdo para las cuotas. En mi casa hoy pagamos 817 euros, frente a los 1.200 que me querían subir. Esa cantidad sí es asumible para mi familia. Los vecinos que picaron con las ofertas de Fidere, acabaron yéndose, porque no podían pagar los precios que aceptaron. A los que tenían alquileres de unos 450 euros, los subieron a unos 600, en lugar de los 900 que pedían.”, celebra José. Otro pulso ganado a un gigante.

Mientras España estuvo décadas apostando por la propiedad, en muchos países europeos se vivía mayoritariamente de alquiler. Los sindicatos de inquilinos fueron creciendo y contribuyendo a moldear el sistema, para proteger a los vecinos. Mientras que aquí han nacido como organizaciones asamblearias, como reacción a los abusos del mercado, en los países vecinos se han ido convirtiendo en algo más parecido a UGT que a la PAH. Se trata de organizaciones institucionalizadas, jerárquicas, con una gran estructura descentralizada a nivel regional y local, un sistema de financiación propio, con decenas o cientos de miles de afiliados. Más que un movimiento social, es una institución más del mercado inmobiliario.

La Asociación Alemana de Inquilinos es una organización histórica con un arraigo local muy fuerte: reúne bajo su paraguas a más de 300 asociaciones locales que a su vez se coordinan en 15 regionales. Una de estas, por ejemplo, es la de Múnich, creada en 1922 y que cuenta hoy con 63.000 miembros. Se estima que hay 500 centros de asesoramiento para inquilinos distribuidos por el país germano. La asociación tiene más de 1.300 trabajadores y cuenta con unos 2.500 voluntarios. Su trabajo se financia con las cuotas de los asociados y no reciben financiación pública, por lo que presumen de autonomía. 

Su objetivo es la representación política de los intereses de los inquilinos y son reconocidos ante la administración y por los legisladores como interlocutores válidos de este colectivo. En un país de 83 millones de habitantes, se estima que hay 22 millones de contratos de arrendamiento. No hay legislación de vivienda en Alemania que no pase por esta organización. Sus objetivos son ampliar la protección de los inquilinos, defender alquileres asequibles, viviendas sociales, modernización energética, la incorporación de energías renovables y la paz social en las zonas residenciales. 

En Suecia, el sindicato mayoritario es uno de nombre impronunciable, Hyresgästföreningen, que reúne a más de medio millón de afiliados en un país habitado por 10 millones de personas. Los sindicatos de inquilinos suecos existen desde hace más de 80 años y la ley les concede un papel preponderante en la negociación de las subidas de los alquileres, mediante un sistema relativamente similar a la negociación salarial en España. Los alquileres son vitalicios y las subidas de cuotas se negocian a nivel regional, como se negocia un convenio colectivo. Esta organización, por tanto, tiene un papel similar al que tiene UGT o CCOO, pero en materia de vivienda. 

Austria, que es el país cuyo modelo del alquiler cosecha más elogios, por el enorme parque público de vivienda del que dispone y por lograr alquileres asequibles en una ciudad como Viena, también tiene una organización histórica, que se remonta a 1911. Esta nació, en sus propias palabras, para “ejercer presión política”, como podrían ser las iniciativas surgidas en España. Con el paso de las décadas ha ido acumulando otra serie de funciones. Hoy, como en el caso alemán y sueco, esta organización participa activamente en los procesos legislativos relacionados con la vivienda como representación legítima de los inquilinos. Cuenta con unos 60.000 socios –en un país de unos 8,9 millones de habitantes–, de los que se financia. 

“Los sindicatos en España están muy relacionados a cómo se ha desarrollado el problema de la vivienda aquí”, explica Víctor Palomo abogado y miembro del equipo jurídico del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. 

El abogado ve dos reformas sustanciales que dieron paso a que el problema de la vivienda alcanzara al alquiler: “El Gobierno de Mariano Rajoy hizo dos cambios sustanciales en la ley. Primero, permitió la llegada de las socimis [vehículos de inversión inmobiliaria que cotizan en bolsa]. Esto supuso una alfombra roja para la llegada de los fondos buitre. Por otro lado, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos rebajó los derechos de los inquilinos, los contratos pasaron de 5 a 3 años, facilitaron formas de rescindir contratos o para desahuciar”, añade Palomo. El actual Gobierno los volvió a elevar a 5 años.

El abogado considera que el hecho de que en España hubiera tantas viviendas baratas y vacías, consecuencia de la burbuja inmobiliaria y posterior crisis financiera, así como esta relajación legislativa, hizo que muchos fondos de inversión se fijaran en España como una opción interesante para obtener rentabilidad fácil: “En la época del ‘ladrillo’, la especulación consistía en gente que se compraba una segunda casa porque ‘se pagaba sola’ al alquilarla. Esto es totalmente diferente, ahora son gigantescas sociedades mercantiles con sede en el extranjero que lo hacen de manera sistemática”, critica.

“Entre 2016 y 2017 empezamos a ver el problema del alquiler. La PAH seguía con mucha actividad, pero este era otro tipo de conflicto: ahora veíamos fondos que compraban pisos enteros y querían expulsar a todos los vecinos. Eran conflictos colectivos contra muchas familias a la vez”, explica Víctor Palomo. Es el caso, por ejemplo, del Bloque Arganzuela. Como contó infoLibre, una gestora de activos compró un bloque de pisos en Madrid, expulsó a todos sus inquilinos, troceó las 25 viviendas que tenía en 45 y, pese que eran la mitad de pequeñas, triplicó sus precios a través del alquiler por temporadas.

“En 2018 vemos que por primera vez deja de hablarse de problemas concretos de inquilinos, que sufren condiciones abusivas, para hablar de un problema general del alquiler”, añade Palomo. “Ahí ya había fondos buitres radican sus sedes en paraísos fiscales y que prometen a sus accionistas rentabilidades anuales que les lleva a emprender estrategias muy agresivas”, añade.

Desde entonces, y especialmente tras la pandemia, cuando el problema del alquiler en las grandes ciudades ha llegado a un extremo, se empezó en una carrera política para intentar diseñar la primera Ley de Vivienda de la democracia. Las organizaciones de inquilinos no quisieron estar al margen, y presionaron a los partidos políticos con protestas en la calle y también sentándose con ellos. Mientras, paralelamente le surgían como setas conflictos a los que atender. Familias en apuros. “Empezamos a tener bloques de 50 vecinos, que reciben muchas cartas simultáneas. Empezaron a llamarnos de ocho bloques, nueve, diez… en distintos municipios. A partir de ahí, empezamos a centrarnos también en problemas comunes, por ejemplo, asesorar a los inquilinos cuando tienen problemas con la fianza o, tras la pandemia, cuando se incumplía el tope de la subida del alquiler del 2%”, añade.

Los portavoces de los sindicatos madrileño y barcelonés rechazan que el camino sea buscar institucionalizarse, a semejanza de los grandes sindicatos europeos: “En España seguimos teniendo una cultura de vivienda muy distinta respecto al resto de países europeos. En Suecia hay un control del mercado del alquiler que ni locos tenemos en España. En Alemania o en Austria hay un nivel de vivienda social que permite cambiar el hábitat legislativo. En España no estamos en esas. Copiamos estrategias de lucha de sindicatos laborales, pero no vemos la institucionalización”, explica Víctor Palomo, de la organización madrileña.

“Obviamente reivindicamos nuestro papel, que existamos como interlocutores a todos los niveles y que seamos reconocidos como los defensores de los intereses de los inquilinos, como también los tienen las patronales inmobiliarias”, explica Silvia Abadía, del Sindicat de Llogaters. “Pero somos superclaros: nuestra línea se basa en la acción sindical. Tenemos estructuras horizontales y trabajamos con base en lo que nos llega semanalmente a las asambleas. A diferencia de otros países de Europa, donde el alquiler es más tradición, nosotros empezamos ahora. Pero sí nos queremos separar de ellos en ese sentido, nuestras prácticas vienen de abajo a arriba”, añade Abadía.

Un gran primer logro de estas organizaciones es la autoría de algunos artículos de la Ley de Vivienda, la primera de la democracia en parte debido a la presión ejercida por estos nuevos sindicatos. “Teníamos las expectativas muy altas. La ley es bienvenida, pero no ocultamos que hay partes que nos decepcionan”, resume Víctor Palomo. Los sindicatos critican, entre otras, la ausencia de regulación del alquiler por temporadas o perciben grietas que permiten a los grandes fondos esquivar partes fundamentales de la ley. “Hay cosas que hemos reconocido que han partido de nosotros, pero otras muchas se han descafeinado mucho”, lamenta el abogado.

Uno de los éxitos cosechados es la prohibición de que las inmobiliarias cobren una comisión a los inquilinos en concepto de honorarios. “La nueva Ley de Vivienda es un tocho de 61 páginas, pero hoy queremos destacar una sola frase: ‘Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización de contrato serán a cargo del arrendador, reza un tuit del sindicato madrileño. Al mensaje acompaña una foto, de una peineta ante una inmobiliaria. “¿Sabéis qué quiere decir? Pues que por fin podemos gritar: adiós parásitos”, sentencia el sindicato.

Nadie diría que José Luis González Messeguer es un profesor de instituto jubilado. Es difícil cogerlo para conversar con él, de atareado que está. Va de compromiso en compromiso, de lío en lío. En la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) desde 2010, hoy es es su portavoz en la Comunidad Valenciana. Y es una de esa voces útiles porque no sólo te da la posición de la PAH, sino que se sabe la fecha concreta en que el Congreso tumbó tal medida y el artículo específico de la ley que le parece imprescindible cambiar. Parece la persona ideal para preguntarle cuáles han sido los principales logros del llamado "movimiento antidesahucios" y cuáles sus cuentas pendientes. Pero la primera respuesta de González sobre las conquistas no es ninguna medida ni ley.

El principal logro –dice– ha sido la "organización" que ha brindado el movimiento a miles de personas, a menudo desesperadas y abandonadas por las instituciones. "Los mayores éxitos han sido los desahucios que han parado las familias", afirma. Sin esa organización, señala, no habrían sido posibles las leyes autonómicas de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Euskadi, consideradas las más avanzadas en este terreno. Y sin la presión de ese movimiento, añade, corre riesgo de desaparición un "escudo social" que debe ser "prorrogado" más allá del 31 de diciembre y "ampliado".

Y si no sale la Ley de Derecho a la Vivienda, ¿sería la mayor decepción?, le preguntamos. "Absolutamente", responde. "Y te digo más. Si no se aprueba una ley que frene esta sangría social, va a haber gente que ante la falta de respuesta se va a quedar fuera del sistema y se va a ir a opciones no democráticas". González se expresa con esta contundencia a pesar de que, admite, está ya curtido por no pocas frustraciones. "Cuando no se aprobó la ILP [por la dación en pago en 2013] con un 1,4 millones de firmas, fue un golpe terrible, como cuando fue rechazada la iniciativa 'las 5 de la PAH' [dación en pago retroactiva, alquiler asequible y estable, stop desahucios, vivienda social y suministros básicos garantizados]. Ha sido duro que éxitos judiciales en Europa aquí se truquen para desdibujarlos, como con las cláusulas abusivas. O que el Gobierno del PP presente recursos de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas de derecho a la vivienda".

El panorama de la vivienda en España podría resumirse en una tensión entre dos frases. “Queremos un país de propietarios, no de proletarios”, dejó dicho el falangista José Luis Arrese, ministro de Vivienda entre 1957 y 1960. "Ni casas sin gente, ni gente sin casa", proclamaban las pancartas del 15M, allá por 2011. ¿A cuál de los dos ideales se parece más España? Los datos y medidas brindan la respuesta: persiguiendo sin alcanzarlo el primero, se queda lejos, muy lejos, el segundo. Finalmente, la frase que mejor define la realidad de la vivienda en España no sale ni del paleocapitalismo franquista ni de la indignación quincemayista, sino de Rodrigo Rato en 2018: "Es el mercado, amigo".

