El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a la capital iraní y reabra la embajada, que fue cerrada temporalmente el 7 de marzo por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, que empezaron el 28 de febrero, según informa EFE.

Albares, en declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, ha explicado que toma esta decisión ante el paréntesis de dos semanas de alto el fuego que han acordado Estados Unidos e Irán y con el fin de que "desde todos los vectores" impulsen ese esfuerzo por la paz.

"Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día", ha dicho el ministro.

La Embajada de España en Irán fue evacuada el 7 de marzo ante los bombardeos y después de facilitar la salida de todos los españoles residentes en ese país que así lo desearon. En estos momentos, hay unos 130 nacionales que han decidido permanecer en el país.

Además, Albares habló el miércoles con su homólogo iraní para trasladarle el apoyo de España a la mediación de Pakistán en la guerra y pedirle que se involucre "decididamente" en consolidar el alto el fuego y cesen los ataques a los países del Golfo.

Albares, que ha dado cuenta de esta conversación en declaraciones a la prensa, ha señalado también que al titular de Exteriores iraní le solicitó además que "ejerza toda la influencia sobre los distintos grupos chiitas de la región para que también detengan los ataques". E igualmente, que se garantice "lo antes posible" el paso libre y seguro de cualquier barco de cualquier nacionalidad por el Estrecho de Ormuz.

Sobre el frágil acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado el miércoles entre Estados Unidos e Irán, el ministro ha señalado que es "impensable" que un alto el fuego que se consolide no incluya el cese de los ataques a Líbano, ha subrayado después de los intensos bombardeos israelíes que según Irán violan el acuerdo alcanzado.

Según ha dicho, solo estos dos países conocen exactamente los términos del alto el fuego, pero, a su juicio, Líbano tiene que estar: "Lo que está ocurriendo en Líbano es una auténtica vergüenza para la conciencia de toda la humanidad".

Precisamente, el día en que se abría "un rayo de esperanza" con este alto el fuego de dos semanas, Israel desencadenaba "el ataque más brutal" desde que empezó la ofensiva en Líbano", recordando que su gobierno estaba comprometido con el desarrollo del país y el desarme de Hezbolá.

Argelia ha sido durante las últimas dos décadas el principal proveedor de gas natural de España, y el Gobierno aspira a que esta relación se estreche para capear la crisis energética. Sin embargo, parece que no va a poder garantizarse un suministro mucho mayor del actual porque la tubería que une los dos países ya funciona prácticamente al 100% de su capacidad. Una segunda opción es incrementar las compras de gas licuado por barco (conocido como GNL), pero Argelia tiene la mayor parte comprometido con otros compradores. A esto se suma que Italia, que ha perdido su suministro de Catar, busca desesperadamente comprar más combustible al país norteafricano.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, visitó esta semana el país norteafricano en un encuentro que llevaba meses programado, pero que ha ganado un enorme protagonismo por la crisis energética derivada de la guerra en el Golfo. Tras reunirse con el presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, y con el ministro de Hidrocarburos, Mohamed Arkab, Albares dijo este jueves que “Argelia es un suministrador de gas fiable y constante con el que tenemos una larga tradición de suministros que queremos profundizar y renovar”.

De la reunión salió el compromiso de llevar a pleno rendimiento la tubería Medgaz, que conecta ambos países a través del Mediterráneo y que tiene capacidad para mover 10.000 millones de metros cúbicos de gas al año (o 10 bcm, en la jerga del sector), una cuarta parte de las importaciones anuales de gas de España. En realidad, el gasoducto lleva operando prácticamente al 100% de su capacidad desde enero de 2026, un ritmo no visto en la última década y un 10% superior al año pasado.

Por mucho que el Medgaz funcione a pleno rendimiento, España necesita mucho más combustible en los próximos nueve meses. El mercado global de gas licuado acaba de perder el 20% de su suministro diario por el cierre del Estrecho de Ormuz. A esto se suma que el 31 de diciembre de este año, todos los países europeos deben dejar de importar gas ruso. España importó el año pasado de Rusia el 11,4% de su gas, y de Catar, el 3%.

Ese déficit difícilmente se compensará con nuevas importaciones de Argelia. Con la conexión Medgaz ya a pleno rendimiento, la única solución está en los barcos metaneros, un negocio que Argelia explota, pero donde hay poco margen de crecimiento. Fuentes del Ministerio de Exteriores señalan, de hecho, que esta vía comercial no ha estado sobre la mesa en la visita del ministro Albares.

El año pasado España importó por barco 1,9 bcm de gas natural de Argelia, según datos de Kpler, una empresa de seguimiento de metaneros, lo que equivale al 20% de lo que España recibió por tubería de ese país. El problema es que las compras de GNL dependen de acuerdos que hay que negociar continuamente en un mercado abierto y global (el conocido como mercado spot), de manera que cualquier país dispuesto a pagar más por ese combustible se puede hacer con el cargamento. A esto se suma que Argelia ya tiene acuerdos a largo plazo para vender GNL a Turquía, Francia e Italia. Según Gonzalo Escribano, experto en Energía del Real Instituto Elcano, de los 14,5 bcm de GNL que Argelia vendió en 2024, solo 4,5 bcm fueron en spot.

Los expertos tampoco creen que Argelia vaya a incrementar su producción de gas natural a corto plazo, porque es un país que históricamente ha tenido muchos problemas para mejorar su infraestructura gasista, pese a ser una potencia energética global. "El gas argelino lleva muchos años siendo una decepción. No creemos que los flujos de gas argelino vayan a aumentar de forma significativa a corto plazo", opina Andreas Schroeder, director de Análisis Energético de ICIS, una consultora energética.

Alun Davis, investigador principal de gas en Europa de la consultora S&P, también ve otras piedras en el camino. Primero, que la demanda de gas de su propia población está creciendo rápidamente y se ha comido el escueto incremento de producción que ha logrado tener desde 2020, por lo que cada vez tiene más dificultades para exportar. Segundo, que en este momento los precios del GNL en el mercado spot de Asia son más elevados que en Europa, de manera que ahora tiene un incentivo mayor para vender su gas a Asia antes que a España.

A estos problemas se suma la enorme presión y competencia que ejerce Italia. Este país importó el año pasado el 32% de su gas licuado desde Catar, un país que no va a poder exportar GNL en varios meses por los bombardeos de Irán. De hecho, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó este miércoles Argelia con el mismo objetivo que Albares.

Italia lleva cuatro años mejor posicionada que España para adquirir gas argelino tras la fuerte disputa diplomática que se produjo entre Argel y Madrid alrededor del Sáhara Occidental. El conflicto ha quedado enterrado esta semana gracias a la visita del ministro español de Exteriores, pero el daño sobre el sector energético se mantiene. Aquel choque supuso el cierre del gasoducto Argelia-Marruecos-España, una segunda conexión entre la Península Ibérica y Argelia que tenía una capacidad de exportación similar a Medgaz.

Tras esa ruptura, parte de los envíos cancelados se redirigieron hacia Italia, que cuenta con una tubería con Argelia (TransMed) cuatro veces mayor que la española, capaz de enviar anualmente 39 bcm de gas natural. A través de ese gasoducto se enviaron el año pasado 20,2 bcm de gas, según Energy Intelligence, de manera que Italia podría incrementar un 100% esas importaciones sin recurrir a barcos metaneros.

Alun Davis opina que esa ventaja es crucial en la carrera entre España e Italia por el gas argelino. "Dado que Italia es, en esencia, el único mercado con capacidad de importación disponible a través del gasoducto desde Argelia, y que los precios del mercado italiano suelen ser más altos que los españoles, cabría esperar que Italia se beneficiara de cualquier posible aumento de las exportaciones que Argelia pudiera generar", valora el experto.

Schroeder, analista de ICIS, advierte también de que aunque Italia y España sean socios, no se puede esperar que los dos países vayan a cooperar en estas conversaciones. "Italia se enfrenta a una escasez de gas porque es el país europeo más dependiente de Catar. Tendrá que asegurarse de garantizar los volúmenes de suministro a corto plazo y su prioridad no será ayudar a sus vecinos ni a otros países de la UE en momentos de crisis", opina.

No obstante, la agencia Bloomberg asegura que la visita de Meloni tuvo un resultado limitado. Sonatrach, la compañía gasista nacional de Argelia, comunicó a Italia que si quiere comprar más GNL tendrá que hacerlo en el mercado spot, pagando el sobreprecio que tiene ese combustible sobre el que se vende en contratos a largo plazo. 

La presidenta de la Comisión Europea ha justificado este lunes los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán. No es la primera vez que Ursula von der Leyen respalda una embestida militar contraria al derecho internacional. En 2023, tras los ataques de Hamás en Israel que dieron origen al supuesto genocidio perpetrado por ese Estado contra los gazatíes que investiga la Corte Internacional de Justicia –el tribunal de la ONU– la mandataria europea trasladó unilateralmente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el respaldo de la UE a cualquier respuesta israelí a esos atentados, en una actuación muy criticada entonces. Este lunes, la presidenta del Ejecutivo europeo ha animado a Europa a dejar de ser "guardiana del viejo orden mundial". "Siempre defendimos y defenderemos el sistema basado en normas [...] pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses".

Con esas polémicas declaraciones, muy criticadas, la presidenta viene a plantear que la UE se debe dotar de nuevos mecanismos que le permitan actuar en un mundo multipolar en el que las grandes potencias parecen haber abandonado los principios y objetivos de Naciones Unidas. Un nuevo sistema global en el que EEUU ataca unilateralmente Venezuela o Irán en guerras de agresión como la que también mantiene desde hace cuatro años Rusia con su invasión de Ucrania. O Israel causando en Gaza, un territorio administrado por Tel Aviv, una masacre de más de 70.000 palestinos, entre ellos decenas de miles de niños y mujeres, con desplazamientos forzosos de decenas de miles de personas y hambrunas, sin el mínimo respeto por el derecho internacional humanitario.

Conseguir lo que plantea Von der Leyen –poder escaparse del corsé del derecho internacional en la relación con socios como Washington– no es una tarea fácil. Porque la totalidad del complejo normativo europeo está informado por el sistema y los valores de Naciones Unidas. Y a un nivel cuasiconstitucional. Su tratado constitutivo, el Tratado de la Unión Europea (TUE), se refiere hasta en seis ocasiones a Naciones Unidas y su Carta, los principios y objetivos de la organización global surgida tras la Segunda Guerra Mundial, y los adopta como propios. Introducir cierto margen a la unilateralidad de la Unión Europea, como parece sugerir la presidenta de la Comisión, implicaría una reforma en profundidad del armazón jurídico comunitario en la que los Veintisiete tendrían que ponerse de acuerdo.

