El Tribunal Supremo ha condenado al Banco de España por vulnerar el derecho a la libertad sindical al negarse a convocar la comisión paritaria prevista en el convenio colectivo solicitada por varios sindicatos, según informa EFE.

En una sentencia fechada el pasado 5 de febrero a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social estima parcialmente un recurso presentado por el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Banco de España, al que se habían adherido Agrupación Grupo Directivo (AGD), CCOO y UGT contra una fallo de junio de 2024 de la Audiencia Nacional.

Lo que ha abordado el Supremo es la posible vulneración del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva derivada de dos actuaciones del Banco de España. 

La primera es la puesta en marcha de un procedimiento de modificación voluntaria de jornada y horario -ampliación de 38 a 40 horas semanales- dirigido de forma masiva al personal con puestos de jefatura mediante pactos individuales al margen de la representación legal de los trabajadores. La segunda es la negativa reiterada del Banco de España a convocar la Comisión Paritaria Interpretativa del Convenio Colectivo para tratar la citada controversia.

El Supremo da por buena la actuación del organismo en lo relativo a la modificación de las jornadas de trabajo, pero considera que sí se vulneró la libertad sindical al no convocar la comisión paritaria.

Los sindicatos alegaban que la falta de convocatoria por el Banco de España de la comisión paritaria prevista en el convenio constituye una vulneración de su derecho a la libertad sindical. La sentencia considera probado que los sindicatos pidieron la convocatoria de la comisión paritaria, a lo que el Banco de España se negó.

Para el Supremo, la conducta de la empresa, que denegó "de forma reiterada e indebida" el derecho de información y consulta reclamado por los representantes de los trabajadores a través del comité de empresa implicó una vulneración del derecho de los sindicatos y por tanto una vulneración del derecho fundamental de libertad sindical.

Por todo ello, condena al Banco de España a celebrar la reunión de la comisión paritaria solicitada y a abonar al Sindicato Autónomo de Trabajadores una indemnización de 6.000 euros.

Tener una casa en propiedad evita un considerable lastre de gasto a las familias, pero esa riqueza patrimonial que engorda al ritmo de la burbuja inmobiliaria, no convierte a los propietarios en ricos. Porque, una cosa es aumentar la riqueza sobre el papel y otra diferente, ser rico. “El dato de la riqueza patrimonial es bastante engañoso. Que el precio de la vivienda suba te beneficia en la medida en que tengas muchas, pero si tienes una y la vendes, ese dinero, en general, tendrá que ir destinado a buscar otro lugar en el que vivir”, explica Manuel Gabarre, investigador de vivienda del observatorio económico CODE. Y de nuevo, esa situación lleva de vuelta a la jungla de precios que gobierna el mercado inmobiliario.

“La riqueza real de las familias se incrementó un 2,5% en el primer trimestre de 2025 con respecto al anterior (2024), debido fundamentalmente al incremento del precio de la vivienda”, detalla el Banco de España (BdE) en su Informe de situación financiera de los hogares y las empresas. Esto es así, porque en España más de un 70% de las familias viven en inmuebles propios. Sin embargo, esa riqueza que emana de la revalorización de los activos inmobiliarios, no se traduce en una ganancia real para quienes solo poseen la casa en la que viven.

“Es muy importante separar aquí el concepto de riqueza del de renta. Si tú te compras una casa de 200.000 euros y su valor aumenta hasta 400.000 euros, tu riqueza mejora, aunque no se refleje en tu renta del día a día”, explica Iván Auciello, investigador en Economía en la CY Cergy Paris Université y miembro del think tank Future Policy Lab. El problema surge a la hora de volver al mercado, porque las mismas condiciones que impulsan el precio, son las que dificultan encontrar un nuevo hogar: una demanda que no cesa, una rentabilidad que llama a la especulación y una oferta que por el momento no es suficiente.

Tampoco los propietarios están a salvo. Si venden su propiedad, explica Gabarre, tendrán que buscar otra y pagar a razón de unos precios de mercado que han subido un 12,2% en los primeros tres meses, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si, por el contrario, deciden alquilar, se enfrentan también a un mercado de precios imparables que crece mes a mes y consume una parte sustancial de las rentas mensuales.

En el conjunto nacional, sin separar por quintiles de renta, la vivienda se come un tercio del gasto total de los hogares y el dinero que se destina a ello ha ido aumentando de manera ininterrumpida desde alrededor de 8.700 euros anuales en 2006, hasta los más de 11.000 al cierre de 2024, según datos del INE. Cuanta menor es la renta del hogar, más porcentaje secuestra la vivienda, llegando a comerse el 63,5% del dinero que entra en el quintil de hogares con menor renta. Por tanto, vender la casa e irse de alquiler para tener un colchón de ahorro, tampoco parece una solución definitiva.

A quienes más beneficia la revalorización constante de los inmuebles es a quienes acumulan más de una o se dedican a invertir en este ámbito. “Para el que tiene una vivienda, por mucho que su precio suba, venderla no le va a generar un gran beneficio si tiene que buscar otra de similares características”, concluye el economista de CODE. Quien puede ponerla en alquiler o vender una que no usa, si obtiene un rendimiento.

“Lo que sí representa la vivienda en la mayoría de familias es una cobertura, en el sentido de que si tienes una casa que se ha revalorizado, en el caso de que te vengan mal dadas, siempre vas a poder venderla y buscar algo más barato o mudarte”, puntualiza Auciello.

Al otro lado de la brecha están quienes no tienen una casa e intentan acceder al mercado. El documento del BdE apunta que “el indicador que aproxima el grado de accesibilidad a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria apenas habría experimentado una ligera mejoría (0,3 puntos) en el primer trimestre de 2025”. Esto es, aunque los tipos de interés hayan bajado, ahorrar para una entrada sigue siendo muy complicado, de ahí que el indicador no mejore sustancialmente.

Unas dificultades que experimentan, por ejemplo, jóvenes y familias con poca capacidad de ahorro, que encuentran el primer bache en el mero hecho de dar la entrada para una hipoteca. De hecho, un estudio reciente determinó que, de media, los españoles que quieran acceder a una hipoteca deben tener ahorrados 44.000 euros, de acuerdo con Qualis Credit Risk, una agencia dedicada a la gestión de seguros de riesgo de crédito. Frente a esto, si atendemos a los datos que aporta el Consejo de la Juventud, solo uno de cada cuatro jóvenes que han salido de su hogar es capaz de reunir más de 300 euros al mes.

Otro dato importante para analizar este contexto es la evolución de las compraventas. Que los precios no bajen no es óbice para que las compras sigan disparadas, poniendo más tensión a una oferta de casas aún insuficiente. En mayo la compraventa de viviendas aumentó un 39% con respecto al año pasado y encadenan once meses al alza, según los últimos datos del INE.

Las razones que se suelen dar para explicar este dinamismo es que, con las bajadas de tipos de interés, el crédito se ha abaratado, pero también las inversiones ocupan un lugar destacado. Por ejemplo, si tomamos los datos comparables más recientes del INE, de las 54.318 compraventas de vivienda que se registraron, solo 39.176 requirió de una hipoteca, es decir, que caso el 28% de las operaciones se hizo sin necesidad de acudir a un préstamo. Esto sugiere, que una parte de la alta demanda, sigue viniendo de la inversión.

En política, el relato muchas veces se impone sobre la realidad. Alberto Núñez Feijóo ha construido durante años su imagen de "gestor eficaz" al frente de la Xunta de Galicia. Pero si hay uno, de los muchos episodios que desmienten de forma rotunda esa etiqueta, es la desastrosa fusión de las cajas gallegas: Caixa Galicia y Caixanova. Un proceso que, lejos de ser una solución racional ante la crisis financiera, fue una operación políticamente dirigida, económicamente irresponsable y socialmente ruinosa.

La historia es conocida, pero conviene recordarla porque sus consecuencias todavía nos lastran: en 2009, ambas cajas estaban en una situación delicada, aunque no insalvable. Existían alternativas de fusión con entidades de fuera de Galicia, avaladas por el Banco de España, que podrían haber dado lugar a estructuras más solventes y sostenibles. Sin embargo, Feijóo se cerró en banda. Quería una fusión "gallega", a toda costa. Incluso aunque eso supusiera unir dos cajas frágiles, duplicadas y solapadas en el mismo territorio.

No lo dice un adversario político: lo dijo el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en sede parlamentaria. Calificó el caso como un "ejemplo de libro" de cómo los incentivos mal diseñados —como permitir a un presidente autonómico vetar fusiones— pueden conducir al desastre. El desastre llegó. La Xunta impuso la fusión entre las dos cajas sin atender a los criterios técnicos, ni a los datos, ni al sentido común.

Para justificarla, Feijóo se escudó en un supuesto informe externo de KPMG, presentado públicamente como si fuera una auditoría independiente que avalaba la viabilidad de la operación. Lo que en realidad era ese documento —como luego admitieron los propios autores— era un informe preliminar, basado en datos facilitados por las propias cajas y sin análisis en profundidad. Y, aun así, la Xunta pagó por él más de un millón de euros, con fondos públicos, y lo utilizó como coartada para seguir adelante con una fusión que sabía fallida. Sin escrúpulos.

El resultado fue devastador. La entidad fusionada, Novacaixagalicia, tuvo que ser rescatada por el Estado con 9.000 millones de euros del erario. Poco después, fue nacionalizada, convertida en Novagalicia Banco y vendida por 1.003 millones al grupo Banesco, propiedad del banquero venezolano Juan Carlos Escotet, amigo personal de Feijóo. Para colmo, Escotet no tuvo que desembolsar ni un euro en el momento de la compra: los pagos estaban condicionados a beneficios, que obtuvo rápidamente gracias al dinero público previamente inyectado.

¿Casualidad? Puede. ¿Negligencia? Seguro. ¿Favorecimiento deliberado? Sería temerario afirmarlo sin pruebas concluyentes. Pero lo que sí es evidente es que se diseñó una operación ruinosa para lo público y muy rentable para lo privado, orquestada con opacidad, propaganda institucional y decisiones políticas alejadas del interés general.

Abanca, propiedad ahora de su amigo Escotet, fue el principal apoyo financiero de los gobiernos de Feijóo en la Xunta, y sigue siéndolo de los de Alfonso Rueda. La Audiencia Nacional, en 2020, fue clara: Caixanova no habría necesitado ser intervenida si no se la hubiera obligado a fusionarse con Caixa Galicia. Esa decisión fue política, y su responsable tiene nombre y apellidos: Alberto Núñez Feijóo. El mismo que hoy se postula como el “salvador” de la economía nacional.

Feijóo presentó aquella fusión como un “hecho histórico”. Lo fue, pero por las razones equivocadas. Es hora de dejar de comprarle titulares y empezar a mirar las facturas. Esta en concreto costó 9.178 millones de euros. La pagamos todos. No es la única deuda que deja en Galicia. Todavía estamos esperando una explicación del “gran gestor”.

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

El Banco de España ha revisado tres décimas a la baja su previsión de crecimiento económico para 2025, hasta el 2,4 %, y una décima la de 2026, al 1,8 %, debido a la menor aportación del sector exterior por la elevada incertidumbre provocada por el riesgo arancelario, según informa EFE.

Así lo ha indicado este lunes el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde ha adelantado las nuevas proyecciones macroeconómicas incluidas en el informe trimestral de la economía española que la entidad publica este martes.

La inflación media se situaría en el 2,4 % en 2025, una décima por debajo de la anterior estimación, mientras que para 2026 se mantiene la desaceleración ya prevista al 1,7 %.

"No estamos nada seguros de lo que va a pasar con la inflación", ha dicho Escrivá, que ha asegurado que las previsiones de precios están sujetas a mucha incertidumbre, porque podrían subir si se produce una interrupción de suministros como ocurrió en pandemia, aunque cabe pensar que podrían bajar por la caída de la demanda.

La inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados) se ha elevado cuatro décimas para 2025, al 2,6 %, mientras que la tasa de paro se mantiene en el 10,5 % y el déficit público se queda en el 2,8 % del PIB.

No obstante, el Banco de España ha elaborado un escenario macroeconómico alternativo más adverso, de escalada prolongada de la guerra arancelaria, en el que el impacto sobre el crecimiento del PIB de 2025 sería de 0,4 puntos, hasta rebajarlo al 2 %, mientras que en 2026 podría llegar a restar 0,7 puntos, lo que dejaría el incremento del PIB en el 1,1 %.

En cuanto a la inflación, en 2025 este escenario adverso restaría tres décimas a la previsión central y la situaría en el 2,1 %, mientras que en 2026 el impacto sería de 0,5 décimas y pasaría a ser del 1,2 %.

De la banca ha dicho que conserva una posición financiera sólida, apoyada en una mayor rentabilidad y eficiencia, y en una mejora en la calidad del crédito. 

Frente a la mejor situación de la banca, ha situado como retos más relevantes la corrección de la deuda pública, la falta de adecuación de las habilidades de los demandantes de empleo a las demandadas por las empresas, la baja productividad y la escasez de vivienda.

El problema vivienda, ha dicho Escrivá, va a seguir agudizándose, por lo que considera prioritario actuar sobre la oferta de manera coordinada entre los tres niveles de la administración para cubrir las crecientes necesidades de vivienda para nuevos hogares. 

Ha recordado las previsiones incluidas en el informe anual de la entidad, según el cual en 2025 se generará un déficit de 150.000 viviendas, adicional al déficit de más de 400.000 viviendas del periodo 2022-2024.

En el ámbito laboral, Escrivá ha puesto el acento en la situación de la incapacidad temporal, las bajas, y que tras los aumentos de estos últimos años han situado a España como el tercer país de la Unión Europea con mayor porcentaje de ocupados que no han trabajado por incapacidad temporal.

Ha estimado que su coste directo para las empresas habría pasado de unos 2.840 millones de euros en 2019 a unos 4.613 millones de euros en 2024 y que el coste derivado del pago de las prestaciones por incapacidad temporal ha crecido un 78,5 % desde 2019 y se sitúa en algo más de 15.000 millones de euros.

También ha señalado el problema de "emparejamiento del mercado laboral" con casi un 50 % de empresas que apuntan ya que su actividad está condicionada por la falta de mano de obra, lo que supone 40 puntos más que en 2020 cuando eran alrededor del 10 %.

El Banco de España (BdE) ha publicado este martes el Informe de Estabilidad Financiera, donde evalúa la situación de los sectores más relevantes para la economía e identifica los principales elementos desestabilizadores. Entre los principales riesgos está la incertidumbre geopolítica y el riesgo de que una escalada en los conflictos militares abiertos en Ucrania y Oriente Medio desemboquen en trabas comerciales que vuelvan a tensionar las cadenas de suministros.

