Del SARS Cov-2 sabemos que se contagia con endiablada facilidad, lo que explica que haya causado a millones de personas la enfermedad conocida como covid-19, responsable de más de 100.000 muertos sólo en España. Pero la penetración a través de las vías respiratorias es su habilidad más letal, no la única. El virus es un lince detectando y ensanchando brechas. Concretamente, brechas de desigualdad. En España ha demostrado sobradamente esta capacidad. Ha ensanchado la brecha económica, la de vivienda, la educativa, la de acceso a servicios públicos. Incluso ha ensanchado las diferencias ante la muerte, ese peaje que dicen que nos hace a todos iguales. El covid-19 se ha encargado de demostrar que no es verdad.

Este efecto secundario del virus queda detallado en las más de 150 páginas del Informe sobre la desigualdad en España 2022. El impacto de la pandemia, obra de equipo multidisciplinar integrado por una quincena de investigadores y publicado por la Fundación Alternativas, que lo presentó este miércoles. El trabajo hace un barrido por el paisaje español post-pandemia: de las aulas a los barrios, de los salarios a los beneficios, de los servicios públicos a la salud mental. La primera conclusión está dicha: las brechas han crecido, afectando más a pobres, jóvenes, inmigrantes y mujeres. Así lo muestran los datos de la oficina estadística de la UE, Eurostat, que acreditan que el índice de Gini, medidor de desigualdad, subió de 32,1 en 2020 a 33 puntos en 2021. La segunda conclusión resulta menos sombría: las políticas impulsadas por el Gobierno –con ayuda de fondos europeos– durante la pandemia han contenido en parte el incremento de estas desigualdades, hasta el punto de evitar que España se acercase a la sangría social provocada por la Gran Recesión.

La pandemia tuvo un impacto negativo en el empleo, afectando más a los sectores con ocupaciones de baja cualificación –como el de servicios–, las mujeres, los jóvenes y los temporales. Pero no es eso lo que sorprende a los autores del capítulo sobre renta y mercado del trabajo, Rafael Muñoz de Bustillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, y José Ignacio Antón, profesor titular en la misma universidad. "Lo realmente llamativo de esta crisis –anotan– no es la caída del empleo [...], sino el hecho de que, frente a una caída de la producción cercana al 11%, el empleo sólo lo hiciese en algo menos del 3%. Durante la Gran Recesión, entre 2008 y 2013, una caída del PIB menor, del 8,6%, dio lugar a una reducción del 16,3%".

Algo parecido ocurre con la caída de la renta media. Según el Informe Foessa, fue más intensa en el primer quintil de la distribución, es decir, en la parte más pobre de la sociedad, con un 17% de retroceso, mientras el quintil más rico no se veía afectado. Ahora bien, no es comparable con lo ocurrido en la anterior crisis. Muñoz y Antón recalcan cómo tras la crisis financiera "la participación de los salarios en el PIB cayó de forma más intensa que la participación de los beneficios, un resultado coherente con la (fallida) estrategia seguida desde 2010 de devaluación salarial como forma de salir de la crisis". En la pandemia las cosas han ido por diferente camino. ¿En datos? Mientras en la recesión el desplome de la masa salarial equivalió al 77% del total de la caída del PIB –es decir, más de tres cuartas partes–, en 2020 retrocedió en un tercio de lo que hizo la riqueza nacional, "recayendo el grueso del ajuste sobre los beneficios". También la Fundación La Caixa, en un informe de mayo de 2022 sobre más de 3 millones de nóminas, señala que incluso en el arranque de la pandemia el efecto de la crisis sobre la desigualdad fue inferior al del periodo 2008-2014.

Los codirectores del informe, Rosa Martínez, profesora de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, y Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas, apuntan en la misma línea al señalar que, pese a una caída del PIB del 10,8% en 2020, la mayor desde la Guerra Civil, el "efecto sobre la desigualdad de ingresos" fue "muy inferior" al generado en la anterior crisis. "El impacto de la pandemia sobre la desigualdad salarial entre febrero y noviembre de 2020 fue esencialmente transitorio", apunta Muñoz y Antón, para quienes "las prestaciones sociales desempeñaron un importante rol en la contención" de las brechas, lo que explica que en noviembre de 2021 el nivel de desigualdad fuera menos de un 2% superior al existente antes de la pandemia. Los autores citan las políticas de desempleo, cuya cobertura pasó del 57% al 84,3%, así como los ERTE, que llegaron a cubrir a 3,58 millones de personas.

"Los principales factores que explican la contención de la desigualdad son la rápida articulación de mecanismos de sustitución de los ingresos laborales y la pronta recuperación que siguió a la retirada de restricciones", concluyen los dos investigadores, que subrayan que los primeros resultados de la reforma laboral también son alentadores por su impacto en la contratación indefinida. Eso sí, alertan de los riesgos que para las economías más frágiles tiene la inflación, que vuelve a suponer un desafío político mayúsculo, pero ahora con las cuentas públicas ya castigadas por la pandemia. Está por ver si las administraciones mantienen las políticas expansivas.

A un diagnóstico similar llegan Cecilia Díaz y José Manuel Parrilla, profesores de Sociología de la Universidad de Oviedo, en el capítulo Pobreza e inseguridad alimentaria antes y después de la pandemia, que refleja tanto un agravamiento del problema como una acción incisiva –aunque insuficiente– de las políticas públicas. "La Gran Recesión ha impactado más que la pandemia", concluyen los autores. Y añaden: "Es admisible considerar que las políticas públicas del período pandémico (IMV, ERTE, medidas relacionadas con la vivienda y los suministros...) han servido para paliar en parte los efectos de la crisis producida por la covid", escriben Díaz y Parrilla, que apuntan no obstante al efecto "muy alejado" de sus aspiraciones iniciales del ingreso mínimo vital

Se trata de un diagnóstico coherente con el presentado en octubre por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Por una parte, su informe advertía de que más de 13 millones de españoles estaban en riesgo de pobreza en 2021, casi el 30% de la población, tras sumarse a la lista 380.000 en un año. Al mismo tiempo, el informe concluía que que el llamado "escudo social" puesto en marcha por el Gobierno redujo la tasa de pobreza en el conjunto del territorio nacional en 3,2 puntos, lo que resulta en 1,5 millones de personas que no llegaron a caer en la pobreza.

El esquema se repite con la vivienda. El empeoramiento de la desigualdad es tan innegable como la mitigación –sólo parcial– ejercida por la política. En 2021 el porcentaje de hogares con un gasto excesivo en vivienda —aquellos que tras satisfacer su coste se encontraban por debajo del umbral de pobreza severa— se elevó hasta el 14,2% en el conjunto del país, 3 puntos por encima del de 2018. El porcentaje de hogares con problemas de salubridad pasó del 3,2% al 7,2%.

"La pandemia provocó un fuerte incremento de la población en riesgo de exclusión residencial", sintetiza Jordi Bosch, experto en políticas de vivienda, que añade: "Desde el estallido de la burbuja en 2008, la vivienda ha ido configurándose como uno de los principales ejes de desigualdad. Lamentablemente, la pandemia ha ahondado aún más en la fractura social entre aquellos hogares propietarios sin pagos pendientes o con cargas hipotecarias fácilmente asumibles, y aquellos para los cuales satisfacer los costes residenciales representa periódicamente un reto cada vez más difícil de asumir o, simplemente, un imposible. Esta nueva crisis ha venido a reforzar el carácter crónico de la situación de emergencia habitacional de un creciente segmento de la población".

Junto a este diagnóstico oscuro, Bosch destaca el catálogo de medidas aprobadas durante la pandemia para facilitar el pago del alquiler, los suministros y las hipotecas y para evitar desahucios. "Desde una perspectiva europea comparada, España se situó en el grupo de países que más medidas aprobaron", señala el investigador, que advierte tanto del carácter limitado de las medidas como de las consecuencias negativas de su finalización.

El incremento de la desigualdad durante la pandemia se repite en todas las áreas estudiadas. De manera especialmente cruel, en la salud. José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, y el epidemiólogo Javier del Águila repasan cómo el impacto del covid-19 expresa desigualdades previas, a la vez que las incrementa. La ecuación es sencilla: a peor condición socioeconómica de partida, mayor exposición al virus y mayor riesgo de gravedad y de muerte. Los autores desglosan diversos ejemplos. En Barcelona, por ejemplo, la incidencia fue 2,5 veces mayor en el distrito más pobre que en el más rico. Los dos autores también resaltan cómo el desgaste del sistema sanitario como consecuencia del covid-19 ha tenido un efecto de "huida de las clases medias" hacia el seguro privado, con porcentajes de penetración superiores al 30% en Madrid y Cataluña. La conclusión global es que la sanidad post-covid nos hace menos iguales ante la enfermedad, según Freire y Del Águila, que destacan que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presta atención a este problema.

No sólo el sistema sanitario sale tocado. También ha sufrido la atención a la dependencia, como señalan Mercedes Sastre y Rosa Martínez, profesoras de Economía en la Complutense y la Rey Juan Carlos. "La pandemia ha agravado la precariedad del sistema de cuidados", concluyen. La expresión más "dramática" de desigualdad se ha dado en la Comunidad de Madrid, por el diferente trato "a los ancianos residentes en centros dependientes del sector público y los meramente privados", así como "a aquellos que tenían seguro médico privado y a los que carecían de él", apuntan las dos autoras, citando al director de Investigación de infoLibre, Manuel Rico, autor de un extenso trabajo periodístico sobre las muertes en residencias [ver aquí y aquí].

"Antes de la pandemia España era el segundo país europeo donde más correlación existía entre el nivel educativo de los progenitores y el de sus hijos e hijas, después de Portugal", señala el autor del capítulo sobre educación del informe, Álvaro Ferrer, especialista en este campo de Save the Children. De modo que la desigualdad educativa no es un problema que nazca con la pandemia, ni mucho menos. Ahora bien, sí crece con ella. Estudios realizados en Euskadi y Cataluña muestran que la pérdida de aprendizaje es mayor "en la escuela pública y en las escuelas concertadas con bajo rendimiento previo", característica a su vez vinculada a una peor posición socioeconómica.

El impacto también ha sido mentalmente más duro para los alumnos de familias más pobres. "El deterioro del bienestar socioemocional del alumnado de 2° de ESO en Euskadi derivado de la pandemia está asociado de forma muy significativa con el nivel socioeconómico de los estudiantes", acredita un informe. Ferrer advierte de que hay "una correlación entre deterioro socioemocional y pérdida de aprendizaje, aunque no es posible saber cuál es causa y cuál consecuencia". Lo seguro es que el uno alimenta al otro y viceversa. Resultado: tras el covid-19 los menores en hogares con bajos ingresos tienen una probabilidad cuatro veces mayor (13%) de sufrir trastornos mentales o de conducta que los que viven en hogares de renta alta (3%), algo que agiliza el circuito de desigualdad de oportunidades y agrava la avería del ascensor social.

"El mayor deterioro del bienestar socioemocional del alumnado desfavorecido puede tener efectos en la desvinculación y las trayectorias educativas futuras", alerta Ferrer, que afirma también que las políticas del Gobierno sobre currículo, evaluación y repetición "pueden ayudar a limitar el posible agravamiento de las desigualdades". No obstante, en conjunto el Gobierno no ha actuado con suficiente contundencia contra la inequidad, señala el investigador: "Las medidas han servido para mitigar el impacto de la pandemia, no tanto para transformar la inequidad preexistente. Si se quiere dar un salto adelante hacia un sistema más equitativo [...], las reformas iniciadas van en la buena dirección, pero los recursos no tanto".

La Fundación Alternativas ha aconsejado este viernes a Europa que apueste por tener un papel influyente en la resolución de la guerra "injustificable y condenable" que sufre Ucrania desde el pasado 24 de enero. A través de un documento, la organización ha detallado que debe hacerse a través de la interlocución que el presidente francés, Emmanuel Macron, o el canciller alemán, Olaf Scholz, tienen con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que "no reconoce como interlocutor a la UE". "En todo caso, hay que evitar que la guerra produzca una metástasis o que se cronifique", ha dicho la Fundación, que ha añadido también que, tras la resolución del conflicto, la Unión Europea no debería apostar por "aislar" o "castigar" a Rusia.

Según el documento publicado por la organización, esa actuación llevaría a dos posibles escenarios "muy negativos": "el enrocamiento del régimen de Putin, con la población sufriendo los efectos de una fuerte crisis económica y social", o el "colapso brusco ruso, que posiblemente no traería más democracia, sino un autoritarismo de otro signo". Aun así, ha señalado Alternativas, se debe exigir a Rusia "responsabilidades de derecho internacional, incluida la investigación de posibles crímenes de guerra".

Porque tal y como se afirma en el texto hecho público este viernes, la guerra iniciada por Putin es "una violación flagrante del derecho internacional y de los derechos humanos, al tiempo que un gran error político". Frente a ella, al menos, es de aplaudir la actuación española, "esencialmente correcta". "Es muy de celebrar la unidad transatlántica y la cooperación generada en torno a la guerra junto a la administración de EEUU de Joe Biden", señala la Fundación. En este sentido, ahora hay que "mantener la unidad política" mediante la ayuda militar y las sanciones.

Por otro lado, la Fundación Alternativas también ha explicado que, a su juicio, la causas de la guerra "vienen de lejos". Por un lado, de la expansión de la OTAN a países ex soviéticos, que generó "una reacción de la parte rusa, que siempre ha exigido neutralidad". "De otro lado, refleja el choque en suelo ucraniano entre dos visiones en conflicto: una democrática y europea, y otra de sesgo autoritario encarnada por el régimen de Putin", añade.

"En ambos niveles", acusa Alternativas, "la UE no ha sabido gestionar del todo bien en los años recientes el giro de parte de la sociedad y la política ucraniana hacia europa". Unas veces, acusa, "se ha incomodado innecesariamente a Rusia o no se le ha escuchado lo suficiente" y otras, continúa, "se han hecho demasiadas promesas imposibles de cumplir a Ucrania".

No hay que ser muy observador para saber que la crisis del coronavirus ha afectado profundamente al sector de la cultura. Cines, salas de teatro y festivales funcionan con aforo limitado desde su reapertura hace ya más de un año, y otros negocios, como las salas de conciertos, ni siquiera han podido recuperar su funcionamiento habitual. Muchas de las cifras que pondrán medida a las pérdidas del sector aún no están disponibles, pero el Informe sobre el estado de la cultura de 2021, publicado como cada año por la Fundación Alternativas (think tank asociado al PSOE) da algún dato para delimitar sus contornos: el sector ha perdido el 4,7% de sus puestos de trabajo, según datos de la EPA del primer trimestre de 2021, en comparación con el año anterior. Los empleos por cuenta ajena han caído un 7,2%, mientras que aquellos por cuenta propia aumentaron un 1,7%, lo que suele ser indicio de una crisis económica (la gente se hace autónoma para paliar la pérdida del trabajo asalariado). Los contratos indefinidos cayeron un 4,5%, y los temporales, un 17,2%, dejando claro quiénes se han visto más afectados: aquellos cuya vida laboral estaba ya marcada por la intermitencia, con contratos numerosos y cortos, como suele pasar en los espectáculos en directo.

Aunque estos datos sean descorazonadores, el informe presentado el martes por Fundación Alternativas no se centra en lo negativo, sino que pone el foco en el único sector que parece haberse repuesto completamente del mazazo del covid: el sector editorial. Todavía no se ha publicado la información relativa al comercio interior y exterior del libro, que publica la Federación de Gremios de Editores (que suele publicarse en julio), pero la Fundación Alternativas aglutina de nuevo algunos datos. “Al cierre de 2020, distintos paneles de medición y consultoras diversas estimaron que el sector del libro terminaba con incrementos del 0,8 por ciento en cifras de comercio interior”, señalan en su capítulo Manuel Gil (director de la Feria del Libro de Madrid, que se celebra en estos días) y Manuel Ortuño. “Podemos afirmar que, en el caso de España, el libro ha tenido un comportamiento contracíclico estos últimos meses”. Esto ha hecho que las ventas del primer trimestre de 2021 superaran al mismo periodo de 2019, con 87 millones de euros recaudados por las librerías, según CEGAL, la asociación que las reúne. España solo habría perdido el 1% de su facturación (el 4% si se incluye al libro de texto) en 2020, según las cifras de la Federación de Editores Europeos. Esto contrasta con la caída de Francia (-2,7%, siendo un país mucho más lector que España), de Grecia (-9,4%) o de Portugal (-17%).

