La situación es la siguiente: nuestros servidores públicos se quejan del desprestigio de la política, pero cuando tienen oportunidad de dignificarla con sus acciones, deciden denigrarla una vez más. Cuarenta y cinco años después, seguimos sin tener el relato completo del 23-F. Y es imposible conocerlo cuando no podemos acceder a toda la documentación custodiada por el Estado. Algunas de las particularidades de España son únicas en Occidente. ¿Por qué no se desclasifican las conversaciones del rey Juan Carlos con el Estado Mayor y los capitanes generales, puesto que ninguno de ellos vive? ¿Por qué se ocultó el nombre del principal financiador del golpe? ¿Por qué siguen sin hacerse públicos los informes del CESID incorporados al sumario, las comunicaciones internas de las regiones militares, la documentación relativa a la Casa del Rey y las piezas declaradas secretas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1968? Durante las horas que duró el asalto, se registraron cientos de llamadas desde y hacia el Congreso de los Diputados. Telefónica tenía la capacidad de registrarlas. Sin embargo, las grabaciones de las conversaciones mantenidas por los golpistas a través de esas líneas se perdieron antes de que el juez instructor pudiera acceder a ellas.

La reciente desclasificación apenas aporta unos pocos documentos “tratados” que no aclaran lo ocurrido. Sabemos, eso sí, que los 45 disparos ordenados por Antonio Tejero frustraron cualquier intento de presentar el golpe como una operación de “cirugía política” impulsada por un supuesto sentido de responsabilidad nacional. Los documentos liberados tampoco permiten reconstruir la red civil que apoyó la maniobra ni los contactos previos entre figuras políticas. Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en presentar al monarca como salvador de la democracia, pese a que numerosos testimonios lo sitúan como conocedor —e incluso como instigador directo— del clima que propició el golpe, alimentado por sus despiadadas críticas a Adolfo Suárez.

La desclasificación parcial está orientada a preservar el relato sacralizado de la Transición, evitando esclarecer la verdadera magnitud de la operación y la implicación de sectores políticos, militares, civiles y mediáticos. Testimonios como los de Xavier Arzalluz, Josep Tarradellas, Sabino Fernández Campo, Gabriel Cisneros, Santiago Carrillo, Alejandro Rojas-Marcos o el coronel y ex agente del CESID Diego Camacho apuntan a la existencia de un “golpe blando” cuidadosamente planificado, que solo se vino abajo por la grotesca aparición de Tejero.

El papel del CESID y de figuras como Javier Calderón también debe valorarse, así como la participación de seis agentes que, según la información de los archivos del actual CNI, "o bien conocían los hechos antes del 23-F o llevaron a cabo un apoyo operativo". Alberto Saiz, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, ya había revelado en 2021 la desaparición de documentación relativa al golpe. Esa eliminación de informes internos ha dejado vacíos que hoy se intentan rellenar con declaraciones parciales y entrevistas selectivas destinadas a construir una verdad. Y ese es el relato que nos repetirán durante años.

El proceso judicial del 23-F respondió a una lógica de minimización de daños: un sumario limitado, una investigación incompleta y una justicia selectiva. El sistema político y la Corona entendieron que una investigación exhaustiva que alcanzara a la élite financiera y civil podía desencadenar una crisis de Estado. Lo comprendo: yo era un niño y recuerdo el miedo, la crisis económica y la enorme tensión social derivada del terrorismo etarra. Pero ¿por qué mantener esta opacidad casi cincuenta años después? Mientras los militares fueron juzgados públicamente, los nombres de empresarios y banqueros que presuntamente financiaron la operación desaparecieron entre pruebas destruidas y líneas de investigación nunca abiertas. El único civil procesado, Juan García Carrés, sirvió como cortafuegos, sacrificando la verdad para proteger nuestra incipiente democracia. 

Luis María Ansón declaró hace apenas dos años que Felipe González no solo conocía el plan de Armada para formar un “gobierno de concentración”, sino que se mostraba “encantado con la idea porque había llorado al perder la elecciones de 1979 frente a la UCD de Suárez”. En la misma entrevista afirmó ante un estupefacto periodista que “tomar el consejo de ministros” por parte de los militares sería “un procedimiento inmaculado”. Ansón traza paralelismos entre el plan de Armada y la Operación De Gaulle en Francia en 1958, lo que le lleva a presentar la intentona golpista como un acto de patriotismo destinado a preservar la democracia. ¿Qué habrían pensado los españoles que votaron masivamente al PSOE veinte meses después si hubieran sabido de esa supuesta aceptación de un golpe antidemocrático por parte de Felipe González?

Todo esto forma parte de una manipulación del lenguaje que sectores cercanos al PSOE han utilizado durante décadas para presentar como “progreso” y “responsabilidad” decisiones que difícilmente pueden calificarse así: la privatización de un sector público que otros países mantienen, el desmantelamiento de industrias estratégicas que en Europa se preservaron, la adopción de políticas económicas neoliberales que convirtieron España en un paraíso de desregulación y la configuración de una Unión Europea que, tras el Tratado de Maastricht, entregó a la banca privada el poder de financiar a los Estados. Por esta disposición, recogida en el artículo 104 del Tratado, España paga cada día alrededor de 100 millones de euros en intereses de deuda. Recuerden esto cuando les digan que los recursos son limitados. 

El sistema económico protege la figura de Felipe González porque forma parte de la batalla cultural: nos repiten machaconamente que, si un presidente supuestamente socialdemócrata aplicó políticas neoliberales, es porque no existe otra forma de gestionar la economía. Mientras tanto, políticas económicas socialistas son aplicadas con enorme éxito en países como Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Países Bajos o Francia. Por cierto, si el PSOE aceptó el plan de Armada (gobierno de concentración), significa que el partido ya estaba integrado en la estructura de poder antes de ganar las elecciones de 1982. Esto explicaría por qué las políticas económicas estuvieron tan alineadas con el consenso neoliberal, en lugar de con la alternativa socialdemócrata que los países nórdicos representaban. No hubo un giro a la derecha: González no contemplaba otra forma de gestión. 

No es lo mismo dejar ver que hacer ver. Cuando los ciudadanos perciben que se les oculta información relevante se genera la sensación de que las instituciones protegen intereses propios antes que la verdad o el bien de todos. Esas actuaciones son las que deterioran el crédito de las instituciones y, en última instancia, el de la democracia, algo muy difícil de restaurar. La democracia no se protege con injustificados silencios heredados de leyes franquistas, con historias edulcoradas y con una idea de “responsabilidad” que se traduce simplemente en tratarnos como a menores de edad. La verdad sobre el 23-F sigue siendo una asignatura pendiente, imprescindible para entender cómo se sostuvo nuestra democracia y quiénes estuvieron dispuestos a manipularla o aprovecharse de ella.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

En esta información, infoLibre identifica a los militares únicamente con sus iniciales. Aunque sus nombres completos aparecieron en la documentación desclasificada por un fallo en la anonimización, este medio ha optado por no reproducirlos por razones legales y de protección de datos.

Tres oficiales del Ejército a los que se situaba dentro de la corriente progolpista tras el 23-F acabaron ascendiendo a los niveles más altos del escalafón militar. Todos ellos aparecían señalados en una nota del Ministerio del Interior, que forma parte de los documentos que acaban de ser desclasificados por el Gobierno, como partidarios de un golpe de coroneles. Algo que, sin embargo, no lastró su carrera. Los tres militares terminaron llegando a generales. Es decir, a la cúpula del Ejército.

Tras la asonada protagonizada por Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados, los servicios de información se pusieron manos a la obra. Y empezaron a tomar el pulso en los cuarteles, donde el ruido de sables seguía siendo atronador. "Lo más peligroso y urgente es el Ejército de Tierra", advertía al Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) –los servicios secretos de la época– el coronel José Faura. En una misiva fechada un año después de la intentona golpista, el oficial avisaba que el ambiente se estaba "enrareciendo" y recomendaba vías de actuación para "disiparlo".

Labores de inteligencia que también se pusieron en marcha desde el Ministerio del Interior. Prueba de ello es una nota informativa con el asunto "Involucionismo político provocado por un posible golpe militar. Su incidencia en Valladolid". A lo largo de tres páginas se describen corrientes progolpistas a nivel nacional. Y se hace una valoración de riesgos en la provincia. En este sentido, el informe recoge media docena de militares partidarios de un "cambio fascista" con acciones violentas, ocho a favor de un "golpe de Coroneles" y tres que aspiraban a un "Gobierno de Gestión" con "militares y tecnócratas", si bien en este último se repetía uno de los oficiales del grupo anterior.

A la hora de desclasificar el documento, el Gobierno tachó los diecisiete nombres. Pero un fallo en la censura, posteriormente corregido, permitió durante algunas horas tener acceso a las identidades. El informe no está fechado, si bien por la redacción del mismo y por los rangos que tenían en el momento de su elaboración algunos de los citados podría situarse en los meses posteriores al 23-F. Tampoco cuenta con firma o sello que permita trazar su origen, pero un apunte a mano en la esquina superior derecha hace pensar que procedía de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Valladolid.

Enrique Berzal, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid, ha investigado a fondo cómo se vivió el 23-F en la provincia castellana y la incidencia del golpismo en la misma. Y da "bastante fiabilidad" al contenido del documento desclasificado. ¿Por qué? Porque varios de los nombres que se citan en la nota informativa coinciden con los que hace años le señaló como parte de la línea dura del Ejército un viejo comandante que en 1981 trabajaba en el Servicio de Información. "Los documentos desclasificados corroboran lo que yo había señalado", resalta a infoLibre.

Entre esos nombres que ahora aparecen en el informe estaba G.N., un coronel de Caballería. Y también C.R., del Arma de Infantería. El documento los ubicaba dentro del segundo grupo, aquel que ansiaba un "cambio 'a la turca' por un movimiento casi exclusivamente militar (golpe de coroneles), aunque con apoyos civiles exteriores".

Pese a la inclusión en el citado informe, ambos continuaron haciendo carrera en el Ejército. Y alcanzaron la cúpula. El primero de ellos fue ascendido a general de brigada unos meses después de la intentona golpista. Un puesto al que el segundo llegó algunos años más tarde. Con el socialista Narcís Serra como ministro de Defensa, ocupó un puesto destacado en una de las regiones militares en las que se dividía por aquel entonces el territorio. Y recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco.

Algo más alto que ellos en el escalafón llegó otro de los militares que se incluyen en el documento en el grupo de partidarios de un "golpe de Coroneles". Se trata de R.G., un nombre que no se encontraba entre los que confiaron en su momento al historiador vallisoletano. En los ochenta, fue promovido a general de brigada. Y en los noventa ascendió a general de División, cuarto nivel en el escalafón –solo por detrás del rey, el JEMAD (Jefe de Estado Mayor de la Defensa), el JEME (Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra) y los tenientes generales–. Una escalada al generalato en la que coincidió, por ejemplo, con Javier Calderón, quien luego ocuparía durante un lustro la dirección del CSID –ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI)–.

Cuando alcanzaron el generalato, el ascenso se concedía por elección de la Junta de Clasificación de Mandos, dependiente del Consejo Superior del Ejército. No obstante, cualquier promoción exigía una serie de "condiciones de aptitud": cumplir con tiempos mínimos de servicios y condiciones psicofísicas, superar los cursos exigidos y no tener un informe negativo de la Junta de Clasificación –en caso de existir, podía recurrirse ante el ministro de Defensa, que tenía la última palabra–. "Como no actuaron el 23-F y sus nombres no salieron en el juicio, pudieron seguir ascendiendo tranquilamente", sostiene Berzal.

Si finalmente no se movieron las tropas en Valladolid en aquellas horas de 1981 fue, precisamente, porque el entonces capitán general de la VII Región Militar –la que englobaba entonces la práctica totalidad de Castilla y León y Asturias–, Ángel Campano, no se atrevió a dar el paso. Asegura Berzal que estuvo a punto de sumarse al entonces teniente general Jaime Milans del Bosch, el cual le llegó a remitir el bando que él había lanzado en València. Pero que, al final, le disuadió el coronel auditor, Virgilio Peña Peña. Él fue, según el historiador, quien desactivó el golpe en Valladolid.

