Reagan dijo en los ochenta que “la política era igual que el show business”. El presidente de Estados Unidos, actor durante gran parte de su carrera, sabía de lo que hablaba. La televisión es hoy una puerta giratoria muy rentable para los que abandonan la primera línea. Y muchos cargos públicos prefieren los platós a los consejos de administración de grandes empresas. 

Risto Mejide anunciaba hace unos días que Irene Montero sería la nueva colaboradora de Todo es mentira. Como ella, expolíticos o políticos llenan las parrillas televisivas. Pablo Iglesias, José Manuel García-Margallo, Susana Díaz o Ramón Espinar, por ejemplo, son jugadores titulares en las tertulias. Pero el fenómeno va más allá. Algunos han entrado también en la rueda de los shows de entretenimiento como si fuesen celebrities. 

Los productores de televisión han visto en ellos un filón para sus concursos y realities. Sacarles de su zona de confort y ponerles en un lugar en el que los espectadores no están acostumbrados a verlos da audiencia. Y, aunque son espacios que no tienen que ver con la gestión pública, les devuelven una notoriedad que perdieron cuando dejaron sus cargos. 

De momento, quienes se están atreviendo a dar el salto son expresidentes autonómicos o exalcaldes. Muchos tienen una personalidad polémica, arrolladora e incluso extravagante. Cristina Cifuentes o Celia Villalobos han cocinado ante el jurado de Masterchef, por ejemplo. Otros como Miguel Ángel Revilla, Manuela Carmena o Esperanza Aguirre han bailado recientemente en el concurso musical Mask Singer. 

“La política en parte fue arrastrada y en parte se dejó llevar por los medios de comunicación hacia la espectacularización de su esencia”, afirmaba en 2012 Wolfgang Donsbach, uno de los grandes pensadores sobre Opinión Pública. Muchos ciudadanos ya no solo esperamos que los políticos nos gobiernen sino también queremos que nos entretengan y nos diviertan. 

Por eso, a nivel global, cada vez son más habituales liderazgos como los de Donald Trump que empezó siendo una estrella de la televisión o Volodimir Zelenski que antes de convertirse en presidente de Ucrania fue cómico, bailarín o actor. El magnate y showman Elon Musk tendrá un poder impensable en la próxima administración norteamericana. “Los políticos payasos y bufones”, según el intelectual francés Christian Salmon en La tiranía de los bufones, “cada vez tienen más influencia a través de la exageración, la parodia y las noticias falsas”. 

Amigos cómicos me reconocen que cada vez es más difícil hacer humor político. Porque antes tenían que esforzarse en buscar el lado chistoso de los políticos, pero ahora la mayoría ya vienen con él de serie. Cuánta razón tenía Neil Postman en Divertirse hasta morir al avisarnos de los peligros de convertir la política en un mero espectáculo. Ese es el gran riesgo. Divertirnos hasta que la democracia muera.

Como el caso ha generado consenso, bien podría convertirse en un equivalente al sistema métrico decimal de la deshonestidad, que nos permitiría juzgar la gravedad política de todos los casos que saltan a la palestra. Si lo hacemos así, me temo que nos vamos a encontrar con que las noticias que copan los medios acostumbran a ser nimiedades si las comparamos a los graves problemas en los que estamos inmersos, de los cuales no queremos saber nada.

Pongamos como ejemplo a la prostitución. Me pregunto cuántos políticos (digo políticos porque político es Errejón) intachables hay que se despachan con las prostitutas esclavas (no quiero pensar lo que les hacen), que están condenadas a callarse, a las que todos metemos dentro de un mismo saco y, a juzgar por lo que vemos y leemos, nos interesan muy poco. De otros colectivos se podría decir lo mismo.

Cuando Abascal critica a Errejón, bien podríamos presentarle el caso de un “MENA” que él considera infrahumano.

Recuerdo el impacto que me causó el caso de Cristina Cifuentes cuando supe que le habían regalado un master y, además, que había comprometido en ello a la profesora que había falsificado su firma por orden (creo) del Rector de la Complutense. Me eché las manos a la cabeza cuando lo supe y, sobre todo, cuando vi tan pancho a Rajoy y a todo el Partido Popular empeñado en quitarle importancia a lo que en mi opinión era un delito gravísimo. Pero amigo, el caso fue a más cuando vi la cara seria y avergonzada de Rajoy porque Cristina había robado un par de cremas, que no asaltado el Banco Central.

En fin, juzguen ustedes mismos, aquí lo dejo. 

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Mercè Carandell es socia de infoLibre.

A finales de julio me desayuné con un titular inesperado: «Muere el inventor del tiramisú». Pero, ¿¡cómo!? ¿¡El inventor!? ¿Y qué pasa con la nonna legendaria que preexiste desde el comienzo del mundo en cuyo honor se sacrifican herejes malcocedores de espagueti? ¿Me estás diciendo que la tradicionalísima gastronomía italiana no proviene del mismísimo Olimpo? La noticia me llenó de zozobra y recordé que Ana Vega ‘Biscayenne’ (mi gastrónoma de confianza) me había contado que la receta más antigua de la carbonara se conserva en un incunable publicado en Chicago, en el año 1952. La autora, una tal Patricia Bronté, se adelantó dos añitos a la redacción de la fórmula en lengua italiana, que llevaba (agárrate a la silla) ajo y queso gruyere. Trocotró.

De todos los integrismos existentes (que mira que hay), el más estúpido es el culinario: hay que ser muy cretino para llamar a cruzada porque un fulano le ha puesto chorizo a nosequé. Si la honra de un pueblo se mancilla toqueteando un plato de arroz, apaga y vámonos. Últimamente veo muchos vídeos de un chaval catalán que ha emprendido el camino de bushido pizzero. El tío se fue a Nápoles y se le apareció la virgen santísima con un delantal lleno de lamparones. Utiliza unos tomates recogidos a la luz de la luna por gnomos de la Camorra. Su mozarella está hecha con leche de vacas nacidas en año bisiesto y el aceite se lo extraen a pellizcos una banda de nonagenarias con camisetas de Mussolini con dedos artríticos. «Si no, no es una verdadera pizza napolitana». Anda a cagar. Como el algoritmo se las sabe todas, no hay día en que no me salga una señora hablando español del Piamonte enfadadísima porque «la gente destroza la alveolatura de la masa al cortarla con el rodillo». El gluten sabe latín y si no lo cortas con tijeras, se revela. Los físicos andan desconcertados.

A los petardos de la pureza y las recetitas escritas en las tablas de Moisés los ponía yo a gazpachos precolombinos hasta que se les pasase el arrebato. No sé si este cansinismo es reciente o si los fenicios ya estaban con que la paella solo lleva pollo, judía y garrofó. Como fuere, seguro que no ha ayudado convertir a los cocineros en estrellas del rock. Miren, en alguna aldea de Soria, un iluminado está haciendo torreznos en tres texturas, cebiche de trucha o esferificaciones de su santa madre. La otra tarde, yendo a hacer unos recados, me encontré con un cartelón en el que Dabiz Muñoz me vendía su hamburguesa del Burger King. «King Dabiz Chicken». Tanta genialidad hortera para acabar vendiendo whoopers, tremendo ridículo.

Para colmo de desgracias, seguimos pagando el máster chef de los famosos. Cifuentes hace consomés con Pocholo, la nieta de Mengele y una presentadora de la izquierda caviar. Entre capas de propaganda y bochorno, desfilan por la sala los chefs más reputados del país. La marca España, con chaquetilla. Jordi Cruz esquiva a la inspección de Trabajo con monsergas fascistoculinarias. «Has destrozado esa pescadilla, que era mi prima segunda». El espectro de Verónica Forqué sobrevuela el plató mientras todos miran para otro lado. Inés Hernand le grita: «eres un icono». Pitingo, desconcertado, le canta lo que él cree que es un fandango a lo que supone que es un repollo.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena que declaró que Cecosa Hipermercados S.L. -sociedad perteneciente a Eroski- vulneró el derecho a la intimidad de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por incumplir su obligación de custodia de una grabación en la que aparecía la exdirigente con un vigilante de seguridad tras sustraer presuntamente unas cremas.

En un fallo, recogido por Europa Press, la Sala de lo Civil desestima el recurso de casación interpuesto por la cadena de hipermercados, que tendrá que pagar 30.000 euros de indemnización a Cifuentes por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la vulneración de su derecho a la intimidad.

Cabe recordar que la que fuera presidenta autonómica interpuso una demanda contra Cecosa en la que solicitó que se declarara que su conducta constituyó una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales al honor, la intimidad y la propia imagen, y se la condenara a indemnizarle en 450.000 euros y a publicar la sentencia en dos diarios de tirada nacional.