Si esto resulta especialmente relevante no es solo por el valor cultural de los libros, sino porque el sector editorial es la principal industria cultural del país: en 2019 se embolsó 2.420 millones de euros, mientras que el cine recaudó 615 millones de euros; la música popular en directo, unos 382 millones, y las artes escénicas, 238 millones. Si Gil y Ortuño designan al libro como “buque insignia de la cultura española”, no lo hacen por capricho. Durante el 2020, además, crecieron esperanzadoramente los índices de lectura: quienes se identificaban como lectores frecuentes (leen varios días a la semana o casi todos los días) crecieron en 7 puntos, según la encuesta Hábitos de lectura y compra de Libros en España, de la Federación de Gremios de Editores. No hay cifras que nos permitan saber si este incremento —que sin duda tiene que ver con que otras formas de ocio no estuvieran disponibles— se ha mantenido en el tiempo. “Algunos de los cambios profundos que se han producido experimentarán un 'efecto rebote', es decir, se volverá a pautas de comportamiento habituales a las de la prepandemia, mientras que otros de estos cambios se instalarán también en el imaginario público”, dicen Gil y Ortuño. Entre estos últimos seguramente estará, dicen, la compra a través de Internet, ya frecuente antes de la crisis, pero reforzada por esta. Quedará saber, cuando se publiquen los datos recabados por los Gremios de Editores, qué parte del pastel se ha quedado Amazon, la gran sombra que tiñe los buenos datos del libro.

Es la mayor, pero no la única. El informa de la Fundación Alternativas advierte sobre la desigualdad con la que las distintas empresas del sector se han visto afectadas por la crisis. “Es oportuno pensar que las cadenas de librerías, con unos sistemas de comercio electrónico probado y eficiente, se han beneficiado mucho más que las librerías independientes”, aseguran Gil y Ortuño. Otra cuestión es la sostenibilidad, algo que se menciona desde el prólogo del documento, pero casi siempre de manera negativa. El sector del libro contamina, como casi cualquier industria, nos explican, pero además a menudo lo hace inutilmente: imprimiendo ejemplares que nunca serán leídos, transportándolos de la imprenta al almacén, del almacén a la librería, de la librería al lector (y, con el gran volumen de devoluciones, de la librería al almacén, del almacén a la trituradora). “La industria editorial no se ha puesto en marcha en la definición de estándares y protocolos para toda la cadena de valor”, admiten Gil y Ortuño en su capítulo. “Es cierto que existen casos ejemplares de editoriales que han adoptado prácticas y exigencias de producción en planes de sostenibilidad, pero no es suficiente: es necesario intentar avanzar en soluciones globales y articuladas”. El problema es que estas soluciones no parecen claras. Las que se sugieren en el documento pasan por certificaciones de “ecoedición” no solo en la procedencia y tratado del papel (algo que sí está implantado), sino en la sostenibilidad de las imprentas y del tratado posterior de los libros, ya sea en las librerías o en los almacenes.

El informe de Fundación Alternativas es famoso por poner nota cada año a la cultura española, a través de una encuesta que trasladan a expertos y creadores de distintos sectores. Normalmente, la organizacón obtiene un centenar de respuestas, que otorgan una nota a distintos aspectos del sistema de creación y producción. Este año hay una buena noticia y una mala. La buena: de media, el estado de la cultura española merece una nota de 5,28 sobre 10, la mejor en una década, que le permite además aprobar por tercer año consecutivo. Ahora la mala, que empaña completamente la buena: este año, Fundación Alternativas solo ha logrado recabar 54 respuestas, la mitad de la muestra habitual, por lo que advierten de que “el análisis puede comprender un sesgo significativo”. Además, explican los responsables del estudio, en estas circunstancias es difícil otorgar una única nota a todo el sector cultural, cuando este avanza a distintas marchas. “Las velocidades de adaptación a la realidad en el sector cultural no van parejas a las de otros”, explica Álvaro Fierro, responsable de la realización de la encuesta. “Por ejemplo, el subsector de las artes escénicas hoy en día sufre de múltiples restricciones que le impiden aumentar esa velocidad de adaptación a los nuevos tiempos. Por el contrario, aquellas disciplinas creativas que pivotan sobre la digitalización y basadas en las economías de escala son las que más impacto económico provocan, como el videojuego, el audiovisual o la generación de contenido digital”. ¿Análisis realista, optimismo de la voluntad o espejismo? Habrá que esperar a 2022 para saberlo.

Se comenzaba a ver la luz al final del túnel: el informe sobre la industria cultural en 2019 que preparaba la Fundación Alternativas revelaba el inicio de la recuperación. Se había hecho esperar, porque llegaba tras lo que el think tank próximo al PSOE calificada de "década perdida" marcada por el recorte en gasto público y privado y por la pérdida de empleo. En 2018, los 300 agentes culturales a los que encuesta cada año habían calificado con un 5 sobre 10 la situación del sector, una nota magra pero que daba cierta alegría tras seis años de suspenso. El pasado año, la nota subía ligeramente hasta el 5,1. Pero llegó marzo. Se cerraron teatros, cines, salas de música, museos, bibliotecas y librerías. Para la Fundación, el coronavirus "rompe" los buenos augurios. El túnel vuelve a estar cegado. 

"La herida abierta que venía de la década perdida se agudizaba por la crisis del coronavirus", lamenta Enrique Bustamante, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del informe. Este recoge algunos datos que dan una idea de lo que se han llevado estos diez años especialmente duros para el sector: la cultura alcanza hoy cuatro décimas menos del PIB que en 2009, cuenta una pérdida de facturación de 4.000 millones de euros con respecto a 2008, y ha perdido 16.000 empleos. Esto se debe esencialmente a dos factores: la pérdida del gasto público y del gasto privado. En el primero, se han esfumado 2.000 millones de euros hasta 2017 (último año con los datos agregados de todas las administraciones), mientras que a cantidad que los hogares dedican al consumo cultural sigue cayendo. Si en 2017, la media anual se situó en los 718 euros, en 2018 descendía hasta los 682 euros.  

El equipo de 14 profesionales que redacta el informe se mostraba esperanzado, en los primeros meses del año, primero por la leve mejoría de la nota que los profesionales atribuían al mundo cultural. Pero también, explica Bustamante en la introducción, por "la llegada de un Gobierno progresista que enarbolaba la bandera de la cultura con una decisión que no se veía desde 2004". Así, destacan la recuperación del Ministerio de Cultura desgajado del de Educación, el aumento de la cuantía dedicada a la Cultura en los Presupuestos Generales del Estado presentados —y nunca aprobados—, o la creación del Observatorio de Igualdad de Género en Cultura. Las "grandes expectativas" han dejado paso a "una gran inquietud por el futuro de la cultura en el contexto de la pandemia". 

Para Bustamante, "el aislamiento atacaba frontalmente al corazón de la vida simbólica de la sociedad". Quedaban penalizadas todas las actividades sociales, que son el núcleo de sectores completos como las artes escénicas, la música en directo o el cine. Los temores de la Fundación Alternativas es que la crisis sanitaria toque justo donde más le había dolido al sector: en los presupuestos públicos y en lo que las familias están dispuestas a gastarse en el consumo cultural. El Gobierno central está inmerso en una difícil negociación de los presupuestos. Las Comunidades Autónomas y los municipios se enfrentan a una segunda ola de la enfermedad, que obligará a derivar más recursos a la sanidad, igual que se ha hecho con educación al principio de curso. Al cierre de agosto, más de 821.000 personas estaban todavía acogidas a un ERTE y 3,8 millones de personas se encontraban en paro. Ante esa situación y la incertidumbre económica, los españoles han primado el ahorro frente al gasto, como ya sucedió tras la crisis del 2008, una tendencia de la que el sector nunca se llegó a recuperar.  

Un suspenso para las administraciones 

Aunque según Eurostat, más del 70% de las conexiones a Internet se producen para consumir contenidos culturales, esto no se veía del todo reflejado en la salud del sector, según indica el informe. Una nueva encuesta a 150 profesionales realizada el pasado julio, para actualizar o matizar los resultados ya obtenidos, las respuestas resultaban desoladoras. Pocos creían que "el relanzamiento del consumo cultural online está paliando su crisis financiera en España" y, de hecho, esta idea obtenía una nota de solo 3,28. Igualmente críticos han sido los profesionales con las medidas elaboradas por as distintas administraciones para hacer frente a la crisis de la industria cultural y sus trabajadores. En palabras de Enrique Bustamante, "la administración pública ha reaccionado tardía e insuficientemente ante la crisis profunda" dejada por la pandemia. En la encuesta, suspende tanto el Gobierno central (con un 3,36) como las autonomías (3,24) y los municipios (3,26). 

Entre las medidas peor valoradas, están dos de las lanzadas por el Gobierno central. Las prestaciones excepcionales al desempleo obtienen solo una nota de 2,96: en abril, los sindicatos advertían ya de que la intermitencia de los empleos culturales impediría que los trabajadores del sector pudieran acceder al subsidio. La misma mala nota la obtiene la propuesta de bajar el IVA de libros digitales y publicaciones online, que no se considera "suficiente". Tampoco consideran los profesionales que las ayudas a la liquidez de las empresas esté "compensando el impacto de la pandemia" (la nota es de un 3,04) ni que los ERTE cubran "suficientemente" la situación de emergencia (un 3,24). "Parece evidente el descontento general sobre la prontitud y suficiencia de las acciones estatales, a todos sus niveles", resume el informe, "frente a las duras repercusiones económicas y sociales que la epidemia ocasionó sobre la cultura, mucho más fuertes que en otros muchos sectores económicos".

Pero el documento de Fundación Alternativas recoge también el apoyo a distintas "herramientas" para la salida de la crisis. Entre ellas, la que más apoyo obtiene por parte de los profesionales es la reducción general del IVA cultural, que el sector pide desde el pasado marzo. No todas las industrias están sometidas al mismo IVA, sin embargo: los libros gozan del IVA reducido al 4%, que es el que quieren alcanzar los espectáculos en directos y el cine, al 10%.  Otra de las iniciativas que más valoran los encuestados es el desarrollo legal del Estatuto del Artista (nota de 8,62). El Estatuto del Artista, un informe aprobado por el Congreso en 2018, es un paquete de 60 medidas que atañen a los ministerios de Trabajo y Hacienda, lo que explica en parte su larga implantación. Algunas de sus propuestas ya han sido aprobadas (la reducción del IVA al 10%, la compatibilidad de algunos trabajos con la jubilación), pero otras no, como la creación de un régimen particular de la Seguridad Social para los trabajadores intermitentes. 

Tras ellas, y en menor medida, la encuesta recoge la conveniencia de dedicar mayor gasto público en cultura, elaborar un plan de apoyo a la igualdad de género en el sector, una normativa más favorable al mecenazgo o un mayor apoyo financiero a las pymes. Por ahora, el Ministerio de Cultura no ha mencionado en público la posibilidad de emprender ninguna de estas iniciativas. "hace falta una revisión profunda de las políticas culturales", insiste Enrique Bustamante. Quizás el Ministerio tome nota. 

La Fundación Alternativas ha incorporado a su Patronato, órgano de gobierno y representación de la entidad, voces expertas y autorizadas del ámbito científico como la Doctora en Bioquímica y Biología Molecular y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) desde 2011, María Blasco, o el Doctor en Ciencias y jefe del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, Mariano Barbacid.

Con la incorporación de estos prestigiosos científicos, la Fundación pretende aportar ideas para la mejora de los problemas que ralentizan el desarrollo científico y tecnológico en España, colaborar en una recuperación que pudiera servir para mejorar el sistema público de ciencia y tecnología y su influencia en el sector privado, además de poner sobre la mesa los problemas estructurales que se deben afrontar para promover el cambio deseado, según informa Europa Press.

Según la entidad, "el desarrollo científico en España vive una situación preocupante". "La burocracia, la endogamia, la falta de financiación, la indolencia política y una gestión inadecuada son el lastre que lleva décadas paralizando el sector", continúa la fundación.

La entidad también destaca la falta de financiación de la ciencia en España: "Las inversiones en I+D+i, tanto públicas como privadas, se sitúan lejos de la sociedad del conocimiento a la que un país como España debe aspirar para alejarse de las crisis laborales y ambientales y, por lo tanto, económicas y sociales".

Además de Blasco y Barbacid, se han incorporado al Patronato de la fundación expertos en el ámbito político y económico, así como personalidades comprometidas con la lucha contra la violencia machista y los derechos sociales. Algunas de las personalidades que integrarán a partir de ahora el Patronato son: la presidenta del Senado, Pilar Llop; la presidenta de la ONG Movimiento por la Paz, Francisca Sauquillo; la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la ex presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas; el ex secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo; el ex secretario general de UGT, Cándido Méndez; la secretaria general de CEAR, Estrella Galán; la politóloga Sandra León; y el economista Emilio Ontiveros.

Estas nuevas personalidades se suman: al expresidente del Gobierno, Felipe González; los exministros Juan Manuel Eguiagaray y José María Maravall; el co-fundador de CCOO y presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius; o el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón.

También están en el Patronato, formado en total por 41 miembros, el ex Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Javier Solana; la CEO de 40db y ex presidenta del CIS, Belén Barreiro; la filósofa y consejera permanente del Consejo de Estado, Victoria Camps; el director de eldiario.es, Ignacio Escolar; el exdirector de El País, Joaquín Estefanía; y el economista Andreu Mas Colell, entre otros.

"Alternativas no sólo renueva su Patronato, sino las áreas temáticas sobre las que vamos a reflexionar para fomentar debates en la calle, basados en datos reales, e impulsar reformas que sitúen a España a la vanguardia del progreso", afirma el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido.

Así, además del desarrollo científico y la revolución digital, otros focos de actuación de la fundación a partir de ahora serán la protección del medio ambiente, la violencia machista, el auge de los populismos, la función social de la empresa, la reforma de las pensiones, la reforma fiscal y el desempleo.

"Estoy seguro de que el nuevo Patronato va a implicarse en los retos que tenemos por delante, cuando una coalición progresista está al frente del gobierno. Queremos que Alternativas siga profundizando en los problemas sociales, económicos y políticos de España y Europa. Pensamos que nuestro think tank ha de jugar un papel de intermediario entre la sociedad y los dirigentes empresariales, sindicales y políticos. Alternativas tiene que ofrecer propuestas que tengan en cuenta en sus decisiones", asegura López Garrido.

"Contra las fakes, facts" o, dicho de otro modo, para combatir las noticias falsas, usemos los datos. Así resumía el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido, el estudio Desmontando el mito del problema migratorio que este miércoles se presentó en la sede de la organización, en Madrid. A su lado, las autoras del mismo, Beatriz Cózar y Leticia Rodríguez, incidían en la misma idea: hay que luchar contra la desinformación que inunda el debate migratorio y que han hecho de este un pilar central de la política europea, más si cabe con el auge de los partidos populistas y euroescépticos. Porque la migración ha creado "un problema político inventado, no uno real", insistió López Garrido. Y esto se ha visto en la campaña de las pasadas elecciones europeas del 28 de abril aunque, no obstante, con "menor incidencia de la temida", según el estudio. Y a pesar de que Rodríguez no cree que la campaña electoral que se avecina en España esté impregnada de esta desinformación en torno a la migración, sí es un problema que hay que solucionar. ¿Cómo? Las expertas proponen varias fórmulas pero todas giran en torno a tres ideas: facilitar la migración segura, ayudar a la integración y educar a la población de los países potencialmente receptores.