"Valladolid fue un ejemplo paradigmático de lo ocurrido en el resto de las regiones militares durante el golpe de Estado. La élite militar se dividió entre partidarios de Milans del Bosch –Campano, Engo Morgado y Navarro Figueroa–, dispuestos a sacar las tropas a la calle, y los contrarios a hacerlo –Mejías, Peña Peña y Gómez Rico–, lo que no implicaba que todos ellos estuvieran en contra de la 'Solución Armada'. Esta segmentación fue la causa fundamental de que no se movilizaran las tropas en esta región militar, como ocurrió en otras capitanía generales", explica en uno de sus artículos el historiador Roberto Muñoz Bolaños, profesor del CEIE de la Universidad Camilo José Cela y de la Universidad del Atlántico Medio.

Hay que reconocer que el acrobático salto, de la ley a la ley (Reforma política a la Constitución) como lo definió Torcuato Fernández Miranda, resultó formalmente perfecto desde el punto de vista de la estrategia política. Pero la política no puede vivir ajena a las corrientes sociales ni olvidar que solo puede subsistir y ser eficaz si es capaz de afrontar la realidad. Las aspiraciones de los partidos políticos, movimientos sindicales y sociales que configuraron la oposición a la dictadura, aspiraban a una ruptura democrática que eliminase cualquier vestigio del pasado dictatorial. Sin embargo, el Ejército, protagonista indiscutible del golpe militar del 18 de julio de 1936, se resistía a aceptar esta posibilidad. 

Lo cierto es que, por realismo político, hubo que transigir y elegir el camino de la transición democrática tal y como había sido diseñada por los sectores más aperturistas de la dictadura. Muchos han olvidado que sus comienzos fueron conflictivos. La designación de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno suscitó el rechazo de sectores que lo consideraban excesivamente ligado al Movimiento Nacional por los cargos que había desempeñado. El preferido por otros sectores era José María de Areilza, al que consideraban más liberal. No olvidemos el artículo de Ricardo de la Cierva: ¡Qué error, qué inmenso error¡ (Recomiendo su lectura).

Adolfo Suárez puso en marcha la Transición ajustándose a las previsiones establecidas. Tomó decisiones elementales en una democracia como la legalización de todos los partidos políticos, incluido el comunista. El ejército, que presumía de haber sido el único capaz de derrotar al comunismo, lo consideró como un engaño y una afrenta. La inclusión en la Constitución del reconocimiento de las nacionalidades y la instauración del sistema de Comunidades Autónomas suponía un ataque a la unidad e integridad de la patria. En mi opinión, el factor que generaba más conmoción en el estamento militar provenía de los asesinatos de la banda terrorista ETA que se cebaron con los militares y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La tensión estalló en el funeral del general Ortín, en el Cuartel General del Ejército, en el que se produjo la agresión al teniente general Gutiérrez Mellado.

Estos tres elementos fueron los que sirvieron de aglutinante para que la mayoría de los mandos del ejército y parte de la sociedad civil propugnasen, sin tapujos (léanse los artículos del colectivo Almendros en el diario El Alcázar) un golpe militar que hiciese descarrilar el proceso democrático y volviese al sistema dictatorial. Se han escrito multitud de libros sobre la Transición y el golpe del 23-F, por lo que no alcanzo a comprender cuál era el propósito del Gobierno para desclasificar documentos que, como se ha comprobado, no aportan datos que no conociésemos. El rey y el Gobierno estaban al corriente de la situación. Antes de que se consumase la inevitable dimisión de Adolfo Suárez buscaron fórmulas para neutralizar el golpismo.  

Es importante seguir la cronología de los acontecimientos. El 22 de octubre de 1980 se celebra en Lérida una comida a la que asisten el general Armada, Enrique Múgica y Joan Raventós. Según todas las informaciones, se aprobó la fórmula del gobierno de concentración nacional, presidido por Armada y con la participación de representantes de varios partidos políticos. Los detalles no se concretaron, pero el encuentro se publicó en los medios de comunicación. Múgica redactó unas notas para informar a su partido; estos documentos han desaparecido. También se desconocen las fases sucesivas que desembocarían en la culminación del proyecto. Como es lógico, el rey estaba al corriente y aceptaba la iniciativa.

Pero los acontecimientos se precipitan inesperadamente ante el reguero de asesinatos que ETA cometió en 1980. El 23 de enero de 1981, un numeroso grupo de militares (entre ellos Ángel Campano, VII región militar Valladolid; Mateo Prada Canillas ,VI región militar Burgos; Francisco Coloma Gallegos, IV región militar Barcelona, y Jaime Milans del Bosch, III región militar), se presentaron en el Palacio de la Zarzuela y pidieron al entonces jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, la presencia del rey y Suárez. Según todos los datos, el rey dejó a Adolfo Suárez a solas con los generales que le conminaron a que dimitiese si no quería enfrentarse a un golpe militar involucionista. La amenaza surtió sus efectos y el 29 de enero de 1981 Suárez anuncia su dimisión. Es evidente que informaría al rey de su decisión y no sabemos cuál fue su respuesta ante la gravedad de la situación.

Los propósitos de los visitantes de La Zarzuela se evidencian en un pasaje del anuncio de la dimisión de Adolfo Suárez que pasará a la historia: “no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España". El rey debió pensar que el peligro había pasado y que la solución era el gobierno de concentración presidido por Armada. No obstante, las previsiones constitucionales se pusieron en marcha. UCD designó a Leopoldo Calvo Sotelo y el rey, cumpliendo con el artículo 99 de la Constitución lo propuso al Congreso, que fijó el 23 de febrero de 1981 para la sesión de investidura. Es difícil comprender la pasividad del rey y de los servicios de inteligencia para sondear la posición de los conjurados sobre el proceso constitucional.

Resulta difícil admitir que el golpe militar del 23-F pilló por sorpresa a los responsables de la seguridad del Estado. Un dato cierto, una sección de la División Acorazada, con sede en Campamento, desde las cinco de la tarde estaba municionada y esperando la orden de salir a la calle. El asalto al Congreso por Tejero y sus guardias civiles se produjo a las 18:23 y a partir de este momento la primera parte está televisada y la vorágine de llamadas entre los que estaban al tanto de la operación fueron interceptadas, aunque la mayor parte de su contenido ha sido destruido. Lo cierto es que el rey y su entorno deciden abandonar la opción Armada y toda su actividad se centró en impedir que se presentase en el Congreso para ofrecerse como una salida ante la gravedad de la situación. Lo hizo a título personal, provocando la ira de Tejero al conocer el nombre de los políticos que proponía como ministros.

Todo lo acontecido desde ese momento es de sobra conocido y creo que ya está suficientemente analizado. La medición del tiempo es inexorable. La comparecencia del rey en televisión se produjo a la 1:14 h, casi siete horas después de la entrada a tiros en el Congreso. Termino con unas consideraciones sobre un tema que ha permanecido ajeno a un análisis en profundidad. No había trama civil, salvo que se considere como tal a García Carrés, algunos más del sindicalismo vertical y algunos voluntarios sin organización previa. Un dato, Blas Piñar se encontraba entre los diputados secuestrados; pertenencia al Grupo mixto del que también formaba parte Javier Moscoso. Durante las largas horas no hacía más que bajar a su escaño para preguntarle si sabía algo sobre lo que estaba sucediendo.

Ni la cúpula financiera (los siete bancos) ni los sectores industriales ni otras grandes corporaciones participaban o alentaban el golpe. Una dictadura a la griega nos expulsaría del Consejo de Europa y cercenaría la entrada en la Comunidad Económica Europea, aspiración vital para nuestro desarrollo. Un último dato que nos proporciona Alberto Oliart, ministro de Defensa con el Gobierno de Calvo Sotelo. Reunió a los generales que no se habían unido al golpe para agradecerles su lealtad a la democracia. La respuesta no puede ser más ilustrativa: "No, ministro, lo hicimos porque nos lo ordenó nuestro comandante en Jefe”. De cualquier forma, la Transición había descarrilado. Las elecciones de octubre de 1982, que otorgan una mayoría abrumadora al PSOE, inician una nueva época.

Por supuesto no soy un historiador riguroso apegado a los documentos. Tampoco un analista profundo. Me limito, como he hecho toda mi vida, a atar cabos. A los amables lectores les corresponde sacar sus conclusiones sobre quien salvó la democracia.

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José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Sus últimos libros son 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces'. En febrero ha salido 'Visto para sentencia' , de Siglo XXI.

Esta semana el Gobierno ha desclasificado y publicado en su página web más de 150 documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Algo que ha revolucionado la agenda mediática a lo que se ha sumado, el mismo día, la muerte del propio teniente coronel Antonio Tejero.

Pero, ¿el Gobierno ha publicado realmente todos los archivos que tiene sobre el asunto? ¿Conoce siquiera el Ejecutivo cuántos documentos posee sobre el 23-F? Diversos especialistas consultados por infoLibre aseguran que no, que el Gobierno no sabe exactamente qué información y documentos tiene sobre el tema ni cuáles estaban clasificados y cuáles no y, por tanto, no lo ha publicado todo. Esto impide que la desclasificación haya aclarado todas las incógnitas que aún rodean el 23-F —como qué papel jugó el rey Juan Carlos—.

La propia ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes hablaba de desclasificar "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", reconociendo de forma implícita que pueden faltar archivos. A pesar de ello, una cosa es la publicación —los archivos que el Gobierno ha encontrado y colgado en su página web— y otra la desclasificación —que según ha aprobado el Consejo de Ministros afecta a "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981"—.

Así que, aunque el Gobierno por ahora solo ha encontrado y publicado en la web de Moncloa 167 archivos, cualquier documentación relativa al 23-F ha pasado a estar desclasificada y se tiene que permitir la consulta a cualquier ciudadano.

Aun así, la cifra de documentos hechos públicos por el Gobierno tampoco está del todo clara. La ministra portavoz aseguró que se trataba de "153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía".

Una unidad documental es, según la terminología archivística, un "elemento indivisible de una serie documental" y puede estar constituido por un solo documento o por varios. El problema es que casi todos los archivos se han colgado sin indicar su unidad documental y expediente. Por tanto, los 167 documentos publicados pueden constituir efectivamente 153 unidades documentales, como también pueden ser más o menos.

Esa falta de información de contexto en los archivos publicados, sumada a la falta de otros documentos que ni siquiera se han hecho públicos, es por lo que los expertos, a pesar de lo dicho por la ministra, ponen en duda hasta qué punto la información publicada puede ser útil para historiadores e investigadores. 

Y el problema con la falta de información de contexto va mucho más allá de unidades y expedientes documentales. ¿Quién elaboró cada archivo? ¿En qué fecha? ¿Dónde se custodian actualmente y dónde han estado durante las últimas décadas? Son solo algunas de las preguntas a las que no se ha dado respuesta en el caso de la mayoría de documentos.

El periodista Antonio Rubio, presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación y experto en información clasificada y secretos oficiales, es claro al definir la publicación por parte del Gobierno: "Ha sido incompleta, parcial, confusa y sin método". Henar Alonso, funcionaria del cuerpo de archiveros del Estado y miembro de la junta directiva de la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), también: "Ha sido una operación de maquillaje".

Aunque ambos expertos reconocen que se trata de un primer paso positivo, son absolutamente críticos con cómo se ha llevado a cabo la publicación y desclasificación. Primero de todo, destacan esa falta de documentos en el repositorio de Moncloa. "Nos han dado solo el aperitivo, pero falta el cocido", resume Rubio.

El periodista concreta, en declaraciones a infoLibre, algunos de los documentos que no se han recogido en la web del Gobierno. "Faltan documentos del antes, durante y después del 23-F. Faltan, sobre todo, documentos del antiguo CESID, lo que es hoy el CNI. Después del 23-F la función principal de los nuevos directores y secretarios generales del CESID fue la de eliminar documentos relacionados con el intento del golpe de Estado", explica.

Rubio, como periodista de investigación, conoce de la existencia de muchos de esos documentos. Lo que no está tan claro es si esa existencia sigue vigente y todos esos documentos se han mantenido y custodiado hasta la actualidad. "Lo más fácil es que hayan sido sustraídos o destruidos", asegura. 

El periodista también reconoce tener en su poder "una serie de documentos que no se han hecho públicos con la desclasificación" y que desde el 2001 él mismo ha ido publicando en sus artículos e investigaciones —el último de este mismo mes de febrero—.

infoLibre ha preguntado a Presidencia del Gobierno si el Ejecutivo conoce toda la documentación que obra en su poder sobre el 23-F y si tiene constancia de por qué faltan documentos o si incluso se han podido destruir o sustraer. No ha habido respuesta.

