Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de Madrid, ratificó este lunes ante el juez del caso Púnica que Esperanza Aguirre participó en una reunión de comienzos de 2004 en la que Daniel Horacio Mercado, dueño del grupo Over Marketing, les fue presentado a distintos consejeros, a los que se animó a contar con esa empresa para sucesivos contratos. Mercado es una figura clave en la investigación sobre la financiación ilegal del PP porque él mismo ha reconocido en sede judicial que cobró parte de los trabajos electorales de 2007 en negro o con facturas falsas endosadas a empresarios de la construcción.

Con esa declaración, Lamela confirma lo que le contó a la Guardia Civil hace dos años, entonces como testigo. Pero lo hace suavizando el tono al asegurar que no es que en aquella reunión, convocada por teléfono menos de una hora antes, celebrada en la Puerta del Sol –sede de la Presidencia del Ejecutivo– y a la que asistieron miembros del gabinente de Aguirre además de personajes como Ignacio González y Francisco Granados recibieran "instrucciones precisas" de adjudicar contratos a Over, que es lo que se desprendía de su testimonio ante la UCO. Lo que se les dijo en aquel encuentro, ha declarado Lamela ahora en calidad de imputado, fue que se tuviera en cuenta a Over dada la calidad del lema que había diseñado para la Comunidad de Madrid, "La Suma de Todos", por el que –sostiene el exconsejero– la firma no había cobrado.

Lamela aflojó así la presión sobre Aguirre, a quien la Fiscalía y el juez Manuel García Castellón consideran la cabeza que "supervisaba" un "plan preconcebido" para desviar fondos públicos en beneficio del PP. Y en contrapartida aumentó la presión sobre quien durante años fue directora de comunicación del Ejecutivo regional, Isabel Gallego, y sobre el entonces viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo, ahora condenado por el caso Gürtel y de quien ya era conocida su cercanía a Aguirre y su papel como el del dirigente que decidía qué empresa prepararía cada acto de la presidenta. Según Lamela, era Isabel Gallego quien acumulaba las potestades en cuanto a autorización de gasto para campañas de publicidad. La antigua directora de comunicación de Madrid, también imputada en la causa, ya le envió al juez hace meses un documento donde niega haber ostentado una responsabilidad estelar en esa materia.

El préstamo de Madrid Network

Lamela saltó en 2008 de la vida pública a la privada. Y logró para un proyecto de turismo sanitario un préstamo de 500.000 euros públicos otorgado por Madrid Network, una asociación privada controlada por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Según las últimas informaciones disponibles, Lamela no devolvió ese crédito, por cuya existencia le preguntó la Fiscalía este lunes.

Respecto de uno de los puntos más conflictivos de la pieza donde en Púnica se investiga la financiación del PP, Lamela ha ofrecido una versión peculiar. Ese punto es la existencia de una cláusula que obligaba a las empresas constructoras de hospitales a destinar a publicidad un 1% del presupuesto global de la obra. Y ese 1% se lo encargaba el Gobierno de Madrid a las empresas que quería –generalmente, al grupo Over– sin concurso previo. 

Pues bien, según Lamela introducir la obligatoriedad del 1% para publicidad fue una propuesta suya a la comisión delegada de asuntos económicos, órgano que presidía Esperanza Aguirre aunque podía delegar sus facultades en su número 2, Ignacio González. Y ese 1% obligatorio, relató Lamela, se basa en una norma vigente desde comienzos de los años setenta que permite añadir al pliego de condiciones lo que definió como cláusulas "accesorias"  que fueron validadas por la junta consultiva de contratación en los años noventa.

Tanto Anticorrupción como el juez sostienen que ese impuesto del 1% solo sirvió para incrementar el coste de los contratos de construcción de los nuevos hospitales. Y que todos los que aplicaron dicha cláusula sabían de su carácter nulo. Lamela, por el contrario, adujo que la publicidad no se contrataba aparte con un expediente administrativo propio porque la maquinaria administrativa no habría permitido ajustar ese procedimiento a la evolución real de las obras de cada hospital o centro de salud.

La de Lamela, cuya declaración se produjo tras la de su sucesor en la Consejería de Sanidad, Juan José Güemes –básicamente ha venido a decir que no sabe nada relevante–, es la primera de una semana clave para el futuro judicial de Esperanza Aguirre. El jueves desfilará ante el juez su antiguo delfín, Ignacio González, el primer presidente de la Comunidad de Madrid que cayó preso por corrupción en el denominado caso Lezo. Ese mismo día prestará también declaración Gádor Ongil, que en 2010 tomó el relevo de Esperanza Aguirre al frente de Fundescam, una fundación que financió las campañas del PP madrileño. Y el viernes será Esperanza Aguirre quien declare.

Aún vigente, el decreto [puedes consultarlo aquí] ya atribuía desde 2004 a ese órgano –la Comisión Delegada de Asuntos Económicos– decisiones sobre cualquier tipo de licitación de importancia económica o sectorial. Y a esa categoría pertenecía imponer o no que las constructoras destinasen a publicidad el 1% del presupuesto de cada uno de los nuevos ocho hospitales de gestión mixta. Es decir, de aquellos con los que el PP prometió a mediados de la pasada década reducir costes y mejorar la eficiencia del sistema sanitario. Aguirre sostiene que jamás asistió a esa comisión. Y que ahora es consciente de que la comisión intervino pero solo porque lo ha "leído en el sumario". La licitación de los contratos afectados por el 1% le era ajena: "No tenía nada que ver conmigo", dijo.  

La cláusula del 1%, que la expresidenta "no conocía que existía", encareció en tres millones el coste de los hospitales y centros de salud. Y durante años mantuvo ocultos múliples pagos a la firma de publicidad Over Marketing y sus mercantiles satélite, todas ellas proveedores habituales del PP de Madrid. El propietario de Over, Daniel Mercado, terminó confesándole al juez que había participado en la financiación paralela del PP.

¿Cómo se producía el camuflaje de pagos a través del 1%? Según la tesis de los investigadores, las constructoras encargaban  y pagaban a Over o sus filiales el importe correspondiente a ese 1%  pero no porque la eligiesen por su propio criterio sino porque la Consejería de Sanidad les indicaba a quién debían contratar. Así, no quedaba ni rastro de los pagos en ningún documento público. Ese rastro habría permanecido indeleble y visible si la Consejería hubiese convocado uno o varios concursos para adjudicar las campañas de propaganda de los nuevos centros sanitarios.

El auto por el que el juez de Púnica, Manuel García Castellón, incorporó en septiembre a Aguirre a la lista de antiguos altos de primer nivel investigados por la financiación del PP madrileño –ya son tres expresidentes y seis exconsejeros– pone cifras a los efectos de la cláusula del 1%: "El importe del perjuicio causado a los fondos públicos entre los años 2006 y 2007 ascendió a 1.883.286,70 euros" en lo que a hospitales se refiere. Y a 1.190.481,83 por lo que respecta a centros de salud. El auto incluye un cuadro que desglosa los pagos efectuados por las constructoras de hospitales.

La aplicación de lo que los investigadores definen como una "cláusula nula" ocupó un espacio propio y relevante en el áspero diálogo que con la fiscal Carmen García entabló Aguirre, la mujer que hasta septiembre de 2012 dirigió con mano de hierro la Comunidad de Madrid y hasta febrero de 2016 la estructura regional del PP. Todo apunta a que Aguirre cuidó de forma especial su versión en este punto porque, a diferencia de lo que sucede en otros relacionados con la causa, la ley le otorgaba aquí un protagonismo insoslayable a la hora de tomar decisiones de las que luego se derivó "un perjuicio" para el erario regional.

Es exactamente igual que lo ocurrido con el convenio a través del cual el Gobierno de Madrid entregó a un organismo ya extinguido, Arpegio, la gestión del mayor plan inversor conocido en Madrid: el Prisma, dotado con 1.000 millones y bajo sospecha de desvío de fondos a gran escala. 

"¡Oiga!, no tiene nada que ver conmigo"

El apartado sobre la cláusula del 1% se desarrolló en un ambiente tenso: como casi todo el interrogatorio. Al diálogo entre la fiscal y Aguirre pertenecen los siguientes fragmentos, transcritos de forma literal.

Fiscal (F) ¿Quién decidió la introducción de la cláusula?

Esperanza Aguirre (A) No lo sé, no lo sé, supongo que la Consejería de Sanidad.

F. ¿Se discutió en alguna comisión, en alguna reunión?

A. He leído en el sumario que en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

F. ¿Usted estuvo?

A. Nunca, jamás he acudido a ninguna Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

F. ¿Usted tuvo que autorizar la inclusión de esa cláusula del 1% en los pliegos?

A. ¿Yo? ¡Oiga!, la Comunidad de Madrid licitará miles de pliegos, pero no tiene nada que ver conmigo. Eso lo hará el servicio jurídico, la Intervención General y en este caso, además, la Intervención General del Estado, porque el gasto de la construcción de hospitales hubo que periodificarlo en 30 años para no incurrir en el déficit.

Un minuto más tarde, reiteró su ignorancia al pronunciarse así:

– A mí, que no conocía que existía esa cláusula del 1%, lo que sí me consta es que cambiar de hospital a más de un millón y medio de personas es una cosa de la que hay que informar a la ciudadanía, cómo no, y hay que mandarles cartas a todos los enfermeros o médicos, etcétera, que van a ir al nuevo hospital o que se van a quedar en el otro. Que la tarea de información institucional en el plan de infraestructuras es enorme.

Delegar pero sin perder la presidencia

Clonada de un órgano que en 2004 ya funcionaba en el Gobierno central, el que decidió aplicar en Madrid la cláusula del 1% era la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. El decreto mencionado al inicio estipula que la presidirá quien presida la Comunidad.

Fue el consejero de Sanidad de la época investigada, Manuel Lamela, también imputado, quien confirmó ante el juez que él mismo propuso a la comisión que introdujese en los pliegos de condiciones la cláusula del 1%. Muy despectivo para con los agentes de la UCO que elaboraron el informe sobre la "nulidad" de origen de esa cláusula, Lamela enfatizó una afirmación favorable a Aguirre: que, aunque la norma –el decreto– le encomienda la presidencia de esa comisión, "siempre la presidió el vicepresidente" Ignacio González.

Antiguos altos cargos del Gobierno central aseguran a infoLibre que si bien es creíble que Aguirre delegara en el vicepresidente su asistencia a la comisión, parece poco verosímil que ignoraba las funciones de la comisión. Y remarcan que la inasistencia no la eximía de permanecer informada y de asumir sus responsabilidades como presidenta de una comisión que –como subrayó el propio Lamela– debe intervenir siempre en casos de licitaciones de importancia económica general o sectorial. Las mismas fuentes recuerdan que, por ejemplo, Mariano Rajoy acudía con regularidad a las sesiones del órgano estatal mientras que Zapatero delegaba porque no consideraba necesaria su presencia.

¿Puede alegar Aguirre, como ya hizo Alberto Ruiz-Gallardón como imputado en el caso Lezo por haber presidido Gobierno regional que autorizó la compra de una empresa colombiana, Inassa, por parte del Canal de Isabel II? Gallardón adujo, en resumen, que carecía de información sobre el daño que esa adquisición pudiese infligir al Canal por el sobreprecio (35,4 millones) de Inassa. Y lo cierto es que el juez García Castellón, que instruye Lezo y Púnica entre otros casos, entendió al igual que la Fiscalía que su argumento era cierto. En mayo, le levantó la imputación.

De momento, no hay el menor atisbo de que la Fiscalía planee pedir el archivo de las actuaciones en lo que concierne a Aguirre. Los investigadores consideran que fue ella quien "supervisó" la ejecución de un "plan preconcebido" para nutrir las arcas del PP con dinero público gracias a contratos amañados, inflados o ni siquiera realizados.

Mucho antes de que el juez abriera este verano la pieza sobre la financiación del PP, la confesión del dueño de Over Marketing  resultó clave para el avance de esa parte de la investigación. Daniel Mercado confesó que cumplió su rol en ese plan de dopaje electoral a través de dos vías. Una de ellas, la más conocida de aceptar dinero negro por trabajos para las campañas electorales. La otra fórmula consistía en cobrar de las constructoras con cargo a ese 1% pese a que en realidad al menos parte de aquellos servicios tenían como beneficiario real al partido.

Aguirre no solo niega la mayor -la financiación opaca del partido con coste para el erario madrileño- sino que durante el interrogatorio se encaró a la fiscal en su empeño por desmentir que el dueño de Over Marketing hubiese hablado de facturas falsas. Todas las declaraciones se graban. Y la de Daniel Mercado, fechada en diciembre de 2017, incluye afirmaciones cómo la de que "la gerencia del partido en Madrid" le dio instrucciones para facturar a determinadas empresas una campaña de radio y faldones de publicidad destinada al PP.

La denuncia anónima que utilizó en su día el consejero de Sanidad Manuel Lamela para iniciar todo el proceso judicial por el que acusaban al doctor Montes y su equipo de cuatrocientos asesinatos ya era conocida. Circulaba por los departamentos de la Consejería hacía tiempo e incluso se envió a un equipo para que investigara si aquello tenía el menor sentido, y los técnicos que fueron al hospital, tras un largo y exhaustivo trabajo para que no quedaran dudas, concluyeron que la denuncia era absurda y felicitaron al equipo de urgencias del hospital por su trabajo.