La guerra arancelaria desatada por Donald Trump también se ha convertido en un componente de incertidumbre para los mercados y el BdE señala que las políticas "de la nueva Administración de Estados Unidos, sobre las que persiste una elevada incertidumbre, han comenzado a mostrar un impacto adverso sobre la actividad y las condiciones financieras a nivel global". En este sentido el organismo también advierte de que si la inflación permaneciese alta en Estados Unidos, perjudicaría a las condiciones financieras globales y a los tipos de cambio. Finalmente, el banco se centra en la ciberseguridad como otro de los puntos a tener en cuenta y se refiere a este aspecto como un elemento "de importancia creciente para el correcto desarrollo del negocio financiero", concluyen.

En lo que se refiere a la economía nacional, las conclusiones señalan que los hogares y las familias "mejoran su situación financiera", con niveles de endeudamiento más bajos. En el caso de las familias se sitúa en el 67,9%, el nivel más bajo desde 2000 y en las empresas su proporción en relación a los beneficios se mantuvo en el 323%, por debajo de la media europea (428%). La renta de los hogares aumentó un 3,2% interanual, impulsada por "el avance del empleo y de la remuneración".

En cuanto al sector bancario, el análisis señala "una evolución favorable", con aumento en la rentabilidad y en los márgenes de intereses. Sus resultados netos consolidados en 2024 crecieron un 21% y su rentabilidad creció un 9%, pese a que los tipos de interés llevan meses a la baja. El análisis también limita el efecto negativo del impuesto a la banca: "Sin el impacto del gravamen extraordinario a la banca, aplicable tanto a los beneficios de 2023 como a los de 2024, el crecimiento interanual del resultado neto habría sido muy similar (21,7%)", es decir 0,7 puntos porcentuales superior.

La deuda pública sigue siendo uno de los escollos de la economía nacional. La situación de la ratio de endeudamiento, según el BdE, sigue "en niveles elevados", con un 101,8% del PIB, aunque es 3,3 puntos menor que en 2020. Por otro lado, en 2024, el déficit público se redujo en tres décimas, hasta el 3,2% del PIB, que según el banco sigue siendo "un valor todavía elevado". Esta cifra de déficit incluye una contribución de los gastos asociados a la dana de otoño de 2024 de 0,4 puntos porcentuales.

"El previsible incremento del gasto militar" aparece en este apartado como uno de los factores a tener en cuenta, ya que "eleva el riesgo de que el endeudamiento público español se desvíe por encima de las previsiones". Además, el envejecimiento de la población —que requiere de más recursos públicos por ejemplo en pensiones o sanidad— y la "financiación pública de parte de las transiciones digital y climática", son dos elementos que pueden contribuir a impulsar la deuda.

El organismo también advierte que esta situación complica el cumplimiento de la política fiscal y los compromisos de deuda con la Unión Europea: "El Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-2028 (PFEMP) presentado por el Gobierno de España y aprobado por el Consejo de la UE en enero carece de medidas concretas para su cumplimiento", concluye el documento. Sin embargo, el BdE señala que hay margen para que la ratio de déficit continúe "reduciéndose moderadamente en los próximos años".

El contexto internacional puede ser determinante para la evolución de la economía nacional. "El elevado nivel de endeudamiento público español contribuye a un crecimiento más frágil e implica mayor sensibilidad a los cambios en las condiciones de financiación por el viraje de las políticas económicas globales", advierte el informe.

De hecho, a nivel macroeconómico la política comercial norteamericana está en el centro del análisis. El análisis del Banco identifica "el viraje hacia una política comercial más proteccionista" de Estados Unidos como un elemento que podrá impactar negativamente en Europa. Lo haría, por un lado, presionando los precios al alza por las alteraciones en las compraventas internacionales; y por otro, erosionando la seguridad y provocando una caída en el gasto "como consecuencia de la menor confianza de hogares y empresas", concluyen.

Acceder a una vivienda o encontrar un piso que no se lleve la mayor parte del salario es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, pero desde hace un tiempo también lo es para los organismos económicos por las repercusiones que puede tener en ámbitos tan dispares como el mercado laboral, los niveles de pobreza, la emancipación de los jóvenes, la natalidad o la desigualdad. “Los desequilibrios en el mercado de la vivienda, que aún están lejos de reducirse de forma significativa a corto plazo, tienen la capacidad de convertirse en un evidente cuello de botella para la economía española”, advierte el Banco de España (BE) en su Informe Anual 2024, publicado este mismo martes. 

Para los españoles, la vivienda ha sido por quinto mes consecutivo el mayor problema que identifican a nivel de país, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Por otro lado, el BE ya había puesto el acento sobre las crecientes dificultades de acceso a la vivienda en 2023 y en esta edición vuelve a señalar este factor como uno de los mayores retos a solucionar, ya que tiene “efectos sociales y económicos adversos”. 

En este sentido, el organismo monetario recoge que las ratios de esfuerzo —es decir, lo que un hogar en alquiler o en propiedad se lleva de los ingresos mensuales de una familia— ha subido, sobre todo entre quienes menos ganan. Por ejemplo, señalan que un hogar con ingresos medios en España tendría que invertir toda la renta bruta anual que ha ganado en 7,2 años para poder comprar una casa. Además, en lo que se refiere al alquiler, también apuntan al efecto inflacionario de la vivienda turística o de temporada en los precios: “El esfuerzo potencial para adquirir una vivienda entre los hogares en alquiler es mayor en aquellas provincias donde se concentra la actividad económica y turística”, concluyen.

Otro punto es el encarecimiento de la vivienda en los núcleos donde se concentra más empleo. En estas zonas, apunta el BE, los indicadores de esfuerzo superaban ya en 2022 los nueve años de renta anual bruta para comprar una casa. Aquí las repercusiones negativas inciden en el mercado laboral, complicando a las empresas la búsqueda de trabajadores, que no pueden permitirse vivir donde trabajan.

Así, aunque el consumo de los hogares creció un 2,8% en 2024 y funcionó como uno de los motores de la economía, una vivienda cada vez más cara reduce el dinero disponible de los consumidores y podría lastrar, en última instancia, el crecimiento. “Las mejoras en el grado de accesibilidad basadas en el aumento de la renta de los hogares y en la relajación de las condiciones financieras en 2024 se habrían visto limitadas ante el crecimiento de los precios de la vivienda”, advierte el informe. Según los datos del Banco, tres cuartas partes de los hogares que viven en alquiler no tendrían ahorros suficientes para cubrir los gastos iniciales de una vivienda media y de poder hacerlo, su cuota hipotecaria se llevaría más del 35% de los ingresos del hogar. 

Para los jóvenes, que generalmente tienen salarios inferiores, los efectos de no poder permitirse una casa propia también se reflejan en el documento. Los salarios de los trabajadores entre 25 y 34 años crecieron entre 2015 y 2023 en torno a un 11%, pero el precio de la vivienda lo hizo alrededor de un 23% y el de los alquileres un 13%. Esto es, dicho coste no solo se come los aumentos de salario, sino que los trasciende. Además, las inevitables dificultades para acceder al crédito que se derivan de esto complican aún más la emancipación en España, cuya edad de independización ya es una de las más altas de Europa: 30,3 años, frente a los 26,3 años de media en la Unión Europea, según Eurostat.

Entre los comportamientos perniciosos que identifica el análisis, sigue estando un nivel de demanda de casas muy superior a la oferta. En marzo se vendieron en España 62.808 viviendas, un 40,6% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato corrobora la tendencia ininterrumpida al alza que se viene dando durante los últimos nueve meses. Esta tensión en la oferta es uno de los factores que tira de los precios, aunque el Banco de España señala que la tendencia ha mejorado y del déficit de 600.000 viviendas que estimaba el organismo en 2023, ahora reducen ese cálculo a 450.000. Con todo, el resumen es que se venden más casas, aunque sean cada vez más caras: en el último trimestre de 2024, el precio medio había subido un 11,3%, según el INE.

La regulación del mercado es otra derivada que aborda el informe y está en el punto de mira de los sindicatos de inquilinas y los movimientos sociales que han aparecido al calor del problema inmobiliario. “Sería deseable que las medidas adoptadas contemplen un horizonte temporal amplio y se diseñen de manera coordinada entre las distintas Administraciones con responsabilidades en la materia”, señala el organismo monetario. Las competencias en vivienda en España son autonómicas y la aplicación de la ley se da de manera desigual en los distintos territorios. Por ejemplo, solo País Vasco y Cataluña se han acogido a la declaración de zona tensionada que limita los precios del alquiler, según los datos del Ministerio de Vivienda. 

Otro asunto sobre el que habitualmente se pide una regulación más estricta es la vivienda turística, que el propio informe señala como un elemento que infla los precios. En España hay registrados un total de 368.295 alojamientos turísticos, lo que supone un 1,3% sobre el total de casas, según el INE. Su concentración en regiones como la costa mediterránea, Canarias, Baleares, Málaga, Madrid o Barcelona suele estar relacionada con incrementos en el precio del mercado inmobiliario. 

El impacto social que tiene un mercado de la vivienda a precios imposibles suele traducirse en inquilinos que no pueden pagar el alquiler, desahucios, jóvenes que no se pueden emancipar o especulación, y de eso también alerta el informe, que advierte de "un problema social de primera magnitud" si no se solventan los actuales obstáculos.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas marcó un nuevo récord en 1.667.443 millones de euros a cierre de marzo, equivalentes al 103,5% del PIB, lo que supone 1,7 puntos más respecto al cierre de 2024 (101,8%) pero 2,8 puntos menos en comparación con el mismo periodo de 2024 (106,3%).

La ratio de deuda está 20,7 puntos porcentuales por debajo del máximo registrado en marzo de 2021 (124,2 % del PIB), según destaca el Banco de España en una nota de prensa recogida por EFE.

De acuerdo con los datos actualizados este lunes, la administración central acumula el grueso de la deuda pública con 1.518.333 millones, 20.600 millones más respecto al cierre de 2024.

Las comunidades autónomas aumentaron su endeudamiento en 1.989 millones, hasta un total de 338.040 millones, y las corporaciones locales incrementaron el suyo en 334 millones, hasta 22.897 millones. Las administraciones de la Seguridad Social elevaron su deuda en un millón, hasta un total de 126.174 millones.

La suma de todas las administraciones da una cifra superior al endeudamiento público total, porque hay 373.687 millones contabilizados por partida doble, dado que la administración central es la principal acreedora de las autonomías.

La riqueza financiera de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas que acumulan, aumentó un 9,6% en 2024 en comparación con un año antes, a pesar de la inflación, con lo que pulverizó un nuevo récord y rozó los 2,4 billones de euros.

Según las Cuentas Financieras de la economía española publicadas este jueves por el Banco de España y recogidas por EFE, la riqueza financiera se elevó a cierre de 2024 exactamente hasta los 2,374 billones de euros.

Los activos financieros de los hogares —dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta— aumentaron un 7,45% frente a un año antes, hasta los 3,13 billones.

En relación con el producto interior bruto (PIB), los activos financieros netos representaron un 196,8% a cierre de 2024, ratio que es 2,2 puntos porcentuales mayor a la de un año antes.

El grueso de los activos financieros de los hogares españoles se mantuvo en efectivo y depósitos, que sumaban el 35,2% del total; seguido de participaciones en el capital (31%); en fondos de inversión (16,4%), y seguros y fondos de pensiones (12,2%).

Las participaciones en fondos de inversión fue de nuevo el componente que más incrementó su peso en los activos financieros de los hogares, 1,4 puntos porcentuales respecto a un año antes; mientras que el peso del efectivo y los depósitos fue el que más cayó, 1,4 puntos porcentuales.

La deuda consolidada de las familias y empresas no financieras ascendió a 1,706 billones de euros a finales de 2024, un 1,6% más que un año antes. En términos de PIB, la ratio siguió mostrando una moderación, desde el 112,1% de cierre de 2023 hasta el 107,2%.

La deuda consolidada de las empresas aumentó desde los 989.500 millones de finales de 2023 a los 1,01 billones de cierre de 2024, lo que supone, sin embargo, el 63,5% del PIB, frente al 66% de un año antes.

Además, si se incluye la deuda entre empresas, la ratio se eleva al 83,2%, por debajo del 87,2% de un año antes.

En el caso de los hogares, la deuda aumentó y pasó de 690.700 millones de diciembre de 2023 a 695.600 millones a cierre de 2024.

Respecto al PIB, sin embargo, la ratio de deuda de los hogares disminuyó hasta el 43,7%, porcentaje inferior al 46,1% de un año antes y el más bajo desde marzo de 2000.

La evolución de la deuda consolidada de las empresas y de los hogares se explica, principalmente, por los valores positivos de las operaciones netas acumuladas y, en menor medida, por los otros flujos, añade el Banco de España.

Alberto Núñez Feijóo es el líder de la oposición que mejor ha sistematizado el cuestionamiento permanente de todas las instituciones que no tiene bajo su control. Es una estrategia que comenzó negando legitimidad a entidades intermedias que dependen del Ejecutivo, como el Centro Nacional de Inteligencia, por el hecho de que sus máximos responsables sean de la confianza del Gobierno —como ha ocurrido también con el PP en el poder, pero que la derecha sólo cuestiona cuando está en la oposición—. Y que a lo largo de esta legislatura ha escalado en intensidad hasta incluir, sucesivamente, al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía General del Estado al propio Congreso y a organismos reguladores como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas.

Feijóo deja fuera de esa denuncia al Senado, una cámara de control exclusivo del PP con la que trata de suplantar la labor del Congreso, gracias a que es la única que se elige mediante un sistema electoral muy distinto del que rige en el Congreso y que es capaz de dar mayoría absoluta a un partido aunque sólo tenga el 33% de los votos, como sucedió el 23J. También deja fuera al Tribunal Supremo o al propio Consejo General del Poder Judicial. En el primer caso, sus salas han vehiculizado durante años diferentes iniciativas contra actuaciones del independentismo o contra iniciativas del Gobierno, mientras que la presidencia del CGPJ, con Isabel Perelló al frente, se ha alineado varias veces con los vocales conservadores a pesar de pertenecer al sector progresista, el mismo sector que ahora lidera una rebelión contra el TC en Bruselas.

