"Le dije que quería abortar. Me aconsejó que si lo hacía no se lo contara a nadie. Tras la consulta tomé la decisión de no decírselo a nadie". Es uno de los testimonios que la periodista Ana Requena (Madrid/Albacete, 1984) recoge en su libro Provida. Un manifiesto a favor del aborto (Now Books, 2026). Las palabras pertenecen a una de las muchas mujeres atravesadas por el estigma tras tomar la decisión de interrumpir su embarazo y percatarse de que aquello que parecía un derecho consolidado está, en realidad, marcado por una suerte de clandestinidad anacrónica que se expresa en la discreción durante el procedimiento y en el sigilo posterior, en la negación de todo relato que se salga de los moldes. 

La autora disecciona los motivos por los que la reacción patriarcal no renuncia a dar la batalla contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, impugna el discurso esencialista que insiste en situar a la maternidad como único propósito vital de las mujeres y concede voz a quienes, sin saber muy bien por qué, han cargado con una vergüenza extraña pero aleccionadora tras haber abortado. 

Aunque el movimiento feminista evita deliberadamente llamarlas así, las organizaciones antiabortistas han conseguido calar en el debate público bajo el nombre de provida. ¿Es hora de reapropiarse del término?

Tenemos que reapropiarnos del término provida, algo que el feminismo ya lleva unas décadas intentando. Si miramos los folletos de las comisiones proderecho al aborto que las feministas hacían en los años 80, ya se puede ver cómo reclamaban el término provida para el feminismo y cómo impugnaban que los grupos ultra lo utilizaran y se escondieran detrás de él para promover posturas antiabortistas. Hay que recuperar ese activismo, señalar que detrás de términos que suenan aparentemente bien se esconden posturas muy reaccionarias que buscan que las mujeres no tengamos derechos sobre nuestros cuerpos. Provida debe ser un término que aluda en todo caso a quienes defienden vidas dignas, con derechos y en las que los sujetos que ya estamos aquí tengamos autonomía y capacidad de decisión sobre nuestros proyectos personales. 

¿Por qué la reacción patriarcal pone en el foco los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?

En el marco de la ola reaccionaria, el derecho al aborto se identifica como una de las palancas estratégicas para intentar contestar a una efervescencia feminista y conquista de derechos. Atacar al aborto es cuestionar algo esencial: que las mujeres somos ciudadanas de primera, no seres sujetos a la validación y decisiones externas. La batalla sobre el aborto siempre vuelve porque es la base de la autonomía y la libertad de las mujeres, pero también porque tiene que ver con el modelo de sociedad en el que vivimos. Controlar los cuerpos de las mujeres implica también controlar de alguna manera los medios de producción, porque el cuerpo de las mujeres es la última frontera del capitalismo, como dice Silvia Federici. El cuerpo y el útero de las mujeres son una maquinaria de reproducción de fuerza de trabajo, por lo que el hecho de que las mujeres tengamos autonomía implica que vamos a decidir sobre nuestras maternidades en nuestros propios términos y que hay un poder que pierde el control. Cuando decimos que las mujeres queremos tener derecho a abortar, estamos atacando también esa manera patriarcal y capitalista de organizar el mundo.

En el libro plantea precisamente eso: la idea de que la mujer como madre es funcional al sistema capitalista. Ese discurso se ha traducido últimamente en políticas pronatalistas por parte de gobiernos conservadores de todo el mundo. ¿Qué intencionalidad esconden estas políticas?

El relato con el que se ponen en marcha este tipo de políticas explota los estereotipos de género y la idea de que lo mejor que le puede suceder a una mujer es ser madre. Explotan ese relato porque es necesario para seguir situando a las mujeres como la parte de la población que sostiene los cuidados no remunerados, unos cuidados que son fundamentales para que el resto de la sociedad y de la economía siga en marcha. Por eso siempre sospechamos de este tipo de políticas cuando están sostenidas por estos relatos. Pero, además, son políticas muy contradictorias con el resto de la agenda de estos líderes. Si quieres fomentar la natalidad, pero al mismo tiempo estás en contra de la reducción de la jornada laboral para todo el mundo, o no pones en marcha prestaciones universales por crianza, o estás en contra de que haya más permisos remunerados para cuidar, o de regular el mercado de la vivienda, entonces no estás haciendo políticas pronatalistas, estás haciendo políticas que buscan explotar un ideal concreto de mujer que te interesa a ti para tu agenda política o para tu modelo de sociedad. Lo que sabemos es que si las mujeres en muchos lugares del mundo están dejando de tener hijos es, entre otras cosas, por la dificultad para conciliar y por la penalización que aún hoy implica tener un hijo.

Mucha de esa retórica antiabortista ha sido adoptada en España por Vox. ¿A la ultraderecha le sale rentable ese discurso en el contexto español?

En España ha habido bastante consenso respecto al derecho al aborto. Lo vimos hace años cuando [Alberto Ruiz] Gallardón, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, intentó llevar a cabo esa reforma tan regresiva. Pero precisamente porque existe ese consenso en nuestro país, Vox intenta minar el derecho al aborto de otras formas: no propone necesariamente reformas muy regresivas del aborto, sino que su línea de actuación principal tiene más que ver con lanzar una retórica y una serie de propuestas que vayan desplazando el foco del debate público a si el aborto es un hecho deseable y responsable. Es decir, a que la gente pueda dudar de las mujeres y sus motivos para abortar. Es una estrategia para tratar de limar el derecho al aborto, lanzando esa idea de que las mujeres son unas irresponsables. Creo que buscan preparar el terreno para lo que pueda venir después, aunque es una buena noticia que ante sus propuestas haya una respuesta masiva. 

Y en medio de todo esto, ¿dónde se sitúa el Partido Popular? Tradicionalmente se ha dicho que hay dos espíritus dentro del partido respecto al aborto. 