Al llegar el señor Lamela a la Consejería de Sanidad madrileña de la mano de Esperanza Aguirre, gracias al soborno de dos diputados del PSOE (Tamayo y Sáez), la denuncia volvió a desempolvarse, y se utilizó como bomba de relojería para llevar el debate de la Sanidad a un derrotero estúpido, pero que servía a sus fines: trabajar en la sombra para lograr la privatización de la Sanidad a escondidas, mientras los medios de comunicación hablaban de campos de exterminio. La cabeza de turco fueron las Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Este hospital era uno de los de mayor prestigio de toda España. Destacaba por su calidad asistencial a pesar de que durante mucho tiempo abarcó un área mayor que la que le correspondía, atendía a más pacientes de los que debía.

La denuncia anónima en cuestión hacía referencia al asesinato de 400 pacientes. No de golpe, con gas letal, sino a lo largo de años. Es decir, que por el normal funcionamiento de un hospital esto exigiría la colaboración de los trabajadores de todas las plantas y especialidades: médicos, enfermeros, celadores…

Es decir, tamaña estupidez no habría tenido el menor recorrido sin la colaboración necesaria de la Justicia que, en lugar de desestimar esa absurda denuncia anónima, ahora que la rescataba de la basura el consejero Lamela, decidió darle pábulo, y comenzar el proceso de investigación, declarando el secreto del sumario durante muchos meses, de forma que los propios médicos encausados no sabían de qué se les acusaba, mientras la acusación particular, una asociación de afectados que sólo consiguió dos familiares de los supuestos 400 asesinados, y que se retiraron en el juicio cuando vieron de qué iba el juego, esa asociación, misteriosamente, tuvo acceso a muchas pruebas y documentos durante la fase de instrucción que le fueron negadas a la defensa. No se presentó, como digo, ningún miembro de familias afectadas, era lo que llaman los juristas “un delito sin víctimas”.

El juez fue Rafael Rosel. El hecho de prolongar un proceso que creó alarma social y política mucho más de lo deseable, de forma incomprensible e innecesaria, supuso que ya no habría justicia para los encausados, tal y como me relató uno de ellos. El daño ya estaba hecho. Les hicieron vivir un calvario impresentable mientras en las radios y televisiones les acusaban de ser nazis exterminadores. Todo era ridículo y de una crueldad extrema.

En ningún momento estas autoridades pensaron que esa historia de los asesinatos tuviera el menor sentido. Eso dota sus acciones de una crueldad extrema, y denota la catadura moral de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela y todos los que intervinieron en este linchamiento.

A tal punto era cierto que nadie creía en este montaje, que aunque Luis Montes fue apartado de su cargo, tanto él como el resto de sus compañeros siguieron ejerciendo la medicina en el mismo hospital. Para que siguieran matando, es de suponer.

La estupidez en la que se basaron para emprender las acciones legales fue que la cifra de muertes en Urgencias del Hospital Severo Ochoa superaba con creces la de cualquier otro. Esto se debía, y los políticos lo sabían muy bien, a que en esa planta de Urgencias también estaba la unidad de enfermos terminales, que por una cuestión técnica se había ubicado allí. Es decir, que en el resto del hospital apenas moría nadie, pero este dato se ocultaba capciosamente para dar algo de credibilidad a esa teoría de médicos asesinando sistemáticamente durante años.

Finalmente, el juez Rafael Rosel desestimó las acusaciones dos años y dos meses después, algo que podía haber hecho en menos tiempo, antes de que este juego macabro para ocultar el gran negocio de la privatización de la Sanidad del que, por cierto, el señor Lamela ha sido uno de los grandes beneficiarios, destruyera la vida y la reputación de los encausados. Aún dilató un poco más el proceso para que no coincidiera con las elecciones autonómicas y municipales, y terminó de echar una manita al Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando declaró en la sentencia que esas muertes pudieron ser provocadas por la mala praxis de los médicos, aunque no se pudo probar. Para no pillarse los dedos, declaraba el señor juez una cosa y su contraria y así la caverna mediática, como en efecto ocurrió, tuvo también su titular, al tiempo que Aguirre y Lamela se iban de rositas. Bueno, el segundo, además, con un patrimonio espectacular gracias a los negocios que hacía mientras era Consejero. Ya saben eso que ahora se llama lobismo, y es legal, y antes, soborno, y era un robo, una vergüenza.

Escribía el juez en la sentencia: "Varios pacientes han muerto tras mala práctica médica a la hora de sedarles", aunque admitía que no hay pruebas de que se deba "excesivamente a los fármacos prescritos”. ¿?

¿Cómo podía afirmar que varios pacientes habían muerto tras mala práctica y a la vez que no había pruebas de tal cosa?

Recurrió el doctor Montes la sentencia para que eliminaran cualquier alusión que pudiera sembrar dudas sobre su quehacer médico. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid falló en su favor y ordenó suprimir “toda referencia sobre mala práctica de los médicos denunciados”.

Como era de esperar, y para eso se había montado la conjura político-mediático-judicial, ya nada importaba. El Gobierno estaba de nuevo en manos de Esperanza Aguirre, la Consejería de Sanidad ya había comenzado su imparable política de destrucción de la Sanidad Pública en favor de los negocios sanitarios, y de sus compañeros de partido que desembarcaron en esas sociedades, y la notificación de la sentencia definitiva llegaba muy tarde.

Las diferentes acciones difamatorias que en su día poblaban la red (especial aversión provocaba una entrevista que en su día hizo Jiménez Losantos  al consejero Lamela en la que ambos se despachaban a gusto con estos “asesinos”), se han borrado. Es difícil encontrar vestigios de aquella infame campaña en los medios de los difamadores. Como suele suceder, estos seres ignominiosos se encubren y protegen bajo el manto de la mentira y la cobardía. Cuando el caso se cerró, sin que ninguno de los responsables diera la cara, se inhibieron, llegando a afirmar el señor Lamela, artífice de toda la operación, que nada tenía que ver con el caso y que todo había sido un proceso judicial ajeno a su cometido.

Delincuentes y cobardes.

Más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid, a través de la jueza Celia Sainz de Robles, declaraba que los insultos y las acusaciones de Jiménez Losantos, Isabel San Sebastián o Cristina López Schlichting, entre otros, se encuadraban dentro del derecho de libertad de expresión que ampara la Constitución. Decían cosas del tipo: "No se trataba de aplicar morfina a enfermos terminales con horribles sufrimientos, sino que llegaba un señor con una insuficiencia respiratoria, con una apoplejía que tenía una esperanza de vida, a lo mejor de cinco años, y se lo “piolaban”.

Pura basura.

Ah, se me olvidaba, el fiscal del caso de los 400 asesinatos era Manuel Moix.

Bueno, lo dejo aquí. Estos son los que dicen que hay que cumplir la ley.

Quiero mandar un abrazo a la familia de Luis Montes, a todos sus compañeros que tuvieron que sufrir esta ignominia en forma directa, y también a todos los ciudadanos de Leganés que tantas veces salieron a la calle para defender a sus médicos, así como a mis compañeros del rodaje del documental (enlace abajo) que hicimos en su día, mientras la instrucción se estiraba deliberadamente, y que me permitió conocerles.

Para mí fue el mayor exponente de hasta dónde están dispuestos a llegar con sus mentiras, pero la gente decente de este país tiene la obligación de restablecer el honor de los injustamente perseguidos.

En ello estaremos.

El que fuera conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña entre diciembre de 2010 y enero de 2016, Boi Ruiz, acaba de sumarse a la lista de políticos que tras tener responsabilidades de gestión en la sanidad pública pasan a estar en nómina de empresas privadas del mismo sector. Este jueves, Ribera Salud, la compañía que inauguró en España el modelo de sanidad privatizada y que presume de ser la entidad líder en el sector de las concesiones administrativas sanitarias, anunció su nombramiento como nuevo miembro del consejo de administración. 

A preguntas de infoLibre, un portavoz de Ribera Salud señala que su fichaje no supone en ningún caso un quebrantamiento de la legislación vigente sobre conflicto de intereses porque han pasado más de dos años entre su cese como conseller de la Generalitat y su nombramiento como miembro del órgano de dirección de Ribera Salud, tal y como recoge la ley catalana sobre incompatibilidades. En cualquier caso, esa norma también permite a los ex altos cargos hacer ese tránsito sin tener que esperar dos años siempre que prueben que en el desempeño público no tuvieron ningún tipo de relación con expedientes relacionados con la actividad privada que pretenden emprender. 

El caso de Ruiz, además, es el ejemplo perfecto de puerta giratoria, el término de origen anglosajón que define la transición que hacen directivos de la Administración que, tras cesar de sus cargos, pasan o regresan a trabajar a empresas privadas. En 2010, cuando fue elegido por Artur Mas para formar parte del que definió como Govern de los mejores –por su importante componente tecnócrata–, Ruiz ocupaba la presidencia de la Unión Catalana de Hospitales, la gran patronal de la sanidad privada de esa comunidad. Es decir, venía del sector privado cuando recaló en la Administración. 

Ruiz entró en el Govern recomendando a los catalanes hacerse un seguro sanitario privado y advirtiendo de que el sistema, tal y como se conocía, era insostenible. Aunque no privatizó ningún hospital, las empresas privadas sí lograron durante su mandato más presencia que nunca en el sector público a través de externalizaciones de servicios y derivaciones masivas a centros de la red pública pero gestionados por empresas privadas, especialmente del holding IDCSalud (antes denominada Capio y ahora QuirónSalud). 

El citado portavoz de Ribera Salud asegura que la incorporación de Ruiz –y también la del exsecretario de Estado para la Salud del Reino Unido Alan Milburn– coincide con la consolidación del plan de expansión internacional de la compañía, que este 2017 supuso la compra de una participación de la empresa eslovaca de radiología y medicina nuclear Pro Diagnostic Group (PDG). Lo cierto es que en España la empresa se enfrenta al ocaso de una etapa de expansión lograda, principalmente, gracias a su buena sintonía política con los Gobiernos conservadores de la Comunitat Valenciana, donde centra gran parte de su actividad, y de Madrid.

La Generalitat Valenciana, ahora en manos del PSPV-PSOE y Compromís, dejó claro desde su llegada al poder a mediados de 2015 su voluntad de dar pasos para recuperar el sistema sanitario público. El próximo 31 de marzo expira la concesión del departamento de salud de La Ribera, donde está ubicado el hospital de Alzira (València), el primero que adoptó este sistema de titularidad pública y gestión privada y que dio nombre al modelo, y ha decidido que no la prorrogará. La compañía facturó 348,6 millones en 2015, provenientes casi en su totalidad de concesiones públicas, y declaró unos beneficios de 13 millones. 

Otros casos  

El de Boi Ruiz no es el único caso reciente de puerta giratoria en el sector sanitario. Esta misma semana la Cadena Ser desveló que el bufete de Manuel Lamela, el que fuera consejero de Sanidad madrileño entre 2003 y 2007, ha sido contratado para asesorar a Ambulancias Alerta, empresa a la que adjudicó un contrato para la prestación del transporte no urgente en el área atendida por los hospitales madrileños Gregorio Marañón y la Princesa. Al término del periodo contemplado, la consejería lo prorrogó aplicando además una corrección del precio al alza. En total, el contrato ascendió a 16,8 millones de euros.

Pero lo más relevante, si cabe, es que Ambulancias Alerta ha contratado al despacho de Lamela para que le asesore en los pleitos que mantiene con el actual Gobierno de Cristina Cifuentes. En concreto, la compañía de transporte sanitario pretende impugnar el contrato del servicio de transporte programado, que es el que utilizan enfermos que tienen citas concertadas y no pueden acudir por sus propios medios, y que el Ejecutivo regional adjudicó a cuatro empresas recientemente. 

Pero esta no es, ni mucho menos, la única vinculación de Lamela con la sanidad privada. En 2010, dos años después de abandonar la consejería creó la empresa Madrid Medical Destination, S. L., encaminada a "posicionar" a la Comunidad como potencia de turismo sanitario de primer nivel. Según informó El País, presentó su proyecto rodeado de dos altos cargos del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, entonces liderado por Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente de la patronal. Entre sus clientes estaban empresas como la antigua Capio o MD Anderson. Y tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones.

Además, ese mismo año Lamela entró a formar parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, la empresa que lidera la gestión del hospital madrileño del Tajo, en Aranjuez, precisamente uno de los hospitales semipúblicos que él adjudicó en su etapa como consejero. Y, en 2013, el Ministerio de Sanidad encargó a la consultora BAPPH (Business Assessment Plans and Projects Healthcare SL), de la que Lamela era miembro, un contrato de asesoramiento para la puesta en marcha de "un nuevo modelo de gestión clínica" en los hospitales de Ceuta y Melilla, los dos únicos de gestión estatal. 

