VIVIENDA

Consumo entrega a Almeida los datos de más de 3.500 pisos turísticos ilegales para su inspección y cierre

Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid, en una imagen de archivo.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado este lunes un nuevo archivo digital al Ayuntamiento de Madrid en el que se detallan las direcciones postales de 3.565 pisos turísticos ilegales ubicados en la ciudad de Madrid para su inspección y cierre. Según ha explicado el departamento dirigido por Pablo Bustiduy en un comunicado recogido por EFE, la información ha sido obtenida por la Unidad de Análisis de Consumo, que ya en marzo advirtió al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de que solo en la capital se anuncian en las diferentes plataformas más de 15.000 alojamientos turísticos sin licencia.

Los datos de Consumo reflejaron que se anunciaban un total de 16.335 pisos turísticos, dato que contrastaba con las cifras oficiales ofrecidas por el Consistorio, que señalan que únicamente están concedidas 1.131 licencias para este tipo de negocio.

En aquella comunicación, el Ministerio también facilitó al Ayuntamiento de Madrid las direcciones postales de un total de 1.218 pisos turísticos ilegales. A ellos se suman los datos postales de 2.347 alojamientos sin licencia remitidos este lunes para que el Ayuntamiento pueda actuar inmediatamente, clausurarlos y, en su caso, abrir expedientes sancionadores en base a sus competencias.

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Según Consumo, estos alojamientos están incumpliendo la normativa urbanística de Madrid por lo que es el Ayuntamiento la autoridad competente para su inspección y cierre.

Cada uno de estos pisos turísticos ilegales va acompañado, además, de su anuncio en una de las diferentes plataformas dedicadas a su alquiler por lo que se demuestra que actualmente están operativos, recalca el Ministerio.

El archivo digital remitido por la Secretaría General de Consumo y Juego va acompañado de una carta firmada por el ministro Pablo Bustinduy en la que señala que el objetivo de este envío es "facilitar la labor de inspección y sanción" del Ayuntamiento y "contribuir a recuperar vivienda para el uso residencial para la ciudadanía".

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