Según destaca el estudio, las migraciones no pueden entenderse como un fenómeno nuevo, sino como todo lo contrario. Lo que sí ha cambiado ha sido la percepción social de las mismas. Y aquí ha tenido mucho que ver la proliferación de las redes sociales como una herramienta fundamental a la hora de consumir información. Pero el problema es la calidad de esa información que, según el estudio, suele vincular la migración con la inseguridad o con un supuesto trato privilegiado por parte de los gobiernos europeos. Y esto ha ocurrido también en España. Sin ir más lejos, en la campaña de los comicios del 28 de abril. El líder de Vox, Santiago Abascal, presentó su proyecto político en Vistalegre declarando que una de sus banderas es luchar contra "la inmigración ilegal que ataca nuestras fronteras" y que, además, "no viene a España a engrandecerla sino a recibir prebendas que muchos españoles no tienen". Unos mensajes que han calado en las redes sociales a través de la difusión de noticias falsas.

La Comisión Europea, no obstante, intentó frenarlas para que no inundaran el debate electoral previo a los comicios al Parlamento Europeo. Y lo hizo, según recuerda el estudio, a través de "un sistema de alerta temprana que permite el intercambio de información entre los Estados miembros y las instituciones europeas", a través de un Código de Buenas Prácticas elaborado con el objetivo de aumentar la transparencia, incentivando la alfabetización mediática para fomentar que los ciudadanos reconozcan las fake news y apoyando los esfuerzos de los países en esta materia. Aun así, el objetivo no se alcanzó por completo. Según un estudio del Oxford Internet Institute, "menos del 4% de las fuentes que circularon en Twitter" entre el 5 y el 20 de abril "fueron noticias basura", pero las más exitosas, cita el estudio de la Fundación Alternativas, tienden a girar en torno a la inmigración y la seguridad.

Pero además de las iniciativas a nivel comunitario, las redes sociales y los medios de comunicación también han puesto en marcha otras, aunque el resultado ha sido similar. Por ello, las expertas autoras del estudio proponen seis nuevas fórmulas. Y estas no solo están basadas en evitar la difusión de un posible bulo, sino también en tratar de que este no aparezca.

1. Reformar el Sistema Europeo Común de Asilo y conseguir una Política Migratoria Común

"Se trata quizás de una recomendación un tanto manida, pero que debe ser recordada tanto por las instituciones europeas y nacionales, como por la ciudadanía. Resulta vital que se acometa la reforma del Sistema Europeo Sistema Europeo Común de Asilo" (SECA), dicen las autoras en su estudio. Tachan la recomendación de manida porque es una demanda clásica de las ONG. Según recuerda la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), fue en 2015 cuando la Comisión Europea anunció el inicio del proceso. Pero en 2019, cuatro años después, todavía no se ha puesto en marcha, aunque la organización señala que algunas de las propuestas elaboradas por la institución europea ya podrían comenzar a rodar. Pero el problema han sido las discusiones entre países, que han evitado el acuerdo y, por tanto, provocado "que las personas solicitantes de asilo y refugiadas reciban un tratamiento diferente en función del estado donde presentan su solicitud", denuncia la organización. 

Si se aprobara este sistema, continúa la investigación, se permitiría "un mayor compromiso de los Estados miembros con la cuestión migratoria y se conseguiría una verdadera política migratoria común". Pero lo que las investigadoras pretenden con esta propuesta, según explica Rodríguez a infoLibre, es que la Unión Europea acerce estas políticas a los ciudadanos europeos. Y es que, según critica, "hay una falta de comunicación" entre la institución y la sociedad que provoca "espacios aprovechados por la ultraderecha para introducir sus mensajes". "De nada sirve un documento de la UE analizando el sistema si no explicas qué es, en qué consiste la reforma y en qué puede beneficiar a la Unión", dice.  

2. Formación de futuros migrantes en origen y acuerdos entre países

Hay otra medida en la que también han insistido una y otra vez las ONG defensoras de los Derechos Humanos: es necesario garantizar vías legales y seguras para la migración. Que no las haya provoca que la mayoría de migrantes que llegan a los países europeos sean irregulares y esto, a su vez, condena a estas personas a acceder "a trabajos de poca calidad, con sueldos precarios, generando situaciones de exclusión social en los países de acogida", señala la investigación. Pero además esto genera un impacto en la sociedad de acogida, estratificándola y ahondando las desigualdades. Podría darse, por tanto, "una división en la sociedad entre las personas que ya residían en el país de acogida y que son parte y esencia de esta sociedad y las personas inmigrantes que se ven como unos ciudadanos de segunda". Y esto, en los países con altas tasas de desempleo y que se ven o han visto afectados por la crisis del Mediterráneo puede generar elementos de rechazo que dan lugar al "auge de movimientos y partidos políticos de extrema derecha" que basen su discurso en la xenofobia. 

A través de la propuesta de las investigadoras autoras del informe, "los migrantes llegarían a los países de destino respondiendo a una serie de ofertas laborales", por lo que se podría desmontar el argumento que sostiene que estas personas son proclives a la delincuencia o el que defiende que su contratación provoca el aumento del paro de las personas del país receptor. "Esto reportaría, además, un beneficio adicional: el fortalecimiento de las alianzas entre países de distintos continentes y supondría un reforzamiento de la cooperación internacional", añade el estudio. 

3. Facilitar la integración social de los inmigrantes

Para luchar contra ese rechazo que en ocasiones deriva de la inmigración irregular también es importante, no obstante, la integración social de estas personas. Y para ello la educación es un pilar fundamental. Pero no el único. Por ello, las expertas proponen la adopción de políticas sociales impulsadas desde organismos nacionales, regionales y locales, "que no estuvieran basadas en leyes discriminatorias y ofreciendo servicios integrales a los migrantes", sostiene el documento. En cualquier caso, para llegar a ello primero es fundamental cambiar el prisma desde el que se ve la inmigración. Y conseguirlo pasa por un proceso de "desecuritización de la migración" donde se priorice el debate de la seguridad humana frente a la seguridad nacional.

En este punto concreto quiso incidir, durante la presentación del estudio, Rodríguez. La autora del estudio lamentó que no se hable de la migración en "términos humanos" y criticó que nunca se tengan en cuenta los motivos que llevan a un migrante a salir de un país ni las dificultades que puede encontrar en su destino. 

4. Fomentar la alfabetización digital

No obstante, aunque la sociedad desarrolle una mayor empatía hacia los migrantes, esta no será suficiente si continúa creyendo todos los mensajes que se difunden como verdaderos a través de las redes sociales. Por eso, dice la investigación, es necesario también trabajar en la alfabetización digital. Así "el ciudadano se encontrará más capacitado para desarrollar una opinión crítica y poder verificar la información que se le presenta. Para que esto sea posible, podría elaborarse ya por parte de las instituciones europeas o nacionales, o asociaciones civiles, una guía accesible y entendible para los ciudadanos en la que se expliquen los principales indicadores que caracterizan este tipo de información engañosa y, así, poder combatirla", dice la investigación. 

No sería la primera. El pasado mes de frebrero, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaboró un "decálogo de seguridad" un "decálogo de seguridad"para que los usuarios estén prevenidos contra las fake news. Lo más importante, según la institución, es poder localizar e identificar la fuente. Si es desconocida o no se puede acceder a la información a través de un enlace, ya hay motivos para sospechar. Además, recomienda a los ciudadanos que extremen la atención con los perfiles anónimos en redes sociales responsables muchas veces de la viralización de contenidos, así como de aquellos con apariencia de estar controlados por una persona real pero que están manejados por robots o terceras personas.

5. Creación, fomento e impulso de observatorios y clínicas dedicadas a los Derechos Humanos

No sólo la educación digital es la importante. La educación en materia migratoria propiamente dicha también es fundamental, a juicio del estudio de la Fundación Alternativas. Por ello, las autoras apuestan por la "creación, fomento e impulso de observatorios y clínicas dedicadas a los Derechos Humanos". "Estas plataformas podrían ser el mecanismo adecuado para mejorar la formación profesional técnica y deontológica de los estudiantes de Derecho. Asimismo, realizarían labores de sensibilización sobre la importancia de los Derechos Humanos en la sociedad", defienden. 

No obstante, la propuesta nace de algunos ejemplos que ya existen en España como la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Sevilla, la Clínica Jurídica de Acción Social de la Universidad de Salamanca, el Observatorio Vasco de Inmigración o el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones. 

6. Foros de debate sobre la inmigración

Pero la educación en este ámbito no debe centrarse únicamente en un sector concreto, como puede ser el profesional o el directamente interesado en la actualidad, sino que debe ampliarse. Esta propuesta, explica Rodríguez en conversación con este periódico, está íntimamente relacionada con la primera. Una vez más, argumenta, pretenden acercar la realidad migratoria a la sociedad, rellenando los huecos desinformados que pueden ser ocupados por informaciones falsas o interesadas.

Proponen, por tanto, la creación de "foros de debate que permitan al ciudadano de a pie conocer la situación de cerca y desarrollar su pensamiento crítico dejando a un lado los mitos o las ideas preconcebidas". No obstante, puede darse el problema de que quienes ya hayan basado su pensamiento en torno a la migración a través de mitos o ideas preconcebidas ya lleguen demasiado tarde a estos foros. 

La cultura española saca un 5 raspado. No parece gran cosa, pero es la primera vez en seis años que el sector aprueba el informe anual de la Fundación Alternativas. Solo en su primera edición, allá por 2011, el mundo de la cultura se puntuó a sí mismo con un 5,1. Y es la propia industria la que se toma la temperatura, ya que la encuesta se hace llegar a unos 300 agentes culturales, entre creadores, gestores y críticos, de entre los que han respondido un centenar. Patricia Corredor Llamas, la autora del informe que analiza este apartado, habla en el documento de un "aprobado sin alegrías", pero cierta alegría debe de haber, porque los expertos han otorgado a su propio campo tres décimas más que el último año (4,7) y seis décimas más que en 2017 (4,4), el peor de la serie.  

El informe de la Fundación Alternativas —think tank próximo al PSOE— ofrece unas calificaciones desiguales: algunas asignaturas obtienen mucha mejor nota que otras. Los encuestados otorgan un 7,5, la nota más alta, al uso de las nuevas redes por parte de los creadores para llegar al público, y en general el uso de las nuevas tecnologías y la innovación creativa obtienen las mejores calificaciones de la encuesta. Sin embargo, los expertos otorgan solo un 3 a la proyección exterior de las pymes —la inmensa mayoría de las empresas culturales— y un 3,1 a la justa remuneración de los artistas: en general, las relaciones con el exterior y los ingresos de creadores y empresas son los aspectos que peor puntúan. El ligero aumento del boletín de notas parece ser acorde, no obstante, con la tímida recuperación que reflejan las cifras de negocio. 

Los grandes números no permiten aún saltos de alegría. El informe señala que el sector generó el pasado año 693.000 puestos de trabajo, un ligero aumento con respecto a los 687.200 de 2017 pero una caída aún si se compara con 2008, cuando vivían de la cultura 706.300 personas. Las empresas sin embargo, son hoy más numerosas que hace una década (118.407 frente a 111.631), lo que genera una "atomización empresarial" creciente: las sociedades que emplean a más de 6 trabajadores no llegan al 7%. Si se miran las aportaciones públicas a la cultura, tampoco hay grandes alaracas: las administraciones dedicaron en 2016 4.800 millones de euros al sector, en sus distintas manifestaciones, un tercio menos de los 7.090 millones de 2008. 

Los municipios sostienen la cultura

Cuando se piensa en las políticas culturales públicas, vienen a la cabeza los grandes centros estatales: el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Centro Dramático Nacional, el Instituto de la Cinematografía... Pero atendiendo a las cifras habría que mirar hacia otro lado: a ese teatro municipal, a la biblioteca de barrio, a la muestra que se realiza todos los años en la casa de la cultura del pueblo. Porque las aportaciones del Estado no se reparten equitativamente: en 2016, la administración local ponía más de seis de cada diez euros públicos gastados en cultura, según cifras del Ministerio recogidas por el Informe del Estado de la Cultura. Por eso, el informe se dedica este año a analizar las políticas culturales de las administraciones locales, sus fortalezas y sus fragilidades. 

El primer punto de análisis sería, como suele suceder, el económico. Si en 2008 las administraciones locales cargaban con el 54% del gasto público, en 2016 eran responsables del 64%. ¿La razón? Los brutales recortes operados en el Estado central, que suprimió entre esos años el 38% de su financiación para cultura, y de las comunidades autónomas, que la redujeron a la mitad. Esto no significa que los municipios no sufrieran recortes, ya que entre 2008 y 2013 perdieron unos 1.300 milones de euros. Pero desde 2013 la cuantía que dedican a la cultura no ha dejado de crecer, de 2.500 a 3.500 millones, mientras que la de las demás administraciones solo ha acertado a mantenerse estable: el Estado central alcanzó en torno a los 675 millones de euros y las autonomías en torno a los 1.070 millones de euros.

Una carga demasiado pesada

Ese peso creciente "no es el reflejo de una mejora, sino de un deterioro de las políticas culturales en su conjunto" que ha conllevado "una redistribución interna de roles", como defiende el catedrático de Comunicación Audiovisual Ramón Zallo, autor de otra sección del informe. Así, se han producido a lo largo de la última década situaciones paradójicas, como que quien sostenga el grueso del ecosistema cultural sean unas administraciones cuyas competencias culturales están mucho menos definidas que las de sus hermanas mayores. "Si las administraciones locales se hubieran atenido al literal de la ley", explica el gestor cultural Luis Ben, "estarían ejerciendo prácticamente una competencia, la de la lectura pública a través del servicio de bibliotecas". A lo largo de la historia democrática, defiende, los ayuntamientos y diputaciones han ido expandiendo de facto sus campos de acción respondiendo "de manera vehemente a la petición que hace la ciudadanía de más y mejor cultura en sus calles y barrios". 

Las administraciones locales se han adaptado a la oscilación presupuestaria sobre todo en un campo: el de las inversiones, que en 2010 suponían el 26% de su presupuesto y en 2017, solo el 9%. "Este ajuste", explica el economista Pau Rausell Köster, "naturalmente viene forzado por las circunstancias de la crisis", pero también supone "el fin a un ciclo de cierta burbuja de equipamientos e inversiones culturales". Adiós al "efecto Guggenheim", tan criticado. Hay otro capítulo, el del gasto de personal, que llama igualmente la atención, porque pese a la recuperación de la inversión este ámbito a decrecido ligeramente. Puede ser, dice Köster, que se haya producido una "mejora de la eficiencia" de la plantilla, pero también es posible que se hayan "empeorado las condiciones laborales" con menos retribución o más carga de trabajo. 

Con unas administraciones centrales y autonómicas muy lejos de la recuperación, unas competencias poco claras y una plantilla "escasa" y "sobrecargada", ¿cómo pueden hacer frente los municipios a los desafíos que tienen por delante? No son pocos, porque no basta con tener "más" gasto público, defiende el informe, sino "mejor": dando paso a un modelo de "mayor transparencia y participación", para lo que sería necesaria una mayor colaboración entre municipios y unas "prácticas de gestión con mayor autonomía", poniendo coto a la vez al "historial de corrupción e irregularidades". ¿Es posible hacer eso sin más personal y sin instrumentos legales que lo permitan? La respuesta parece clara. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió a finales de 2016 que la recuperación económica en España había sido “impresionante”. Los datos macroeconómicos justifican esta afirmación: el Producto Interior Bruto (PIB) encadenó el año pasado 17 trimestres consecutivos de incrementos. Pero estos datos positivos no han llegado todavía a los hogares. Las alabanzas que llegan de organismos internacionales contrastan con los datos microeconómicos que reflejan, todavía, que los efectos de la crisis permanecen. Y lo hacen, sobre todo, en los bolsillos de los más desfavorecidos.

Esa crisis económica ha lastrado la economía de multitud de hogares españoles, aumentando la pobreza y, sobre todo, la desigualdad. De hecho, Oxfam Intermón denunció el pasado mes de enero que la recuperación de la que hizo gala el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y que es elogiada sin parar desde fuera de nuestras fronteras no es tal. Según la ONG, los ricos han salido favorecidos de la situación que azotó España desde 2008. Concretamente, la recuperación les ha favorecido cuatro veces más que a los pobres.