La principal línea en política de vivienda de España, la que ha atravesado décadas y regímenes desde la Ley de Casas Baratas de 1911, ha sido la financiación de actuaciones de construcción a precios inferiores al mercado, con préstamos que al final el propio Estado pagaba. “La vivienda ha sido una política económica, no una política de satisfacción de necesidades sociales”, resume Daniel Sorando, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza. Y añade: “La sociedad de propietarios no es consustancial a España, pero décadas de políticas de acceso a la propiedad de clases medias y asalariados con cierta solvencia, tanto en dictadura como en democracia, han configurado este modelo, que de ninguna manera garantiza el derecho a la vivienda a los grupos sociales más desfavorecidos”. Un ejemplo es la desgravación fiscal por compra de vivienda, erradicada en 2013 tras el bofetón de la crisis, "política fuertemente regresiva, contraria a cualquier redistribución", señala Sorando.

El resto de política de vivienda ha consistido en la ausencia de política de vivienda. La línea tradicional ha sido entender que, salvo en casos de extrema necesidad, el mercado se regula eficazmente. Este planteamiento, que se sublimó con la ley del suelo de 1996 (PP), fue el perfecto acompañamiento del ciclo desarrollista, que se sostenía sobre una idea: a más oferta, más posibilidad de acceso a la vivienda. Hasta tal punto parecía innecesaria la acción pública que las comunidades, que en los 80 habían recibido tanto las competencias como el patrimonio edificado del antiguo Instituto de Promoción Pública de la Vivienda, se dedicaron a vender las viviendas a los inquilinos, convirtiendo a España en una excepción europea por la flaqueza de su parque público.

Todo aquel modelo pareció sostenerse hasta que llegó el crash de 2008. De repente, el dogma "más oferta=más acceso" se cayó. España había pasado de 6,7 millones de viviendas en 1950 a 25,2 en 2011, de 293.000 licencias en 1997 a 735.000 en 2006. Había ocupado con viviendas en solo diez años 811,5 kilómetros cuadrados de territorio. Y, sin embargo, había 3,4 millones de viviendas vacías, mientras tenía lugar una oleada de decenas de miles de desahucios al año.

Fue en el erial que dejó el desastre económico donde creció el movimiento en defensa del derecho a la vivienda. El verde de las camisetas de la PAH se convirtió el color de la respuesta social al destrozo de la crisis. Andrea Jarabo, portavoz de la asociación Provivienda, asociación que trabaja por el derecho a la vivienda desde 1989, señala cómo la crisis supuso, además de un gran impacto sobre millones de familias, un zamarreo sobre la mentalidad popular. "Antes los problemas de la vivienda no se presentaban como algo que afectara a un alto número de personas, no eran algo propio de la esfera pública, ni colectivo o conectado con la política", explica. Eso cambia a raíz de la Gran Recesión. En 2015, recalca Jarabo, los programas electorales de las municipales y autonómicas se plagan por primera vez de propuestas para cambiar desde lo público un mercado que ha mostrado a las claras su avería.

¿Se ha logrado? A medias. El balance muestra tanto avances en una mayor protección del derecho a la vivienda como tareas pendientes.

Los avances en las autonomías se concretan en la aprobación de leyes por el derecho a la vivienda y/o el reconocimiento de su función social. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en un informe sobre políticas regionales, sitúa en 2013 un "punto de inflexión" desde el cual las comunidades empiezan a reforzar la protección del "valor de uso" de las vivienda frente al modelo "tradicional" de mercantilización. El panorama resultante es dispar. El informe establece cuatro categorías en cuanto a protección del derecho a la vivienda. 1) Alta: Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, que reconocen el derecho a la vivienda y contemplan la acción pública. Las dos últimas han articulado el "derecho subjetivo" para colectivos vulnerables, lo que permite exigir la asignación de una vivienda. 2) Media-alta: Baleares, Extremadura y Navarra. El reconocimiento formal es elevado, pero no la acción pública. 3) Intermedia: Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias, Murcia y La Rioja. Los cambios "no se desmarcan de la línea tradicional". 4) Baja: Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria. "No han desarrollado en absoluto el nivel formal de reconocimiento del derecho a la vivienda", señala el informe.

El actual Gobierno (PSOE-Unidas Podemos) puede presumir con razón de ser el que más énfasis ha puesto en las políticas sociales de vivienda de toda la democracia. Suyo es el decreto de medidas urgentes de vivienda y alquiler de 2019, que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar "mayor protección" a los inquilinos tras haber "perdido derechos" con la norma de 2013, señala Jarabo (Provivienda). ¿Ejemplos? Amplía la prórroga obligatoria del contrato de alquiler de tres a cinco años, si el arrendador es persona física. También mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en situación vulnerable.

El Gobierno ha aprobado además el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que persigue un cambio de enfoque en las políticas, por ejemplo con programas para el incremento de la oferta de viviendas en alquiler. Las partidas presupuestarias para vivienda se han disparado. La media de la cantidad consignada entre en ciclo 2021-2023, 3.012,33 millones, es 5 veces superior a la media de la etapa del PP (603,71). Jarabo, de Provivienda, advierte. "Estamos viendo presupuestos altos vinculados a financiación europea. Nos preocupa que bajen cuando baje la financiación europea".

Algo comparable ocurre con las medidas de protección durante la pandemia. En un análisis incluido en el informe de la Fundación Alternativas sobre desigualdad provocada por la pandemia, Jordi Bosch, experto en políticas de vivienda, señala que, "desde una perspectiva europea comparada", España está "en el grupo de países que más medidas" han aprobado para facilitar el pago del alquiler, los suministros y las hipotecas y para evitar desahucios. Al mismo tiempo, advierte de los efectos de su posible retirada. De momento, el Gobierno ha pactado con Bildu, como requisito para su apoyo a los presupuestos, prorrogar un año más la limitación al 2% de la subida de los alquileres.

Morote (PAH) no niega que haya habido pasos adelante pero subraya el carácter paliativo y provisional de muchas medidas. En el plano general ve el vaso medio vacío. "Claro que ha habido avances. ¡No se podía retroceder más! Pero se ha hecho todo obligado por el Tribunal de Justicia de la UE, como con la ley hipotecaria [de 2013], y siempre siendo hiperprotector con la banca. No ha habido cambio de modelo. La vivienda sigue siendo un bien de consumo", afirma.

A su juicio, los poderes dominantes en el mercado sigue determinando las reglas del juego. Existe, según la Red contra la Pobreza, una naturaleza "especulativa" del mercado en el que la vivienda actúa como "inversión segura" para "grandes tenedores" y "clase media", lo que empuja al alza los precios y garantiza el negocio del sector financiero. Las políticas de atracción de la inversión hacia ladrillo han facilitado que, pese al trauma de la anterior crisis y hasta de la pandemia, España no haya enfriado su mercado, que tiene entre sus nuevos pesos pesados a socimis como Merlin Properties, fondos buitre como Blackstone y gigantes del capitalismo digital como Airbnb. A ninguno de ellos, tampoco a la clase rentista, les interesan las políticas de control de precios, bestia negra de un lobby inmobiliario alarmado por una supuesta pérdida de "seguridad jurídica" e interesado en que el foco siga en los okupas.

Pero los datos muestran un problema de acceso a la vivienda difícil de ignorar. La tasa de emancipación juvenil se quedó en 2021 por debajo del 17%, la menor en 20 años. El precio el alquiler alcanzó este verano su máximo desde 2006. En todas las comunidades el precio medio del alquiler consume más de un tercio del salario mínimo, alcanzando el 64,1% en Madrid y superando el 50% en Cataluña y Baleares. El porcentaje de alquiler por debajo de precio de mercado no llega al 3%. El problema de los desahucios persiste. Tras la fuerte caída de 2020, hasta menos de 30.000, en 2021 superaron los 41.000. Bosch, el mismo que reconoce que España está entre los países con más medidas paliativas en la pandemia, certifica que con eso no basta. Si el "estallido de la burbuja en 2008" convirtió la vivienda en "uno de los principales ejes de desigualdad", la pandemia ha venido a "reforzar el carácter crónico" del problema.

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, ha alertado esta semana de varias carencias tras una visita de cinco días a España: "escaso parque de viviendas sociales", "desahucios forzosos", "elevados costes de alquiler o compra", "aumento de niveles de personas sin hogar"...

Los datos acompañan su diagnóstico. El parque de alquiler social no llega al 2% de las viviendas principales, con la media de la UE en el 9%. Las estadísticas de gasto social en vivienda de Eurostat muestran nuestro atraso histórico en este campo: mientras en la UE suponen el 0,4% del PIB, en España son sólo el 0,1%, cuatro veces menos, aunque es con datos de 2020 que podrían mejorar en 2021. Ya antes de la pandemia el 23,7% de la población estuvo afectada por algún indicador de exclusión ligado a la vivienda, como deficiencias graves, insalubridad, hacinamiento o desproporción entre gastos e ingresos.

Ante un panorama así es inevitable que las miradas se dirijan a la Ley del Derecho a la Vivienda, aprobada como proyecto por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en febrero y que sigue en el Congreso a la espera de su desbloqueo. La norma supone no ya un cambio con respecto a la actual, sino la primera legislación estatal de derecho a la vivienda. "Hace diez años era inimaginable. En España la vivienda nunca ha sido considerada el quinto pilar del Estado del bienestar", señala Jarabo (Provivienda). La ley consagra la "función social" de la vivienda y define la "vivienda digna y adecuada" del artículo 47 de la Constitución para garantizar el acceso real a la misma. El repertorio de medidas abarca, entre otras, la prohibición de la venta de viviendas públicas –para evitar casos como el de Blackstone en Madrid–, el reforzamiento de las garantías en caso de desahucio de personas vulnerables, la limitación del precio del alquiler de las viviendas de empresas con diez o más inmuebles en zonas con escasa oferta y la definición de la vivienda vacía para que los ayuntamientos puedan recargar hasta un 150% el IBI.

La propia comisaria Mijatović apremia a aprobar la norma "lo antes posible", dado que el texto afronta algunos de los "problemas" detectados. "Es increíble que a estas alturas siga sin haber una ley estatal", se indigna Morote (PAH), que confía en que pese a las diferencias entre grupos políticos pueda llegarse a un acuerdo en enero y centra su crítica en la posición del PSOE.

Lo cierto es que la norma no tiene garantizada la aprobación. La rechazan PP, Vox y Cs, así como Junts e incluso el PNV. Además, UP no da apoyo al texto actual y, según explica a infoLibre, exige que la norma incluya la regulación de alquileres en zonas de mercado tensionado para todos los propietarios, la prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y la inclusión de la totalidad de las viviendas de la Sareb en el parque público. Con ello UP se sitúa en línea con los principales altavoces del movimiento social, entre ellos la PAH y el Sindicato de Inquilinas, aglutinados en la Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda, que ve la norma como una oportunidad perdida e incluso como una "burla" por su falta de ambición.

El tiempo dirá si el primer gobierno de coalición de izquierdas de la democracia cierra su mandato sin sacar adelante la ansiada ley estatal de derecho a la vivienda.

Miércoles noche. Decenas de miembros del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid protestan a las puertas del restaurante Fortuny Home Club, donde se celebra una cena de participantes en el Congreso Nacional de Servicing Inmobiliario, es decir, de sociedades gestoras de viviendas. "¡Estos comensales son los criminales!", gritan los manifestantes. Salta un rumor: dentro están cenando juntos David Lucas, secretario general de Vivienda, y un ejecutivo del sector llamado Eduard Mendiluce. No era así, según aclaró más tarde el propio Lucas, que estaba en su casa, pero el grado de indignación que provocó el rumor lleva a preguntarse: ¿Qué tiene de especial el señor Mendiluce? Para presentar a este directivo de postín hay que dar cuatro de los nombres que más soliviantan ahora mismo a un movimiento antidesahucios consagrado a intentar la aprobación de una ley de vivienda que se aleje de lo que quiere el conglomerado de fuerzas del rentismo.