La primera alusión al viejo "orden de normas" al que se refiere Von der Leyen y que contienen los tratados se encuentra en el artículo 3 del TUE. En su apartado cinco se establece que el respeto a la Carta de Naciones Unidas y al desarrollo del Derecho Internacional serán dos de los principios que impulsaran las relaciones de la Unión "con el resto del mundo". Ese mismo artículo recoge algunos de los valores que consagra esa Carta, como la paz, la seguridad, el respeto mutuo entre los pueblos y la protección de los derechos humanos –"especialmente los del niño"-. Con ese instrumento de la ONU en la mano, guerras de agresión como la de Irán o la de Ucrania son de todo punto ilegales y contrarias al derecho internacional, y hay consenso entre los juristas expertos en la materia.

Es el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas el que prohíbe a sus miembros "recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas", es decir, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Las dos únicas excepciones a esa obligación son hacerlo con el respaldo del Consejo de Seguridad, o en uso del derecho de "legítima defensa individual o colectiva" de cada Estado. En este último caso, las represalias adoptadas deben ponerse inmediatamente en conocimiento de ese órgano de la ONU.

La Carta vuelve a aparecer en el Título V del tratado de la UE, el que regula la acción exterior de la Unión y la política exterior y de seguridad común. El respeto a los principios que refleja ese texto de Naciones Unidas también se contiene en el artículo 21.1, al igual que otros que coinciden en parte con los de la ONU, como la promoción de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, la dignidad humana y los principios de igualdad y solidaridad. Ese mismo artículo vuelve a referirse a ella al expresar entre las finalidades de su política exterior "mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, conforme a los propósitos y principios" de esa carta.

El tratado fundador de las Naciones Unidas también limita las operaciones militares en las que puede actuar la UE en su conjunto. "La Unión podrá recurrir a dichos medios [civiles y militares] en misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, conforme a los principios de la Carta de Naciones Unidas", establece el artículo 42.1 del TUE. Así pues, una hipotética acción militar europea en el exterior de su territorio solo podría ampararse en el Derecho Internacional y perseguir sus fines pacíficos y de garantía de ese "sistema de normas", en el que ha dejado de confiar Von der Leyen.

El sistema jurídico de la organización internacional global también aparece en el artículo del tratado europeo que establece la cláusula de ayuda mutua en caso de agresión exterior a un miembro de la Unión. "Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas". Este último artículo, el que permite la legítima defensa como un "derecho inmanente" de cada Estado, es el que amparó el envío por el Gobierno de una fragata española a Chipre tras los ataques con drones iraníes en una de las bases británicas situadas en su territorio.

El TUE contiene una sexta referencia al sistema de Naciones Unidas, pero no para regular su acción exterior o de defensa, sino como una obligación interna de sus miembros en la organización mundial. Se encuentra en el artículo 34.2 y obliga a cualquier miembro europeo del Consejo de Seguridad de la ONU –a Francia, como único miembro permanente, pero también a cualquier otro que forme parte de forma rotatoria– a "concertarse entre sí" e informar "al resto de los Estados miembros y al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad". Los miembros europeos de ese organismo de Naciones Unidas deben defender en ese foro "las posiciones e intereses de la Unión".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viaja ​este martes a Ucrania, en el cuarto aniversario del inicio de la agresión rusa, para reiterar el apoyo de España a la soberanía y la integridad territorial de aquel país, según informa EFE. 

Según ha informado Exteriores, la visita de Albares quiere trasladar a Ucrania la solidaridad del Gobierno y del pueblo español y reiterar su firme apoyo en un contexto marcado por los continuos ataques rusos contra zonas urbanas, infraestructuras civiles y el sistema energético ucraniano.

En esta quinta visita del ministro a Ucrania desde 2022, el programa incluye su participación en actos conmemorativos del aniversario, así como un encuentro con su homólogo, Andrii Sybiha, tras la reunión mantenida recientemente en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Exteriores subraya que la visita se produce en un momento especialmente relevante, marcado por los esfuerzos diplomáticos en favor de una paz justa y duradera y por la necesidad de mantener el respaldo internacional ante la prolongación del conflicto.

Recuerda además que, desde el inicio de la guerra, España ha proporcionado ayuda militar, financiera y humanitaria; ha reafirmado su compromiso con la reconstrucción de Ucrania y su integración en la Unión Europea; ha defendido la rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional y ha desplegado una intensa acción diplomática en organizaciones internacionales, foros multilaterales y ante terceros países.

España forma parte del grupo G5+, junto a los principales países europeos y el Reino Unido, que celebró en 2025 una reunión de alto nivel en Madrid, recuerda, y señala que en el ámbito energético y humanitario, España mantiene su compromiso con la población ucraniana, especialmente ante un invierno particularmente duro. En materia de defensa, España continúa prestando apoyo, como demuestra el reciente paquete de asistencia en defensa aérea, y ha sido en 2025 el octavo mayor contribuyente de ayuda militar y el cuarto en adiestramiento y formación.

Asimismo, Exteriores pone de relieve que durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2023 se iniciaron formalmente las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE y que desde 2022 España ha concedido protección temporal a 240.000 ciudadanos ucranianos, que se suman a los más de 115.000 ya residentes en nuestro país antes del inicio de la guerra.

El Gobierno enviará ayuda humanitaria por un importe de un millón de euros en alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, para paliar las necesidades del "pueblo hermano cubano", ante el endurecimiento del embargo de Estados Unidos a Cuba, según informa EFE.

Así lo asegura el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un audio grabado y difundido a los medios de comunicación, un día después de la reunión que mantuvo en Madrid con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez. "Ante el endurecimiento del embargo a Cuba y para paliar las necesidades del pueblo hermano cubano, España da una respuesta de emergencia", que se canalizará a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), ha explicado el ministro.

En concreto, anuncia que van a destinar un millón de euros en alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, a través del programa mundial de alimentos y de la Organización Panamericana de la salud. 

Albares subraya que España "está siempre junto a todos los pueblos hermanos de América Latina" y, en este caso, con las necesidades de Cuba, y "mucho más este año" en el que, recuerda, se va a celebrar en noviembre la Cumbre Iberoamericana en Madrid. En este punto, el jefe de la diplomacia española añade que el Gobierno español quiere impulsar ese acompañamiento "a todos los pueblos hermanos de América Latina".

El Gobierno ha ordenado la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid y de otro diplomático de ese país en "estricta reciprocidad" por la "injusta expulsión" del embajador de España en Managua y de la segunda jefatura de España en el país centroamericano, han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y recoge EFE. 

La orden fue dada ayer domingo, aunque no ha trascendido hasta este lunes. "El gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua", asegura Exteriores.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado este jueves su confianza en que sea posible resolver “a través del diálogo” cualquier "diferencia” sobre “la seguridad en el Ártico”, desde la solidaridad con los groenlandeses y la integridad territorial de Dinamarca, según informa EFE.

El miércoles, representantes de Dinamarca y Groenlandia se reunieron con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar el futuro de la isla más grande del mundo. Mientras que Dinamarca se cierra en banda ante la posibilidad de una anexión estadounidense del territorio, Trump sigue presionando con la excusa de que Groenlandia es de gran importancia para la "seguridad nacional".

Albares ha asegurado que siguió "muy de cerca" la reunión y que, posteriormente, intercambió mensajes con Marco Rubio, con el que espera “poder hablar personalmente con él a su regreso a Europa”.

La reunión solo ahondó aún más ambas posiciones. Dinamarca aseguró que era "completamente inaceptable" que Trump quisiera apropiarse de la isla, mientras que los estadounidenses seguían insistiendo. El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, lo certificó al declarar: "No conseguimos cambiar la posición estadounidense. Está claro que el presidente tiene este deseo de conquistar Groenlandia".

Ante la escalada de tensión, España aboga por el respeto al derecho internacional y la integridad territorial de Dinamarca. “Los groenlandeses han dejado bien claro que quieren seguir siendo parte de Dinamarca, de un estado miembro de la UE y de un aliado de la OTAN", ha expresado. 

"Y, por tanto, nuestra solidaridad con Dinamarca y con su integridad territorial como socio de la UE" es total, desde "el respeto a un principio fundamental y básico del orden internacional basado en reglas”, algo que es fundamental “para mantener el mundo en paz”, ha señalado.

El ministro también ha hablado de Venezuela y ha garantizado a los españoles que estaban en cárceles de Venezuela y ya repatriados que el Gobierno les va a ayudar, en la medida de sus posibilidades, a recobrar la normalidad de sus vidas.

Así lo ha asegurado a los periodistas a su llegada al Congreso, a propósito de la reunión que mantuvo este miércoles con los españoles repatriados y con sus familias, con los que conversó sobre las vicisitudes que pasaron en prisión y sobre su retorno a España tras la captura de Nicolás Maduro.

Tras explicar que fue un "momento muy feliz" tanto para él como para ellos, el ministro ha señalado que les dijo en la reunión que en estos momentos están "en plena libertad en España" y que, por lo tanto, disfruten de ella para expresarse libremente y viajar.

También les garantizó que, como ministro, les van a ayudar en todo lo que esté de su mano "para recobrar la normalidad de sus vidas".

El ministro de Exteriores español también ha aprovechado para acusar al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de despreciar y utilizar a los venezolanos para intentar desgastar al Gobierno.

Albares ha reprochado la actitud de la formación en respuesta a las intervenciones de los portavoces de los grupos con motivo de su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar de la posición de España ante la situación en Venezuela.

Ha atacado la intervención de la portavoz del grupo popular en esta comparecencia, Cayetana Álvarez de Toledo, al asegurar que ha pretendido con ella tomar el pelo a los españoles y a los venezolanos, y ante sus críticas a la actual presidenta, Delcy Rodríguez, le ha recordado que no ha sido puesta en ese lugar por el Gobierno español, sino por Estados Unidos.

Además, ha reclamado al PP que se pronuncie sobre las opiniones de Trump acerca de María Corina Machado y ha asegurado que al partido de Núñez Feijóo le parece bien que se viole la legalidad internacional en cualquier lugar en el mundo y se imponga un gobierno por la violencia.

De la misma forma, ha asegurado que los presos políticos liberados han agradecido las gestiones del Ejecutivo y también las del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, frente a la actitud con Venezuela que tuvieron los gobiernos del PP, que ha recalcado que "no movieron un dedo". Ante las múltiples referencias de Álvarez de Toledo a Maduro, Albares ha dicho que ya no está y no hace falta hablar más de él, sino que hay que hablar de Delcy Rodríguez.

Además, ha negado que el Gobierno sacara "por la puerta de atrás" del aeropuerto de Barajas a los presos españoles liberados porque fue a petición de ellos no exponerlos como "monos de feria" ante la prensa.

Ha contestado además a la portavoz de Vox, Pepa Millán, partido que lo que defiende -ha dicho- no es el patriotismo, sino el "más puro servilismo". "De patriotas cero, trabajan todos los días contra Europa y trabajar contra Europa es trabajar contra la paz y la prosperidad de los españoles", ha subrayado.