Esta es la misma idea que critica ahora la Fundación Alternativas, que publica este jueves su tercer informe sobre la desigualdad en España. “Volver a la senda de la recuperación económica debería ser garantía inequívoca de reducción de la desigualdad. No obstante, los datos que conocemos desde el fin de la crisis parecen desdecir el automatismo de este hipotético proceso”, concluyen. Afirman que la desigualdad en España es mayor que en el resto de Europa, que este hecho es preocupante y que el problema, además, se ha agravado con el paso del tiempo.

¿Por qué lo ha hecho? Porque a pesar de las consecuencias de la crisis económica, los ciudadanos españoles sufren de una desigualdad estructural que no depende directamente del ciclo económico. “Todo parece indicar que existen elementos de tipo estructural que hacen que en las etapas expansivas la desigualdad no se reduzca sustancialmente y que aumente muy rápidamente en las recesiones”, explica el informe. Y si no se actúa ya, será difícil revertir la situación. “Si no se abordan estos problemas será muy difícil que las diferencias de renta entre los hogares españoles se estrechen, incluso en un contexto en el que la economía recupere la senda del crecimiento y de creación de empleo”, advierten.

El 1% más rico ha más que duplicado su riqueza desde 2002

Los ricos son cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres. Pero es que, además, este último grupo no ha dejado de crecer en los últimos 12 años, según constata el informe. “Los pobres en términos de patrimonio son una inmensa mayoría, con una riqueza realmente baja”, recoge la Fundación Alternativas. Por contra, la concentración de la riqueza está en manos del 25% de la población con patrimonios más elevados, “y de forma concreta en el 1% de la población más rica”. “Este último 1% ha más que duplicado su patrimonio neto desde 2002”, añade el documento hecho público este jueves.

Precisamente, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este martes informa de que el 46,8% de los españoles califica de “regular” su situación económica, y lo que es peor, no cree que vaya a remontar de aquí a un año –el 63,6% contestó que espera que se mantenga igual–.

Además, según ha publicado este miércoles la Fundación FOESSA, vinculada a Cáritas, la exclusión social severa en España ha aumentado un 40% en los últimos 10 años y ya afecta a más de 4 millones de personas. Estas –las que declaran ingresos bajos o necesidades elevadas– renuncian a tratamientos cuidados y formaciones por la falta de recursos y la insuficiencia de los servicios públicos disponibles. 

La educación, la vida laboral y la salud, gérmenes de la desigualdad de género

Además de entre ricos y pobres, la desigualdad entre hombres y mujeres continúa presente en varios escenarios. La educación, la vida laboral o la sanidad continúan siendo ámbitos en los que la brecha de género, lejos de reducirse, sigue existiendo. Y eso que nuestro país se encuentra “en las posiciones altas en los principales ránkings de igualdad entre hombres y mujeres”. “Sus puntuaciones, obtenidas a partir de indicadores en distintas dimensiones, han mejorado indudablemente en los últimos años”, destaca el documento.

Pero aunque existan datos positivos, no hay motivos para el optimismo pleno. En lo que respecta a la educación, si bien gran parte de los indicadores más relevantes “como el nivel educativo logrado, la repetición de curso o las notas obtenidas son más favorables para las chicas”, estas continúan sufriendo los estereotipos que las alejan de los estudios relacionados con el ámbito de la ciencia donde, por tanto, la presencia femenina en el terreno laboral es mucho menor. “Sin necesidad de buscar igualar las preferencias, sí parece deseable tratar de eliminar obstáculos a la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas en el ámbito escolar”, detalla el informe.

Aun así, la brecha más importante aparece una vez terminada la etapa educativa. Tras el nacimiento del primer hijo, las mujeres tienden a interrumpir su vida laboral para dedicarse al cuidado de los menores. En algunos casos de forma exclusiva y en otros de forma parcial, compatibilizando estas tareas con empleos a jornada parcial. Pero estos, según la Fundación Alternativas, generan un problema. “Pueden estigmatizar a las mujeres como trabajadoras menos comprometidas y perpetuar la idea de que la crianza, o el cuidado en general, recaen de manera natural en las madres”.

Llegando a la tercera edad, la brecha ni mucho menos desaparece. Ellas viven más años que ellos, pero lo hacen con más dolencias en todas las fases del ciclo vital. “Si tomamos los datos agregados que se han ido describiendo en este capítulo, una mujer que viva en España unos 85 años se espera que lo haga desde aproximadamente los 74 años con alguna limitación seria a su salud”, explica el informe.

Niños y jóvenes pobres, adultos pobres

“Un país que se enfrenta a una crisis a menudo construye relatos sobre la batalla colectiva que libra para superarla”, explica el informe. Y el que se nos ha ofrecido en España ha incluido el modo en el que “la gente ha arrimado el hombro” y las familias “han socorrido a sus miembros más vulnerables”. ¿Quiénes son? Para la mayoría de españoles, los más mayores. Por eso, “puestos a elegir qué colectivo debería estar mejor protegido”, les priorizan a ellos.

Pero no debería ser así. Al menos, así lo entienden los autores del informe. Tal y como recuerdan, “la lucha contra la pobreza en el marco de los Estados de bienestar no ha sido tradicionalmente la lucha contra la pobreza infantil o juvenil”, sobre todo porque una niñez y una juventud con problemas económicos será una vida adulta llena de ellos.

“La adversidad en la infancia y en la juventud no sólo condena a los individuos a vivir bajo condiciones menos deseables de bienestar en una etapa decisiva de su vida. Es también un 'hándicap corrosivo' que, en sentido longitudinal, también afecta a su buen devenir como individuos”, explica el documento. Así, quienes han sufrido el desempleo en la juventud tienen más posibilidades de padecerlo en el futuro y quienes han tenido un puesto de trabajo intermitente pueden volver a salir del mercado laboral con mayor facilidad. “Ello puede cronificar situaciones de desventaja económica a lo largo de su vida, que se arrastren hasta la vejez”.

El entorno familiar, clave en la desigualdad educativa

A pesar de la necesidad de paliar la pobreza en la niñez y juventud, la tarea no es sencilla. Sobre todo, porque la educación y el nivel de estudios influyen enormemente, y estos factores dependen, en parte, del nivel socioeconómico y cultural de la familia de procedencia. “Las explicaciones sobre por qué ocurre la desigualdad educativa señalan tanto la importancia de la familia y sus estrategias de reproducción, que condicionan la capacidad y el aprovechamiento de los estudiantes, como la influencia de factores externos”, apunta el informe.

No obstante, aunque el nivel socioeconómico es el factor que más influye en el rendimiento educativo en el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (o informe PISA, por sus siglas en inglés), “su impacto es menor que en otros países”. Y esto se debe, fundamentalmente, a la universalización de la educación. Esta, según la Fundación Alternativas, “favorece especialmente a los estudiantes de bajo nivel socioeconómico, cuyo rendimiento mejora proporcionalmente a la duración del tiempo pasado en la escuela”.

Pero esta duración, medida a través de la tasa de abandono escolar temprano (AET), no invita al optimismo. España está a la cabeza de la Unión Europea, por encima de la media: el 19% frente al 10,7%. Aun así, el porcentaje ha mejorado en los últimos años. La apuesta de la organización es la “educación inclusiva, la atención a la diversidad y las políticas sociales que mejoren el bienestar de las familias de orígenes populares”.

Las personas en edad de trabajar, las que más han visto disminuir sus ingresos

La movilidad económica intrageneracional, por su parte, no soluciona los problemas de desigualdad. No lo hace porque, según observa el informe, las mejoras de los ingresos son menos frecuentes a partir de la crisis económica, sobre todo las que implican grandes ganancias, “evidenciándose un estancamiento en situaciones de menores ingresos”.

Pero es que, además, España es el país con mayor frecuencia en la pérdida de las ganancias, quizá debido a la mayor incidencia de la pérdida de empleo, una de las consecuencias más graves que trajo la crisis económica. La situación, además, no se resuelve mediante la redistribución de la riqueza, pues su funcionamiento no es adecuado “porque no ha incidido de manera prioritaria sobre los sectores más debilitados de la sociedad”.

De esta forma, los grupos que más han sufrido las consecuencias de la crisis han visto cómo han entrado en un “círculo vicioso del que es difícil salir sin ayuda”. Los más afectados, una vez más, han sido los jóvenes. Son los que sufren los peores ingresos –han sufrido la precarización del empleo y la bajada generalizada de salarios– y, además, la movilidad de los mismos es inferior. “El colectivo que ha visto más reducir su movilidad descendente son los individuos en edad de trabajar (de 25 a 65 años)”, detalla el informe.

La progresiva desaparición de las clases medias

Desde los años 70, la renta de las clases medias españolas creció de forma gradual hasta alcanzar casi dos tercios de la población total. Pero esto duró hasta el año 2008, cuando llegó la crisis económica. “En un margen temporal muy breve, se produjo un trasvase de población –uno de cada seis hogares– desde el grupo con rentas medias hacia el segmento con ingresos más bajos”, documenta el informe.

Concretamente, se calcula que fueron alrededor de tres millones de personas las que abandonaron esa clase media. Lo dijo en el año 2016 la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que detallaron que la causa del problema residía en que el 75% de la renta disponible de los hogares españoles procede del trabajo y éste, primero retrocedió y luego se precarizó.

Pero además existen desigualdades dentro de la propia clase media. Y una vez más, quienes salen favorecidos son los que, dentro de ese estrato, tienen las rentas más altas. 

La Fundación Alternativas presenta este miércoles en el Jardín Botánico de Madrid el Informe sobre Sostenibilidad en España 2017, que ha realizado con la colaboración de Ecoembes. En él, revisa la situación a nivel internacional de los principales indicadores sobre sostenibilidad ambiental de la Tierra y apremia a la acción para evitar más catástrofes relacionadas con el cambio climático y la acuciante escasez de recursos naturales, que afecta "con especial gravedad" a las regiones más vulnerables del globo. 

El informe repasa los últimos avances de la Unión Europea en la promoción de una economía circular y en la reducción de las emisiones, y analiza la sostenibilidad de los modos de vida de los europeos. En el caso español, el documento pone el foco en cinco grandes áreas imprescindibles para lograr el desarrollo sostenible del país: la economía circular, la política energética, la regeneración urbana, el turismo y la política española contra los incendios.

Esta última, de gran actualidad por el ya controlado incendio de Moguer (Huelva), sería fundamental para poner fin a la "lacra" que asola cada año a bosques que cubren "más del 40% de la superficie europea" y que constituyen uno de los ecosistemas "más valiosos del planeta". Su importancia, defienden, se debe a que "regulan el ciclo del agua, protegen el suelo, minimizan el riesgo de inundación, albergan la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra, representan uno de los principales sumideros mundiales de carbono y suponen una excelente oportunidad para el desarrollo rural".

Pero "la superficie de bosque ha aumentado más de un tercio desde 1900 en Europa", advierte el informe, a diferencia de la de las selvas tropicales de la Amazonia, Indonesia o la Cuenca del Congo. El cese de las actividades tradicionales de monte, la reducción de los campos de cultivos y del pastoreo y el despoblamiento rural han contribuido a esta "reconquista". 

Sin embargo, a pesar de este crecimiento, "el paisaje forestal europeo se encuentra profundamente alterado". Según Alternativas, la ausencia de gestión y planificación ha conducido a muchos bosques al abandono y, como consecuencia, ha provocado que hoy sufran "problemas de plagas y enfermedades, procesos erosivos y, en países del arco mediterráneo como Portugal, Grecia, Italia, España o sur de Francia, grandes incendios forestales". Además, el escrito avisa de que "si no se toman medias urgentes", con el cambio climático la situación "tenderá a agravarse".

Los incendios forestales no escapan al cambio climático

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha alertado de que los ecosistemas mediterráneos están "entre los más vulnerables del mundo" y sufrirán "impactos muy severos" sin una reducción drástica de la emisión de gases de efecto invernadero, según recoge el informe. 

El incremento de las temperaturas causará, así, "periodos más fuertes de sequías" y olas de calor extremas "más frecuentes y duraderas". Lo que sumado a la reducción estimada de los días con precipitaciones de un 25 por ciento ocasionará que la duración de la temporada de incendios sea mayor. "Si el aumento de temperatura global supera los 2°C, los días de riesgo de incendio se incrementarán en hasta seis semanas al año", prevén.

Esta situación supondrá un acrecentamiento de la sequedad del suelo, que someterá a la vegetación a "condiciones hídricas más severas", agudizando su inflamabilidad y combustibilidad y, por tanto, incrementando el riesgo a sufrir grandes incendios forestales (GIF) —más de 500 hectáreas— con "más frecuencia e intensidad".

No obstante, el documento afirma que "los posibles impactos del cambio climático sobre los bosques van mucho más allá" de este aumento. El crecimiento de las temperaturas, el descenso de las precipitaciones y los frecuentes episodios extremos "someterán que las masas forestales a fuertes situaciones de estrés". Su consecuente debilitamiento, "junto con una mayor incidencia de plagas y enfermedades", hará que muchos bosques sean sustituidos progresivamente "por otras especies mejor adaptadas a la aridez". Según las predicciones, "la mitad sur de la Península Ibérica entrará en una clara africanización y la mitad norte, se verá mediterranizada".

Grandes incendios forestales "más violentos e impactantes"

En las últimas décadas, la cifra de siniestros se ha reducido considerablemente —en el periodo 2006-2015, un 37% con respecto a la década anterior—. Lo mismo sucede con la superficie afectada por los mismos, al tiempo que la eficacia de los dispositivos de extinción ha progresado, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Sin embargo, el texto advierte de que "el problema de fondo no son los incendios en general, sino aquellos de alta intensidad y difícilmente controlables". Los avanzados sistemas de extinción actuales "no han logrado reducir el número de GIF (23 de media cada año)", lo que Alternativas considera un "claro síntoma del estado de vulnerabilidad de las masas forestales".  Aunque los GIF "apenas suponen un 0,12% del total", en ellos arde el 37% de la superficie que se quema anualmente.

Según la fundación, los grandes incendios no solo no decrecen, sino que cada vez son "más grandes, destructivos e imposibles de apagar". Así, en el último decenio, han incrementado su tamaño un 25 por ciento y en 2015 "fueron un 50% más grandes". El informe señala la peligrosidad de esta tendencia en el actual contexto de cambio climático, ya que se ha demostrado que "a más calor, más incendios, y más grandes".

El hombre, detrás del 96% de los incendios forestales

Ya sea por negligencia o de forma intencionada, "la mano del hombre está detrás del 96% de los incendios forestales", según refleja el informe, que atribuye en gran medida la elevada cifra al "arraigado y generalizado uso del fuego en el medio rural como herramienta de gestión para la regeneración de pastos o para la quema de restos agrícolas".

Asimismo, Alternativas considera que el elevado porcentaje de incendios intencionados evidencian la existencia de "importantes conflictos sociales y económicos en algunas regiones rurales". Concretamente, el documento expone que "el 55% de los siniestros son intencionados y en ellos se quema el 60% de la superficie forestal afectada". Las motivaciones principales de estos serían quemas agrícolas ilegales (43%) y quemas para la regeneración de pastos (26%). Pero se desconocen los motivos reales del 40 por ciento que llevaron a los causantes a originar el fuego.

Por otra parte, el riesgo de grandes incendios ha crecido por las "favorables condiciones que encuentran las llamas para propagarse en el monte". El abandono de actividades tradicionales en él y el despoblamiento rural han "incrementado considerablemente" su cantidad de biomasa, lo que hace que las llamas se propaguen a "mayor velocidad y virulencia", siendo más difícil el acceso y ataque por parte de los dispositivos de extinción.

Políticas "no suficientemente eficaces"

La Fundación Alternativas analiza las políticas de lucha contra los incendios y concluye que "evidencian no ser lo suficientemente eficaces para reducir las altas tasas de siniestralidad y para disminuir el impacto de los grandes incendios". Entre las razones que argumenta el informe destacan que no todas las comunidades autónomas hayan identificado las Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZARI) —como exige la Ley de Montes desde 2003— y los recortes en materia de prevención. 

Precisamente, Alternativas pone el foco en esta última, a la que considera fundamental para reducir el impacto de los incendios en España. "La clave está en cambiar el actual modelo de lucha contra los incendios, basado casi en exclusiva en un avanzado y eficaz dispositivo de extinción e invertir en prevención activa", expone.