El PP lleva cuestionando al Constitucional desde que, en enero de 2023, tuvo lugar la renovación de cuatro magistrados —antes de esa fecha, los conservadores consideraban cualquier crítica como una intromisión en la justicia—. Todos ellos cumplían las condiciones de idoneidad establecidas en la ley que regula la institución, pero para Feijóo el Alto Tribunal perdió en ese momento toda legitimidad y quedó sometido al Gobierno porque la mayoría conservadora que había dictado sentencias en los últimos nueve años pasó a ser progresista. Y porque el perfil de dos de los nuevos magistrados no le gustaba, aunque su trayectoria, de acuerdo a la ley, no afectase a su idoneidad para el cargo. Desde entonces, el cuestionamiento del TC ha ido en aumento. Hasta el punto de considerarlo “un tribunal de parte” e intentar desacreditar cualquier decisión que suponga dar la razón al Gobierno y quitársela a sus adversarios.

El líder del PP resume todas estas descalificaciones en la acusación genérica de que el Gobierno "ha ocupado las instituciones". La elección del término "ocupación" ya implica una intención deliberada de deslegitimación. A pesar de que los miembros y responsables de todas ellas han sido elegidos y llevan a cabo su labor de acuerdo con la Constitución y las leyes, como demuestra el hecho de que Feijóo no haya encontrado el modo de llevar a los tribunales a ninguna y de que tampoco haya conseguido convencer a la Comisión Europea de que se pronuncie contra los "asaltos" a las instituciones del Gobierno de Pedro Sánchez, como intentó en el caso del Fiscal General, que también ha convertido en otra pieza de caza clave.

El último ejemplo data de esta misma semana a raíz de la renovación casi total de la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear. El Gobierno quiere tratar de mantener la actual mayoría absoluta de consejeros designados por el PSOE, preservando también el puesto del consejero propuesto por Sumar y dejando al Partido Popular con un consejero, en pleno debate sobre el inicio del cierre de todas las centrales nucleares en los próximos años, un asunto en el que el PP está dando ya la batalla. La vicesecretaria de desarrollo sostenible del PP, Paloma Martín, calificó la propuesta de renovación de "anomalía democrática" y aseguró que se estaba repitiendo el mismo modus operandi de "colonización" que en organismos como el Centro de Investigaciones Sociológicas, Radio Televisión Española o el Banco de España: "Es fiel reflejo del autoritarismo de este Gobierno", afirmó.

La norma no escrita establece que, para la elección de la cúpula del Banco de España, debía haber un acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Sin embargo, con las relaciones institucionales prácticamente rotas, el Gobierno propuso en verano del pasado año al entonces ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, que tomó posesión del cargo en septiembre. Desde el PP lo calificaron como otro "manoseo" de Sánchez en su estrategia de "ocupación" de las instituciones y se negaron a negociar el nombre del subgobernador pese a que el Gobierno estaba dispuesto a aceptar a la persona de su elección. Desde el PP habían previsto que fuera Eva Valle, jefa de la oficina económica de Moncloa con Mariano Rajoy, la que ocupara ese cargo, pero renunciaron a la negociación tras la elección de Escrivá.

La Ley de Autonomía del Banco de España establece que el cargo de gobernador lo designa el rey a propuesta del presidente del Gobierno, entre quienes tengan reconocida competencia en asuntos monetarios o bancarios, que el Gobierno consideró probada en el caso de Escrivá por su amplia experiencia en el ámbito financiero y su paso por instituciones como el propio Banco de España, el Banco Central Europeo, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En los últimos meses los conservadores han seguido criticando a Escrivá por no ser "un gobernador independiente" pero le han solicitado información sobre "el impacto del cupo catalán" en las arcas del Estado y han demandado su colaboración para "poder esclarecer los hechos destapados" por el empresario Víctor de Aldama, investigado actualmente por el Supremo.

La elección de Marc Murtra como presidente de Telefónica se saldó con graves acusaciones por parte de Feijóo y su dirección contra el Gobierno que culminaron, la semana pasada, con la petición de su comparecencia en el Congreso. "Si actúa como un miembro del Gobierno, que dé explicaciones como si fuese un miembro del Gobierno", señaló el portavoz del PP, Miguel Tellado. La propuesta de su nombramiento partió de la SEPI, el brazo industrial del Estado y primer accionista de Telefónica, pero contó con el visto bueno del resto del consejo de administración de la empresa de telecomunicaciones, entre los que están La Caixa y el BBVA. Para los conservadores, sin embargo, se trató de una operación dirigida a "controlar" las instituciones pese a que tanto el Ejecutivo de José María Aznar como el de Mariano Rajoy promovieron ceses y nombramientos en empresas participadas por el Estado en las que, incluso, situaron a amigos, familiares y miembros del partido en puestos clave.

La SEPI también cuenta con una participación en Indra, la multinacional española de tecnología y defensa, de casi un 30%. El Estado mantuvo una participación mayoritaria tras su nacimiento hasta que el Gobierno de Aznar la incluyó en su plan de privatizaciones. Tiempo después el Gobierno de Rajoy decidió volver a tener participaciones, que se mantienen en la actualidad. El vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, llegó a sugerir que Sánchez quería controlar empresas para influir en las elecciones del 23J. Sus críticas iban destinadas hacia Indra, la empresa que gestiona desde hace más de dos décadas los datos del escrutinio. Más tarde, tuvo que pedir perdón por sus palabras.

El Congreso de los Diputados aprobó en enero de este año los nombramientos de cuatro consejeros y el vicepresidente propuestos por el Gobierno para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el organismo que vela por la libre competencia y regula los mercados. El Ejecutivo culminó así la renovación de los organismos reguladores tras la falta de candidatos propuestos por Génova para su renovación, al igual que sucedió con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles. Ambos organismos, según el PP, también forman parte de esa "colonización" que, sin embargo, no aplica cuando se trata de ellos.

La formación de Feijóo también ha llegado a cuestionar la legitimidad del Tribunal de Cuentas, el órgano supremo de fiscalización de la gestión económica de las administraciones públicas en España. Su renovación, en abril de 2021, también se convirtió en objeto de polémica por parte del PP. Su presidenta, Enriqueta Chicano, fue duramente cuestionada por los conservadores y también por Vox por no ser capaz de detectar ni prevenir la corrupción con respecto a la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

El Banco de España lo acaba de decir: la economía española va a crecer más de lo previsto en 2025, dando así continuidad a un ciclo muy expansivo de la economía que sitúa a nuestro país a la cabeza del crecimiento de los países de la Unión Europea. Mientras que para la mayoría de los países las cifras se corrigen a la baja, España va a crecer más de lo que inicialmente se estimaba.  

Frente al práctico estancamiento de Alemania, con una previsión de crecimiento del 0,3% y de un crecimiento débil en la eurozona, del 1,1%, el PIB en España crecerá el 2,7%, esto es, casi tres veces  más que la media europea. 

La economía española está creciendo mucho y, sobre todo, está creciendo bien, con equilibrio, sostenibilidad y fundamentos sólidos. 

El informe del Banco de España destaca el papel determinante que en esta evolución positiva de la actividad productiva está teniendo el mercado de trabajo, que ha dejado de ser “el problema” de la economía española para convertirse en el principal factor que impulsa el crecimiento y el bienestar de la ciudadanía. 

Así, el informe destaca que el mayor gasto de los hogares es la componente fundamental que impulsa el crecimiento del PIB. Un mayor gasto explicado por tres factores: el aumento del empleo, la mejora del poder adquisitivo de los salarios y la mayor renta disponible de las familias. 

La economía crece sobre el impulso de la demanda interna, en la que juega un papel central el consumo de las familias, que lleva varios  años de fuerte expansión al calor de la mejora del mercado de  trabajo. 

El Banco de España estima que en los próximos años van a seguir creciendo tanto el empleo como la productividad. En concreto, para 2025, estima que el número de puestos de trabajo se incrementará el 1,9% y la productividad por persona ocupada, el 0,8%. 

Es un modelo de crecimiento virtuoso, porque esta es la mejor combinación para enfrentarse a dos de los problemas laborales de España: el elevado desempleo y la baja productividad.

El informe destaca que desde 2019 a 2024 el empleo creció especialmente en las ramas de actividad de mayor valor  añadido: la información y comunicaciones, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la educación y en último lugar, la  construcción, que aportan casi uno de cada dos de los empleos  creados desde 2019. 

Más empleos, de más calidad y por lo tanto con mejores salarios. Los salarios se han incrementado el 5,4% en 2024, de lo que se deriva una mejora de 2,6 puntos del poder adquisitivo, ya que el IPC en media anual fue del 2,8 %. 

De este análisis técnico que realiza el Banco de España en su informe de coyuntura se puede sacar una conclusión muy relevante: es el empleo el que está tirando de la economía. 

La mejora en la calidad del empleo, gracias a la reforma laboral, y el aumento de los salarios, impulsado por el salario mínimo, son las dos razones que están detrás del mejor comportamiento de la economía española. 

Hay más gente trabajando, con mejores empleos y salarios más altos, y, por lo tanto, mejora de forma significativa la renta disponible  de los hogares, que, a través del consumo, se convierten en el factor  fundamental del crecimiento del PIB. 

Es un círculo virtuoso en el que el mayor empleo y los mejores salarios tiran de la actividad de las empresas, que tienen que contratar a más personas para cubrir el aumento de la demanda y ofrecer mejores condiciones laborales para completar sus plantillas.

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Manuel Lago es diputado de Sumar.

El Banco de España (BE) revisa dos décimas al alza las previsiones de crecimiento para 2025, hasta el 2,7%. Además, en los datos que ha publicado este martes, señala que los principales indicadores de la economía nacional también tendrán un comportamiento positivo: la tasa de paro se reducirá 0,3 puntos porcentuales, hasta el 10,5% y el déficit público caerá un 0,1%, hasta el 2,6%. El punto negativo lo pone la inflación, que según el BE avanzará 0,4 puntos porcentuales, hasta quedar en el 2,5% y los precios subirán más de lo previsto. La principal fuente de incertidumbre, advierten, viene por la política comercial de Estados Unidos (EE UU) y la inestabilidad geopolítica. “Los aranceles de EE UU constituyen el riesgo más importante, unidos a las tensiones geopolíticas recientes a escala mundial”, señala el Banco de España.

El crecimiento esperado del PIB se apoya sobre todo en el buen comportamiento del consumo de los hogares. “El crecimiento del empleo, de los salarios y de la renta de las familias ha llevado a revisar el gasto esperado”, señala el documento. La renta media de las familias subió un 9% (sin considerar la inflación) en los tres primeros meses del año pasado y el sueldo medio aumentó un 5% a lo largo del ejercicio pasado, lo que ha aumentado la capacidad de gasto. Por otro lado, los puntos negativos se centran en una “mayor incertidumbre sobre el crecimiento global”, en una política de tipos de interés esperados “ligeramente más elevados que en diciembre” y en unos mayores precios de la energía.

Entre las razones para el avance del PIB, el organismo monetario se apoya en los buenos datos del consumo interno que se vienen dando desde el cuarto trimestre de 2024. Aquí es importante destacar que la disminución en el coste del crédito también ha ayudado a aumentar el gasto de los hogares. El BE destaca que los tipos de interés de las nuevas operaciones han sido inferiores y los préstamos a las familias han aumentado. Por otro lado, los analistas señalan que el ahorro sigue siendo “elevado”, aunque advierte que podría ceder a partir del primer trimestre del año. Desde el punto de vista de la oferta, todas las ramas productivas —salvo la agricultura, ganadería y pesca— registraron avances. El informe destaca especialmente el buen comportamiento de la industria, los servicios y las actividades inmobiliarias.

La inercia del último tramo del año pasado hace pensar el BE que la actividad económica en el primer trimestre del año seguirá creciendo “a un ritmo elevado”. Esto se concreta en un avance esperado del PIB en este periodo de entre el 0,6% y el 0,7%. Otro factor que valora positivamente es el buen comportamiento de la facturación de las empresas, que se mantiene estable tras el periodo final de 2024, que tradicionalmente es bueno por el consumo asociado a las Navidades.

La buena marcha del empleo es otro pilar en el que se apoyan las previsiones. En febrero, la afiliación a la Seguridad Social aumentó un 0,2%, tras el tradicional parón en el primer mes del año, cuando suelen terminar los contratos temporales de la temporada navideña. Esta tendencia positiva en los dos primeros meses del año, la han sostenido, sobre todo, los sectores del transporte, la construcción, las actividades inmobiliarias, los servicios y la educación, concluyen.

Los ingresos públicos también aumentan, aunque aquí los datos son hasta noviembre del año pasado. En el avance, que cifra en un 7,2%, se debe considerar la eliminación progresiva de las rebajas de impuestos aprobadas para combatir la crisis energética. Por otro lado, el gasto público también había aumentado un 6,4%. Aquí el informe señala que debe considerarse el impacto de las ayudas por la DANA. Con todo, el déficit de la administración pública se habría situado en el 3,4% en 2024, aunque las previsiones para 2025 señalan que bajará hasta el 2,6% del PIB.

El escenario internacional, con la caótica política comercial del presidente norteamericano Donald Trump y la amenaza constante de aranceles sobre Europa, no aporta buenas sensaciones y se considera la circunstancia más desestabilizadora. “La evidencia histórica sugiere que, en este tipo de escenarios, el crecimiento de la economía termina resintiéndose”, señala el informe. Entre los fantasmas que pueden aparecer en el horizonte, el BE apunta a posibles tensiones o problemas de suministro en las cadenas globales de valor, como sucedió tras el estallido de la guerra en Ucrania. Además, un posible miedo de los ciudadanos derivado del panorama internacional, puede tener efecto negativo en la economía, en concreto, volvería a los consumidores más conservadores, contraería el consumo y retrasaría sus decisiones de gastar.

Otro factor negativo es el comportamiento de la inflación, que se revisa al alza para España. Aumenta desde el 2,1% hasta el 2,5% aupado por los precios de la energía. Aunque a medio plazo la tendencia cambia y para 2026 se espera un descenso de la tasa al 1,7%. En el caso de Estados Unidos, los expertos dan por descontado un aumento de la inflación a medida que pone, quita y recibe aranceles recíprocos. De hecho, CaixaBank Research ya recortó la semana pasada 0,5 puntos las previsiones de crecimiento de Washington y estimó un aumento en su inflación a partir de la segunda mitad de 2025 que podría invertir la política de bajada de tipos de la Fed.

El organismo concluye que aunque la coyuntura general es "incierta y compleja", la economía española "ha seguido sorprendiendo al alza" y su crecimiento es "robusto". En cambio, el contexto europeo no es tan positivo. El PIB del conjunto del área del euro solo creció un 0,2% en el cuarto trimestre del año pasado y precisamente ese es aumento que se prevé para los primeros tres meses del año. Finalmente, advierte que la exposición de Francia y Alemania a una subida arancelaria por parte de EE UU, podría empeorar la marcha de la economía española y enturbiar las previsiones.

