Ocho de cada diez licencias para alquileres de corta duración ya son para pisos turísticos
Desde este martes, cualquier casa o piso destinado a alquiler turístico, de temporada o por habitaciones, que se anuncie en un portal inmobiliario tendrá que estar registrado en la Ventanilla Única Digital que ha habilitado el Gobierno. Al hacerlo, el Ministerio de Vivienda les asignará un número de registro y una licencia “para acabar con el fraude en este tipo de alojamientos”, señalan fuentes del Ministerio de Vivienda. Hasta el día de hoy, se han registrado 215.438 solicitudes, de las cuales 94.209 han sido aprobadas y 102.732 siguen pendientes de revisión por parte del Colegio de Registradores, órgano encargado de realizar el trámite. 15.271 han sido directamente denegadas. La vivienda turística acapara gran parte de las solicitudes (169.908), lo que supone un 78% del total y su regulación o prohibición sigue siendo uno de los núcleos del debate en torno a la vivienda
La llegada del verano ha precipitado el ritmo de las solicitudes —pese a que estas se podían hacer desde enero— y se ha producido un pico considerable a partir de mayo, con más de 130.000 peticiones solo en el último mes. Los pisos y casas que no aparezcan en este registro y que se anuncien en portales online por periodos inferiores a un año estarán incumpliendo la ley y serán retirados.
Esta nueva medida afectará a las plataformas donde se publiciten este tipo de alojamientos como Airbnb, Booking u otras inmobiliarias que se anuncien en internet, que deberán incluir en el detalle de los anuncios este número de registro para certificar su legalidad. Quedan exentos, eso sí, los alojamientos rurales que den servicios adicionales a la estancia, como desayuno, por considerarse más próximos en su función a los servicios hoteleros.
Dos de cada tres solicitudes en zonas costeras
Por regiones, las zonas turísticas se llevan la palma y dos de cada tres solicitudes están en zonas costeras. “Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana concentran el 82,22% de las solicitudes definitivas de alquiler turístico”, señala Vivienda.
En Andalucía, la mayoría de estas licencias se concentran en Málaga, que acumula 27.936 solicitudes de alquiler turístico, sobre un total de 49.397 que se han registrado en toda la comunidad autónoma. En las Islas Canarias, Gran Canaria ha recogido 16.719 solicitudes y Tenerife 13.341. Hasta un total de 30.060 en las islas.
La costa mediterránea es otro de los puntos calientes. En Cataluña las peticiones se concentran en las provincias con playa: Barcelona tiene 9.521, Tarragona 6.659 y Girona 9.521. Son 27.818 las solicitudes de alquiler turístico totales. En la Comunidad Valenciana, de un total de 21.929, Alicante tiene 14.515, Castellón 2.909 y València 4.506.
Los sindicatos de vivienda y los expertos coinciden en que la dispersión de datos en esta materia dificulta hacer un mapa completo del problema y esa es unas de las deficiencias que pretende cubrir la medida. Hasta el momento, era el Instituto Nacional de Estadística el que publicaba una estadística experimental en la que calculaba los datos de viviendas turísticas, realizando un rastreo en las plataformas más utilizadas y eliminando repeticiones. Según estos datos de INE, en España habría 368.295 viviendas de uso vacacional al cierre de 2024, equivalentes a 1,8 millones de plazas.
La Ventanilla Única Digital arranca justo cuando el ministerio que dirige Isabel Rodríguez intenta poner en marcha un plan estatal con las comunidades autónomas para aumentar el presupuesto en esta materia. Por el momento la gran mayoría de las comunidades del Partido Popular se niegan a suscribir un acuerdo de mínimos que incluye tres puntos: blindar la protección de las viviendas, garantizar la transparencia en los datos y triplicar la inversión con una aportación autonómica del 40% y una estatal del 60%. En cambio, sí se han apuntado País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia. Estas dos últimas, gobernadas por los populares.
Contratos cortos, precios más altos
La vivienda de uso temporal y la de uso turístico no son lo mismo, pero tienen en común que ninguna de ellas da estabilidad a los inquilinos ni cubre la necesidad de residencia permanente y, por tanto, contribuyen al incremento de los precios. De una parte, los contratos cortos favorecen la rotación y permiten actualizar los precios cada vez que estos vencen sin respetar un tope específico, una denuncia que llevan tiempo haciendo los sindicatos; de otra, la vivienda turística y su elevada rentabilidad sacan inmuebles del mercado residencial y atraen inversores, con el consiguiente efecto inflacionario en los precios.
Se entiende por uso temporal aquellas “destinadas a soluciones habitacionales específicas como estudiantes, trabajos temporales, o estancias durante tratamientos médicos”, señala el ministerio. Estas se regirían por la Ley de Arrendamientos Urbanos y no requerirán que los propietarios soliciten nada más para obtener el número de registro. Por otro lado, las viviendas de uso turístico sí que necesitan un permiso de la comunidad o del ayuntamiento para operar y, por tanto, los dueños de este tipo de alojamientos deberán contar con ellos antes de incorporarse a la Ventanilla Única.
La medida se propuso el pasado mes de diciembre por medio de un Real Decreto que respondía, además, a un requerimiento de la Unión Europea de mejorar el registro de datos y la transparencia en el ámbito de la vivienda. Fue en enero cuando se estableció el plazo que vence este martes, y que se fijó para que los propietarios llevasen a cabo las gestiones necesarias. Esta ventanilla centralizará los trámites relacionados con el registro, la consulta de datos y requerirá que los portales inmobiliarios crucen información con ella.
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Los pisos de alquiler vacacional están en el punto de mira del Gobierno. Este mismo lunes el Ministerio de Consumo instaba al Ayuntamiento de Madrid a inspeccionar y cerrar 3.556 alojamientos, ofreciendo al consistorio la dirección de cada uno. “Ante el persistente problema que afronta la ciudad de Madrid, con más de 15.000 viviendas de uso turístico ilegales operando, desde el Ministerio les remitimos nueva información que consideramos que les puede ser de máxima utilidad si pretenden hacer frente a esta situación”, señalaba la misiva enviada desde el Gobierno a las autoridades de la capital.
Las plataformas tampoco se libran del examen del Gobierno. La pasada semana, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy anunció que la web Booking habría eliminado 4.093 anuncios, la mayoría de viviendas ubicadas en Canarias, tras el envío de un primer requerimiento pidiendo la retirada de ofertas ilegales. Otra de las grandes, AirBnb, también mantiene una disputa con el Ejecutivo después de que este le exigiese borrar 65.935 anuncios en España. La compañía acudió a la justicia, aunque el Tribunal Superior de Madrid rechazó las medidas cautelares que solicitaba la compañía avalando el bloqueo de los anuncios que no cumpliesen con la legalidad.
Con la puesta en marcha efectiva de esta Ventanilla Única, el Ministerio de Vivienda advierte que los controles se harán más exhaustivos y que comenzará “a dictar resoluciones para requerir a las plataformas que den de baja aquellos anuncios que no tengan número de registro, sea este incorrecto o dado de baja por el Colegio de Registradores”, concluyen.