También fueron polémicos los vínculos con la sanidad privada de su sucesor en la Consejería de Sanidad madrileña, Juan José Güemes, que estuvo en el cargo hasta marzo de 2010. Acabó dejando el puesto de consejero que tenía en la empresa Unilabs después de que se desvelara en enero de 2013 que esa compañía había comprado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) a la que el Ejecutivo madrileño había adjudicado en 2009, precisamente cuando él era consejero, la realización de los análisis clínicos de seis hospitales de la red pública. Ahora Güemes trabaja en el IE Business School (antiguo Instituto de Empresa). 

El camino inverso al de Lamela y Güemes fue el que recorrió Antonio Burgueño, que fue director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid entre junio de 2008 y febrero de 2014. Médico de profesión, recaló en ese puesto directamente desde un cargo directivo en la aseguradora sanitaria Adeslas, donde había impulsado el modelo de sanidad privatizada a través del llamado modelo Alzira.

De hecho, su gran proyecto en el ámbito público fue impulsar la privatización de la gestión de seis hospitales públicos madrileños, lo que suponía cambiar los cimientos del sistema sanitario madrileño tal y como se conocía hasta la fecha. Ese plan fracasó por la ofensiva que profesionales sanitarios, pacientes, sindicatos y partidos de la oposición mantuvieron durante quince meses en los tribunales, la calle y los centros de trabajo. Y acabó llevándose por delante al entonces consejero Javier Fernández Lasquetty y a otros altos cargos. Entre ellos, a él mismo. 

La Comunidad de Madrid entregó entre mayo de 2011 y marzo de 2015, bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, la gestión de 98,5 millones para innovación a Madrid Network, una "asociación privada" sin ánimo de lucro que funciona integrada por clusters de empresas –una figura similar a los lobbies–, mantiene sus cuentas anuales en secreto y durante años ha funcionado con una estructura directiva que en sí misma es un misterio. Los datos extraídos este lunes por infoLibre del Registro de Asociaciones de Madrid señalan que Arturo Fernández, ahora condenado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid e imputado en la Operación Púnica por presunta financiación del PP madrileño, fue vicepresidente de Madrid Network siete años por su condición de jefe de la patronal madrileña: exactamente, entre el 30 de junio de 2009 y la misma fecha de 2016. Pero Fernández, en declaraciones a este periódico, niega de forma tajante haber tenido el menor vínculo efectivo con Madrid Network: "Jamás –dijo por teléfono este martes– he participado en nada, ni he aprobado cuentas ni nada, no sé ni dónde está su sede". Una portavoz de Madrid Network aseguró que la patronal CEIM comunicó a Madrid Network el "cambio de representante" en enero de 2015. En el Registro de Asociaciones no consta ninguna dimisión ni cese en esa fecha.

Entre el 23 de mayo de 2011 y el 15 de marzo de 2015, Madrid Network firmó con la Comunidad de Madrid cuatro convenios: el primero, para la gestión de un macropréstamo de 80 millones librado por el Gobierno central y del que solo se beneficiaron las entidades afiliadas a la asociación. Los  otros tres acuerdos tenían por objeto canalizar otras tantas líneas de ayudas públicas igualmente destinadas a innovación y cofinanciadas por la Unión Europea. Los cuatro convenios dejaron en manos de la asociación el reparto efectivo de 98,5 millones de euros en total. Adicionalmente, ha recibido otros 6,8 millones de euros en subvenciones de la Comunidad de Madrid. 

Entre los beneficiarios de aquel macropréstamo de 80 millones figuran empresas vinculadas a antiguos altos cargos, entre ellos, Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de Madrid, e Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II. Tanto la asociación que capitaneaba Lamela y a la que Madrid Network otorgó medio millón para promover la medicina privada como las dos empresas de Ildefonso de Miguel que obtuvieron 3,2 millones aparecían a comienzos de año en el listado de deudores morosos que se niegan a devolver el dinero pese a haber incumplido las condiciones del préstamo.

Una portavoz de Madrid Network confirmó a este diario que las cuentas de la asociación no se depositan ni en el Registro Mercantil ni en el de Asociaciones y destacó que, "aunque no está obligada", Madrid Network "siempre" las ha sometido a auditoría externa. Este diario había solicitado acceso a los balances y memorias anuales de actividad dado el carácter eminentemente público de los fondos que maneja la asociación, que entre noviembre de 2007 y enero de 2011 tuvo como presidente nato al consejero de Economía de Madrid. Madrid Network no ha accedido a facilitar ni sus balances ni sus memorias. Fuentes del Ejecutivo madrileño dice que tampoco han visto nunca esos documentos.

El único atisbo de fiscalización a que está sometida Madrid Network lo proporciona la comisión bilateral Gobierno-Comunidad que hace seguimiento periódico del préstamo de 80 millones. Pero nadie ajeno a la asociación sabe a ciencia cierta si, tal como sostuvo en la Asamblea de Madrid la diputada de Ciudadanos Susana Solís, Madrid Network ha cobrado a los destinatarios de créditos un tanto por gestión que habría incrementado el tipo de interés efectivo en más de cinco puntos.

Constituida en mayo de 2007, en vísperas de que Arturo Fernández, amigo de infancia de Esperanza Aguirre, se convirtiera en líder de la patronal madrileña, la asociación tuvo tres socios fundadores: la Comunidad de Madrid, CEIM y la Cámara de Comercio, entonces también controlada por Fernández. Hasta junio de 2009, la presidencia correspondió estatutariamente a la Consejería de Economía. Pese a que el grueso de los fondos que desde el inicio ha manejado son gubernamentales, Madrid Network jamás ha solicitado ser declarada como asociación de utilidad pública. Hacerlo le habría reportado ventajas fiscales. Pero le habría obligado a presentar cada año un balance y una memoria en el Registro de Asociaciones.

¿Y quién dirigía entonces la asociación?

Fue Antonio Beteta, hasta noviembre secretario de Estado de Administraciones Públicas y en 2011 consejero de Economía de Madrid, quien en mayo de aquel año firmó con Madrid Network el primero de los cuatro convenios encomendados por el equipo de Aguirre a esa asociación. El convenio consideraba a Madrid Network beneficiaria y al mismo tiempo canalizadora del crédito de 80 millones que siete meses antes había concedido el ahora extinto Ministerio de Ciencia al Ejecutivo regional para I+D. A un tipo de interés del 1,232%, con un periodo de carencia de cinco años desde el año siguiente al de concesión del préstamo y un periodo de reembolso de 10 años adicionales, la concesión de los préstamos no estuvo sujeta ni a publicidad ni a concurrencia universal: solo los en torno a 600 asociados de Madrid Network –"grandes y pequeñas empresas, centros de investigación y universidades"– accedieron a ellos. 

El aspecto más sorprendente de aquel convenio es que se firmó como continuación de otro que, el 29 de diciembre de 2010, había suscrito Madrid Network con el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) el 29 de diciembre de 2010. Organismo netamente público adscrito al Gobierno regional, el Imade era el protagonista oficial del acuerdo original de la serie: aquel que el 27 de octubre 2010 habían sellado Cristina Garmendia como ministra de Ciencia e Innovación y Esperanza Aguirre como presidenta de Madrid para asegurar el reparto de aquellos 80 millones de créditos blandos. Pero el 13 de diciembre de 2010, es decir, solo un mes y medio después, el Gobierno de Aguirre decretó por ley la extinción del Imade como parte de lo que entonces se presentó como un ambicioso programa de ahorro y racionalización que implicaba eliminar 102 entes regionales.

Lo anterior no fue óbice para que el 29 de diciembre el Imade rubricase después de legalmente muerto un acuerdo de colaboración con Madrid Network. A los cinco meses, llegó el paso lógico en la secuencia: el consejero de Economía, Antonio Beteta, suscribió un segundo convenio por el que Madrid Network, una asociación privada ajena a la fiscalización pública y que para ese momento ya había prescindido del trámite de adjudicar su presidencia a la Consejería de Economía de Madrid, asumía las obligaciones y derechos del difunto Imade en cuanto al préstamo para innovación. Fuentes del actual equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid sostienen que el Ministerio de Ciencia, dirigido por Garmendia hasta que el Gobierno de Rajoy tomó posesión el 22 de diciembre de 2011, no puso objeciones a la entrada en escena de Madrid Network.

Cuando el convenio quedó firmado, Beteta ya había dado el relevo en la cúpula de Madrid Network a Aurelio García de Sola. Es decir, a quien presidió el Imade hasta su extinción.

Según fuentes ajenas a Madrid Network pero que aseguran conocer lo sucedido, García de Sola cesó como máximo responsable de esa asociación en octubre de 2012. A tenor de esa versión, Madrid Network quedó desde entonces y hasta junio de 2016 bajo control de "sus vicepresidentes". Desde luego, uno de los dos que habían sido reelegidos para el cargo en la asamblea celebrada el 10 de enero de 2011 para un periodo de cinco años, niega haber pertenecido ni entonces ni nunca a la junta directiva: el ya citado Arturo Fernández. Quién dirigió oficialmente la asociación hasta el 30 de junio de 2016 es otra incógnita. En esa última fecha, Madrid Network nombró una directiva profesionalizada con la Asociación Plataforma de la Biotecnología en la presidencia. Este diario no ha logrado contactar con García de Sola.

La práctica de imponer a los adjudicatarios de obra de la Comunidad de Madrid que destinasen el 1% del presupuesto a supuesta publicidad institucional, bajo la que los investigadores de Púnica sospechan que se ocultaban actos para el PP, no fue exclusiva de la Consejería de Sanidad. Al menos hasta mediados de 2014, también la Consejería de Transportes e Infraestructuras aplicó esa cláusula en los contratos para mejora de la red viaria.

Al igual que sucedía con los nuevos hospitales, esas campañas –"Planes de Información", era su nombre oficial– no quedaban bajo la supervisión de ningún funcionario sino de un eventual. Es decir, de un asesor elegido a dedo por los altos cargos de cada consejería: G.R., en el caso de los hospitales; A.R., en el de las carreteras. El primero, y así consta en un atestado de la Guardia Civil incorporado a las actuaciones de Púnica, firmaba cada mes un documento según el cual las empresas encargadas de los "Planes de Información" de los nuevos hospitales habían cumplido su cometido y solo quedaba pagarles. Sobre A.R., que era el encargado de esa tarea en la Dirección General de Carreteras, este diario no ha logrado averiguar si su nombre aparece en la causa de Púnica. Pero el relato de quienes conocían la existencia de esas prácticas en la Consejería de Transportes e Infraestructuras coincide punto por punto con el que se desprende del atestado policial sobre el 1% de los hospitales. 

Fue precisamente el temor de algunos directores de obra a que se les estuviese obligando a certificar gastos irreales y a incurrir por tanto en una eventual responsabilidad administrativa y/o penal lo que puso en alerta a los sindicatos. En la primavera de 2013, la junta de personal de la Consejería de Transportes e Infraestructura, que representa a los funcionarios, exigió explicaciones a quien en ese momento ya era viceconsejero: Borja Carabante, actual consejero delegado de Metro de Madrid y que entre 2008 y 2011 ocupó la Dirección General de Carreteras.

Personas que entonces formaban parte de la plantilla en aquel momento recuerdan que no hubo respuesta a sus interrogantes pero que, a partir de entonces, la cláusula se fue esfumando. Lo que la junta de personal preguntó en aquel momento fue muy parecido a lo que la Guardia Civil les ha preguntado ahora a tres cargos de la sanidad madrileña en relación al 1% del pliego de los nuevos hospitales: qué empresas realizaban las campañas previstas en esa cláusula, cómo se las elegía, qué importe facturaban esas firmas de publicidad a los adjudicatarios de obras y con qué criterio "se asigna a personal eventual ajeno a la dirección de cada obra la gestión de dichas facturas".

infoLibre dispone de copia de siete facturas emitidas con cargo a ese 1%. Al menos una de las que se emitieron –por Traci Comunicación– consta entre aquellas que, según la Fiscalía Anticorrupción, se hicieron con contratos fraudulentos de Arpegio, la empresa pública que bajo el control de Francisco Granados gestionó el mayor plan –el Prisma– de inversión pública de Madrid, dotado con 1.000 millones.

El pasado viernes por la mañana, infoLibre comunicó a los portavoces oficiales de la Consejería de Trasportes e Infraestructuras de Madrid los datos que había recabado sobre la aplicación del 1% en la Dirección General de Carreteras y les solicitó la versión de Borja Carabante. Esas fuentes oficiales declinaron cualquier pronunciamiento bajo el argumento de que el juez Eloy Velasco, hasta junio instructor de Púnica, había prohibido taxativamente hablar de los contratos requeridos por la Guardia Civil en marzo. La Consejería ni siquiera se avino a explicar el porqué tras el verano de 2014 la cláusula desaparece en los contratos disponibles a través del Perfil del Contratante. ¿Hay algún nexo entre la desaparición del párrafo del 1% y el estallido de Púnica el 27 de octubre de aquel año? Esa es una más de las incógnitas pendientes.