El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, acaba de admitir a trámite la demanda de 72 víctimas de un entramado internacional que ha estafado a decenas de miles de ciudadanos de todo el mundo prometiéndoles cuantiosos beneficios a unas supuestas inversiones en acciones, materias primas y criptomonedas que jamás se llevaron a cabo. Mauro Jordán de la Peña, que se ha especializado en este tipo de ciberfraudes –todos los estafados fueron atraídos gracias a anuncios publicados en internet– ha agrupado a los perjudicados, con el objetivo no sólo de llevar a juicio a quienes les han robado casi 10 millones de euros en apenas unos meses, sino también de intentar recuperar su dinero. Un total de 31 de los 72 demandantes aparecen en los registros de la investigación Scam Empire.

El abogado es consciente de la dificultad de estas investigaciones, que deben traspasar los cortafuegos de los testaferros y empresas ficticias para llegar hasta oscuros personajes situados en países tan lejanos como Georgia o Israel. Pero critica con igual dureza a la policía y los bancos como a los organismos públicos que deberían velar por el cumplimiento de la ley. “El Banco de España es una vergüenza, el Sepblac es totalmente inoperativo y la CNMV es un organismo de chiste”, se explaya. También se lanza contra la propia ley antiblanqueo que, a su juicio, ha creado un “limbo” para las criptomonedas donde se mueven con demasiada alegría los ciberestafadores internacionales.

¿Cómo llegaste a interesarte en este tipo de estafas?

Empecé hace siete u ocho años, prácticamente cuando empecé en la abogacía. Uno de mis primeros clientes fue un señor con una enfermedad muy avanzada, que había perdido ciento y pico mil euros con el que era en aquel momento el broker más famoso del mundo, IronFX, patrocinador del FC Barcelona. Era una estafa muy clara y el dueño estaba en Chipre. Fueron los pioneros.

Y, en el caso de la demanda que acaba de admitir a trámite la Audiencia Nacional, ¿cómo agrupó a estas 72 personas, cada una de ellas en una provincia de España y que probablemente ni siquiera sabían que otras personas como ellos habían sido estafadas por los mismos delincuentes?

Al llevar tantos años y tener el know-how, digamos, sabemos lo que hay que buscar y lo que es relevante para establecer relaciones. Muchas veces la policía investiga hilos que no tienen ningún sentido, como los números de teléfono, por ejemplo, o las criptomonedas. Nosotros tenemos una base de datos muy grande que nos permite establecer marcadores y podemos ver que una persona y otra y una tercera hacen una transferencia a la misma empresa fantasma de la República Checa, por ejemplo. O vemos que el nombre falso de un estafador es el mismo que en otra denuncia. El modus operandi [de los estafadores] es siempre el mismo. Las páginas web que utilizan tienen exactamente la misma maquetación, sólo cambia el nombre. Titularizan a la vez 40 plataformas diferentes. Y manejarse con 40 nombres falsos diferentes, para ellos también es una locura. Por eso muchas veces los nombres falsos también son los mismos. El primer pago siempre es con tarjeta, y las empresas que les hacen la publicidad o el SEO son también muchas veces las mismas.

Además, parece que las plataformas o los grupos criminales no desaparecen, sino que se regeneran y siguen operando.

Sí, las organizaciones criminales, al igual que las empresas tradicionales, tienden al monopolio, tienden a la concentración de capital y de actividades. El ejemplo más claro de otro submundo delictivo con el que se puede comparar es el tráfico de drogas. Es decir, da igual dónde compres la droga, en España, Francia, Bélgica, esa droga viene de Colombia, Ecuador o México, y de cuatro organizaciones fuertes. Dan igual los subgrupos, al final la raíz es el cártel de Cali, los Zetas… Pues con las ciberestafas pasa lo mismo. Fueron poco a poco y cada vez se juntan más: hay tres, cuatro, cinco organizaciones grandes que se dedican a esto y se van extendiendo, se van dividiendo, se vuelven a juntar… y ya las tenemos identificadas.

¿Puede poner nombres y localización a esas tres o cuatro grandes organizaciones?

No es tan sencillo como con el mundo del tráfico de drogas, que está más localizado geográficamente. Pero, policialmente y a nivel europeo, hay identificadas varias organizaciones, pero no tienen un nombre como el cártel de Medellín, claro. Esas organizaciones tiene presencia en varios países, Bulgaria, Albania, y vínculos con Israel, con Rusia.

Por su experiencia, ¿son rivales estos grupos? ¿O trabajan juntos, cooperan y comparten información, por ejemplo?

No, no son rivales. Tras años de actuación, la infraestructura detrás del crimen tienen muchos vínculos en común, como pasa con otros submundos. Al igual que los narcotraficantes gallegos trabajan y descargan cocaína para diferentes cárteles, aquí hay determinadas empresas que proporcionan a los estafadores la tecnología de la información que hay detrás, el CRM [Gestión de Relación con los Clientes, por sus siglas en inglés] o los círculos para el blanqueo de capitales, que son los mismos. Y al final, fruto de años de detenciones de la policía o de explotar la operación contra una parte, surgen envidias, rencores. Sí, los hay que han tenido problemas, pero no hay una guerra entre ellos, que yo sepa.

¿Y las diferentes subcontratas o divisiones de las grandes corporaciones criminales, las que suministran la tecnología o los afiliados de marketing, están identificadas?

Esta gente mueve muchísimo dinero, tanto dinero como los cárteles de la droga. Esas empresas que les proporcionan servicios, son de dos tipos. Unas son fugaces. Proporcionan marketing online, SEO, o son procesadores de servicios de pago, pero las utilizan poco porque tienen una vida útil corta: al final los pillan, se queman. Otras son empresas grandes, potentes, que están controladas por los que realmente cortan el bacalao y que llevan operando años. Éstas les proporcionan la infraestructura, el CRM, los programas informáticos, las herramientas para estafar.

Nos ha sorprendido descubrir que la trama utiliza en España, sin ningún problema, cuentas en el BBVA, el Santander o el Sabadell. Han constituido empresas que han abierto cuentas desde las que han hecho miles de transferencias.

El sistema bancario tiene mucha responsabilidad. Los controles que deben hacer contra el blanqueo de capitales, los procedimientos KYC [Conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés] funcionan para los ricos, para los millonarios y para que una empresa de construcción no reciba tres millones de euros de Arabia Saudí. Para eso sí salta la alarma.

Pero el sistema no funciona para estas estafas, porque la mayoría de las transacciones son transferencias desde España hacia países dentro de la Unión Europea y los bancos ganan mucho dinero con las comisiones que cobran. El BBVA es el banco que menos controles hace. Con todo, lo grave no es que permitan todas esas transferencias, lo grave es que los bancos, como pasaba antes de 2009 con la crisis de las hipotecas, aprueban ahora préstamos preconcedidos para todo el mundo. Y no hacen ningún test de solvencia.

No se trata sólo de que los bancos no apliquen controles al blanqueo de capitales, sino que, una vez que a la víctima le vacían toda la cuenta, el banco le concede un crédito de 50.000 euros que, automáticamente, los estafadores transfieren al extranjero. Los bancos tienen responsabilidad de muchos tipos, pero ir contra ellos es complicado, mientras que los organismos que controlan su actividad son completamente inoperantes. El Banco de España es una vergüenza, el Sepblac es totalmente inoperativo y la CNMV es un organismo de chiste en España.

¿Hay algún agujero o algún fallo en los procedimientos KYC y en los seguimientos posteriores de las cuentas a los que están obligados los bancos españoles que los diferencia del resto de los bancos de Europa? ¿Son menos diligentes de lo que deberían ser o de lo que son en otros países, les dan alguna ventaja que aprovechan los estafadores?

No lo creo. El banco que más utilizan es el Deutsche Bank. [Los estafadores] conocen muy bien el sistema financiero europeo, tanto la banca tradicional como los neobancos. De hecho, participan en neobancos y han creado procesadores de servicios de pago propios, también tienen exchanges de criptomonedas propios. Mueven tanto dinero que ponen tres testaferros, una garantía de tres millones y se abren un banco en Estonia o Lituania. Alguno de ellos ya los han cerrado las autoridades allí.

Pero no creo que haya nada especial en relación a eso. Esta gente fue parte de la caída de Wirecard, que era el tercer neobanco de Alemania. Y el Deutsche Bank… es una locura.

Antes ha mencionado los escasos controles que hace el BBVA…

El BBVA no aplica ningún control. Pero lo importante no son las cuentas de las víctimas, sino que permiten la apertura de cuentas de testaferros, de empresas fantasma, sin plantilla, creadas por ciudadanos extranjeros, sin actividad, sin página web, ni sede social, ni nada… Que facturan miles de euros de un día para otro y esas cantidades se van automáticamente a otras cuentas bancarias en el extranjero

¿Y eso no debería saltar la alarma en los bancos?

Sí.

¿Y salta?

No.

¿Por qué no? ¿Porque los testaferros que abren las cuentas son ciudadanos de la UE?

Porque los bancos no ponen de su parte. Porque ganan mucho dinero permitiéndolo. Los bancos saben contra quién juegan y conocen sus riesgos. Una cosa es la responsabilidad administrativa de los bancos por blanqueo de capitales, que el Sepblac [la unidad de inteligencia financiera y de lucha contra el blanqueo de capitales] les ponga una multa de 15 millones. Pero, por la falta de control en la cuenta de Pepa María en Murcia, la multa de 15 millones a Pepa María de Murcia no le da nada. Pepa María sigue perdiendo los 100.000 euros que se transfirieron desde su cuenta. Entonces, ¿quién se toma ese trabajo?

Y eso suponiendo que Pepa María sepa que el banco tiene alguna responsabilidad. ¿Va una ciudadana de Murcia, destrozada por ser una víctima, a poner, no ya digamos una denuncia en la policía, sino una reclamación al Sepblac, al Banco de España?

Por ejemplo, un control facilito: que, cuando una persona de más de 65 o 70 años haga una transacción de más de 10.000 euros al extranjero, esa transacción se paralice. Los bancos no lo hacen porque ganan mucho dinero con las comisiones. Y no sólo ganan mucho dinero con las comisiones. Los neobancos procesan para ellos

Como Revolut.

Bueno, Revolut, ahora ya no, los cortó, porque ya tiene suficiente cuota de mercado, ya no se arriesga más. Pero tengo decenas, cientos de transacciones a través de Revolut [en la demanda ante la Audiencia Nacional].

El objetivo es la lucha contra el blanqueo de dinero, no la lucha contra el fraude ni contra las estafas.

La lucha contra el blanqueo de capitales la marcan las directivas europeas y es obligada a esta exposición. Y son muy genéricas. Si usted es una institución financiera o un procesador de servicios de pago, tiene que saber hacia dónde va el dinero. Pero un exchange de criptomonedas [un servicio que conecta compradores y vendedores], que también es un sujeto obligados en materia de blanqueo de capitales, ¿cómo garantiza eso? Tengo decenas, cientos de comunicaciones de Binance, de Kraken, entre las principales casas de cambio de criptomonedas, diciendo: “No, no. Esto salió de mi exchange, se fue el dinero a otra criptocartera y no tengo ningún dato, no tengo ni idea”. ¿Cómo se compagina eso con las directivas contra el blanqueo de capitales? Me da igual que sean criptomonedas, tú tienes la obligación de saber adónde mandas el dinero.

Además, a mí la gente no me contrata para luchar contra los bancos, sino para que intente recuperar su dinero. Alguien tiene que hacer esa labor, que es muy complicada. Si quieres que sea efectiva, no se trata de decir a los bancos que tienes a María Pepa, a la que han estafado 100.000 euros. No, se trata de decirles que tienes a 300 clientes que han hecho decenas de transacciones que han sacado miles de euros al extranjero. Tengo 200 cuentas bancarias de testaferros y empresas a través de tu banco. Y ése es un trabajo que también deberían hacer los organismos públicos, la policía, pero son completamente inoperantes.

Parece que, por su nivel de complejidad, estas estafas son muy difíciles para la policía. Empiezan una investigación, pero cuando ven que el dinero sale del país, paran.

Lo que le preocupa a un comisario provincial es que la gente pueda salir a cenar sin que le roben, pueda ir tranquilo por la calle sin que tenga miedo. La seguridad ciudadana. Y, en términos de política criminal, los casos que preocupan a la policía, que son los mismos que preocupan al Gobierno, son los que causan alarma social y tienen mucha repercusión mediática, las agresiones sexuales, los delitos contra la integridad, la libertad… Y después, los casos de corrupción, prevaricación, malversación, la Gürtel, Aldama…

Pero este tipo de delincuencia no causa ninguna alarma social, porque la sociedad española para determinados aspectos tiene la empatía muy poco desarrollada: “Si les han estafado es porque querían ganar mucho dinero”. Tú sabrás dónde metes tu dinero. O porque eres tonto: ¿quién te va a dar duros a cuatro pesetas? Lo ves incluso entre los propios policías y los juzgados.

Hay ciertas cosas de la policía que tendrían que cambiar mucho. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que estos delitos se investiguen de forma tradicional o en un ámbito geográfico, que es lo que hacen. Las unidades de ciberdelincuencia son bastante nuevas. Las unidades arroba de la Guardia Civil o los equipos Edite de derechos telemáticos. Pues, resulta que están por demarcaciones geográficas. Y eso no tiene ningún sentido.

Policías y jueces suelen decir que no saben contra quién actuar. ¿Pueden actuar contra las empresas fantasmas que la trama ha creado en España para empezar a tirar del hilo?

Claro que pueden: son empresas con sede social en España, constituidas ante notario, el nombre de los testaferros es conocido, también el número de las cuentas de los bancos, se sabe que el dinero pasó a otras cuentas... Tirar del hilo es muy fácil. Parte de la investigación tiene que ser en otros países, y resulta que el 75% de los juzgados de España no saben mandar una comisión rogatoria, o consultar con un órgano europeo.

Entonces, ¿qué tiene que pasar para que cambie esta situación?

Muchas cosas: una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma de Ley de Planta Judicial. En Italia, por ejemplo, los jueces cierran las plataformas, y lo hacen bastante.

Los cuerpos policiales dicen que funciona muy bien la coordinación entre ellos, también la colaboración con Eurojust y Europol.

No es cierto. A nivel europeo el país que funciona relativamente bien es Alemania, porque allí mandan los fiscales de los Länder. Y tienen la suerte de que hay tres o cuatro fiscalías donde los jefes son personas muy aptas, que conocen mucho este campo desde hace años y que son los que llevan a cabo las investigaciones.

Volviendo a la tarea de recuperar el dinero de las víctimas. En la demanda, se exige la responsabilidad civil a los exchanges de criptomonedas, no a los bancos. ¿Por qué?