Las pretensiones formuladas en su demanda se basaban en el incumplimiento por la demandada de sus obligaciones, derivadas de la normativa sobre protección de datos personales, respecto de la grabación de que fue objeto la demandante en un establecimiento de Eroski el 5 de mayo de 2011, del que era titular, que posteriormente fue filtrado a la prensa y fue objeto de una amplia difusión en 2018.

En la fecha de la grabación, Cifuentes era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, y cuando se hizo pública, siete años después, era presidenta de la Comunidad, cargo del que dimitió tras difundirse el vídeo.

La Audiencia Provincial de Madrid estimó en parte la apelación planteada por Cifuentes y declaró que Cecosa había incumplido las obligaciones que le imponía la normativa sobre protección de datos personales respecto de la custodia de la grabación, fijando una indemnización de 30.000 euros.

El Supremo ha desestimado íntegramente el recurso de casación de Cecosa que, entre otros argumentos, consideraba que la Audiencia Provincial realizó una incorrecta ponderación en el conflicto entre las libertades de expresión e información y el derecho a la intimidad de la demandante, pues se trataba de la divulgación de unos hechos veraces y de enorme interés público al ser constitutivos de un ilícito penal y cometidos por un personaje público.

Al respecto, el TS contesta que la sentencia recurrida discurre totalmente al margen del conflicto entre las libertades de expresión e información y el derecho a la intimidad de la demandante, "pues la condena de la recurrente se basa en *los incumplimientos en que incurrió la entidad demandada en la custodia de la grabación efectuada en un establecimiento de su titularidad* que le impone la normativa de protección de datos.

La propia recurrente pone de manifiesto, según añade el Supremo, que no hizo uso de estas libertades públicas pues "no fue ella la que difundió el vídeo, sino que lo hizo un medio de comunicación que no está demandado".

En cuanto a la discrepancia de la recurrente con la cuantía de la indemnización por considerarla desproporcionada, el tribunal destaca la gran repercusión que el conocimiento público de la grabación, propiciada por el incumplimiento por la demandada de su obligación de custodia y posterior destrucción de la grabación, tuvo en la opinión pública, lo que "muestra con toda claridad que los daños morales fueron muy importantes". Por ello, entiende que la Audiencia no estableció de forma arbitraria la cuantía, que ratifica.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a la expresidenta regional Cristina Cifuentes en la demanda que interpuso contra Eroski por no custodiar el vídeo que forzó su dimisión en abril de 2018 al determinar los magistrados que la cadena de supermercados vulneró su derecho fundamental a la intimidad personal, según informa Europa Press.

Así consta en una sentencia, al que tuvo acceso Europa Press, en el que los magistrados de la Sección Vigésima estiman de forma parcial el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de instancia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 82 de Majadahonda, que se revoca.

De este modo, los magistrados dan en parte la razón a Cifuentes en la demanda interpuesta contra Cecosa Hipermercados S.L., filial de Eroski, por vulneración de los derechos fundamentales de la demandante por incumplimiento de los deberes legales de custodiar y destruir la grabación.

La difusión de las imágenes provocaron la dimisión de Cifuentes en un momento en el que se cuestionaba la legalidad del máster que cursó en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en el curso 2011-2012, un caso del que resultó absuelta por la Justicia.

Los magistrados declaran ahora que la conducta de la cadena de supermercados "es constitutiva de una vulneración del derecho fundamental de Cristina Cifuentes a su intimidad personal, garantizado en el artículo 18 de la Constitución Española".

El tribunal reduce la indemnización solicitada por la expresidenta regional a 30.000 euros por daños y perjuicios al no custodiar de forma adecuada las imágenes grabadas en el establecimiento el 5 de mayo de 2011. Cifuentes reclamaba en la demanda 450.000 euros.

A raíz de este fallo, todo establecimiento comercial, o institución de cualquier tipo, que recoja grabaciones de seguridad, tiene que esforzarse en evitar que las imágenes grabadas se copien y en destruirlas en 30 días, si no las incorpora a una denuncia penal.

César Tomás Martín Morales, exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte, ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional donde reconoce los hechos que le imputa la Fiscalía por las presuntas actividades de la trama Gürtel en ese municipio madrileño, al tiempo que implica en ellas a la ex presidenta regional Cristina Cifuentes y al dirigente del PP Pío García Escudero, informa Europa Press.

En un escrito del 11 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, Martín Morales admite delitos cohecho, prevaricación, asociación ilícita, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Y ello por haber participado en una dinámica que habría consistido en la adjudicación de contratos a las empresas del Grupo Correa desde las entidades públicas de Boadilla del Monte a cambio de comisiones que, según manifiesta, revertían también en el Partido Popular.

En este sentido, Martín Morales afirma que "la precampaña para las elecciones municipales de 2003 y la precampaña y campaña de 2007 del PP en Boadilla del Monte se han sufragado gracias a pagos de contratistas a través del dinero que conseguía de los mismos Francisco Correa", el líder de la Gürtel.

Martín Morales indica que él dirigió la precampaña y campaña electoral de 2007, explicando que "estas campañas se solían soportar con pagos en efectivo a los distintos proveedores de productos y servicios y colaboradores al no poderse emitir facturas porque se rebasaban los límites que los partidos pueden destinar a las campañas".

"En las reuniones previas a los procesos electorales a las que se citaba a los jefes de campaña en la planta 1ª de Génova 13, sede regional del PP de Madrid, los responsables regionales de coordinación de campañas, creo recordar que Guillermo Ortega en 2003 y Cristina Cifuentes en 2007, siempre ponían de manifiesto que las campañas no debían pasar oficialmente los límites, sugiriendo que se llevaran a cabo en efectivo", cuenta.

Además, señala directamente a García Escudero. "Correa presumía de ser su amigo y decía que los adjudicatarios de las obras eran recomendados por el señor García Escudero y que se financiaba así al partido regional", sostiene.

Martín Morales recuerda en este sentido que Correa le dijo que García Escudero le pidió que se contratase en la EMSV a un arquitecto pariente suyo -"Miguel Ángel, creo recordar"- y así se hizo, aunque pocos meses después se marchó.

De acuerdo con el ex gerente de la EMSV, una de las piezas esenciales de la Gürtel en Boadilla del Monte, conoció a Correa en 1996 y se le presentó como "amigo personal de los dirigentes del PP", asegurándole que tenía una "amistad estrecha" con Francisco Álvarez Cascos, Alejandro Agag, Luis Bárcenas, Juan Carlos Vera, Gerardo Galeote, Arsenio Fernández de Mesa y Jesús Sepúlveda, además de con García Escudero.

Correa "presumía de tener grandes clientes, entre los que destacaba el PP", para quien organizaba congresos y campañas electorales, expone. "Todos le conocían, era muy ansiada la amistad con él por todos los mandos del PP porque se relacionaba con Cascos, Arenas, Vera, etc", asevera.

Tras esta confesión, Martín Morales solicita que se le rebaje la eventual pena a 6 años y tres meses de cárcel, a pocos días de que comience el juicio por la pieza Boadilla de la trama Gürtel, cuya sesión inaugural está prevista para el 16 de noviembre y que cuenta ya con una docena de confesiones.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado este lunes el archivo de PúnicaPúnica para la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes, que estuvo investigada por las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid y por la presunta financiación ilegal del PP regional.

Los jueces de la Sección Cuarta han respaldado el auto dictado el pasado mes de abril por el juez de la Púnica, Manuel García-Castellón, confirmando el cierre de las pesquisas para Cifuentes, el presidente del Grupo Cantoblanco Arturo Fernández y la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder, al desestimar los recursos presentados por ADADE y PSOE.

Los magistrados señalan que no se ha podido constatar que la actuación de Cifuentes fuera determinante para adjudicar dicho contrato al Grupo Cantoblanco, ni que en tales adjudicaciones hayan sido relevantes las donaciones efectuadas por Arturo Fernández a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (FUNDESCAM).

"Inexistencia de indicios de criminalidad que hemos de extender a la conducta consistente en participar en la financiación ilegal del Partido Popular", han añadido los miembros de la Sección Cuarta.

Se acerca el juicio por el caso de lacaja b en la Universidad Complutense de Madrid, una investigación que comenzó hace más de quince años y que ha permitido a la Fiscalía presentar acusación por el desvío de cerca de un millón y medio de euros entre 1996 y 2003 procedente de las arcas del centro. La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado el comienzo de la vista oral a mediados de marzo de 2022 y será un jurado popular el que valore los hechos, según han informado a infoLibre fuentes jurídicas.