Para ello, exige un "compromiso político serio y a largo plazo" centrado en la reducción de los siniestros,  ya que "evitar que se produzcan es mucho más barato, rentable y seguro que tener que apagarlos", y en disminuir el impacto de los GIF, mediante "políticas territoriales que hagan los paisajes menos vulnerables a las llamas".

¿Por qué el 13,8% de los que muestran cierto interés en visitar museos no lo ha hecho nunca? ¿Por qué el 44,1% lo ha hecho hace más de un año? Se lo pregunta Javier Callejo, profesor de la Sociología de la UNED, en uno de los ensayos centrales del Informe sobre el estado de la cultura en España 2017 realizado por la Fundación Alternativas. Este año el trabajo lleva por subtítulo Igualdad y diversidad en la era digital y sus conclusiones son poco halagüeñas: después de las ediciones de 2011, 2014 y 2016, esta se dedica a analizar las consecuencias de una década de crisis en el desarrollo cultural. No solo desde el lado de la industria, sino sobre todo desde el lado de los ciudadanos. Porque la respuesta a las cuestiones de arriba es sencilla: porque no puede. El 48,7% de los mayores de 14 años no asiste nunca o casi nunca a una manifestación cultural ni adquiere dispositivos para hacerlo en casa. Y lo dice Callejo: "Si la evitación de la exclusión de la cultura debiera ser una especie de grado cero de la política cultural en los países desarrollados, su existencia pone en evidencia tal política cultural".

Hay un "derecho de acceso a la cultura" que está reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas desde hace ya medio siglo, recuerda Inmaculada Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación en esta fundación afín al PSOE, un texto —el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales— del que España es signatario. "Conviene repasar y hacer balance de los efectos que ha provocado la crisis y cómo las reformas que se pusieron en marcha bajo su paraguas han afectado [a ese] derecho", escribe. Spoiler: mucho y mal. Bastaron cinco años, de 2009 a 2014, para que se revirtieran décadas de política cultural. Ha sido así al menos en lo económico: entre una y otra fecha, las administraciones españolas (centrales, autonómicas y locales) recortaron en un 66% su aporte total al sector —y esto incluye desde construcción de salas de teatro hasta campañas de fomento de la lectura en los pueblos—, pasando de 7.068 millones de euros, a 4.253.

Las Autonomías dejaron de dedicar a cultura casi mil millones de euros hasta 2014 (últimas cifras validadas), un 49% menos. Pero no lo hicieron de igual forma: las que más invertían recortaron menos (Euskadi, -4%) que las que ya dedicaban poco (Murcia, -74%). Las locales habían reducido sus aportaciones en un 36% (1.400 millones menos), siendo curiosamente las más resistentes de las tres. Y el Gobierno central retiró un 57% de su inversión. Los Presupuestos Generales de 2017 no traen buenas noticias: la cultura ha vuelto a caer un 0,7%. Estas cifras, defiende el informe, no son meros números en rojo, sino un síntoma de dejación de funciones de los distintos Gobiernos. La falta de inversión pública, defienden, no ha permitido contrarrestar la violencia de la crisis. Javier Callejo utiliza los datos de la Encuesta de hábitos y prácticas culturales del Ministerio para certificar que la falta de acceso de gran parte de los ciudadanos a la cultura no viene de una falta de interés, como se defiende a menudo, sino de lo que no duda en llamar "exclusión". O, en sus propias palabras, "la manifestación de falta de interés es hacer de la necesidad virtud o una expresión de que las uvas están verdes, cuando no se pueden alcanzar".

La diferencia entre el interés y la práctica señalada arriba se produce también en actividades más populares, como el cine, al que no ha asistido en el período de la muestra el 6,6% de los que demuestran un interés más alto en la encuesta (los que le dan un 10). "Podría señalarse a las condiciones para llevar a cabo la práctica de consumo cultural como la responsable de tal distancia", no duda en señalar. El menor desajuste entre ambos valores re produce en los libros, luego museos, cine, teatro... hasta llegar a la ópera y la zarzuela, que obtienen ratios cercanas al 60% entre los valores de máximo interés y máximo hábito. No es difícil deducir que estas últimas son las expresiones menos populares y más caras de la cultura. "Hay una parte de la sociedad que no llega o no puede llegar a ciertos consumos culturales, aun deseándolo", denuncia el profesor.

A esa porción la llama los "excluidos", que cifra —después de un análisis de distintas variables, como la asistencia a representaciones culturales y la compra de dispositivos de acceso a la cultura, como sería un reproductor DVD— en el 48,7% de la población mayor de 14 años. Es el grupo que más ve la televisión, una media de tres horas en los días laborables, frente al de los "integrados", que la ven una hora menos. Callejo se pregunta si los excluidos son unos "fóbicos" a la cultura, "explicación que, teniendo en cuenta que se trata de casi la mitad de los adultos, sería ya un tanto llamativa". Pues no: entre los excluidos, un 40,9% tiene interés en escuchar música; un 35,5%, en la lectura; un 38,3%, en el cine —aunque lo que mayor interés suscita son los toros, con un 51,1%, a los que tampoco acuden—...

¿El problema? El precio, "primer motivo señalado para abarcar la distancia que va desde el relativo alto interés a la relativa baja práctica". Es el único motivo que esgrimen para no acudir a los museos, el cine, el teatro o los conciertos de música actual —en actividades como la ópera o el circo esgrimen también "falta de tiempo", lo que envidenciaría también un menor interés—. La mayor parte de los excluidos son personas mayores con bajas titulaciones y sin hijos a su cargo, pero también hay jóvenes, parados y estudiantes. El autor no puede sino proponer cambios en las políticas de precios mediante "estrategias de fidelización" de los consumidores, poniendo como ejemplo al fútbol, que ha mantenido gran parte de sus socios pese a la crisis. Pero el IVA cultural al 21% es señalado también como una mala política de precios: "Los intentos de acallar al sector con la reducción al 10% del IVA de los espectáculos en vivo no serán suficientes, por ejemplo porque, una vez más, el cine se queda incomprensiblemente fuera", dice Ballesteros sobre la decisión del Gobierno de dejar su tasa al 21% mientras la de los espectáculos en vivo bajan. 

Hay otro lazo evidente entre la desinversión de las instituciones y la desigualdad de acceso: "Se hace necesaria la puesta en marcha de medidas positivas que hagan más asequible la oferta y permitan que se reconozcan los derechos culturales como parte integrante de los derechos humanos", exige Ballesteros. La Fundación denuncia también la falta de "estadísticas sobre las forzadas carencias culturales de las minorías más vulnerables". Pero sobre todo carga contra "desarticulación y derivas de las políticas públicas culturales durante los últimos cinco años", a la que caracteriza con un "retroceso del gasto público cultural a niveles de 2003, con desorientación absoluta de objetivos y estrategias, con medidas contradictorias incluso con el reino del mercado que oficialmente quería implantarse". El que ha contribuido a llevar al 48,7% de los mayores de 14 años a la exclusión cultural. 

Llama la atención que Francia haya invocado el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea (TUE) sabiendo todos como sabemos que la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) es casi una cáscara vacía como consecuencia de los obstáculos que buena parte de los países miembros han venido poniendo para impedir sus avances, pese a que todos esos países son conscientes de que sus modelos nacionales ya no sirven adecuadamente para atender éstas y otras situaciones de conflicto y de riesgo. Si esa inadecuación del modelo común y de los distintos modelos nacionales afecta por igual a todos los países de la UE no es menos cierto que presenta características propias en España dada la debilidad estructural de algunos de sus componentes esenciales a los que luego haré referencia.

2.- El Real Instituto Elcano lanzó recientemente un guante a los partidos políticos y a la sociedad publicando un documento que lleva por título Orientaciones sobre la política de Defensa en la próxima Legislatura, y, por apostilla, el de “Transition Paper”. La firma de Félix Arteaga acredita la calidad del contenido y su lectura es recomendable para todos aquellos que vayan a tener responsabilidades en la gobernación del país tras el 20-D o para aquellos otros que, sin pretender tenerlas, quieran conocer los contenidos básicos de la agenda que el futuro Gobierno de la Nación habrá de tener en cuenta en el campo de la Defensa. Recojo gustosamente el guante no sólo por tratarse de temas sobre los que venimos trabajando y emitiendo informes desde el Comité de Seguridad y Defensa de la Fundación Alternativas, sino también con la intención de ayudar a formar esa agenda y contribuir al objetivo final del documento.

3.- Pues bien, la tesis central del Informe que cito no es otra que la de acreditar que, pese al tiempo transcurrido y como consecuencia de varios factores, España no ha resuelto buena parte de los problemas estructurales que condicionan la correcta formulación de una Política de Defensa y que por consiguiente sería necesario en la próxima legislatura abandonar la tentación de seguir una senda puramente continuista para, muy al contrario, proceder de inmediato a las inevitables reformas que el autor juzga inaplazables, aunque, eso sí, siguiendo ya un patrón de innovación dirigido a cambiar el modelo existente. Coincido plenamente con la tesis de Arteaga y con el inventario de retos a los que hacemos frente, no así en el balance de la legislatura que se cierra ni tampoco en algunos enfoques y prioridades.

4.- Seguramente todos los que de una u otra manera nos relacionamos activamente con esta política sabemos que España tuvo que realizar durante estas pasadas décadas un gran esfuerzo para adaptar su Política de Defensa a los nuevos objetivos, transformar sus estructuras militares y obtener las capacidades necesarias para integrarse adecuadamente y en pie de igualdad en la dinámica de sus socios y aliados, dinámica que era tributaria y seguía adherida a los viejos conceptos y postulados procedentes de la Guerra Fría, del mundo bipolar y del papel de nuestro principal aliado, la Alianza Atlántica. Ese largo proceso de transformación se llevó a cabo en torno a tres grandes ejes: la profesionalización de sus estructuras y efectivos, la modernización de sus sistemas y capacidades y la adaptación de sus estrategias a los nuevos objetivos y misiones encomendadas. El balance es, sin duda, altamente positivo pero mal haríamos si no supiéramos reconocer que ese proceso no sólo tiene luces sino también algunas densas sombras relacionadas con elementos esenciales.

El problema ahora es que necesitamos iniciar un nuevo ciclo de adaptación a los nuevos escenarios a los que nuestra sociedad hace frente sin haber resuelto esos problemas estructurales, y además hemos de saber hacer ese esfuerzo en medio de fuertes restricciones financieras y presupuestarias que también afectan a nuestros socios de la UE y ralentizan aún más el proceso de construcción de la Política Común de Seguridad y Defensa, que es el ámbito que puede ayudar decisivamente a todos los países miembros a reformular sus estrategias, disponer de las capacidades que cada país en solitario ya no puede sostener y tener a nuestra disposición una capacidad de respuesta plenamente articulada y con alta capacidad operativa.

De un modo sintético pretendo referirme a algunos de los que a mi juicio son los problemas estructurales más relevantes: los enfoques estratégicos, el diseño institucional y de gobernanza, el esfuerzo de gasto necesario, los recursos y las capacidades militares, así como el respaldo social y los consensos básicos en torno a esta política.

5.- Pues bien, existe una coincidencia básica en los diferentes documentos con los que nuestros socios europeos analizan los contextos de la seguridad, hacen el inventario de los riesgos y amenazas que nos afectan así como sobre las respuestas que hay que articular. Nuestra Estrategia de Seguridad Nacional, las Directivas de Defensa Nacional, nuestra Ley de Seguridad Nacional, por citar algunos ejemplos, han seguido esa misma senda si bien, como es obvio, difieren en la focalización de esas amenazas teniendo muy en cuenta nuestra condición de país de frontera próximo a países que pueden devenir en estados fallidos y a zonas en las que el terrorismo tiene bases, o nuestra condición de país marítimo por lo que a los riesgos que afectan a la navegación por aguas próximas se refiere.

Sin menospreciar la importancia de esos riesgos es necesario no perder un enfoque estratégico más amplio. A mi juicio España debe elaborar e impulsar una Estrategia de Seguridad y Defensa focalizada prioritariamente en el desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE. Ese enfoque prioritario no es contradictorio con la necesidad de proteger nuestros intereses específicos sin estar subordinados a terceros y atender de forma singular aquellas áreas geográficas que pueden poner en riesgo nuestra seguridad explorando y creando relaciones bilaterales y multilaterales con aquellos socios y aliados con los que compartamos intereses y objetivos a ese respecto.

6.- Ahora bien, nadie puede ignorar que la construcción de la Política Común de Seguridad y Defensa va para largo, presenta un balance escaso y difícilmente avanzará en medio de unos países afectados por fuertes restricciones presupuestarias, graves diferencias de criterio y obsesionados por la hiperprotección de sus industrias y sus capacidades. Pero que la tarea sea compleja no debe servir de excusa para no abordarla.

7.- En todo caso, los países de la UE y dentro de ella España, desde la fortaleza que les proporciona avanzar en la construcción de esa Política Común, estarán en las mejores condiciones posibles para adoptar una perspectiva compartida e integrada con el objeto de promover activamente un multilateralismo eficaz para garantizar la paz y la seguridad internacional de modo que Europa pueda llegar a ser un actor global en la escena internacional, tener una capacidad real para operar en las misiones en las que deba intervenir y desarrollar conjuntamente todo su potencial industrial y tecnológico para disponer de autonomía y de superioridad en caso de conflicto.

8.- Todos sabemos que la existencia de un buen enfoque estratégico permite establecer los objetivos, determinar los recursos y capacidades necesarios para alcanzarlos y diseñar las estructuras más adecuadas para ello. Esas estructuras en el mundo de la Defensa son la resultante de un modelo de organización capaz de integrar en la cúspide y en los ápices de responsabilidad sistemas y organizaciones militares y civiles de forma coordinada, estructurada y eficiente. Sin embargo, debemos reconocer que nuestra organización militar se articula sobre un modelo convencional que ya no es el adecuado y resulta poco operativo para los nuevos escenarios de intervención. Se han dado muchos pasos para mejorarlo pero siempre con excesiva cautela. Por tanto, sigue siendo necesario saber rediseñar la estructura de fuerzas sobre los nuevos modelos que otras potencias ya vienen ensayando, mejorar la cadena de mando bajo y en torno al Jemad, crear la fuerza conjunta y reasignar las funciones propias de los distintos Cuarteles Generales, incluso mirando ya el futuro horizonte de la creación del Cuartel General Europeo de Operaciones como paso inexorable en el proceso de avance de la PCSD.

Del mismo modo, debemos reconocer que nuestra estructura de administración civil al servicio de la Política de Defensa es débil y escasa y no ejerce de un modo suficiente las responsabilidades que nominalmente le están asignadas. Esa carencia ha sido atendida históricamente con el apoyo de los recursos militares que se integran en la estructura política y administrativa pero el resultado de esa suma no es el correcto. La administración civil tiene que ocuparse no sólo de la política de personal o de la de los recursos y medios materiales sino de otras más complejas como los procesos de planificación y presupuestación, la gestión y el control de la contratación, la obtención rigurosa de los sistemas y capacidades militares, por citar algunos ejemplos. Dada la complejidad y especialidad de los temas se requiere una estructura civil más amplia y eficiente, formada y acreditada en ciertos conocimientos, con vocación de permanencia y carrera en ese departamento. En suma, no se propone otra cosa que seguir la senda que otros ya han recorrido con éxito y transformar el actual modelo de gestión en un ambicioso modelo de gobernanza basado en la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en sede parlamentaria, de modo tal que ayude a alinear mejor las metas con los recursos públicos puestos a disposición de esta política.