Henar Alonso asegura que el principal problema está en cómo se aplica la legislación actual y cómo se aterriza en la práctica. "El Consejo de Ministros puede declarar materias enteras directamente como clasificadas aunque la documentación no tenga los sellos o los requisitos que dice la ley", explica. "Entonces nos encontramos con la paradoja de que en España hay documentación con marcas o sellos de confidencialidad que, en realidad, no está clasificada y documentación que sí que está legalmente clasificada sin las marcas de confidencialidad que marca la ley". 

La experta también cree que existen documentos que no se han hecho públicos y que el descontrol sobre qué documentación se tiene y con la clasificación previa de la misma puede ser uno de los motivos. La AEFP, la asociación de la que forma parte, ha criticado en un comunicado la forma en la que se ha producido la desclasificación. En el mismo piden que la Administración imponga y cumpla con "la obligación de crear, publicar, y revisar y actualizar periódicamente una lista detallada y precisa de los archivos clasificados que posee".

Los documentos publicados por el Gobierno vienen únicamente de tres ministerios: Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Hay, por lo menos, dos sonadas ausencias: el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Casa Real.

El ministerio que dirige Félix Bolaños es el que, junto a los ya citados Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, ha propuesto el acuerdo de desclasificación en el seno del Consejo de Ministros. A pesar de ello, no ha encontrado ni un solo documento clasificado sobre el 23-F en sus archivos, según ha reconocido el ministerio ante las preguntas de infoLibre.

Casa Real, en cambio, ha explicado a este medio que el Gobierno no le ha pedido que realizara esa tarea de búsqueda y que solo le avisó de la desclasificación el 21 de febrero —dos días antes de que se anunciara públicamente—.

El equipo de Presidencia del Gobierno, por su parte, no ha contestado a las consultas que le ha hecho llegar infoLibre, entre las que se incluía a qué administraciones o archivos ha contactado el Gobierno para pedir información, documentos y expedientes clasificados sobre el intento de golpe.

Lo que sí ha indicado Moncloa, en un aviso en la web donde ha publicado los documentos, es que si se dispone "de indicios sobre la existencia de material clasificado relativo al 23-F que no figure en esta relación", se podrá solicitar a través del Portal de la Transparencia. La AEFP, en su comunicado, ha respondido de la siguiente forma: "No se puede desclasificar documentación que no se conserva, ni se puede exigir la desclasificación de documentación cuya existencia se ignora".

Según ha podido saber infoLibre, el Gobierno no ha contactado con todos los archivos de la Administración General del Estado para saber de qué información disponían antes de esta desclasificación. Ese proceso sí se hizo al menos con el Archivo General e Histórico de Defensa —que en el repositorio de Moncloa aparece nombrado incorrectamente como 'Archivo general e histórico del Ministerio de Defensa'— y con el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AGMAE), los únicos citados de forma directa como fuentes en la web con los documentos del 23-F.

De hecho, tal y como explica Alonso, los documentos que se han publicado y vienen de esos dos archivos son los que contienen más información de contexto. En los documentos del Archivo General e Histórico de Defensa se indica a qué expediente pertenecen y para cada uno de ellos si anteriormente estaba declarado reservado o secreto. En el caso de los del AGMAE, también se han dividido por expedientes —a diferencia del resto de documentos que se han publicado mayormente de forma individual— e incluyen su propia signatura —la numeración que permite identificar cada unidad en un depósito—.

"Aun así, tampoco están perfectos", resume Alonso. La experta explica a infoLibre que todos los documentos se deberían haber publicado con esa información sobre a qué expediente pertenecen, su signatura y qué clasificación de reserva o secreto tenían, algo que no se ha hecho. Pero también se debería haber indicado para todos ellos la autoría, la fecha de elaboración del documento, cómo se obtuvo y en qué fecha y la información sobre dónde está y dónde ha estado custodiado. "Los documentos se han publicado sin contexto de producción y es el contexto el que da información al dato. Los datos sin contexto no son información", resume la archivera.

Del mismo modo, también hay documentos que aparecen con cierta información tapada o anonimizada. Es un procedimiento común para algunas situaciones, pero la publicación de Moncloa no detalla en qué momento se ha producido esa labor ni qué tipo de información se ha tapado y por qué. 

"Lo que se ha colgado es información sin contexto", resume Alonso, que critica especialmente la forma en la que se han publicado los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio del Interior. "No se sabe el entorno de producción de los documentos, a qué serie pertenecen, en qué archivo están o en qué momento y quién los han tratado", denuncia.

De hecho, esa falta de información de contexto sobre lo publicado ha llevado a equívocos con uno de los documentos del Ministerio del Interior. Se trata del archivo 'Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)', publicado en la web del Gobierno y referenciado a la Guardia Civil (Ministerio del Interior).

El documento aparece como datado de 1980, tanto en su título como en la primera página del mismo, pero no se detalla ni su autoría ni de dónde se ha obtenido ni qué contiene exactamente. Tiene 23 páginas y a pesar de que las primeras tratan sobre una posible planificación previa al 23-F, a partir de la séptima aparece otro documento. En el archivo se pasa a hablar de supuestos "errores cometidos" ya en el 23-F y parece planificar una conspiración golpista fallida posterior, la del 27 de octubre de 1982.

El autor desconocido incluso escribe "qué se debe hacer después del 23-F" y se habla de que los militares "no estén decepcionados por los acontecimientos del 23-F", dejando claro que al menos a partir de ahí el archivo es posterior al intento de golpe protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero.

A pesar de ello, de nuevo, la falta de información de contexto impide saber de qué se trata exactamente el documento desclasificado e incluso algunos medios de comunicación en el momento de su publicación no cayeron en la cuenta y hablaron del documento como si fuera completamente previo al 23-F.

"Esa información nos la están omitiendo. Ese es el problema, han publicado información descontextualizada y no sabemos a quién le encontraron esa documentación ni cuándo. Muchas veces el contexto es más importante que la información", explica Henar en relación al documento. La experta asegura que "posiblemente se trate de un anexo a una nota informativa que hizo el servicio de información de la Guardia Civil. Pudieron entrar en casa de alguien en un momento dado e hicieron un informe que emiten en base a lo que encontraron en casa de 'fulanito'". 

infoLibre ha preguntado a Interior por ese documento. El ministerio reconoce que el mismo "carece de contexto", pero asegura que "no existe posibilidad de conocerlo". "Se archivó tal como llegó hace más de 40 años", explica el departamento de Fernando Grande-Marlaska.

El Ministerio del Interior cuenta también que entre los archivos que han recopilado, desclasificado y publicado "existen documentos previos y otros posteriores al 23-F". "Por ejemplo, el teniente coronel Tejero ya fue sometido a un Consejo de Guerra en 1978 por la Operación Galaxia y posteriormente al 23-F se produjeron maniobras involucionistas en el entorno de las Fuerzas Armadas. No son documentos vinculados estrictamente al 23-F, pero sí son fondos que pueden englobarse bajo el concepto de involucionismo", detalla.

Los documentos publicados por Interior provienen "de los archivos de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil y del Archivo General del ministerio, que gestiona la secretaría general técnica" y esas unidades son las que se han encargado de la recopilación, según explica el ministerio, que asegura que "la búsqueda ha sido lo más exhaustiva posible". Aunque reconoce que "en muchos documentos no consta la autoría, la fecha y, en ocasiones, tampoco el membrete, porque así debieron de solicitarse por la autoridad a la que iban dirigidos". "Se han publicado tal como figuran en los archivos", resume.

De nuevo, la calidad de la información de contexto y de los documentos publicados choca con la duda de cuánta información tiene el Gobierno sobre el 23-F. El Ejecutivo no tiene toda la información que ha existido sobre el intento de golpe de Estado —o al menos no la tiene localizada—. Pero, además, tampoco sabe qué es exactamente cada documento que sí tiene ubicado.

Pero ese no es el único problema. Los expertos apuntan también a la discrecionalidad de la medida. ¿Por qué ahora la desclasificación y por qué sobre el 23-F? "Han publicado lo que han querido y cuando han querido, pero la argumentación también se podría aplicar a otros casos", resume Alonso. Rubio cita algunos, como el atentado de Carrero Blanco, el Caso Almería o los GAL.

A día de hoy, España sigue siendo una excepción europea al no tener una ley que marque unos plazos concretos que obliguen a la desclasificación de documentos. "Esperamos ahora que el proyecto de ley de información clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma", aseguraba la ministra Elma Saiz el martes en referencia a esa problemática.

En el verano de 2023, tras las elecciones generales del 23-J, el PNV presentó una propuesta en el Congreso para reformar la ley de secretos oficiales. En el verano de 2025, el Gobierno aprobó el proyecto de ley que citaba Saiz tras el Consejo de Ministros y lo mandó al Congreso. Ambas iniciativas marcan plazos automáticos para que la discrecionalidad y excepción en la desclasificación de información dejen de ser la norma en España, pero por ahora siguen en periodo de enmiendas sin que se sepa cuándo se van a debatir y si alguna va a conseguir ser aprobada.

El periodista Carlos Estévez, Charly en la profesión (A Guarda, Pontevedra, 1951), acaba de publicar Cuando la verdad te alcance: lo que el 23F oculta. En el libro señala los vacíos que persisten sobre las tramas que llevaron al golpe y que no se han llenado con la reciente desclasificación sobre el suceso. Estévez es autor de más de cuarenta documentales, muchos de ellos sobre la transición, la muerte de Franco, el asesinato de Carrero Blanco o el propio 23F.

“Los documentos desclasificados, si tuviéramos que llamarlos así –porque no a todos los podemos llamar documentos–, son para cualquier historiador o investigador claramente insuficientes. A partir de toda la documentación que nos han proporcionado hasta ahora son fragmentos muy particulares y algunos de ellos incluso me atrevería a decir que difícilmente creíbles. ¿Es posible que esto lo hubiera hecho algún algoritmo loco o hay algún ser humano detrás de la desclasificación de estos documentos? Porque documentos sobre la transición y el 23-F hay o había miles y miles. Hay que tener en cuenta que la clase política de este país estaba prácticamente pinchada. Hubo una cantidad de escuchas e intervenciones muy grande y no las veo por ninguna parte. Veo una charla entre Tejero y García Carrés, la mujer de Tejero, vecinos, etcétera, que nos han mostrado muchísimas veces. No sé cómo eso se puede aportar como novedad”. 

“Si tuviera que elegir un documento que echo en falta, sería posiblemente la conversación que mantiene Alfonso Armada con Sabino Fernández Campo en la Zarzuela para pedirle el permiso, el consentimiento para poder dirigirse al Congreso de los Diputados y ofrecerse como solución como presidente de un gobierno de coalición. Y mi decepción es ver que entre la desclasificación de documentos no esté esa conversación porque nos podría aclarar mucho. En sus memorias editadas hace poco, tituladas Reconciliación, el rey Juan Carlos asegura que cuando llamó Armada, le dijo tajantemente: “No te doy autorización para ir al Congreso”. Si el rey no da autorización ¿alguien puede concebir que Alfonso Armada, por libre, puede dirigirse en coche oficial con bandera desplegada, vestido con uniforme militar, con el comandante ayudante al lado y una propuesta de avión y dinero para ofrecerle a Tejero para que se fuera de España? ¿Eso es ir a título personal? Yo elegiría ese documento, sin duda”.

“En la calle realmente lo que existe es una confusión enorme y lo que estamos viendo estos días en las tertulias y en las televisiones, e incluso en la prensa, aumenta todavía más esa confusión. Si la desclasificación de esos documentos se ha hecho para evitar bulos y teorías conspiratorias, empezamos muy mal porque bulos y teorías conspiratorias hay dentro de esos propios documentos que no llevan firma. Algunos de ellos son anónimos y cuentan unas historias increíbles y fácilmente desmontables. Es decir, se puede probar muy fácilmente que eso no es cierto”.

“Hay muchísimos documentos que no han visto la luz. Entonces, ¿debemos creer que aquellos documentos que no han visto la luz y que no los han dado a conocer es porque se han destruido? ¿Debemos creer que no los tienen ni el Ministerio de Defensa, ni el de Asuntos Exteriores, ni el de Interior? Posiblemente la gente todavía no sepa que, entre los documentos reservados, declarados como secreto oficial del Ministerio de Defensa, todavía hay documentos del siglo XVII que no han sido desclasificados. Imaginaos los cientos de miles de documentos que tiene que haber. Claro, estos están referidos únicamente al intento de golpe de Estado del 23 F, pero tiene que haber muchísimo más material, o si no lo hay es que ha sido extraído”.