La normativa contra el blanqueo de capitales, aunque los bancos la incumplan, es bastante clara. Los exchanges tienen que saber también a quién envían los fondos, pero la propia tecnología blockchain hace que eso sea imposible. Es una contradicción. Hay una especie de limbo.

Si yo imputo al BBVA, me dirá que verifica completamente la identidad de la empresa a la que se ha enviado el dinero: una empresa de la República Checa con este IBAN determinado. Ahí tienes la identificación formal. Pero debería ir un paso más allá y, como esa empresa está en el ciclo de blanqueo, debería bloquear esa transacción, pero ya es más película.

A mí me da igual que la tecnología haga imposible ese control. La ley lo marca. O cambia la ley o no le dejes operar. Pero no que se mantenga en este limbo: hay una ley de blanqueo de capitales que se aplica a todos, pero a los exchanges no se le aplica y nadie hace nada. Y te dicen, pero ¿cómo voy a prohibir operar a las casas de cambio de criptomonedas? Pues cambia la ley. U oblígales a operar de otra manera.

¿Ha conseguido recuperar el dinero de alguna víctima en otros casos que has llevado? ¿Qué tipo de pruebas hacen falta para tener éxito?

Sí, hemos recuperado dinero, de forma extrajudicial, es decir, apuntando directamente a los responsables, porque son empresas más o menos legítimas, como en el caso de las chipriotas, y todavía están empezando y no quieren que salte la liebre porque saben que tienen pendientes una base de 1.000 personas a las que están estafando. O a través de bloqueos de cuentas bancarias. De hecho, nosotros tenemos una de las primeras resoluciones que bloquea una criptocartera con un millón y medio de euros.

Pero también depende del grupo de la policía que te toque. El grupo de delitos telemáticos de la Policía Nacional de Zaragoza es muy bueno. Aquí en Madrid hay un par de grupos de la UDEF que son muy buenos también. Pero te puede tocar alguien en una comandancia que no sabe lo que es un bitcoin. O los Mossos d’Esquadra, me consta que están sobresaturados y contestan a los juzgados diciéndoles que no pueden investigar.

¿Y cómo es la colaboración con otros países de la UE como Bulgaria?

Estas organizaciones son tan grandes que obviamente están relacionados con los aparatos de poder de países como Bulgaria, Albania.. No me extrañaría que, en muchas ocasiones, policías de Francia o España desconfíen de meter en uno de sus grupos de trabajo internacionales a determinados organismos públicos de terceros países.

La estafa comienza cuando alguien pincha en un anuncio en Facebook o en Google. ¿Estas plataformas tienen también su grado de responsabilidad?

Son cooperadores necesarios. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, las directivas europeas, son relativamente nuevas. Un página web que sirve para una estafa necesita, para estar operativa, que alguien le venda un dominio y se lo mantenga. Si estás vendiendo un dominio y manteniendo en la nube un dominio que sabes que se está utilizando para una estafa, eres responsable. Sin embargo, la ley, las directivas europeas, excluyen la responsabilidad de los registradores de dominios, a no ser que alguien les avise de un incumplimiento y, aun habiendo sido avisados, lo sigan manteniendo. Una víctima no sabe lo que es un registrador de dominio y buscar quién es el registrador de dominio de una página web es inviable para una víctima.

La CNMV acaba de abrir expediente a Twitter, y le amenaza con una multa de 340 millones de euros por permitir anuncios de entidades no autorizadas. Eran deepfakes de famosos que prometían grandes beneficios. Pero no creo que la CNMV tenga quejas de Twitter y no de Facebook o de Instagram. O de los periódicos online. O de Google.

¿Es posible identificar a los teleoperadores? Hemos visto que todos usan nombres falsos. Algunos se comportan como auténticos psicópatas.

Sí es posible. Los descubres porque son chavales, aparecen en las redes sociales, se van de fiesta, alquilan un reservado VIP en discotecas, posan con coches de lujo… Muchos son latinoamericanos, también hay rumanos y extranjeros que hablan español. Todos trabajan desde call centers en el extranjero. Los hay que están allí mes y medio, y se van. Y los hay que levantan 400.000 euros a una víctima. Los que les mandan son los que me interesan. Y esos sí que son psicópatas. He tenido vídeos de algunos de  ellos celebrando que han estafado 300.000 euros a alguien tocando la campana.

Como fundadora de una asociación de consumidores, soy conocedora de muchos de los problemas de los usuarios con las entidades de crédito, las compañías energéticas, de telecomunicaciones y, cada vez más, de las ciberestafas en todas sus modalidades. Como muchos de nosotros, durante los últimos meses, he recibido sms y correos electrónicos supuestamente de mi banco para que tome medidas ante actividades sospechosas. Sin embargo, no fue hasta el otro día que recibí una llamada a altas horas de la madrugada, casi las 2 de la mañana. Del otro lado, un amable joven me preguntaba si yo era la Sra. Suárez y me pedía disculpas por las horas, pero tenía —me explicaba— buenos motivos para hacerlo, ya que trabajaba en el departamento de estafas y ciberfraudes de mi banco. Con amabilidad, pero seguridad en sus palabras, sin apenas dejarme pensar o despertarme para entender mejor lo que me estaba diciendo, me indicaba que habían detectado una actividad sospechosa en mi cuenta por lo que necesitaban hacer unas comprobaciones para eliminar cualquier riesgo. 

A la mañana siguiente, cogí mi móvil para descartar si había sido un sueño, pero no, ahí estaba, la llamada de "mi banco", o eso parecía. En la pantalla aparecía el nombre de la entidad y las siglas SAC, correspondientes al Servicio de Atención al Cliente, la llamada había durado apenas 21 segundos. Reflexioné sobre lo sucedido: sabían mi nombre completo, mi número de teléfono y el banco del que soy cliente. El operador tenía el discurso bien aprendido, era amable, pero iba al grano, repetía palabras como "estafa", "actividad sospechosa", "comprobaciones" o "urgente" y todo ello a horas intempestivas. Nada era casualidad, todo lo contrario, el modus operandi estaba diseñado para que actuara movida por el miedo y sin pensarlo dos veces, en plena confusión de la noche. Me resultó especialmente indignante: ¿A cuántos pillarían así y luego se las tendrían que ver con el banco para recuperar su dinero?

Llevamos años de reuniones con autoridades tanto a nivel nacional como europeo, quejas formales o informales, reclamaciones extrajudiciales y judiciales... años denunciando el problema del ciberfraude financiero o, mejor dicho, el ámbito de impunidad que genera una operativa a distancia, despersonalizada y automatizada, en la que muchas veces el banco dice ser también una víctima, pero cuya factura la estamos pagando cada uno de nosotros.

No hay cuestión más transversal que ésta; nos afecta a todos. Tengamos o no mayor grado o menor de conocimientos financieros y digitales, estemos en la situación que estemos, todos podemos ser un blanco fácil, resulta relativamente sencillo acceder a cualquiera de nosotros.

La memoria de reclamaciones del Banco de España nos lo recuerda año tras año. La última disponible da cuenta de hasta 8.700 reclamaciones por pagos fraudulentos, la materia más reclamada en cuanto a servicios de pago, por encima de las comisiones. Pero el regulador también nos recuerda que no tiene competencia en la resolución de estos casos y remite una vez más a los cada vez más saturados tribunales. Una situación que podría repararse si se aprobara finalmente la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, paralizada en el Congreso por la falta de acuerdo de los partidos políticos.

Por su parte, las entidades financieras rara vez cumplen con su obligación de devolver de inmediato al cliente el importe de una operación no autorizada, tal y como establece el artículo 45 de la Ley de Servicios de Pago. Se escudan en que el cliente no ha sido lo suficientemente diligente sin reconocer que, en la mayoría de los casos, previamente se ha producido una brecha de seguridad mediante la cual han accedido a nuestros datos personales para ganarse nuestra confianza y hacerse fácilmente con nuestro dinero. Por si eso fuera poco, el SMS o la llamada aparenta ser de tu propio banco sin que hasta ahora se haya llegado a una solución para que las compañías de telecomunicaciones colaboren e impidan esta suplantación de identidad.

Es por ello por lo que desde ASUFIN llevamos años diciendo que es necesario ampliar el concurso de organismos, compañías y autoridades en la resolución del fraude financiero en el entorno digital. Los consumidores no pueden seguir pagando los platos rotos. Por eso, nos arroja un rayo de esperanza que esté encima de la mesa un proyecto de Orden de la secretaría de Estado de Telecomunicaciones que por fin involucra a las compañías de telecomunicaciones en la detección y lucha contra el ciberfraude, la conocida como antispoofing que introduce mecanismos para evitar el fraude en la numeración y códigos alfanuméricos de los mensajes. Una norma que debería evitar que nos suene el móvil a las tantas de la madrugada y parezca que quien nos llama es nuestro banco. 

Un pequeño avance, entre los muchísimos que tienen que darse, para devolver la confianza a quienes hemos sido objeto, o hemos estado a punto de serlo, del fraude que campa a sus anchas. Mientras tanto, si me estás leyendo haz como yo hice aquel día: cuelga de inmediato, tu banco no haría nunca una llamada así y, si aún tienes dudas, consulta tus posiciones mediante la banca on-line o llama a tu banco. Comprobarás que te has salvado de una ciberestafa más.

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Patricia Suárez es presidenta fundadora de ASUFIN.

La deuda pública española bajó hasta el 104,4% del PIB en el tercer trimestre del año, tres puntos menos que en el mismo periodo de 2023, pero sigue batiendo récords si se mide su volumen en términos absolutos, 1,63 billones de euros. El repunte ha sido de 57.304 millones, un 3,6%. Hace unos días, la Comisión Europea ha validado el plan fiscal que el Gobierno español le había enviado en octubre, porque considera que establece una senda “creíble” para garantizar que la deuda pública bajará o se situará en niveles “prudentes”. Y es que, tras la entrada en vigor el pasado abril de las nuevas reglas fiscales de la UE y teniendo en cuenta el débil crecimiento económico europeo –lastrado por la mala salud de sus dos principales motores: Alemania y Francia–, la consolidación fiscal, como la llaman los economistas, y la austeridad, como se bautizó en la penúltima crisis, vuelve al centro de atención de expertos y políticos, y ocupa titulares.

La época en que los gobiernos pusieron en marcha grandes planes de gasto para luchar contra la parálisis económica causada por el covid y para afrontar la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha quedado atrás. Entonces Bruselas suspendió las reglas fiscales europeas, fijadas en un 3% de déficit y un 60% del PIB para la deuda pública. Ahora, los vientos soplan del lado contrario. Según calcula Bruselas, de 2025 a 2028 la eurozona deberá aplicar un ajuste fiscal de 1,9 puntos porcentuales de PIB. El país que más tendrá que apretarse el cinturón es Finlandia, 4,8 puntos porcentuales, mientras que a Alemania sólo le sobran 0,4 puntos y a Irlanda, ninguno. El ajuste español debe ser de 3,6 puntos porcentuales de PIB, sólo una décima menos que el francés.

Para hacerse una idea de la profundidad del recorte, se puede comparar con los casi siete puntos porcentuales del ajuste sufrido por la economía española entre 2011 y 2013, los años de la gran crisis financiera y de la austeridad impuesta por Bruselas tras el rescate a la banca. Es decir, el esfuerzo fiscal que se le pide a España es la mitad del que tuvo que hacer una década atrás. Además, esta vez “la senda que ha mandado el Gobierno a Bruselas está bien dosificada en el tiempo”, por lo que el ajuste debería ser mucho menos doloroso, apunta Diego Martínez, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. La incógnita, añade, es que el Gobierno aún no ha concretado cómo va a llevarlo a cabo.

Para reducir la deuda sólo hay dos caminos: recortar el gasto público y subir los impuestos. Tras la crisis financiera, la mayor parte del ajuste fiscal se llevó a cabo mediante recortes del gasto público, un 56%; el resto fueron subidas de impuestos. El FMI, en su más reciente Monitor Fiscal, apremia a los gobiernos a “reconstruir los colchones fiscales” y a contener la deuda pública “ahora y no más tarde”. Dice que retrasarlo sólo aumentará la necesidad de hacer “una corrección mayor” más adelante. Justifica la oportunidad del momento en el hecho de que la inflación se está moderando y los bancos centrales han bajado los tipos de interés, por lo que las economías se hallan “en mejores condiciones para absorber el efecto económico del endurecimiento de la política fiscal”.

Porque de lo que no hay duda es de que esos ajustes tienen un inevitable impacto en la economía y en los hogares, como el mismo FMI reconoce. Los recortes en las transferencias de dinero público afectan a los ciudadanos, en especial a los de rentas más bajas. Habrá menos subsidios y prestaciones o éstos serán de menor cuantía, por ejemplo, si se recorta el gasto social. El resultado inmediato es una reducción del consumo de los hogares. Y un aumento de la desigualdad. Otro tanto ocurre si se bajan los salarios de los funcionarios. Finalmente, si se recorta la inversión pública, inevitablemente caerá la actividad económica.

Como recuerda Philipp Heimberger, economista del Vienna Institute for International Economic Studies, en Consolidación fiscal y sus efectos sobre el crecimiento en la eurozona, los ajustes fiscales siempre frenan la actividad económica en el corto plazo. Así, un recorte del 1% del PIB se traduce en una pérdida de crecimiento del 1% los dos primeros años y del 3,5% en cinco años. De hecho, explica, entre 2011 y 2013, en lo peor de la anterior crisis, las ratios de deuda pública respecto al PIB de los países del sur de Europa empeoraron con la austeridad porque sus economías entraron en recesión y se redujo el denominador de la fórmula.

El Banco de España ya ha cuantificado el impacto que el ajuste previsto puede tener en la economía. En las proyecciones económicas que publicó la semana pasada, cifra en un 3,9% lo que crecerá el gasto de promedio entre 2025 y 2027, cuatro décimas porcentuales más de lo que prevé el Gobierno en el Plan Fiscal enviado a Bruselas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, también cree que el gasto se desviará sólo un poco menos: tres décimas. Tras señalar que el Gobierno no ha concretado suficientemente cómo va a llevar a cabo el ajuste fiscal al que se ha comprometido, el Banco de España plantea dos posibles escenarios, dependiendo de cómo se dibuje ese recorte. El primero, reduciendo la inversión pública, frenará el crecimiento del PIB en un un 0,5%. El segundo, rebajando el resto de las partidas de gasto pero protegiendo la inversión pública, rebajará un 0,3% el PIB en 2027.