9.- Ahora bien, el modelo resultante del que venimos hablando ha de guardar estrecha relación con el esfuerzo de gasto que es posible sostener. Para abordar esta cuestión es necesario señalar que la Defensa es una política esencial del Estado pero también es una actividad económica con una importante repercusión sobre el gasto público y sobre la base industrial asociada a la misma que produce a su vez elevados retornos en forma de ingresos fiscales, empleo cualificado, comercio y transferencias de conocimiento. Podemos discutir tanto como sea necesario sobre el papel que la Defensa cumple o sobre sus objetivos pero, una vez establecido su papel no podemos negarle los medios necesarios para alcanzarlos porque sería hacernos trampas en el solitario. Los estudios al respecto demuestran que España nunca puso a disposición de esta Política los recursos financieros y presupuestarios necesarios. Esa dinámica vergonzante, inexplicable, ha ido obligando a los sucesivos gobiernos a elaborar el plan presupuestario de espaldas a la realidad. Nadie pretende caer en el absurdo de cambiar las prioridades del gasto especialmente en una etapa de crisis como la que aún seguimos atravesando. Pero debemos avanzar en una estrategia de eficiencia en el gasto asumiendo las consecuencias de la inexorable correlación entre los recursos que se asignan y los objetivos que con esos recursos se pueden cumplir, lo que en el estamento militar se llamaría el nivel de ambición.

De este modo, lejos de la visión incrementalista sostenida en el pasado habrá que adoptar una visión gradualista, ajustada a los objetivos y evaluable, aunque, eso sí, teniendo en cuenta el carácter plurianual de buena parte del gasto que le Defensa realiza. Por tanto, se debe lograr definir un marco de referencia presupuestaria de carácter plurianual, relacionado directamente con los objetivos y misiones encomendadas, basado en un nivel de suficiencia y adecuación a las necesidades reales. En paralelo y con el objeto de atender las necesidades futuras cuyo desarrollo requiere largos períodos de tiempo, será necesario articular una Ley de Modernización que, siguiendo el camino que ya recorren otros países, regule el acceso a la financiación extraordinaria para aquellos programas de obtención de sistemas y capacidades que sea necesario desarrollar en ciclos de medio y largo plazo. Finalmente, todo el conjunto ha de quedar sometido al análisis coste-eficacia, en una lógica de asignación de responsabilidades, bajo el impulso de una organización ad hoc y del escrutinio riguroso de la actividad parlamentaria.

10.- Ya hemos indicado que el proceso de transformación de las FFAA tuvo su corolario en la modernización de las capacidades y sistemas. En el dilema entre adquirir capacidades o desarrollarlas, España optó por la vía rápida de la adquisición y la participación en los programas multilaterales aunque sin peso específico ni tecnologías que aportar al diseño de las mismas. Esa dinámica no contribuyó a la definición de una política industrial y tecnológica propia asociada a nuestros intereses y a nuestros activos. Pero además, las obligaciones financieras contraídas en ese proceso dificultan hoy sobremanera la reordenación y la reorientación de nuestra política industrial y tecnológica así como nuestra participación en el proceso de generación de las nuevas e imprescindibles capacidades.

Cabe afirmar que esta dinámica ha sido un auténtico motor de cambios en las FAS y en la industria. Ahora bien, hay que volver a recordar que ese proceso de adquisición se sobredimensionó respecto de la capacidad financiera del gasto en defensa, priorizó costosos sistemas de armas convencionales poco adecuados a los nuevos riesgos y conflictos, sin dar la suficiente importancia a otros sistemas más eficientes que tuvieran por objetivo prioritario la seguridad y la capacidad operativa en los escenarios en los que realmente participamos, los riesgos que realmente padecemos y en demérito de otras capacidades tecnológicas que era necesario obtener.

Ya nadie puede discutir que es imprescindible sustituir el viejo modelo de adquisición de sistemas por un modelo de obtención de sistemas basado en programas propios de I+D+i y apoyado en las capacidades tecnológicas de nuestra propia base industrial, tecnológica y científica, sobre la base de una mejor planificación que priorice las capacidades realmente necesarias, las capacidades críticas y las nuevas capacidades que es necesario alcanzar. Y todo ello ha de saber hacerse en la lógica de una buena técnica contractual y un buen control financiero y de gestión de los programas. Todo ello ayudará a su vez al reposicionamiento de la base industrial y tecnológica de España.

11.- La industria de seguridad y defensa es un sector estratégico al servicio de la Defensa Nacional y del desarrollo global del país que genera productos, tecnologías y procesos aplicables a otros sectores productivos, contribuyendo a la reducción de los costes generales de nuestro país en el campo de la investigación y el desarrollo. Los países más avanzados de nuestro entorno consideran a la Base Industrial y Tecnológica (BIT) como una capacidad estratégica más, que les garantiza autonomía y soberanía. Por tanto, consolidar ese sector tiene una dimensión crítica tanto para la seguridad como para el impulso de la innovación. Pero la consolidación de una base industrial y tecnológica asociada a la defensa tiene múltiples requerimientos algunos de los cuales proceden del papel que debe cumplir para garantizar una superioridad tecnológica, mientras que otros tienen que ver con su eficiencia y competitividad.

La estrategia a seguir para reforzar el papel de nuestra BIT pasa por ajustar su tamaño, incentivarla y posicionarla sobre unas capacidades críticas y unos nichos de excelencia que promuevan capacidades tecnológicas de menor coste, más rápida producción, que sean realmente diferenciales, disruptivas, así como en el entorno de las tecnologías asociadas a las cibercapacidades. Pero, al tiempo, la industria debe de sentirse obligada a gestionar su propia senda de madurez y a reestructurar sus negocios llevando a cabo procesos de concentración e integración a través de la diversificación y el desarrollo de sistemas duales, propiciando acuerdos y alianzas de todo tipo con la industria de otros socios europeos, poniendo en valor sus potencialidades, compitiendo, exportando y alcanzando nuevos mercados.

En suma, se trata de transformar el actual entorno productivo asociado a la seguridad y la defensa en un entorno empresarial capaz de diseñar, producir y proporcionar sistemas intensivos en tecnologías avanzadas, favoreciendo la presencia de las PYMEs innovadoras. Por otro lado, se trata de promover desde el sector público los programas de I+D+i de naturaleza dual relacionados con las áreas de conocimiento avanzado en nuestro país y los nichos de excelencia tecnológica.

12.- Finalmente, debemos de volver a recordar que la defensa es una función esencial del Estado, un bien imprescindible para nuestra seguridad y para nuestra libertad como ciudadanos. Y es precisamente esta múltiple dimensión la que condiciona la necesidad de que la política de defensa cuente con el máximo respaldo social y parlamentario en tanto que política de Estado que garantiza nuestra soberanía y nuestra seguridad al tiempo que articula el compromiso de España con la defensa de la paz y la seguridad internacional y con el respeto a la legalidad internacional.

Ese respaldo social debe de tener en el Parlamento y en las Comisiones de Defensa su escenario más relevante ya que es allí donde se debe conseguir definir el enfoque estratégico, el modelo necesario así como rendir cuentas del uso de los recursos que se ponen a disposición de esta Política y de los resultados. El objetivo de esa nueva dinámica debe de ser el de disponer de un modelo propio más eficiente y más reducido, adecuado a sus capacidades y a sus compromisos, integrable en las estructuras de la PCSD, creíble, capacitado y apoyado por los ciudadanos como parte de nuestro proyecto colectivo. ____________________

Constantino Méndez Martínez

es presidente del Comité de Seguridad y Defensa de la Fundación Alternativas.

Pero ¿quién se beneficia más de ese gasto? La OCDE (informe Panorama de la Sociedad 2014, gráfico 1.18) sostiene que en España, la parte de gasto social destinada a familias relativamente acomodadas es superior a la de la mayoría de países de la UE. Eso es posible, entre otras cosas, porque sólo un 14,3% del total de gasto en protección social, según el Ministerio de Trabajo, está condicionado por los recursos del beneficiario.

En 2015, el presupuesto de gasto consolidado del Estado asciende a 440.000 millones de euros, un 4% más que este año. Del total, el destinado a gasto social se sitúa en 187.407 millones, un 0,7% más que en 2014. Con una previsión de crecimiento de la economía del 2%, pensiones, desempleo y pago de intereses de la deuda suponen la mayor parte del gasto.

El dedo en la llaga

Pero el informe de la OCDE pone el dedo en la llaga. Con datos de 2010, el último ejercicio que analiza la organización, las transferencias medias en metálico (suponen dos tercios de las transferencias totales), recibidas por las familias españolas con bajos ingresos –un tercio del total– suponen el 65% de las que reciben las familias con ingresos altos –el tercio superior–. Estas familias más acomodadas reciben un 15% más que la familia media.

Las cuentas de la Fundación Primero de Mayo sobre el problema son claras. "La prestación social media en metálico por habitante en 2010, según el Ministerio de Trabajo –asegura el director de la Fundación, Bruno Estrada–, estaba en 3.673 euros anuales, incluidas pensiones, atención sanitaria, invalidez, desempleo, etc".  Frente a esa cifra, según la información de la OCDE, explica Estrada, "las personas más ricas en España estarían recibiendo anualmente una media de 4.224 euros anuales, 1.464 euros más que la media que reciben las personas más pobres, una media de 2.755 euros al año". 

Esos datos explican por qué España es uno de los países europeos donde la pobreza se reduce menos después de que el Estado redistribuya los recursos de que dispone. "España", explica Estrada, "tenía en 2011 una tasa de pobreza antes de transferencias sociales del 35,9%; Francia, un 35,05%; Alemania, un 32,4%, y Finlandia, un 32,2%".

Tasa de pobreza

Pero mientras esos países consiguen reducir la tasa de pobreza en más de un 75% gracias a las transferencias sociales –Francia, hasta un 8%; Alemania, hasta un 8,7%, y Finlandia a un 6,6% de la población–, España sólo reduce la tasa de pobreza en algo más de la mitad, hasta un 15,1%. 

Ese paisaje de desequilibrio y de desigualdad en la redistribución de los recursos disponibles que dibuja la OCDE  lo encabeza Turquía, seguido de México, Italia, Grecia, Portugal y Luxemburgo. Inmediatamente después (puesto número 7 en el ránking de desigualdad) se sitúa España.

En el extremo opuesto, el de los países que con más justicia reparten los recursos comunes, se encuentran Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Holanda, Suecia, Suiza y Reino Unido.Reparto deesigual y educación

El reparto desigual de los recursos del Estado, que benefician más a las familias que menos lo necesitan, se debe en buena parte a la educación. Estudios como el realizado por la Fundación Alternativas destacan que frente al gasto sanitario, uno de los ejes del Estado del bienestar "progresivo y redistributivo", la progresividad y capacidad redistributiva de los gastos educativos "son ligeramente menores".

El informe sobre desigualdad de la fundación atribuye la distorsión que observa en el sistema educativo al efecto "de la financiación pública de los centros educativos privados, que tienen efectos regresivos en términos absolutos".

El resultado del panorama que refleja la OCDE es un aumento de la desigualdad que viene acompañado, según el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, "de una disminución de los recursos de protección social pública en su vertiente redistributiva y asistencial".

El informe de CáritasDesigualdad y derechos sociales considera alarmante la brecha que se ha abierto entre las personas empobrecidas y las personas con más posibilidades de acceder a los bienes y servicios –el 30% de los más favorecidos que examina la OCDE en su estudio–. Según datos del informe, los ingresos medios de las personas más ricas de España es siete veces superior al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Y desde el comienzo de la crisis, esta diferencia se ha incrementado en un 30%.Más pobres desde 2007

No es un problema exclusivo de España. La OCDE afirma que la pobreza ha aumentado en muchos países desde 2007, eliminando la mayor parte de las mejoras en los niveles de vida alcanzados por los hogares de bajos ingresos en los 20 años previos a la crisis. La proporción de personas con menos de la mitad del ingreso medio real vigente en el año 2005 se elevó, por ejemplo, en 15 puntos porcentuales en Grecia, y en 8 puntos en Irlanda y España.

Los datos manejados por la OCDE confirman que los jóvenes y los niños están sustituyendo a los ancianos como el grupo con mayor riesgo de pobreza. En 2011, por primera vez desde que se recogen estos datos en la OCDE, las personas de entre 66 y 75 años se enfrentaron a un riesgo de pobreza un 25% menor que la media de la población y la más baja entre todos los grupos.

El deterioro de las expectativas para jóvenes y menores está relacionado con los recortes salariales aplicados en las políticas de ajuste y devaluación interna en los países más afectados por la crisis. Cáritas puso cifras: los ingresos medios de las personas más ricas de España es siete veces superior al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Y desde el comienzo de la crisis, esta diferencia se ha incrementado en un 30%.

Nuestra democracia se ha deteriorado y existe una ruptura cada vez mayor entre la ciudadanía y lo que se conoce como élite política. Es una de las conclusiones que se puede extraer del Informe sobre la Democracia en España 2014 (IDE 2014), presentado este miércoles y elaborado por la Fundación Alternativas con la colaboración de una docena de expertos entre la que se encuentran sociólogos, periodistas, politólogos o economistas.

Democracia sin política es el subtítulo de esta octava edición del IDE que, en 251 páginas, analiza el estado de instituciones, grupos políticos y sociales y la reacción de todos estos ante una situación de crisis sin precedentes en la historia reciente del país. El informe presenta las tres “heridas sin curar” de la democracia española: una crisis económica que ha dejado unas secuelas de gran profundidad y duración, una deriva política en la que se pone en cuestión mucho de lo conseguido en las últimas décadas y un deterioro institucional acentuado.

“La ruptura progresiva entre la ciudadanía y la élite tiene dos causas fundamentales”, explicó Belén Barreiro, directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas y miembro del consejo asesor del IDE. “Por un lado están los ciudadanos que no se sienten representados en un sistema democrático que les ignora”, continuó. Así, la sociedad percibe que el camino que se está tomando no es hacia la igualdad y que no se está contando con ellos en las decisiones que de verdad importan.

“Además, se está produciendo un deterioro de la política por crisis institucionales específicas”, aseguró Barreiro. Estás crisis serían por ejemplo la de la monarquía o la propia corrupción de los cargos públicos y la percepción que se tiene de ella. Sin embargo, frente a esto, según Barreiro, “lejos de volverse apática, la gente ha buscado respuestas por sí misma. Rompe el vínculo con las élites y se vuelve solidaria y activa”. Esto se demuestra en que las encuestas reflejan que los españoles tienen más interés por la política, hablan más de estos temas, consumen más información o asisten a más manifestaciones.

El Gobierno, ganando tiempo

Uno de los capítulos del informe se centra en el análisis de las medidas llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy. Javier Gómez de Agüero pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y se ha encargado del desarrollo de este epígrafe, que desgrana las políticas del Ejecutivo. Según explicó, el Gobierno se encuentra en una “etapa puente”. El año 2012 fue el de los ajustes; el 2013 –el analizado en el informe–, el de las reformas; el 2014 sería el de la recuperación; y en el 2015 alcanzaría la meta: la salida de la crisis y el crecimiento económico.

Gómez aseguró que del informe se deduce que el Gobierno juega con dos bazas, dos instrumentos que utiliza desde las últimas elecciones generales. Por un lado, se encuentran las medidas ideológicas (Ley Wert, reforma del Código Penal, ley de Seguridad Ciudadana o reforma de la ley del Aborto). “Estas medidas permiten al Gobierno afinar. Si me paso de un lado, puedo utilizar esta medida para corregir. Si creo que estoy perdiendo apoyo de mi electorado más ideologizado, la refuerzo”, explicóó Gómez.

Por otro lado está la política de comunicación. El Ejecutivo adolecía de “infraexposición” durante los primeros semestres de mandato ante los medios de comunicación. Sin embargo, “a partir de mediados de 2013, con el final de la parte más dura del caso Bárcenas, empieza a salir con la idea de que ya está aquí la recuperación. Ese es el momento en el que el Gobierno sí quiere salir”, concluyó el experto.

Los ciudadanos como oposición

El papel de la oposición política se ha modificado de 2012 a 2013. El doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid Ignacio Urquizu explicó que “antes, cuando hablábamos de la oposición, nos referíamos al principal partido y casi todo el protagonismo lo tenía él y ahora hemos empezado a ver que la oposición está poblada de más factores. Hay también partidos pequeños, partidos de oposición, que cada vez aumentan más. Y luego tenemos a los ciudadanos, que también están haciendo oposición al Gobierno en las calles”.