Esos cuatro nombres son Blackstone, Cerberus, Joan Clos y Asval.

Es posible que al lector le suene el primero, un megafondo de inversión con origen en EEUU, fundado en 1985 por dos exdirectivos de Lehmann Brothers, con intereses en múltiples sectores en todo el mundo. También en el inmobiliario, terreno en el que ha irrumpido con tal fuerza en España que es conocido como "el mayor casero" del país. También le sonará Cerberus, otro megafondo de relieve mundial. Seguramente también le diga algo Joan Clos, por haber sido alcalde de Barcelona (1997-2006) y ministro de Industria, Comercio y Turismo (2006-2008) con el PSC y por formar parte ahora del "consejo asesor" de Salvador Illa, líder de los socialistas catalanes.

En cuanto al cuarto, es más improbable que a quien lee estas líneas le sugiera algo: Asval. Pero es un acrónimo, Asval, del que conviene tomar nota, porque corresponde a la asociación que pone a trabajar en una misma causa a Mendiluce, Clos, Blackstone y Cerberus, todos ellos junto a pequeños propietarios, en una alianza que pretende influir sobre las reglas del juego de la vivienda justo cuando la legislatura encara su recta final y la ley está por aprobar, si es que llega a aprobarse.

Ni Blackstone ni Cerberus figuran como miembros ni como impulsores de Asval –Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler– en su web. Paseando por su información corporativa, uno podría pensar que no tienen nada que ver. Pero lo tienen.

Ambas supercompañías están detrás de la asociación, de cuyo nacimiento aparecen las primeras noticias en marzo de 2020, aunque fue registrada en el Ministerio del Interior en enero de 2021. La pertenencia a la asociación en el caso de Blackstone está acreditada por su ficha como empresa lobista en el registro de transparencia de la UE, donde se presenta como "miembro" de Asval. Un portavoz autorizado del fondo confirma que es uno de los miembro de Asval desde su origen, aunque recalca que el protagonismo recae en los "pequeños propietarios".

Blackstone es además dueño de Anticipa y de la mayoría de Aliseda, dos gestoras de activos que, según confirma una fuente autorizada de Asval, pertenecen también a la asociación. Mendiluce, el nombre que iba de boca en boca en la noche del miércoles, es CEO –director general– de Anticipa y Aliseda y miembro de la junta rectora de Asval, señala la misma fuente. En cuanto a Cerberus, añade, es accionista de una de las compañías que pertenecen a la asociación, pero no aclara cuál. Cerberus no responde a los mensajes de infoLibre.

¿Y Clos? El exalcalde es presidente de Asval, asociación con sede en Madrid que tiene entre ceja y ceja un propósito: frenar la Ley de Vivienda, contra la que carga por tierra, mar y aire. Y no sólo pretende frenar los planteamientos más transformadores o radicales del movimiento en defensa del derecho a la vivienda –con organizaciones como la PAH exigiendo medidas para una bajada de los alquileres y las hipotecas y para garantizar alquiler social a las familias en riesgo de desahucio–, sino frenar también el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, que tanto Unidas Podemos como ERC, EH-Bildu, la CUP, Más País y el BNG consideran que se queda corto. Según Asval, con su actual redacción la norma generará gran inseguridad jurídica, reducirá la oferta y espantará a la inversión. Ese es su mensaje central. Y es el que defiende Clos, que a juicio del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas tiene el encargo de "blanquear el discurso de los fondos buitres". "¡Usted está financiado para usar sus contactos del PSOE y bloquear una ley de vivienda efectiva en España!", se dirigía a él, casi a voz en grito, una activista que interrumpió una intervención del exalcalde de Barcelona en septiembre de este año.

Asval niega estar dominada por gigantes empresariales o lo que se ha dado en llamar "grandes tenedores". La fuente consultada señala que el 95% de sus en torno a 6.000 asociados tienen "una o dos viviendas". Es decir, son "pequeños propietarios dedicados al alquiler" que se acercan a Asval ante la "situación actual de inseguridad jurídica". Ante la pregunta de por qué los nombres de Blackstone y Cerberus no aparecen en la web, responde: "Lo que hay en la página es una muestra". Además, afirma que el peso del trabajo en Asval lo llevan las "empresas", no los "accionistas" que haya detrás.

De Asval forman parte desde su origen las promotoras inmobiliarias Aedas y La Llave de Oro y las socimis Iante y Albirana. Más tarde se sumaron entre otras firmas como Neinor, Servihabitat, Promur, Q Living, Elix Vintage, Global Pielago o Nuprosa y los portales Idealista y Fotocasa.

¿Y por qué Clos como presidente? La respuesta de Asval es que no sólo es exalcalde y exministro, sino también "experto en urbanismo y vivienda", como prueban sus ocho años como subsecretario general de Onu-Habitat (2010-2018).

Sea por el tirón de Clos, sea porque el movimiento antidesahucios la ha puesto en el punto de mira, Asval se ha convertido en un referente del poderoso lobby inmobiliario español, un espacio que ha sufrido una profunda transformación –como todo el sector– a raíz de la Gran Recesión. Es más, varios de sus pesos pesados son de origen reciente. Por ejemplo, en 2019 nace Asocimi, la Asociación Española de Socimis, es decir, de sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario, un tipo de inversor en activos cuestionado por su ventajoso régimen fiscal.

Actualmente forman parte de Asocimi un total de 32 empresas. Su presidente es Javier Basagoiti, al frente de dos de estas socimis, Inbest y Corpfin Capital, un defensor de que los mercados "se regulan solos". Basagoiti, en una entrevista a El Mundo en 2021, afirmaba que la Ley de Vivienda, que por entonces aún no había pasado al trámite parlamentario, era inconstitucional por distinguir entre grandes y pequeños propietarios. En la junta directiva de Asocimi hay representantes de firmas como Quonia, AM Locales, Vitruvio y Castellana. Son "socios colaboradores" el gigante de la consultoría PwC, la asesora Grant Thornton, la tasadora Tinsa y la financiera Renta 4, que elaboran informes sobre precios de la vivienda o tendencias del mercado.

La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) es otra organización posterior a la crisis que ha percutido con fuerza contra la Ley de Vivienda. Nacida en 2013, presume de reunir entre sus miembros más del 90% de la facturación del mercado de consultoría inmobiliaria en España. ¿Nombres? BNP Paribas, Catella, CBRE, Cushman & Wakefield, Knight Frank, Savills, Colliers... No son sólo importantes por su papel en el sector, también desarrollan una importante función de influencia en la opinión pública, tanto individualmente como a través de la ACI y sus estudios y publicaciones.

Su mensaje central es que la nueva ley creará incertidumbre, desincentivará la inversión y reducirá la oferta de alquiler en las zonas tensionadas. "Las inversiones no construirán en los lugares que tengan esa legislación restrictiva", explicaba a The Objective su presidente, Ricardo Martí-Fluxá, en noviembre de 2021, tras la aprobación del anteproyecto. "Los cambios legislativos acometidos pueden llegar a restar crecimiento al mercado y añadir incertidumbre; no es bueno para atraer la inversión y desarrollar el mercado", insistía en agosto en El Economista.

ACI, al igual que Asval, ha colocado a un expolítico como mascarón de proa. Martí-Fluxá, presidente de la asociación, fue secretario de Estado de Seguridad de 1996 a 2000, en la etapa de Jaime Mayor Oreja (PP) en Interior. Antes (1992-1996) fue Jefe de Protocolo de la Casa Real. Además de ACI, preside también Tedae, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, un lobby armamentístico. En el terreno empresarial ha sido presidente de Marco Polo Investments, además de consejero de Tomás Pascual, asesor del banco de inversión Arcano Capital y consejero de Ibersecurities y de la tecnológica Ikusi. Hoy es presidente del Instituto Tomás Pascual para la Nutrición y la Salud y de la fundación de promoción de las artes Ankaria, que cuenta con la colaboración de Iberdrola y con el patrocinio de Liteyka, una empresa de servicios de infraestructuras de la que es consejero el propio Martí-Fluxá. Además, es presidente de la promotora Neinor, miembro de Asval.

Así que en Asval se encuentran un exministro del PSC y un ex secretario de Estado del PP.

La propia CEOE es enemiga declarada de la Ley de Vivienda. Su presidente, Antonio Garamendi, ha afirmado a lo largo de su elaboración que es una "injerencia" contra la propiedad privada con carácter "anticonstitucional". Su aprobación causaría una "distorsión brutal" en el mercado, opina. De la principal organización patronal, que afirma representar a dos millones de empresas, forman parte al menos tres grupos de interés y presión con peso en el sector inmobiliario.

Uno de ellos es Fadei, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, que comparte el mensaje según el cual la Ley de Vivienda supondría una pérdida de atractivo de España para los inversores y una reducción de la oferta de alquiler, con consiguiente subida de los precios. Nacida en 2017, suma 12 organizaciones que representan –según Fadei– a unas 5.000 agencias. Su presidenta es Montserrat Junyent, en representación de la Asociación Mediterránea de Empresarios Inmobiliarios. Firma habitual en las revistas del sector y asesora del Consejo de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria –también contrario a la ley–, Junyent cree que la norma creará "inseguridad jurídica".

También de la CEOE forma parte Wires, una asociación de consejeras y directivas creada en 2015 para "dar visibilidad a la mujer en el sector inmobiliario". Cuenta con unas 370 socias, entre ellas de empresas como las ya citadas Savills, Inbest, BNP, Colliers, PwC y Cushman & Wakefield. A ellas se suman socias con cargo en la Sareb, Santander y Amazon, entre otras muchas. Carmen Panadero, presidenta de Wires, cree que la ley encarecerá la vivienda, impulsará la "economía sumergida", generará "inseguridad jurídica" y supondrá una "espantada de la inversión", como declaró hace un año.

A diferencia de las organizaciones citadas, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) no nace tras la Gran Recesión. Hablamos de una entidad histórica, fundada en 1968, que forma parte tanto de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) como de la propia CEOE. Los tres grupos –CEOE, CNC, APCE– coinciden en la crítica a la Ley de Vivienda. A juicio del presidente de la APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado, de la promotora Vía Agora, la norma es "fallida" ya antes de su aprobación. "Hemos recibido una gran cantidad de llamadas de inversores institucionales, porque genera intranquilidad”, explicaba a Cinco Días en noviembre de 2021. APCE considera que la ley es "inconstitucional" y "crea inseguridad jurídica". Los argumentos se repiten, con leves variaciones, en todos los terminales.

Otra organización histórica es Asprimi, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, fundada en 1977 y alineada con el discurso canónico sobre los efectos negativos que la Ley de Vivienda tendrá sobre el mercado. Entre los más de 130 asociados a Asprima figuran titanes como Acciona o Iberdrola. Su presidenta es Carolina Roca, del Grupo Roca, al frente de una directiva en la que están representadas compañías como Realia o las ya citadas Aedas y Colliers.

Jordi Guzmán, investigador sobre justicia social en la Universidad de Leeds y miembro del Sindicato de Inquilinos, que ha profundizado en el mundillo de los grupos de presión, observa una mutación en el mismo. "Históricamente", señala, los dos principales lobbies a favor de los intereses de la propiedad inmobiliaria han sido APCE en Barcelona y Asprimi en Madrid. "Son las grandes asociaciones de constructores y promotores, las figuras históricas del sector", afirma.