No sabemos ya cuántos espíritus hay en el Partido Popular, ni con ese tema, ni con la violencia de género, ni con el feminismo en general. El PP ha dado muchísimos bandazos en la manera en la que defendían o criticaban muchos de estos derechos. No hay un discurso claro, pero en esa confusión sí transmiten algunas ideas. El PP de [Alberto Núñez] Feijóo aceptó la sentencia del Constitucional que avala la ley del aborto, pero en su discurso lo sitúa como una prestación sanitaria y nunca como un derecho. Saben que tener una postura muy beligerante contra el aborto que implique proponer una reforma legal muy significativa no tendría mucha aceptación, pero siguen siendo muy comedidos y alguna de esas almas del PP sí se sitúa más cerca de Vox.

Las clínicas acreditadas se han erigido como las principales garantes del derecho al aborto, pero es un problema que el acceso al aborto esté hoy privatizado. ¿Cómo se reivindica el aborto en la red pública sin obviar la labor de las clínicas?

Hay que entender que cuando hablamos de las clínicas privadas, en el caso del aborto, no estamos hablando de Quirón ni de grandes grupos. Se trata de clínicas privadas que nacen en muchos casos de la militancia, vienen de profesionales y activistas que se preocuparon por formarse, por traer técnicas seguras y que con mucha convicción montaron las primeras clínicas donde las mujeres podían interrumpir voluntariamente su embarazo. Es gracias a ese activismo y a ese empeño que se abrieron muchos de estos centros. Así que no son grandes grupos que se lucran con esto, porque de hecho tienen grandes dificultades para cobrar por parte de las comunidades autónomas, algunas no son precisamente muy bien tratadas. Ese es el contexto que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de aborto en la privada. Y desde luego reivindicar que la sanidad pública tiene que hacerse cargo de los abortos. ¿Habría sitio en ese contexto para las clínicas privadas? Yo creo que seguramente sí, lo que no es normal es que se encarguen del 90% de las interrupciones.

Otro de sus grandes problemas es el acoso frente a los centros. Existe un marco legal que lo castiga, pero sigue produciéndose. 

No parece que la reforma penal esté funcionando, porque tal y como está redactado ese artículo es necesaria una intimidación, una coacción o una violencia más explícita de la que normalmente sucede. Muchas veces no hay una agresión física explícita o nadie te está amenazando verbalmente, pero eso no significa que esas personas no estén interrumpiendo el normal funcionamiento de una clínica o no estén interceptando a mujeres y mandando un mensaje muy claro con su presencia, rezando o con fetos de juguete en las puertas de una clínica. Pasar por eso es desagradable y estigmatizante, no hace falta que exista violencia o intimidación explícita, pero los tribunales están pidiendo ese plus para que funcione el artículo del Código Penal. Lo que se pidió aquí ya en su momento fue que se pensara en esas zonas de seguridad que se han aprobado en otros países, áreas en las que no pueden ir estos grupos a rezar. Hay quien dice que eso sería más eficaz.

En la política se ha instalado la idea de introducir el aborto en la Constitución. ¿Es una medida simbólica o puede tener efectos materiales para las mujeres?

Me parece una medida más simbólica que efectiva a la hora de garantizar el derecho al aborto en el día a día. No la menosprecio, ese valor simbólico puede ser importante, pero creo que hay que rebajar expectativas respecto a lo que luego podría significar. En parte tiene que ver con la redacción y el capítulo que se ha elegido, porque no está entre los derechos fundamentales y eso hace que no tenga tanto rango. Pero lo que vemos es que los problemas son de aplicación de la ley. Podemos tener el aborto en la Constitución, pero si la ley no se cumple, si no acabamos con las barreras que existen, no servirá de mucho.

¿Cuáles son esas barreras?

Tienen que ver con la objeción de conciencia, con cómo se registra esa objeción, con cómo los hospitales públicos organizan sus recursos humanos, su logística y sus quirófanos. Pero también tienen que ver con la falta de información, con el estigma, con las dificultades en el acceso y con la falta de una educación sexual integral. Y todos esos asuntos ya están contemplados en la legislación, pero no están siendo plenamente desarrollados.

En uno de los capítulos del libro recoge una vivencia de una mujer que quería abortar y cuyo ginecólogo le aconsejó no decírselo a nadie. ¿Cómo opera todavía el estigma?

La inmensa mayoría de mujeres que me escribieron para compartir sus historias para el libro me pidieron que no compartiera sus nombres, se mostraban muy precavidas a la hora de que se mostrara algún tipo de información que las pudiera comprometer. Es como si el aborto aún fuera algo que nos fuera a definir, que fuera a cambiar la mirada que los demás tienen sobre nosotras. Eso es muy relevante, es muy significativo pensar que en una sociedad donde hace 40 años que el aborto es un derecho aún haya esa sensación. Y, sin embargo, todas esas mujeres tenían mucha necesidad de compartir sus vivencias y de expresarlo, hablar con normalidad de un episodio de sus vidas que significó una cosa distinta para cada una. Ese estigma es fundamental para entender por qué es en realidad un derecho muy clandestino. Y ese mismo estigma está diciendo a las mujeres que si abortan tienen que sentirse de una manera muy concreta. Solo permitimos el aborto si es un drama o un trauma, si acaso en determinadas situaciones de la vida: si la mujer es joven o si está en unas circunstancias personales malas o precarias. Cuando nada de eso sucede, entonces parece que el aborto pesa más. Pero el aborto es un derecho y no hay una manera de sentirse después de haber abortado, no hay una experiencia igual.

¿Y cómo se extiende el estigma a los profesionales? Isabel Díaz Ayuso habla de listas negras para referirse al registro de objetores, pero precisamente los señalados han sido siempre quienes se han prestado a realizar abortos.