El principal inculpado en esta causa es el exgerente de la Complutense Dionisio Ramos, quien fue secretario general de la Consejería de Educación de Madrid a mediados de los noventa durante el primer Gobierno regional del PP. Para Ramos, persona cercana a Cristina Cifuentes –fueron compañeros de universidad–, y otros tres acusados, todos antiguos cargos de la universidad, el Ministerio Público pide seis años de prisión y quince de inhabilitación absoluta al considerarles principales responsables del desvío de los fondos, tal y como ya publicó este periódico. Para los otros tres inculpados, que también formaban parte de la estructura universitaria, la Fiscalía reclama cuatro años de prisión y siete de inhabilitación.

Según las fuentes consultadas, aunque el escrito de acusación es de hace casi tres años, la fecha del juicio se ha ido retrasando debido a que los tribunales de jurado acumulan más retraso y a la pandemia de coronavirus, que fue aplazando todas las vistas orales en la Audiencia Provincial, al igual que en el resto de tribunales del territorio nacional. Al no ser causa con preso, este procedimiento no presentaba razones de urgencia para su enjuiciamiento, por lo que se ha ido demorando, pero finalmente el calendario de la vista oral ha sido fijado entre el 16 de marzo y el 8 de abril de 2022.

El caso de la caja b de la Complutense salió a la luz por una denuncia de Carlos Berzosa, rector de la universidad entre 2003 y 2011, después de que un funcionario encontrase en un armario cientos de recibos que evidenciaban el supuesto pago de sobresueldos opacos. Esto llevó al Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid a la apertura de diligencias el 6 febrero de 2006, pero el caso estuvo más de una década en fase de instrucción hasta que el Ministerio Público pudo presentar su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio.

La auditoría interna

El caso fue desvelado por el diario El País en abril de 2006 a raíz de la auditoría encargada por Berzosa por las sospechas de una financiación irregular en la universidad. Esta investigación interna destapó que no sólo funcionarios del llamado Personal de Administración y Servicios (PAS) y otros miembros del centro educativo habían cobrado con cargo a esos fondos opacos, sino también el escolta privado José Antonio Expósito, el mismo que en 2003 protegió a los diputados de la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez tras el tamayazo, la espantada que impidió la formación de un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid y abrió las puertas del poder a Esperanza Aguirre.

Tal y como detalló el exrector a este periódico, la auditoría constató cómo aquella caja b se había nutrido "de las fianzas que entregaban los alumnos para reservar plaza en un colegio mayor, fianzas que en realidad no se les devolvían, y de las cantidades procedentes de los cursos de español para extranjeros organizados de manera conjunta con la Universidad de California". Según Berzosa, el dinero se destinó a sobresueldos del Personal de Administración y Servicios, "aunque también de vicerrectores", pero también, apuntó, sirvió para pagar al vigilante José Antonio Expósito.

Años después, y tras el fin de la instrucción, el escrito de la Fiscalía madrileña enumera a lo largo de sus 18 páginas las fechas y los importes de 264 talones al portador que, con cargo a una cuenta ajena a los presupuestos oficiales y sin "control ni supervisión por la Universidad Complutense", se emitieron entre el 9 de enero de 1996 y el 3 de mayo de 2001. Entre esos cheques y el importe de las fianzas que 1.775 alumnos entregaron entre 2002 y 2003 para reservar plaza en colegios mayores controlados por los acusados, el desvío de fondos públicos alcanzó la cifra de 1.448.706 euros, sostiene la acusación. Esas fianzas no entrañaban derecho a devolución. Y su destino "no era contabilizado" oficialmente, expone el escrito de conclusiones provisionales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la absolución de la expresidenta regional Cristina Cifuentes en el caso máster y ha rebajado a un año de cárcel la condena impuesta a la que fuera directora del polémico curso de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Cecilia Rosado, por un delito de falsedad documental.

En la sentencia, los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal desestiman el recurso de la Fiscalía de Madrid contra la absolución de la exmandataria madrileña y estiman de forma parcial el recurso interpuesto tanto por Rosado como la exasesora María Teresa Feito, según informa Europa Press.

El pasado febrero, la Audiencia de Madrid exoneró a Cifuentes del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster del curso de postgrado que cursó en 2012.

Ahora, el Alto Tribunal ha rebajado a Cecilia Rosado la condena como autora de un delito de falsedad en documento oficial, a la pena de un año de prisión, frente al año y seis meses de cárcel al que le condenó la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Madrid.

María Teresa Feito ve rebajada su condena de los tres años de prisión iniciales a los dos años de prisión como inductora de un delito de falsedad documental.

Los magistrados confirman la absolución de Cifuentes al desestimar el recurso presentado por la Fiscalía de Madrid. En su recurso, la fiscal solicitó la anulación de la resolución y la repetición del juicio.

La representante del Ministerio Público alegaba que la sentencia infringía la tutela judicial efectiva, al carecer de "racionalidad y lógica" la motivación que llevó a los jueces a absolver a la expresidenta de la Comunidad de Madrid pese a las evidencias, que a su juicio, aporta el material indiciario.

No hay déficit de motivación

La Sala entiende, sin embargo, que el tribunal sentenciador "no incurrió en un déficit de motivación ni su discurso es irracional ni omite razonamiento sobre alguna prueba relevante" y sostiene que "la sentencia explica sucintamente las razones que alientan la absolución" .

En este sentido, los magistrados mantienen que si bien la sentencia "orilló algunos pormenores y su discurso absolutorio no comprende ni excluye la construcción propuesta por el Ministerio Fiscal, no por ello incumple el deber de motivación ni lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva invocado por la acusación pública por irracional valoración de la prueba".

"La fundamentación en que descansa la pretendida virtualidad probatoria de los indicios o razones velados o encubiertos que expone la fiscalía para dar por probada la intervención en los hechos de la Cristina Cifuentes es inhábil, pues estamos en presencia de meras hipótesis, insuficientes para determinarla con la certeza que una sentencia condenatoria requiere", recoge la sentencia.

"El proceso deductivo no se basa en un enlace racional que de forma natural conduzca a una consecuencia cierta y los subrayados como indicios no apuntan a una probabilidad prevalente que autorice a dar por enervada la presunción de inocencia", abunda la resolución del TSJM.

Contra esta resolución cabe aún la interposición del correspondiente recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la competente en asuntos de naturaleza jurídica penal, en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.

Casi tres años después de que comenzaran los problemas judiciales para Cristina Cifuentes, el futuro parece despejarse para la expresidenta madrileña. Al menos, está a medio camino. La Fiscalía Anticorrupción no recurrirá el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que archiva la investigación que pesaba sobre ella en la pieza 9 del caso Púnica, la que indaga en una posible financiación irregular del PP de Madrid. No obstante, el instructor deberá resolver un recurso que ha presentado la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade). También queda por saber si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirma la sentencia que absuelve a Cifuentes en el caso Máster o, por el contrario, hace caso a la Fiscalía Provincial y ordena repetir el juicio.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 archivó el pasado 20 de abril las actuaciones que había abierto en septiembre de 2019 contra Cifuentes por prevaricación y cohecho por el contrato de Servicio de Cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández y por el supuesto desvío de fondos desde la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) al PP regional para financiación de campañas electorales del partido entonces dirigido por Esperanza Aguirre.

Tras las diligencias realizadas después de más de año y medio de investigación, García Castellón, que emitió el auto de archivo en plena campaña electoral de los comicios madrileños del próximo 4 de mayo, considera ahora que aunque las pesquisas sobre Cifuentes partían, "en esencia, de una inferencia lógica", no han acreditado que tuviera participación alguna en la gestión económica de Fundescam. La imputación de que tuviera un previo conocimiento de la existencia de aportaciones por parte de empresarios a las cuentas de Fundescam "se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente", explicaba el magistrado.

Además, subraya que no se ha probado que la expresidenta ostentara en aquellos años cargo alguno en la fundación, como presidenta, vicepresidenta, secretaria o gestora de la misma, y que cesó como patrona en septiembre de 2008, si bien se elevó a escritura pública en 2010. En definitiva, "no se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que Cifuentes tuviera conocimiento de quiénes eran los donantes de la Fundación Fundescam, ni ha resultado acreditada su participación en actividad alguna que tuviera relación con las funciones de administración, gestión, o contabilidad referida a la fundación".

Y, por tanto, si no se puede sostener que tuviera conocimiento de las donaciones vinculadas a Arturo Fernández, no se mantiene que su actuación en el proceso de licitación en la Asamblea "estuviera presidida por una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que éste había realizado en la fundación señalada".