Esta conclusión se respalda con los datos del número de manifestaciones que hubo en España en el año analizado, 2013, que es de 44.750 (unas 120 protestas al día). “Un dato espectacular”, sostuvo Urquizu, muy similar al de 2012, pero mucho mayor que el de los años anteriores, por lo que, según añadió el autor, se puede hablar de “una sociedad muy movilizada, que protesta mucho más y que ha tomado la calle”.

En el capítulo de la oposición política al Gobierno, cabe destacar el hecho de que, según las investigaciones realizadas para elaborar el Informe Sobre la Democracia en España, este es el único país de su entorno en el que la oposición (el PSOE) no recoge la pérdida de apoyos electorales del Gobierno (el PP). “España es el único país de los que estudiamos en el que el Gobierno y la oposición pierden al mismo tiempo apoyos”, sentenció el sociólogo.

Mientras tanto, partidos como Izquierda Unida o UPyD “no acaban de acaparar ese desgaste”, dijo Urquizu para acabar poniendo sobre la mesa el hecho de que, según el propio barómetro del CIS, “existe en los últimos tiempos una nueva mayoría social” que abarca al menos al 50% del electorado y que son los que, preguntados por su intención de voto, no saben, no contestan, votan nulo o en blanco, o directamente se abstienen.

EL IDE 2014 analiza también otros aspectos como la brecha democrática de la Unión Europea, la monarquía, las alternativas económicas, la corrupción, el impacto de la crisis o el incipiente desafío soberanista catalán para acabar concluyendo que en la democracia española “cada vez quedan menos espacios saludables y la tendencia es descendente en casi todas las áreas”.

Las prestaciones y subsidios de desempleo inhiben la búsqueda de empleo y la aceptación de ofertas de trabajo. Un parado de larga duración –lleva más de un año sin trabajar– tiene un 85% menos de probabilidades de acceder a un empleo que si está cobrando una prestación o un subsidio. Al menos ésa es la conclusión de un estudio elaborado por Sara de la Rica y Brindusa Anghel para la Fundación Alternativas. Ambas, además, son investigadoras de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), en cuyo patronato están representados los mayores bancos y empresas de España.

De la Rica dejó claro que prestaciones contributivas y subsidios asistenciales son “imprescindibles” para que los trabajadores mantengan su renta cuando se quedan en el paro, pero también aseguró que, si son demasiado “generosos” o se prolongan demasiado en el tiempo “desincentivan” al parado en la búsqueda de empleo. “Tienen menos prisa por salir del paro y son más selectivos con las ofertas de trabajo”, explicó.

Aunque igualmente ocurre que los empleos accesibles “son de tan baja calidad y con sueldos tan bajos” que los parados prefieren seguir cobrando la prestación. Según sus cálculos, de 100 parados de larga duración que encuentran empleo, 95 no cobran un subsidio.

Rediseño de las políticas de formación

De ahí que la propuesta de las dos economistas sea ligar el cobro de estas prestaciones a la formación, que consideran un elemento imprescindible para abandonar las filas del paro crónico. “La reforma laboral no ha tocado las políticas activas de empleo”políticas activas de empleo, se quejó De la Rica en la presentación del estudio. En concreto, cree necesario dar “vuelta al calcetín” de estos programas, mediante una colaboración más ágil entre las agencias públicas y privadas de empleo, el diseño de planes de formación específicos para parados mayores de 45 años y el impulso a la Formación Profesional dual, vinculada a las empresas, para los menores de 25 años.

A su juicio, los cursos de formación que ofrecen la patronal y los sindicatos son “obsoletos” la patronal y los sindicatosy no han sido “ni actualizados ni evaluados”, por lo que José Fernández Albertos, investigador del CSIC y responsable de los documentos económicos de Laboratorio de Alternativas, reclamó “políticas imaginativas” para combatir el paro de larga duración. Por ejemplo, complementar el sueldo si éste es inferior al subsidio que cobra el parado. “Cuanto más larga sea la crisis, mayores serán las cicatrices que irá dejando en el mercado laboral, como ya ocurrió con las heridas que causó en España una crisis tan larga y profunda como la sufrida en los años 70”, explicó Fernández Albertos en alusión al paro crónico.

En cualquier caso, no sólo los subsidios son vistos en este estudio como causas del paro de larga duración. También los “altos costes de despido” y las elevadas cotizaciones a la Seguridad Social son consideradas inhibidoras de la contratación por parte de los empresarios. De ahí que De la Rica repitiera la defensa del contrato único, con indemnización inicialmente igual a la del contrato temporal pero creciente con la antigüedad, del que ha hecho bandera FEDEA. Además, el estudio asegura que los altos costes laborales, consecuencia de las elevadas cotizaciones a la Seguridad Social, fomenta que los parados de larga duración terminen trabajando en la economía sumergida al tiempo que perciben el subsidio.La enorme cicatriz del paro crónico

Según la última Encuesta de la Población Activa, en España ya hay 3,65 millones de parados de larga duración. Sólo en los dos últimos años han crecido en 827.400 personas. Es decir, más de la mitad de los desempleados –5,93 millones llevan más de un año sin trabajar. Y de ellos, 2,4 millones –el 66,6%– llevan más de dos. El estudio de la Fundación Alternativas calcula que desde 2007 este paro crónico se ha multiplicado por siete. Por razones cíclicas –el estallido de la burbuja, la crisis subsiguiente– pero también por razones estructurales. Además de las ya citadas sobre el subsidio y los costes de despido y laborales, De la Rica y Anghel mencionan dos desajustes: el existente entre las habilidades profesionales de los trabajadores y las competencias que demandan las empresas, por un lado, y el geográfico, entre los lugares de residencia de los asalariados y las zonas donde se generan más empleos.

Centrándose en el detalle, además, resulta que ser mujer aumenta la probabilidad de caer en el paro crónico en un 27%. Ser mayor de 45 años la aumenta en un 50% respecto a los menores de 30 años y un 30% respecto a quienes tienen entre 30 y 45. Tener educación universitaria, a su vez, reduce un 70% la probabilidad de ser parado de larga duración respecto a la educación primaria y un 36% respecto a la secundaria. Si el desempleado procede de la construcción, tiene un 72% más de probabilidades. Y si es autónomo, el doble que un trabajador no cualificado.

Los votantes que en 2011 tenían un trabajo estable y votaron al PP volverán a votar al PP aunque se hayan quedado en paro. Y lo mismo ocurre con los simpatizantes del PSOE, Izquierda Unida o cualquier otro partido. ¿El motivo? Quedarse en paro no modifica el sentido del voto de un individuo. Es la principal conclusión de un informe hecho público este martes por la Fundación Alternativas, que subraya que perder el puesto de trabajo no altera el partido al que se vota en las generales.

El análisis parte de hasta cuatro posibles hipótesis: que los desempleados emitan un voto de castigo hacia las fuerzas que han ocupado el Gobierno, que esto únicamente ocurra en el caso de los electores de izquierdas, que los parados apoyen masivamente al partido con reputación de ser más competente para hacer frente a ese problema concreto o bien que opten en general por una mayor abstención, repartida por igual entre todas las fuerzas.

De todas estas posibilidades, sólo la última se confirma: salvo en 1993 y 2000, los parados se abstienen tradicionalmente más que los ocupados. El margen va de los 6 puntos porcentuales en 1986, 2004 y 2008 hasta los 12,5 en 1979. Por el contrario, del estudio de los resultados electorales no se desprenden indicios de que estar en paro afecte al sentido del voto. El informe afirma en este sentido que "apenas aparecen diferencias" entre parados y ocupados a la hora de votar al partido del gobierno o a la oposición.

O individualistas o tendencia al fatalismo

En esa misma línea, tampoco aparecen diferencias entre electores de izquierdas y derechas. Incluso a igualdad de ideología, agrega el estudio, "las preferencias partidistas de los parados siguen siendo indistinguibles de las de los ocupados". Ni siquiera entre los electores claramente de izquierdas se aprecia correlación entre la experiencia de desempleo y la alteración del sentido del voto. El desplome del PSOE en 2011, por ejemplo, se explica por la abstención de los parados y no por su huida hacia otras fuerzas.

Finalmente, el documento trata de dilucidar por qué los nuevos parados vuelven a confiar en el mismo partido durante cuyo mandato se quedaron en la calle. Los expertos creen bien que los desempleados podrían no considerar al Gobierno responsable –algo que se vincula con ideas individualistas y con la desconfianza hacia el poder de la política de influir en la marcha de la economía–, bien que el paro conduce al fatalismo y al desánimo, por lo que desincentiva la posibilidad de usar el voto para buscar soluciones políticas.

España es el país europeo que más incrementó el gasto público en cultura durante los diez primeros años del siglo XXI. Sin embargo, a partir de 2011, se observan descensos significativos que en algunos casos –como el de la Secretaría de Estado de Cultura– alcanzan cuotas del 50% de recorte en los presupuestos. En lo que se refiere al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la reducción global de financiación es del 48,1% entre 2009 y 2013.

Estos datos se desprende del informe La financiación de las artes y de la cultura en el contexto europeo que han publicado la Fundación Alternativas y la Fundación SGAE y que analiza las diferentes posibilidades que ofrece la situación económica de España y Europa para desarrollar la cultura.

"La crisis de la cultura tiene dos períodos", explica Arturo Rubio, investigador de la Universidad Nebrija y coautor del informe. "En 2007 se alcanzó el techo de inversión, tanto en Europa como en España, y desde ahí hasta 2011 existió un leve descenso. Es a partir de ese año cuando esta bajada fue mucho más significativa".

Según explica el autor, en el continente europeo existe una disparidad evidente entre los países en materia de financiación de la cultura: "En el norte y en el centro de Europa las tasas e indicadores son más estables y el gasto per cápita es mucho mayor". Rubio cree que la política cultural en nuestro país es "ineficaz con respecto a los nuevos retos que se plantean", que son, por ejemplo, la propiedad intelectual, la digitalización o las descargas ilegales.

El informe señala que España es uno de los países donde la crisis ha tenido mayores efectos negativos y la propia política cultural y el modelo de organización territorial en el que se asentaba la relación entre las diversas manifestaciones culturales se han visto afectadas negativamente por la coyuntura económica. 

Países como Austria, Dinamarca y Finlandia son presentados como casos "de buenas prácticas culturales" por satisfacer las necesidades básicas de la cultura, gestionar adecuadamente el patrimonio y lograr sus objetivos sociopolíticos. En estos países, el gasto estatal es el mayoritario, mientras que en España –con los números de 2010– se observa cómo el gasto público es mayormente local y en menor media regional y estatal.

Soluciones: priorizar y regular

En este contexto, en el informe se propone a la Administración española racionalizar y dar prioridad en el gasto público a las actividades "de mayor valor e impacto social". De este modo, insta a redefinir los bienes y los criterios de apoyo a éstos planificando objetivos entre los usuarios y los promotores, así como creando organismos independientes de la Administración que evalúen las políticas culturales. Los objetivos serían fomentar la identidad, difundir las artes, descentralizar la actividad cultural y fomentar la diversidad. 

También insiste en fomentar la implicación de la ciudadanía en la cultura –"no es sólo consumir, también participar", sostiene el autor– y reformular la regulación fiscal y de mercado. "El IVA cultural debe ser similar a los países de su entorno"El IVA cultural, recoge el texto. La regularización pasaría además por articular un proceso deliberativo sobre los derechos de autor que converja con una legislación a nivel europeo.

"Las descargas ilegales son una cuestión de ética y de regulación. No estamos educados en el consumo cultural responsable", opina el autor. En esta misma línea se pronuncia también Antonio Onetti, presidente de la Fundación SGAE, preguntado por la afluencia aparente de público en las salas de cine cuando los precios son más bajos: "No es un tema económico, es educación". En todo caso, el informe propone estudiar la creación de tarifas planas culturales "con un precio adecuado mensual" como una alternativa legal.

Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, saca en claro del dossier que "hay que apostar por un modelo público de cultura" y, en este sentido, "el mecenazgo puede ser complementario, nunca sustitutorio". 

El Gobierno lleva meses asegurando que la recuperación económica ya ha comenzado. Tanto en España como en el extranjero, los miembros del Ejecutivo y el propio presidente Mariano Rajoy han afirmado que la situación ya ha tocado fondo y que a partir de ahora tan sólo puede mejorar. Pero más allá del debate sobre si la recuperación ha comenzado o no, cabe analizar la situación en la que ha quedado España después de seis años de crisis. Los informes de diversos colectivos destacan que el aumento de la pobreza y la desigualdad tiene un papel protagonista.

Una de las organizaciones que más claramente se expresa en este sentido es Cáritas, que en octubre de 2013 lanzó su octavo informe del Observatorio de la Realidad Social encabezándolo con un elocuente título: Emprobrecimiento y desigualdad social. El aumento de la fractura social en una sociedad vulnerable que se empobrece. El contenido del documento es igual de esclarecedor, ya que en su misma introducción la ONG alerta de que "más allá de la coyuntura de la crisis" se está consolidando "una nueva estructura social donde crece la espiral de la escasez y el espacio de la vulnerabilidad".

En este sentido, Cáritas ofrece datos demoledores y asegura que tres millones de personas –el doble que al inicio de la crisis, según destaca la organización– viven en una situación de "pobreza severa", es decir, con menos de 307 euros mensuales. Y el Estado, tal y como denuncia la ONG, no cubre "necesidades básicas" de estos ciudadanos –la alimentación, los gastos relativos a la vivienda o la ropa y el calzado–; de hecho, según Cáritas, la restricción de las "condiciones de acceso a derechos como la sanidad, la educación los servicios sociales y la dependencia" han agravado "la desprotección social de las personas y familias más vulnerables".

"Aquellas personas cuya situación les impide cubrir por sus propios medios estas necesidades están obligadas a acudir a la familia o a entidades sociales de carácter privado en busca de ayuda", explica Cáritas, que informa de que desde que se inició la crisis el número de personas a las que atiende se ha triplicado hasta alcanzar 1.300.000 y alerta de que existe el riesgo que el apoyo familiar se vea desbordado. "El empeoramiento de la situación económica (debido al paro o al endeudamiento), el agotamiento emocional y la pérdida de la vivienda son los factores más críticos" en este sentido, señala la ONG.

Pero no sólo las personas en paro son incapaces de mantener un mínimo nivel de vida. Según el Informe anual sobre la situación social en España que hizo público hace unos días la Fundación Primero de Mayo, vinculada a CCOO, en España en el año 2012 el 12,3% de las personas que trabajaban vivía por debajo del umbral de la pobreza, lo que supone que nuestro país sea el tercero de la UE en el que más personas sufren esta situación. Y si existe un gran número de ciudadanos que viven por debajo del umbral de la pobreza aún teniendo trabajo, los datos son todavía menos alentadores desde un punto de vista general, ya que la fundación también informa de que un 28,2% de los ciudadanos de nuestro país viven en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que en términos absolutos suponen 13 millones de personas.

Hacia un modelo caracterizado por la brecha social

Y el empobrecimiento va a más, ya que Cáritas señala que "nos aproximamos a un modelo social darwinista –anglosajón–, con pocos ganadores y muchos perdedores". ¿Su primera consecuencia? "La configuración de un empleo dual entre unos pruestos de trabajo más o menos estables y bien remunerados y otros puestos de trabajo más frágiles [...], con condiciones laborales y salariales precarizadas". En este sentido, la organización avisa de que los trabajadores precarios "se encontrarán al final de sus carreras con cotizaciones bajas e irregulares al sistema de Seguridad Social que condicionarán la existencia de exiguas pensiones por jubilación".

De igual forma, la ONG señala que como resultado de este paso a un modelo de sociedad "dual y fracturada" se está produciendo "el recorte progresivo de los derechos que nos igualaban como ciudadanos y que cumplían una función social de redistribución de la riqueza", como sanidad, educación y servicios sociales, así como la aparición de un "comportamiento contracíclico de la desigualdad en la renta", unas diferencias que aumentan en etapas de recesión pero que no se reducen en época de bonanza. El problema, según Cáritas, "viene gestándose desde los años ochenta en Europa y Estados Unidos".