Campaña de "Sillas de bebé" en la "obra de refuerzo de la M-206"

En teoría, esas supuestas campañas o "Planes de Información" financiados con cargo al 1% y ejecutados por firmas que no se habían sometido a ninguna licitación previa debían publicitar la obra a la que iban vinculadas. Pero entre las facturas obtenidas por infoLibre figura una que en sí misma abona las sospechas. Su concepto dice lo siguiente: "Campaña publicitaria Sillas bebé, referente al 1% de gastos de publicidad según pliego de la obra de refuerzo M-206", al sureste de la Comunidad. El importe asciende a 17.473 euros. 

Este diario inquirió de forma expresa por esa factura a la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Tampoco aquí hubo respuesta. Ni siquiera ante la pregunta de si no ofrece su enunciado más similitudes con una campaña de la DGT que con la que hipotéticamente cabría desplegar para difundir las bondades de una carretera comarcal reformada. La empresa que la emitió no pudo ser contactada.

El 1% impuesto en el pliego de condiciones tanto en hospitales como en carreteras e incluso en contratos relativos al Metro se traducía buena parte de las veces en cifras muy inferiores a las que las operaciones Gürtel y Púnica han sacado a la luz.

Pero precisamente su moderada cuantía les hizo pasar bajo el radar durante años pese a que eran ejecutados por empresas que nadie sabe aún cómo ni con qué criterios ni por quién resultaban elegidas. Y que su supervisión se encomendaba a cargos de confianza y no a funcionarios. Entre esas empresas figuran varias que ya están siendo investigadas en Púnica por presunta financiación ilegal del PP. Entre ellas, Over Marketing y sus sociedades satélite, cuyo propietario ya admitió hace cinco años que había recibido contratos amañados también en Madrid. Y que había hecho actos gratis para el PP. Entre las compañías del grupo Over figura Traci Comunicación.

Over Marketing y otras empresas investigadas por presunta financiación del PP se repartieron más de 23 millones en contratos públicos de Madrid durante la década de poder de Esperanza Aguirre. Esas cifras no incluyen ni lo que facturaron a las adjudicatarias de la construcción de hospitales –más de dos millones– ni a adjudicatarias de obras licitadas por Transportes e Infraestructuras. 

Tres testigos de la Operación Púnica que en la pasada década ocupaban cargos de relevancia en la sanidad pública madrileña han afianzado con sus declaraciones ante la UCO la sospecha de que la conocida como cláusula del 1% para publicidad de seis nuevos hospitales ocultaba en realidad el pago de comisiones en especie para el PP. ¿Qué tipo de comisiones en especie? Los investigadores sostienen que la respuesta se resume así: publicidad electoral que habrían sufragado las constructoras de esos hospitales bajo el camuflaje de un inexistente Plan de Información.

La campaña para las municipales y autonómicas de 2007, donde Esperanza Aguirre anudó su poder institucional tras aquella primera victoria que siguió al tamayazo de 2003, se sitúa así de nuevo bajo el foco. Además de a Francisco Granados, ahora en libertad bajo fianza y entonces consejero de Presidencia, las declaraciones ponen también en el ojo del huracán a quien en aquel momento dirigía la Consejería de Sanidad, Manuel Lamela.  

La transcripción de esas tres declaraciones, una de ellas nada menos que la de la entonces directora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y a las que infoLibre ha tenido acceso, constata que ninguno de los tres testigos supo nunca a qué se dedicó ese 1% ni quién supervisaba la ejecución de cada supuesta campaña de información a que también oficialmente iba destinado ni con qué criterio se elegía a las empresas de publicidad. Y aseguran que tampoco tuvieron jamás noción de por qué se introdujo esa cláusula en el pliego de condiciones para la construcción de los hospitales pese a que hacerlo de ese modo no solo constituía una fórmula menos transparente que convocar un concurso separado de publicidad sino que encarecía el coste global de la obra.

"Es más eficiente sacar un concurso público aparte que englobe toda la comunicación e información, es más económico", respondió la exdirectora del Sermas cuando la Guardia Civil la interrogó sobre ese punto. "La cantidad relacionada con el 1% no le parece un gasto razonado", contestó a esa misma pregunta el jefe de contratación de la Consejería de Sanidad, que mantiene ese puesto. "Sí, por supuesto", convino el tercer testigo, exjefe de sección de contratación, cuando la UCO indagó sobre si al incluir la obligación de abonar hasta el 1% en concepto de información y publicidad de las obras se estaba incrementando de una forma indirecta el importe de oferta de cada licitador, lo que finalmente implicaba un aumento de gasto para la Administración.

Sus declaraciones colocan en el vórtice a Francisco Granados, que nunca había abandonado esa posición y ahora se encuentra en gira de entrevistas tras su recuperada libertad bajo fianza. Pero también a Manuel Lamela, que debe su fama al frente de la sanidad madrileña entre 2003 y 2007 no tanto a su defensa de la privatización hospitalaria como a la cacería a que fueron sometidos varios médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés acusados por una denuncia anónima de haber perpetrado "400 homicidios".

Los tres testigos los colocan a ambos en el centro del vendaval de Púnica por lo siguiente: según la exdirectora del Sermas, la cláusula del 1% ya figuraba en los pliegos cuando accedió a ese cargo en 2005, pero que en cualquier caso la selección de las empresas que debían publicitar los nuevos hospitales y el contenido exacto de esas campañas de información se dirigía "desde la Consejería de Presidencia y desde el Gabinete de Prensa situado en la sede de la Puerta del Sol". El exjefe de servicio fue más lejos: "Cree recordar –se lee en su declaración– que ese apartado [el del 1% para publicidad] se incluía en los pliegos por una instrucción interna recibida desde la Consejería de Presidencia o desde la Consejería de Sanidad", y el consejero, añadió, era Manuel Lamela. Y el jefe de contratación de la Consejería de Sanidad, a quien también la Guardia Civil le preguntó por el contenido de los planes de información sobre los nuevos hospitales, ofreció esta respuesta: "Que lo desconoce, que este Plan dependía del Gabinete del consejero de Sanidad Manuel Lamela".

Los investigadores del caso creen que ese 1% sirvió para que empresas de publicidad ya investigadas por presunta financiación ilegal del PP facturasen servicios de propaganda electoral a las empresas adjudicatarias de la construcción de esos nuevos centros sanitarios. Los documentos incorporados a la causa prueban que múltiples facturas endosadas a distintas constructoras con cargo a la cláusula del 1% fueron emitidas por Over Marketing y sus sociedades satélite. El propietario de ese grupo de publicidad ya admitió que hacía actos gratis para el PP. Y que ese era posiblemente el "beneficio" que podían haber obtenido quienes le adjudicaban contratos amañados.

El bloqueo a la devolución de un préstamo público concedido en 2011 a una asociación fundada por Manuel Lamela, exconsejero madrileño de Sanidad, para promover el turismo sanitario privado ha agravado las sospechas que ya planeaban sobre las operaciones crediticias del organismo Madrid Network. 

La devolución del medio millón otorgado a la asociación "sin ánimo de lucro" Madrid Centro Médico (MCM) lleva bloqueada dos años en un juzgado de Madrid porque Lamela aduce que su mandato como presidente de esa entidad "caducó hace más de cuatro años" y que, por tanto, el asunto no le concierne. Madrid Network le reclamó los 500.000 euros aportados tras comprobar el incumplimiento de los plazos de ejecución pactados.

El juez, aseguran fuentes conocedoras de la demanda interpuesta por Madrid Network en abril de 2015, ha comunicado a Madrid Network que los datos obrantes en el Registro de Asociaciones indican no obstante que Lamela continúa al frente de MCM. Y que, dadas las circunstancias, no tiene claro a quién debe reclamarle el dinero. Lamela, a quien infoLibre comunicó ese extremo, no accedió a rebatirlo ni a confirmarlo ni a matizarlo.

¿Ha desaparecido del mapa Madrid Centro Médico, en cuya conformación participaron grandes empresas del sector privado y que fue presentada a bombo y platillo en julio de 2011? ¿Estamos ante una asociación fantasma? Las palabras del expresidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, una de las figuras públicas de cuya intervención en aquel acto informaron los medios, alimentan las dudas.

Condenado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid e investigado por la presunta financiación ilegal del PP, Fernández admitió este miércoles en conversación telefónica con infoLibre que Lamela le ofreció sumarse a la asociación pero que el plan de fomentar el turismo sanitario con destino a Madrid nunca tomó cuerpo. Tras remarcar que hablaba de memoria y que no recuerda si firmó algún documento -"creo que no", deslizó-, Fernández relató así lo sucedido: "Lamela me dijo que si quería estar y yo le dije que sí pero la asociación no llegó a funcionar". Fernández va más allá: "Después de la presentación pública nunca más se volvió a saber nada de la asociación. Cero patatero".  Este diario informó también a Lamela de lo dicho por el expresidente de Ceim y le pidió su versión sobre ese punto. Tampoco aquí hubo respuesta.

Madrid Network acudió a los tribunales en abril de 2015 después de que MCM incumpliera el acuerdo alcanzado dos años antes para devolver el dinero a plazos. La asociación solo reintegró dos. A día de hoy, nadie sabe dónde está el medio millón que el organismo semipúblico llegó a transferirle. El préstamo total concedido ascendía a 1,3 millones pero la constatación de que el proyecto no se estaba ejecutando frenó el envío del resto del dinero.

Los fondos procedían del ahora extinto Ministerio de Ciencia, que en 2011 entregó 80 millones a la Comunidad de Madrid para iniciativas de I+D. Por razones todavía inexplicadas, el Gobierno regional terminó dejando el reparto de aquellos 80 millones en manos de Madrid Network, un organismo a caballo entre lo público y lo privado que distribuyó las ayudas solo entre sus asociados. Y MCM lo era. Como lo eran otras dos empresas vinculadas al exgerente del Canal de Isabel II, el ahora investigado Ildefonso de Miguel, que ingresaron de Madrid Network 3,2 millones cuyo destino real tampoco se conoce.

El proyecto impulsado por el exconsejero madrileño de Sanidad se denominada Madrid Medical Destination. Se trata de un nombre idéntico al elegido por Lamela para bautizar una de las compañías mercantiles que fundó tras su retirada de la política institucional en 2008. Consejero de Sanidad con Esperanza Aguirre hasta junio de 2007 y luego consejero de Transportes hasta el mismo mes de 2008, el principal hito asociado a Manuel Lamela es el de haber dado pábulo a la denuncia anónima que en 2005 acusó en falso a varios médicos del hospital Severo Ochoa de haber perpetrado "400 homicidios" con sedaciones ilegales. La denuncia acabó archivada.

El testaferro uruguayo que según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco utilizaba Ignacio González para sus inversiones en negro, el abogado Fernando Belhot, ha participado en varios negocios en España y en Argentina.

El auto que redactó el magistrado para enviar a González destaca que los integrantes de la red corrupta planearon "sondear al abogado uruguayo Fernando Belhot, relacionado con el blanqueo de capitales de un determinado caso de corrupción en Argentina, para crear algún tipo de estructura financiera a largo plazo para canalizar capitales junto con Eduardo Zaplana, lo que indiciariamente apunta a la tenencia de activos financieros en el exterior", explica la resolución.

En una de las comunicaciones intervenidas, González propuso a Zaplana crear una estructura financiera "a través del abogado uruguayo", y como elemento positivo ambos excargos del PP resaltaron el hecho que este testaferro trabajara en Países Bajos, Estados Unidos o Uruguay. "El hecho de que pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información tributaria no están declarados", destaca el juez en su auto.

infoLibre ha comprobado que el uruguayo Belhot ha estado vinculado con al menos tres empresas en España: South Capital Participaciones, Rayet Construcciones y la firma Shieer Ibérica Biotec SL. La primera, South Capital Participaciones, es una filial de su firma uruguaya South Capital Partners. Ambas firmas aparecen en la investigación del juez Velasco, que temía que los directivos de estas sociedades pudieran alertar a los investigados.

"Capital indeterminado"

"Se ha evidenciado el ánimo de adquisición y constitución de sociedades dedicadas a diversos objetos sociales a través de destrezas financieras orientadas a velar la titularidad real de las mismas y aflorar así capital de origen indeterminado que podría guardar relación con sus supuestas actividades criminales", destaca el juez Velasco, que incluye entre estas iniciativas ilegales el proyecto de entrada en el capital de South Capital Participaciones y la compra de la firma Auditel.

En el auto de la Operación Lezo aparecen dos importantes inversiones de la trama liderada por González en las que se alude al testaferro argentino. La primera sería la compra del 50%, junto con el exministro del PP Eduardo Zaplana, de una sociedad relacionada con el abogado uruguayo Fernando Belhot, cuyo despacho facilita a sus clientes estructuras societarias en numerosos países- que controlaría los derechos de patente de un producto de desinfección de agua. Se trataría de la sociedad Shieer Ibérica Biotec SL, encargada de la descontaminación de aguas.

La investigación ha revelado los planes de González para acometer esta inversión "a través de sociedades opacas, testaferros e incluso el método en que obtendría los beneficios para que no se le vinculase con la invesión", destaca el auto.