Fiscalía y juez opinan igual

El magistrado de la Audiencia Nacional acordó el archivo a petición de la defensa de la propia Cifuentes y sin pedir informe a Anticorrupción. Según ha podido saber infoLibre, la Fiscalía está de acuerdo con los argumentos del juez al considerar que la investigación en torno a la expresidenta no ha permitido acreditar los motivos por los que fue imputada en septiembre de 2019, de modo que no presentará recurso contra el auto de la semana pasada. En los últimos meses se han apreciado discrepancias de criterio entre juez y Fiscalía en el caso Púnica, pero en esta ocasión están de acuerdo, lo cual hace muy poco probable que se vuelvan a abrir las diligencias. Eso sí, el instructor deberá argumentar de nuevo por qué desimputa a la expresidenta, en respuesta al recurso de Adade.

La acusación popular ve "absolutamente incongruente" la decisión de García Castellón, sobre todo porque, según recuerda, el juez dijo que sería al finalizar la instrucción "el momento procesal oportuno" para tomar una decisión. También lamenta el "cambio de actitud" tanto de la Fiscalía como del juez. En su recurso, al que ha tenido acceso este periódico, Adade pone en evidencia que el año pasado el PP de Madrid remitió un escrito a la Audiencia Nacional remarcando que Fundescam había quedado extinguida en octubre de 2016 y que al momento de la solicitud de información del magistrado sobre las reuniones en las que Cifuentes pudo participar "no hay persona alguna que tenga la potestad certificante para cumplimentar la petición".

"De la lectura se deduce que no tiene ninguna validez, pues quien firma dice haberse incorporado con posterioridad a la disolución, que no hay nadie que pueda certificar, eso sí dice que no consta que se haya entregado documentación a Cristina Cifuentes, pero no dice por qué le consta. Sorprende que una institución como el Partido Popular no tenga capacidad ni nadie dispuesto, no ya a entregar, que lo hicieron mediante anónimo la primera vez, sino a certificar lo que hacen en su sede y precisamente con Fundescam", explica.

La acusación hace constar al juez que Cifuentes "no participa en reuniones de Fundescam, ni ella ni nadie lo hace, porque sencillamente no se celebran" y que la fundación "no le informa de las donaciones que recibe porque no hay reuniones ni cuentas ni actividad de Fundescam". Y es que, para Adade, "de la instrucción realizada hasta la fecha, de la prueba recabada, de las declaraciones prestadas, se deduce clarísimamente, todo indiciario en este estado de la causa, que Fundescam era sólo una herramienta creada para recaudar fondos para el Partido Popular de Madrid, sin actividad conocida alguna", como así concluyen los informes de la Guardia Civil incorporados a la causa.

"El mero hecho de figurar como miembro del patronato de una entidad que no tiene actividad alguna, pero que formalmente recibe subvenciones y las gasta, ya supone una forma de participación en hechos presuntamente delictivos. Si la señora Cifuentes quería demostrar su inocencia, lo que debía demostrar no era su inactividad como miembro de un patronato ficticio y sin actividad ninguna, sino su diligencia en el desempeño de sus labores, las veces que reclamó información o solicitó que se le facilitasen las cuentas antes de su aprobación a fin de poder estudiarlas", subraya el escrito de Adade.

Formaba parte de los comités de campaña

Por otro lado, cuestiona la versión de la expresidenta de que ella no supiera nada de una supuesta caja b en el partido: "Su larga trayectoria y sus múltiples contactos hacen prácticamente imposible que desconociese que en las múltiples campañas electorales que participó desde al menos el año 1991 había un techo de gasto y que el número de actos y pancartas, los panfletos, las cuñas televisivas o de radio, las inserciones en periódicos, etc., era imposible que entrasen dentro de ese reducido presupuesto". Además, en las campaña electorales investigadas, 2007 y 2008, "ella era la secretaria ejecutiva de Política Territorial del PP de Madrid y, según la documentación aportada por ella misma, formaba parte de los comités de campaña con la misma responsabilidad".

De hecho, recuerda que otros imputados en este procedimiento, como el empresario Daniel Horacio Mercado–adjudicatario de contratos de la Comunidad de Madrid y del PP– y la ex directora general de Medios del Gobierno madrileño Isabel Gallego han reconocido irregularidades en la financiación de las campañas electorales del PP de Aguirre, por lo que Adade cree que quien debe enfrentar los testimonios contradictorios es el tribunal que juzgue los hechos de esta pieza 9, pues en la vista oral se podrán valorar, "sin interrupciones, tanto las declaraciones como los informes, las periciales y la documental obrante en la causa, lo que permite una visión mucho más ajustada a la realidad que la propia de la instrucción, especialmente en un juzgado donde desbordan las macrocausas y sobre temas conexos". En su opinión, "hay sobrados indicios no sólo para mantener la condición de investigada de Cifuentes, sino para decretar la apertura de juicio y que adquiera la condición de acusada".

"¿Quién me va a resarcir ahora el sufrimiento padecido? ¿Y el de mi familia? ¿Quién me va a devolver todo lo que me arrebataron?", se preguntó Cifuentes en un comentario en su cuenta personal de Twitter poco después de conocer el auto de archivo. Aunque todavía no puede cantar victoria, pues aparte del recurso de Adade, el TSJM aún debe resolver el recurso de la Fiscalía de Madrid, que sigue sosteniendo que la expresidenta fue quien "impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual" la falsificación del certificado del trabajo de fin de máster. El Ministerio Público, que pedía tres años y tres meses de cárcel por falsedad en documento oficial para Cifuentes, solicitó la repetición del juicio en el que ésta resultó absuelta.

"Hay épocas y lugares en los que no ser nadie es más honorable que ser alguien", Carlos Ruiz Zafón, Épocas y lugares.

Vamos a ver si nos aclaramos. Una cosa es la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, que le será entregada el 2 de mayo a Cristina Cifuentes, su expresidenta, por los innegables servicios personales e intelectuales prestados a su comunidad, como ha quedado bien demostrado en Eroski y en la Universidad Rey Juan Carlos. Este trofeo le será entregado por la actual presidenta Isabel Ayuso, la "no mantenida" que antes cobraba 4.219 euros netos al mes por llevar las redes sociales de Esperanza Aguirre y de su perro Pecas. Ahora cobra más del doble como presidenta madrileña.

Y otra cosa parecida, pero diferente, es la Medalla de Honor de la Ciudad de Madrid, que es la que se concede a quienes, por sus actividades o servicios, se hayan destacado haciéndose muy merecedoras del reconocimiento del pueblo de Madrid. Este galardón la entregará el actual alcalde Almeida a la exalcaldesa Ana Botella el próximo 15 de mayo, día de san Isidro, patrón de la ciudad. ¿Ha quedado claro y estamos todos conformes por la decisión tomada por el Ayuntamiento?

Pues no. Siempre hay quien discrepe. Y así lo ha hecho con cierto enfado Mar Espinar, portavoz socialista en el Área de Cultura del consistorio madrileño, afirmando que "no se puede otorgar esa distinción a alguien tan indigno como Ana Botella" y añadiendo que la propuesta es "una provocación" con la que el PP pretende "limpiar la imagen" de la peor alcaldesa de la ciudad".

Qué barbaridad. Cómo se puede estar tan ciega y no reconocer los méritos de esta alcaldesa inolvidable. Es cierto que Ana Botella alcanzó la alcaldía simplemente por ir de número 2 en la lista de Ruiz Gallardón, que le facilitó el puesto al ser él nombrado ministro de Justicia del gobierno de Mariano Rajoy.

Es verdad también que en el desempeño de su cargo tuvo algunas sombras, pero sin "demasiada" importancia, como:

-Acudir a su peluquería en coche oficial y con abundante escolta policial.

-Haber celebrado la boda magna de su hija en El Escorial, cuyos ingentes gastos fueron pagados en parte por los implicados en la trama Gürtel.

-No conseguir nada positivo en el tercer intento para organizar los Juegos Olímpicos en Madrid, que fue descartada en la primera ronda de votación del Comité Olímpico, logrando menos votos que en los dos intentos anteriores.

Y otras sombras muy terribles de las que consiguió escapar, como:

-Haber autorizado la celebración del macrofestival Madrid Arena en una ubicación municipal en donde, por exceso de aforo y por falta de servicios de seguridad y médicos suficientes, murieron 5 chicas (3 en el acto y 2 en el hospital). La alcaldesa se personó en Madrid el día siguiente a la tragedia y regresó de nuevo a Portugal a seguir disfrutando de un resort de lujo en el que pasaba unos días de relax.