Aunque Asprimi y APCE siguen teniendo "fuerza e influencia", Guzmán afirma que ahora comparten protagonismo con una serie de pujantes actores nacidos después de la crisis inmobiliaria, cuyo impacto en el sector se ha traducido también en cambios profundos en la estructura de grupos de presión. Ahí destaca a Asval, Asocimi y ACI, por su "capacidad de generar discurso". Guzmán destaca también la elevada cohesión del lobby inmobiliario, con un mensaje unísono "en el que todo el mundo está de acuerdo en lo esencial, que es la protección de los intereses de los perceptores de rentas".

A la coincidencia discursiva que cita Guzmán se suma la integración orgánica. Un dato lo ilustra: la organización más antigua de las citadas, APCE (1968), la de los constructores de siempre, forma ya parte de la más nueva, Asval (2021), la que tiene a los megafondos detrás. Y APCE Cataluña está integrada de la rama española de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci).

¿Y quién preside Fiabci? Pues un tal Joan Clos Matheu, el mismo que Asval. Así de intrincada es la malla del lobby inmobiliario español. Mientras los miembros del Gobierno discrepan sobre la Ley de Vivienda, los protectores del statu quo hacen piña ante la batalla que viene.

El movimiento en defensa del derecho a la vivienda, que tiene en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a su principal referente pero se extiende por decenas de colectivos sindicales, vecinales o ecologistas, prepara una última ofensiva para cambiar a fondo la Ley de Vivienda del Gobierno. Lo hace tras una decepción con el Ejecutivo que no sólo alcanza a PSOE, sino también a Unidas Podemos. "Ha habido una quiebra en la confianza" entre la PAH y UP, señala el portavoz del colectivo, independiente pero con una histórica relación con el partido liderado por Ione Belarra.

La baza para cambiar la norma del Gobierno, una vez tumbada su propia ley por el PSOE, PP y Vox, será negociar enmiendas con los grupos de izquierdas. Unidas Podemos, en una posición delicada, afirma que trabajará "codo con codo" con los colectivos para una batería de enmiendas que incluyen la dación en pago, "corresponsabilidad" de la Sareb con la vivienda social y una ampliación de las medidas para rebajar el precio del alquiler.

Las tensiones por la vivienda han sido constantes en el Gobierno toda la legislatura. No obstante, la temperatura subió en febrero de este año, cuando Unidas Podemos (UP) se impacientó y empezó a airear críticas al PSOE por la demora en el desarrollo de la prometida Ley de Vivienda, acordada en octubre de 2020 por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. UP dio su apoyo a un manifiesto urgiendo a la aprobación de la ley que suscribían organizaciones de vivienda, sindicales, ecologistas, vecinales... No fue sido la única maniobra de presión. El 30 de septiembre UP registró junto a ERC, Bildu, Más País y Compromís una ley impulsada por los colectivos del manifiesto de febrero.

La posición de UP se mantenía en un frágil equilibrio entre el compromiso institucional y el adquirido con los colectivos. La única manera de mantener ese equilibrio era con una ley del Gobierno que diese a su vez satisfacción al movimiento social. El 5 de octubre de 2021 se empezó a despejar la equis: PSOE y UP cerraron un acuerdo que incluía tanto los presupuestos de 2022 como la Ley de Vivienda. Antes de terminar octubre el Consejo de Ministros acordó la tramitación de la ley y se dio a conocer el anteproyecto. La reacción del movimiento social podría resumirse en una palabra: no.

El anteproyecto ha supuesto una decepción para la Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda, es decir, para los promotores del manifiesto de marzo y de la norma de septiembre. Aquí no hablamos de una web con un activista detrás, sino de toda una campaña impulsada por veinte organizaciones entre las que están la PAH, CCOO, UGT, CGT, el Sindicato de Inquilinas, la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones... Pesos pesados del movimiento asociativo. A este grupo promotor dan apoyo cerca de 90 organizaciones más. ¿Qué opinión tienen de la ley? La posición oficial de la Iniciativa es de "profunda indignación" por su "falta de ambición". "Nos parece vergonzoso e inaceptable", señala la Iniciativa, que ve la norma como una "burla" determinada por la "influencia de la banca y de los fondos buitre". Un "gobierno progresista", dice, acaba convirtiendo el sistema en un "aliado" de la "especulación".

Los colectivos despliegan una amplia batería de críticas a la norma. Su valoración se podría resumir así: 1) Seguirá habiendo desahucios sin alternativa de familias vulnerables. 2) No hay nuevas medidas contra el sinhogarismo. 3) No hay garantía judicial para exigir el derecho a la vivienda. 4) No se movilizan las viviendas vacías ni tampoco de la Sareb. 5) No se obliga a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social a familias vulnerables como alternativa al desahucio.

Además, la red de colectivos que lidera la PAH no se cree la prometida reducción de precios del alquiler. "Incluso la medida estrella nace estrellada", señala la Iniciativa. Paco Morote, portavoz nacional de la PAH, lo desarrolla: "La supuesta rebaja del precio del alquiler se deja al albur de las comunidades, con lo que el 46% de la población [se refiere a las autonomías del PP] no va a tener acceso". Laura Barrio, portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, a su vez integrada en la Plataforma contra los Fondos Buitre, carga también contra una ley que "ni abarca la complejidad del problema, ni obliga a resultados, ni garantiza presupuesto, ni evaluación". "Son unas medidas tan tímidas que tememos que sean contraproducentes. Lo más sonado ha sido la regulación de precios. Si sale tal como está ahora, va a tener tan poco efecto que la derecha podrá decir que no ha funcionado", agrega.

Así ve la ley Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid e investigador sobre vivienda y financiarización: "Todo lo que sean privilegios fiscales [para propietarios], el PSOE puede aceptarlo. Pero siempre hay reticencias a la hora de reducir el margen de operación y especulación. ¿Por qué? Tras la crisis, los bancos habían recibido, en vez de la devolución de los créditos, una enorme cantidad de vivienda devaluada. Se llamó a los fondos buitre para resolver la situación. Y se les facilitó todo. Se cambiaron leyes, como la de las socimi, se facilitaron los desahucios... Los fondos respondieron. Volvió a subir el precio de la vivienda. ¿Qué pasa? Que no se ha cerrado el ciclo. Los fondos siguen en España. Y la vivienda no puede bajar [de precio], porque ni Cerberus ni Blackstone se van a quedar. Necesitan vender antes a precio alto". Gil recuerda que Pedro Sánchez se reunió en Nueva York en julio con Blackstone.

Desde octubre, una vez conocido el anteproyecto, los colectivos se han movido para que prevalezca su norma –la registrada por UP y otros grupos en septiembre– sobre la del Gobierno. Finalmente el pleno tumbó la ley de los colectivos con los votos del PSOE, PP, Vox, Cs y PNV. En cuanto a UP, votó a favor de la tramitación, pero retiró su firma de la ley. El argumento es que se trataba de proteger el acuerdo con el PSOE y dejar la puerta abierta a "mejorar" la norma del Gobierno.

La sucesión de acontecimientos ha erosionado la relación del movimiento de vivienda con UP. Así lo expresa la PAH: "Rechazamos [...] los juegos de poder de UP [...]. Ya sorprendió su doble juego cuando pocos días después de ser proponentes de nuestra ley, pactaron un texto con sus socios de Gobierno muy alejado de lo que necesitamos [...]. [Luego] se constató que defender a los movimientos sociales es muy fácil siempre y cuando no estén en juego las estrategias de poder de partido o la propia poltrona". Paco Morote, el portavoz de la PAH, afirma sobre UP. "Ha habido una quiebra en la confianza. Hay sectores del movimiento que se consideran utilizados para conseguir del Partido Socialista un acuerdo de mínimos". ¿También la PAH ha sido utilizada? "También", dice.

UP se encuentra en una posición incómoda, entre la lealtad al Gobierno al que pertenece y la voluntad de mantener la máxima coherencia posible con su histórica línea de exigencia en materia de vivienda. A ello se suman sus lazos con el movimiento en defensa del derecho a la vivienda, cuyo principal colectivo es la PAH, cantera de referentes de UP como Ada Colau. La dirigente de Podemos Alejandra Jacinto, voz autorizada en la materia, fue abogada de la PAH.

El mensaje de UP sobre la ley es ambivalente. Por una parte, reivindica la norma, poniendo énfasis en que se trata de la primera norma estatal de vivienda y defendiendo incluso que "es histórica" y supone "un cambio de paradigma". Por otro lado, admite sus limitaciones y de hecho quiere enmendarla.

Javier Gil se declara "sorprendido" por la "celebración" de UP. "No es ni siquiera una ley de mínimos. No se puede vender como una gran victoria", señala.

Laura Barrio, portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, ve el vaso medio lleno: "La retirada de la firma me parece un hecho simbólico para contentar al PSOE. Lo que importaba era presentar el texto y el voto favorable. Pilar Garrido [diputada de UP] dijo además que iban a hacer lo posible por transformar el texto con enmiendas. El compromiso sigue intacto".

El movimiento por la vivienda digna, una vez enterrada su propia ley, se guarda una última carta: provocar un cambio significativo de la norma del Gobierno durante su fase de enmiendas.

Estaba previsto que la ley pasase por segunda vez por el Consejo de Ministros el martes 28 de diciembre. Pero no entró. Falta un informe del Consejo General del Poder Judicial, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La nueva previsión es que la norma salga hacia el Congreso en las primeras semanas de 2022 "sin cambios sustanciales" con respecto al anteproyecto. Es decir, no será un texto que agrade al movimiento de vivienda.

¿Qué va a hacer dicho movimiento? Con la ley ya en el Congreso, será el turno de los grupos, no de los colectivos. Pero eso no significa que el movimiento liderado por la PAH se inhiba. La Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda tiene previsto celebrar una "ronda de reuniones" con los grupos que apoyaron su norma, incluido UP, para pactar enmiendas al texto y que estos puedan presentarlas, explica Barrio. "Toda nuestra ley no la vamos a poder meter, pero hay que intentar hacer que sea lo más efectiva posible vía enmiendas presentadas por los partidos. Toca pactar con los grupos, es lo que queda y lo vamos a intentar", señala. "Nos la jugamos con las enmiendas. Pero lo que se consiga dependerá también de la fuerza social que haya detrás", apunta Javier Gil (Sindicato de Inquilinas). Paco Morote (PAH) también expresa su confianza en arrancar logros en la fase de enmiendas, combinando la negociación parlamentaria con la movilización social.

¿Qué va a hacer UP? Alejandra Jacinto, secretaria de Derecho a la Vivienda de Podemos, afirma que ya están trabajando en enmiendas que intentarán incorporar la dación en pago, ampliar la prohibición de desahucios cuando no haya vivienda alternativa, hacer a la Sareb "corresponsable" en el desarrollo de vivienda social... Además, "se puede afinar técnicamente la regulación de precios, para que no sólo afecte a personas jurídicas que tengan más de diez inmuebles", afirma. Una posibilidad es que fuese aplicable también a "personas físicas que tengan más de diez inmuebles".

Jacinto defiende que es conciliable la lealtad al Gobierno del que forma parte UP con el compromiso de UP con los movimientos sociales. "Si el Gobierno sólo estuviera presionado por los fondos de inversión, como le ocurre al PSOE, habría un problema. Lo óptimo es sentirnos también presionados por la sociedad civil", añade Jacinto, que asegura que UP trabajará "codo con codo" con el movimiento en la fase de enmiendas.

El Grupo Socialista declinó realizar cualquier comentario sobre la norma hasta que llegue al trámite parlamentario.

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparó un 84,1% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2020, hasta situarse en 3.207, su cifra más alta en cuatro años, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recigida por Europa Press.

El objetivo principal de esta estadística es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

Estadística recuerda que en marzo de 2020, cuando entró en vigor el primer estado de alarma, se adoptaron medidas extraordinarias consistentes en procurar una moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

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En el primer trimestre del año se iniciaron 8.257 ejecuciones hipotecarias, un 17,5% menos que en el trimestre anterior y un 23,7% menos en tasa interanual. De ellas, 7.906 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 351 a fincas rústicas.