De ahí que el FMI pida un “diseño cuidadoso” del ajuste fiscal, para evitar que los países terminen en lo que denomina como “crecimiento anémico”. Pero también recomienda como medida paliativa un aumento de los impuestos progresivos que, a su juicio, afectará menos a la actividad económica que el recorte del gasto público, considerando que las rentas más altas –las que más impuestos pagarán– reducen menos su consumo porque cuentan con un mayor colchón patrimonial. “El problema que tienen las subidas de impuestos en los tramos superiores es que genera un aumento de la recaudación poco relevante”, precisa Diego Martínez. Lo mismo ocurre con los impuestos a las energéticas o la banca, por cuyo mantenimiento lucha el Gobierno en el Congreso.

Para Carlos Martín Urriza, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario de Sumar, la austeridad no es el camino. En su lugar, aboga por “encauzar el capital hacia inversiones más productivas”. Se refiere tanto a los Fondos Next Generation de la UE para la transición digital y la ecológica, como al capital humano, consiguiendo “un mercado de trabajo lo más amplio posible”. Martín Urriza cree que es la receta adecuada para un país que tiene infrautilizados sus recursos laborales, con una tasa de paro elevadísima, un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial indeseados o demasiados trabajadores subempleados. Por lo que propone “elevar los estándares laborales”, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional o mejorando el cumplimiento de la jornada de trabajo, para que prevalezcan las empresas más productivas.

Bajando al detalle, el FMI recomienda eliminar las subvenciones a los combustibles, que en los países en desarrollo “favorecen desproporcionadamente” a los más ricos, mientras que en los países más avanzados sus beneficios recaen en gran medida en las rentas medias. A España, en concreto, le sugiere que “mejore la eficiencia” de los beneficios fiscales; es decir, de las deducciones, exenciones y bonificaciones de las que disfrutan determinados contribuyentes, actividades o inversiones. En los últimos Presupuestos del Estado, su cuantía ascendía a 45.268 millones de euros. “Es una gran fuente de ingresos a los que se está renunciando”, admite Diego Martínez. Carlos Martín coincide en que hay que “redefenir” el catálogo de exenciones y deducciones, sobre todo en el impuesto de sociedades, pues sus deficiencias de diseño permiten a la empresas el “escaqueo fiscal”.

A Estados Unidos, el FMI le recomienda en cambio que suba los impuestos indirectos y aumente de forma progresiva el impuesto sobre la renta, mientras que a Reino Unido le pide que elimine exenciones al IVA. Con Francia es más expeditivo y le aconseja que redefina sus prioridades de gasto “dentro de un recorte general del gasto público”.

La razón de tanta dureza estriba en que la deuda pública francesa ha escalado hasta el 112% del PIB, y está casi ocho puntos por encima de la española. Tal es así que la prima de riesgo gala ha igualado a la griega y superado a la española. Algo impensable en los peores años de la crisis financiera cuando el diferencial de la deuda española con la alemana se disparó hasta casi los 500 puntos básicos y la griega superó los 1.000. Ahora la prima de riesgo de España se sitúa por debajo de los 70 puntos básicos. La de Francia ha llegado a exceder los 90. Merece la pena recordar también que el déficit público francés superará este año el 6%, mientras que el español se quedará en el 3%.

La alarma es de tal envergadura que el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard urgió la semana pasada a abordar en Francia un recorte del gasto público y un aumento de los ingresos que sume 150.000 millones de euros “a largo plazo”. A su juicio, la mayor parte del ajuste debería realizarse en el lado del gasto, pero sin comprometer la inversión pública. “A menos que le pidamos a Elon Musk que haga el trabajo, no podemos solucionar el problema reduciendo los gastos operativos [de la Administración]”, advierte Blanchard en referencia a los recortes masivos de funcionarios que ha anunciado el multimillonario elegido por Donald Trump para encabezar el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

No obstante, en un artículo publicado en el periódico Le Point y firmado junto con François Ecalle, asesor honorario del Tribunal de Cuentas francés, Blanchard no duda en proponer recortes en las prestaciones sociales. Y no le bastan las pensiones, también plantea pasar la tijera a las prestaciones de desempleo y familiares, al reembolso de los medicamentos o incluso al equivalente francés del Ingreso Mínimo Vital, allí llamado Ingreso de Solidaridad Activa (RSA). También aboga por aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad. En resumen, un programa de recortes sociales que no satisfará precisamente a la izquierda gala, movilizada en pleno contra la reforma de las pensiones propulsada por Emmanuel Macron.

Por lo que a España se refiere, el plan fiscal recién validado por Bruselas prevé que la ratio de deuda pública respecto al PIB siga bajando hasta el 102,5% este año e incluso llegue al 98,4% en 2027 y al 90,6% en 2031. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fía esa senda al crecimiento español –Bruselas lo ha elevado al 3% este año–, que permitirá “proteger el Estado del bienestar de cara al futuro” al tiempo que sostener las inversiones, según aseguró en su cuenta de X.

“El crecimiento económico, en efecto, amortigua el ajuste fiscal, pero ese esfuerzo lo pide Bruselas en términos estructurales, es decir, descontando el efecto del ciclo económico sobre los ingresos”, detalla Diego Martínez. De forma que eso le permite al Gobierno “comportarse un poco como el doctor Jeckyll y Míster Hyde”, añade, “y eso es bueno: puede meter mejor el cuchillo en decisiones estructurales si tiene un ciclo económico que le ayuda a generar ingresos de forma automática, con el viento a favor”.  

Sin embargo, Philipp Heimberger advierte de que la Comisión Europea subestima los efectos negativos sobre el crecimiento económico del ajuste fiscal que exige. “Las ratios de deuda pública de la zona euro probablemente no se reducirán a medio plazo tanto como se espera”, explica, “de hecho, la consolidación fiscal durante el periodo de ajuste bien puede desacelerar la economía o al menos conducir a un estancamiento”. De hecho, calcula que la Comisión Europea ha infravalorado en 3,1 puntos porcentuales la previsión para 2033 del peso de la deuda pública sobre el PIB español y aún más, 3,9 puntos porcentuales, la de Francia.

Secreto desvelado. El boato y el esplendor palaciego de la estirpe Borbón han quedado recogidos en los retratos que la fotógrafa Annie Leibovitz ha realizado por 137.000 euros a los reyes, Felipe VI, con uniforme de gran etiqueta del Ejército de Tierra, y Letizia, con una creación negra y fucsia de Balenciaga en el salón Gasparini del Palacio Real, informa EFE.

Seis meses de preparativos, cientos de disparos, cuatros personas trabajando junto a la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz y más de cinco horas de sesión, con un descanso para comer, han dado como resultado un díptico de gran tamaño en el que los reyes de España aparecen en una composición al estilo de Velázquez en 'Las meninas'.

Estos retratos, que se hicieron el pasado 7 de febrero, conforman un díptico: En la primera, el rey Felipe VI, de pie y con una pose natural, viste el uniforme de gran etiqueta del Ejército de Tierra, de color azul marino. Sobre la guerrera luce el fajín de seda de color rojo de Capitán General, varias condecoraciones, y cruzada sobre el pecho la banda de la Gran Cruz de la Orden de Carlos III.

El rey aparece rodeado de todos los elementos del retrato clásico "desde el espejo, a la mesa, una lámpara de araña, el reloj, una puerta abierta con cortinajes", ha explicado Yolanda Romero, comisaria de 'La tiranía de Cronos', muestra en la que se enmarcan los retratos de los reyes.

En la segunda, la reina entra en la cámara, inundada de luz natural, "despojada de la diadema real y la banda de Carlos III", ha añadido la comisaria, quien explica que la reina viste un vestido con escote palabra de honor de tul de seda, de los años cuarenta y una capa de gala en seda rosa, de los años sesenta, ambos del diseñador Cristóbal Balenciaga, cedidas por la Fundación Antoni de Montpalau.

Como complementos, la reina Letizia luce un collar de chatones —joya que el rey Alfonso XIII regaló a su esposa Victoria Eugenia de Battermberg—, pendientes de brillantes y anillo en el dedo índice, de la firma contemporánea Coreterno, una pieza que lleva inscritas las palabras "Amor che tutto move" (el amor todo lo mueve).

"Annie Leibovitz trabajó con plena libertad", ha asegurado la comisaria quien ha contado que, aunque doña Letizia, posó con varias joyas, la fotógrafa decidió "romper el protocolo y despojó" a la reina de la diadema. Letizia siempre posó con la misma ropa del maestro de Guetaria, que eligió ella, "pero con las directrices que le marcó Annie Leibovitz".

A lo largo de la sesión, tanto Felipe VI como la reina Letizia posaron de múltiples maneras. "El monarca llevó tres tipos de ropa distintos, el uniforme, un chaqué y un frac", ha señalado Romero.

Disparó cientos de fotografías. "Annie Leibovitz es muy meticulosa, hizo muchas pruebas y ha elegido hasta los marcos", ha dicho Romero quien detalla que se barajaron varios escenarios, entre ellos los exteriores del Palacio Real. "Son obras muy pictóricas, envolventes, realizadas en tela, impresas en Estados Unidos y de edición única", ha explicado Romero quien considera que la fotógrafa ha sabido recoger la tradición y renovarla.

Este díptico de los reyes es el primer retrato del Banco de España en el que se ha utilizado la fotografía, y se sumará a la colección de esta institución que refleja su historia desde su creación, en 1782, por iniciativa del rey Carlos III, cuando nació como el Banco de San Carlos.

Estos retratos, que estarán en la sala del Consejo del Banco de España, se incorporan a la colección junto a los de Carlos III realizado por Goya; el de Carlos IV de Mariano Salvador Maella; el Isabel II, de Federico de Madrazo, el de Alfonso XIII, pintado por José Villegas y Cordero o más reciente, el de los reyes Juan Carlos I y Sofía realizado por Carmen Laffón.

Los retratos, "no oficiales" que han tenido un coste de 137.000 euros, se han realizado con motivo del décimo aniversario del reinado de Felipe VI (19 de junio 2014), a lo que se añaden los 20 años de matrimonio (22 mayo 2004).

Annie Leibovitz (Connecticut, Estados Unidos, 1949), que ha trabajado para la revista Rolling Stone y ha hecho emblemáticos retratos para Vanity Fair y Vogue, no es la primera vez que retrata reyes.

En dos ocasiones ya retrató a la Reina Isabel II. En 2007 en el palacio de Buckingham, donde mostró la pompa y el boato de la corte, y en 2016 en el castillo de Windsor con sus nietos y bisnietos, su marido, la princesa Ana y a sus perros corgis. Por el objetivo de la estadounidense han pasado políticos como Richard Nixon abandonando la Casa Blanca por última vez, la familia Obama, Hillary Clinton o el expresidente soviético Mijaíl Gorbachov.

También es la autora de míticas fotos como la de John Lennon y Yoko Ono entrelazados en la cama, Demi Moore embarazada y desnuda, Mick Jagger en albornoz en un ascensor, Patti Smith rodeada por las llamas, Whoopi Goldberg en una bañera llena de leche, Bob Dylan, Lady Gaga, Rihanna o el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que posó junto a su mujer, Priscilla Chan, para inmortalizar su embarazo.

Don Felipe y doña Letizia la conocieron en octubre de 2013, cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. El entonces príncipe Felipe destacó en la ceremonia de los galardones que Leibovitz era una fotógrafa "universal" y una de las personas "que con más intensidad y con más sentido estético ha desarrollado su obra".

El díptico de los reyes podrán verse en la exposición La tiranía del Cronos que estará abierta al público del próximo 27 de noviembre al 29 de marzo de 2025, previa reserva de invitaciones, en la sala de exposiciones del Banco de España. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado este martes cinco décimas las perspectivas de crecimiento de España para 2024, hasta el 2,9%, una cifra que destaca en una eurozona deprimida que sólo crecerá el 0,8% este año.

“En la primera mitad del año, lo que hemos visto es que las exportaciones han sido muy fuertes y parte de eso es por el turismo (…), pero también el consumo privado y la inversión pública han sido fuertes”, ha explicado en una entrevista con EFE la directora adjunta del Departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva Brooks.

Según Koeva Brooks, este buen dato está motivado también por la inversión pública y por “el impacto de algunos fondos de la Unión Europea (UE), que se están absorbiendo”.

El dato está por encima de las previsiones del Banco de España, que estima que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá el 2,8%, y del propio Gobierno, que calcula que el crecimiento será del 2,7%.

En el marco de las reuniones anuales que el FMI y el Banco Mundial celebran esta semana, la institución presentó este martes sus últimas actualizaciones económicas globales (el informe WEO, por sus siglas en inglés) y dejó sin cambios las previsiones de crecimiento para España en 2025, en el 2,1%.

Excluidos, como se ha podido ver en este recorrido descendente, los inmuebles corporativos para generar residencial que no sea de alta gama o atienda a las tendencias dirigidas a un colectivo flotante creciente, las opciones para quien busca un hogar normal se reducen. Una de ellas, desde luego bastante menos ambiciosa, es la de poner en el mercado plantas (no edificios enteros) que habían funcionado hasta ahora como oficinas una vez obtenido el cambio de uso y transformadas en viviendas de rango más normal.

El reciente bum inmobiliario, estimulado por un largo periodo de tipos de interés bajos y que ahora aguarda expectante la consolidación de una nueva fase de rebajas, contribuyó al desarrollo de decenas de compañías especializadas en la rehabilitación de casas viejas. La fórmula consiste en comprar pisos, acometer una reforma que se suele anunciar como integral (aunque rara vez incluya los factores de sostenibilidad y de eficiencia energética) y venderlos a un precio superior. Entre los activos adquiridos y mejorados se encuentran, aunque testimonialmente, algunas plantas corporativas ubicadas en inmuebles residenciales. 

Un ejemplo paradigmático es el de Velzia Homes, la empresa fundada por Chany Chapnik y Gabriel Giesen, nacida (ahí sigue su sede) en el barrio conocido popularmente como de Manoteras (distrito de Hortaleza) y que se dedica a convertir casas veteranas o algo deterioradas en “el mejor piso” de la zona de que se trate (cualquiera) de Madrid capital. Desde 2019, Velzia ha reformado centenares y entre ellas se encuentran algunas que ejercían de oficina. Aun siendo pocas, el efecto multiplicador es reseñable, dándose el caso de que una planta corporativa ha dado lugar a cuatro viviendas; eso sí, de la categoría Milano, donde la compañía ubica los pisos con un precio de venta a partir de los 950.000 euros. Ello se debe a que Velzia, sin abandonar su objeto social original, se ha sumado también al carro del lujo, en sintonía con todas y cada una de las empresas e inversores mencionados hasta ahora. Cuestión de márgenes.