“Sigue quedando sombra. Yo creo que toda, lamentablemente. Con estos documentos no se ha abierto la cortina de la Transición y nos han enseñado lo que había detrás para que podamos tener, como ciudadanos, una opinión clara. Yo no quiero llamarle golpe de Estado porque creo que no lo fue, porque en ningún momento se atentó contra el rey ni se pretendió tomar la Zarzuela. Todo lo contrario, las comunicaciones estaban perfectamente libres. El rey se podía comunicar desde el Palacio de la Zarzuela libremente. Creo que se trató más bien de un golpe militar. Un golpe militar, en su primera fase como escenificación, que tendría que dar paso a otra cosa que se llama la solución Armada. Eso está bastante claro, pero la gente no lo entiende muy bien. Cuando Tejero entró en el Congreso, al poco tiempo, el capitán Muñecas, que le acompaña en la toma del Congreso, sube a la tribuna y anuncia a todos los diputados y al Gobierno allí retenidos: “No se preocupen ustedes, calma, tranquilidad, no va a pasar nada. En un tiempo prudencial, en poco tiempo, se va a presentar aquí la autoridad militar competente que les va a aclarar y explicar lo que hay que hacer”. Ese era el guion realmente. Otra cosa es que el guion luego no se cumpliera y se fueran precipitando determinadas cosas, que aquella escenificación de golpe estuvo a punto de convertirse en un auténtico golpe de Estado”.

“En la prensa, de forma casi extrañamente unánime, se ve la misma determinación. Estos documentos prueban claramente, dice la prensa, que el rey no tuvo nada que ver con el golpe de Estado. No me cabe duda, después de toda la investigación que he hecho, de que, por supuesto, el rey no apoyaba para nada ni podía apoyar el golpe militar, si nos referimos a ese golpe de Tejero entrando a tiros en el Congreso. Para nada. El rey nos salvó de eso. Sí. Pero también puede ser cierto que el rey, con determinadas actitudes “comprensivas” entre comillas que tuvo con determinados militares, con determinados políticos, hubiera propiciado ese clima. O que hubieran entendido, a través de lo que Armada les decía a los generales, que hablaba en nombre del rey. El rey nunca desautorizó a Armada ante los militares. Por tanto, los mensajes que mandaba Armada se los creían los capitanes generales. Si Armada les decía que no se preocuparan, que a Suárez lo van a dimitir muy pronto y al cabo de un mes los capitanes generales veían que efectivamente se cumplían todas las predicciones que Armada –que era el hombre que hablaba en nombre del rey– les decía, cómo iban a dudar de que Armada no fuera el hombre del rey. Con este equívoco se jugaba. Que el rey no apoyaba el tejerazo, por supuesto; que el rey fuera comprensivo con muchas cosas es otro asunto. Y esos papeles, que son los que a nosotros nos gustaría ver, los papeles de la operación cívico militar que se llamó la Operación Armada, no aparecen por ningún lado. Para mí la Operación Armada es el caballo de Troya que había detrás de la entrada de Tejero”.

“El hecho de que hayan aparecido en este momento, lleva a los investigadores y a los historiadores a pensar el porqué ahora. Hay quien lo liga con una llamada ya operación Juan Carlos, que estaría destinada a que el rey emérito, según dice la prensa y algunos partidos políticos, pudiera volver a España. El tema es que el rey puede venir a España cuando quiera. El rey Juan Carlos no se fue de España por nada que estuviera relacionado con el 23 F. Por lo tanto, ligar los papeles de la desclasificación con el regreso del rey Juan Carlos a España es, cuando menos, una forma de volver a retorcer la historia. Los políticos se tendrían que dar cuenta, y más gente, de que la sociedad española ya es y siempre fue suficientemente madura para que se le cuente la verdad”.

“Considero que es el momento idóneo para cambiar la ley de Secretos Oficiales después de haber conocido los documentos. Estamos sometidos todavía a la ley de Secretos Oficiales del año 68, una ley franquista. Por cierto, si esa ley se hubiera cambiado hace mucho, hubiéramos llegado a tiempo para recuperar algunos de los documentos que posiblemente se han destruido después. Pero ningún presidente del Gobierno, ni Felipe González, que estuvo tanto tiempo en la Moncloa, ni José María Aznar, ningún presidente del Gobierno tuvo a bien hacerlo. ¿Por qué? No lo sabremos y habrá que preguntarles a ellos. El otro día Felipe González dijo en las Cortes que él estaba muy a favor de esto. A lo mejor se olvidó que estuvo 14 años de presidente y que lo pudo hacer él. Aquí no hubo nunca interés hasta el día de hoy en desclasificar los documentos que son secretos de Estado.

“Algunos documentos son extraños, desde luego. Uno de ellos dice que un soldado del regimiento acorazado ligero de caballería perteneciente al acuartelamiento Villaviciosa declara que tenía órdenes de matar en Televisión Española. Que llegaron a las 22:15, que estuvieron toda la noche, que eran mil soldados apoyados por efectivos de la caballería, por tanques, por carros de combate. Pero vamos a ver ¿qué locura es esta? No sucedió nada de lo que dice él. Los militares entraron en Prado del Rey a las 19:50 aproximadamente. Se fueron a las nueve. Una hora. No eran mil soldados. Solo eran 35. La diferencia es notable. Encontrarnos cosas de este tipo merma mucho la credibilidad de lo otro. También existen documentos anónimos, otros escritos a mano. Un documento oficial lleva su membrete, su firma y es fácilmente reconocible. Lo que no me puedes dar es una hoja de libreta con una cosa a mano, habría que eliminar al rey. ¿Quién ha escrito eso? ¿Qué base tiene? Habrá que referenciar cada documento, porque estamos hablando de una cosa muy seria que se está emitiendo por todas las televisiones, en toda la prensa, como un hecho cierto. Personalmente me resulta muy difícil entender todo esto. Creo que el levantamiento de esa serie de documentos realmente lo que está poniendo a prueba es la solidez de la prensa española. Es decir, me asusta ver con qué poco rigor estamos lanzando titulares y opiniones al aire. La prensa española debería de ser más consistente, yo me incluyo también, deberíamos ser todos mucho más consistentes a la hora de exhibir estos documentos, porque somos los intermediarios con el pueblo español”.

“Yo diría que hay un gran tema todavía por salir a la luz, que es el asesinato del almirante Carrero Blanco. Hay muchísimos documentos, o había, que podían aclarar mucho sobre muchas cosas, sobre el principio de la transición. Si me preguntas qué otros documentos podrían ser desclasificados, yo pediría sin duda esa parte tan cercana al inicio de la transición española”.

“¿La sociedad española está preparada para conocer episodios oscuros que implican a personas vivas? Si afectan a los cimientos de la democracia española, por supuesto que sí. Yo creo que la sociedad española, hablando en general, siempre estuvo preparada para eso. Estuvo, quiere conocerlo y tiene el derecho a conocerlo. A una información fiel de las cosas que suceden. Si no, no podrá entender nunca su futuro. Tenemos necesariamente que conocer el suelo sobre el que estamos pisando y saber si estamos pisando algo sólido o si lo que hay debajo es solamente, digamos, un mito, una historia dulce, satisfactoria a nuestros oídos. El ciudadano español, como cualquier ciudadano del mundo, tiene derecho a recibir malas noticias, siempre y cuando estas noticias afecten a su seguridad y a su vida. Claro que sí. Suficientemente maduros. Ahora, antes y siempre. La sociedad necesita verdades como puños, no mentiras piadosas”.

“Donald Trump habla de una época donde la verdad casi es un delito. Ahora mismo lo que se intenta es que la verdad no sea un referente de nada. No creo que lo consigan ni Donald Trump, ni los poderes de las grandes empresas que buscan desarrollar la inteligencia artificial. Yo no creo que lo consigan, pero es cierto que el eje de todo es esa palabra de seis letras que se llama verdad. Es lo que está en cuestión. A veces la verdad es molesta para mucha gente. Sin embargo, es el oxígeno que necesitamos los ciudadanos para vivir”.

La desclasificación de documentos del 23-F es, sin duda, el tema de la semana, y los usuarios de X y Bluesky se lo han pasado de lo lindo con este asunto. Podemos considerar a Carmen Díez, esposa de Tejero, como una de las grandes protagonistas de esta revelación de secretos de Estado. La transcripción de sus llamadas telefónicas mientras su marido asaltaba el Congreso ha hecho el deleite de todos los que se han asomado a leerlas dando lugar a memes y mofas en redes por el contenido y la forma en la que la señora opinaba sobre su esposo y lo que estaba sucediendo. Como si de una ficción de humor se tratara, Díez habla con amigas, afines al golpe y familiares mientras desacredita al autor del 23-F, que todavía está en las Cortes: "Como siempre haciendo el primo" o "¡Qué desgraciado es!". Estos y otros comentarios similares se pueden leer en los papeles. Este caldo de cultivo ha servido para cocinar este estupendo tuitómetro: ‪"Ahora entiendo por qué tardaron tanto en hacer público lo del 23-F, porque madre mía, madre mía, qué ridículo", valora @wilma78.bsky.social‬, "Lo único que se ha desclasificado con un poco de enjundia es que la señora de Tejero dijo Ay, mi marío es tonto, cosa que ya sabíamos", se ríe @DonMitxel_I. "—Ya están todos sentados, señor Tejero, ¿y ahora qué? —No sé, pregunta a mi mujer", se cachondea @CarlWinslou.

‪"El rey no sabía nada porque esos temas los llevaba su mujer", ironiza @bobestropajo.bsky.social‬. Sobre Juan Carlos I, en infoLibre te contamos que estas revelaciones incluyen testimonios que alargan la sombra sobre su papel aquel día e informes de inteligencia que meses después dejaban entrever comportamientos sospechosos. Además, contienen un plan posterior que lo identifica como enemigo a batir y el relato de cómo detuvo la intentona desde Zarzuela. El emérito también ha recibido su ración de memes en redes sociales, alimentados por el tuit de Feijóo en el que pide su regreso a España: "La desclasificación de los documentos del 23-F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España", posteó el líder del PP. "¿Qué tiene que ver el 23-F con lo que hizo el rey emérito después? Ha venido cuando ha querido. Quizás no viene a residir porque tendría que traerse también su dinero", replica @Merchehb.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

Entre la documentación desclasificada en torno al Golpe de Estado del 23-F, además de informes policiales sobre las reacciones políticas, sindicales y estudiantiles en Galicia, figura un informe del Ministerio de Defensa “sobre la amenaza interior”, fechado el 10 de febrero, dos semanas antes del golpe, en el que se tienen en cuenta “las hipótesis de acciones involutivas” con respaldo militar.

En ese informe se analizan también otras amenazas, entre las que aparece “el separatismo en Galicia”. El documento lo minimiza y señala, sobre la posibilidad de un separatismo violento, que “puede constituir una amenaza potencial a muy largo plazo”.

El Informe semestral sobre la amenaza interior, del Centro Superior de Información de la Defensa, con fecha de 10 de febrero de 1981, destaca el origen “esencialmente interno” de las principales amenazas para España. Entre ellas señala como la más probable el terrorismo, seguida de “brotes más o menos generalizados de desobediencia civil separatista” y añade que “en tercer lugar deben considerarse las hipótesis de acciones involutivas, bien por medio de maniobras políticas extraconstitucionales con respaldo militar, o por acciones armadas de entidad limitada”.

En su desarrollo, el documento analiza la situación política y sindical, la “amenaza revolucionaria” y diversos separatismos, con especial atención al terrorismo de ETA. Las 21 páginas del documento dedican medio folio a analizar “el separatismo en Galicia”, del que afirma que “al igual que en Cataluña, el separatismo violento gallego encuentra por el momento poco eco, aunque puede constituir una amenaza potencial a muy largo plazo”. Sería en 1987 cuando el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive iniciaría su actividad violenta.

Al margen de ese pronóstico sobre el separatismo violento, el informe militar de dos semanas antes del 23-F señala que “el espectro separatista gallego” estaba formado, “principalmente”, por cuatro entidades. La primera citada es el Bloque Nacional Popular Galego (BN-PG), del que afirma que “su apoyo electoral ronda el 3% del censo electoral de la región”. La segunda organización es el Partido Obreiro Galego, “integrado en Esquerda Galega, cuyo respaldo popular no está cuantificado por no haber participado hasta el momento en elecciones pero que, a tenor de su apoyo en la calle, parece mínimo”.