Por el contrario, se ha mostrado de acuerdo con la postura de Sumar y su apuesta por una solución dialogada y democrática para Venezuela. Sí ha salido al paso de la acusación del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien había calificado de "cobarde" la intervención del ministro al no denunciar de forma clara el "secuestro" de Maduro.

Albares, ante la ausencia de Rufián en su contestación, ha dicho que el cobarde es él por no estar en ese momento, ya que acudir al Congreso, ha dicho, es algo más que venir a dar un corte para las redes sociales porque se trata de hablar y de escuchar. Rufián había dicho también "arrieros somos", algo ante lo que el ministro ha dicho que si pretendía amedrentarle con eso, no le tiene ningún miedo.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que 27 españoles de los 28 que aún permanecían en una prisión de Israel, viajan ya camino de España.

A través de las redes sociales, el ministro ha informado de que estos 27 integrantes de la flotilla Gobal Sumud están ya regresando a nuestro país.

Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla, interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron ayer a España, 27 están haciéndolo en estos momentos, y queda una activista cuya detención ha sido prorrogada por las autoridades israelíes, acusada de morder a una funcionaria de la de la prisión de Ketziot.

Fuentes de Exteriores han explicado que los 27 españoles han salido de Israel para regresar a España vía Atenas y que aquellos que lo han querido, junto a ciudadanos de otros países de la UE, llegarán a Madrid al aeropuerto de Adolfo Suárez- Barajas en un avión militar. Otros dos grupos viajarán a Barcelona y Bilbao en vuelos comerciales.

Un avión A-400 de la Fuerza Aérea Española viajó a primera hora de este lunes de Zaragoza a Atenas, donde aterrizó hacia las 13:30.

Un grupo de 21 activistas españoles de los 49 que formaban parte de la Flotilla Global Sumud retenidos por Israel saldrán este domingo de Tel Aviv, según ha avanzado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Albares ha apuntado en TVE que los tripulantes que abandonarán hoy Israel "si nada se tuerce", ha precisado, son los que han firmado el documento aceptando que su entrada en el país fue ilegal.

El ministro ha confirmado que este primer grupo llegará este mismo domingo a España, aunque no ha querido precisar la hora exacta, y se ha mostrado convencido de que los 29 activistas restantes saldrán en los próximos días.

Según ha explicado, el Ministerio ha llegado a un acuerdo para repatriar a estos primeros 21 españoles y ha organizado todo el dispositivo para que puedan volar.

"Tenemos el acuerdo de las autoridades israelíes y si nada se tuerce, hoy mismo, a lo largo del día llegarían a España", ha apuntado Albares, quien ha insistido en mostrarse prudente para que "no se malogre nada en el último momento" y ha dicho que "hasta que no estén en el avión no podemos confirmarlo cien por cien".

Ha señalado que el cónsul español en Tel Aviv lleva varias horas dentro de la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, a donde fueron recluidos los alrededor de 450 activistas de diversas nacionalidades que viajaban en la flotilla.

Preguntado por las condiciones de los tripulantes dentro de la cárcel, Albares ha preferido reservarse todos los detalles hasta que salga el último español en libertad, pero ha recalcado que el Ministerio está velando por su integridad física y el respeto a sus derechos.

En este sentido, ha dicho que ha pedido al cónsul que verifique hoy en el encuentro con ellos que se les provee de agua y alimentos y que se encuentran bien de estado de salud.

Además se ha trasladado a las autoridades del centro que algunos son parlamentarios y, por tanto, tienen unas garantías y unas inmunidades que "son superiores", lo que, ha precisado, no quiere decir que no presten la misma atención al resto de españoles.

"Pero igual que ha habido países que sus parlamentarios han salido ya, exigimos que los nuestros lo hagan de la misma manera y, en general, cualquier situación médica que se pueda dar con ellos también se les está trasladando a las autoridades israelíes", ha asegurado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia este domingo una gira por tres países latinoamericanos, Chile, Uruguay y Paraguay, en la que pretende impulsar la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y participará en un foro en defensa de la democracia ante los peligros que se ciernen sobre ella. Según informa EFE.

Se trata del último viaje internacional de Sánchez antes del paréntesis veraniego y se enmarca, según fuentes del Ejecutivo, en el empeño de ampliar y reforzar las alianzas con América Latina no solo de España, sino de toda la Unión Europea.

La defensa de las instituciones democráticas es el eje del foro que con el epígrafe 'Democracia Siempre' ha organizado en el Palacio de la Moneda el presidente chileno, Gabriel Boric, y al que asistirán, además de Sánchez, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y Uruguay, Yamandú Orsi.

Un foro que los organizadores han llegado a denominar como un "festival de la democracia" y en el que además de los líderes participan representantes de la sociedad civil.

La intención es reivindicar la democracia en un momento en el que sus instituciones se están viendo agredidas, cuestionadas y debilitadas por movimientos populistas y de ultraderecha, y crear una plataforma de actuación frente a ellos.

La convocatoria da continuidad a una iniciativa lanzada en septiembre del año pasado por Sánchez y Lula en Nueva York en los márgenes de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Ambos animaron entonces a los líderes progresistas a explorar fórmulas para defender las instituciones democráticas y crear una narrativa que haga frente a los movimientos que las tratan de poner en tela de juicio.

La idea es que después de la cumbre de Santiago de Chile vuelva a haber otra reunión de esta iniciativa en septiembre en Nueva York, también coincidiendo con la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas, y que siga teniendo continuidad posteriormente.

Los líderes presentes en la capital chilena se han repartido los asuntos que se abordarán en ella, y Sánchez se centrará en la lucha contra la desinformación en el ámbito digital.

Un encuentro con los representantes de la sociedad civil para conocer qué propuestas plantean para movilizarse contra el extremismo cerrará la agenda de Sánchez en Chile, país que ya ha visitado como presidente.

Sin embargo, no se había desplazado hasta ahora a los otros dos países de la gira, Uruguay y Paraguay, integrantes de Mercosur, y donde garantizará el pleno compromiso de España para que el acuerdo de la UE con este mercado latinoamericano se convierta en realidad.

La esperanza del Gobierno es que pueda ser ratificado y aprobado antes de fin de año y, aunque las fuentes citadas aseguran que la Comisión Europea da buenas señales en ese sentido, apelan a la prudencia ante las dificultades existentes para que se pueda cerrar.

El hecho de que Brasil haya asumido la presidencia de Mercosur cree el Ejecutivo que va a suponer un gran impulso político para lograrlo, máxime en el contexto actual de guerra comercial.

Ante ello, Sánchez reiterará que es fundamental para ambas partes poner en marcha el acuerdo.

Tras su visita a Santiago de Chile el lunes, la siguiente parada en su gira será Montevideo, donde se reunirá el martes con el presidente Orsi y abordará esa urgencia de sacar adelante el acuerdo comercial entre las dos regiones.

Considera el Gobierno que Orsi, de la coalición de izquierdas Frente Amplio, ha mostrado desde su llegada a la presidencia uruguaya una gran sintonía con las políticas de Sánchez, y la intención es reforzar la relación bilateral con la firma de una serie de acuerdos.

Entre ellos, la rúbrica por vez primera de un documento denominado "alianza país para el desarrollo sostenible" con el fin de explorar de forma conjunta cómo colaborar en ámbitos como la igualdad de género o las energías renovables.

Además, se firmará otro acuerdo con rango de tratado internacional para colaborar en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada.

Sánchez mantendrá también una reunión con empresarios españoles con intereses en Uruguay (algunos de ellos le acompañarán desde Madrid) antes de asistir a un foro empresarial bilateral, y su agenda la cerrará con una visita a Lucía Topolensky, viuda del que fuera presidente uruguayo José Mujica.

Una visita con la que pretende rendir homenaje a Mujica, considerado como un referente de la izquierda latinoamericana y mundial.

La última etapa del viaje será Asunción, donde Sánchez asistirá igualmente el miércoles a otro foro con empresarios de los dos países y mantendrá una reunión con el presidente de Paraguay, el conservador Santiago Peña, en la que volverá a estar presente la defensa del acuerdo UE-Mercosur.

Ambos presidirán la firma de varios acuerdos, entre ellos uno por el que Paraguay se incorporará al grupo de países con los que España tiene pactos de migración circular y permitirá que ciudadanos paraguayos puedan desplazarse de forma temporal a trabajar para después regresar a su país.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este sábado en la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad que impulsará una propuesta y la trasladará a las Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronuncie sobre el cumplimiento de Israel de sus obligaciones en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza, según informa EFE.

"Quiero anunciarles una medida que España va a impulsar y es llevar una propuesta a la Asamblea de las Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza", dijo en su discurso en el foro. 

"Palestina se desangra ante nuestros ojos. Nada de lo que está ocurriendo en Gaza y Cisjordania puede serle ajeno a Europa y al resto del mundo", señaló Sánchez, que es el invitado de honor este año en la cumbre de la entidad panárabe.

Entre las prioridades que enumeró el presidente del Ejecutivo español está la de "avanzar en la solución política" de los dos Estados -Israel y Palestina- y aseveró que la conferencia que está prevista para el próximo mes de junio, organizada por Arabia Saudí y Francia, representa una "oportunidad histórica que no podemos desaprovechar".

"Pero sólo tendrá éxito si hay un amplio consenso árabe y europeo que culmine en una acción del conjunto de la comunidad internacional", dijo.

Otra prioridad de España, según Sánchez, es reforzar el diálogo euroárabe e islámico, pero si "la Unión Europea y la Liga Árabe trabajan conjuntamente con un liderazgo fuerte seremos un motor como ningún otro para resolver los problemas de la región".

Abogó por "reforzar esa colaboración garantizando que las normas internacionales se apliquen a todos por igual, sin ambigüedades y dobles estándares".

Ante esta cuestión, dijo que el Grupo de Madrid que conforman países afines a un Estado de Palestina se reunirán la semana que viene, "un testimonio más de nuestro compromiso para avanzar juntos hacia la paz".

Además, instó nuevamente a otros países a que avancen en el reconocimiento de Palestina como Estado, como ya hizo España.

Al final de su discurso, aseguró a las naciones árabes participantes que España es un "país aliado para fortalecer y mejorar el sistema multilateral".

"Seremos así capaces de una paz duradera en Oriente Medio y en ese sentido, hoy y siempre pueden contar con mi compromiso político y personal, y el de España para enfrentarse a estos desafíos desde el diálogo y la esperanza", zanjó.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, en el que han muerto más de 53.000 personas en la Franja -de acuerdo a las autoridades del enclave- Israel solo ha permitido el ingreso de ayuda humanitaria -comida, gasolina y medicinas- de manera intermitente al enclave, en el que viven cerca de 2 millones de palestinos.

El ingreso de ayuda humanitaria está otra vez bloqueado por Israel desde el 2 de marzo pasado, con cientos de miles de personas en riesgo de hambruna.