En concreto, y siempre según el juez, González planeó la adquisición de una parte del accionariado de la sociedad Auditel, que los hermanos González valoran en una suma que va de uno a tres millones. "Llama la atención que Pablo González asegure que Ignacio González estaba interesado en el negocio y que dé a entender que existe dinero para afrontar la inversión. Los hermanos González barajan aprovechar los servicios del abogado uruguayo Fernando Belhot como herramienta para materializar la inversión de Ignacio González, que según el juez "conoce de primera mano casos de corrupción relacionados con determinadas empresas licitadoras del sector público como fue el caso del videomarcador del Palacio de los Deportes de Madrid. Sobre esta concreta licitación existen indicios de que la manipuló en favor de los intereses de su hermano Pablo González y Auditel", asegura el auto de Velasco.

Pago de comisiones en el extranjero

Por eso, el juez pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que en el registro de la firma Auditel buscara "información relacionada con el presunto pago de comisiones en el extranjero", según consta en un auto secreto al que ha tenido acceso infoLibre.

Asimismo, el abogado uruguayo Fernando Belhot fue apoderado de la constructora Rayet Construcciones entre los años 2010 y 2014. En esta firma también aparece como presidente el exconcejal del PP del Ayuntamiento de Madrid Sigfrido Herráez (2007-2010). 

Según el diario El País, el exconcejal de Vivienda del PP Sigfrido Herráez abandonó el Ayuntamiento de Madrid el 26 de septiembre de 2005, y, una semana más tarde, fichó por la constructora. Rayet construyó dos proyectos urbanísticos en el Ensanche de Vallecas, una zona que fue directamente administrada por Herráez como concejal. Además, la mujer de este exconcejal del PP, María Gálvez, apareció vinculada al hospital Infanta Leonor, también del Ensanche de Vallecas, y que acabó en manos del empresario José Luis Ulibarri, imputado en Gürtel.

El exconsejero Lamela

Precisamente relacionado con la sanidad, el tesfaerro uruguayo participó en 2012 en una reunión con el embajador de Uruguay en Madrid, Francisco Bustillo, y el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, que entre 2003 y 2007 promovió siete hospitales de gestión privado bajo los Gobiernos de Esperanza Aguirre. Al abandonar la política, Lamela acabó trabajando para uno de estos hospitales, en concreto con el Hospital del Tajo (Aranjuez).  

infoLibre se ha puesto en contacto con Lamela, que ha negado que la Fundación Lafer, que él preside, mantenga relaciones de cualquier tipo con el testaferro uruguayo de González: "Tuvimos la oportunidad de conocerlo por una jornada en noviembre del 2012 organizada junto con la Embajada de Uruguay en España. Desde entonces no hemos tenido relación alguna profesional ni de otro tipo", especifica Lamela

El testaferro uruguayo tiene además cuentas pendientes con la justicia argentina, país en el que su nombre ha aparecido involucrado con el denominado caso Ciccone,caso Ciccone por el que fue procesado el exvicepresidente argentino Amado Boudou por blanqueo de capitales.

El abogado argentino Jorge Vitale denunció ante la Justicia de Uruguay que una de las empresas que aparece en el caso Gürtel como destino de una transferencia de un millón de euroscaso Gürtel del extesorero del PP Luis Bárcenas también está incluida en un caso de corrupción en Argentina. En este caso está siendo investigado el actual vicepresidente del país sudamericano, Amado Boudou, el número dos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela, quien ejerce actualmente en el sector de la sanidad privada, fue contratado por la empresa minera Berkeley, una compañía australiana que prevé construir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), como representante de sus intereses en el la Unión Europea, según informó este miércoles la Cadena SER.

De este modo, el acuerdo contempla al despacho privado de Lamela como el único intermediario reconocido de la minera con los organismos europeos.

El 26 de diciembre del pasado año Lamela inscribió su despacho, Acountax, en el registro de lobbies de la UE declarando la minera como único cliente y a él como único lobbista autorizado. La inscripción fue realizada sólo un mes después del nombramiento de Miguel Arias Cañete como comisario de Energía. El exconsejero no ha trabajado nunca en el ámbito energético ni minero pero sí lo ha hecho varios años como número dos del ahora comisario cuando éste era ministro de Agricultura. 

Tras el fichaje de Manuel Lamela, el departamento de Arias Cañete (del que depende el Euratom, organismo responsable de coordinar los programas nucleares) examinó el proyecto minero de Berkeley en Salamanca, con su posterior aprobación.

El propio Cañete firmó el dictamen positivo sobre la mina de uranio, resaltando "los progresos realizados por la empresa en el cumplimiento de las obligaciones de comunicación a la UE" al tiempo que destacaba que la iniciativa responde a la "estrategia energética de la Unión Europea". Sin embargo, el contenido del informe es inaccesible, según informa la SER, debido a que está clasificado "a petición de la propia empresa", tal y como asegura el organismo europeo.

Por su parte, Berkeley niega que el fichaje de Lamela guarde relación con Arias Cañete, y explica que "la empresa puede contratar a los profesionales que tenga por conveniente", mientras que el departamento de Cañete asegura en declaraciones a la SER que "en ningún caso" la contratación de Lamela afectó a su dictamen.

La autorización definitiva para comenzar el proyecto minero en el centro de un bosque de gran valor ecológico y ambiental, fue concedida el pasado 25 de septiembre por el Ministerio de Industria a través de la Secretaría de Estado de Energía. 

El de consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid parece un cargo de alto riesgo. El puesto lleva años en el punto de mira, ya sea por el propio perfil del responsable o por las funciones que se le encomiendan. Y el actual titular de este departamento no parece que vaya a acabar con este rumbo. Diplomado en Enfermería y doctor en Medicina, Jesús Sánchez Martos estaba llamado a pacificar las relaciones del Gobierno regional con los profesionales de la sanidad madrileña, que se han mostrado muy beligerantes en los últimos años contra las políticas de privatizaciones y recortes. 

Su perfil locuaz –antes que consejero fue tertuliano en Telemadrid, donde sus opiniones de experto en materia de salud eran habituales en la parrilla– no está contribuyendo demasiado, al menos por el momento, a favorecer las relaciones con el sector. Los profesionales consultados por este periódico admiten que ha habido un cambio en las formas porque desde que está en el cargo ya se ha reunido con todos los sindicatos y asociaciones profesionales, pero no en el fondo. Y añaden que sus últimas perlas dialécticas no ayudan demasiado.

Sin ir más lejos, este mismo lunes se reunió con representantes de la marea blanca –integrada por trabajadores y usuarios contrarios al plan privatizador que el PP quería poner en marcha en la sanidad madrileña–, a los que puso como condición para estudiar sus propuestas que dejaran de manifestarse. El colectivo, que lleva a cabo una movilización por las calles de Madrid los terceros domingos de cada mes, ya ha reiterado que piensa seguir convocando sus manifestaciones. 

infoLibre repasa a continuación los perfiles de los responsables que han ocupado la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid desde 2003 recogiendo cuáles son las principales situaciones a las que se enfrentaron y el contexto que rodeó a sus renuncias:

Jesús Sánchez Martos, de Telemadrid a la consejería (2015) 

Cuando tomó posesión el pasado 27 de junio, Jesús Sánchez Martos dijo que le gustaría ser conocido como "el consejero esponja". Desde entonces se ha reunido con los sindicatos de la mesa sectorial, con los que la relación estaba rota tras una pugna de meses librada en la calle, en los centros de trabajo y en los tribunales como consecuencia del plan privatizador. También con asociaciones profesionales. Y ha dado pasos relevantes como modificar los criterios en relación a la lista de espera quirúrgica, pues Madrid fue expulsada del cómputo nacional en 2005 por incluir a los pacientes en la lista cuando ya han sido vistos por el anestesista y se les han realizado pruebas preoperatorias, lo que reduce sensiblemente los tiempos. 

Sin embargo, en estos meses también le ha dado tiempo a meter la pata en algunas ocasiones. Su última ocurrencia ha sido pedir a los representantes de la marea blanca que dejen de convocar manifestaciones si quieren que estudie sus propuestas, tal y como aseguraron los miembros de este colectivo al término de la reunión que mantuvieron este lunes. A preguntas de infoLibre, un portavoz de la consejería declina dar detalles del encuentro y se limita a poner en valor la voluntad de diálogo del consejero al haber propuesto él mismo esa reunión. 

Pero esta no es la única salida de tono. Hace una semana, en una entrevista en el Canal Enfermero, comparó a los refugiados sirios con un marido al que su mujer echa de casa. "Si usted me recibe a mí como refugiado porque mi mujer se ha cansado de mí y me ha echado de casa, y usted me acepta como refugiado, me imagino que me dará un sitio donde dormir, me dejará ver la televisión, me dará usted de cenar, podré cenar con su familia o en otro sitio", señaló.

También sacó los pies del tiesto el pasado julio, cuando se permitió bromear sobre la pobreza infantil en Madrid. Siguiendo la estela del expresidente Ignacio González, negó que en la Comunidad de Madrid haya niños desnutridos. "Puede ser que exista malnutrición pero no una desnutrición. Yo hoy estoy malnutrido. No sé si me dará tiempo a cenar y merendar no he merendado", afirmó en una entrevista en la Cadena Ser. 

En esa misma entrevista defendió también la gestión privada de la sanidad pública. "Si un gestor de un hospital público no es capaz de hacer una gestión eficaz habrá que buscar una gestión privada. Una gestión privada no significa una privatización", aseveró. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, que plasmó en el acuerdo con Ciudadanos el compromiso de no llevar a cabo más privatizaciones en la gestión de la sanidad madrileña, tuvo que salir a desautorizarlo. 

JAVIER RODRÍGUEZ, el médico que cayó por la crisis del ébola (2014)

El paso de Javier Rodríguez por la Consejería de Sanidad madrileña fue breve. Tomó posesión en febrero de 2014, después de que su predecesor, Javier Fernández Lasquetty, dejara el cargo tras el descalabro de su plan para privatizar la gestión de seis hospitales construidos con fondos públicos. Y fue destituido en diciembre de ese mismo año, un día después de asegurar que si él "lo hubiese hecho mal" Teresa Romero –la técnica de enfermería que logró superar la infección por el virus del Ébola– "no estaría hablando" y de añadir que si su gestión frente de esa crisis no hubiese sido la correcta, "España seguiría teniendo esta enfermedad".

Anteriormente, y con la enferma todavía en el hospital, Rodríguez se embarcó en una escalada de declaraciones para criminalizar el comportamiento de la primera víctima de ébola contagiada fuera de África. Desde afirmar que "para explicar a uno cómo quitarse o ponerse un traje no hace falta un máster", hasta dar por incontestable la hipótesis de que Romero se contagió al tocarse la cara con un guante infectado. Llegó a decir, incluso, que Romero "pudo haber estado mintiendo" sobre su temperatura corporal, además de afirmar que "mal no debía estar" porque, después de visitar el centro de salud por primera vez, "se fue a la peluquería".

Con Rodríguez, Ignacio González optó por recurrir a un perfil, en teoría, más técnico para cubrir la vacante que dejó libre Lasquetty. Su perfil –diputado en la Asamblea de Madrid y médico en una plaza que en los últimos años había sido ocupada por abogados o empresarios– encajaba, en teoría, en la apuesta del líder del PP y presidente del Gobierno por tecnócratas y perfiles poco políticos. Al final, sin embargo, sus polémicas declaraciones sobre la auxiliar de enfermería contagiada acabaron costándole el puesto. 

A él le sustituyó hasta las elecciones de mayo Javier Maldonado, también médico, y que era hasta ese momento viceconsejero de Asistencia Sanitaria. Previamente había sido gerente del hospital Ramón y Cajal y director médico en La Paz. Maldonado fue el tercer consejero de Sanidad de la pasada legislatura. 

JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY, EL HOMBRE DEL VARAPALO JUDICIAL (2010-2014)

Entró en el gabinete de Gobierno de Aguirre en junio de 2007 con la cartera de Inmigración y Cooperación. Y en 2010, la expresidenta le encomendó la vacante que había dejado Juan José Güemes. Fue uno de los principales protagonistas políticos de la marea blanca contra la privatización sanitaria.

En 2012 anunció un plan de sostenibilidad de la sanidad madrileña que, entre otras medidas, incluía la externalización de la gestión sanitaria de seis hospitales públicos y 27 centros de salud, la reconversión de los hospitales La Princesa y Carlos III y el cobro del euro por receta. 

El Tribunal Constitucional tumbó el euro por receta. También fue paralizada su intención de convertir La Princesa en un geriátrico. Pero el motivo de su dimisión hay que buscarlo en la paralización cautelar de la privatización de la sanidad pública madrileña. Ese día, 27 de enero de 2014, anunció su marcha. "Es mi responsabilidad. Yo soy el creador del proyecto", argumentó.