El efecto multiplicador se repite, con mayor frecuencia, en oficinas o locales comerciales a pie de calle. Por seguir con Velzia, está en proceso de cambiar la fisonomía de parte de la calle Ardemans (barrio de la Guindalera, distrito de Salamanca), al convertir en 12 viviendas los 1.300 metros cuadrados de dos bajos casi consecutivos. Ya están terminadas las cinco del número 58 (colección Emerald, precio mínimo 400.000 euros), todas de un dormitorio y con amenities comunes (ocho puestos de coworking, sala de cine, gimnasio de 100 metros cuadrados, sala de billar, sauna), que han reemplazado a una superficie que fue, hasta su abandono, una oficina religiosa: un templo hindú.

Ardemans 58 es una excepción. La reconversión de bajos de uso terciario en viviendas ya era tendencia, aunque se disparó por la crisis pandémica; pero este fenómeno ha sido residual en los barrios del centro histórico. De hecho, las más de 8.300 transformaciones en Madrid capital han tenido primordialmente lugar en los distritos de Puente de Vallecas, Latina (no confundir con el barrio del mismo nombre), Tetuán, Ciudad Lineal, Carabanchel y Hortaleza, que coinciden casi al milímetro con las zonas donde han claudicado más tiendas de barrio.     

La escasez de oferta, un problema estructural en España al que se le ha sumado la derivación de inmuebles o suelo hacia las demandas descritas en esta serie de artículos, ha alimentado la burbuja de precios (la de obra nueva se encareció un 11,2% en el segundo trimestre de este año) y expulsado del mercado de compraventa a millares de familias, abocándolas a buscar piso en régimen de alquiler. Pero ni por esas: también es acuciante la falta de producto de arrendamiento y la renta subió de media otro 9% interanual en el segundo semestre; y ojo, no hay apenas comunidad autónoma que se libre. La cara (para algunos) de este caso flagrante de fallo del mercado es que “más de la mitad de las ventas de 2023 se pagaron al contado”; la cruz, que el 40% de las familias se ven o verían obligadas para comprar una casa a un esfuerzo superior al 33% de sus ingresos (el máximo recomendado por el Banco de España), porcentaje que se eleva al 76% para las que optan por alquilar. Más madera: más de la mitad de los españoles que comparten piso como inquilinos (el coliving más tradicional) lo hacen porque no les queda otra; y a duras penas, porque el precio de alquilar una habitación ha subido un 90% en nueve años.

La última esperanza que les queda, y armándose de paciencia, es que la colaboración público-privada promueva viviendas asequibles. Según un informe reciente, España necesita construir 1,2 millones de unidades a rentas moderadas en los próximos 10 años, con especial énfasis en Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. De la cifra total, 761.000 deberían ofrecerse a un alquiler (renta) un 20% inferior al del mercado libre y las restantes, dirigidas a los más vulnerables, con un descuento del 40%.

Se da la circunstancia de que uno de los dos firmantes del informe es Culmia, muy presente en el incipiente mercado español de alquiler asequible y propiedad del grupo de inversión alternativa estadounidense Oaktree. Culmia acaba de anunciar la reconversión de dos edificios de oficinas en Madrid (no ha concretado si ciudad o provincia). Se suma así a la última iniciativa legislativa de esta comunidad autónoma en materia de vivienda, con la que pretende facilitar y agilizar la conversión de estos inmuebles (y la construcción desde cero en parcelas calificadas con ese uso) en viviendas protegidas por un periodo máximo de 15 años.

Como curiosidad, el impacto prometido por la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, 1,2 millones de metros cuadrados transformados en 20.000 viviendas, coincide al milímetro con el estimado por la consultora EY (ver la primera entrega de esta serie) cuando, sin embargo, ésta atribuye un peso sustancial a zonas de la capital (Velázquez, Serrano, Almagro, Santa Engracia, Génova, La Moraleja, El Plantío) donde, por lo visto hasta ahora, son más proclives a cubrir la demanda prime que a satisfacer la de alquileres protegidos, así como a poblaciones de su periferia como Majadahonda y Alcobendas. De hecho, la propia Comunidad Autónoma acaba de admitir que el número de estas viviendas en la ciudad de Madrid erigidas sobre oficinas o solares terciarios corporativos será de 7.500, y que sólo se podría (en condicional) llegar a las 20.000 anunciadas a medida de vayan terminándose los nuevos desarrollos urbanísticos.

Además, se da la circunstancia de que otras voces cualificadas como la de Mikel Echavarren, CEO en España de la también consultora inmobiliaria Colliers, sostienen que “lo que ha sacado la Comunidad de Madrid está muy bien pensado, salvo para las oficinas que ya existen. No salen los números (...) Sí tiene sentido para suelos destinados a oficinas que no sean viables”. Su homólogo en Merlin Properties, Ismael Clemente, coincide (también al milímetro) con esta argumentación. Echevarren confiesa que “es menos políticamente correcto, pero tendría sentido si te lo dejan reconvertir en vivienda libre para venta”. Puede ser que quienes elogian genéricamente la nueva ley madrileña, aunque aguando su eventual alcance, pretendan persuadir al Gobierno regional para que mejore las condiciones. 

Sea como fuere, el grueso de estas viviendas protegidas comprometidas, en el número que resulte finalmente, provendrá casi en su totalidad de obra nueva sobre solares calificados como residencial o, en menor medida, pensados originalmente para oficinas, lo que las alejaría (salvo excepciones) de la almendra central de Madrid ciudad (dentro de la M-30) al ubicarlas en barrios cada vez más periféricos y en otras poblaciones de la comunidad autónoma, cuando el problema más grave reside en la capital. En esa tesitura se encuentran desarrollos urbanísticos muy recientes (en términos inmobiliarios) como el de Valdebebas, donde el interés real por esos activos terciarios ha defraudado los planeamientos y expectativas originales. Algo parecido ha ocurrido en el distrito 22@ de Barcelona.

Después de 33 y 29 años, respectivamente, gobernados sin apenas alternancia por el mismo partido político, el Ayuntamiento y la Comunidad madrileños han terminado por abrazar el concepto de vivienda protegida. De las más de 260.000 viviendas nuevas que se están promoviendo o proyectando en la capital y localidades cercanas como Alcobendas, Pozuelo y Alcorcón, cerca de la mitad tendrá algún tipo de protección pública. Otra cosa son los plazos: según El Economista, la culminación del nuevo Madrid tendrá lugar en 2050, y su pico de comercialización, en 2031.

La mera puesta en el mercado de tal cantidad de residencial asequible debiera destensar, cuando sea, los precios de compraventa y de alquiler. Ésa es, al menos la teoría, pero de momento uno de los desarrollos urbanísticos más avanzados, el de Valdecarros (cuando se culmine serán 51.656 pisos, el 55% protegido), ha experimentado un encarecimiento de la vivienda de hasta el 60% en ocho años porque parte de su promoción, y desde luego el resto de los desarrollos, aún no son una realidad. Es el problema de los tiempos inmobiliarios, que transcurren muchos años, y a veces una eternidad, desde que se intenta acompasar la oferta a la demanda y, muy probablemente, ésta haya cambiado cuando se entregan las llaves.

Por lo que respecta a Barcelona, cuyos ciclos inmobiliario y político, fuertemente imbricados, han caminado en los últimos años por otros derroteros, la previsible rebaja de la obligación de destinar a vivienda social el 30% de la obra nueva o rehabilitada y un eventual fin de la moratoria hotelera en el centro de la ciudad pueden cambiar el paso de la ciudad y estimular, entre otros efectos, la reconversión de oficinas obsoletas en residencial.

Mientras todo esto ocurre, aún queda un colectivo ciudadano al que le vienen muy grandes las oficinas, el lujo, los hoteles, el flex-living y hasta el alquiler asequible: las personas sin hogar. Al menos hay en España dos sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis), Primero H y tuTechô, que compran pisos para alquilárselos a las entidades sociales que intentan ayudar a las personas que sufren el sinhogarismo a que puedan salir de su agujero vital. 

Suecia lleva un siglo de lucha por la vivienda a sus espaldas y en parte se debe al trabajo que ha desarrollado el sindicato de inquilinos. El primer sindicato se creó en 1910, y ahora el potente Hyresgästföreningen cuenta ya con 535.000 hogares afiliados, 870 empleados, y aglutina 1174 asociaciones de inquilinos locales distribuidas en 9 regiones. Pero no sólo ello. Desde hace 80 años los contratos de alquiler no tienen fecha de finalización, lo que impide que haya una espiral inflacionista.

Una realidad muy diferente es la que se vive en España. El esfuerzo para comprar una casa es hoy casi el doble de lo que costaba en 1993, según el último informe anual del Banco de España. Ello se explica porque los salarios no han subido tanto como el coste del precio de compra. El mismo informe explica que alrededor de un 40% de las familias destinan el 40% de su salario al alquiler cuando la media europea es del 20%. Las cifras son aún más duras para los jóvenes. 7 de cada 10 personas jóvenes con empleo seguían viviendo con sus padres según el Consejo de la Juventud, y eso repercute en su salud mental, como también ha denunciado reiteradamente el mismo organismo. Los datos alertando de la emergencia habitacional son una lluvia constante, que ha llevado a entidades por el derecho a la vivienda a convocar una manifestación este domingo en Madrid bajo el lema “Se acabó: bajemos los alquileres”. Entre las convocantes se encuentran el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la Plataforma Afectadas por la Hipoteca (PAH) o Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), pero también organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción y Sindicatos de Estudiantes.

Para Eduardo González de Molina, investigador de vivienda en la University College of London, esta manifestación “abre una oportunidad para avanzar” en el derecho a la vivienda. Según el experto, en España “no ha habido una tradición progresista en vivienda” como la que ha habido en algunos países de Europa, pero puntualiza que “se está abriendo una ventana” y que “estamos generando” un pilar del estado del bienestar que se debía haber construido durante la transición como se hizo con la sanidad pública.

Tras la creación de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca en 2009 en España, algunas experiencias que hace tiempo que se desarrollan en Europa han empezado a crecer gracias al impulso de la sociedad civil, como son los sindicatos de inquilinos e inquilinas o las cooperativas de vivienda. Otras políticas europeas que dan mayor estabilidad y garantías a los inquilinos, como los contratos de alquiler indefinido o tribunales específicos de vivienda, parecen lejos de implantarse en el Estado pero sirven de faro para algunas de las entidades que han organizado la manifestación el próximo 13 de octubre. 

Suecia consta de aproximadamente 2.850.000 hogares en alquiler, según cifras oficiales del organismo Estadísticas de Suecia (SBC) de 2023. Con 535.000 hogares afiliados al sindicato de inquilinos, ello significa que un 18,7% del total de personas en alquiler en toda Suecia están sindicados. Eduardo González de Molina explica que en Suecia, “las tácticas y las estrategias que se desarrollaron en el mundo del trabajo, se desarrollaron también de forma paralela en el mundo de la vivienda”. La socialdemocracia ha gobernado durante la mayor parte de los últimos cien años, y eso ha permitido también, según el investigador, que una primera etapa de conflicto condujera a la actual situación de institucionalización de los sindicatos de vivienda.

Desde 1970 la configuración del sistema de vivienda sueco se ha formado a través de la negociación colectiva y el diálogo social mediante unas mesas tripartitas como sucede en el mundo laboral: sindicatos de inquilinos, asociaciones de propietarios y gobierno. En España los sindicatos de vivienda aún no tienen el peso que tienen en Suecia para negociar leyes o reformas legislativas, pero el gobierno los ha incorporando en negociaciones como la del alquiler de temporada, para el que creó un grupo de trabajo junto a miembros de colegios de administradores, asociaciones de propietarios y sindicatos como CCOO o UGT. Marta Ill, investigadora colaboradora en el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), explica a infoLibre que los sindicatos suecos tienen mayores mecanismos de presión para reclamar sus reivindicaciones que en España. “Tienen el derecho a representar a los inquilinos frente a la parte propietaria” en una disputa individual o colectiva, pero también “el derecho a convocar una huelga”. Marta Ill apunta que una mejor definición de la figura jurídica de los sindicatos en la Ley de Arrendamientos Urbanos pero también un desarrollo reglamentario propio daría más cobertura a los inquilinos en el estado español. El investigador de la University College of London, Eduardo González de Molina, puntualiza que, a diferencia de lo que se puede pensar, una huelga de inquilinos “no es dejar de pagar el alquiler”. El alquiler se abona al sindicato como fórmula de presión hasta que se llega a un acuerdo con la propiedad, y tras el acuerdo se abonan las cuotas pendientes con el objetivo de no judicializar el conflicto.

Para Josep Ferrer, catedrático de Derecho Civil por la Universidad Pompeu Fabra y director de la comisión de Codificación de Cataluña, que los sindicatos de inquilinas tengan la potestad para llevar a cabo una negociación colectiva de inquilinos “tiene sentido en mercados donde hay grandes tenedores potentes que posean centenares de viviendas”. Es el caso de Barcelona o de la Comunidad autónoma de Madrid, con casi una cuarta parte de las viviendas en alquiler que propiedad un gran tenedor, según datos del Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona y de Civio respectivamente. 

Uno de los problemas para acceder a la vivienda asequible es el bajo porcentaje de parque público de vivienda. El parque público estatal está en el 2,5% según el Observatorio de Vivienda y Suelo, lejos de la media europea del 9,3%. El gobierno de Sánchez prometió en enero ampliar el parque en 184.000 viviendas durante su legislatura, pero la construcción y entrega de llaves es un proceso lento. En Cataluña tarda hoy unos 100 meses de media y el gobierno de Salvador Illa se ha comprometido esta semana a rebajar el tiempo de espera a la mitad. El objetivo es ampliar 50.000 viviendas públicas. Para agilizar este proceso el presidente prometió contar con la colaboración privada y crear una Reserva Pública de Solares para facilitar a ayuntamientos, administraciones y promotores privados hacer vivienda protegida de alquiler.

A otra escala, una vía que Barcelona lleva años explorando pero que ya está dando frutos es la relación público-comunitaria. En 2015 Barcelona facilitó el acceso para que entidades sin ánimo de lucro construyeran sobre solares públicos cedidos. La necesidad urgente de vivienda a precios asequibles llevó al ayuntamiento a inventar un convenio específico. El convenio ESAL de Barcelona es el primero en el estado de este tipo, y ha permitido desarrollar 1045 viviendas a precios asequibles fruto de la colaboración entre el ayuntamiento y cooperativas o fundaciones sin ánimo de lucro. En el artículo académico “Colaboración público-comunitaria: una nueva solución para generar vivienda asequible”, Javier Burón, exgerente del Ayuntamiento de Barcelona, y Eduardo González de Molina explican que este convenio permite abrir una vía complementaria a la colaboración con els sector privado para aumentar el parque de vivienda asequible. Burón y González afirman que generar vivienda a precios asequibles “no es rentable para el sector privado por sí solo”, mientras que “el sector público tiene limitaciones presupuestarias para cubrir toda la demanda presente y futura”. Esta colaboración entre el sector público y entidades sin ánimo de lucro es una tercera vía que ha empezado a ayudar a ampliar el parque de vivienda.