Una década después de que lo exigiese por unanimidad el Congreso de los Diputados, España ya está lista para dar el paso. El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el reconocimiento de Palestina. Lo hará "por paz, justicia y coherencia", convencido de que la única solución para acabar con el enquistado conflicto en Oriente Próximo pasa por la solución de los dos Estados. Se trata de un movimiento coordinado con Noruega e Irlanda. Y que, al menos por el momento, tiene más valor simbólico que práctico o jurídico. "Agrietan la armadura que se había creado alrededor de Israel", señalan a infoLibre algunos expertos consultados, que están a la espera de ver en qué términos se concretan dichos reconocimientos anunciados de forma simultánea.

El reconocimiento mutuo suele ser el pilar sobre el que se construyen posteriormente las relaciones entre Estados. Una sucesión lógica que, sin embargo, no se da en el caso de Palestina y España. A pesar de la ausencia de dicha base, ambos países llevan años manteniendo relaciones bilaterales, tanto a nivel económico –nuestro país es el segundo proveedor europeo más importante para los palestinos– como diplomático. La Autoridad Nacional Palestina cuenta con una oficina en Madrid que tiene rango de misión diplomática. Y su jefe, Husni Abdel Wahed, goza de un estatus equivalente al de embajador. El Consulado General de España en Jerusalén, por su parte, ostenta la representación diplomática de nuestro país ante la Autoridad Palestina

"El reconocimiento, por lo tanto, acaba con esa anomalía existente", explica al otro lado del teléfono Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Una anormalidad que se mantenía, en parte, en base a la "trampa" de que sólo sería legítimo un reconocimiento cuando existiese un acuerdo entre palestinos e israelíes, lo que daba una capacidad de bloqueo al Estado hebreo. "El paso que se ha anunciado rompe ahora con ese poder de veto israelí y deja claro que la decisión de reconocimiento es algo que nos corresponde solo a nosotros", sostiene Barreñada.

Los expertos, no obstante, creen que aún deben despejarse algunas incógnitas alrededor del anuncio. Por ejemplo, en lo referente al territorio que ocupa dicho Estado reconocido. "Habrá que ver si se hace mención o no a eso", sostiene el profesor de la Universidad Complutense. Si se refiere a las fronteras anteriores a junio de 1967, eso supondría considerar, como explica Barreñada, que el Consulado General de España en Jerusalén se encuentra en "territorio ocupado". El experto también se pregunta si nuestro país continuará pidiendo permiso a Israel, como se ha hecho hasta ahora, para acceder a Palestina. "Si reconoces el Estado, no puedes solicitar consentimiento para acceder a él al ocupante", asevera el profesor de Relaciones Internacional.

Pero más allá del valor simbólico, el reconocimiento, coinciden todos los expertos consultados, apenas cambia gran cosa en la práctica. Ni acaba con la ocupación ni soluciona por sí solo una crisis que lleva décadas enquistada en Oriente Próximo y que se ha intensificado desde el pasado mes de octubre, con una ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza que ya ha dejado más de 35.000 palestinos muertos. "La realidad persistirá", señala Ana Salinas, catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Málaga. Coincide Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH): "Ese gesto no cambia la situación sobre el terreno: ni cesa la masacre ni permite la entrada de ayuda humanitaria".

Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid, también considera que el movimiento por sí solo de España, Noruega e Irlanda no tiene fuerza suficiente como para cambiar las cosas. Cuestión diferente es que consiga generar un "efecto dominó" en el Viejo Continente. Una vez culmine el movimiento anunciado este miércoles, una decena de Estados miembro habrán reconocido a Palestina: Suecia, Chipre, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Polonia, Rumanía, España e Irlanda. Una lista a la que podrían sumarse otros como Eslovenia y Malta, que en marzo se comprometieron a dar el paso cuando se diesen las "circunstancias adecuadas".

La creación de un amplio frente común en suelo comunitario, desliza Barreñada, podría "alterar" lo que ha sido hasta ahora la "política europea" en relación con el Estado hebreo. "Si otros países se sumaran, se modificaría la relación de fuerzas y se podría crear una corriente de opinión para revisar las relaciones bilaterales con Israel y los acuerdos de asociación", apunta Ossorio. "Evidentemente, algo así aumentaría la presión tanto sobre Israel como sobre Estados Unidos", coincide Salinas. Sin embargo, la catedrática duda mucho que vaya a producirse ese "efecto arrastre". Tampoco lo cree Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH): "Hay que asumir que hay países que no van a dar ese paso".

Las principales potencias continentales, de hecho, no han tardado en desmarcarse de España, Noruega e Irlanda. Tanto Francia como Alemania o Italia ya han dejado claro que no se sumarán al reconocimiento inmediato del Estado palestino. "No se dan las condiciones", han señalado desde el Ejecutivo galo. El Gobierno germano, por su parte, ha asegurado que una Palestina independiente "es el firme objetivo" de la política exterior del país, pero eso debe ser el resultado de un proceso de "negociación". "Estos pasos para crear tensión no son útiles", ha lanzado el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani. Tampoco en el seno del Ejecutivo belga, que tiene entre sus compromisos el reconocimiento, hay acuerdo para dar ya el paso.

Las reticencias de buena parte de los Estados miembro en este tema contrastan con el sentir mayoritario de la opinión pública en el Viejo Continente. En julio de 2023, una encuesta de YouGov revelaba que un 48% de los italianos creían que su Gobierno debería reconocer a Palestina como un Estado independiente, frente a un 13% que no estaban por la labor. En Alemania, dicha cifra se situaba en el 42%, en Francia en el 39% y en Dinamarca en el 35%. Tras los anuncios de los tres Ejecutivos europeos, Israel ha llamado a consultas a sus embajadores en España, Noruega e Irlanda y ha avisado de que el movimiento tendrá "graves consecuencias". Además, uno de sus ministros ha propuesto crear un asentamiento ilegal en Cisjordania por cada país que decida dar el mismo paso.

Aunque la celebra, el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria considera que la decisión del Ejecutivo español llega demasiado "tarde". Y recuerda que más allá de este gesto simbólico, el Gobierno tiene más armas a su alcance para redoblar la presión sobre Israel a fin de que detenga de una vez por todas las masacre en suelo palestino. A nivel diplomático, por ejemplo, se podría proceder a la retirada de su embajadora en Israel, igual que se ha hecho con la de Argentina tras los insultos del presidente del país, Javier Milei. O, incluso, a la ruptura de relaciones con el Estado hebreo, un extremo que, señalan algunos de los expertos consultados por este diario, siempre trata de evitarse.

España, si quisiera, también podría sumarse a la ofensiva judicial impulsada por Sudáfrica contra Israel por vulnerar la Convención sobre el Genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. O en materia de defensa, expone Barreñada, "poner trabas al uso de su espacio aéreo" para el traslado de armas al Estado hebreo o suspender la "compra" de material bélico a un país cuya industria militar vive de la venta a terceros. Entre 2011 y 2021, según elDiario.es, España compró material de guerra a Israel por al menos 268 millones de euros. También podrían imponerse medidas contundentes, considera el profesor de Relaciones Internacionales, en lo relativo a la entrada de productos de los asentamientos en el mercado español o la entrada de colonos en nuestro propio territorio.

La dirección del Partido Popular está convencida de que Pedro Sánchez está utilizando la política exterior de España para desviar la atención sobre la situación política dentro del país, en particular en relación con su debilidad parlamentaria, que le ha hecho renunciar a la tramitación de los presupuestos de este año y el caso Koldo.

Para tratar de desbaratar esa estrategia, Alberto Núñez Feijóo combate todas y cada una de las iniciativas del Gobierno fuera de España, incluso aquellas en las que, sobre el papel, no existe una discrepancia de fondo. Ese es el caso, por ejemplo, del ataque lanzado por Irán contra Israel. Feijóo, igual que Sánchez, condena la agresión, que puede desestabilizar Oriente Medio. Pero el líder del PP echa en falta un lenguaje más firme y ha criticado que el presidente no fuese de los primeros en pronunciarse.

Lo hizo en un mitin en Bilbao este domingo. Según él, España no condenó de forma “firme y determinante” los ataques contra Israel cuando estos se iniciaron y fue el último país de la UE en hacerlo. “El PP”, se jactó, “lo hizo en el primer instante; el Gobierno, no. Y lo hizo ‘sin matices ni titubeos’ porque ‘es nuestro deber defender las democracias en el mundo’”, remarcó.

Génova habla de “ridículo internacional de España y de su gobierno, en un momento en el que Pedro Sánchez quiere vender su agenda exterior para huir de la realidad y de los problemas que tienen los españoles”. “La política exterior para Pedro Sánchez se ha convertido en un truco, en una estrategia para escapar del rechazo de los españoles”.

La verdad es que el presidente había publicado un tuit sobre el ataque en el que aseguraba que “el Gobierno de España lo condena, como ha condenado y condenará siempre toda forma de violencia que atente contra la seguridad y el bienestar de civiles inocentes”, y pedía “responsabilidad y contención. Debemos aprender de la historia y hallar una forma de resolver los conflictos por la vía diplomática, evitando a toda costa una escalada aún mayor”. Muy en línea, por cierto, con los principales líderes mundiales, preocupados por que la respuesta israelí derive en una guerra abierta en la zona.

Al PP estas palabras le parecieron “equidistantes”. “España no puede ser equidistante entre el terror de Hamás y dictaduras como la de Irán y una democracia como es Israel”, sostuvo este lunes el portavoz del partido, Borja Sémper. Según él, una parte del Gobierno, en referencia a los ministros de Sumar, se niega a condenar lo ocurrido o lo han hecho, desde su punto de vista, “de una manera tibia”. “¿De qué lado está el gobierno de España?”, se preguntó.

Otro buen ejemplo de un asunto clave de política exterior en el que la posición del PP no es muy diferente de la del Gobierno, pero que Feijóo utiliza para alimentar la confrontación política, es la idea de que el conflicto israelo-palestino no se solucionará mientras Palestina no sea reconocida como Estado. El líder del PP afirma defender que España dé ese paso, pero exige que no lo haga sola y deje a otros países abrir ese camino. Argumenta que hace falta una “masa crítica” suficiente para que el reconocimiento sea efectivo.

Esa estrategia es, casi exactamente, la que está siguiendo Sánchez, que desde hace semanas busca el compromiso de un número suficiente de países en Europa para hacer posible ese reconocimiento.

Algo muy parecido sucede con Ucrania. Feijóo se mostró a favor, desde el primer momento, de que España diese todo el apoyo posible a este país, especialmente en el terreno militar, alineándose claramente con el Gobierno. Pero, también en este caso, el líder del PP no tardó en mostrar reservas al considerar insuficiente el compromiso de Sánchez con Volodímir Zelenski.

Para minar la posición española en este asunto, Feijóo trata a menudo de culpar al Gobierno del incremento en las importaciones de gas ruso, una transacción comercial que no depende del Ejecutivo, sino de las empresas energéticas españolas, que son las que mantienen vivos sus acuerdos de importación con las plantas de extracción de Rusia. La semana pasada, el líder del PP no dudó en utilizar esta afirmación para volver a acusar a Sánchez de estar financiando la ofensiva de Vladímir Putin contra Ucrania.