En este último extremo abundan otras organizaciones, como la Fundación Alternativas –vinculada al PSOE–, que en suPrimer informe sobre la desigualdad en España, relativo a 2013, afirma que el último análisis de la OCDE "sobre la evolución de la desigualdad en los países desarrollados, publicado en 2011, concluye que la mayoría de los países experimentaron aumentos de la desigualdad durante las décadas previas al inicio de la crisis". No obstante, en el caso concreto de España, la fundación asegura que "contrariamente a otros países europeos, no se experimentó un gran aumento de la desigualdad en los últimos años del siglo XX", manteniéndose estable este parámetro.

Pero esta tendencia se ha invertido al llegar la crisis económica. Según Alternativas, "la ralentización de la actividad económica y el vertiginoso aumento del desempleo dieron lugar al mayor aumento de la desigualdad desde que se dispone de información anual sobre los ingresos de los hogares". La consecuencia, según la fundación, ha sido la ampliación de la brecha entre los hogares más ricos y los más pobres, de los cuales se explica en el informe que han sido "los que han visto más mermados sus recursos".

España, con Gracia, Letonia, Rumanía o Bulgaria

No obstante, explica Alternativas, esto no tendría por qué ser necesariamente así, ya que "la desigualdad puede tanto aumentar como disminuir a causa de una recesión", en base a parámetros como el mercado de trabajo y el nivel de protección social que facilite el Estado. Y España no sale bien parada en este sentido, ya que la organización alerta de que "en el medio plazo, cabe esperar que el alargamiento de la recesión y las políticas de recortes desarrolladas no hagan sino agravar estas tendencias" de aumento de la desigualdad.

La Fundación Primero de Mayo también señala el aumento drástico de la desigualdad en España. Los datos son demoledores: el coeficiente de Gini –la tasa que mide el nivel de desigualdad– aumentó en España entre 2011 y 2012, y no precisamente de forma discreta: el incremento ha supuesto que nuestro país se haya convertido en el segundo más desigual de la UE, tras Letonia. "Entre los países con una mayor desigualdad de rentas puede destacarse países como Grecia, Portugal, España o Letonia. Mientras que entre los que existe una menor desigualdad se encuentran Eslovenia, República Checa, Suecia, Eslovaquia o Países Bajos", ejemplifica el informe.

Ahondando en este mismo concepto, el informe de la fundación también analiza la proporción entre la cantidad de ingresos que tiene el 20% de la población más rica de cada país con respecto a los ingresos del 20% más pobre. Y los resultados tampoco son alentadores para España, ya que mientras en Europa los más ricos cobran de media cinco veces más que los más pobres, en España la cifra aumenta hasta las siete veces, lo que convierte al país en el Estado miembro "donde se produce la mayor desigualdad de ingresos entre ricos y pobres". En la cabeza de este ranking, junto a España, se encuentran países como Grecia, Letonia, Rumanía o Bulgaria.

El riesgo de perder "tres generaciones de bienestar"

Pero estas dos no son las únicas entidades que pronostican un futuro poco alentador para España. Hace pocos días, Oxfam publicaba un durísimo informe titulado Gobernar para las élites: secuestro democrático y desigualdad económica, en cuyo anexo sobre el caso español se afirmaba que el país "se encuentra en el punto en el que rectifica [en sus políticas económicas] o pierde tres generaciones de bienestar, derechos sociales y democracia, para convertirse en una sociedad dual de ricos y pobres". Por lo pronto, según denuncia la ONG, España ya es el segundo país más desigual de Europa, tan sólo por detrás de Letonia.

Oxfam ya publicó el pasado septiembre otro informe bajo el título El verdadero coste de la austeridad y la desigualdad, en el que alertaba de que, si en el año 2012 el porcentaje de ciudadanos que vivía en riesgo de pobreza o exclusión social en España era del 25%, de continuar con las políticas económicas de austeridad el 42% de la población –20 millones de personas– estaría en esta situación en el año 2025. "España no está rectificando los abusos de su sistema financiero [que ha tenido desde el inicio de la crisis casi 59.000 millones de euros de beneficios] ni haciendo que rindan cuentas quienes acabaron con los ahorros y planes de vida de miles de familias", concluía este informe.

De igual forma, la ONG alertaba de que "en el nuevo equilibro de poder, la participación de los ciudadanos en las políticas públicas se está restringiendo de forma acelerada y el poder del Gobierno se está cediendo a los mercados [...]. A medida que se despliegan las medidas de austeridad, España tiene cada vez más probabilidades de volverse un país más pobre y desigual, con menos derechos sociales y con una democracia más débil. Este panorama se hará realidad si los argumentos financieros continúan poniéndose por delante de los sociales y políticos".

"Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas. La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo o rechazar los sacrificios y renunciar a todo". Mariano Rajoy dijo esto mismo en el pleno del Congreso el 11 de julio de 2012, cuando anunció un hachazo brutal al Estado del bienestar. Una frase suficientemente elocuente  que, en el fondo, delata que la democracia "está cada vez más intervenida", más sometida a los intereses de quienes no son elegidos. La duda que emerge es hasta qué punto los recortes sin fin pueden ser compatibles con la democracia. La pregunta aflora como una de las conclusiones del Informe sobre la democracia en España 2013, editado por la Fundación Alternativas y elaborado con la participación de numerosos expertos. "Las políticas económicas actuales no son democráticamente sostenibles", sentenció este miércoles, 12 de junio, en la presentación del estudio a la prensa la socióloga y expresidenta del CIS Belén Barreiro, directora del Laboratorio de Alternativas. Políticas que están dejando como segundo rastro una "sociedad más dual, desigual y dividida", por la mayor "extensión e intensidad de la pobreza". 

El subtítulo del informe de 2013, de 258 páginas, ya lo dice todo: Un gran salto hacia atrás. La salud de la democracia española se ha deteriorado progresivamente desde 2008 –cuando la fundación, próxima al PSOE, lanzó el primer anuario–, pero en en el último año la nota ha caído drásticamente. Del 6,2 que recibía el sistema en 2008 ha bajado ahora hasta el 5,2. Un punto exacto, pero seis décimas de desplome corresponden a la erosión vivida en los últimos 12 meses.

¿En qué se traduce ese agrietamiento de la democracia? Primero, en una mayor desigualdad y fractura social. "La crisis no tiene los mismos costes para todos", ya que los hogares "más vulnerables son los más castigados", prologó Barreiro. Luis Ayala, otro de los autores del estudio, explicó por qué la crisis está produciendo una "desigualdad sin precedentes". España, dijo, está siendo ahora más débil porque "no se redujeron" los niveles de desigualdad en los tiempos de bonanza, no se aplicaron políticas redistributivas. E, indudablemente, ha influido de forma determinante la "explosión del desempleo" y la mayor repercusión del paro en los cabezas de familia, un hecho "muy preocupante" que no se reprodujo en anteriores recesiones. También han contribuido, siguió Ayala, los "cambios rápidos en la estructura salarial", el derrumbe de los sueldos. Dicho de otro modo, "lo que más reduce" las distancias sociales son "pensiones, IRPF, sanidad y educación, justo los pilares que se están tocando". 

El resultado es que España es hoy uno de los tres países con mayor índice de desigualdad, sólo superado por Bulgaria y Letonia. "Ni siquiera en los países rescatados, como Grecia o Irlanda, ha crecido tanto". Las rentas medias se han visto tocadas y las bajas, se han hundido, mientras las altas "han seguido creciendo por encima de la media". Así, aumenta el riesgo de exclusión social de muchos hogares. 

La perspectiva, según Ayala, es muy negra, porque es previsible que los índices de desigualdad y pobreza se mantengan en el tiempo, pese a la recuperación, igual que no se aprovecharon los buenos tiempos para suturar la brecha social. "El futuro que nos espera es un retorno al pasado, con indicadores de desigualdad que no veíamos desde hace dos o tres décadas". 

El euroescepticismo engorda

Segunda conclusión. "Aumento del euroescepticismo", la extensión de las "críticas a las políticas de austeridad y déficit democrático de la Unión Europea". La sensación aquilatada entre los ciudadanos de que "no son dueños de su propio destino", señaló Barreiro. Y de ahí la constatación, defendió, de que la democracia está cada día más "intervenida", de que "las elecciones no son el intrumento útil que deberían ser". Y no lo son, argumentó, porque el PSOE fue arrasado del Gobierno principalmente por aplicar políticas de austeridad a partir de 2010 y porque el PP, que prometió que no habría más recortes, ni más corrupción, ni menos diálogo, al final está haciendo justo lo contrario en el Gobierno. 

"Las políticas no deben ser sostenibles sólo en términos económicos, sino también en términos democráticos, que tengan un mínimo respaldo ciudadano. Porque lo contrario aumenta la desafección. ¿Hasta qué punto se pueden hacer políticas no democráticamente sostenibles?", razonó Barreiro. En el informe se explica bien esta idea: cómo el "descontento popular con las políticas de austeridad y con el orden político que las sostiene" ha seguido en aumento, pero no ha bastado para alterar de forma "notable" estas políticas, ni las formas "poco democráticas" con las que han continuado "imponiendo". La "sostenibilidad política en el medio y largo plazo" de estas políticas, esgrime el informe, es más que dudosa. 

Ignacio Urquizu, Belén Barreiro y Luis Ayala, este miércoles en la presentación del 'Informe sobre la democracia 2013', en la sede de la Fundación Alternativas | ROBERTO VILLALÓN

¿Por qué? Hay que atender a la respuesta de la calle, señalaron los ponentes, y ahí reside una de las grandes "fortalezas", un "rayo" de optimismo. "La sociedad no está dormida, los ciudadanos no son indiferentes". En España, recordó el sociólogo de la Complutense Ignacio Urquizu, otro de los autores del informe, hay "más interés por la política", y los ciudadanos se movilizan más (36.000 manifestaciones en 2012, casi 100 al día, casi el doble que el año anterior, el triple si se compara con 2006). Sin embargo, no hay estallido social. "Pero a medio plazo, cuando España se recupere y los ciudadanos no tengan miedo, reclamarán que las políticas económicas tengan base democrática", auguró Barreiro. ¿No antes? "¿La protesta le quita el sueño a Mariano Rajoy? Lo dudo. ¿Efectos reales? Ninguno. Es sano que los ciudadanos protesten, pero si el voto no sirve y las manifestaciones siguen siendo pacíficas. No sé de qué porcentaje tendríamos que hablar para que se retrocediera en estas políticas? Si hubiera manifestaciones del 70%, es posible que se cambiase". Claro que todo dependería, reconoció, de que llegase "la gota que colma el vaso", una chispa que finalmente hiciese prender la llama. "Y sí hay condiciones para que el fuego se produzca". 

Tercera conclusión: las heridas en la democracia están dejando una sociedad "políticamente huérfana", en la que "uno de cada dos electores no sabe a quién votar", un dato insólito en la democracia española. Barreiro apuntó a un dato repetido en las encuestas: la crisis del bipartidismo y la valoración "negativa" de Gobierno y oposición, que se acompaña de un "cierto crecimiento de los partidos pequeños, crecimiento que no es enorme". Se puede hablar así de la "crisis de la propia democracia". "España se encuentra 17 puntos por encima de la media europea de insatisfacción con el sistema", analizó la expresidenta del CIS. Para Urquizu, la crisis política "va más allá de la puramente económica", porque comprende la profunda corrupción, los recortes, la distancia entre representantes y representados, el "ataque" a los derechos económicos y sociales y los sindicatos... La crisis se extiende, además, a otras instituciones, como a las comunidades autónomas. En ese sentido, Barreiro y Urquizuresaltaron la "polarización" de las posiciones respecto al Estado autonómico, el crecimiento en los extremos, en los independentistas y en los centralistas. 

"Erosión" en España y en Europa

Urquizu amplió la parte más política de la exposición. Explicó que la "erosión democrática", la percepción que ciudadanos y expertos tienen de que el poder económico "condiciona más que nunca antes" la política, tiene una doble dimensión. En España, se ve en la forma de gobernar de Mariano Rajoy, "sin debate y sin contar con la oposición", a golpe de real decreto ley (29 aprobados en los 12 primeros meses de legislatura). En Europa, destaca la "intromisión" de la UE en asuntos que no le competen, como cuando el Banco Central Europeo (BCE), una institución no elegida democráticamente, remitió una carta a Madrid y Roma para dar "órdenes" sobre pensiones, sanidad o la reforma de la Constitución. "Europa ha ido más allá de lo que tenía que hacer". Asimismo, la cantinela de que "no hay alternativa daña mucho la democracia". 

En ese escenario, ¿beneficia o perjudica la firma de pactos? Los ponentes convinieron en que depende del contenido. "Si hay un resultado positivo para España, beneficiará; si por el contrario resulta un suicidio para el país, será nefasto para PSOE y PP", resumió Barreiro. 

Belén Barreiro, este miércoles, 12 de junio, en la presentación del 'Informe sobre la democracia en España 2013', en la sede de la Fundación Alternativas, en Madrid | ROBERTO VILLALÓN

Se preguntó a los ponentes por qué apenas aparecía la monarquía en el informe, justo cuando su crisis es más profunda. Barreiro reconoció la carencia, que se debe al proceso de producción del informe, que comienza un año antes de su publicación. Así, para el estudio de 2014 se prevé incorporar un epígrafe específico sobre la Corona. Barreiro, como ya manifestó en abril a infoLibre, señaló que el deterioro de la institución se venía gestando hace años, por la mayor desvinculación de los sectores jóvenes que contagiaron a las generaciones mayores. El estallido de la corrupción con toda crudeza por el caso Urdangarin ha "acelerado" la evolución a la baja, una caída a la que la Zarzuela ha reaccionado de forma "poco estratégica". 

El liderazgo de Rubalcaba

En la presentación del informe, mucho se discutió sobre el retroceso del bipartidismo y las posibilidades electorales de las fuerzas minoritarias, como IU y UPyD. Una araña más del PSOE, y la otra, en la actualidad, del PP, aunque depende de la comunidad. Urquizu y Barreiro apuntaron que aunque están creciendo, y así lo indican todas las encuestas, no han llegado a "canalizar todo el descontento", porque "la gente los percibe como más de lo mismo". "¿Partidos pequeños liderados por personas de más de 60 años... ¿en qué medida dan una imagen de renovación y frescura?", inquirió la expresidenta del CIS. Barreiro advirtió de que "no hay que descartar" que se pueda formar una nueva formación, liderada bien por un dirigente conocido "tipo Miguel Ángel Revilla", expresidente de Cantabria, o por plataformas sociales. Un Beppe Grillo a la española, vamos. También cupo la pregunta sobre el estado del liderazgo del PSOE. La directora del Laboratorio Alternativas calificó de "escandaloso" el bajo porcentaje de apoyo a Alfredo Pérez Rubalcaba. El profesor de la Complutense coincidió, aunque sostuvo que un candidato bueno "aporta unos dos o tres puntos" de intención de voto al partido. El efecto de un líder potente es, sobre todo, la oxigenación de su partido, la influencia de su impronta y su forma de entender el poder en la marca. 

Por la tarde, el estudio se presentó en sociedad, en la Feria del Libro de Madrid, y contó como todos los años con la intervención de Felipe González. Él también se refirió a la crisis de las dos grandes formaciones. El patriarca socialista pidió a su partido y al PP que se pongan las pilas para recuperar la confianza de los ciudadanos. "El bipartidismo es malísimo, pero cuando lo liquidemos, dentro de unos años lo volveremos a reclamar, siempre y cuando los partidos espabilen", avisó. Su diagnóstico se resume con un titular simple: "PP tocado, PSOE hundido", informa Europa Press.

Pulla de González a Aznar

Así que ofertó recetas, escuchadas entre otros dirigentes socialistas por Carme Chacón: que las primarias se introduzcan "por ley y con obligación para todos los partidos" o "estimular la movilidad social a través de las redes" para convertirla en un "activismo que influya en las decisiones del poder". 

Una última frase, de González, y en este caso sobre su antecesor, José María Aznar, que no para de cantarle las cuarenta al Gobierno de Rajoy: alertó sobre la posible aparición de movimientos populistas, opciones demagógicas o nacionalismos excluyentes o xenófobos que den soluciones mágicas o bien "salvadores de la patria", informa Efe. "Algunos se ofrecen ya por ahí", deslizó, en abierta crítica a Aznar, aunque sin citarlo.