Si tenemos un problema ahora mismo es con el estigma de los profesionales que sí están dispuestos a intervenir en un aborto y no con el de los profesionales que deciden no hacerlo. Si desde la carrera hay estigma, ese estigma se va a reproducir después durante tu práctica profesional. Puede haber profesionales de la medicina que salgan de la carrera sin apenas saber nada de la interrupción voluntaria del embarazo, algo que no pasa con ninguna otra práctica médica. Esa omisión y esa ocultación ya está generando estigma, ya está insinuando que hay algo indeseable.

El Gobierno se mantiene firme en su propósito de blindar el aborto como un derecho constitucional. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta un proyecto de reforma para introducir un nuevo precepto a la Constitución: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio". 

España no camina sola en su voluntad de alzarse como vanguardia global en la defensa del aborto, sino que tiene un espejo en el que mirarse. Francia aprobó, hace ahora dos años, incorporar la interrupción voluntaria del embarazo en su Constitución de 1958. Lo hizo gracias al consenso social y con un objetivo claro: contener la ofensiva reaccionaria que entonces comenzaba a consolidarse a nivel internacional.

Una ola regresiva que pone en la diana, principalmente, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La mecha que dio lugar a la iniciativa francesa no prendió en el país galo, sino a miles de kilómetros. En junio de 2022, la Corte Suprema estadounidense anulaba la sentencia Roe contra Wade, dictada hace cinco décadas y consagrada como la principal herramienta para garantizar el acceso al aborto. La decisión de los jueces hizo saltar las alarmas en todo el mundo. También en España: Carmen Calvo fue una de las primeras voces que a nivel público deslizaron la posibilidad de modificar la Constitución, una idea que ha ido tomando forma en los últimos años, hasta aterrizar este martes en el Consejo de Ministros.

Y en el país vecino, la reacción fue similar. La situación actual "exige tomar medidas en Francia" para no tener que pasar por "los retrocesos que puedan existir", expresó en junio de hace cuatro años la diputada Aurore Bergé, presidenta del grupo La República en Marcha, el partido de Emmanuel Macron. Su formación anunciaba entonces una propuesta de ley para "incluir el respeto al aborto" en su Constitución.

Algo menos de dos años después, Francia se convirtió en el primer país en dar el paso. El artículo 34 de la Constitución francesa así lo recoge: "La ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo". El encaje constitucional tuvo un impacto fundamentalmente simbólico: si bien quedó reforzada la protección del aborto, las condiciones concretas para ejercerlo dependen exclusivamente de la legislación ordinaria. Al contrario de lo que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, el ejemplo francés se limita a blindar la libertad de las mujeres para abortar, pero evita entrar en detalles respecto a la prestación. 

Y las condiciones, dos años después, siguen presentando importantes deficiencias. El informe IVG: una ‘libertad garantizada’, pero un acceso frágil, publicado en octubre de 2024 por el Senado, ya advertía de que la garantía del acceso al aborto requiere de más pasos que su consagración constitucional, especialmente enfocados en paliar las diferencias territoriales, los desplazamientos forzosos y la desinformación.

En septiembre del año pasado, las estadísticas oficiales recogieron un total de 251.270 interrupciones del embarazo a lo largo de 2024 en Francia, pero el análisis de los datos permite afirmar que "persisten las disparidades territoriales", con tasas de acceso superiores en los territorios de ultramar en comparación con las áreas metropolitanas. Las diferencias desde un punto de vista geográfico propician, no en pocas ocasiones, el desplazamiento de aquellas mujeres que ven limitado su derecho. La presidenta de la Asociación Francesa de Planificación Familiar, Sarah Durocher, advierte en declaraciones a Le Parisien que a día de hoy "las mujeres se ven obligadas a viajar a un departamento distinto al suyo para abortar". Todo ello, a pesar del blindaje constitucional.

No es muy distinto a lo que sucede en suelo español. El último informe del Ministerio de Sanidad recoge un total de doce provincias –Jaén, Huesca, Teruel, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Soria, Segovia, Ávila, Palencia, Zamora y Cáceres– que no notificaron ni un solo aborto en 2024. Y, sin embargo, según los datos recogidos por el Ministerio, un total de 4.636 mujeres residentes en esas provincias sí abortaron ese año, por lo que tuvieron que desplazarse para hacerlo en otro territorio. En la última década, decenas de miles de mujeres se vieron obligadas a traspasar las fronteras de su provincia para poder abortar.

La investigadora Alexandra Pugh, experta en estudios franceses y de género, subraya en un artículo publicado en agosto del año pasado que, a pesar de la victoria simbólica que supuso constitucionalizar el aborto como una libertad fundamental, la realidad material de las mujeres que desean ejercer sus derechos reproductivos no da pie a celebraciones. La reforma constitucional, recuerda, no garantiza por sí sola mejoras prácticas, así que las grietas siguen bien presentes. 

"El acceso al aborto no se respeta de manera equitativa", escribe la autora, quien recuerda a renglón seguido que "una de cada cuatro personas tiene que salir de su departamento para abortar y, entre las que abortan en un centro sanitario, más de la mitad tiene que esperar siete días para conseguir una cita". El 54% de las mujeres que deciden abortar, según los datos oficiales, asumen un tiempo de espera superior a una semana para ser atendidas. 

En Francia, concluye la investigadora, "existe una gran disparidad entre la idea, respaldada por el Estado, de que las mujeres tienen un derecho firme y sin trabas a decidir, y la realidad de la desigualdad en el acceso a la atención reproductiva".