JUAN JOSÉ GÜEMES, LA CARA DE LAS PRIVATIZACIONES (2007-2010)

Fue durante años el ojo derecho de Esperanza Aguirre. A él, que venía de la Consejería de Empleo y Mujer, "la jefa", como llaman los suyos a la presidenta del PP de Madrid, le encomendó en 2007 la de Sanidad. Durante años fue el político que a ojos del PP madrileño, mejor encarnaba las ideas políticas de Aguirre. No en vano, le escogió para reforzar el proceso de privatización de la sanidad madrileña, una tarea que compatibilizó con la de secretario de Comunicación regional. Por entonces, no había acto o inauguración a la que acudiese que no fuera recibida con protestas de trabajadores y sindicatos, protestas que intentaba sortear apelando a que el Gobierno madrileño estaba trabajando para mejorar la libertad de elección de los ciudadanos y criticando a los sindicatos de conjurarse para tapar los errores del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por entonces en la Moncloa.

La complicidad entre Aguirre y Güemes, casado con Andrea Fabra, la hija del polémico expresidente de la Diputación de Castellón, se fue apagando con el paso del tiempo. Y el 18 de marzo de 2010, Esperanza Aguirre presidió una rueda de prensa del Consejo de Gobierno en la que, con Güemes a su lado, anunció que éste abandonaba la política –que no la militancia del PP– por "motivos personales". El consejero ya tenía destino: el Centro Internacional de Gestión Emprendedora del Instituto de Empresa.

Frente a los motivos personales esgrimidos, hay en el partido quien cree que el exconsejero se marchó tras fracasar la operación de Aguirre para colocar al frente de Caja Madrid a Ignacio González. Un esquema en el que, según cuentan, él estaba destinado a ser vicepresidente de la Comunidad. Unida a esta tesis figura la que apunta a que en el entorno de la presidenta no le perdonaron ser el único miembro del PP de Madrid, además de Aguirre, que figuraba en el Comité Ejecutivo Nacional del partido. En el Congreso de 2008 Rajoy hizo caso omiso a las recomendaciones de Aguirre, que pedía un puesto en la cúpula de partido para González y para Francisco Granados, por entonces secretario general del partido. Optó por el yerno de Fabra. 

MANUEL LAMELA, EL CONSEJERO DEL ESCÁNDALO DE LAS SEDACIONES (2003-2007)

En el PP de Madrid es el consejero que hizo frente al compromiso de Aguirre de reducir a 30 días la lista de espera. Y el que selló el compromiso de construir ocho nuevos hospitales. Pero si por algo es conocido es por el asunto de las supuestas sedaciones irregulares del Severo Ochoa de Leganés. El escándalo se remonta a 2005, cuando retiró al jefe de urgencias del citado centro, Luis Montes, tras recibir dos denuncias anónimas por "supuesta mala praxis en la administración de fármacos" a pacientes en estado terminal.

Mientras la Comunidad remitió las incidencias a Fiscalía, la oposición y asociaciones del sector reclamaron el cese de Lamela y el reingreso del médico a su puesto. Pero no se marchó. De hecho, en julio de 2007 saltó de Sanidad a Transportes. La resolución judicial definitiva del caso llegó cuando él ya no estaba en Sanidad. El 28 de enero de 2008 la Audiencia Provincial ratificó el sobreseimiento y el archivo del caso.

A punto de cumplirse un año de que un juez aceptase la querella de la asociación de médicos AFEM por la privatización de hospitales madrileños iniciada en 2003, la Audiencia provincial ha desplegado una maniobra insólita para no verse obligada a resolver sobre el recurso que contra la admisión de esa misma querella plantearon los imputados, entre los que figuran los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como las empresas Capio –ahora rebautizada IDC Salud- y Ribera Salud.

En una providencia fechada el pasado día 12, la Sección Segunda de la Audiencia madrileña pide “a las partes” que “manifiesten si continúan manteniendo el recurso de apelación interpuesto en las presentes actuaciones o [si], por el contrario, desisten del mismo”.

Pero en la causa solo queda un recurso pendiente: el planteado justamente por aquellos a quienes el titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, citó a declarar como imputados al mismo tiempo que aceptaba la querella. Si los querellados –cuatro personas físicas, más las empresas Capio, Ribera Salud, Asisa y Unilabs- desisten del recurso, Sexmero tendrá vía libre para reemprender las investigaciones. Y, por supuesto, para tomarles declaración como imputados.

La Audiencia, que en febrero tumbó el primer recurso del caso –que impugnaba la simple apertura de diligencias-, justifica el contenido de su resolución con un argumento que ninguno de los juristas consultados alcanza a comprender: que el Gobierno de Madrid ha renunciado a desarrollar la segunda fase de la privatización sanitaria –que pretendía externalizar otros seis hospitales- y, en consecuencia, el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) ha dado por concluido el contencioso impulsado también por AFEM. 

Privatizaciones aún no ejecutadas

Algunas fuentes deslizaron con cautela una hipótesis: que la Audiencia Provincial busca evitar un pronunciamiento sobre la admisión de la querella porque si finalmente tiene que resolver, será para desestimar el recurso de los querellados. De ser cierta esa teoría, la Audiencia estaría ofreciendo a los querellados la opción de declarar voluntariamente ante Sexmero antes que verse forzados a ello por mandato judicial.

La providencia no hace ninguna mención a que ese contencioso que dio por acabado el TSJM –proceso similar a una demanda civil pero en el que se impugnan decisiones de una administración pública- se refería a privatizaciones todavía no ejecutadas. En cambio, la querella –penal, es decir, con hipotéticos delitos en liza- alude a los hospitales públicos que ya funcionan bajo gestión privada. Ese es el caso de los hospitales Infanta Elena de Valdemoro y Rey Juan Carlos de Móstoles, ambos gestionados por Capio; y del de Torrejón de Ardoz, inicialmente adjudicado a Ribera Salud pero ahora bajo la batuta de Sanitas.

La querella se dirige contra cuatro antiguos altos cargos de la sanidad pública madrileña y contra las cuatro empresas que resultaron beneficiarias de la primera oleada privatizadora: Capio Sanidad –la nueva IDC Salud-, Ribera Salud, Asisa y Unilabs. Según AFEM, lo sucedido con ese proceso privatizador muestra indicios de ocho delitos: realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho , fraude y malversación de caudales públicos.

Entrega al juzgado

El mismo día en que el juez Sexmero aceptó la querella, no solo citó como imputados a los querellados sino que ordenó enviar una comisión rogatoria a Luxemburgo para recabar información sobre el fondo opaco que controla la antigua Capio y actual IDC. Sexmero recabó luego la información publicada sobre ese punto por infoLibre, que, tres meses antes de que Afem presentara su querella, había desvelado cómo los verdaderos propietarios de Capio se ocultan tras cinco sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Este diario entregó al juzgado toda la información mercantil internacional que, en julio de 2013, obraba en su poder. 

La querella abordaba también cómo dos exconsejeros madrileños de Sanidad que jugaron un papel clave en el proceso privatizador se habían incorporado, tras su cese como cargos públicos, a empresas beneficiarias de la “externalización”.

El primero de ellos es Manuel Lamela, que ganó fama como político por su persecución del equipo de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés –el caso del doctor Montes-, al que acusó en falso de matar a enfermos terminales con sedaciones irregulares. 

Tras el fiasco del Severo Ochoa, Lamela cesó como consejero de Sanidad y, entre junio de 2007 y el mismo mes de 2008, asumió la cartera madrileña de Transportes. Artífice del proceso privatizador iniciado en 2003, Lamela terminó por dejar la política institucional. Y se incorporó a Assignia Infraestructuras. Esa compañía participaba, al menos en junio de 2013, en la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona servicios del hospital del Tajo, “licitados y adjudicados durante la etapa en la que este era consejero de Sanidad”, dice la querella de AFEM “El propio Lamela –agrega la denuncia- inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad en la que trabaja”.

Querella también contra Güemes

Ese hospital, en régimen de gestión mixto –los servicios médicos se gestionan desde el sector público– era uno de los seis que el Gobierno madrileño pretendía privatizar. Es, por tanto, uno de los afectados por el contencioso que el TSJM dio por liquidado una vez que el actual presidente de Madrid, Ignacio González, renunció a sus planes privatizadores.

El segundo exconsejero contra el que se dirige la querella de los médicos es Juan José Güemes. Consejero de Sanidad entre junio de 2007 y marzo de 2010, Güemes saltó de nuevo a la palestra a comienzos de 2013. Fue entonces cuando se supo que la empresa de la que entonces era consejero, Unilabs, había resultado beneficiada con la gestión de los análisis clínicos de la sanidad pública madrileña. Y había sido Güemes quien, como consejero, privatizó justamente ese servicio. La revelación periodística terminó con su dimisión como miembro del órgano de administración de Unilabs. 

El fondo LBEIP BV, ligado al Lloyds Bank, radicado en Holanda, especializado en infraestructuras y cuya cartera de inversores constituye un misterio inextricable, acaba de hacerse con el control (55%) de la empresa Phunciona SA, que gestiona los servicios no médicos del hospital público de Arganda (Hospital del Sureste). Así lo han confirmado a infoLibre fuentes de FCC, que en unión de Bankia sumaba hasta ahora mayoría en Phunciona a través de la sociedad Global Vía Infraestructuras SA.

Autorizada por la UE el pasado día 18, la operación de Arganda es la segunda que en una semana introduce al fondo LBEIP en la sanidad pública madrileña. La primera, aprobada por la Comisión Europea el 5 de marzo, le permitió hacerse con el 49% de la compañía que explota los servicios no sanitarios de otros dos hospitales –los de Parla y Coslada-, aunque Sacyr, que ingresó 90 millones por la venta de esos títulos, sigue conservando ahí la mayoría al quedarse con el 51% de las acciones. 

Del fondo LBEIP BV (Lloyds Bank European Partners Infrastructure Partners BV) poco se sabe, más allá de que gestiona "fondos de pensiones". Su socio único es otra sociedad homónima pero con el sufijo LP (Limited Partnership, un tipo de sociedad en comandita), domiciliada en Londres y sobre el que este diario no ha logrado ninguna información mercantil o financiera. El Banco Sabadell gestiona el negocio local del Lloyds. Pero sus portavoces niegan poseer cualquier dato sobre el fondo de inversión en infraestructuras LBEIP dado que la operación no tiene su origen en España.

La operación llega en un momento en que las constructoras buscan soltar lastre para concentrarse en sectores prioritarios. "Estos eran activos no core [no básicos o estratégicos]", señalan fuentes cercanas a FCC que subrayan la pertenencia del LBEIP al Banco Lloyds. La batida en retirada de Sacyr y el tándem FCC-Bankia se produce, además, justo después de que el Gobierno de Madrid se viese forzado a renunciar a su plan para privatizar nuevos hospitales.

Siete hospitales con inversores desconocidos

Tras la llegada del fondo LBEIP BV, son ya siete los hospitales integrados en la red pública madrileña cuya gestión total o parcial está en manos de grandes fondos de composición opaca. Cuatro de esos hospitales permanecen bajo el mando de Capio –ahora llamada IDC Salud-, el gigante de la sanidad pública privatizada cuyos verdaderos propietarios se ocultan tras cinco sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Desde la segunda oleada privatizadora, lanzada en 2008 por Esperanza Aguirre  y que esta vez ya preveía la cesión de los servicios sanitarios a empresas privadas, Capio gestiona cuatro hospitales integrados en la red pública: Valdemoro –inaugurado en 2007–, Móstoles, la Fundación Jiménez Díaz y el de Collado Villalba, por el que cobra un canon mensual de 900.000 euros pese a que todavía no ha entrado en funcionamiento. 

Sujeto a una concesión administrativa para 30 años otorgada en junio de 2005, el hospital de Arganda pertenece a un grupo de hospitales anterior: aquel que el Gobierno de Madrid usó como banco de pruebas para su proyecto de privatización sanitaria. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) seguiría prestando directamente los servicios sanitarios y las empresas concesionarias obtendrían una concesión de hasta tres décadas  y el pago de un canon anual a cambio de construir el edificio.

En el caso de Arganda, tres gigantes –FCC, Caja Madrid y OHL, que ahora sigue conservando su 33,33% original en Phunciona dado que, según sus portavoces, no ha vendido una sola de sus acciones a LBEIP– acudieron de modo conjunto al concurso.

Lo ganaron, se garantizaron el cobro de un canon global de 277,89 millones de euros con cargo al erario madrileño, construyeron el hospital y, una vez inaugurado en 2007, pasaron a explotar todos los servicios no sanitarios del complejo: desde la cafetería a los aparcamientos, de los locales comerciales a la lavandería y la administración.

Causa y efecto

En efecto, la venta de activos fue propuesta a la UE tanto por Sacyr como por Phunciona justo después del varapalo asestado por la justicia madrileña a la tercera fase de privatización hospitalaria y la consiguiente renuncia del Gobierno regional a seguir adelante con ella, lo que ocurrió el 27 de enero.

Diez días después, el 7 de febrero, Sacyr pidió a la UE autorización para vender al LBEIP BV el 49% de HC SL –la compañía que gestiona los servicios no sanitarios de los hospitales de Parla y Coslada–. Y el día 20, el conglomerado Phunciona –donde, junto con FCC-Bankia participa OHL– siguió la misma senda y comunicó a Europa que planeaba dar entrada al fondo.