-Vender 1.860 viviendas públicas de VPO al fondo buitre Blackstone, a un precio de saldo, abocando a muchas familias al desahucio. Por el perjuicio económico causado al Ayuntamiento de Madrid, estimado en 25 millones, la alcaldesa fue condenada provisionalmente, junto a otros exconcejales, por el Tribunal de Cuentas al pago de 2,8 millones de euros por la venta irregular, pero esta causa penal no ha seguido adelante al haber despedido el actual alcalde a la letrada que llevaba el caso y así quedó sin recurrirse, motivo por el cual fue archivada por el juzgado de instrucción num.38 en el año 2019.

Nota final: Blackstone pagó por las promociones de VPO con inquilinos en su interior 128,5 millones y el valor actual de mercado supera los 660 millones. Casos tan graves deberían ser penalizados en cualquier época y lugar, pero ahora en Madrid hay libertad y se premian con medallas.

Alfonso Jiménez es socio de infoLibre

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha acordado el archivo provisional de la causa respecto de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, de la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y del presidente del Grupo Cantoblanco Arturo Fernández de los delitos de prevaricación y cohecho por los que estaban siendo investigados en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011, ha informado Europa Press.

El juez considera además que no se ha acreditado que Cifuentes participara en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid, que se investiga en esta pieza separada número 9 de Púnica, por lo que las diferentes líneas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la expresidenta decaen.

En el auto, con fecha de 20 de abril, el magistrado explica que esta investigación parte de un informe policial en el que se apuntaban presuntas irregularidades cometidas en el contrato de cafetería, cocinas y comedor en la Asamblea de Madrid. El atestado policial ponía el foco en las donaciones de empresarios a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), y los agentes indagaron por si esos donantes acabaron siendo adjudicatariosdonantes en algún procedimiento público.

En ese marco, se analizó los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid adjudicados al grupo empresarial de Fernández (Grupo Cantoblanco) tras ver que Cifuentes formaba parte del patronato de Fundescam, que era afiliada al PP y que pertenecía a comités de campaña de la formación en los años en los que esta mercantil fue adjudicataria.

Según recuerda el juez, los agentes que redactaron ese informe policial entendieron que esa adjudicación del servicio de cafetería pudo ser decidido de antemano atendiendo a una serie de "arbitrariedades" que se imputaban a las personas que integraron el comité de expertos en las licitaciones. Algo que, a juicio policial, evidenciaría "una voluntad de atribuir de manera injusta la licitación a una concreta empresa".

"Una mera especulación"

La policía apuntaba también a las donaciones previas a Fundescam de Arturo Fernández y añadía que esos fondos se destinaron a sufragar gastos electorales del PP cuando Cifuentes pertenecía al patronato de la fundación.

Pero el juez, después de todas las diligencias realizadas, concluye que si bien la imputación a Cifuentes partía "en esencia, de una inferencia lógica", agotada la instrucción de esta pieza 9 no se ha acreditado que tuviera participación alguna en la gestión económica de Fundescam. La imputación de que tuviera un previo conocimiento de la existencia de aportaciones por parte de empresarios a las cuentas de Fundescam "se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente", explica el magistrado.

Añade que no se ha acreditado que la expresidenta en esa época (2009-2011) ostentara cargo alguno en la fundación, como presidenta, vicepresidenta, secretaria o gestora de la misma, y que cesó como patrona en septiembre de 2008, si bien se elevó a escritura pública en 2010.

En definitiva, "no se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que Cifuentes tuviera conocimiento de quienes eran los donantes de la Fundación Fundescam, ni ha resultado acreditada su participación en actividad alguna que tuviera relación con las funciones de administración, gestión, o contabilidad referida a la fundación".

Cantoblanco, gestor habitual de estos servicios

Por todo ello, añade García-Castellón, no se puede sostener que tuviera conocimiento de las donaciones vinculadas a Arturo Fernández, por lo que no se mantiene que su actuación en el proceso de licitación "estuviera presidida por una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que éste había realizado en la fundación señalada".

En su resolución el magistrado recuerda además que el Grupo Cantoblanco es conocido por gestionar este tipo de servicios de hostelería tanto en administraciones públicas como en empresas privadas, y que tras escuchar a testigos que formaban parte de la mesa de contratación de la Asamblea de Madrid no ha resultado acreditado que por parte de las investigadas, Cifuentes y Recoder, "se exteriorizara una voluntad injusta o manifiestamente contraria a la ley, en orden a asegurar la adjudicación" para ese grupo empresarial.

En el mismo sentido, concluye que no ha resultado tampoco acreditado que Tatiana Recorder realizara ninguna voluntad injusta o manifiestamente contraria a la ley, en orden a asegurar la adjudicación al Grupo Cantoblanco.

La participación de Cifuentes en la financiación del PP

Por otro lado, el juez rechaza también la participación de Cifuentes en la presunta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, y recalca que esa acusación se sustentaba sólo en la declaración de la imputada Isabel Gallego, quien fuera directora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid.

En el escrito del Ministerio Fiscal sobre la pieza 9 se imputaba a la expresidenta su presunta participación en la financiación ilícita del PP mediante su asistencia a reuniones con Juan Miguel Madoz Echevarría, administrador de SWAT, empresa con la que los dirigentes del PP planteaban la estrategia política y de comunicación para las campañas electorales.

Según Gallego, Cifuentes asistía a esas reuniones junto a los también expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, y los exconsejeros Francisco Granados y Borja Sarasola. Pero el juez dice ahora que esa afirmación "no se sustenta en ningún tipo de indicio que permita corroborarla, tratándose de una mera sospecha ausente de fundamento alguno".

Y apunta que lo que mantiene Gallego resulta "manifiestamente contrario" a lo referido por la propia Cifuentes, que negó en su comaprecencia en instrucción haberse reunido con el empresario Juan Miguel Madoz Echeverría, y lo manifestado por éste en el sentido que negó igualmente haberse reunido con la expresidenta. A ello se une que de la documental obrante en las actuaciones "se constata además que Cifuentes no ostentaba cargo alguno vinculado con la contabilidad, gestión o administración de las elecciones del año 2008".

"¿Quién me va a devolver todo lo que me arrebataron?"

Cifuentes ha denunciado el "auténtico calvario" que ha vivido durante los últimos tres años hasta que este martes la Audiencia Nacional haya archivado la causa contra ella en el caso Púnica.

"¿Quién me va a resarcir ahora el sufrimiento padecido? ¿y el de mi familia? ¿Quién me va a devolver todo lo que me arrebataron?", se ha preguntado Cifuentes en un apunte en su cuenta personal de Twitter.

Así, la expresidenta madrileña ha subrayado que "siempre" fue inocente y ha denunciado los "tres años de linchamiento" y de "vivir un auténtico calvario" hasta que se ha producido el archivo de la causa en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011. 

Horas más tarde el digital Vozpópuli añade que "esta condecoración se otorga a quienes se han distinguido de manera singular por sus aportaciones y servicios a los madrileños". Me gustaría escribir algo al respecto pero sigo pensando que es un bulo.

Poco después, otros medios como Eldiario.es y El País confirman que Ayuso ha comunicado el premio a los interesados, que conlleva tratamiento de "excelencia." Me queda ya claro que no es un bulo. Me rindo y me dispongo a comentar la gran noticia.

Increíble, tremendo. Ayuso ha decidido premiar con medalla de oro a quien tuvo que dejar su cargo y su partido por haber sido sorprendida hurtando cremas en un Eroski y ser enjuiciada años después por haber conseguido un máster sin haber asistido a clases y sin presentar los trabajos exigidos para su obtención. Aunque al final ha sido absuelta por falta de pruebas suficientes, este caso tan escandaloso no está cerrado puesto que la Fiscalía ha recurrido la sentencia y ha pedido que se repita el el juicio.

Demoledor. Ayuso no va a premiar ningún buen servicio prestado a los ciudadanos madrileños, sino el mal ejemplo dado a toda España y, en especial, a los estudiantes universitarios que cursan sus másters a base de esfuerzo y cumpliendo todos los deberes que no le fueron exigidos a Cifuentes.

España no sólo está sufriendo la pandemia del Covid19 sino que va camino de una locura casi colectiva. ¿Qué pensarían los andaluces si a Chaves y Griñán les otorgasen la medalla de Andalucía por su buena gestión en los Eres fraudulentos? Qué ocurriría si la Generalitat de Cataluña decidiera devolver al exhonorable Pujol la medalla de Barcelona que le fue retirada al descubrirse sus riquezas ilícitas por las que todavía sigue sin ser juzgado?

Pues nada. En España, en plena pandemia, con más de 75.000 muertos por Covid, con más de tres millones de contagios y con una ruina económica imparable, Ayuso y su Gobierno solo piensan en poner medallas y convocar elecciones pues solo les preocupan sus propios intereses, al igual que otros muchos dirigentes políticos.