Una desigualdad estructural que impacta especialmente entre las mujeres más vulnerables. "El límite gestacional en Francia [catorce semanas] provoca que muchas personas se vean obligadas a viajar al extranjero", recoge el informe de Amnistía Internacional Cuando los derechos no son reales para todos: la lucha por el acceso al aborto en Europa. A España llegan cada año unas 1.500 mujeres de otros países europeos para poder acceder a la interrupción del embarazo y las francesas son precisamente las que con mayor frecuencia se desplazan, por detrás de las portuguesas, con este propósito. También al Reino Unido, tal y como explica Camille Kumar, directora general de la organización inglesa Abortion Support Network: "Los límites gestacionales son barreras arbitrarias que afectan sobre todo a las personas vulnerables".

Algunas de las mujeres procedentes de suelo francés, prosigue la experta en declaraciones recogidas en el citado informe, se encuentran atravesadas por situaciones complejas, como contextos migratorios, violencia machista, consumo de sustancias o sinhogarismo. Más similitudes con la situación en España: en nuestro país, ocho comunidades incumplen la ley al obstaculizar la atención gratuita a mujeres migrantes que deciden abortar.

A todos estos obstáculos les sigue el estigma. Una encuesta efectuada por Planificación Familiar en 2024 concluye que el 41% de las mujeres que habían abortado recientemente afirmaron sentir que el aborto seguía siendo considerado como un tabú, mientras que el 63% expresó temor ante la posibilidad de ser juzgadas por su entorno o por los profesionales sanitarios. Precisamente con el fin de combatir el estigma, el colegio francés de profesionales de la ginecología y obstetricia reclamó, en junio del año pasado, suprimir la cláusula de conciencia al aborto, si bien la objeción no constituye un debate tan candente como sucede en la política nacional.

La experiencia francesa sugiere que no basta con blindar constitucionalmente el aborto para enyesar las grietas preexistentes, si bien hacerlo es una declaración de intenciones a la hora de contener la ola reaccionaria que amenaza globalmente a las mujeres. A finales del pasado mes de marzo, Luxemburgo decidió seguir los pasos de Francia e incluir el aborto en su Constitución. Si las pretensiones del Gobierno se cumplen, España se convertirá en el tercer país en hacerlo. Más allá del mensaje en un plano simbólico, los efectos reales solo podrán evaluarse con el tiempo.

El Gobierno ha aprobado blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución, pese a la previsible negativa del PP de que no apoyará esta reforma constitucional que necesita de una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado, según informa EFE.

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta este añadido al artículo 43.3, para así establecer la obligación de todos los poderes públicos a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, recogida en la ley de 2010 y ratificada en 2023 por una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo han ratificado tras recabar el informe favorable del Consejo de Estado que ve "constitucional" la propuesta del Ejecutivo.

Esta reforma, que requiere mayorías de tres quintos en el Parlamento, se impulsa porque el Ejecutivo quiere "proteger" el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y "reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional".

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho que se avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el Consejo de Estado acaba de emitir un informe favorable a la idea del Ejecutivo de blindar el derecho al aborto en la Constitución, por lo que ha asegurado que promoverán este cambio porque la ley actual "no se cumple" en su integridad al derivarse a clínicas privadas.

Durante el acto de apertura de la campaña electoral del PSOE de Castilla y León, organizado en Burgos este jueves, Sánchez ha ironizado con que la derecha y la ultraderecha le acusarán de nuevo de usar este tema como "cortina de humo", pero ha atribuido a la "casualidad" que el informe del Consejo de Estado haya llegado el mismo día.

Sánchez ha argumentado que en España ese derecho está legislado pero la ley "no se cumple" y ha puesto como ejemplo que en autonomías como Castilla y León solo el 15% de las interrupciones voluntarias de embarazos se practican en centros sanitarios públicos, mientras que el resto se deriva a clínicas privadas.

"Por eso es importante blindar este derecho", ha remarcado Sánchez, convencido de que no puede ser que el signo político que gobierne en una autonomía determinada pueda decidir si se respetan o no los derechos de las mujeres, porque "se respetan sí o sí" y ha asegurado que van a "blindar el derecho al aborto en la Constitución".

El pasado mes de octubre, el Consejo de Ministros acordó pedir un informe al Consejo de Estado para iniciar el trámite de blindar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución, el que reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos a establecer un sistema púbico que lo garantice.

El Gobierno, a través de varios de sus departamentos, había advertido de que hay comunidades autónomas que incumplen la ley que regula el aborto, porque ni han puesto en marcha el registro de objetores de conciencia ni tienen un hospital público de referencia en cada provincia que permita a las mujeres interrumpir el embarazo.

Además, la medida fue anunciada después de que el Ayuntamiento de Madrid apoyara una iniciativa de Vox para dar información a las mujeres que soliciten interrumpir su embarazo sobre el 'trauma posaborto', sin evidencia científica según los expertos y como reconoció el alcalde de Madrid posteriormente. En el mismo polémico contexto, el Gobierno había reclamado a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Día Ayuso, crear el registro de médicos objetores.

En cualquier caso, la reforma constitucional promovida desde el Gobierno requiere mayorías parlamentarias amplias, incluso mayores que las que permitieron la investidura de Pedro Sánchez. El PP anunció en su momento que no iba a apoyar la iniciativa.

Meses antes del anuncio del Gobierno, Francia había optado por esta vía para incluir el derecho al aborto en su Constitución.

Precisamente este jueves, se ha conocido que once países europeos, entre ellos España, estarían dispuestos a usar su asignación del Fondo Social Europeo para ayudar a abortar a mujeres que lo necesiten en cualquier otro Estado miembro, como aquellos donde es actualmente ilegal, según la iniciativa ciudadana 'My voice, My choice' ('Mi voz, mi elección').

Fuentes del Ministerio de Igualdad han explicado que la titular del departamento, Ana Redondo, "se siente respaldada" por este dictamen que "fortalece la seguridad jurídica y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos como parte integrante del sistema público de salud".