Frente a esas consideraciones del informe militar, unos meses después, en las primeras elecciones gallegas del 20 de octubre de 1981, la coalición de BN-PG y PSG obtuvo el 6,2% de los votos y 3 diputados, encabezados por Bautista Álvarez, que no llegaron a tomar posesión por su negativa a jurar lealtad a la Constitución. Por su parte, Esquerda Galega obtuvo el 3,4% de los votos y un escaño, ocupado por Camilo Nogueira.

El informe también cita como formaciones menores al Partido Galego do Proletariado, partido que presenta como “partidario de la lucha armada” y que “mantiene relaciones con ETA”. Y, de pasada, a la Irmandade Galega, con “escasa militancia”.

El informe considera que “a medio plazo, solo en Vascongadas y Cataluña podrían originarse hechos o actitudes separatistas susceptibles de provocar una decisión del Gobierno en relación con algún tipo de intervención de las Fuerzas Armadas”.

El documento comienza señalando que las principales amenazas para el Estado eran internas, “lo cual no impide que determinados grupos cuenten con apoyos exteriores ni que sus actividades favorezcan de modo más o menos indirecto los intereses de otras potencias, en particular los del bloque soviético”. Y concluye advirtiendo de la posibilidad de interrelación entre esas amenazas y señalando la “mutua influencia entre posibilidades involutivas y posibilidades revolucionarias, viéndose cada una de ellas estimulada por el crecimiento de la otra”.

El exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F, ha fallecido este miércoles a los 93 años, ha confirmado a EFE el despacho de abogados que representa a su familia.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

El 23 de octubre de 2025 circuló el rumor de que se había producido su muerte, que algunos medios llegaron a publicar, y la familia salió a desmentir el fallecimiento a través de un comunicado.

Este miércoles, uno de los hijos del exteniente coronel ha emitido un comunicado anunciando su fallecimiento. "Quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de febrero del 2026, mi padre: Antonio Tejero Molina ha fallecido en compañía de todos sus hijos. Habiendo recibido los últimos sacramentos y la Bendición de Su Santidad León XIV. Doy infinitas Gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias", reza el comunicado.

También desde el despacho de abogados que le representaba en la actualidad, la abogada Ángeles Cañizares señala que su muerte se ha producido a las 18:45 horas de este miércoles en Alzira (Valencia), donde residía con una de sus hijas. "Su fallecimiento se produjo de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia y tras haber recibido los santos sacramentos", expone.

Y añade: "Toda la familia en el convencimiento absoluto de que 'la muerte no es el final', agradece de antemano todas las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos tan difíciles y ruega el máximo respeto a su privacidad".

Nacido en Málaga el 30 de abril de 1932, ingresó en 1951 en la Guardia Civil, y fue jefe de la comandancia de este Cuerpo en Guipúzcoa, de donde tuvo que pedir el traslado forzoso a raíz de unas declaraciones públicas en contra de la legalización de la ikurriña.

Ya destinado en Málaga, desautorizó una manifestación previamente permitida, medida que justificó en que España estaba de luto por la muerte en atentado del presidente de la Diputación de Vizcaya. Fue arrestado por decisión de la Dirección de la Guardia Civil.

Fue expedientado en 1978 por la carta abierta al Rey en "El Imparcial", en la que mostraba su disconformidad con la Constitución.

En noviembre de ese año fue arrestado de nuevo al aparecer su nombre ligado a la Operación Galaxia, que pretendía terminar con la naciente democracia española. El 8 de julio de 1980 fue condenado a siete meses y un día por participar en esta primera intentona golpista.

El 23 de febrero de 1981, Tejero, al mando de fuerzas de la Guardia Civil, asaltó el Congreso y mantuvo secuestrados al Gobierno y a los diputados en lo que intentó que fuera un golpe de Estado.

Durante esa noche, diversas autoridades militares, como el general Aramburu Topete y el general Sabino Fernández Campo, intentaron convencerle para que depusiera su actitud. Finalmente y tras hablar con el teniente coronel Fuentes Gómez de Salazar, que le comunicó que la acción golpista había sido abortada en el exterior, firmó su rendición, saliendo de la Cámara a las 12 de la mañana del 24 de febrero.

Junto a otros jefes y oficiales, el 3 de junio de 1982 el Consejo Supremo de Justicia Militar le condenó a 30 años de reclusión. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo el 22 de abril de 1983. Era condenado a la pena principal de 30 años y a la accesoria de pérdida de empleo.

Cumplió la primera parte de su condena en Alcalá de Henares (Madrid). El 6 de octubre de 1982 fue trasladado al Castillo de la Palma en Ferrol, tras descubrir el CESID otra intentona golpista y, el 28 de mayo de 1983, fue conducido a la prisión del Castillo de San Fernando, en la localidad gerundense de Figueras, donde era el único recluso.

En septiembre de 1987, su defensor pidió la absolución al Consejo Supremo de Justicia Militar, órgano encargado de revisar las sentencias del 23-F tras desaparecer del código castrense el delito de rebelión en tiempo de paz, pero la petición fue desestimada.

El 7 de febrero de 1991 el abogado Angel López Montero solicitó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Militar de Barcelona la libertad condicional de Tejero, petición que fue denegada, al no haber cumplido las tres cuartas partes de la condena. A petición de su defensor, el 13 de junio de ese año fue trasladado de Figueras a la cárcel de Alcalá de Henares.

En septiembre de 1993 logró el tercer grado penitenciario, que sólo le obligaba a pasar la noche en prisión. Doce años después del 23-F, una asociación de mujeres de militares solicitó su indulto, que denegó el Gobierno, después de que la Sala Militar del Supremo informara favorablemente sobre su concesión en contra del fiscal togado militar, que consideró que el reo no estaba arrepentido de su delito.

El 19 de noviembre de 1996, el juez militar de vigilancia puso en marcha el proceso de excarcelación, al dictar un auto en el que reconocía al recluso cinco años y 57 días de redención de pena por trabajo. Con este beneficio penitenciario, el exmilitar cumplía ya las tres cuartas partes de la pena de 30 años a la que fue condenado.

El 3 de diciembre de 1996, abandonó la cárcel militar de Alcalá de Henares en libertad condicional. Fue el último de los condenados por el 23-F en salir de prisión.

En su etapa en prisión se dedicó a cultivar un huerto, escribir sus memorias y pintar, afición esta última que continuó tras su puesta en libertad. Se trasladó a vivir a Málaga.

Para Tejero, el 23F era una página de su pasado de la que no quería hablar. "Yo no fui protagonista de aquello —afirmó—, tan sólo un actuante".

El 24 de octubre de 2019, acudió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio (Madrid) en los actos para la reinhumación del dictador Francisco Franco, tras ser exhumado del Valle de los Caídos.

Vivía con una de sus hijas en Alzira, localidad valenciana en la que ha fallecido este miércoles, dos días después del 45 aniversario de la intentona golpista. 

Los documentos secretos del 23-F, que el Gobierno acaba de desclasificar, evidencian el atronador ruido de sables en las Fuerzas Armadas. Antes y después de la intentona golpista. El 25 de febrero de 1982, justo un año después de la asonada y en plena celebración del juicio por la misma, el coronel José Faura remitió una misiva a los servicios secretos –entonces liderados por Emilio Alonso Manglano– en la que advertía de que el ambiente en los cuarteles se estaba "enrareciendo" y que había que hacer algo para "disiparlo". "Las reuniones masivas son siempre malas, porque es la ocasión de los timoratos. Pero, en milicia lo más eficaz es la línea de mando", arrancaba el escrito, que culminaba: "Lo más peligroso y urgente es el Ejército de Tierra".

Aquella misiva recomendaba a "Emilio", probablemente el jefe de los espías del CESID –ahora CNI– Emilio Alonso Manglano, "dos tipos de acciones" para disipar o, "al menos", contener ese "ambiente enrarecido". En primer lugar, se recomendaban "reuniones sucesivas de los distintos niveles de mando" para ir dando una serie de "instrucciones". "Estos mismos criterios, u otros parecidos, serían transmitidos por la cadena de mando hasta llegar a la unidad, compañía o similar, cuidando que nadie pueda manifestarse a favor de los procesados, entre otras cosas porque se prejuzgaría la actitud del tribunal, que es quien tiene que decidir", recomendaba Faura.

En este sentido, ponía sobre la mesa un conjunto de ideas a trasladar en esos encuentros a través de la cadena de mando. Por ejemplo, que había que ser "respetuosos" con la "justicia" y "aceptar su veredicto"; que la actitud de los procesados era "respetable" siempre que se mantuviera "dentro de la ética y el honor militar"; que no había que dejarse embaucar por "sectores sociales" que intentan manipular a las Fuerzas Armadas "con propósitos no confesables"; que todo el mundo les estaba mirando y debían demostrar ser "un ejército serio"; o que la "disciplina" debía ser "norma prioritaria" en esos momentos, "exigiendo de los inferiores un comportamiento digno, evitando las murmuraciones y cortando de raíz los bulos y rumores". En resumen: "Insistirse mucho en el tema de la disciplina, la manipulación y la imagen que estamos proyectando al mundo entero".

Como segunda opción, Faura planteaba una "acción" algo más "delicada". "Se trata de buscar a las personas de más prestigio de cada centro o unidad y reunirlas para que, bien el presidente Calvo Sotelo, bien el ministro, les explique personalmente la actitud del Gobierno, la trascendencia nacional e internacional del proceso y lo que esperan y desean de las Fuerzas Armadas", deslizaba. Proponía hacerlo en un "clima distendido" para que todos pudieran exponer su punto de vista. Y ponía sobre la mesa algunos nombres. "Sería una buena ocasión para que el Gobierno conociera de primera mano lo que piensan en las FAS –Fuerzas Armadas– y que, a su vez, los militares supieran lo que quiere el Gobierno", señalaba.

Y concluía con una advertencia: "Como es natural, tendrían que asistir gente de Marina y Aire. Pero lo más peligroso y urgente es el Ejército de Tierra". Ocho meses después de aquella misiva, se desarticuló una nueva conspiración golpista prevista para la víspera de las elecciones generales del 28 de octubre de 1982. Entre los detenidos, el coronel Jesús Crespo Cuspinera, su hermano José Enrique –entonces teniente coronel– y el coronel Luis Muñoz.

Del ruido de sables también advirtió en su momento la Brigada Provincial de Información de Valladolid de la Policía Nacional. En una nota informativa posterior al 23-F se advertía de la formación de tres corrientes pro-golpistas que "ante el objetivo común" que se proponían podrían en un momento dado "buscar la unión". Por un lado, mencionaba a Los Inestrillos, con la sociedad militar La Hípica como lugar de reunión: "Su comportamiento es ostensible y sin recato. Son partidarios de la acción dura y violenta". Por otro, la Corriente Almendros, integrada por "la facción intelectual del Ejército". Y en último lugar, la Corriente Opus-Dei.

La nota, tras esto, hacía una valoración de riesgos en la provincia. Decía que en Valladolid, al menos a "nivel organizativo" dichas tendencias no estaban "claramente diferenciadas". Ahora bien, sostenía, "con escaso margen de error", que al menos media decena de militares pretendían "llegar rápidamente a un cambio de signo fascista", otros siete buscaban un "golpe de Coroneles" y otros cuatro pretendían, con presiones a las altas instancias del Estado y a los partidos, un "Gobierno de Gestión" integrado por "militares y tecnócratas".

Los documentos desclasificados también muestran la repercusión que el intento del golpe de Estado del 23-F tuvo en la Policía Nacional. Y ponen de relieve el desprecio de los militares hacia el citado cuerpo. Así consta, por ejemplo, en un informe de situación "reservado-confidencial" con fecha 12 de noviembre de 1981. Aquel documento señalaba, en primer lugar, que era "evidente" el "renacimiento del clima" que había motivado la asonada protagonizada por Tejero. Y resaltaba que la "situación profesional" de aquellos que mantuvieron en su momento una posición democrática empezaba a ser "insostenible": "No solamente las campañas de prensa en órganos de la ultraderecha, sino los comentarios en Salas de Banderas, clubs o centros de reunión y en los centros donde se celebran cursos".