Tras un año largo de protestas capitaneadas por la asociación de médicos Afem y con una querella estancada en espera de que la Audiencia de Madrid revalide o anule la imputación de la antigua cúpula sanitaria del Gobierno de Madrid, el Tribunal Superior de Madrid ratificó en enero la paralización del proceso por el que otros seis hospitales quedarían bajo gestión de distintas empresas. 

El nombre de una de ellas, la puertorriqueña Hima San Pablo Inc, había aflorado meses antes durante una investigación del Fondo de Garantía de Depósitos de EEUU: el impago del crédito concedido a una de sus filiales coadyuvó a la quiebra del Eurobank, una de las entidades financieras que en 2010 cayeron en el Estado Libre Asociado.

Renuncia tras el castigo judicial

El golpe del TSJM cayó a plomo sobre el Gobierno de Madrid tras una fallida maniobra del entonces presidente de la Sala de lo Contencioso y esposo de una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal, Gerardo Martínez Tristán, para buscar un escenario judicial –el pleno de la sala– hipotéticamente más favorable a las tesis privatizadoras.

Que el Tribunal Superior revalidase las tesis de los demandantes –que si la privatización no se paralizaba antes de que las empresas adjudicatarias tomasen posesión de los hospitales, el proceso sería irreversible– implicó un castigo de tal magnitud que el Ejecutivo regional renunció de inmediato a su plan. 

La empresa Eductrade, a la que asesoró durante dos años y medio el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela, amuebló a cambio de 10,7 millones de euros tres de los hospitales que puso en marcha el Ejecutivo de Esperanza Aguirre en 2005 bajo concesión semipública. Se trata de los hospitales de Coslada, Parla y Aranjuez, cuya construcción y explotación de la parte no sanitaria durante 30 años fue adjudicada por la Consejería que encabezaba el propio Lamela a dos UTE lideradas por Sacyr (en Coslada y Parla) y Constructora Hispánica (en Aranjuez).

Manuel Lamela está precisamente imputado por los delitos de prevaricación y cohecho, cometidos presuntamente al realizar en su etapa de consejero adjudicaciones a empresas que luego le contrataron (es el caso de Constructora Hispánica). Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer la versión de Lamela sobre su relación exacta con Eductrade. 

infoLibre tuvo conocimiento de que Eductrade había equipado los tres hospitales madrileños gracias a los datos que constan en uno de los correos electrónicos secretos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, a los que ha tenido acceso este periódico. La información fue confirmada por un portavoz oficial de Eductrade.

Una vez edificados en 2006 y 2007, a través de sendos contratos privados, Sacyr y Constructora Hispánica (ahora Assignia) pagaron a Eductrade un total de 10.703.996 euros para que se encargara del equipamiento mobiliario de estos hospitales (camas, armarios, salas de espera...). Al tratarse de un acuerdo entre dos empresas privadas no hubo concurso público. En concreto, Sacyr firmó con Eductrade un contrató por valor de 4.507.877,59 y 4.313.986,92 euros, respectivamente, para el equipamiento de los centros sanitarios de Coslada y Parla, mientras que Constructora Hispánica abonó 1.882.131,62 por el de Aranjuez. Eductrade es ahora una filial del grupo empresarial Essentium, del que también forma parte Assignia, que es la empresa que gestiona toda la parte no sanitaria del hospital de Aranjuez. 

Los hospitales de Coslada, Parla y Aranjuez fueron construidos bajo una fórmula de gestión mixta –el llamado modelo PFI de iniciativa de financiación privada, por sus siglas en inglés–. Esta fórmula consiste en que la Administración, que gestiona la parte sanitaria, cede a la concesionaria la financiación, construcción y gestión de la parte no sanitaria de los hospitales (administración, limpieza, alimentación, lavandería, aparcamiento, locales comerciales, etc.) a cambio de un canon que paga durante 20 o 30 años. Fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid confirman que los contratos para equipamiento sanitario y la alta tecnología de esos hospitales "se realizaron desde la Consejería de Sanidad a través de concurso público". Es decir, estas concesionarias "sólo dotaron las camas y aquellos elementos sanitarios que estuviesen anclados a la pared, como dispensadores de oxígeno".

Paso de la pública a la privada 

Manuel Lamela fue nombrado consejero de Sanidad por Aguirre en 2003 a pesar de no tener experiencia en este campo. Dejó este departamento en 2007 marcado por el escándalo de las supuestas sedaciones en el Severo Ochoa. De ahí recaló en la Consejería de Transportes, hasta que cayó en 2008. En 2010 pasó a formar parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, la empresa que lidera la gestión del hospital madrileño del Tajo, en Aranjuez, según avanzó en abril de 2013 la cadena Ser. Fuentes de la compañía han asegurado a infoLibre que "por decisión empresarial" Lamela, que dirigía su actividad "de forma exclusiva" al asesoramiento de la gestión de servicios no médicos de América Latina, ya no forma parte del grupo. El pasado verano se cambiaron todos los miembros del consejo de administración y desde entonces el exconsejero mantiene una actividad privada al margen de estas compañías. 

Hasta el momento, el exconsejero de Sanidad permanece imputado, al igual que su sucesor en la Consejería de Sanidad, Juan José Güemes, tras la querella interpuesta por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid admitió a trámite el escrito del colectivo profesional en el que solicitaba la imputación de Lamela y Güemes por los delitos de prevaricación y cohecho. El colectivo de médicos considera que ambos cargos cometieron esos delitos al haber intervenido en las adjudicaciones a empresas "con un accionariado opaco [...] que se beneficiaron de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores consejeros de Sanidad, como el señor Güemes y el señor Lamela, responsables políticos de la adjudicación", según especifica un auto del 29 de octubre del año pasado.

En concreto, la querella especifica que el Hospital del Tajo fue licitado y adjudicado durante la etapa en la que era consejero de Sanidad. Además, el propio Lamela inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad a la que asesoró durante más de dos años. La concesión recayó en un consorcio liderado por Costructora Hispánica en colaboración con Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) e Instalaciones Inabensa. Las dos primeras empresas han aparecido en el sumario del caso Gürtel. El contrato, firmado por el exconsejero Lamela, concedía a Hispánica y sus socios la construcción del edificio y el mantenimiento y gestión de todas las áreas no asistenciales (historias clínicas, celadores, seguridad, entre otros) a cambio de un canon anual de 217 millones en 30 años.

Los contratos de Eductrade 

Gracias al correo electrónico secreto de Blesa se ha podido conocer que Constructora Hispánica también ha obtenido beneficios por el equipamiento mobiliario de tres centros médicos. Así, el mensaje enviado el 19 de enero de 2009 por Blesa a su número dos en la entidad financiera, Ildefonso Sánchez Barcoj, relata que la constructora había entrado en 2006 en el accionariado de Eductrade. En concreto la firma Constructora Hispánica, acusada de pagar importantes cantidades en dinero negro a los integrantes de la red Gürtel capitaneada por Francisco Correa, se hizo entonces con el 60% de la sociedad. El resto del capital, el 40%, se lo repartían a partes iguales el empresario Ángel Alburquerque y "un profesional independiente que fue director de la antigua Focoex", indica el correo electrónico al que ha tenido acceso infoLibre, que no identifica a esta última persona.

El equipo de comunicación del grupo Essentium ha confirmado a este diario que el 100% de Eductrade pertenece ahora a este grupo y que la relación que mantiene con Assignia es que ambas forman parte del mismo grupo empresarial y que, por tanto, trabajan juntas para dar "una respuesta integral" a determinados proyectos. En 2009 Essentium compró Constructora Hispánica y asumió las obligaciones adquiridas por esta. 

Concesiones 

El Hospital del Tajo (Aranjuez) comenzó a prestar servicios hospitalarios en 2008, y dos años después su gestión protagonizó un giro total. El principal propietario de la Constructora Hispánica, el murciano Alfonso García-Pozuelo Asins, fue imputado por pagar presuntamente dinero negro en el marco de la trama Gürtel. Después vendió el 100% de su empresa. El comprador fue el grupo Essentium, convirtiéndose así el gestor del Hospital de Aranjuez. El grupo cambió de nombre comercial de Hispánica a Assignia Infraestructuras, y renovó su equipo de consejeros.

El correo electrónico de Blesa incluye, además, un repaso de las concesiones que ha recibido la sociedad Eductrade desde la entrada en la misma de la empresa Constructora Hispánica. "Eductrade sigue manteniendo hoy su rentable negocio de proyectos internacionales pero se ha introducido con fuerza en el sector de las concesiones de negocios que le son afines", puede leerse en el correo. 

Según el correo, además de las adjudicaciones sanitarias, cuando Lamela era consejero de Sanidad del Gobierno de Aguirre, Eductrade se hizo con la concesión por parte de la Comunidad de Madrid de la construcción, equipación y gestión, por 10 y 50 años, de dos colegios concertados en la Comunidad de Madrid. Según ha podido comprobar este diario, uno de los centros educativos es el colegio Tajamar, vinculado con el Opus Dei. Además de las concesiones del Ejecutivo de Aguirre, Eductrade también se benefició de la adjudicación de dos polideportivos municipales por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Los nombres de las empresas Eductrade y Focoex aparecieron en la prensa española en los años 90 tras una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, Eductrade pertenecía al grupo empresarial de Jesús Polanco. El caso, relacionado con pagos irregulares en Uruguay, fue archivado.

Resultados "muy pobres"

Pero el éxito de la empresa Eductrade desde la entrada en 2006 de Constructora Hispánica en su accionariado contrasta con las cifras obtenidas hasta el 18 de abril de 2005. Según otro correo de Blesa que se adjunta en esta información, Eductrade presentaba unos resultados "muy pobres y decrecientes desde el año 2000". De hecho, según este mensaje, en 2002 y 2003 el resultado de explotación fue "negativo (2,23 millones y 1,94 millones) que compensa con diferencias positivas de cambio".

El mensaje, enviado por el empleado de Caja Madrid Mariano Pérez Claver a Blesa, destaca asimismo que la actividad de la compañía hasta ese momento se concentraba "en países de elevado riesgo político, operando en su mayor parte con créditos FAD y por la información disponible no nos consta ningún proyecto de importancia desde 2003". Y por eso, Pérez Claver desaconseja a Blesa entrar en el capital de la firma Eductrade: "Salvo que los gestores tengan un plan que no dejan ver las cifras, a primera vista no parece que pueda ser una oportunidad para entrar en el capital. Desde Riesgos piensan lo mismo", completa el mensaje.

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de respaldar la decisión del juez Marcelino Sexmero de investigar si hubo delito en la primera fase de privatización sanitaria acometida por el Gobierno de Madrid.

La Sección Segunda de este tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Patricia Flores Cerdán, entonces directora general de Atención Primaria y el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; y al que se adhirieron el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela; Víctor Madera Núñez y Capio Sanidad contra la apertura de diligencias, por parte del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, tras la querella de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales que la Comunidad de Madrid privatizó (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz). El auto asesta un golpe al Gobierno regional, a Lamela y a Capio cuando afirma que la resolución de juez Sexmero fue "impecable".

La Audiencia recalca que debe rechazar el recurso porque "los hechos que se describen en la querella podrían ser constitutivos de infracción penal e incluso perseguibles de oficio". Es decir, lo que el tribunal de segunda instancia está diciendo es que ni siquiera se habría precisado una querella llegado el caso dado que la investigación afecta a "presuntos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, falsedad documental, precarivación, cohecho, fraude y malversación de cauldales públicos".

Aunque el auto de la Audiencia Provincial sólo se limita a aceptar la admisión de querella sin entrar en el fondo de la cuestión, el tribunal subraya que los hechos "no aparecen como totalmente inverosímiles". En consecuencia, aduce la Audiencia, al juzgado de Sexmero "no le cabía otra posibilidad técnico jurídica que la de incoar diligencias previas para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas que en ellos podría haber intervenido". El auto asesta un golpe a la Comunidad de Madrid, a Lamela y a Capio cuando afirma que la resolución de juez Sexmero fue "impecable". 

Los jueces, por otra parte, explican que el presente auto desestimatorio responde únicamente al primero de los recursos presentados por los apelantes, por lo que todavía queda a la espera de resolución el segundo recurso de apelación presentado en este mismo procedimiento contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 4 que acuerda la práctica de determinadas diligencias de instrucción, entre ellas la declaración de los querellados.

El auto de la Audiencia asesta así un segundo golpe al Ejecutivo de Ignacio González apenas quice días después de se viera forzado a anular la segunda fase de la privatización hospitalaria tras otro auto de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, que dio de nuevo la razón a Afem. Es ese mismo colectivo el que ejerce la acusación penal en el caso que instruye el titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero. La decisión llega justo cuando acaba de llegar la comisión rogatoria lanzada por el juez, según ha podido saber infoLibre. 

Otro recurso pendiente

Aunque la Audiencia de Madrid respalda al juez en su decisión de abrir investigaciones, está por ver qué acuerda sobre el segundo recurso planteado contra Sexmero. Tras admitir la querella, el juez citó a declarar como querelladas a nueve personas, entre ellas los exconsejeros de Sanidad Juan José Güemes y Manuel Lamela. Al igual que los representantes de cinco empresas igualmente afectadas por la querella, Güemes y Lamela plantearon un segundo recurso al que esta vez sí se adhirió la Fiscalía. Y ese es el recurso que tiene pendiente la misma Sección -la Seguna- que acaba de avalar la actuación de Sexmero. 