El dictamen favorable del Consejo de Estado supone "un respaldo jurídico clave a la propuesta de reforma constitucional que busca reforzar el derecho al aborto dentro del marco del artículo 43, relativo a la protección de la salud", subrayan las fuentes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este miércoles que el Instituto de las Mujeres está estudiando la posibilidad de establecer un perímetro de seguridad en el entorno de las clínicas abortivas para evitar la ubicación en sus inmediaciones de entidades y asociaciones antiabortistas, según recoge EFE.

Redondo ha hecho estas declaraciones en el pleno del Congreso de los Diputados, donde también se ha comprometido a garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos.

"Me parece la mejor manera de evitar el hostigamiento y la coacción de las mujeres", ha concretado.

La semana pasada, Sumar ya presentó una proposición de ley para modificar el Código Penal que castiga el acuso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo y lograr que se prohíban las concentraciones o actos a 200 metros alrededor de estos centros médicos.

Hoy la ministra ha listado el establecimiento de este perímetro de seguridad como una de las medidas en las que Igualdad está trabajando para garantizar la prestación del aborto, y ha recordado que en la Cámara Baja son mayoría quienes defienden este derecho.

Redondo también ha aprovechado su intervención para criticar la posición sobre este tema de la derecha, a la que ha afeado que "tradicionalmente ha votado en contra de todas las leyes del aborto y ha recurrido su constitucionalidad ante los tribunales".

"Frente a quienes hostigan y pretenden cercenar nuestros derechos, la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo, vamos a seguir trabajando", ha aseverado Redondo, quien ha reivindicado que el Gobierno mantiene su voluntad de blindar el aborto en la Constitución.

Tiene 33 años de experiencia primero como profesor y después como catedrático de Derecho Procesal, puesto que ejerce en la Universidad Complutense de Madrid. Julio Banacloche, uno de los 12 candidatos a una plaza de magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, reúne todos los requisitos legales para cubrir esa vacante. El candidato ha mostrado en diversos actos públicos y apariciones en medios un fuerte perfil religioso y conservador con opiniones contrarias a iniciativas bandera de la izquierda como la ley trans, el aborto o la eutanasia. También a la exhumación de Franco de Cuelgamuros. En febrero de 2025 participó en unas jornadas jurídicas organizadas por el PP en las que criticó al Constitucional por avalar todas las iniciativas del Gobierno: "Da igual lo que apruebe el Congreso porque va a pasar el filtro del TC". En 2012 llegó a afirmar que los católicos "pueden desobedecer leyes contrarias al Derecho Natural".

Además de Banacloche, al puesto concurren otros 11 aspirantes que ya han pasado el filtro de la comisión de calificación. Ahora será el Pleno el que tendrá que elegir al nuevo magistrado. Conservadores y progresistas, con 10 vocales cada uno en el órgano de gobierno de los jueces que preside Isabel Perelló, tendrán que pactar un nombre para alcanzar la mayoría de tres quintos (13 votos) que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige para la cobertura de la plaza. El catedrático ya optó en 2019 a otra vacante en el Supremo –en la Sala de lo Civil– que finalmente no logró obtener y ha sonado en varias quinielas al Tribunal Constitucional en los últimos años.

El procesalista de la Complutense participó el pasado febrero en las jornadas denominadas Contra la impunidad, organizadas por el PP en el Congreso de los Diputados, a las que también acudieron otros juristas conservadores como el exmagistrado del Supremo y el Constitucional Jorge Rodríguez Zapata, la presidenta de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, entre otros. La jornada, inaugurada por el presidente del partido Alberto Núñez Feijóo, y clausurada por su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, sirvió para criticar las principales iniciativas del Gobierno y el PSOE en materia judicial.

La intervención de Banacloche (aquí el vídeo, tercera hora, minuto 10,39) se centró, sobre todo, en la proposición de ley del PSOE –presentada por esas fechas pero finalmente retirada– para limitar la acción popular. El profesor se mostró contrario a la iniciativa del grupo parlamentario socialista por considerar que estaba diseñada para acabar con los casos que afectan al Gobierno. El académico se refirió a esa figura como "el elemento que ha servido de contrapeso" a un Ministerio Fiscal con "un nivel de desprestigio muy grande". Banacloche también se mostró contrario a que sean los fiscales y no los jueces de instrucción los que instruyan las causas penales, como prevé el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal del actual Gobierno, una iniciativa que también ha defendido el PP y fue propuesta en su momento por los Ejecutivos de Mariano Rajoy.

Por último, cargó contra el Tribunal Constitucional. "Algo hay que hacer", dijo, "porque esto es como el caso Negreira [el escándalo de los supuestos sobornos del FC Barcelona a los árbitros] pero en derechos y libertades". El profesor aseguró que cualquier cosa aprobada por el Congreso pasa el filtro del TC, algo que, aseguró "no ha pasado nunca en la historia del tribunal". En el turno de preguntas, cuando le preguntaron por las amenazas del Supremo a la mayoría progresista del órgano de garantías sobre la posibilidad de actuar contra sus magistrados por prevaricación, afirmó: "La propia Constitución establece que todo el mundo está sujeto a responsabilidad (...) también los magistrados del Constitucional. Luego afirmó que sentía "cierta esperanza" porque la próxima renovación parcial del órgano corresponde al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Además de esos planteamientos conservadores expuestos en el acto del PP, el aspirante a magistrado de lo penal del Supremo nunca ha ocultado sus principios ideológicos y religiosos. "Un católico debe desobedecer las leyes contrarias a la ley natural", es decir, a su propia religión, dijo en una conferencia en el Colegio Mayor Belagua de la Universidad de Navarra en 2012. "Si una ley va en contra del derecho natural", un concepto filosófico que se refiere a un conjunto de supuestas normas y principios que los católicos identifican con los de la Iglesia, "un jurista católico no la puede reconocer como verdadera ley, aunque formalmente esté aprobada", añadió, según recogió entonces el sitio web de contenido religioso Catholic.net.