La comunidad madrileña es la que más víctimas mortales ha sufrido; la que ha tenido casi cerrados 46 centros sanitarios privados y ambulatorios; la única región hasta el momento sin ayudas específicas para los trabajadores en Erte. A pesar de todo, lo más importante ahora son las elecciones que, según los sondeos, Ayuso puede ganar por mayoría absoluta pues ella se ocupa más de la economía que de la salud ciudadana.

Ayuso dice y repite que Madrid es libertad y ha elegido para su campaña el mismo lema de Trump: Socialismo o libertad. Y ganarán pues la inteligente comunidad madrileña está dispuesta a seguir votando a estas figuras que tan excelentes servicios han prestado a Madrid. Está por ver si Ayuso intentará condecorar también a Ignacio González y a Granados, otros dos próceres. No se atreverá a premiar a los del tamayazo por sus buenos servicios pues la oposición podría reventar.

Conclusión: Ayuso y su equipo no han reparado en que con ese lema tan único de Madrid es libertad, catalanes y vascos van a sentirse legitimados a la libertad de poner las urnas y optar por su ansiada independencia. ¿O no?

Alfonso Jiménez es socio de infoLibre

La Fiscalía de Madrid ha presentado un recurso ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la sentencia que absolvió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de un delito de falsedad en documento oficial en el 'caso Máster', solicitando que se anule la sentencia y se repita el juicio por "insuficiencia e irracional motivación fáctica", han informado fuentes fiscales, como recoge Europa Press.

En su recurso, el Ministerio Público esgrime que "todo acto tiene una razón de ser" y que del examen de todos los indicios que obran en la causa contra la única persona absuelta solo pueden llevarle a la conclusión de que Cifuentes fue quien "impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual para la falsificación del documento".

A juicio del Ministerio Fiscal, la resolución impugnada "adolece tanto de insuficiencia como de falta de racionalidad en la motivación fáctica" puesto que para llegar a la conclusión absolutoria se han omitido indicios de manera "incongruente" y "contraria al resultado de las pruebas practicadas en el juicio".

Por eso, se solicita tanto la anulación del fallo "ante la vulneración de las normas constitucionales por insuficiencia e irracional motivación fáctica que lleva al pronunciamiento absolutorio" como la devolución de las actuaciones "al órgano que dictó la sentencia recurrida para un nuevo enjuiciamiento de la causa, con una composición distinta de la Sala".

"Cui prodest?  Quien se beneficia del delito, ese es el que lo cometió"

(L.A.Séneca)

Esta sentencia la dejó escrita hace veinte siglos el filósofo cordobés Séneca y hasta se consideró principio de referencia moral en derecho romano. Pero aquí de poco sirve. No tenemos remedio.

Que no, que no aprendemos. Y eso que Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ya lo manifestó en 2014, ante numerosos representantes del mundo de la judicatura, dejando bien claro que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal "está pensada para el robagallinas y no para el gran defraudadorrobagallinas". Obsérvese que tampoco mencionó a robacarreras ni robamásters.

Y aunque muy pocos esperaban que la Justicia, al menos en esta ocasión, fuese a ser medio justa, se equivocaron y yo también, pues el caso del máster de Cristina Cifuentes, la expresidenta de la comunidad de Madrid, se ha resuelto a su favor y ha quedado libre de toda culpa.

Que quede claro que Audiencia Nacional de Madrid ha emitido su fallo absolutorio solo referido a la falsificación del acta del TFM, porque no hay pruebas suficientes, pero ha reconocido irregularidades e "incongruencias". Veamos esas minucias:

1.-Matricularse para hacer un máster tres meses después de haberse cerrado el plazo de inscripción.

2.- No asistir a las clases ni conocer a los profesores.

3.- No hacer exámenes de asignaturas aprobadas luego con sobresaliente.

4.- No conservar ninguno de los trabajos que dice enviaba mediante mensajero ni tampoco el trabajo fin de máster.

5.- No saber ante quién defendió el TFM que se lo aprobaron con notable. (Dijo que fueron tres personas que no conocía, en un acto muy informal. ¿Serían bedeles o limpiadoras?).

6.- Conseguir (¿sin presiones?) un acta falsa con firmas falsas de miembros de la universidad certificando el máster obtenido para mostrar ¡"su verdad con papeles"!

Para qué seguir. El desenlace final ha sido el siguiente:

- Cecilia Rosado: la profesora que ha confesado haber sido obligada a “fabricar" el acta con firmas falsas; condenada como cooperadora a 18 meses de prisión, a la que no tiene que entrar por ser pena inferior a dos años y carecer de antecedentes.

- María T. Feito: asesora del consejero de Educación de Cifuentes, ha sido condenada a tres años de cárcel por ser la inductora y presionar hasta conseguir el acta falsa.

- Cristina Cifuentes: absuelta de todo por falta de pruebas suficientes.

- Álvarez Conde, el director de facto del máster, falleció en 2019.

Conclusión: Nadie puede creer que quien según la fiscal fue "la beneficiada primera, única y directa" de este caso máster, haya salido absuelta. Hasta Séneca se habría levantado indignado desde su tumba.

P.D.- El caso no está cerrado. Cifuentes ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid para intentar reabrir la querella que presentó contra los dos periodistas por publicar la verdad. Los docentes de la URJC guardan silencio monacal porque les conviene. Los estudiantes están humillados y cabreados porque les perjudica. Al parecer, hubo más másteres regalados a otros políticos, pero al estar aforados el Tribunal Supremo rechazó la investigación. (No cito sus nombres, no sea que intenten encausarme).

Alfonso Jiménez es socio de infoLibre

Las "irregularidades" que hayan podido cometer profesores, directores de másteres o personal administrativo de universidades no afectan a los políticos que se hayan podido beneficiar de ellas. Así se desprende de casos como el del líder del Partido Popular, Pablo Casado, y de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En el primer caso, fue el Tribunal Supremo el que apreció ciertas conductas anómalas en el modo en que obtuvo su máster, aunque rechazó investigarle al no apreciar indicios de delito, mientras que en el segundo caso ha sido una sentencia, tras la celebración de un juicio, es la que ha confirmado todo ese proceder irregular. En ambas ocasiones, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) como telón de fondo.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid considera probado que el curso de postgrado realizado por Cifuentes en el curso 2011-2012, impartido a través del Instituto de Derecho Público que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde, estuvo "plagado de irregularidades, lo cual está acreditado documentalmente". Cambios en las calificaciones por personal no autorizado, matriculaciones tardías y falsificaciones de actas rodearon a este curso al menos en el mencionado año, vista la prueba examinada durante la vista oral, en la que antiguos alumnos admitieron que no fueron a clase y obtuvieron el título, otros señalaron que no realizaron ningún trabajo o examen durante el curso y aún así recibieron buenas notas, mientras que algunos reconocieron que no defendieron su trabajo de fin de máster (TFM) y sin embargo en las actas es como si así lo hubiesen hecho.

Más allá de la falsificación del acta de su TFM, sobre la que el tribunal ha absuelto a la expresidenta madrileña al no haber hallado pruebas de que indujera a fabricar el documento cuando estalló el escándalo, la propia Cifuentes relató en su declaración que "no mantuvo contacto con ningún profesor", que no hizo ningún examen porque acordó con Álvarez Conde que se evaluaría a través de trabajos que habría entregado directamente al catedrático y que el 2 de julio de 2012 hizo una presentación de su trabajo final en un acto "informal" ante "dos o tres personas" que no sabe si eran profesores o miembros del tribunal de evaluación.

La sentencia también da por probado que una funcionaria de la universidad cambió las notas tanto de una asignatura –de no presentado a notable– "tras comprobar la calificación del examen realizado a pesar de que Cifuentes manifestó no haber realizado ningún examen", como del TFM. Y todo ello a pesar de que esta funcionaria "no tenía competencias para hacerlo".

Del caso concreto de Cifuentes y de su "actividad como alumna" en el Máster en Derecho", la Audiencia Provincial deduce que de la prueba examinada durante el juicio se ha revelado "un conjunto de incongruencias, relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado". 

Todas estas "irregularidades" que los magistrados han podido constatar durante el juicio y que así han plasmado en su sentencia revelan un modo de actuar del que se pudo beneficiar tanto la expresidenta madrileña como otros exalumnos del máster, pero que, para ellos, no tienen consideraciones penales. Cierto es que Cifuentes se enfrentaba en este caso a una acusación, la de supuesta inductora de falsificación de documento público por la que la Fiscalía solicitaba más de tres años de cárcel, pero finalmente el tribunal no ve acreditada su intervención en la fabricación del acta del TFM.