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas bajaron un 17,2% en relación al trimestre anterior y un 22,9% respecto al primer trimestre de 2020.

Dentro de las fincas urbanas, 5.178 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 9,3% menos en tasa intertrimestral y un 6,7% menos en términos interanuales, y de ellas 3.889 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, un 3,4% más que en el trimestre anterior y cifra un 69,1% superior a la del primer trimestre de 2020.

Y dentro de las viviendas de personas físicas, 3.207 ejecuciones se realizaron sobre viviendas habituales de personas físicas y 682 sobre viviendas que no son residencia habitual de los propietarios. Las primeras se dispararon un 84,1% en tasa interanual y subieron un 6,2% en tasa trimestral, mientras que las segundas aumentaron un 22,3% respecto al primer trimestre de 2020, aunque bajaron un 8% en relación al trimestre anterior.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas totalizaron 1.289 entre enero y marzo, un 33,8% menos que en el trimestre anterior y un 60,4% menos que en el mismo periodo de 2020.

El 89% de las ejecuciones sobre viviendas afectan a pisos usados

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraron el 62,7% del total de ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre de este año.

El 38,8% del total de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas afectaron a viviendas habituales de personas físicas, el 15,6% correspondió a viviendas de personas jurídicas y el 8,3% a otras viviendas de personas físicas.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias de otras fincas urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos) representaron el 30,1% del total.

El 10,5% de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas del primer trimestre fueron sobre viviendas nuevas y el 89,5% sobre usadas. El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas nuevas disminuyó un 45,1% en tasa anual (-26,6% en tasa intertrimestral) y el de usadas subió un 1,7% en relación al mismo trimestre de 2020 (-6,7% trimestral).

El 18,8% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre corresponde a hipotecas constituidas en el año 2007; el 13,7% a hipotecas constituidas en 2006 y el 10,6% a hipotecas de 2005. El periodo 2005-2008 concentra el 52,2% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas entre enero y marzo.

Andalucía lidera las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas en el primer trimestre, con un total de 1.094, seguida de Comunidad Valenciana (1.093), Cataluña (1.011) y, más lejos, Madrid (463). En el lado opuesto, con el menor número, se situaron Navarra (14), La Rioja (41) y Extremadura (43).

Sobre el total de fincas, Comunidad Valenciana encabezó el número de ejecuciones hipotecarias, con 1.731, seguida de Andalucía (1.526), Cataluña (1.426) y Madrid (691). Por su parte, Navarra (16), La Rioja (50) y Extremadura (68) registraron el menor número.

Ciudadanos de varias ciudades de España han salido este sábado a la calle en manifestaciones convocadas por distintas organizaciones que bajo el lema 'Por una ley que garantice la vivienda' buscan reivindicar el derecho real a un techo digno. Los actos protestan contra la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda presentada esta semana por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que rechaza imponer un control de los precios y propone promover incentivos fiscales, según informa Europa Press.

En la manifestación en Madrid han participado la portavoz de Podemos en la Asamblea, Isa Serra, y la candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas de la comunidad del próximo 4 de mayo, Mónica García. "Desde luego la propuesta del PSOE es inasumible porque sigue beneficiando a los grandes propietarios y a los fondos buitre y no lo está haciendo con las familias trabajadoras, que son las que necesitan que un Gobierno progresista las proteja y garantice el derecho a la vivienda", ha señalado Serra. Por su parte, García ha exigido "una verdadera ley de vivienda en la que se regulen los precios del alquiler". "Creemos que el Gobierno se ha equivocado, que tenía un compromiso no solo con el resto de miembros del gobierno sino con las plataformas, con las asociaciones y con un problema de primer orden", ha descrito.

La reivindicación también se ha realizado en otras ciudades de la geografía española, como Logroño, donde participaron en torno a medio centenar de personas convocadas por Plataforma de Afectados por la Hipoteca de La Rioja. El presidente de la PAH riojana, Pedro Pablo Rodríguez Pinillos, ha afirmado que salen a la calle "para presionar al Gobierno" para que se garantice este derecho. Esta plataforma ha publicado un manifiesto en el que defiende que esta ley "será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el derecho en todo el territorio". "No dejaremos escapar la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental", ha manifestado.

En Murcia, la portavoz regional de Podemos, María Marín, ha mostrado su apoyo a estas movilizaciones y ha exigido "una ley que garantice que el derecho a la vivienda es algo más que un párrafo en la Constitución Española" y ha considerado que la actitud del ministro es "cuando menos escandalosa".

En València también han salido a protestar contra la propuesta de Ábalos. El portavoz de la PAH en esa comunidad, José Luis González, ha exigido que "se acabe de una vez con los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional", cuya cifra ha ascendido en 2020 a 29.406 en todo el país.

Decenas de habitantes de San Sebastián, convocados por la Iniciativa Vasca por el Derecho a la Vivienda, han reclamado una ley que "garantice el derecho a la vivienda" y que regule los alquileres en función de los ingresos para "impedir la especulación". Asimismo, la PAH navarra se ha unido al manifiesto y ha convocado una concentración en el Paseo Sarasate de Pamplona.

En este marco, la formación Podemos en Palma ha pedido en un comunicado remitido este sábado "más valentía" al PSOE y al ministro Ábalos para cumplir el acuerdo de gobierno y regular los precios de alquiler. El portavoz municipal, Jesús Jurado, argumenta que "algunas familias tienen que dedicar el 60 o el 70% de sus ingresos al alquiler, mientras bancos y fondos especulan con pisos vacíos", una situación que se repite en muchas de las grandes ciudades españolas.

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, tendrá que recuperar 2.935 viviendas sociales vendidas en 2013 al fondo Azora - Goldman Sachs. Los pisos sociales, que fueron traspasados al fondo buitre por debajo de precio de mercado, han sido en los últimos años objeto de una batalla judicial entre los inquilinos, por un lado, y la Comunidad y el fondo, por otro, que en 2020 llegó hasta el Tribunal Supremo. Ante todas las instancias, la justicia ha dado la razón a los inquilinos y desautorizado los sucesivos recursos del Ejecutivo de Díaz Ayuso y la empresa. 

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid confirma la obligación de la Comunidad de recuperar las viviendas, según un auto fechado el 1 de febrero al que ha tenido acceso infoLibre. La decisión judicial da un plazo de 10 días a la Comunidad para que inicie los trámites. Además, el juzgado  ordena igualmente al fondo a devolver íntegramente todo lo que compró durante la Presidencia de Ignacio González, hoy investigado por corrupción: es decir, 2.935 viviendas de protección oficial (VPO) y no 1.722 como pretendía el fondo.

En  septiembre de 2020, el Tribunal Supremo anuló definitivamente dicha venta y obligó al equipo de Díaz Ayuso a recuperar las 2.935 VPO, pero los detalles del proceso no estaban tan claros. El Gobierno regional no había dado ningún paso para la recuperación del conjunto de las viviendas alegando que el caso se circunscribía únicamente a un inquilino y Azora alegaba que el alcance era mucho menor de las 2.935. 

El juzgado declara "la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran". "A ello", continúa el juez, "se opone la Comunidad de Madrid diciendo en síntesis que la sentencia sólo alcanza al recurrente [Rachid Bouihou, el inquilino de Navalcarnero que ha denunciado exitosamente desde 2018 la venta de su casa a Goldman Sachs] y nadie más". 

Ayuso maniobró para no recuperar las casas

El juzgado de instrucción madrileño retrata las maniobras del equipo de Díaz Ayuso para no recuperar los pisos sociales, señalando un acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Social de la Vivienda [la agencia sucesora del Ivima, que vendió las 32 promociones en 2013] por el cual "se restringe el alcance de la sentencia" a Bouikou. El auto "declara la nulidad de pleno derecho del acuerdo del consejo de administración".  

Además de obligar a Azora a devolver todas las viviendas, el fondo se lleva una de cal y otra de arena. El juez prohíbe al fondo seguir vendiendo pisos a terceros, como ha estado haciendo en los últimos ocho años, bajo la amenaza de actuar penalmente si prosigue. "Se requiere a Az0ra y a Encasa Cibeles [el vehículo inmobiliario de Goldman] a que se abstengan y cesen de cualquier actuación tendente a la enajenación de cualquiera de dichos inmuebles, bajo apercibimiento de que, de desobedecer dicho requerimiento, pueden incurrir en la responsabilidad penal correspondiente". 

Desahucios sí para evitar la "anarquía"

Sin embargo, el juez permite al fondo seguir practicando desahucios hasta que la Agencia Social de la Vivienda "no proceda a liquidar el contrato de compraventa y tomar posesión de las mismas". "No es jurídicamente correcto dejar el cumplimiento de los contratos de arrendamiento a partir de ahora a voluntad del arrendatario y dar pie a la anarquía y al deterioro de las viviendas hasta que se haga cargo de ellas" la Agencia Social de la Vivienda, razona el auto. Es decir, reconoce a Azora como legítimo propietario mientras el antiguo Ivima no de los pasos necesarios para retomar la propiedad de las 3.000 casas sociales.

"No puede quedar impune el incumplimiento de contratos de arrendamiento de viviendas sociales, dada la situación de precariedad social en que van a quedar sumidas muchas familias como consecuencia de la crisis desatada por la epidemia del Covid-19", continúa el texto. El juez de hecho propone a los inquilinos con riesgo de perder su vivienda hacer uso de los instrumentos dispuestos por la Comunidad de Madrid desde el inicio de la pandemia. "Si ésta [la precariedad] afecta a algunos de los actuales inquilinos, no tendrán más que acudir, para evitar desahucios, a la Comunidad de Madrid en busca de las ayudas y beneficios de alquiler que requiera su situación de vulnerabilidad social, como por ejemplo la bonificación de los alquileres.

El auto recuerda que la Agencia debe "en el plazo de diez días" proceder "a solicitar la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas y cada una de las fincas registrales que integran las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada". Y finalmente admite que cabe recurso de apelación por cualquiera de las partes.

Deutsche Bank y Santander han recurrido ante el Tribunal Supremo varias sentencias pioneras formuladas a finales de diciembre por la Audiencia Provincial de Oviedo que obligaban a los bancos a devolver a sus clientes el 100% de los gastos hipotecarios. Así ha tenido constancia infoLibre, que ha podido confirmar cómo el Santander el pasado viernes 15 de enero y el Deutsche este lunes 18 reclamaban una "certificación" de la sentencia dictada "con el objeto de interponer un recurso de casación". 

El recurso no es un procedimiento habitual de la banca en la polémica sobre los gastos de gestoría y notaría de las hipotecas, hasta ahora asumidos al 50% entre las entidades y sus clientes: ninguno de los dos bancos recurrió las sentencias –favorables a los consumidores– en primera instancia, pero ahora sí lo hacen ante el alto tribunal, que en los últimos años se ha caracterizado por dar más la razón a las entidades financieras. Tal ha sido así que la semana pasada la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin, elevó una denuncia denuncia contra el Reino de Españay, en concreto, contra el Supremo por la sistemática vulneración de la Directiva comunitaria sobre las cláusulas abusivasen los contratos firmados con consumidores. Entre ellos los gastos hipotecarios. 

Los fallos de la Audiencia de Oviedo responden a recursos de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), que lleva mucho tiempo litigando: el caso de los gastos hipotecarios llegó al Supremo en 2018, y casi tres años después continúa sin solución en espera de que el alto tribunal –que ha tenido que modificar su criterio tras las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)– resuelva la situación. 

¿Cuál es el alcance de la sentencia? Asufin, a partir de los datos del Banco de España, estima que un mínimo de ocho millones de hipotecas actualmente vivas, es decir, que no han terminado de pagarse. "Pero el alcance podría ser mucho mayor si se aplica la retroactividad. Y la retroactividad ya se aplicó con las cláusulas suelo, por ejemplo", afirma Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores.