En 2023, en una entrevista en la revista católica Omnes, se refirió al anterior Gobierno de PSOE y Podemos como "factoría de ingeniería social" y criticó la ley trans como "una regulación desproporcionada, ideologizada y contraria a la ciencia, a la lógica y a la seguridad jurídica y social más elementales·. "Nadie entiende que una persona pueda cambiar de sexo simplemente con decirlo en la ventanilla del Registro y aprovecharse a partir de ese momento de las ventajas atribuidas al nuevo sexo", añadió. En el coloquio también cargó contra el aborto, en el que, dijo, no importa nada "ni el padre, ni mucho menos el hijo que se aborta"; o la eutanasia, en la que no se tiene en cuenta a "los familiares" del que expresa su deseo de morir. En 2019, además, publicó un artículo en El Mundo en el que criticaba la exhumación de Franco.

La Sala de lo Penal del Supremo cuenta con 15 miembros, de los que solo tres son mujeres. Los criterios aprobados por la comisión de igualdad del CGPJ para aplicar la ley de paridad señalan que ese reparto equitativo entre sexos debe darse en cada sala, lo que indicaría que el puesto tendría que corresponder, en principio, a una magistrada. Los vocales conservadores, sin embargo, ya han avanzado que vetarán a una de las candidatas a la que señalan por su cercanía al PSOE y a Pedro Sánchez. Se trata de la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo. Bacigalupo formó parte del equipo que asesoró a los socialistas para elaborar el programa con el que concurrieron a las elecciones de 2015.

Los 21 antiabortistas juzgados el pasado mes de noviembre por un delito de coacciones tras haberse concentrado en 2022 para rezar ante la clínica Askabide de Vitoria, que practica interrupciones voluntarias del embarazo, han sido absueltos, según recoge EFE.

La Fiscalía defendió durante el juicio que esas concentraciones diarias de grupos de unas cinco personas con pequeños carteles y rosarios supusieron un acoso e intimidación a los trabajadores y pacientes de la clínica. Las defensas argumentaron por contra que esos rezos se enmarcaban en el "legítimo derecho a expresar la fe".

La titular del juzgado de lo penal número 1 de Vitoria ha considerado que estos actos no eran constitutivos de delito y ha absuelto a todos los procesados, según han confirmado fuentes judiciales.

En concreto, la jueza considera que el comportamiento de los acusados no puede calificarse de coactivo porque "nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas" y sostiene también que se puede "descartar completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza".

"No consta que se haya abordado, increpado o agredido a ninguna persona, ni que se constituyeran cadenas humanas impidiendo el paso a mujeres o trabajadores o cortado suministros de la clínica, ni que los manifestantes hayan realizado gestos o proclamado eslóganes amenazantes", señala la sentencia.

Los procesados se enfrentaban a una petición de cárcel de cinco meses por parte de la Fiscalía, con posible sustitución por 100 días de trabajos para la comunidad. La clínica, personada como acusación particular, solicitaba además 20.000 euros de indemnización. Por su parte, las defensas pedían la libre absolución de los acusados.

Las concentraciones que motivaron este proceso judicial tuvieron lugar entre el 28 de septiembre y el 7 de noviembre de 2022.

Según relató durante el juicio el gerente de la clínica, Igor Elberdin, los procesados acudían a diario frente al centro médico para rezar, con rosarios, con camisetas y con carteles. Esa "presencia constante" suponía para él una "coacción". También una trabajadora y una paciente declararon en el juicio haberse sentido "intimidadas" y "señaladas" por estas concentraciones.

Los 21 acusados defendieron ante la jueza que en ningún momento habían intimidado a pacientes y trabajadores y aseguraron que se limitaban a rezar en silencio o en voz baja. Señalaron también que no interactuaban con nadie al margen de su grupo, que no increpaban, insultaban o hacían gestos a las mujeres que pasaban por delante de ellos.

Tras escuchar las distintas versiones de lo ocurrido la jueza ha dado la razón a los antiabortistas y los ha absuelto del delito de coacciones.

La clínica recurrirá la absolución de los 21 antiabortistas. La letrada de la acusación particular, Beatriz Ilardia, ha anunciado a EFE que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de Álava y que su intención es "agotar la vía judicial".

En su opinión, la jueza ha ponderado la ausencia de comportamientos violentos o insultos para absolver a los acusados pero no ha tenido en cuenta la modificación aprobada en 2022 del Código Penal, para introducir un nuevo artículo, el 172 quater, que busca precisamente castigar a quien "obstaculiza el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo".

La magistrada, ha argumentado la abogada de la acusación particular, ha hecho una lectura de los hechos basada en el concepto de orden público cuando el espíritu del 172 quater va más allá de esa visión y trata de que las mujeres puedan ejercer sus derechos "sin ser hostigadas".

Esta sentencia, añade Ilardia, "corre el riesgo de vaciar de contenido" el citado artículo, porque "no se ajusta a su espíritu" que es dar "un perímetro de seguridad" a las clínicas donde se practican interrupciones del embarazo.

Querida ciudadanía española,

Treinta años después del histórico Plan de Acción de El Cairo, el derecho al aborto vuelve de cuando en cuando al debate de actualidad. Ahora, escuchamos al otro lado que España se plantea blindarlo en su Constitución, como consecuencia del falso debate recurrente sobre un derecho básico para las mujeres. 

Pero este debate no ocurre en el vacío. En los últimos años hemos visto cómo en distintos países —desde Estados Unidos hasta Polonia o El Salvador— se desmantelan protecciones que ha costado décadas conquistar. Detrás hay una ofensiva internacional bien organizada que busca recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. 