La contestación del PP a la política exterior de Sánchez se ha extendido en los dos últimos años a todas sus iniciativas, en particular a Marruecos y el Sáhara. Aquí sí hay discrepancias de fondo. Feijóo ha defendido el mantenimiento del consenso histórico compartido hasta hace poco por su partido y por el PSOE en defensa de una solución para la antigua colonia española en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas, que el Gobierno de Sánchez rompió al mostrar su preferencia por el proyecto marroquí de resolver el conflicto convirtiendo el Sáhara en un territorio autónomo, pero no independiente.

Génova ha combatido no solo esas posiciones del Ejecutivo sino las que defiende en el marco de soberanía compartida de la Unión Europea, en particular la que, de común acuerdo con Portugal, dio lugar a la llamada excepción ibérica que facilitó el control de los precios del gas en España en plena crisis energética.

Feijóo, que jamás ha tenido un perfil internacional pese a su larga trayectoria política y cuyos contactos se limitan a los que está empezando a desarrollar en el ámbito del Partido Popular Europeo y de los aliados de esta formación en América, nunca se ha mostrado particularmente interesado por la política exterior. Su principal asesor en la dirección del partido para esta materia sigue siendo Esteban González Pons, cuya experiencia se centra sobre todo en la política europea.

Aún así, en su equipo se quejan, desde el primer momento, de la ausencia absoluta de diálogo con Sánchez en esta materia. Critican, sobre todo, que el presidente no descuelgue el teléfono para hablar con Feijóo para tratar de consensuar “la política internacional, algo extremadamente serio y que debe ser compartida con el principal grupo de la oposición”.

“Hay determinadas materias en política que son políticas de Estado, y que, por lo tanto, deben de ser compartidas desde el Gobierno con la oposición”, alegó este lunes Sémper desde la sede del partido en la calle Génova. “Y una de esas materias que son extremadamente sensibles, y que son políticas de Estado con mayúsculas, es la política exterior”.

Toda la información que tienen, asegura el PP pasando por alto los debates celebrados en el Congreso en esta materia, que se han ido ocupando sucesivamente de la guerra en Ucrania, de la invasión de Gaza o de las difíciles relaciones con Marruecos, les llega, aseguran, “a través de lo que leemos al presidente del Gobierno en Twitter”.

En su afán por tratar de desacreditar la política exterior del Gobierno, el PP ha recuperado incluso el incidente con la vicepresidente de Venezuela en el aeropuerto de Barajas, que la justicia ya archivó después de que el Tribunal Supremo estimase probado que Delcy Rodríguez pasó la noche del 19 al 20 de enero de 2020 en las zonas de tránsito del aeropuerto de Madrid, sin que se incurriera en incumplimiento alguno de la prohibición de que accediera a territorio comunitario. Un asunto sobre el que también la Audiencia de Madrid concluyó que “no se da conducta prevaricadora ni de otro carácter delictivo” cuando desestimó los recursos de apelación de Vox.

Pero los conservadores, en plena ofensiva para imputar corrupción al Gobierno, lo han recuperado dando incluso pábulo a la teoría de la conspiración de la extrema derecha, política y mediática, según la cual Rodríguez entregó maletas con un valioso contenido secreto al entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El propio Feijóo en persona lo utilizó la semana pasada en un debate con Sánchez en el Congreso.

No es la primera vez que el PP adopta esta línea argumental. El propio Feijóo trata de extender la idea de que Sánchez simpatiza con Hamás y otros grupos terroristas, relacionándola además con la decisión del PSOE de normalizar las negociaciones políticas con EH Bildu.

Tampoco es la única teoría de conspiración a la que Feijóo se ha apuntado para tratar de cuestionar la política exterior de Sánchez. La semana pasada también especuló con la idea de que, en sus relaciones con Marruecos, Sánchez está siendo chantajeado por los servicios secretos de Rabat bajo amenaza de divulgar supuesta información sensible presuntamente robada de su teléfono móvil cuando fue atacado con el software de espionaje Pegasus.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha confirmado este domingo a Europa Press que España acepta desde el 1 de enero como válido el pasaporte ordinario de Kosovo, si bien ha precisado que esto "no implica en modo alguno el reconocimiento" de la antigua provincia serbia como Estado independiente.

Cabe recordar que Kosovo se incorporó ese día al régimen de exención de visado en el espacio Schengen para que sus ciudadanos pudieran viajar a los 27 países miembros de la zona. Sin embargo, la Comisión Europea adelantó en abril del año pasado que España sería el único país Schengen que no iba a aplicar el acuerdo.

Se daba la circunstancia entonces que los otros países de la zona de libre circulación que no reconocen la independencia de Kosovo, Eslovaquia y Grecia, sí admitían los documentos de viaje ordinarios de los kosovares. En este sentido, fuentes diplomáticas indicaron en abril a Europa Press que las autoridades españolas tendrían que afrontar cambios en su política respecto a documentos de Kosovo, tras recalcar que España pensaba "ejecutar" la medida para que la población kosovar se mueva por Europa sin necesidad de visado.

Ahora, con la incorporación de España, "todos los Estados Schengen no reconocedores aceptan el uso de los pasaportes ordinarios kosovares" dado que "sin esta modificación los titulares de esos pasaportes hubieran tenido problemas para visitar legalmente los Estados no reconocedores", ha señalado también este domingo la cartera que dirige José Manuel Albares.

El Ministerio confirma así lo anunciado a última hora del sábado por el vice primer ministro de Kosovo, Besnik Bislimi, y por la ministra de Asuntos Exteriores y para la Diáspora de Kosovo, Donika Gërvalla-Schwarz, esta última a través de un mensaje a través de la red social X en el que comunicaba su agradecimiento al Gobierno español.

En lo que se refiere a su postura oficial sobre Kosovo, y como ha hecho en anteriores ocasiones, el Ministerio de Exteriores ha mantenido que España seguirá sin reconocer su independencia y se ha remitido a las conversaciones de normalización de relaciones entre Kosovo y Serbia bajo los auspicios de la Unión Europea.

Así pues, España "favorece y continuará favoreciendo el diálogo Belgrado-Pristina como vía de solución de esta cuestión y busca minimizar su impacto en los ciudadanos", remata el Ministerio, como ya explicara el ministro Albares en noviembre del año pasado, en una respuesta parlamentaria a la diputada de Junts Mariona Illamola, en el que insistió en el "no reconocimiento de la declaración de independencia adoptada por Pristina en 2008, por ser un acto unilateral".

No obstante, añadió Albares, "desde un planteamiento constructivo, es el momento de hacer un esfuerzo definitivo para solucionar la cuestión del territorio de Kosovo en el marco del diálogo entre Belgrado y Pristina con un acuerdo respetuoso con el Derecho Internacional".

"La posición de no reconocimiento no implica dejar de participar, por el hecho de que también lo haga Kosovo, en aquellos foros (...) en los que participan todos los socios de la Unión Europea y la propia Serbia", esgrimió entonces el Gobierno español, parafraseando las palabras del presidente, Pedro Sánchez, durante la cumbre celebrada entre la UE y los Balcanes Occidentales que tuvo lugar a principios de octubre en Eslovenia.

El ministro de Exteriores, UE y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha afirmado que el Gobierno defiende proteger a la población de Gaza: "Estamos listos para incrementar la ayuda española tras un apoyo inicial de un millón de euros este año".

En una entrevista de La Vanguardia recogida por Europa Press este domingo, ha dicho que "urge proteger a la población civil, permitir el acceso de la ayuda a Gaza y asegurar el respeto al derecho internacional humanitario, incluyendo la liberación de rehenes".

Respecto a una posible crisis energética por el conflicto, ha respondido que no lo está planteando ninguno de los países productores, y ha añadido sobre España: "Nuestras necesidades energéticas están perfectamente cubiertas y tenemos proveedores muy fiables".

Entre Israel y los territorios palestinos hay unos 9.000 españoles inscritos en la embajada, y que el Ministerio sigue de cerca "para conocer quienes podrían ser repatriados".

Albares prioriza "la evaluación de la situación de los españoles en Gaza", aunque no ha querido hablar del español desaparecido, por su seguridad y por respeto a su familia, pero ha dicho que saben quién es y trabajan para aclarar su situación.

Sobre si hay unión dentro del Gobierno ante este conflicto, ha respondido que está cohesionado en el deseo de que la paz vuelva a Oriente Medio: "Dicho esto, recuerdo que las dos únicas voces que expresan la posición oficial en política exterior son la del presidente del Gobierno y la del ministro de Asuntos Exteriores".

Y ha concretado esa posición: que Israel tiene derecho a defenderse de Hamás; que el derecho internacional humanitario debe respetarse; que hay que proteger a la población palestina, y que se deben garantizar los servicios básicos y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

Ha subrayado la unión de Europa en política exterior y ha dicho que el anuncio del comisario europeo de Vecindad y Ampliación, el húngaro Oliver Várhelyi, de suspender la ayuda humanitaria a Gaza "fue una decisión no consensuada, que España se opuso a eso y que "no existe ni un solo indicio de que un solo céntimo de la ayuda a la población de Gaza se haya destinado a otros fines".

También ha destacado que el 27 de noviembre habrá en Barcelona un encuentro de la Unión por el Mediterráneo (UpM), que ha calificado de muy importante, y ha añadido: "Quiero recordar que en esa mesa se sientan Israel y Palestina".

En cuanto a si ahora puede haber una crisis entre Marruecos e Israel pese a que acaban de normalizar sus relaciones diplomáticas, ha respondido que no lo augura ni lo desea.

"No lo creo, y espero que no se produzca ninguna crisis entre Marruecos e Israel. España es favorable al acercamiento entre los países árabes e Israel", ha dicho.

“La única forma de relacionarnos” con Marruecos, “nuestro vecino inexorable”, “es desde el respeto mutuo. Y eso hay que construirlo tragando saliva o sapos si hace falta, pero hay que construirlo”. El eurodiputado socialista Fernando López Aguilar no pudo ser más sincero al justificar la semana pasada la razón por la que el PSOE votó en contra de una resolución en el Parlamento Europeo, pactada por los grandes grupos, incluido el socialdemócrata, que denuncia el deterioro de la libertad de prensa en el país magrebí y da credibilidad a las sospechas acerca de la participación de Marruecos en una trama de sobornos para ganar peso político en las instituciones europeas. La resolución salió adelante con el voto a favor de 356 votos a favor, 42 abstenciones y 32 votos en contra: los de los eurodiputados socialistas españoles, una docena de parlamentarios de ultraderecha y varios no inscritos.

Lo ocurrido en Estrasburgo es sólo el último ejemplo, el más reciente, de las cesiones que ha tenido que hacer el Gobierno de España para reconstruir la maltrecha relación con nuestro vecino del sur antes de que Pedro Sánchez asuma la presidencia de turno de la Unión Europea, el próximo 1 de julio. Y antes, por supuesto, de que termine la legislatura y tenga que rendir cuentas en las urnas. 