Posible retroactividad

La media a devolver se sitúa por cliente en alrededor de 1.200 euros, lo que puede suponer un problema mayúsculo para la banca después de que el informe de transparencia de la Agencia Bancaria Europea (EBA, en inglés) publicado en diciembre de 2020 situara a las entidades españoles como las menos solventes de Europa por su ratio de capital. Y la cantidad podría ser mayor en el caso de los recurrentes, 4.000 socios de la Unión de Consumidores. "Vamos a ver incrementada la devolución en un 30%, además de los intereses", augura Alonso. 

La historia de los gastos hipotecarios es larga, y la banca ha salido airosa en no pocas ocasiones. La más famosa de todas ellas, el controvertido fallo de noviembre de 2018, en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo adoptó por 15 votos a 13 la salomónica decisión de repartir los gastos hipotecarios: el 100% de los Actos Jurídicos Documentados (AJD) los asumiría el cliente, mientras que cada parte haría lo propio con el 50% de los gastos de notaría, gestoría y tasación. La Sala del Supremo se corregía así de su propio cambio de parecer tres semanas antes, cuando había obligado a las entidades a abonar todos los gastos. 

Pero la justicia europea cambió finalmente la posición del alto tribunal. En julio de 2020, el TJUE resolvió que los bancos pagarían todos los gastos hipotecarios si la cláusula era abusiva. A esto hubo que sumarle que, durante el revuelo del Supremo de noviembre de 2018, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez aprobó días después por Real Decreto una modificación en artículo 29 de la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TP/AJD) imponiendo a los bancos este último gasto. 

Comisión de Apertura, próxima batalla

Según el abogado colaborador de UCE, Unai Alonso, el recurso del Banco Santander y de Deutsche Bank "solo busca enseñar las cartas. Dilatar el proceso y encomendar a una suerte de valedor de derechos de la banca el fallo final", dice el letrado en referencia al Supremo. 

Así, los gastos AJD recaen sobre las entidades financieras, los de gestoría y notaría dependen de la decisión del Supremo y los de tasación también esperan la resolución del alto tribunal. Las reclamaciones no terminan ahí: la próxima batalla es la Comisión de Apertura de las hipotecas, "que también los bancos impusieron a todos sus clientes cuando se formalizó el contrato y que viene a significar entre 1.500 y 2.500 euros", resume Dacio Alonso. Esto puede equivaler al 0,5% de las cláusulas hipotecarias y sería otro mazazo para el sector financiero.  

Por último, varias asociaciones de consumidores querellantes (UCE, Asufin, Facua, OCU) destacan su malestar con el Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón. Consumo publicó en diciembre pasado una nota informativa precisando que los denunciantes de los gastos hipotecarios abusivos tenían hasta el próximo 21 de enero para reclamar. Las organizaciones aseguran que es un error que el ministerio debe corregir, porque los litigios continúan en activo y, en caso de optar por la vía judicial, los clientes podrían o no percibir todo lo que en teoría les corresponde o incluso perderlo todo si no hay una jurisprudencia bien marcada por el Supremo. 

El Gobierno aprobará este martes un real decreto de ley con medidas de respuesta ante desahucios por ejecución hipotecaria, que establecerá una moratoria de cuatro años de duración, tal y como ha anunciado este lunes el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Asimismo, ha anunciado que PSOE y Unidas Podemos han acordado incluir en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ya está en marcha, la prohibición de desahucios por impago del alquiler "en zonas de mercado tensionado y en casos que tengan relación con fondos buitres que hacen negocio con un derecho básico".

Iglesias ha concretado estas medidas en un texto que ha publicado en las redes sociales, que recoge Europa Press, en el que celebra que son fruto de la "eficiente coordinación" que han tenido, a su juicio, en el Gobierno, y da las gracias en concreto a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El vicepresidente segundo ha explicado que han acordado, por un lado, establecer en ese real decreto "una moratoria frente a los desahucios hipotecarios, extendiendo su duración a cuatro años", y también "aumentar los hogares que podrán acogerse a ella, ampliando los supuestos considerados de vulnerabilidad como, por ejemplo, las familias monoparentales con hijos a cargo". Por otro lado, han pactado ampliar la reforma ya prevista de la Ley de Arrendamientos Urbanos poner en marcha "medidas concretas para frenar los desahucios por impago del alquiler" que, según Iglesias, "ya son la mayoría de los que se producen en nuestro país".

Prohibir deshaucios en propiedades de fondos buitres

A este respecto, el vicepresidente segundo y líder de Podemos ha concretado en su texto que han acordado "prohibir desahucios por impago del alquiler en zonas de mercado tensionado y en casos que tengan relación con fondos buitres que hacen negocio con un derecho básico".

Iglesias ha informado de que estas medidas llegan además después de que él mismo mantuviera una reunión el pasado 21 de febrero en la sede de la Vicepresidencia con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que los activistas antidesahucios fueron "muy críticos" y "presionaron" para que se pusieran sobre la mesa "compromisos de Gobierno que entendían que no eran sólidos". "Y les agradezco esa crítica y esa presión que ejercieron", añade. "Cuando uno tiene responsabilidades de Gobierno, lo que vale son los hechos, no las promesas. Hay que seguir trabajando en más medidas, pero estos son unos primeros hechos que van a aliviar la situación de miles de familias que a día de hoy no estaban viendo garantizado su derecho constitucional a la vivienda", defiende Iglesias.

Asimismo, destaca que se trata de "una victoria de los colectivos, como la PAH y el Sindicato de Inquilinos, que han luchado durante todos estos años en defensa de las familias y contra los desahucio". "El hecho de que el Gobierno no sea presionado solo por los poderosos sino también por la sociedad civil organizada es condición de posibilidad para que España avance", concluye. Además de la reunión con Iglesias, la PAH lanzó a finales de febrero una campaña de presión, culpando al Ejecutivo de coalición de los más de 8.000 desahucioslos más de 8.000 desahucios producidos desde su conformación. Entre las demandas inmediatas que la PAH exigía al Ejecutivo figuraba la ampliación de moratoria de lanzamientos hipotecarios a los casos de impago de alquiler.

Hasta la fecha, el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos se limitaba al compromiso de asegurar el realojo inmediato en determinadas condiciones de los inquilinos que no pudiesen pagar la renta por falta de recursos económicos o situaciones de vulnerabilidad. Podemos y sus socios del grupo confederal no consiguieron incluir en la negociación de diciembre con el PSOE la "prohibición de los desalojos sin alternativa habitacional" que llevaban en su programa electoral de los comicios del 10 de noviembre, y que siempre ha sido una de sus demandas prioritarias.

De hecho, algunos de los principales dirigentes de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Comú proceden de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como la alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau; la ministra de Igualdad y 'número dos' de Podemos, Irene Montero; o el portavoz de la formación morada y diputado por Madrid, Rafa Mayoral.

El impulso de medidas para frenar los desahucios por impago de alquiler se incorpora al pacto de Gobierno suscrito por el PSOE y Unidas Podemos. Ha sido posible gracias a un acuerdo en el que han trabajado "mano a mano" los vicepresidentes del Ejecutivo Carmen Calvo y Pablo Iglesias, han anunciado fuentes de Moncloa según recoge Europa Press.

El Ejecutivo anuncia este nuevo compromiso pactado por los dos vicepresidentes en materia de alquiler tras una semana caracterizada por varios choques entre los dos socios de la coalición. Uno de ellos protagonizado por las mejoras que la propia Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quisieron introducir en el borrador del anteproyecto de la ley de libertad sexual elaborado por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

"En el marco de la reforma ya prevista de la ley de arrendamientos urbanos, tomaremos las medidas necesarias para evitar este tipo de desahucios, especialmente aquellos que se dan en zonas de mercado de alquiler tensionado y por grandes tenedores de vivienda que se dedican al mercado inmobiliario", han señalado fuentes de Moncloa.

En declaraciones a los medios, la vicepresidenta primera ha explicado que el acuerdo se alcanzó a iniciativa de Iglesias, quien trasladó su preocupación por los desahucios por impago de alquileres cuando el Gobierno ultimaba un real decreto de ley que verá este martes el Consejo de Ministros con medidas de respuesta ante desahucios por ejecución hipotecaria. También Iglesias ha trabajado con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, para "ampliar el plazo de la moratoria de desahucios hipotecarios" y para que más gente en situación de vulnerabilidad pueda acogerse a ella.

"Encontramos un acuerdo que yo creo que era un acuerdo razonable desde el punto de vista de la preocupación política que compartimos todo el Gobierno pero también de la respuesta jurídica adecuada. Le comenté que teníamos en puertas la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y que yo pensaba que ése era un sitio correcto para abordar este asunto también, que nos daba tiempo a plantearlo bien y le pareció bien", ha detallado Calvo.

Hasta la fecha, el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos se limitaba al compromiso de asegurar el realojo inmediato en determinadas condiciones de los inquilinos que no pudiesen pagar la renta por falta de recursos económicos o situaciones de vulnerabilidad. El anuncio de este lunes llega después de una campaña de presión por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) culpando al Ejecutivo de coalición de los más de 8.000 desahucios producidos desde su conformación. Entre las demandas inmediatas que la PAH exigía la ampliación de moratoria de lanzamientos hipotecarios a los casos de impago de alquiler.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), conocida por sus movilizaciones contra los desahucios, ha lanzado este martes su primera "campaña de presión" al Gobierno de coalición que comparten el PSOE y Unidas Podemos para forzarle a tomar medidas ante la situación de "emergencia habitacional" que vive España, con el objetivo de que garantice el derecho a la vivienda y se ponga fin a los desahucios, ha informado Europa Press.

Esta plataforma, que en sus orígenes tuvo como portavoces y activistas a Ada Colau y Rafael Mayoral y de la que también formó parte la hoy ministra Irene Montero, señala al nuevo Ejecutivo como responsable de los 8.316 desahucios que han tenido lugar durante los 42 días que han pasado desde la toma de posesión del nuevo Gabinete, al que acusan de no haber adoptado aún ni una sola medida en esta materia.

Dentro su campaña 'Vivienda por derecho', la PAH ha puesto en marcha en su web lo que ha bautizado como 'contador de la vergüenza', que se actualizará cada día para recordar al Gobierno la necesidad de que se ponga en marcha porque desde 2008 se han contabilizado 1.002.000 desahucios en toda el país.

Si es tan progresista, que actúe ya

"Si este Gobierno es tan progresista como nos han vendido, tiene que dar un paso adelante y acabar con estas leyes injustas que sólo benefician a los bancos y los fondos de inversión", ha proclamado Juanjo Ramón, uno de los portavoces de la plataforma, que ya trasladó sus demandas el pasado viernes al vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Una de las peticiones inmediatas que la PAH hace al Gobierno es la ampliación de la moratoria de los lanzamientos hipotecarios que finaliza el próximo 15 de mayo. Aunque los activistas consideran que se trata de "un parche" aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, asumen que, mientras no haya una nueva normativa que garantice el derecho a la vivienda, habrá que ampliarla tanto temporal como casuísticamente.

Así, reclaman que la moratoria no rija sólo para los lanzamientos hipotecarios que afectan a personas con vulnerabilidad social, sino que se amplíe para casos de impago de alquiler o de ocupación por parte de familias que estén en esa situación.

Tres condenas de la ONU

Según ha detallado la portavoz de la plataforma Alejandra Jacinto, la moratoria debería ampliarse hasta que consolide un verdadero parque de vivienda social, para lo que reclaman que se utilicen las viviendas vacías que tienen en su poder los fondos de inversión o la Sareb (sociedad de gestión de activo procedentes de la reestructuración bancaria).