En muchos países, decidir interrumpir un embarazo sigue siendo motivo de cárcel o de muerte. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se practican unos 25 millones de abortos en condiciones inseguras, responsables de entre 22.000 y 39.000 muertes maternas evitables. No por abortar, sino por no poder hacerlo con garantías y seguridad. 

En Bolivia cada día comprobamos lo que ocurre cuando el derecho al aborto no existe o está restringido a unos pocos supuestos. Les escribimos no para hablar de teoría, sino de vidas concretas: las de miles de mujeres, niñas y adolescentes que ven negada su autonomía, su salud y su futuro.

Aquí, el aborto solo es legal en casos de violación o cuando la salud y la vida de la mujer está en riesgo. En la práctica, sin embargo, incluso esas excepciones son casi imposibles de ejercer. Los prejuicios, el miedo y la desinformación pesan más que la ley. Cada año se practican miles de abortos inseguros, y el resultado es devastador: mujeres encarceladas, hospitalizadas o muertas por no poder acceder a un servicio seguro.

Según datos oficiales, el 50,5 % de los embarazos en Bolivia son no intencionales, y más de 32.000 adolescentes se convierten en madres cada año. Detrás de muchas de esas cifras hay violencia sexual, matrimonios forzados y una profunda ausencia de educación afectivo-sexual. No se trata solo de estadísticas: se trata de oportunidades perdidas, de infancias interrumpidas, de sueños cancelados antes de comenzar.

Por eso, que ahora España se plantee blindarlo en la Constitución no es un gesto menor. Significa reconocer que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo forma parte esencial de la libertad, la igualdad y la dignidad humana.

Por eso miramos con atención y esperanza. Blindar el aborto no es solo un avance para las mujeres españolas. Es también una señal para el mundo: una manera de decir que los derechos conquistados no son reversibles, que la igualdad y la dignidad no dependen del gobierno de turno.

España ha sido ejemplo de avances en igualdad y de compromiso con una política exterior feminista. Pero si de verdad quiere ser coherente con esa visión, necesita defender este derecho también fuera de sus fronteras. Porque lo que se defiende dentro inspira fuera, y lo que se protege en el Norte tiene eco en el Sur.

Cuando una mujer española pueda decidir libremente sobre su cuerpo, sin miedo ni culpa, supondrá también un paso adelante para que una mujer boliviana pueda hacerlo algún día en una sociedad que apoya el acceso al aborto libre y seguro. Cuando se blinda un derecho en un país, se fortalece en todos.

Legalizar el aborto salva vidas. Las protege del vaivén político. Significa confiar en las mujeres y reconocer su capacidad para tomar sus propias decisiones. 

Desde Bolivia, enviamos nuestro apoyo y solidaridad para que sigan avanzando. Que no den por sentados los derechos que aquí todavía estamos luchando por conquistar. Que escriban en su Constitución lo que tantas queremos poder escribir en la nuestra: que nuestros cuerpos no son campo de batalla, sino territorio de decisión.

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Magali Chávez es directora Alianza-ActionAid en Bolivia.

Lo que han demostrado la derecha y la ultraderecha con su iniciativa sobre el “síndrome postaborto”, que no existe, es la existencia del “síndrome preaborto”, que no es otro que la ideología conservadora y machista que no acepta que las mujeres puedan decidir llevar a cabo la interrupción de un embarazo no deseado.

Al machismo cultural de la derecha no le preocupa lo que pasa después de un aborto, y menos aún lo que ocurre con las mujeres que abortan, a las cuales se han referido como asesinas, pecadoras, feminazis… y otras referencias por el estilo. Si de verdad les importaran las mujeres en esas circunstancias, significaría reconocer que les importan las circunstancias que dan lugar a que toda esa situación relacionada con el aborto se pueda producir, algo de lo que no quieren ni oír hablar. Por eso rehúyen de todo lo que sea plantear cualquier iniciativa sobre educación sexual y reproductiva, y de cualquier actuación que ayude a prevenir los embarazos no deseados. La solución que proponen desde algunas de sus posiciones es la abstinencia sexual, la cual ya se ha visto fracasar a lo largo de toda la historia.

Con su actitud, lo que demuestran la derecha y ultraderecha es que no les importa la vida. La vida es mucho más que la constancia de estar vivo y, si tanto les preocupara, les importaría la de las mujeres con un embarazo no deseado, y les importarían los miles de embriones que hay congelados en clínicas de fertilidad, algunas de las más importantes en sus feudos de Madrid y Valencia, ante las que no dicen nada.

Según los datos de la Sociedad Española de Fertilidad, en España hay unos 668.000 embriones congelados en bancos de conservación, de los cuales aproximadamente un 12% se consideran “abandonados” porque sus donantes dejaron de pagar la crioconservación, un 17-18% se dedicarán a investigación, y otro 18% serán destruidos por petición de sus “propietarios”. Es decir, cientos de miles de embriones nunca llegarán a ser implantados en un útero, sin que reclamen nada frente a esas “vidas”.

Lo que les importa no es la “vida” de los embriones, sino que las mujeres puedan tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Por eso sus ataques y críticas no van hacia cualquier vida embrionaria, sino solo a las que se encuentran en el útero de una mujer, y por ello tratan de presentar una decisión tan trascendente y difícil –como relatan las propias mujeres al referirse a la interrupción del embarazo– como un juego o un método anticonceptivo más, o inventan ahora el “síndrome postaborto” para asustarlas con argumentos clínicos, no sólo con la estigmatización social al llamarlas asesinas y malas mujeres.