En este sentido, el informe del Ministerio del Interior relataba que a los miembros del Ejército destinados en la Policía Nacional se les estaba haciendo "el vacío", se les estaba reprochando la actuación de estas Fuerzas en el 23-F o la Transición o se les estaba acusando de "pertenecer o simpatizar" con la Unión Militar Democrática. "Un detalle revelador de esta disociación lo refleja el hecho de que la última celebración de la festividad de la Policía solamente asistiera por el Ejército de Tierra un General de Intendencia", apunta. Una situación que contrastaba, continuaba, con "los constantes halagos" hacia la Guardia Civil que se realizan en los cuarteles, "con asistencia masiva a sus actos".

"Todas estas circunstancias hacen que la situación sea difícil y creemos conveniente una profunda meditación sobre el tema, porque puede conducir a una desmoralización de este personal que se siente acosado y con complejo de culpabilidad por haber actuado en los días 23-F y 24-F con absoluta lealtad al rey, a la Constitución y, en definitiva, al pueblo español. Quizá la finalidad última de esta campaña sea la de minar la moral del Cuerpo de Policía Nacional, que en un análisis ponderado de lo acaecido fue el dique que se opuso con mayor efectividad al logro de los designios de los golpistas", concluye.

El CESID dio credibilidad a informaciones de círculos militares y de "ambientes castrenses de la capital" según las cuales el rey se entrevistó confidencialmente con el teniente general Milans del Bosch antes del juicio por el 23-F dentro de movimientos para tratar "que la Corona no salga lesionada en el proceso", según recoge EFE.

Según una nota interior de los servicios de inteligencia de la época fechada el 5 de febrero de 1982, poco antes del inicio de la vista oral el 19 de febrero, sobre "entrevistas de S.M. el Rey con militares implicados en el 23-F", don Juan Carlos se habría reunido en secreto con Milans del Bosch -uno de los altos mandos militares condenado por el golpe-.

El documento desclasificado refleja que en esos círculos "se dan por seguras algunas entrevistas confidenciales y sigilosas de S.M. el rey" con algunos de los principales implicados, y se menciona que "alguien muy importante de la Casa Real se ha entrevistado con el general Armada, matizando con él comportamientos de la vista oral del proceso" que iba a comenzar días después.

No aporta más detalles sobre quién fue quien supuestamente se reunió con Armada, otro de los condenados, pero sí se reseña que Jaime Milans del Bosch, quien contribuyó al golpe tomando con tanques las calles de Valencia, exigió que su entrevista fuera "con la propia persona real, no admitiendo intermediarios ni eslabones inferiores".

"En tales círculos de opinión se ASEGURA que, en efecto, el Rey se ha entrevistado confidencialmente con Milans de Bosch" y se constata que "por encima de todo se pretende que la Corona no salga lesionada del proceso" y que los intentos que pudiera haber "no provengan de los principales procesados" y de "reconocida vocación monárquica".

La nota del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), los antiguos servicios de inteligencia, reafirma que las opiniones no son de "callebajeros" y asegura que alguno incluso está "integrado en el sector militar" y no es un rumor popular sino de parcelas de opinión "cuantitativamente restringidas".

El Gobierno acaba de publicar los documentos desclasificados del golpe de Estado de Antonio Tejero, el 23 de febrero de 1981. Esta desclasificación ya fue anunciada el pasado martes por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en el Consejo de Ministros.

153 unidades documentales han salido a la luz 45 años después del intento de golpe. En ellos se desvelan desde diálogos de Tejero con sus familiares o con otras personas como Juan García Carrés, el único civil condenado por el golpe, hasta notas informativas del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) previas al asalto al Congreso de los Diputados.

El Gobierno ha habilitado un acceso a la documentación a través de la página web de Moncloa.

Los documentos secretos del 23-F desclasificados por el Gobierno incluyen desde la transcripción de conversaciones telefónicas del golpista Antonio Tejero desde el Congreso sitiado por los agentes a su mando hasta notas informativas del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) previas a la asonado, durante el asalto y posteriores, según recoge EFE.

El Gobierno ha habilitado un acceso a la documentación a través de la página web de Moncloa en la que figuran las 153 "unidades documentales" repartidas por los Departamentos de origen, es decir, los ministerios del Interior, Defensa y Asuntos Exteriores.

Uno de los primeros que es posible consultar es la transcripción de una conversación entre Juan García Carrés, el único civil condenado por el golpe, y el teniente coronel Tejero, mientras se encontraba en el interior del Congreso.

García Carrés le informa de que "va un regimiento para allá" y le pide que aguante, "que la victoria es para España". "Juanillo, no me hagas propaganda, coño", le responde el teniente coronel, que, nervioso, intercala numerosos tacos en sus contestaciones.

Su interlocutor deja que Tejero hable con su mujer para tranquilizarla: "No hombre, no, no va a haber sangre, hija mía. No te preocupes. ¿Que te quiero muy poco? ja ja ja", le dice el guardia civil antes de mandarle un beso.

Los documentos secretos del 23F cel Gobierno está trabajando para que desde mañana miércoles a mediodía puedan ser consultados libremente en la web de Moncloauya desclasificación ha acordado este martes el Gobierno incluyen transcripciones de conversaciones grabadas a sus protagonistas y pertenecen a los ministerios de Interior, Exteriores y Defensa, ha confirmado la ministra portavoz, Elma Saiz, quien no ha aclarado detalles sobre quiénes son los interlocutores implicados, informa EFE.

Entre lo que se conocerá no estará el sumario del juicio ya que el Gobierno aclara que no es un documento clasificado, sino custodiado por el Tribunal Supremo.

Las fuentes citadas han asegurado que el Gobierno, ni siquiera su presidente, Pedro Sánchez, tiene conocimiento de lo que hay en esos documentos, pero tienen el convencimiento de que no afectarán a la seguridad nacional, y han explicado que antes de que se anunciara la decisión de la desclasificación, se informó a la Casa Real.

Algunas de las incógnitas que persisten sobre la intentona golpista giran en torno a los diálogos telefónicos de aquel 23 de febrero de 1981 entre el Congreso, tomado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, y el exterior, así como desde el Palacio de la Zarzuela, donde el rey Juan Carlos contactó con los altos mandos militares para frenar la asonada.

No ha concretado mucho más la ministra sobre las revelaciones de las 153 "unidades documentales" que este miércoles serán públicas y entre las que no ha descartado que haya "alguna imagen", además de informes y las transcripciones de conversaciones.

De hecho, ha reconocido que no ha visto la documentación, cuando se le ha preguntado si su contenido puede hacer cambiar la visión histórica sobre el papel de Juan Carlos I como artífice para el fracaso del golpe de Estado.

También ha apuntado que lo que se va a dar a conocer son "todos" los documentos clasificados que el Ejecutivo "ha encontrado hasta el momento", procedente de diversos órganos e instituciones, y de lo que hay "constancia", sin comentar nada sobre la posibilidad de haya documentos destruidos.

Elma Saiz ha explicado que, una vez decidida la desclasficación, el Gobierno está trabajando para que desde mañana miércoles a mediodía puedan ser consultados libremente en la web de Moncloa y de hecho ha pedido "paciencia" ante la expectación que se ha creado en torno a una información a la que se ha reclamado acceder insistentemente en los últimos años.

Ha argumentado que con su decisión el Ejecutivo trata de "impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones y la desinformación" para "difundir teorías" sobre la democracia española y "desinformar" a los jóvenes que "piensan que con Franco se vivía mejor y van cantando el Cara al sol por nuestras calles".

Mantener el secreto en torno a aquel importante episodio histórico al amparo de una ley franquista es una "anomalía democrática" que el Gobierno quiere corregir, sobre todo cuando, pasados 45 años del 23F, su conocimiento ya "no supone un riesgo real y presente", y los expertos coinciden en que ha pasado "tiempo suficiente" para sacarlos a la luz, ha asegurado.

Por otro lado, ha recordado que otros países han adoptado medidas similares sobre acontecimientos históricos relevantes, como Italia o Grecia, y ha citado el caso de Alemania, que 2012 reveló documentos diplomáticos sobre la interpretación del 23F que hizo en su momento el embajador alemán acreditado en España.

Era una reclamación histórica. A izquierda y derecha. De historiadores, investigadores y archiveros. Una exigencia que ahora, cuarenta y cinco años después, se convertirá en una realidad. El Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de documentos vinculados al golpe de Estado del 23F. Un rayo de luz sobre uno de los acontecimientos más delicados –y con más claroscuros– de la Transición. Un levantamiento del velo que, sin embargo, aún sigue pendiente con otros tantos acontecimientos históricos. Todavía queda otra mucha información sobre hechos pasados en la sombra. Telegramas, informes o documentos de distinto tipo guardados en la caja fuerte de la Ley de Secretos Oficiales. Del terrorismo de Estado a la diplomacia. De Palomares a la descolonización del Sahara.

Cuando se habla de secreto lo más lógico es que se desconozca, incluso, la existencia de dicho documento oculto. Porque en nuestro país no hay, como publicó infoLibre, una suerte de catálogo en el que se especifique qué papeles están guardados bajo llave. "Es difícil saberlo. Falta personal y financiación en los archivos para saber qué hay secreto", reconoce el historiador Pablo Alcántara, autor de La secreta de Franco (Espasa, 2022), un completo estudio sobre la Brigada Político Social. Una zona clasificada que puede albergar papeles de todo tipo. El investigador, por ejemplo, relata cómo en una ocasión se le impidió acceder a una simple lista de mineros que estaban en huelga en 1957 por estar el legajo en el archivo sellado como "secreto". "Igual en su momento no, pero ahora sería un documento sin mucha trascendencia", cuenta.

Hubo una época en la que sí existía una pequeña lista. En 1988, por ejemplo, el Ejecutivo de Felipe González aportó al diputado de Coalición Popular José Antonio Trillo una relación de temas clasificados como secretos o reservados desde 1978. En aquel documento constaban más de medio centenar de asuntos, entre los que se encontraban expedientes sobre "compra de material militar", "instalaciones militares" o "telecomunicaciones", así como programas de guerra electrónica, proyectos de investigación de bombas guiadas, datos sobre el funcionamiento de la inteligencia militar o información sobre objetos voladores no identificados o el Palacio de Marivent, residencia oficial de verano de la familia real.

Pese a la ausencia de un listado oficial de secretos, hay cierto consenso en que aún quedan documentos clasificados sobre algunos de los acontecimientos históricos de la dictadura, la Transición o la democracia. Es el caso del accidente nuclear de Palomares (Almería), del que casi todo lo que se ha ido conociendo es a través de lo que ha ido desclasificando Estados Unidos. Lo mismo que con el atentado contra Carrero Blanco. "Hay carpetas reservadas, por ejemplo, de la descolonización de Marruecos, Guinea o Ifni-Sahara, la Brigada Político Social, el desarrollo de la Guerra Civil y la actuación de Franco o la lucha contra el terrorismo de toda índole", apuntaba hace cuatro años el historiador Joan Esculies en un artículo en La Vanguardia.

Por aterrizarlo, Alcántara pone el foco, por ejemplo, en las posibles conexiones entre grupos terroristas ultraderechistas en la Transición, como la Triple A o el Batallón Vasco Español, y miembros de las Fuerzas de Seguridad o los servicios de inteligencia. O en la actuación del aparato represor, por ejemplo, en la Matanza de Vitoria de 1976 –cinco obreros murieron por disparos de la policía– o en la muerte de Mikel Zabalza tras su detención por la Guardia Civil. Por esto último se ha preguntado en repetidas ocasiones. Hace cinco años, el diario Público desveló la grabación de una conversación entre el excoronel del ya extinto CESID –los servicios secretos– Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto en la que este último insinuaba que pudo haber muerto en el interrogatorio en Intxaurrondo.

Dentro de este oscuro capítulo también destaca el terrorismo de Estado protagonizado por los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), guerra sucia de la que el Gobierno desclasificó a finales de los noventa un puñado de documentos. Por aquel entonces, a la lucha antiterrorista se le otorgaba con carácter genérico la clasificación de "secreto". Y no es el único asunto repleto de oscuridad. En 2010, por ejemplo, el Consejo de Ministros acordó, a propuesta de Exteriores, que se otorgase "con carácter genérico" la clasificación de secreto a las "posiciones básicas de España" en "negociaciones políticas, de seguridad, económicas y comerciales" o a la información "sobre posiciones españolas en conflictos internacionales o internos" de naturaleza "política, social, económica o comercial" que puedan entorpecer la interlocución con terceros países.