Además, ha recordado que el próximo 30 de abril vence el plazo para que el Gobierno responda a la exigencia de plantear medidas en materia de emergencia habitacional que le hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en octubre de 2019. Este comité ha dictado ya tres resoluciones condenatorias contra España por permitir desahucios de familias con niños y adolescentes, tal y como ha recordado Marga Rivas.

De su lado, Juanjo Ramón, ha recordado que la ley de vivienda de la PAH llegó a ser tomada en consideración por el Pleno del Congreso en septiembre de 2018, pero su tramitación no avanzó. Y ahora que gobiernan el PSOE y Unidas Podemos cree que "ha llegado el momento" de recordarles que "deben dar un paso al frente real para pasar de las palabras a los hechos, gobernando por las familias y el Derecho a la Vivienda" entre otras cosas cumpliendo su compromiso de exportar a toda España la ley vigente en Cataluña

Tras el 15 de marzo de 2011, el movimiento social emplazado en Sol (Madrid) se fue trasladando del centro a la periferia. Algunas actividades se desplazaron de las instituciones a las calles, dando lugar a formas de política no convencionales: entre ellas los espacios autogestionados que desempeñan funciones sociales, culturales y políticas participativas. Muchos de estos espacios se encuentran en riesgo de desalojo, como el simbólico espacio madrileño situado junto al Paseo del Prado, La Ingobernable, que el pasado 29 de agosto recibió la notificación de desalojo por parte del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida.

Aunque este tipo de movimientos surgieron en la década de los 80 y en algunos lugares ha permanecido esa "cultura" prácticamente intacta hasta nuestros días, durante los 90 y primeros 2000 sufrieron una decadencia pero, con el resurgir de las luchas sociales con el espíritu del 15M se han rescatado estos movimientos ciudadanos.

El EKO de Carabanchel: un espacio que "construye barrio"

"No solamente en el centro pueden existir centros sociales de referencia. En los barrios son necesarios. En economías más limitadas comprarse un abono para ir y venir del centro para cualquier curso o taller es complicado. ¿Por qué no tenerlo al lado de tu casa? En tu barrio. Nosotros usamos mucho el término barrionalismo, potenciar el barrio para no depender del centro", afirma uno de los portavoces del EKO.

En el espacio sociocultural liberado autogestionado EKO del barrio madrileño de Carabanchel se desarrollan diversas actividades como teatro, música, tai chí, clases de apoyo escolar… Forman parte dos grupos de consumo, la Asamblea Libertaria de Aluche y Carabanchel, 15M, el Grupo de Vivienda de Carabanchel, Horda Feminista o el Grupo de autodefensa laboral (ADELA), entre otros. Llegando a sumar hasta 15 grupos de distinta índole, repercusión, fines y temáticas.

Todas estas actividades, políticas, sociales y culturales, responden a un mismo fin. mejorar el barrio. Estos grupos no son estancos, sino que colaboran entre ellos. "La colaboración entre grupos es esencial y es el espíritu de un espacio social cultural okupado como este –afirma un miembro del espacio–, la intención es coordinarnos en el trabajo, cuando hay que apoyar una iniciativa en el barrio sea social, política o cultural estamos comunicados". "Lo importante es que se comparta, se divulgue y se actúe", destacan desde el EKO.

"Nace a partir del 15M –nos cuentan desde el espacio–, en verano el movimiento se desplaza de Sol a las plazas de los pueblos y los barrios. Se crean comisiones y se alarga hasta invierno. Llega el frío y la lluvia a un barrio donde hay infinidad de edificios cerrados y especulando con ellos. Viendo que existe la necesidad de seguir reuniéndose se decide abrir este espacio".

La okupación del antiguo economato de la calle Ánade 10 tiene lugar a finales de 2011. Tras rehabilitarlo, ya que llevaba abandonado 14 años, abrió sus puertas a principios de 2012. "Una de las cuestiones esenciales es que esto era para el barrio", subrayan desde el EKO.

Los gastos de luz y de agua no son un problema ya para este espacio. Este mismo año mediante un crowdfunding bajo el lema #LuzparaelEKO reunieron 15.400 euros para la instalación de paneles de energía solar fotovoltaica. En cuanto al agua se abastecen mediante el agua de lluvia, ya que disponen de seis depósitos de 1.000 litros, que aunque no es potable, para las labores de limpieza y los baños es suficiente. Como nos recuerda uno de los integrantes del EKO: "Como es un centro social, no es un espacio okupado donde vive gente, la demanda de agua y energía no es abismal". Esto hace que este inmueble se abastezca "al cien por cien con energía renovable e independiente del oligopolio".

Aunque desde EKO reconocen que principalmente se centran en las acciones de Carabanchel, también colaboran con otras de carácter global. Como por ejemplo las marchas del 15M con la columna que llegaba desde Extremadura, iniciativas como la de 'Alfon libertad' o con los refugiados "se han hecho multitud de cosas. Desde conciertos para recaudar fondos o utilizar el EKO como almacén para recoger alimentos y víveres para mandar a campos de refugiados en Grecia".

Carabanchel, como la mayoría de barrios, tienen una situación muy específica que estos espacios pueden solventar con gran eficacia y es la falta de espacios culturales. Lugares donde compartir conocimientos, desarrollar talentos, aprender nuevas facultades… "Aparte de la lucha política desempeñamos una función en el barrio", afirma un portavoz del espacio.

La zona sur de Madrid, en la que está emplazada Carabanchel, es la más perjudicada por los desahucios. De manera que trabajan para detener esos desalojos desde la gestión previa y el asesoramiento, hasta acciones de calle. "Gracias al grupo de vivienda todos los jueves a las 19.00 horas se exponen los casos y se analizan de forma individual o conjunta", explica uno de los miembros del EKO.

La Invisible: el palacio sui generissui generis

Este antiguo palacio de más de 2.000 metros cuadrados situado en el centro de Málaga de titularidad municipal se okupó en marzo de 2007. "Era un momento en el que el centro de Málaga estaba abandonado. Sin espacios culturales y unos niveles de desigualdad social importantes. Apostamos por otro tipo de ciudad, una ciudad no mercantilizada", declara uno de los miembros del centro. Los colectivos que tomaron este espacio partían desde diferentes ámbitos, desde la militancia política hasta el ámbito cultural o universitario, pero todos con un objetivo común: reivindicarlo para la ciudadanía.

Tras el primer intento de desalojo en 2009 que no pudo llevarse a cabo por el movimiento ciudadano, se abrió un proceso de negociación con el Ayuntamiento de Málaga, presidido por Francisco de la Torre (PP), la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga. Este proceso finaliza con la firma de un protocolo de intenciones en 2011, si se cumplían una serie de condiciones se haría efectiva la cesión de forma revisable.

"Aunque se cumplieron todos los requisitos por parte de La Invisible, el Ayuntamiento se negó a firmar la cesión −declaran desde el espacio−, así que ahora nos encontramos en una especie de limbo, en una cesión en precario". Al existir una firmas previas no se puede actuar tal y como si estuviera okupado, pero tampoco tiene la legalidad de una cesión.

En 2014, tuvo lugar otro intento de desalojo que volvió a paralizarse gracias a las manifestaciones. Esto conllevó otro avance más en las negociaciones. "El Ayuntamiento vuelve a la mesa de negociación cuando ve respuesta ciudadana y cuando el ambiente está tranquilo intenta desalojar", afirma un miembro de La Invisible.

El último intento de desalojo tuvo lugar en julio de 2018, pero la aglomeración de más de un millar de manifestantes que terminó con la lectura de un manifiesto frente al Ayuntamiento consiguió paralizar de nuevo la expulsión. "Con la entrada de Ciudadanos, se inició un proceso mucho más duro por parte del Ayuntamiento", declara uno de los miembros, aunque reconoce que desde la última manifestación "no se han pronunciado".

Dentro de La Invisible hay multitud de grupos como la PAH, asambleas feministas, Extinction Rebellion, pensionistas, Sindicato de Inquilinos, Fridays for Future… Pero lo que más destaca de este espacio es la cultura. Dentro de sus actividades, además de las comunes de estos espacios (danza, taller de lectura, teatro…), destaca el circo, contando con un Premio Nacional de Circo entre sus miembros.

"Tenemos un proyecto de economía social, cultura libre y de radicalidad democrática que es sostenible", afirman desde La Invisible.

Muchos son los personajes reconocidos del ámbito de la cultura que han pasado y defienden este espacio situado en Calle Nosquera 9 y 11. Entre ellos, la escritora Chantal Maillard (Premio Nacional de Poesía 2004), los actores Salva Reina y Dani Rovira o el músico asturiano Nacho Vegas.

Desde este longevo espacio intentan romper la barrera de la okupación y, aunque si está marcado políticamente, huyen del identitarismo. "La Invisible es un laboratorio de experimentación, es otra forma de relacionarse que se convierte en un modo de vida", declaran desde el espacio.

Txantxarreka Gaztetxea: un espacio alternativo de ocio y lucha social

Los espacios autogestionados en Euskadi tienen una larga tradición y una mayor influencia en los jóvenes vascos en comparación con otros territorios. Por este motivo suelen tener una mejor acogida por las Administraciones públicas y la ciudadanía.

Fachada del gaztetxe situado en el barrio del Antiguo (Donostia)

Txantxarreka Gaztetxea es un espacio ubicado en el barrio del Antiguo en Donostia, de propiedad municipal. Tras un tiempo desocupado un grupo de jóvenes del barrio hicieron una petición formal al Ayuntamiento para darle un uso de carácter social.

Este proyecto nace como una herramienta al servicio del barrio, por lo que la recepción en el Antiguo ha sido siempre positiva, incluso entre quienes no participan activamente. "El barrio ha ayudado cada vez que se les ha necesitado: en movilizaciones, en colectas de alimentos, ropa y dinero, prestándonos infraestructuras...", afirman desde el gaztetxe.

A pesar de esta favorable recepción y sin ninguna amenaza explícita de desalojo, desde este espacio cuentan que "hay gente en el ayuntamiento que cuenta los días para que nos vayamos de aquí. Ofrecemos un espacio alternativo de ocio y de lucha social que, por supuesto, se contrapone al modelo de ciudad capitalista turística que se promueve desde otros entornos, políticos y privados".

En septiembre de 2017, varios padres y madres del Antiguo denunciaron que la ikastola del barrio no abriría sus puertas el día que estaba previsto. El Ayuntamiento no les ofreció ninguna alternativa de guardería. Txantxarreka decidió colaborar y se organizaron para acoger a más de 100 niños de primaria e infantil mientras el colegio permaneciese cerrado. "En resumidas cuentas, hicimos todo tipo de actividades con los pequeños, que se lo pasaron en grande y sus padres y madres pudieron salir del apuro. Aquel fue un gran ejemplo de la importancia de crear una comunidad en torno al barrio, la cual sirva para que podamos ayudarnos los unos a los otros sin depender de terceros".

Otro caso destacable es el del verano de 2018, cuando cientos de migrantes provenientes de África comenzaron a llegar a Euskadi. La llegada de gente a partir de junio fue continua. "Las instituciones vascas y el ayuntamiento de Donostia, en particular, no tuvieron la más mínima intención de asumir sus responsabilidades y garantizar una acogida digna a estas personas –nos cuentan desde el gaztetxe– en agosto la Harrera Sarea (red de acogida) de Donostia se puso en contacto con nosotras para ver si estábamos dispuestas a acoger a personas migrantes que estuvieran en situación de calle". Txantxarreka aceptó y acogió a veinte personas. A partir de ese momento se construyó una comunidad en torno al gaztetxe y han tenido oportunidad de integrarse, conocer gente, aprender euskera y castellano, regular su situación y buscar trabajo.