Moncloa confía en culminar con éxito esta compleja travesía con la celebración, el miércoles y el jueves de esta semana en Rabat, de la XII Reunión de Alto Nivel España-Marruecos. Una cumbre bilateral que no se celebraba desde hace casi ocho años, cuando el presidente era Mariano Rajoy, y que lleva casi cinco años aplazándose, siempre a instancias de las quejas y las demandas de Rabat.

La presión de Marruecos sobre España comenzó el 10 de diciembre de 2020. Ese día, Donald Trump, entonces presidente saliente de Estados Unidos, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. Y Rabat, también ese día, suspendió la celebración de la RAN que iba a tener lugar una semana después, alegando los inconvenientes causados por la pandemia.

Aquel día el vecino del sur inició un pulso con el Gobierno de Sánchez para obligarle a modificar la posición oficial de España sobre el Sáhara. La presión fue aumentando progresivamente, como demuestra la llegada cada vez mayor de pateras procedentes de las costas marroquíes y del territorio saharaui ocupado, hasta culminar el 17 de mayo de 2021 cuando Marruecos facilitó, deliberadamente, la entrada irregular de aproximadamente 8.000 personas, 1.500 de ellas menores de edad. Un desafío en toda regla que el Gobierno marroquí planteó como una protesta por la decisión de la Moncloa de de dar atención hospitalaria al líder del Frente Polisario, pero que en realidad, según todos los expertos consultados por infoLibre, no buscaba otra cosa que torcer el brazo de España para que abandonase su tradicional neutralidad y tomase partido a favor de Marruecos en el contencioso del Sáhara.

La maniobra surtió efecto. Para apaciguar a Marruecos, el Gobierno de Sánchez pactó una declaración en la que España asumió por primera vez “la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista” para resolver el futuro del Sáhara. Y enterró, quizá para siempre, la política de neutralidad activa que España había seguido hasta entonces, con el PSOE y con el PP y que consistía en la defensa exclusivamente de una solución “mutuamente aceptable” en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas.

A partir de esa declaración, suscrita el 7 de abril de 2022, España y Marruecos han ido dando pasos en busca de una normalización de las relaciones entre ambos países. A finales de año, asegura Exteriores, todos los grupos bilaterales de trabajo que, en algunos casos llevaban 15 años sin reunirse, están completamente activos y arrojando resultados.

La primera consecuencia ha sido una reducción de los flujos de migrantes, la mayor registrada en Europa. Un asunto central de la reunión programada para esta semana, en la que el intercambio de información antiterrorista tendrá también un gran protagonismo, especialmente después del ataque protagonizado por un joven marroquí en la localidad gaditana de Algeciras.

Las numerosas operaciones contra el terrorismo yihadista desarrolladas a lo largo de 2022 han puesto de manifiesto la importancia que adquiere, por un lado, una adecuada coordinación entre esas agencias y, por otro, una efectiva cooperación internacional, particularmente en el ámbito de la UE –incluida la aportación de Europol—, y con los vecinos del sur en el espacio del Mediterráneo occidental: Argelia y especialmente –dado el predominio de personas de origen marroquí entre los yihadistas activos dentro del territorio español– Marruecos. 

La delimitación de las fronteras marítimas y aéreas en las Islas Canarias, el refuerzo de las relaciones económicas y la apertura de aduanas en las fronteras de Ceuta y Melilla completarán la agenda de la Reunión de Alto Nivel programada para esta semana.

Pedro Sánchez quiere zanjar definitivamente las diferencias con Marruecos antes de asumir la presidencia de la Unión Europea. No lo tendrá fácil. Su posición en relación con el Sáhara es débil. El PSOE se ha quedado en minoría en el Congreso en este asunto y a Rabat no acudirá ningún ministro de Unidas Podemos. Su deseo de dar prioridad durante su presidencia a la Vecindad Sur está amenazado por la investigación abierta en Bruselas sobre el Catargate, la red de sobornos que cada vez más salpica más a Rabat.

Marruecos se ha cerciorado de hacer ver que su enfado con la UE es mayúsculo. Su gobierno ya ha anunciado una revisión de todas sus relaciones con Bruselas. “La asociación (entre la UE y Marruecos) está afrontando un continuo ataque, sobre todo en el Parlamento (Europeo)”, declaró el ministro de exteriores, Nasrr Burita, la semana pasada.

La Reunión de Alto Nivel con España no puede celebrarse en un momento más delicado. Mientras el Gobierno español viaja a Rabat, el Parlamento Europeo anula o pospone todos los viajes que tenía en los primeros seis meses del año a Marruecos.

El reino alauita presiona ahora a Bruselas en un contexto de creciente influencia de su rival en la zona, Argelia, gracias a sus reservas de gas. Es a su vecino magrebí, principal respaldo del Frente Polisario, a quien Rabat atribuye en última instancia la resolución del Parlamento Europeo. Así que no es difícil imaginar que Rabat intentará aprovechar se recién recuperada sintonía con España para hacer valer sus intereses en la Unión Europea, que es el origen del 53% de las importaciones de Marruecos y el destino del 66% de sus exportaciones.

Rabat visibiliza lo molesto que está con la condena del Parlamento Europeo, como en su día hizo con la presencia en España del líder del Polisario. Pero en realidad, según los expertos en la política magrebí, busca ventajas en su relación con Bruselas. Desde un reconocimiento a su plan para resolver el contencioso del Sáhara en línea con la posición adoptada por Pedro Sánchez hasta una solución política a la nueva y previsible derrota que su posición está a punto de cosechar en la justicia europea después de la que sufrió en 2021 cuando los tribunales de la UE declararon ilegal la explotación de los recursos naturales del Sáhara por no contar con el beneplácito de la población saharaui y tratarse de un territorio ocupado de forma ilegal por Marruecos. 

El contexto en el Magreb es, en ese sentido, cada vez más complicado. Se ha convertido en el escenario de una creciente rivalidad entre Marruecos y Argelia, que ha salpicado de lleno a España, subraya el informe España en el mundo 2023: perspectivas y desafíos en la vecindad publicado recientemente por el Real Instituto Elcano. La competición argelino-marroquí por la hegemonía regional “recuerda a los peores momentos vividos entre ambos países cuando libraron una guerra en 1963” y “ocurre en medio de una carrera armamentística”. Para 2023, Argelia ha aprobado un gran incremento del presupuesto de defensa (de 9.700 millones de dólares a 22.700 millones de dólares, lo que representa un incremento anual de más del 130%). Marruecos destina cerca del 4,7% de su PIB al sector de la defensa, mientras estrecha vínculos militares y de inteligencia con Israel. Esas tendencias ponen al vecindario sur de España en una situación de creciente inestabilidad y mayor riesgo de que se emplee la fuerza, bien sea como resultado de un accidente o de un cálculo premeditado. Para complicar mas las cosas, el Frente Polisario reafirma su apuesta por la presión militar. La guerra con Marruecos se reanudó hace dos años y nada parece que la vaya a detener a corto plazo. 

Desde que Sánchez cerró con el rey de Marruecos la hoja de ruta hacia la normalización de las relaciones entre los dos países que debe culminara esta semana en Rabat, su gobierno ha evitado cuidadosamente hacer o decir nada que incomode a nuestros vecinos. Lo más reciente ha sido la votación en el Parlamento Europeo, pero lo verdaderamente llamativo fue la cobertura que el Gobierno español ha dado a la masacre de inmigrantes de Melilla del pasado mes de junio. La versión oficial del Ministerio del Interior es que tanto la actuación de los gendarmes marroquíes como de las fuerzas de seguridad españolas fue ejemplar, a pesar de las evidencias que sugieren que la mayoría de las muertes fueron consecuencia de la violencia ejercida contra los migrantes y que algunas de ellas tuvieron lugar en suelo español.

¿Qué gana España que haga imprescindible tragar los “sapos“ de los que hablaban el eurodiputado López Aguilar, además de que Marruecos ejerza como barrera de los flujos de migrantes y comparta información relevante sobre el yihadismo internacional? El Gobierno de Sánchez apunta a la apertura de puestos aduaneros en Ceuta y Melilla, una acuerdo alcanzado con Rbat en abril de 2022 pero que sigue pendiente. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, anunció en septiembre en Nueva York que había pactado con su homólogo marroquí “trabajar en el inicio del paso de mercancías, de manera ordenada y gradual, a través de los puestos aduaneros terrestres en el mes de enero”. No ha ocurrido, pero España confía en que de la reunión de esta semana salga una fecha definitiva.

Fuentes del Ejecutivo resaltan la trascendencia del punto 3 del acuerdo suscrito en abril y que afecta a las dos ciudades autónomas: “La plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo”. En el Gobierno valoran la aceptación de esos controles por parte de Marruecos como un salto cualitativo jamás dado anteriormente: “Por primera vez nos ponemos de acuerdo para implementar esos controles aduaneros en Ceuta y en Melilla”, sostienen fuentes diplomáticas que concluyen que el país vecino está llevando a cabo una aceptación de facto de la soberanía española de ambas ciudades. 

La Cumbre Hispano-Francesa que han encabezado este jueves en Barcelona Pedro Sánchez y Emmanuel Macron no ha conseguido desbloquear uno de los principales puntos de interés para el Gobierno español, el cierre de pasos fronterizos por parte de Francia desde hace dos años, según informa Europa Press.

Este ha sido uno de los temas que han tratado durante la cita el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo francés, Gerard Darmanin, según ha confirmado Sánchez, pero no ha habido avances a la luz de lo expresado por ambos mandatarios.

Desde el Elíseo ya habían manifestado antes de la cumbre que las razones que llevaron al cierre en enero de 2021 de parte de los 38 pasos fronterizos con España persistían, algo que ha ratificado el propio Macron, descartando con ello su reapertura inminente pese a que desde el Gobierno español se pide que esto ocurra "cuanto antes".

El presidente francés ha sostenido que se trata de algo "excepcional" y conforme al Tratado de Schengen, que se justificaba por razones de seguridad, entre otros por el atentado ocurrido en Niza en julio de 2016 cuyo autor era un inmigrante ilegal que había llegado desde Italia.

Así las cosas, desde el Elíseo se había remitido a la creación del nuevo grupo de trabajo sobre cuestiones migratorias previsto en el Tratado de Amistad que han firmado Sánchez y Macron y a la eventual creación de unidades operativas conjuntas en esta materia para generar las circunstancias que permitieran la reapertura de los pasos.

Tras reiterar el compromiso de Francia con Schengen, Macron ha expresado la "voluntad de poder cambiar las cosas y a la larga reabrirlos, mejorando la cooperación y la eficacia de nuestra lucha común contra las organizaciones de inmigración clandestina".