Esas "irregularidades" el tribunal las enmarca en el entorno de la universidad, no en el de los alumnos, por mucho que éstos se pudieran beneficiar de ello. Es, de hecho, la estrategia que defendió la propia Cifuentes durante el juicio, donde descargó toda la responsabilidad de una mala praxis en el centro educativo, asegurando que ella dio por buenos los documentos que le enviaron con el acta del TFM falsificada cuando se conoció el escándalo y que por eso los exhibió públicamente.

Posible trato de favor

Tras la publicación de las primeras informaciones sobre las irregularidades en el máster en el que estuvo matriculada la exlíder del PP madrileño, salieron a la palestra otros casos similares en los que se habrían producido anomalías a la hora de la obtención de títulos univesitarios. El más sonado fue el de Pablo Casado, que llegó hasta el Tribunal Supremo por estar aforado por su condición de diputado del Congreso. La misma juez que investigaba a Cifuentes remitió una exposición razonada al alto tribunal tras concluir que al presidente del partido conservador le regalaron su máster de la URJC a modo de "prebenda" debido a su "relevancia política".

Casado nunca fue investigado, pero en el auto en el que el Supremo rechazaba abrir causa sí estuvo de acuerdo en que la universidad pudo dispensar un "trato de favor al aforado" y ello "pudiera merecer otro tipo de consideraciones ajenas al Derecho Penal", aunque no veía "indicios consistentes de que existiera un acuerdo previo o simultáneo" de Casado con los responsables del máster "para que tal trato le fuera dispensado", condición necesaria para entender que habría prevaricado.

Pero eso sí, los magistrados apuntaban a que la convalidación de créditos de la que se benefició el líder del PP pudo deberse "a un, cuando menos, irregular comportamiento de los responsables del máster". Tampoco vieron indicios de ese acuerdo prevaricador en el hecho de que Casado se titulase sin ir a clase, pues "no se pasaba lista y en una asignatura puntuaba sólo con un 10%": "si bien no consta que cumpliese con el otro 90%", dice el Supremo, esto son "actuaciones imputables al responsable de su valoración, sin que el hecho de que el alumno se beneficie indique de forma suficientemente consistente que ha existido un acuerdo previo ilegítimo con el profesor".

De nuevo, la conducta del político no implica reproche penal, pero sí se detectan en su caso "irregularidades" que pudieron provenir del entorno universitario. Por un lado, por facilitar la convalidación de 40 créditos del máster y, por otro, de los profesores responsables de que ese político no hubiese asistido a clase, a pesar de lo cual obtuvo su título. El trato de favor del que hablaba el Supremo y la juez de Madrid que investigó el caso Máster.

La Fiscalía de Madrid estudia recurrir la sentencia de la Audiencia de Madrid que absuelve a Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental del que había sido acusada por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en 2012, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

El Ministerio Público está analizando el contenido del fallo dictado este lunes por los magistrados de la Sección 16 para decidir si finalmente impugna la resolución.

Fuentes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) han señalado a Europa Press que descartan impugnar la resolución al acatar la decisión judicial.

La sentencia absuelve a Cifuentes, pero condena a un año y seis meses de cárcel a la profesora de la URJC y directora del polémico máster Cecilia Rosado y a tres años de cárcel a la exasesora de Educación María Teresa Feito.

La fiscal Pilar Santos solicitó en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña al quedar acreditado que indujo la falsedad del documento objeto del juicio, dado que la exdirigente popular era "la única, la primera y la última beneficiaria" de esa falsificación.

En la sentencia, los magistrados determinan que de lo actuado no ha resultado probada "ninguna intervención" de Cifuentes en el delito del que había sido acusada.

"Las sospechas legítimas que pudieran existir, no se han convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes", afirman.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes al considerar que no hay pruebas suficientes que acrediten que ella indujera a la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM). El tribunal ha constatado que el curso que dirigía de facto el catedrático Enrique Álvarez Conde estuvo "plagado de irregularidades" y que el "desarrollo" de la actividad de la exdirigente del PP de Madrid como alumna ha revelado "un conjunto de incongruencias relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de posgrado", pero esto no prueba, en su opinión, que Cifuentes estuviera detrás de las maniobras detectadas para fabricar el acta.

Esas "incongruencias" de las que hablan los magistrados que han enjuiciado el conocido como caso Máster son que ella misma reconoció que "nunca fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor, que hacía trabajos que entregaba a Álvarez Conde y que el 2 de julio de 2012 entregó el TFM de manera informal ante dos o tres personas". Otra incoherencia constatada por el tribunal es que en febrero de 2017, la expresidenta acudió a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a recoger el título oficial del máster acompañada por María Teresa Feito, funcionaria del centro que en ese momento ejercía como asesora en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

La sentencia no entra a valorar el hecho de que, aunque Cifuentes dijera que presentó su trabajo en una sala del campus de Vicálvaro de la universidad, ningún testigo en el juicio ha corroborado esta afirmación. En concreto, durante el juicio la expresidenta declaró que estuvo en una sala de juntas el 2 de julio de 2012 y que allí había varias personas, "una de ellas un hombre", y que supuso que eran profesores, a los cuales entregó el documento, sobre el que explicó "las líneas generales" en un acto que definió como "muy informal". No sabe si esas personas a las que explicó el contenido de su trabajo "eran del tribunal que luego lo evaluó o no".

Esas personas y ese tribunal fantasma sobre los que habló Cifuentes no han aparecido. Ningún testigo ni ninguna prueba acreditaron que ese "acto informal" se produjese tal y como ella explicó. Pero la Audiencia Provincial de Madrid considera que no es su competencia acreditar "si se produjo o no esa defensa del TFM". Aunque eso sí, pone en duda la versión aportada por la expresidenta: "Incluso de haberse producido, hubiera sido en extremo inexplicable, pues en el año 2012, la citada alumna figuraba como no presentada en la asignatura que impartía el profesor Pablo Chico de la Cámara, calificación que fue corregida de forma irregular en el año 2014".

En todo caso, los magistrados determinan de que lo actuado en el juicio no ha resultado probada "ninguna intervención" de Cifuentes en el delito del que había sido acusada. "Las sospechas legítimas que pudieran existir no se ha convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes", afirman. La fiscal Pilar Santos había solicitado en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña por inducir a la falsificación del documento objeto del juicio, dado que la exdirigente popular era "la única, la primera y la última beneficiaria" de esa falsificación.

Pero el tribunal recuerda que las otras acusadas en el juicio, la profesora Cecilia Rosado y María Teresa Feito –que sí han sido condenadas–, declararon que no mantuvieron contacto alguno con la expresidenta, "tampoco con su oficina o gabinete", después de que saltara el escándalo de la falsificación del acta tras la publicación de la noticia en elDiario.es. Tampoco ninguno de los intervinientes en la reunión que se celebró en el Rectorado de la URJC el 21 de marzo de 2018, para responder a la información, "ha hecho nunca referencia a Cifuentes". "Sin obviar el interés de Cifuentes en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión", recalca la Sala, que incide en que "el hecho de exhibir públicamente la copia del documento que recibió el rector Javier Ramos no es más que un indicio, no corroborado por otros".

El "entorno": un "colectivo difuso e indeterminado"

También alude la sentencia a las referencias de la fiscal acerca de que hubo presión del "entorno" de Cifuentes, a lo que señala que se han de rechazar "esas alusiones genéricas", que atribuyen "la condición de sujeto activo del delito a un colectivo difuso e indeterminado, sin personalidad propia, contradiciendo las bases del Derecho Penal moderno y yendo en contra de la doctrina que exige la determinación individual del sujeto activo del delito, sea persona física o jurídica".

Los magistrados no ven, por tanto, probado que Cifuentes fuera la inductora de la falsificación, papel que sí atribuyen a Feito, ya que ven probada su participación "por la actuación relevante, tanto en la necesidad de crear el acta, a sabiendas de que no existía, como en la presión ejercida sobre Cecilia Rosado". Esta presión, dice la sentencia, queda acreditada por la propia declaración de Rosado como por el "conjunto de llamadas" que hizo a la profesora el mismo día de la publicación de la noticia, hasta un total de quince en pocas horas. Por eso la condenan a tres años de cárcel.