CSC Luis Buñuel: el instituto de "democracia profunda"

Este antiguo Instituto de Educación Secundaria ubicado en la Plaza Santo Domingo de Zaragoza se reconvirtió en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel a raíz de las acampadas y las asambleas del 15M. Con la llegada de esta movilización ciudadana se gesta una asamblea que pretende dar acogida a las necesidades del barrio de San Pablo. "Al principio se hizo un diagnóstico de barrio participativo. Una de ellas fue la necesidad de un centro cívico o un espacio de encuentros vecinales que no existían en el casco histórico", afirma una portavoz del espacio.

Actividades en el patio del centro social Luis Buñuel

Así nace el proyecto Dale vida al Luis Buñuel,que será el germen de este centro social zaragozano. "A raíz de que la acogida en el barrio fue positiva y que participaban diferentes personas en estos foros fue cuando nos decidimos a presentar un proyecto a la Administración", recuerda una de las colaboradoras del Luis Buñuel.

Aunque ahora mismo se encuentra cedido durante cinco años por el Ayuntamiento de Zaragoza a los miembros del Luis Buñuel, esto no fue así en un principio, hasta el verano pasado se encontraban en una situación de alegalidad. Cuando se presentó el proyecto de cesión al Ayuntamiento de Zaragoza liderado por el PSOE "la relación fue positiva, pero no fácil –admiten desde el espacio–. Aunque la acogida fue buena, fue más de palabra que de acto". Actualmente, la situación es diferente. El Ayuntamiento ahora está a cargo del Partido Popular y, como confirman desde el centro social, "no hemos conseguido reunirnos con ellos. La relación con la administración es nula". Se encuentran en un momento de incertidumbre, ya que el acuerdo de cesión está denunciado.

En el Centro Social Luis Buñuel se encuentran colectivos como la PAH, asesoramiento socio-jurídico, artistas en acción solidaria, trabajadoras del hogar, sindicato de inquilinos, trabajadores en lucha… Y se realizan actividades de toda índole: teatro para mujeres, arte como herramienta de transformación política, propuestas recibidas por las vecinas del barrio como sevillanas o gimnasia para mayores. "Es un espacio al servicio de la gente", afirman desde el Buñuel.

Una particularidad de este centro social zaragozano es su comisión de cuidados, que trata de buscar las necesidades que tiene el barrio del Gancho para ntentar subsanarlas y "poner en valor las labores que sostienen el barrio y están invisibilizadas", subraya una de las portavoces del espacio.

La importancia de este tipo de espacios ya sea en Zaragoza, Málaga, Donostia, Madrid… radica en hacer comunidad, crear sujeto político. La participación ciudadana es la base de todos ellos. Estas comunidades ofrecen la posibilidad de colaborar en política activamente. Como afirman desde el Luis Buñuel: "La política no solo es a lo grande, también es la política de barrio".

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha rechazado el posicionamiento conocido este miércoles del Tribunal Supremo sobre las ejecuciones hipotecarias pendientes, después de que el Tribunal de Justicia de la UE declarase abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado. Decretó los desahucios en los que el impago se ha producido por menos de doce meses no deben seguir adelante. "Nueva agresión de la justicia española al derecho a la vivienda", titulan su comunicado. 

El pasado mes de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló que los jueces nacionales remediasen la nulidad de esta cláusula sustituyéndola por una nueva disposición legal cuando el contrato no pueda subsistir si se suprime la cláusula abusiva y si la anulación del contrato expone al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales. El Supremo, en una sentencia conocida este miércoles, considera que los procesos en los que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios deben ser sobreseídos sin más: y en los posteriores, solo se deberá desahuciar si se han acumulado más de 12 meses de impagos, unas circunstancias de "gravedad" según la norma. 

La PAH considera que el Alto Tribunal "ha vuelto, como nos tiene acostumbrados, a dar trato de favor a la banca". Los activistas lamentan en un comunicado que "el Supremo ignora el mandato del TJUE de preguntar al consumidor afectado si quiere seguir vinculado o no a la cláusula de vencimiento anticipado pese a saber las consecuencias que se derivarían de ella en el procedimiento de ejecución hipotecaria", por lo que incurren en una técnica de espigueo, denuncian: seleccionar lo que les conviene del mandato del tribunal europeo y lo que no, descartarlo. La plataforma considera que si la cláusula es abusiva, los desahucios a raíz de ella no deberían tener lugar, más allá del número de meses impagados.

"No hay ni una palabra sobre el destrozo social causado por las ejecuciones hipotecarias en los últimos diez años, lo que supone un desprecio absoluto a las víctimas de los abusos bancarios. Ni una palabra sobre las razones de las afectadas. Ni una mención al desalojo de familias al amparo de prácticas abusivas constantemente consentidas o las cantidades millonarias cobradas gracias a cláusulas abusivas y que nunca serán devueltas", denuncia la PAH, que alerta de que la sentencia tendrá, "como efecto inmediato", el desatasco de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, lo que causará un aumento considerable del número de desahucios. 

Más de 300 personas se congregaron este miércoles a las puertas de La Ingobernable, en Madrid, para proteger el espacio autogestionado del desalojo que ya se había publicado en el BOE el pasado 12 de agosto. Ante la imposibilidad de acceder al edificio por los cientos de personas que blindaban el inmueble, la expulsión ha sido paralizada.

Alrededor de las 10.00 horas han acudido al edificio de la calle del Gobernador, a escasos metros del Paseo del Prado, técnicos del Ayuntamiento de Madrid, en concreto del área de Patrimonio, acompañados de seis agentes de la Policía Local y han entregado la notificación administrativa para que el edificio fuese desalojado en ese mismo momento. Algo que evidentemente no se produjo.

Aunque no se les informó del procedimiento que se va a abrir, desde La Ingobernable entienden que "al acabar la vía administrativa" el Ayuntamiento "abrirá un procedimiento judicial" a partir de ahora.

La paralización de este desalojo ha sido considerada como una victoria por parte de los defensores de este espacio. "Esta es una victoria más, que se suma a todas las que están ocurriendo desde que este nuevo alcalde tiene esta actitud beligerante. Victorias como Madrid Central o el orgullo crítico", ha declarado uno de los portavoces.

También agradecieron la colaboración ciudadana y la actuación de los movimientos sociales. "Este desalojo, así como los anteriores, se han podido parar gracias a la cantidad de vecinos y vecinas que han acudido, que han llenado este espacio de actividades y gracias a los movimientos sociales que aquí, día a día, llenan este espacio y hacen de Madrid una ciudad más habitable", han señalado.

Decenas de personas han pasado la noche del martes en las inmediaciones del edificio ante la posibilidad de que acordonasen la zona. Tanto la noche como la mañana han transcurrido pacíficamente. A las 9.00 horas se ha organizado una chocolatada bajo el lema "Almeida no nos vamos. ¡Desayunamos! Menos porras y más churros".

"Ingobernable, indesalojable" y "Un desalojo, otra okupación" fueron los lemas más coreados durante la mañana mientras se esperaba la actuación policial.

"Un espacio social construido entre todas y para todas"

Este edificio situado en la calle del Gobernador 39 nació hace dos años como un espacio autogestionado del que forman parte multitud de organizaciones de diferente índole, como Fridays for future, Abrir Brecha, 8M o la PAH… entre otros.

En estos 3.000 metros cuadrados, aparte de asambleas y reuniones de las diferentes organizaciones, se llevan a cabo actividades de todo tipo: cine, talleres de danza, pintura, música, teatro, clases de yoga, boxeo, idiomas… estas actividades están destinadas para todos los públicos de manera gratuita. Cualquiera puede ofrecer su propio conocimiento y compartirlo de manera voluntaria.

Desde La Ingobernable la definen como "un bien común autogestionado por las propias personas que lo utilizan y que trabajan para darle vida. Es un espacio social construido entre todas y para todas".

La financiación de estos espacios se la costean ellos mismos con los ingresos de la cafetería instalada en el edificio, cuyo servicio cubren las distintas organizaciones a través de turnos. También organizan fiestas para poder mantener el espacio y la financiación de las distintas organizaciones. Si La Ingobernable echase el cierre muchas de estos colectivos se quedarían no solo sin lugar de reunión, sino también, sin la posibilidad de organizar eventos para autofinanciarse.

En estos dos últimos meses, La Ingobernable ha multiplicado sus actividades y ha recibido "cientos de solicitudes de toda España", declaraba este miércoles una de sus portavoces. Aunque hay más espacios de este tipo en Madrid, algunos ya desalojados como el Patio Maravillas, la gran mayoría se encuentran en riesgo. Así, la Ingobernable ya no es un centro social más, sino un símbolo que el nuevo Ayuntamiento ha tomado en su lucha por la okupación.

Por ello, desde La Ingobernable hacen un llamamiento a ayudar a estos espacios. "Llenarlos de vida y exponer lo que de verdad son", afirma una joven integrante del grupo Fridays For Future.

¿Cómo nace?

En marzo de 2013, el Ayuntamiento de Madrid presidido por Ana Botella cedió este edificio a la Fundación Emilio Ambasz por 75 años para la construcción del Museo del Arte, Arquitectura, Diseño y Urbanismo (MAADU). La fundación del arquitecto, el cual mantenía una estrecha relación con el PP, empezando por José María Aznar, se haría cargo del museo durante el tiempo de la concesión. Sobra decir que este proyecto no se llevó a cabo.

Cuando esta información vio la luz en 2017 se okupó el inmueble por una veintena de personas que se manifestaban en contra de la mercantilización del centro bajo el lema "Madrid no se vende". A finales de 2018 el Ayuntamiento de Madrid, esta vez presidido por Manuela Carmena, aprobó una indemnización a la Fundación Ambasz de 1,4 millones de euros, para compensar la extinción de mutuo acuerdo de la concesión. Tras negociaciones poco exitosas, el Ayuntamiento tomó la decisión de establecer en el inmueble la Biblioteca de Mujeres Marisa Mediavilla. Proyecto que también quedó paralizado. Ante la falta de acuerdo entre las partes, "la biblioteca de mujeres dijo que era impensable que pudiera ubicarse allí, ya que este espacio es indispensable para el feminismo", resalta uno de los portavoces de La Ingobernable.

Con la llegada del nuevo Ayuntamiento tras el pacto entre las tres derechas, los problemas de este espacio han aumentado. Desde Fridays for future se subraya que "este Ayuntamiento niega la posibilidad de que haya un espacio así". "Cuando Almeida llegó al Ayuntamiento lo primero que hizo fue ir en contra del medio ambiente (con el intento de acabar con Madrid Central) y cerrar un espacio que lo que hace es ayudar a la gente de Madrid. Sabemos que en cualquier momento entran", cuentan algunos miembros de la organización ecologista.

Almeida opta por la vía judicial

El Ayuntamiento de Madrid acudirá "desde este mismo momento" a la vía judicial para lograr "lo más rápido posible" el desalojo de La Ingobernable después de que no se haya desalojado este miércoles de forma voluntaria tras la notificación oficial entregada por parte del Consistorio. Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, en la que ha puesto de manifiesto que se ha puesto "punto y final" a la vía administrativa, por lo que "parece que no se desaloja por la vía voluntaria".

Al acudir a al vía judicial, el equipo de Gobierno espera que el desalojo sea "lo más rápido posible". "No ha sido posible desde el punto de vista administrativo porque no se ha querido hacer ese desalojo; esperamos que se tramite de la forma más breve", ha reiterado.

Quien también se ha presentado en las inmediaciones fue el concejal y portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Fernández, que ha exigido al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que desaloje ya un inmueble okupado por un colectivo al que ha calificado como "los amigos de Carmena". "Manifestamos nuestro rechazo al hecho de que los amigos okupas de Carmena sigan utilizando este espacio público que pertenece a todos los madrileños y no a unos pocos", ha recalcado el edil, quien ha solicitado que si el inmueble no se desaloja "pacíficamente", intervengan los Cuerpos de Seguridad del Estado.