En concreto, el Tratado prevé además de la creación de un grupo de trabajo sobre cuestiones migratorias, "el despliegue, llegado el caso, de unidades operacionales binacionales" así como "la realización de operaciones comunes o conjuntas para la lucha contra las redes de tráfico de personas".

Fuentes del Ministerio del Interior español han subrayado que Grande-Marlaska ha reiterado a su homólogo la necesidad de poner fin a los controles internos, restableciendo la libre circulación en la totalidad de los pasos fronterizos que permanecen cerrados.

Además, la delegación española ha aceptado la creación de los equipos conjuntos, pero orientados a la lucha contra las mafias y el tráfico de personas y no a la identificación de personas sin que guarden relación con ninguna investigación.

El Tratado de Amistad y Cooperación sellado este jueves por España y Francia contempla intensificar los contactos entre ambos países para buscar un "frente común" en la Unión Europea y las relaciones internacionales, con relación constante entre ambos Gobiernos e incluso intercambios periódicos en los respectivos Consejos de Ministros, según informa Europa Press.

El documento ha sido firmado por los presidentes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron durante la XVIII Cumbre Hispano-Francesa en Barcelona, quienes han puesto en valor lo "histórico" del momento, ya que es el primer tratado de este tipo pese a la intensidad de la relación bilateral. Según Macron, había que solucionar esta "anomalía".

El tratado incluye diversos mecanismos para reforzar la cooperación, como la celebración anual de cumbres bilaterales o contactos entre los distintos ministerios. También, el Tratado recoge que un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación.

Una parte importante está centrada en la Unión Europea, donde ambos países se comprometen a mantener una "concertación estrecha" sobre los temas comunitarios y el proceso de ampliación de la Unión Europea.

"Tanto a nivel político como de altos funcionarios, las partes se consultarán regularmente antes de las grandes decisiones europeas sobre temas de interés común, con el fin de tratar de establecer posiciones comunes y de impulsarlas conjuntamente", reza el documento.

En política exterior, España y Francia acuerdan que su red diplomacia comparta análisis para promover intereses comunes en regiones como el Mediterráneo y África; además de la necesidad de profundizar los vínculos con América Latina y el Caribe. El Tratado contempla así consultas periódicas entre los ministros de Asuntos Exteriores y el intercambio recíproco de diplomáticos entre ambos departamentos.

En el apartado de defensa, corroboran su compromiso con la OTAN a la vez que apuestan por una defensa europea "más fuerte", y apuntan a una cooperación también en el ámbito industrial para alcanzar la interoperabilidad de sus Fuerzas Armadas, con proyectos comunes. Para todo ello, habrá reuniones anuales del Consejo de Defensa y Seguridad, en el que participan los titulares de Exteriores y de Defensa.

Por otra parte, el tratado prevé la creación de un grupo de trabajo sobre cuestiones migratorias en el que participarán "los servicios responsables de la gestión de fronteras, migración, asilo, integración y lucha contra las redes de inmigración ilegal" y que podrá ampliarse en caso de ser necesario.

Asimismo, ambos gobiernos se comprometen a promover "vías legales de migración, integración e inclusión social de los migrantes regulares" y han acordado que sus ministros de Exteriores e Interior se reúnan de forma periódica para "abordar la dimensión exterior" de la migración.

Por otra parte, el texto también contempla "el despliegue, llegado el caso, de unidades operacionales binacionales" así como "la realización de operaciones comunes o conjuntas para la lucha contra las redes de tráfico de personas".

En materia de justicia e interior, igualmente se pone de relieve "el alto grado de cooperación" entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y las autoridades judiciales y penitenciarias de ambos países y se expresa la voluntad de seguir por esta senda, en particular mediante los grupos de trabajo de lucha antiterrorista y el de enlace antidroga ya existentes.

Por lo que respecta a la economía, el tratado prevé que se organice anualmente un foro económico y empresarial bilateral en colaboración con la CEOE y la patronal francesa, así como una mayor cooperación en el ámbito turístico, habida cuenta de la importancia que este sector tiene para las economías de los dos países.

España y Francia han acordado también dar prioridad a las interconexiones energéticas y en concreto reafirman su compromiso de desarrollar los proyectos de interconexión eléctrica y el corredor para transportar hidrógeno H2Med "de forma equitativa y de conformidad con las normas europeas", según indica el texto.

Asimismo indican que colaborarán con los reguladores energéticos y la Comisión Europea para conseguir el máximo de financiación europea —un máximo del 50% del coste total— y facilitar su evaluación y despliegue.

Ambos países también consideran prioritarias las interconexiones de transporte y telecomunicaciones "incluidos los corredores 5G", y aseguran que impulsarán proyectos para favorecer la movilidad "segura fácil y sostenible" de pasajeros y mercancías "en el marco de la Redes Transeuropeas de Transporte".

Por otro lado, España y Francia van a crear un Comité de Cooperación Transfronteriza de carácter consultivo, integrado por representantes de ambas administraciones, con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de la Estrategia de Cooperación Transfronteriza prevista en este tratado.

El acuerdo también menciona que se comprometen a facilitar el reconocimiento de los títulos sanitarios y médicos en ambos países y fomentarán el aprendizaje de la lengua del vecino y su uso en la vida cotidiana en los espacios transfronterizos.

Asimismo, hay un compromiso explícito a reforzar la cooperación en el ámbito educativo y cultural, que incluye el impulso del español y el francés al otro lado de los Pirineos, una mayor equivalencia en los títulos universitarios y la doble obtención del bachillerato francés y el español o la promoción de proyectos culturales conjuntos, entre otros.

Por último en materia medioambiental, los dos países apoyarán el reconocimiento por la Organización Marítima Internacional de una Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES) en el Mediterráneo noroccidental.

También la formulación de propuestas de nuevas Zonas de Control de Emisiones de Azufre (SECA) en el Atlántico y de Nitrógeno (NECA) en el Mediterráneo para su presentación a la Organización Marítima Internacional.

Igualmente seguirán cooperando para vigilar y proteger las especies amenazadas, especialmente del urogallo y de la población de osos en los Pirineos, fomentando su cohabitación con las actividades humanas.

El Gobierno ha esgrimido este martes que con la repatriación de dos mujeres y trece menores españoles que se encontraban en campos de desplazados en el norte de Siria ha cumplido con sus "obligaciones legales" y sigue los pasos de otros países como Francia o Alemania, que también han repatriado en los últimos meses a familiares de combatientes de Estado Islámico, según ha informado Europa Press.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que la operación de repatriación culminó el lunes por la noche, con la llegada de las mujeres y los menores a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Fuentes gubernamentales han indicado a Europa Press que se ha contado con apoyo de Estados Unidos.

En el operativo han participado, además de Exteriores, los departamentos de Interior, Defensa, Derechos Sociales, Justicia y Presidencia, y "se ha prolongado durante varios meses debido a su complejidad y la situación de riesgo en los campamentos sirios". "De esta forma, España cumple con sus obligaciones legales, también derivadas de los tratados internacionales", ha reivindicado.

Una vez en territorio español, las dos mujeres mayores de edad han sido custodiadas por la Policía Nacional para proceder a su toma de declaración tras lo cual pasarán a disposición judicial de la Audiencia Nacional que "procederá a la legalización de su situación procesal", ha precisado Exteriores, que no ha identificado a las dos repatriadas.

Según las fuentes consultadas por Europa Press se trataría de Yolanda Martínez, que tiene 4 hijos, y Luna Fernández, que llegó a España con 9 niños. Fuentes jurídicas han indicado que ambas, casadas con yihadistas, comparecerán este miércoles ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, quien había emitido órdenes de busca y captura internacionales contra ellas por presuntos delitos de terrorismo en 2019.

Por lo que se refiere a los menores repatriados junto a ellas, Exteriores ha precisado que "los servicios sociales de la Comunidad de Madrid se han hecho cargo de los trece menores", sin que por el momento esté claro si en un futuro sus familiares en España podrían hacerse cargo de ellos.

El Departamento que encabeza José Manuel Albares ha reivindicado que con esta operación "España se une a sus vecinos europeos" que también han repatriado a sus nacionales de estos campos en Siria, citando en concreto a Alemania, Bélgica, Noruega, Irlanda, Suecia, Italia, Finlandia, Países Bajos, entre otros.

En una reciente entrevista concedida a Europa Press, el ministro había asegurado que el Gobierno tenía la decisión tomada en cuanto a proceder a la repatriación, pero había apelado a la discreción. "Es una operación compleja con riesgos de seguridad", había incidido, defendiendo la decisión "porque involucra a ciudadanas españolas y sobre todo involucra a menores españoles que donde tienen que estar es en España y no en campamentos como los que están".

A finales de octubre, fuentes diplomáticas indicaron a Europa Press que un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores visitó antes del verano a españolas vinculadas con Estado Islámico que se encontraban en los campamentos de refugiados en el norte de Siria con el fin de establecer las condiciones para su eventual repatriación a España.

Dicho funcionario se desplazó a los campamentos de Al Hol y Al Roj para poder "entrevistarse con los ciudadanos españoles que se encontraban allí" y "establecer las condiciones para proceder a la repatriación, una vez que se cumplan las condiciones de seguridad para ello".

La campaña de mitad de mandato ha entrado en su recta final, y el volumen de propaganda política está batiendo récords. Entre anuncios contra la inmigración, a favor del aborto y el aumento de la delincuencia, surge un tema internacional: China.

El lunes 10 de octubre, China también estuvo en el centro del debate entre los dos candidatos al Senado en Ohio, la elección más vigilada del país y que podría determinar la mayoría en las elecciones de noviembre. Y el miércoles, el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan desveló por fin la estrategia de la administración Biden: en el centro de esta esperada Estrategia de Seguridad Nacional (NSS), de nuevo China.

China es el único tema internacional que aparece en muchos anuncios de campaña. Es un tema de política exterior cuyas dimensiones internas afectan a los votantes, ya sea la deslocalización de fábricas, el origen de Covid o el trato a los uigures que confeccionan su ropa; es también un tema que une a un público americano cada vez más hostil a Pekín.

En esta campaña, el tema está especialmente presente en los estados del llamado Rust Belt, el cinturón del óxido, ese antiguo corazón manufacturero que ha caído en picado desde los años de Reagan y la globalización acelerada con Clinton. Ese Rust Belt lo forman también los Estados pivote decisivos de las últimas elecciones presidenciales, con Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Allí se dan algunas de las más disputadas campañas de estas elecciones intermedias. 

La campaña para el Senado de Ohio es una de las más vigiladas, por varias razones. Van muy igualados y podría determinar el control de esa cámara. Está siendo muy observada sobre todo porque enfrenta al representante demócrata Tim Ryan, congresista desde 2013, un progresista social (más que cultural) respaldado por Alexandria Ocasio-Cortez, a JD Vance, autor del best seller Hillbilly Elegy (Una oda americana), respaldado por Trump y el ala MAGA (Make America Great Again) del partido, y financiado por Peter Thiel, multimillonario de Silicon Valley y uno de los mayores contribuyentes a la campaña de los candidatos MAGA.