Una de las cooperativas que se ha consolidado en este nicho de sector en Barcelona es Sostre Cívic. Según datos de la entidad, la vivienda cooperativa representa un 8% del parque total de viviendas en Dinamarca y Suiza, un 10% en Alemania. José Téllez, portavoz de la cooperativa, afirma que “están haciendo una alternativa para acceder a la vivienda fuera del mercado especulativo” y en el que las personas que crean la vivienda “son las protagonistas de la gestión”. La cooperativa es una incubadora de proyectos y acompaña a distintos grupos durante la construcción del edificio en la parte arquitectónica, en la relación con la administración y en la solución de las necesidades particulares de cada grupo. El año pasado recibieron el premio de plata de la World Habitat Awards asociada a ONU-Habitat por los valores de transformación social y el impacto multinivel de sus proyectos.

Uno de los problemas que Burón y Eduardo González de Molina exponen en el artículo es que el precio del suelo supone el 50% del coste de una construcción en zonas urbanas altamente demandadas como en Barcelona. Con la cesión de suelo público, las entidades promotoras se evitan este coste, que es uno de los frenos importantes. Por otro lado, según el convenio ESAL, la cesión del suelo es por 99 años y al finalizar el contrato, el edificio construido pasaría a formar parte del parque público de vivienda del ayuntamiento. Según José Téllez, responsable de comunicación de Sostre Cívic, este convenio ha permitido que ahora un 60% de las viviendas que construye la cooperativa en toda Cataluña sean sobre suelo público.

El actual sistema de contratos de alquiler “nos está llevando a una situación desesperante”, afirma Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas. La portavoz enumera un listado de reivindicaciones para mejorar el acceso a una vivienda digna: regular los alquileres de temporada, ampliar el parque público de alquiler, más inspecciones y sanciones ante infracciones, ampliar el parque de vivienda cooperativa o copiar los sistemas de Canadá o Ámsterdam, que han prohibido comprar vivienda con la finalidad de invertir. Y continúa, “es muy importante que haya contratos más estables”.

El parlamento del Reino Unido debatió por primera vez el miércoles pasado el proyecto de ley de la viceprimera ministra de vivienda Angela Rayner para reformar los derechos de los inquilinos, una ley que prevé convertir los contratos de alquiler en indefinidos. Algo que ya sucede en Suecia, Alemania, Austria o Países Bajos. Para la experta en vivienda del instituto IDRA, Marta Ill, “si los contratos son indefinidos, la oferta no se puede desviar tan fácilmente hacia el mercado de alquiler de temporada, de habitaciones o de pisos turísticos”. Y la investigadora añade que es la fuente principal de estabilidad a la que pueden aspirar los inquilinos e inquilinas. La investigadora apunta que reducir la duración de los contratos de alquiler fue el resultado de políticas aplicadas durante los años ochenta en ciudades como Madrid, Barcelona, Lisboa o Buenos Aires que “no han significado una mejora de las condiciones de vida de los inquilinos”. Lo afirma tras presentar este pasado miércoles el informe que ha trabajado en IDRA, “De propietarios a inquilinos, la creciente desigualdad en el acceso a la vivienda”. Un trabajo hecho con la colaboración de universidades de esas cuatro ciudades en la que se observa cómo cada vez hay más familias en Madrid y Barcelona que creen que no lograrán comprarse un piso y que han dejado de percibir el alquiler como una fase transitoria hasta lograr comprarlo.

La propuesta de ley de la Ministra británica también prevé crear un tribunal específico de vivienda al que los inquilinos podrán acudir en caso de que consideren que se han vulnerado sus derechos. Algo que ya pasa en Suecia también. El país nórdico tiene jueces especializados en vivienda, algo que si se implantara en España, permitiría “agilizar los trámites”, según el investigador de la Universidad de Londres, Eduardo González de Molina. Por contra, para el catedrático de la UPF, Josep Ferrer, el problema está “en el colapso de la justicia en general”, pero apunta que eso también beneficia al inquilino porque los desahucios entonces se alargan.

El mercado español de la vivienda es complejo. Pero al consultar algunos informes centrados en este asunto de distintos organismos se pueden sacar conclusiones como que la modalidad del alquiler está al alza, pese a las subidas de precios; que cada vez hay que destinar más recursos para tener un techo; o que el parque público se ha despoblado con el tiempo.

En el estudio El mercado de la vivienda en España: evolución reciente, riesgos y problemas de accesibilidad, elaborado por el Banco de España se señala un hecho históricamente anómalo: desde 2021, el número de nuevas viviendas terminadas se ha estabilizado en torno a las 90 mil unidades anuales, una cuantía significativamente inferior a los hogares que se crearon en 2022 y 2023. El diferencial acumulado en esos dos años entre la creación neta de hogares y la producción de edificaciones “alcanza unas 375 mil unidades” y ese déficit “es particularmente intenso en las comunidades donde se concentra el crecimiento poblacional y la actividad turística”. De hecho, el regulador estima que se necesitarán 600.000 viviendas hasta 2025, pese a que hay casi 4 millones vacías o desocupadas, según sus datos, que coinciden con los reflejados en otro informe, Cuatro décadas fallidas de política de vivienda, del Gabinete Económico de CCOO, donde se asevera que “España dispone de 3,8 millones de viviendas vacías (1,1 millones en capitales y grandes ciudades) que sumadas a las turísticas, podrían destinarse al alquiler residencial y cubrir la demanda de vivienda habitual de la próxima década”.

El Banco de España también apunta al auge del alquiler vacacional o turístico, como una de las causas del menor stock de vivienda disponible, supone ya cerca del 10% del tamaño del mercado del alquiler y tiene una ratio del 1,8% del total de moradas principales del mercado residencial. El Instituto Nacional de Estadística (INE) las cuantifica en 351.389 este año. Cinco provincias sufren sobre todo la escasez de inmuebles: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante.

En general, el mercado del alquiler se expande. Desde la gran crisis hipotecaria que estalló en 2007, los inquilinos no han dejado de crecer, al tiempo que disminuye el porcentaje de hogares con casa en propiedad. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, las familias arrendadoras pasaron del 13,5% en 2007 al 18,7% en 2023, llegando hasta el 23,7% en la Comunidad de Madrid y al 24,9% en Catalunya. El Banco de España ha determinado que ocuparon 3,6 millones de viviendas principales en 2023. Ello implica un aumento de 1,3 millones respecto a 2007. Y, de acuerdo a los datos que maneja CCOO, “los niveles más altos de hogares en alquiler en 2023 se encuentran en las islas: 31% en Islas Baleares y 29% en Canarias”.

Si el análisis del regulador bancario mete a los jóvenes y a los migrantes, colectivos donde se concentran los hogares con menor nivel de renta, entre las razones del auge inquilino; no es el único que lo hace. El Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), en su trabajo De propietarios a inquilinos. Informe sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad, pone el foco en que los arrendatarios "representan el 53% de los hogares entre 16 y 29 años y el 32% de los hogares entre 30 y 44 años”. Con todo, matiza que, aunque la población joven vive principalmente arrendada, “en términos absolutos la mayor parte de la población inquilina tiene entre 34 y 65 años”. E, igualmente, si bien los hogares de origen extranjero viven en su mayoría de alquiler, “en términos absolutos la mayoría de personas que viven de alquiler son españolas, ya que representan un mayor porcentaje sobre la población total”. 

El grueso de los hoy inquilinos, jamás será propietario, a la luz de ese estudio, al no poder comprar ni heredar. “En la cohorte de 35 a 64 años, sólo un 30% espera heredar, porcentaje que aumenta al 40% entre inquilinos de menos de 35 años”, se afirma en el texto. Y en el caso de la adquisición de una casa, “7 de cada 10 inquilinos” de una ciudad como Madrid “no cree que pueda comprar una vivienda en el futuro”. 

Desde IDRA avisan: “Los hogares inquilinos, con una renta media de 22.183 euros anuales, no tienen opción de acceder a una propiedad y se ven obligados a transferir buena parte de sus ingresos a los hogares rentistas”, cuyos ganancias medias “se sitúan en 46.725 euros anuales”. A juicio de los autores de ese informe, Pablo Pérez y Jaime Palomera, “la brecha cada vez mayor entre la población inquilina y la población propietaria profundiza el papel del mercado de alquiler como un vector de desigualdad social”.

Hay otra realidad en la que coinciden varios estudios consultados por infoLibre: ha habido un encarecimiento sostenido de los precios de compraventa y alquiler de vivienda en la economía española, sobre todo desde 2014. En el informe de CCOO se expone que “hoy son necesarios 6,1 salarios brutos medios anuales para adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados en España”, que se convierten en “3,9 salarios medios para adquirir una vivienda protegida”. “El esfuerzo hipotecario alcanza el 34% de los ingresos medios”. Y ello en un escenario de caída del crédito, desde el inicio del endurecimiento monetario a finales de 2021, aunque esto ha empezado a cambiar levemente este ejercicio. 

Datos difundidos este mismo jueves 10 de octubre por el Centro de Información Estadística del Consejo General del Notariado indican que el coste de la vivienda se ha acrecentado en el país una media del 4,3% entre agosto de 2023 y el mismo mes de este año. Se ha encarecido en 13 regiones, disparándose casi un 63 % en Castilla-La Mancha o un 25,6 % en Navarra.

Por lo que respecta al arrendamiento, según el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA) del INE, éstos han trepado un 15,7% entre 2015 y 2022 en promedio a nivel nacional. Y son numerosos los informes y expertos que han alertado de que en el mercado inmobiliario actual es imposible cumplir la regla de que ese gasto no sobrepase el 30 por ciento de los ingresos brutos mensuales menos las deudas. En concreto en una publicación de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliaria (FAI) se mantiene que la mitad, el 50,01% con exactitud, de los alquileres que se gestionan en España necesitan de más de un sueldo o recursos de más de una persona para pagar la renta mensual. 

Hay otro análisis rotulado como Prevención y atención de la exclusión residencial: Factores explicativos, de Provivienda, que constata que, “por edad, a las personas jóvenes es a quienes más les afecta el precio de la vivienda, ya que están más expuestas a las fluctuaciones del mercado y a la crisis de asequibilidad: un 23,5% de los hogares jóvenes están afectados, frente al 12,9% de los hogares mayores”, aseguran.

“Mientras que en torno al 87% de los hogares eran propietarios de su vivienda principal en 2002, esta cifra se redujo a alrededor del 80% en 2020. Mientras que en 2002 la proporción de hogares en alquiler era de aproximadamente el 13%, en 2020 había crecido hasta cerca del 20%”, se plasma en el trabajo Vivienda para vivir: de mercancía a derecho de Future Policy Lab. En él se incide en otra idea común: “La vivienda en alquiler era antes considerada un estado transitorio reservado a inmigrantes o jóvenes españoles que acababan de abandonar el hogar familiar. Esto ya no es así. Dada la residualidad del alquiler social (que apenas llega al 2% de los hogares en España), el mercado privado de alquiler se ha convertido en el principal recurso habitacional para la mayoría de los hogares con dificultades económicas”.

En ese sentido, los datos de Provivienda sirven para manifestar que “existen 5,5 millones de hogares en situación de exclusión residencial, con especial impacto en el alquiler que empobrece a 4 de cada 10 hogares en España”. De ellos, “más de 250.000 tienen ingresos medios” y la probabilidad de caer en exclusión residencial siendo joven “es del 39,8%”. La Encuesta de Presupuestos Familiares permite confirmar, asimismo, que para el 20% de los hogares de menores ingresos, la vivienda y los suministros vinculados a ella representan un esfuerzo muy elevado. Entre 2021 y 2023 supuso el 42% del gasto total del hogar, frente al 37% que suponían en el periodo 2006-2007.

El informe de CCOO posibilita aportar otro ángulo a la radiografía del estado actual del mercado de la vivienda en torno al parque estatal. La apuesta global por “la construcción de vivienda en propiedad” ha dado lugar a que se levantaran 11,8 millones de casas entre 1980 y 2023, “la inmensa mayoría”, 9,1 millones, de precio libre, frente a los 2,7 de protegidas. Es decir, “apenas 1 de cada 4 viviendas terminadas desde 1980 ha sido protegida”. Y hay más: “El Gobierno central ha destinado más de 200.000 millones de euros a política de vivienda durante los últimos cuarenta años, sin incluir en esta cifra el esfuerzo adicional realizado por comunidades autónomas o corporaciones locales”, se lee en el documento. Con ese volumen de recursos “se habría podido edificar un parque de 2 millones de viviendas de alquiler, que en 2024 serían la clave de la solución al problema de la vivienda en España”, defienden desde el sindicato.

Desde Future Policy Lab se denuncia que, si no se hubiesen descalificado los pisos protegidos desde los 1980 hasta la actualidad, “el stock de vivienda social en España podría ascender a más de 4 millones de unidades”. “El problema de fondo -consta en su informe- es la mercantilización de una necesidad básica como es la vivienda, consentida durante muchos años por un Estado de bienestar deficiente y, en ocasiones, cómplice. Reforzar el llamado 'pilar débil' del bienestar pasa necesariamente por la desmercantilización de la vivienda. Es inaceptable que el enriquecimiento de unos pocos se produzca a costa de la negación de un derecho básico de los hogares”, cierran.

De momento, los desahucios siguen. Es más, los lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024 han sido 7.850, un 7,8% más que en el mismo trimestre de 2023, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tres cuartas partes de ellos fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.469 estaban ligados a ejecuciones hipotecarias. En materia de vivienda, como en otras muchas, los números pueden desamparar.

El hasta ahora director adjunto del Gabinete de la Presidencia, Antonio Hernando, será nombrado secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, un cargo que depende directamente del nuevo ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Fuentes del Gobierno han confirmado a EFE su próximo nombramiento, dentro de la conformación del nuevo equipo ministerial de López, quien al igual que él ha dado el salto desde Moncloa.

De hecho, Hernando trabajaba en Presidencia a las órdenes de López como su brazo derecho, ya que el ahora ministro era director de Gabinete de Presidencia hasta que fue llamado por el presidente Pedro Sánchez para sustituir a José Luis Escrivá cuando dejó la cartera para ser gobernador del Banco de España.

Será el Consejo de Ministros de mañana, martes, el que previsiblemente acuerde su designación como secretario de Estado para un puesto en el que releva a María González Veracruz.