De Cecilia Rosado, la sentencia ve pertinente la aplicación de las atenuantes de confesión ante "la asunción de la responsabilidad" en los hechos tanto en la instrucción como en la propia vista oral. Su colaboración con la Fiscalía resultó determinante para el esclarecimiento de lo ocurrido con la falsificación del acta del TFM de Cifuentes. De ahí que a pesar de que fuera ella quien fabricó el documento, falsificando las firmas de dos compañeras, su condena se queda en un año y medio de prisión, ya que el tribunal le aplica la atenuante analógica de "miedo insuperable" por su temor a que su carrera profesional se viera afectada si no accedía a crear el documento.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta regional Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2012, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Acompañada por su hijo, Cifuentes ha acudido esta mañana a la sede judicial de la calle Santiago Compostela para conocer la sentencia, que ha sido notificada a las 12.00 horas a los abogados de las partes y a las propias acusadas.

La fiscal Pilar Santos solicitó en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña al quedar acreditado que indujo la falsedad del documento objeto del juicio, dado que la exdirigente conservadora era "la única, la primera y la última beneficiaria" de esa falsificación.

También pidió la misma pena para Feito, mientras reclamó 21 meses para Rosado y de forma subsidiaria que se apreciaran las atenuantes de confesión y miedo insuperable por las presiones que habría recibido del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, fallecido en abril de 2019.

Cifuentes afirmó durante su declaración que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron otros alumnos.

"Actué de buena fe", afirmó en relación al acta que mostró a los medios el día que estalló la polémica, el 21 de marzo de 2018, al desconocer que contaba con firmas falsificadas, un hecho del que responsabilizó a la propia universidad.

Cifuentes dimitió el 25 de abril de ese año después de que a esta polémica se sumara la difusión de un vídeo en el que aparecía supuestamente robando unas cremas.

En su declaración, la profesora Cecilia Rosado reconoció que falseó el acta a instancias de "presiones" de Enrique Álvarez Conde y Feito, manifestando que Conde la llamó más de veinte veces el día que saltó la polémica mientras que Feito lo hizo unas quince veces.

El abogado defensor José Antonio Choclán reclamó la absolución de su patrocinada, defendiendo al final de la vista que la acusación de la fiscal fue "puramente selectiva" y "arbitraria" al no ser "objetiva por ir en contra de los propios actos de la Fiscalía en la instrucción y de los tribunales de Justicia".

Choclán aludía a las "irregularidades" detectadas en una pieza separada en "todos los alumnos investigados", un hecho que quedó patente en la vista oral y que en la instrucción se archivó. "Todo se cocinó en la universidad", manifestó.

¿Dónde están los profesores ante los que Cristina Cifuentes dice que expuso las líneas generales de su trabajo de fin de máster? ¿Quiénes son? ¿Fueron esas personas las que evaluaron el trabajo que ella asegura haber entregado? La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado que estuvo en una sala de juntas de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) el 2 de julio de 2012 y que allí había varias de personas, "una de ellas un hombre", y que supuso que eran profesores, a los cuales entregó el documento, sobre el que explicó "las líneas generales" en un acto que define como "muy informal".

Con el juicio sobre la supuesta falsificación del acta de su trabajo de fin de máster (TFM) a punto de concluir –sólo queda la exposición de los informes definitivos de las partes, prevista para el próximo viernes, 5 de febrero–, esas personas y ese tribunal fantasma sobre los que ha hablado Cifuentes en su declarción en la Audiencia Provincial de Madrid no han aparecido. Ningún testigo ni ninguna prueba han acreditado que ese "acto informal" se produjese tal y como ella ha explicado.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, que dimitió unas semanas después de saltar el escándalo a raíz de la publicación de la noticia en elDiario.es, se sienta en el banquillo por un delito de falsedad documental que puede suponerle hasta tres años y tres meses de cárcel, que es lo que pide la Fiscalía para ella.

En la segunda jornada de la vista oral, Cifuentes defendió, a preguntas de la fiscal, que no sabe si esas personas a las que explicó el contenido de su trabajo "eran del tribunal que luego lo evaluó o no". Según indicó, no les conocía porque nunca fue a clase, sino que cursó el máster a distancia pues la asistencia no era obligatoria, examinándose a través de trabajos. Sin embargo, no ha podido presentar esos trabajos ni el de fin de máster porque, según afirma, los debió perder en alguna de las mudanzas que ha realizado en estos años. "No leí el trabajo, les entregué el trabajo y les expliqué cuáles eran las líneas generales", dijo. Tampoco sabe decir qué profesores eran los que supuestamente estuvieron en esa sala de juntas, sus nombres o los cargos que tenían en la URJC. Sólo aportó que uno de ellos era un hombre.

En los sucesivos días del juicio, ningún testigo ha confirmado la versión de la expresidenta. Las tres firmas de profesoras que aparecen en el acta de fin de máster, la que se falsificó según lo que cree la Fiscalía, no son las de esas personas de las que habla Cifuentes. Así lo han manifestado las tres. Primero, Cecilia Rosado, acusada también por falsificar el acta y las firmas de sus compañeras y quien ha reconocido todos los hechos, motivo por el cual el Ministerio Público pide que se le aplique la atenuante por confesión. Después, Clara Souto y Alicia Pérez de los Mozos, admitieron que mostraron sus rúbricas a Rosado en una videollamada pero sin saber que era para la falsificación, sino creyendo que era para algo menor, y aseguraron que no estuvieron en esa sala en la que supuestamente la expresidenta entregó su trabajo.

Por la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Madrid han ido pasando durante la vista oral otros testigos, entre ellos exalumnos del máster, responsables de la universidad y profesores del Instituto de Derecho Público que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde, otro de los procesados en esta causa y que falleció en abril de 2019. Ninguno ha dicho que formara parte de ese plantel de profesores el 2 de julio de 2012.

Pero es que además, la prueba inesperada que presentó la defensa de Cifuentes el primer día del juicio, un pendrive con su agenda electrónica de 2012, fecha en que era delegada del Gobierno en Madrid, en la que presuntamente aparece un apunte sobre una cita en la URJC para el 2 de julio de ese año, ha sido retirada este viernes después de que los magistrados de la Audiencia de Madrid le comunicaran que sólo se admitiría si entregaba el contenido completo. El abogado de la expresidenta, José Antonio Choclán, considera esta medida, por la que las partes tendrían acceso a todos los datos de esa agenda, "desproporcionada", por lo que ha optado por renunciar a la prueba.

Cifuentes afirmó durante su comparecencia que no asistió a clase y que su único interlocutor para cursar el máster fue Álvarez Conde. Según dijo, todos los trabajos se los entregó a él en formato físico porque al catedrático no le gustaba la comunicación vía e-mail. Otro extremo que después fue desmentido por profesores de la URJC, quienes han declarado que se comunicaban con Álvarez Conde por cualquier vía, también a través del correo electrónico y que él no tenía ningún inconveniente en utilizar este método.

Firmas falsificadas, cambios de notas y trabajos sin defender

Lo que se ha puesto de manifiesto durante todo el juicio a Cifuentes son todo tipo de irregularidades que rodean los másteres que ofrecía el Instituto de Derecho Público. Por la sala de vistas han pasado exalumnos que han reconocido que no asistieron a clase, otros que no defendieron su TFM e incluso alguno que ha afirmado que no llegó a cursar el máster. Uno de éstos ha admitido que ni lo cursó ni presentó TFM, pero que, pese a ello, recogió su título después de pagar una tasa por ello, un título que le permitió después estudiar un doctorado.

Profesores y antiguos alumnos han constatado que se falsificaban firmas u otros documentos, extremo que también ha sido confirmado por los peritos de la Guardia Civil. Incluso, la propia expresidenta madrileña garantizó que no reconoce una firma que aparece como suya en un documento de matriculación del mes de octubre de 2012 ni el impreso en el que está estampada. "Han falsificado mi firma", resaltó durante el juicio.

Por otra parte, una funcionaria de la universidad, Amelia Calonge, confirmó en su declaración como testigo que cambió las notas del máster de Cifuentes de no presentado a notableno presentadonotable a petición de otro catedrático, Pablo Chico, por lo que no puso en cuestión la orden. De hecho, también remarcó que el de la exdirigente del PP no fue un caso único y que cambió las notas de "muchísimos alumnos". Después, el propio Chico negó que pidiera eso a Calonge y aseveró que las presiones que recibió cuando saltó la polémica procedían de la Comunidad de Madrid.

La versión de Calonge también fue puesta en duda por José Antonio Lobato, exresponsable de Postgrado y Títulos Propios de la URJC, quien explicó que su departamento se encargaba de la rectificación de notas si había algún error, pero que la funcionaria no pertenecía a su servicio, por lo que no estaba autorizada a hacer modificaciones como esas. Lobato también desmintió partes de la declaración de Cifuentes al señalar que la asistencia a clase del máster era obligatoria desde 2007 y que cuando saltó la polémica el rector le pidió que recopilara las actas concernientes a la expresidenta, pero que se dio cuenta de que no constaba la del TFM.