En Hillbilly Elegy, que Netflix llevó a la pantalla, Vance relata su infancia en el corazón de los Apalaches, una instantánea del Rust Belt y de todos los males de esa América blanca y rural de las antiguas regiones industriales (hablo de su libro en este artículo sobre el tribalismo). Su evolución política es igualmente fascinante, ya que inicialmente era anti-Trump y luego se convirtió en un cruzado del MAGA. Sus vínculos con los conservadores estadounidenses más radicales, los Conservadores Nacionales de Yoram Hazony, son más preocupantes.

Ohio, que antes era un Swing State (violeta/demócrata), es decir, donde las fuerzas están muy igualadas y el resultado puede resultar determinante en las elecciones presidenciales, es ahora un Estado cada vez más republicano (rojo): votó dos veces a Obama y luego dos veces a Trump. Las encuestas muestran a los dos candidatos al Senado empatados. También es un Estado nostálgico de su glorioso pasado manufacturero, aunque éste se haya ido marchitando desde la década de 1980.

La competencia económica China, la defensa de Taiwán y la dimensión militar fueron planteadas durante el debate Vance-Ryan de principios de semana, un hecho notable e incluso excepcional para un debate entre dos candidatos al Senado. En lo único que coincidieron fue en que la Chips Act, la ley de semiconductores aprobada este verano, era una excelente noticia para Ohio y para garantizar que Estados Unidos dejara de depender de China o de la situación de Taiwán.

Biden acudió además a Columbus para celebrar con toda pompa la aprobación de la ley y el "regreso del Medio Oeste Industrial" (Industrial Midwest is back). Ohio será la sede de la primera planta de semiconductores en el marco de la política industrial de la Ley Chips, y se está construyendo otra en Arizona con ayuda de Taiwán.

Los semiconductores son uno de los productos más estratégicos de este siglo y, sin embargo, Estados Unidos, que en los años 90 producía el 40% de los semiconductores de todo el mundo, ahora sólo produce el 12%, y no los más avanzados, para los que sólo los taiwaneses tienen la tecnología.

Nunca antes un documento de estrategia internacional había tratado tanto de política industrial, de prioridades internas y del papel del Estado en la economía, y por supuesto de China. No es de extrañar que ésta sea la tercera administración que mira hacia Asia y hace de China su prioridad.

Las políticas de Biden sobre China recoge elementos de las políticas de Obama, pero se construye sobre todo con el legado de Trump. La invasión rusa de Ucrania no distrae la atención, sino todo lo contrario: los ocho meses de guerra, la "asociación ilimitada" entre Pekín y Moscú anunciada dos semanas antes de la invasión rusa en febrero de 2022, las dimensiones económicas del conflicto, todo ello tiene consecuencias para las políticas de la administración Biden sobre China y también explican las palabras del presidente sobre Taiwán.

El legado de Trump, en primer lugar: la presidencia de Trump se construyó sobre el rechazo de los "errores de dos décadas de política exterior de Estados Unidos" y su base ideológica, la creencia de que el libre comercio y la inclusión de rivales en el sistema internacional los convertiría en copartícipes responsables e incluso, idealmente, en democracias liberales. El nuevo documento de estrategia confirma este fracaso, ya desde la introducción firmada por el presidente Biden: "El período posguerra fría ha terminado".

Trump estaba obsesionado con el déficit de EEUU con China, y por eso había iniciado una guerra comercial. Pero le gustaba Xi, como todos los líderes autoritarios, e incluso había encontrado muy aceptable sus políticas sobre los uigures. El Covid lo cambió todo al torpedear su reelección, y en los últimos meses de su administración se aceleraron las medidas anti chinas soltando a sus halcones y asesores más ideológicos sobre China, como Mike Pompeo. En cuanto a Taiwán, Trump, que en un principio no entendía nada, coincidió con los argumentos chinos al principio de su mandato tras las "explicaciones" de Xi Jinping.

Otro elemento importante es el trabajo de redefinición de la política exterior emprendido por los demócratas para entender su derrota ante Trump y la crisis de la política exterior americana. Parte de la respuesta demócrata a la elección y las políticas de Trump ha sido volver a poner la política exterior al servicio de los americanos, enfatizando los vínculos entre la política exterior y la interior como una realidad contemporánea.

El actual director de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, fue uno de los autores de un informe publicado dos meses antes de las elecciones de 2020, y que ha alimentado la administración desde entonces, sobre la necesidad de considerar las consecuencias internas de la política exterior y los vínculos entre ambas, para hacer "una política exterior que funcione también para las clases medias".

Biden no quiere cambiar China, lo que quiere es ganar la competencia económica y tecnológica. Aunque su administración ha mantenido el grueso de los impuestos implantados por Trump, también acaba de tomar medidas más drásticas y selectivas sobre los semiconductores y sus componentes hacia China, para frenar también los avances chinos en este ámbito, y mantener a Estados Unidos y sus aliados por delante, empezando por los maestros en esta materia que son precisamente los taiwaneses.

La guerra en Ucrania es el tercer factor esencial para entender la evolución estratégica actual. La invasión rusa supuso un shock para Washington, la revelación de la autonomía estratégica europea (no en el buen sentido), y un cambio total de la visión estadounidense de la relación China-Rusia. También explica por qué Biden repitió cuatro veces que EE.UU. defendería a Taiwán en caso de un ataque chino: la invasión rusa demostró que la disuasión no ha funcionado y se le acusa de haber "anunciado con demasiada antelación" que EE.UU. no enviaría sus soldados a defender Ucrania.

Sobre Taiwán repitió sin embargo lo contrario. En el Congreso, el shock también explica la inesperada votación este verano de varias leyes de política industrial, sobre semiconductores y el clima, así como el debate actual de una nueva ley sobre Taiwán, que representaría un dramático punto de inflexión. No se aprobará, pero los elementos relativos a la entrega de armas se añadirán sin duda al proyecto de ley del presupuesto del Pentágono y, por tanto, se votarán.

Pero la NSS desvelada el miércoles, el documento de estrategia oficial que detalla la posición americana, expresa el compromiso de Estados Unidos con el statu quo en Taiwán. Reitera el interés de EE.UU. en la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán, reafirma que EE.UU. no apoya la independencia de la isla, respeta la política de "una sola China" y se opone a cualquier cambio unilateral del statu quo.

Esto plantea otro problema: mientras que Washington considera que Pekín está cambiando el statu quo con sus agresivas declaraciones y acciones militares en el estrecho de Taiwán y, más ampliamente, en toda la región, China considera que es Estados Unidos quien está cambiando la situación con sus agresivas medidas económicas.

China sigue siendo la principal preocupación de los americanos y la prioridad estratégica del país, pero el consenso se detiene ahí, y algunos se preocupan por los riesgos de un enfrentamiento militar.

Un reciente estudio del Pew Research Center indica que el 76% de los estadounidenses tienen una visión negativa de China. Esta visión negativa es aún más frecuente en el Congreso, donde es compartida por casi todos los congresistas. Este consenso facilita y orienta la política actual, y responde a otra de las prioridades de Biden: el deseo de consolidar la estrategia estadounidense a largo plazo, cada vez más socavada por la polarización política que ha provocado que se pasen de una administración a otra los compromisos internacionales, como hemos visto en los últimos 20 años en materia de clima y con Irán, y más recientemente en lo que respecta a la OTAN y Rusia.

Esta polarización, que se ha extendido a la política exterior, socava la credibilidad de Estados Unidos en el extranjero y la confianza de sus socios y aliados; también influye en las percepciones y los cálculos de sus adversarios, lo cual es peligroso y multiplica los riesgos. El antagonismo con China es uno de los pocos asuntos verdaderamente bipartidistas en Washington en la actualidad, lo que permite crear una estrategia a largo plazo. Sin embargo, aunque hay consenso sobre esa rivalidad, hay muchos matices en cuanto a la naturaleza y lo que está en juego en esta competición. Y aunque existe ese consenso sobre la dimensión tecnológica y la política industrial, hay preocupación por los riesgos de la escalada militar.

Jessica Chen Weiss, profesora de la Universidad de Cornell, estuvo un año y medio en el Centro de Planificación del Departamento de Estado hasta el pasado agosto. En un artículo de Foreign Affairs publicado este verano, describe su preocupación por que la competencia con China "consuma toda la política exterior" y arrastre a Estados Unidos a una nueva guerra.

Stephen Wertheim, director de investigación en el think tank Quincy Institute antes de incorporarse a la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, señaló lo mismo el mes pasado: que esta visión de la relación bilateral más importante como una competición sin cuartel y un juego de suma cero podría llevar a un enfrentamiento militar, debido a las fuerzas nacionalistas y antidemocráticas de ambos países, mientras que China y EE.UU. tienen retos comunes que podrían resolver juntos (clima, pandemia, evitar la guerra nuclear).

Bernie Sanders escribió lo mismo el año pasado en Foreign Affairs, preocupándose también en general, como algunos en la izquierda demócrata, de que esta nueva Guerra Fría pueda volver a inflar el presupuesto militar a expensas de otros gastos. El límite de estas posiciones es que a veces es el adversario quien elige la guerra, como ha demostrado recientemente Putin.

La opinión norteamericana también está dividida sobre Taiwán. Un estudio realizado en agosto de 2022 por el Chicago Council on Global Affairs, un think tank que analiza las opiniones de los estadounidenses en materia de política exterior, mostró que, en caso de invasión china de Taiwán, una gran mayoría apoyaría las sanciones diplomáticas y económicas (76%) y el envío de armas a Taiwán (65%); pero el 60% sería contrario a enviar tropas para defender la isla.

En un momento en que Estados Unidos acaba de salir de su "guerra interminable" en Afganistán, es dudoso que la opinión pública esté entusiasmada con una nueva guerra, especialmente contra China. Este es el quid de la cuestión, ya que los juegos de guerra llevados a cabo por los think tanks y el Pentágono muestran importantes pérdidas para Estados Unidos en caso de conflicto directo con China a causa de Taiwán.

Mis interlocutores americanos me recordaron la reacción de la opinión pública tras Pearl Harbor o, más cercano, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001: los adversarios de Estados Unidos subestiman la reacción y la movilización de la opinión pública estadounidense en caso de ataque. Pero en este último caso, más reciente, el país fue golpeado en su propio suelo, de forma espectacular. Sobre todo, Estados Unidos ha cambiado profundamente en 20 años; se ha desunido profundamente.

Incluso los militares han perdido el respeto unánime que antes tenían entre la población desde Trump. Y el clima político podría ser aún más tóxico después de las elecciones de medio mandato, que abrirán inmediatamente la campaña presidencial de 2024. También en este sentido, volviendo a Ohio, el resultado de la carrera senatorial será crucial para la evolución del Partido Republicano, la mayoría en el Senado y el futuro del país. Pero pase lo que pase, los semiconductores se fabricarán aquí.

Traducción de Miguel López