De la existencia de ese documento se enteraron los historiadores Carlos Sanz y Álvaro Jimena cuando solicitaron en 2012 acceso a los informes sobre las relaciones de España con China, Japón y Filipinas de 1975 a 1982 o las hispano-alemanas entre 1970 y 1982. Aquel acuerdo, además, colocaba un manto de secretismo sobre aquella información relativa a grupos terroristas o delincuencia organizada "con implicaciones o ramificaciones" en España o países amigos, negociaciones sobre secuestros, mediaciones en procesos de paz, viajes de familia real y presidente del Gobierno o "información relativa a cuestiones que afecten a la soberanía, independencia y la integridad territorial" de España, entre otros muchos aspectos.

En relación con este último asunto, el estallido del caso Pegasus reveló el espionaje sobre dirigentes independentistas catalanes en los últimos años. Operaciones que, en algún caso, llevó a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) bajo la supervisión del Tribunal Supremo. Por el momento, solo se han abierto los autos relativos a la vigilancia del expresident Pere Aragonès.

"La desclasificación de documentos para conocer la historia es importante", apunta Alcántara, quien también recuerda la relevancia de la transparencia en la lucha contra la desinformación. Por eso, el historiador celebra el anuncio del Gobierno en relación con el 23-F. Ahora bien, quiere ver cuál es finalmente el alcance de esa apertura anunciada. Porque, recuerda, el problema no es solo la Ley de Secretos Oficiales, cuya reforma se encuentra encallada en su fase inicial en el Congreso de los Diputados. También está el muro de la Ley de Patrimonio Histórico, que establece que los documentos con "datos personales de carácter policial" no podrán consultarse "públicamente" sin que medie "consentimiento expreso de los afectados" o hayan transcurrido 25 años de su muerte, lo que dificulta el acceso a papeles de Policía o Guardia Civil.

Algunos autores, como el escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, se han mostrado convencidos de que lo esencial sobre el 23-F "ya se conoce" y de que lo que aún puede quedar "secreto" seguramente sea "irrelevante". Otros, sin embargo, consideran que todavía falta mucho por conocer. El sumario del juicio está disponible para consulta en el propio Tribunal Supremo. Al menos, las partes que no tengan carácter reservado. Clasificados pueden estar, por ejemplo, informes de inteligencia relacionados con el 23-F. O cruces de llamadas. El periodista y escritor Carlos Fonseca, por ejemplo, desliza en su obra que a pesar de que el asalto del Congreso comenzó a media tarde, solo se incorporaron a la causa judicial conversaciones intervenidas de madrugada, cuando el rey ya había condenado el golpe.

Sin embargo, periodistas como Pilar Urbano, otra de las grandes especialistas, aseguran que todo lo que se habló desde la Cámara Baja, la Zarzuela y la Junta de Jefes de Estado Mayor tuvo que quedar registrado porque así se lo pidió un diputado de UCD que presidía Telefónica al entonces delegado del Gobierno en la compañía. Grabaciones a las que también aludió en su día Alfonso Guerra: "Cuando llegamos en 1982 al Gobierno, las cintas no estaban. No sabemos si están destruidas, si alguien las tiene guardadas o están en la caja fuerte de un banco... El día que se puedan oír, se conocerá exactamente todo lo que pasó".

Pero el que hace más de una década fuera director general de Seguridad, Francisco Laína, negó que existieran: "No hay más grabaciones que las de la mujer de Tejero y las de García Carrés, que se quedaron en la Comisaría General de Información de Manuel Ballesteros. Yo no podía grabar las conversaciones de las capitanías generales o de La Zarzuela: no se me habría ocurrido, habría sido ilegal y, además, ¡buena estaba la noche para cometer errores!".

“¡Se sienten, coño! “¡Al suelo!” O ese “a quien se mueva lo matamos y listo”, que se escuchó en un momento del asalto, son la síntesis de lo que pretendía aquel golpe de Estado, quién sabe si tratando de emular a otro en la mente de todos. Ahí se resume el miedo de la sociedad española ante la irrupción, otra vez, de los uniformados en su vida pública y privada. El temor de todos los que pensaban que la democracia había triunfado sobre ese fascismo castizo de Cara al Sol y “a Dios rogando y con el mazo dando”, y en esa tarde del 23 de febrero, de climatología agradable para la época, sintieron/sentimos que este país, castigado como Sísifo, estaba condenado a fracasar una y otra vez en sus anhelos de libertad.

Han pasado 42 años y aunque han cambiado muchas cosas, volvemos a sentir que la roca del antiguo griego vuelve a pesar sobre nuestra espalda. No porque las libertades estén en retroceso, sino porque el ideario moralista, retrógrado y falsario se vaya instalando en la conciencia de la sociedad, como si de un virus inoculado por los medios que lo jalean se tratase. Lo que realmente produce miedo es el lenguaje deslegitimador de la democracia. La insistente acusación de traición a la patria contra aquellos que ocupan el poder que cierta derecha, y no toda extrema, cree que solo les pertenece a ellos; las palabras gruesas, cargadas de maldad e intención, que solo tienen como fin el desprestigio de gobiernos e instituciones democráticamente elegidas, y la mentira como único argumento de debate, hacen que hoy la democracia esté en peligro y que los demócratas nos acordemos del 23-F de 1981, no como un recuerdo aciago del pasado, sino como una amenaza más real que nunca. Porque esta vez es posible que no hagan falta tejeros ni armadas para que el fascismo llegue al poder, si es que alguna vez lo ha perdido.  

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José Manuel González de la Cuesta es socio de infoLibre.

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley pactada entre el PSOE, Unidas Podemos y los independentistas que insta al Gobierno a modificar la Ley de Secretos Oficiales para poder desclasificar, conforme a lo que establezca la nueva norma, los documentos escritos, sonoros o de vídeo relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

La iniciativa, que nace de un texto firmado por ERC, Junts, PDeCAT, la CUP, Bildu y el BNG, enmendado por los dos partidos que integran el Gobierno de coalición, ha contado con el rechazo del PP, Vox y Ciudadanos, según informa Europa Press.

En concreto, la enmienda aceptada por los independentistas y que ha salido adelante insta al Gobierno a "promover los cambios necesarios en la Ley de Secretos Oficiales para desclasificar y dar a conocer los documentos escritos, sonoros o de vídeo que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al Golpe de Estado del 23F, de acuerdo a los criterios establecidos en la nueva legislación".

Durante el debate que tuvo lugar el miércoles, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ya puso en duda la verdadera voluntad del PSOE y Unidas Podemos de modificar la Ley de Secretos puesto que, según ha recordado, se va a cumplir un año desde que el Congreso aceptó tramitar una iniciativa suya en este sentido.

Un año congelada

Esteban ha recordado que, desde entonces, PSOE y Unidas Podemos no han utilizado su mayoría en la Mesa del Congreso para reactivar la tramitación de esa reforma, sino que, por el contrario, ésta se mantiene congelada mediante la prórroga semanal del plazo para presentar enmiendas a la misma.congelada

Además, señaló que para desclasificar los documentos sobre el 23F no hace falta modificar esa ley franquista, sino que bastaría una decisión del Consejo de Ministros. "Si todo fue tan modélico, lo que necesita ahora la Monarquía es esa desclasificación", comentó Esteban.

Los demás partidos nacionalistas e independentistas también aprovecharon sus intervenciones para cuestionar el relato oficial de la Transición y exigir que se conozca el verdadero papel que jugó Juan Carlos I en el intento de asonada.

El PSOE, Unidas Podemos y los independentistas han abierto la puerta a modificar la Ley de Secretos Oficiales para poder desclasificar, conforme a lo que establezca la nueva norma, los documentos escritos, sonoros o de vídeo relativos a la intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, según informa Europa Press.

Así lo han acordado los dos partidos que forman el Gobierno de coalición con ERC, Junts, PDeCAT, la CUP, Bildu y el BNG al hilo de la proposición no de ley que estas formaciones independentistas han defendido este martes en el Pleno del Congreso y que se someterá a votación este miércoles.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los independentistas han aceptado la enmienda planteada por PSOE y Unidas Podemos con la que se insta al Gobierno a "promover los cambios necesarios en la Ley de Secretos Oficiales para desclasificar y dar a conocer los documentos escritos, sonoros o de vídeo que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al Golpe de Estado del 23F, de acuerdo a los criterios establecidos en la nueva legislación".

Durante el debate, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha puesto en duda la verdadera voluntad del PSOE y Unidas Podemos de modificar la Ley de Secretos puesto que, según ha recordado, se va a cumplir un año desde que el Congreso aceptó tramitar una iniciativa suya en este sentido.

Un año 'congelada'

Esteban ha recordado que, desde entonces, PSOE y Unidas Podemos han utilizado su mayoría en la Mesa del Congreso para mantener congelada esa iniciativa prorrogando semanalmente el plazo para la presentación de enmiendas a la misma.

Además, ha señalado que para desclasificar los documentos sobre el 23F no hace falta modificar esa ley franquista, sino que bastaría una decisión del Consejo de Ministros. "Si todo fue tan modélico, lo que necesita ahora la Monarquía es esa desclasificación", ha comentado Esteban.

Los demás partidos nacionalistas e independentistas también han aprovechado sus intervenciones para cuestionar el relato oficial de la Transición y exigir que se conozca el verdadero papel que jugó Juan Carlos I en el intento de asonada.

Por su parte, Vox ha adelantado su voto en contra de la iniciativa que también ha recibido descalificaciones por parte del PP que la ha tachado de "despropósito".

Ha ocurrido una vez más en la sesión del Congreso de este miércoles. Pedro Sánchez ha lanzado su enésimo llamamiento a la unidad y Pablo Casado ha defendido sin disimulo su añoranza del bipartidismo. Son mensajes no excluyentes, incluso complementarios. Tan sonoros como vacíos, puesto que chocan con la cruda realidad política y social.

Históricamente, la "unidad" ha sido un recurso constante frente a un enemigo exterior (real o inventado). Cuando las cosas se complican para un gobierno, ya sea democrático o autoritario, nada más útil que encontrar un culpable concreto al que demonizar. Franco sabía mucho de esto, aunque su catálogo de enemigos no era muy variado: el comunismo, la conspiración judeomasónica, Rusia, los rojos en general y poco más. (Aunque no lo mencionara, en realidad el "enemigo" –como en cualquier dictadura– era todo aquel que pensara por sí mismo o que reclamara libertades individuales o colectivas).

Podría considerarse la pandemia como un "enemigo exterior" que debería haber servido para unir a la sociedad como una piña ante este complejísimo trance. Se ha usado y abusado de un lenguaje bélico para hacer referencia a esa lucha, pero aquellas semanas de aplauso diario desde los balcones quedaron apagadas demasiado pronto por gritos y cacerolas.

Lo cierto es que vivimos tiempos de cambios frenéticos, muy difíciles de digerir y analizar, y uno tiene la impresión de que el concepto de "unidad" está muy sobrevalorado, incluso ha caído en el territorio de la pura retórica, mientras se echa de menos una reivindicación contundente del respeto a la diferencia y de la fortaleza de la diversidad. Me refiero no sólo a la competencia partidista y al fraccionamiento parlamentario que vivimos en España y en otras muchas democracias (perfectibles por definición, disculpen la obviedad), sino también a la realidad sociológica, territorial, lingüística, religiosa, étnica, cultural... Nuestro "problema" no está en las profundas divergencias políticas sino en el poco o ningún respeto que mostramos hacia el diferente, la manifiesta incapacidad para ponernos en la piel del otro.

Llevamos una semana en infoLibre intentando aportar datos, documentos, análisis y miradas en el 40 aniversario del 23-F (ver aquí dosier). Javier Cercas, autor de la imprescindible Anatomía de un instante, apuntaba en su conversación con Daniel Basteiro: "Quienes creen que los partidarios de Donald Trump entraron en el Capitolio para cargarse la democracia olvidan que ellos creían que la estaban defendiendo" (ver aquí). De modo que la democracia estadounidense ha resistido (hasta el momento) frente al trumpismo. Los asaltantes fueron detenidos, Trump expulsado de la Casa Blanca por las urnas, y las instituciones siguen funcionando. Pero si no entendemos que hay 74 millones de norteamericanos que no se sienten antidemócratas ni mucho menos neofascistas por votar a Trump seremos incapaces de prevenir el crecimiento de un fenómeno tan peligroso como complejo.