¿Significa ese respaldo que la Audiencia tumbará ese segundo recurso? Fuentes conocedoras del caso subrayan que no solo no tiene por qué ser así sino que es posible que la Audiencia alegue que Sexmero ha corrido demasiado y que es pronto para tomar declaración a los querellados sin haber practicado antes suficientes diligencias. No hay fecha para ese segundo auto pero sí un dato que hace presagiar una resolución contraria para Sexmero: la Audiencia podía haber resuelto los dos recursos con un solo auto. Que no lo haya hecho así sugiere que su siguente dictamen será contrario a la posición de Sexmero.

El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, ha presentado una iniciativa en el Congreso en la que reclama que el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, imputado por presunto delito de cohecho y prevaricación por la gestión de las privatizaciones de los hospitales públicos de la región, con el extambién consejero Juan José Güemes, no se ponga al frente de la gestión de los hospitales de Ceuta y Melilla, como así desea el Ministerio de Sanidad.

Por esa razón, el PSOE ha registrado una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que exige que se blinde la sanidad pública en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, rechazando modificaciones en la gestión sanitaria que supongan su externalización o privatización.

Precisamente, la Sanidad está transferida a las comunidades autónomas aunque en el caso de Ceuta y Melilla la gestión depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), encargado de las prestaciones sanitarias en el ámbito territorial.

En declaraciones a Europa Press Olmos explica que la prestación de servicios sanitarios públicos es un elemento esencial para el bienestar social y la cohesión territorial. En España, según agrega, la creación del Sistema Nacional de Salud (SNS), con la Ley General de Sanidad de 1986, supuso un hito histórico para la construcción del Estado del bienestar al que aspira el conjunto de la ciudadanía.

A su juicio, la aprobación del decreto de abril de 2012 (el 16/2012), por el que se puso en marcha el copago sanitario, ha supuesto un "paso atrás" y un "cambio unilateral" del sistema sanitario, propiciado por el Gobierno del Partido Popular. "Un cambio que ha supuesto el final del carácter universal de la cobertura sanitaria y la introducción de un conjunto de recortes de derechos en sanidad que comienza a evidenciar un perjuicio claro para los colectivos de pacientes con más necesidades", agrega el parlamentario.

Petición de comparecencia de Ana Mato

Según defiende, el SNS está descentralizado para asegurar el mayor y mejor desarrollo de las actividades en beneficio de las necesidades reales de los ciudadanos en su territorio, una descentralización que, en su opinión, ha sido "fundamental" para los éxitos conseguidos en la sanidad hasta 2011. Por ello recalca que la prestación de unos servicios sanitarios de calidad a los ciudadanos ayuda a conseguir un sentimiento de pertenencia que en el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla es aún "más importante". "Recientes informaciones apuntan sobre la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad estaría valorando un eventual cambio en la gestión de los servicios sanitarios de Ceuta y Melilla", valora Olmos.

A partir de estas informaciones, señala que muchos colectivos sociales y sanitarios de ambas ciudades autónomas han expresado su preocupación ante la eventual privatización de la gestión sanitaria en los servicios públicos de sus hospitales y centros de salud. Dada la importancia de los servicios sanitarios como elemento de garantía de protección de la salud de los ciudadanos, así como elemento de cohesión y pertenencia a un proyecto social común, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley para blindar la sanidad pública en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, insiste el diputado.

Precisamente, el PSOE presentó a finales de noviembre en la Cámara baja la petición de comparecencia de la ministra del ramo, Ana Mato, para que explicase por qué ha contratado al exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, para cambiar la gestión los hospitales de Ceuta y Melilla.

La secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, ha asegurado este martes en el Senado que la empresa BAPPH, presidida por el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela - imputado por prevaricación y cohecho por las presuntas ilegalidades cometidas en la primera etapa de la privatización en la Comunidad- cumple con todos los requisitos "técnicos y legales" para ser contratada por Sanidad como asesoría técnica para definir un nuevo modelo de gestión clínica en el Hospital de Melilla.

Durante su participación en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Alta, la oposición ha preguntado a la número dos de Sanidad del Departamento de Ana Mato por la adjudicación de este contrato y el firmado con Indra, para buscar un nuevo modelo de gestión para el Hospital de Ceuta, ambos dependientes del Ministerio.

En este sentido, Farjas ha asegurado que los contratos se han concedido a empresas que "concursaron cumpliendo estrictamente con todos los requerimientos técnicos y legales, y que cuentan con todos los informes favorables de la intervención".

Además, ha pedido ser "respetuosos" con los trabajadores de sendas empresas. "No me corresponde a mí hacer juicios de valor acerca de las actividades laborales de directivos de empresas, de los cientos de empresas con que la sanidad española formaliza contratos", ha dicho.

De hecho, la secretaria general se ha mostrado molesta por las críticas recibidas por parte del Grupo Socialista, y ha preguntado si la propuesta de la oposición incluye eliminar todos los contratos con entidades, empresas u organizaciones, por ejemplo sindicales, en las cuales alguno de sus directivos esté imputado.

De igual modo, Farjas ha negado que se esté externalizando la gestión de ambos hospitales. Según la secretaria general se está "buscando cómo incorporar criterios de gestión clínica" algo, que según Farjas, "ya se está realizando en muchas comunidades".

Los colectivos que integran la marea blanca en contra de la privatización sanitaria –asociaciones profesionales, entidades sociales y sindicatos– censuran la adjudicación por parte del Ministerio de Sanidad a empresas privadas de las labores de asesoría que tienen como finalidad abordar un cambio de gestión clínica –una "privatización encubierta", según denuncian estos colectivos– en los dos únicos hospitales que todavía dependen de este departamento a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Según ha informado este lunes la cadena Ser, una de esas compañías es BAPPH (Business Assesstemt Plans and Projects Healthcare SL), presidida por el ex consejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela, imputado por los delitos de cohecho y prevaricación por las presuntas irregularidades cometidas los primeros hospitales privatizados en la Comunidad de Madrid. 

Según el contrato, el ministerio que dirige Ana Mato ha adjudicado a dos consultoras privadas "la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica y su implantación" en los hospitales Comarcal de Melilla y Universitario de Ceuta. La otra compañía es Mensor Asesores, un despacho asesor compuesto también por profesionales provenientes del sector público.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han asegurado a infoLibre que la adjudicación es fruto de un concurso público y que este departamento no tiene por qué saber quién está detrás de cada compañía que opta a un proceso de este tipo. Estas mismas fuentes han asegurado que el hecho de que Lamela esté siendo investigado por la Justicia no es ningún impedimento porque en el proceso "se han cumplido todos los requisitos legales"  y se ha llevado a cabo según la ley de contratos del sector público. 

Los profesionales del sector denuncian que el fin último de este concurso es entregar a manos privadas la gestión de estos centros hospitalarios a través de las llamadas unidades de gestión clínica. Y aunque tildan de "escandaloso" o "vergonzoso" que una de las empresas adjudicatarias esté dirigida por el exconsejero madrileño, creen que lo realmente importante es el fondo y la "voluntad privatizadora" del Gobierno. "Se trata de crear entidades con personalidad jurídica propia que se convierten en microempresas en cada uno de los servicios del hospital. Es una forma de privatizar por la parte de atrás", señala el doctor Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). 

"Así se fomenta el desorden asistencial y la creación de un mercado interno dentro del sistema sanitario. Se daría entrada al sector privado a través de la farmaindustria, las multinacionales sanitarias o los fondos de capital-riesgo a cambio de aportar recursos y capitalización. El sector privado podría controlar la elaboración de las estrategias y decisiones clínicas dirigidas a los procesos asistenciales más prevalentes y de mejor relación coste-beneficio, lo que le proporcionaría incalculables beneficios económicos financiados con fondos públicos", amplía Sánchez Bayle. 

Patricia Alonso, geriatra y portavoz de AFEM, la asociación de facultativos que impulsó el movimiento contra la privatización sanitaria en Madrid, también critica este concurso. "Insistimos en que todavía no tenemos ningún informe que acredite que privatizar la gestión de la sanidad es más eficiente. Lo único que va a conseguir esta nueva adjudicación es derivar más dinero público a empresas privadas", lamenta. Asimismo, tilda de "vergonzoso" que esta medida vaya a tomarse en un lugar "donde es más complicado movilizarse" y que se haya adjudicado a una persona que está "bajo sospecha desde el punto de vista penal". 

Los socialistas han anunciado que van a registrar la comparecencia urgente de la ministra Mato para que explique por qué ha contratado Lamela. El secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, ha dicho que su partido iniciará acciones políticas y judiciales "de inmediato" contra los planes de este departamento para "privatizar" los hospitales de las dos ciudades autónomas. 

Desde la FADSP señalan además que el contrato supone "desconocer que el Ministerio de Sanidad tiene suficientes recursos técnicos para realizar las labores de asesoramiento sin recurrir a empresas externas". Y estiman, por tanto, que "se esta incurriendo en un despilfarro económico que carece de justificación, máxime cuando se están realizando recortes en prestaciones fundamentales para la salud de la población". Desde el departamento de Ana Mato insisten en que el ministerio no cuenta con recursos para llevar a cabo este proceso y que por eso lo deja en manos de "empresas especializadas". 

El Ministerio de Sanidad ha contratado a la empresa BAPPH (Business Assesstemt Plans and Projects Healthcare SL) presidida por el exconsejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela, imputado por las presuntas irregularidades cometidas en la primera etapa de la privatización en Madrid, para pilotar el nuevo modelo que se implantará en los únicos dos hospitales que gestiona el gobierno Central. Se trata de los centros Comarcal de Melilla y Universitario de Ceuta, los únicos dos que dependen de este departamento y no de las autonomías. 

Según el pliego de condiciones al que ha tenido acceso la cadena Ser, la intención de Sanidad es implantar en esos centros las llamadas Unidades de Gestión Clínica, es decir, pequeñas "microempresas" dentro de los centros sanitarios públicos dotadas de entidad jurídica propia. Estos departamentos podrán administrar su propio presupuesto y contarán con personal regulado por el régimen laboral de las empresas privadas, sometido a un sistema de incentivos en función de criterios de eficiencia.

Lamela está imputado por los delitos de cohecho y prevaricación por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

En la empresa de Lamela, según la cadena Ser, figuran también como asesores dos antiguos colaboradores suyos en la Consejería de Sanidad: Germán Rasilla Arias, ex alto cargo de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias y Jorge Fernández Ordás, ex director general Farmacia de la Comunidad de Madrid.

Junto a la consultora de Lamela, el departamento de Ana Mato ha contratado también para la misma tarea a Mensor Asesores, un despacho asesor compuesto asimismo por profesionales provenientes del sector público. Ambas empresas se encargarán respectivamente de cada uno de los hospitales de las cidades autónomas. La consultora de Lamela, del hospital comarcal de Melilla y la otra asesoría, del hospital universitario de Ceuta.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado a esta emisora la adjudicación del contrato, si bien han dicho que este departamento desconocía que la empresa fuera de Lamela. 

El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, admitió a mediados de junio una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas, entre ellas los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en el proceso de privatización de seis hospitales. Además de imputar a los querellados, el juez decidió investigar quién se esconde detrás de Capio, el gigante de la sanidad privatizada en Madrid.

La ampliación de querella del PSM se centra en la rebaja de las garantías solicitadas a las empresas beneficiadas por la privatización. En principio, el Gobierno de Ignacio González pidió a las adjudicatarias que ofreciesen garantías por el importe de 5% del importe del contrato (233 millones en total ya que la adjudicación se eleva a 4.679 millones por un periodo de diez años). Pero cuando sólo faltaban cuatro días para la finalización del plazo de presentación de ofertas, la Consejería de Sanidad publicó una "corrección de errores" mediante la cual se indicaba que la garantía debía ser del 5% del contrato del primer año (28 millones de euros). La resolución fue firmada por Patricia Flores.

"Esta disminución injustificada del importe de la garantía definitiva exigida es arbitraria y contraria a los intereses generales, por cuanto se dejaría sin contenido el objeto de la garantía definitiva que no es otro que garantizar el cobro de los posibles daños derivados de la mala ejecución del contrato", se lee en el escrito del PSM.

La querella del PSM asegura que la rebaja de las garantías, además de ser ilegal por incumplir el art. 95.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, "pone a la Administración en clara situación de riesgo ante un caso de insolvencia empresarial o de imposición de penalidades por incumplimiento contractual".

Además de la vía penal, el PSM también recurrió la rebaja de garantías por la vía contencioso-administrativa y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió el pasado miércoles paralizar cautelarmente el proceso de privatización de los seis hospitales públicos. La Comunidad intentó casi no darse por aludida.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, anunció alegaciones "de inmediato", se mostró "seguro" de que el TSJM fallará al final a favor del Gobierno autonómico y defendió la "legalidad" de todo el proceso.