Quiero acercarme mucho más a "lo nuestro". Lo fácil, lo cómodo y lo interesado para determinados círculos políticos, económicos, financieros y mediáticos es culpar de todas las tensiones a "los populismos". Basta con meter en la misma coctelera a Podemos, a Vox y a unos cuantos independentistas y agitar todo lo que se pueda el ruido en medios de comunicación, tertulias y redes sociales para concluir que esto "no tiene arreglo". Bueno, sí. Siempre nos quedará la inefable fórmula del "gobierno de concentración" (presidido por un o una tecnócrata) o el regreso al bipartidismo imperfecto. Parece que esa forma de ¿pensar? y argumentar no ha encontrado en la última y larguísima década ninguna otra idea que aportar tras el evidente fracaso de las doctrinas neoliberales y las consecuencias sociales de su ejecución tras la crisis de 2008.

Confieso que los debates públicos de la última semana me han causado cierta perplejidad. A los tres días escasos de unas elecciones catalanas en las que las derechas quedaron arrasadas; con PP y Ciudadanos intentando asumir que Vox les ha robado la cartera; con unos resultados de socialistas y comunes que refuerzan la solidez del gobierno de coalición en España y que permiten al menos visibilizar nuevas vías para abordar la cuestión catalana... ¡a los tres días escasos, insisto!, periódicos, telediarios y tertulias se centraron en la discusión de si Pablo Hasél es un martir o un delincuente y de si se condena o no se condena la violencia de esos grupos que incendian contenedores y arrojan piedras a la Policía. Y hemos vuelto a las vomitivas andadas de lo que ya sufrimos durante el proceso de paz que condujo al fin del terrorismo de ETA. Si uno defendía la vía del diálogo abierta por el gobierno de Zapatero, era inmediatamente señalado como cómplice del terrorismo. Entonces se trataba de alterar el marco del debate para instalar la duda de que se rompía España o se "vendía" Navarra. Ahora se trata de que no discutamos sobre los límites de la libertad de expresión y sobre la necesidad de eliminar del Código Penal delitos "de opinión" que no son de recibo en una "democracia plena". Y se trata también de algo más pragmático: que pasemos página del enorme problema al que se enfrentan las derechas españolas y al que nos enfrentamos todos y todas con el crecimiento del nacionalpopulismo de los de Abascal y el abismo que se abre para Casado y Arrimadas.

Es evidente que interesa mucho más centrar todos los focos en las discrepancias entre los dos socios del Gobierno. Que las hay y no son menores. Y que a menudo se disparan en sus propios pies compitiendo tácticamente en la autoproclamación de méritos en proyectos, medidas y decisiones. A mi juicio deberían dedicar menos esfuerzo a las filtraciones interesadas o a los tuits supuestamente ingeniosos y mucho más a explicar que un gobierno de coalición progresista no es "un gobierno de unidad de la izquierda". No se presentaron PSOE y Unidas Podemos con un programa común a las elecciones, sino que firmaron un acuerdo de gobierno para formar un Ejecutivo de coalición (ver aquí). El cumplimiento de lo pactado debería ser la prioridad en la acción de gobierno, y si se proponen cambios respecto a lo firmado (por el tsunami provocado por la pandemia o por lo que sea) debe explicarse con detalle la razón de esos cambios. Todo lo demás, incluidos los excesos de gesticulación, algún día pasará la factura correspondiente por las decepciones provocadas. Pero ante todo deben PSOE y Unidas Podemos demostrar que por encima de cualquier divergencia política está el respeto al otro y la responsabilidad común que han adquirido, en contraposición con una derecha que sigue considerando ilegítimo que haya "comunistas en el Gobierno" o en otras instituciones, aunque tengan más de tres millones de votos. Curioso concepto de lo que significa una "democracia plena" (ver aquí).

No negaré yo la trascendencia de que salgan adelante nuevas leyes que avancen hacia la igualdad, que protejan los derechos de las personas trans o que acaben con un delito tan absurdo como la ofensa a los sentimientos religiosos. Pero sería imperdonable no aprender de los errores comprobados. Salvando todas las distancias, uno de los motivos que llevaron al auge del trumpismo fue la extensión de un hartazgo en las clases medias durante el mandato de Obama, a quien muchos percibían más ocupado en defender los derechos de minorías que en atender el empobrecimiento galopante de capas mayoritarias de trabajadores, pequeños empresarios o comerciantes y profesionales autónomos castigados por la globalización y la deslocalización de empresas.

Como dicen los yanquis, somos capaces de pensar y comer chicle a la vez. Es posible avanzar en derechos y libertades al tiempo que se atiende a las cosas de comer. Este miércoles ha anunciado Sánchez 11.000 millones en nuevas ayudas a empresas, pymes y autónomos. Harán falta más, seguro, ayudas directas que eviten el hundimiento de la economía antes de que lleguen los fondos europeos cuyo destino y ejecución marcará el éxito o el fracaso de un proyecto de país (diverso) que puede permitir el cambio hacia un modelo más sostenible.

Frente a los movimientos reaccionarios o ante los contenedores incendiados o los cristales rotos no se precisan aspavientos ni proclamas de "unidad", sino políticas públicas capaces de recuperar el crédito de las instituciones entre las mayorías. Hay toda una generación de españoles que llevan una década de frustración permanente, que se han visto obligados a cabalgar la crisis de 2008 en adelante y el azote de una pandemia. Reclaman alguna certidumbre y cierto respeto. Y a menudo sólo escuchan ruido.

P.D. La otra apuesta en la que nos hemos volcado esta última semana en infoLibre es la publicación de nuevos documentos de FootballLeaks, tras una investigación compartida durante meses por los medios que formamos parte del European Investigative Collaborations (EIC). Volvemos a topar con una realidad tozuda: la relación de grandes empresas (en este caso clubes de fútbol) con paraísos fiscales. La denuncia ya ha llegado a Bruselas (ver aquí), pero en España se cuentan con los dedos de una mano los medios que se hacen eco de un escándalo que los propios técnicos de Hacienda reclaman investigar a la Agencia Tributaria (ver aquí). Ser demócrata, ser patriota, equivale a pagar los impuestos correspondientes. Es lo que se supone en una democracia plena. 

El pánico de no saber qué estaba pasando en un joven contestatario, sindicalista e inconformista hizo que las piernas empezaran a temblarle durante toda la tarde y el miedo se instalara en todos los pliegues de su cerebro con una idea machacona: a ver si al final van a tener razón los que dicen que vamos camino de una nueva guerra civil. Todas esas emociones, el bando de Milans del Bosch en Valencia (ese sí que era un auténtico toque de queda, de los que el meten miedo en el cuerpo; lo digo como observación a los que ahora se quejan de que el Gobierno está cercenando sus libertades porque los manda a las diez a casa); la ausencia de noticias, la tardanza de la declaración del rey y la cabeza dando vueltas sobre qué hacer y cómo hacerlo. Las comunicaciones no eran como ahora con teléfonos móviles, etc., entonces era todo más simple y nada podía evitar una sensación de desamparo y soledad ante el peligro.

Desde entonces, todos los años recordamos ese día en esta fecha, que la ironía del destino ha hecho coincidir un golpe de estado militar, con el entierro de Antonio Machado en el exilio, como una metáfora de que la historia siempre se puede repetir. Todos los años recordamos, este con especial interés por el culto que nuestra sociedad tiene a los números redondos, y todos los años nos enfrentamos a la duda de si sabemos la verdad de aquel infausto acontecimiento. La sospecha de que una vez más el relato de la historia es el que interesa al poder, planea sobre nuestros recuerdos.

Se han escrito muchos artículos, ensayos y novelas. Se han filmado películas, series de TV, documentales, grabado entrevistas, y siempre nos queda la misma sensación en forma de pregunta: ¿lo que pasó es lo que nos cuentan? No digo esto por acusar a quienes han trabajado durante años, desde diferentes campos, el 23-F, porque ellos tendrán también un conocimiento fragmentario de lo sucedido y sus causas y sus protagonistas. En una cosa están todos los investigadores de acuerdo: la información de la que se dispone es parcial y mucha de ella está sometida a secreto de Estado.

¿Pero por qué después de cuarenta años sigue estando calificada de secreto o como confidencial o como reservada? El poder, sea el que sea, y no me refiero a los gobiernos de turno, sabe muy bien que una manera de evitar el cuestionamiento de su ser reside en la protección de sus miembros y la ocultación de la historia, para, como he escrito más arriba, ofrecernos el relato de la historia que a ellos les interesa. Para eso se inventaron la ley de secretos oficiales, una ley que en España data de 1968, reformada en 1978, es decir, es del franquismo y la predemocracia.

En este cuarenta aniversario, la mejor conmemoración que se podría hacer es desclasificar todos los documentos que están relacionados con el 23-F y dejar que los historiadores hagan su trabajo. Sería la mejor manera de acabar con las especulaciones, las dudas, las sospechas y el terraplanismo. Porque ya todo está dicho y los que sufrimos aquella tarde noche del 23 de febrero de 1981, nos merecemos una explicación, que vaya más allá de la “autoridad competente, por supuesto militar” y el “elefante blanco”. Algo, a lo que por cierto, nunca le pudimos poner cara.

José Manuel González de la Cuesta es socio de infoLibre

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que la monarquía ya no es "condición de posibilidad" para que haya democracia en España, frente a lo que ocurrió en la Transición y ante el avance del republicanismo, y ha subrayado que existe en el país "un clamor social" ante la huida del rey emérito Juan Carlos I mientras hay gente que "va a la cárcel" por escribir un tuit o una canción.

Así lo ha manifestado a los medios de comunicación momentos antes de participar en el acto sobre el frustrado intento de golpe de estado del 23F, que ha presidido el Rey Felipe VI, y en alusión a la situación de la monarquía, informa Europa Press.

En cuanto a la ausencia de Juan Carlos I en este evento, dado que es uno principales protagonistas de ese acontecimiento histórico, el vicepresidente ha señalado que a "muchos ciudadanos" le llama la atención que se "pueda ir a la cárcel por escribir un tuit o hacer una canción", cuando el rey emérito está "huido en Emiratos". Con ello, ha deslizado la situación generada por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél.

Ocultar una situación que alarma es un error 

"Eso genera una situación de alarma y ocultarlo para quitarle hierro es un error", ha ahondado añadir que Unidas Podemos está comprometido con la democracia y, precisamente por ello, tienen que señalar "las cosas que deben mejorar", dado que actualmente hay un debate sobre la libertad de expresión, unido al "escándalo social" respecto a las presuntas actividades ilícitas del anterior jefe del Estado.

También ha aprovechado Iglesias su comparecencia ante los medios para rendir un homenaje, mediante una insignia, a la unión militar demócrata ante una fecha como el 40 aniversario del 23F, que fue un "momento difícil para la democracia en la que algunos mandos intentaron un golpe de estado otros dijeron que solamente hubieran necesitado el 'ok' del entonces Rey para darlo".

Un gesto que realiza en un contexto de "militares retirados que hablan de fusilar a 26 millones de rojos"a 26 millones de rojos, en alusión a los comentarios vertidos en un grupo de mensajería de varios de antiguos miembros del Ejército, según la investigación realizada por infoLibre, y poner así en valor a una serie de oficiales, capitanes y comandantes de la unión democrática que "pagaron" su comportamiento con "humillaciones y arrestos".

Acabar con la ocultación de documentos sobre el 23-F

Pero además Iglesias ha lanzado con motivo de esta efeméride una "reflexión desde la sensatez", puesto que entonces se dijo, "quizás con razón", que la condición de posibilidad para tener una democracia homologable al entorno europeo era la figura del rey, "designada" por el dictador Francisco Franco, dentro de una monarquía constitucional.

"Se dijo que era lo único que aceptarían los militares para no dar un golpe de estado y algunos dicen que el 23F demostró que una buena parte de los militares no respetaba la democracia, pero sí al rey", ha desgranado el vicepresidente para insistir que la sociredad tenía que aceptar a la monarquía para tener democracia.

Dicho esto, Iglesias ha defendido que 40 años después es ""muy difícil decir que la monarquía sea condición de posibilidad de la democracia" y, desde la "calma y la mesura", cree que existe un debate social España sobre el futuro de la Jefatura del Estado con un horizonte republicano que avanza.

Finalmente, ha aseverado que "no es aceptable" considerar a los españoles como "menores de edad" y ha cargado contra la actual Ley de Secretos Oficiales, mediante la cual se "oculta" a los españoles documentos sobre lo que pasó el 23F, Por ello, ha dicho que la gente espera más "conocer la verdad que los actos suntuosos" y defenderán, tanto en el Gobierno como en el Congreso, que la normativa no oculte estos documentos.