Los estudios científicos demuestran que el “síndrome postaborto” no existe, y que los problemas de salud mental en las mujeres que abortan son similares a los de las mujeres que no abortan, y que en ambas situaciones están relacionados con los antecedentes de problemas de salud mental previos al embarazo y aborto, tal y como recogió hace años el informe de la Academia de Red de Colegios de Medicina del Reino Unido (2011).

Lo que sí demuestra la estrategia del “síndrome postaborto” de la derecha y ultraderecha, según hemos adelantado, es la existencia del “síndrome preaborto”. Por eso, mientras que intentan coaccionar a las mujeres tras su decisión, conviven con las circunstancias que dan lugar a los embarazos no deseados sin hacer nada contra ellas. Y por la misma razón, mientras dicen actuar en “defensa de la vida”, tampoco hacen nada sobre los embriones congelados que tantos beneficios económicos reparten.

Todo es un paso más en su estrategia de refundación machista, ante una realidad social que se le escapa de las manos conforme la transformación social, impulsada por el feminismo y las políticas de igualdad, ha ido poniendo de manifiesto las mentiras sobre las que se sustenta su modelo de sociedad, en el que la maternidad era el argumento fundamental para que las mujeres estuvieran donde, según ellos, tenían que estar: el hogar. Y mientras, los hombres han ocupado las posiciones de poder decidiéndolo todo, también si un embarazo no deseado se podía interrumpir o no.

No es casualidad que la invención del “síndrome postaborto” coincida con la reivindicación de la figura de las mujeres-esposas-madres tradicionales volcadas en el cuidado de sus maridos e hijos sin salir del “reino del hogar”, tal y como revindican las influencers denominadas trad-wives (“esposas tradicionales”). Quizás olvidan que la sociedad no está dispuesta a retroceder ante los derechos alcanzados, es cierto que un gobernante siempre podrá imponer sus leyes a través de los instrumentos existentes cuando lo que busca es someter a la sociedad a su modelo de convivencia, ideas y valores, como ha hecho DJ Trump en Estados Unidos con el aborto, pero no debemos olvidar lo que le ocurrió a Ruiz-Gallardón en España cuando intentó derogar la actual “Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, y el derogado fue él.

Lo que sí ha demostrado la ciencia que produce problemas de salud mental en las mujeres que han abortado, según el informe citado de la Red de Colegios de Médicos del Reino Unido, es la presión que sufren las mujeres por parte de sus parejas (hombres) para que aborten, la actitud social e institucional contra el aborto y las críticas y ataques contra las mujeres que interrumpen el embarazo. Justo lo que hacen la derecha y ultraderecha con su “síndrome preaborto” ideológico, que no es otra cosa que su machismo cultural.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), Manuel Martínez-Sellés, utiliza su altavoz al frente de la institución para cargar contra el derecho al aborto y contra todos los avances legislativos para blindarlo. Lo cierto es que el doctor lleva años difundiendo un discurso contrario a la libre interrupción del embarazo, pero la cruzada se ha visto reforzada en las últimas semanas, coincidiendo con la ofensiva institucional por parte de las derechas. Martínez-Sellés niega el aborto como un derecho, habla de "listas negras" para referirse al registro de objetores y rechaza la propuesta de consagrar el aborto constitucionalmente.

El pasado 4 de octubre, el médico firmaba un artículo en el diario El Debate. El texto expresaba su defensa firme y sin matices a una propuesta que acababa de ser aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid: el deber de comunicar a las mujeres un supuesto síndrome postaborto, sin base científica. El médico rompía una lanza en favor de la propuesta: "Negar los indudables riesgos físicos de un aborto provocado y los posibles riesgos psicológicos asociados no se puede hacer desde un planteamiento científico", sostenía. A pesar de sus efusivas declaraciones, el propio autor de la columna reconocía que "no hay un consenso para denominar a estas situaciones clínicas como síndrome posaborto, pero eso me parece irrelevante".

Cinco días después, el doctor reafirmaba sus palabras mediante una entrevista al medio Religión en Libertad. En ella, el médico no sólo insistía en defender la existencia del síndrome postaborto, sino que llegaba a sentenciar que "la mejor forma de evitar estos riesgos es no realizar abortos". 

Martínez-Sellés cargaba además contra la idea ya consagrada del aborto como derecho. "El mal llamado derecho al aborto no existe, sería una aberración jurídica. El aborto no es un derecho. Es una derogación del respeto a la vida –desde su inicio– protegido por nuestra Constitución".

Como parte de su perorata antiabortista, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid se ha expresado también contrario al registro de objetores, una herramienta que es a su juicio un intento por "limitar" la objeción de conciencia. El doctor, en la citada entrevista, utiliza de hecho un concepto que fue empleado también por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Listas negras". Así lo expresa, a pesar de que el registro no es público y sólo tiene como finalidad organizar el servicio para garantizar el aborto en los hospitales públicos.

En otra entrevista concedida días después a la Cadena Cope, volvía a insistir en que "se está vulnerando el derecho a la objeción de conciencia". En realidad, el doctor ya se había expresado contrario a este registro, desde que fue incluido en la reforma de ley del aborto. Era, según confesaba en otra entrevista concedida hace tres años, el asunto que más le preocupaba de la nueva norma. 

La opinión de Martínez-Sellés no es exclusivamente personal, sino que ha cristalizado en forma de posicionamiento oficial de la institución que preside. El 7 de octubre, el Colegio de Médicos de Madrid publicó un comunicado en el que dice rechazar el registro de objetores por "vulnerar derechos fundamentales y la libertad de conciencia". Lo tildan de una "amenaza directa" e inciden en que puede derivar en "señalamiento, presión o discriminación de médicos objetores". El Colegio va de hecho un paso más allá, al afirmar que "esta propuesta abre la puerta a un uso político e ideológico de la medicina, instrumentalizando a los profesionales sanitarios en lugar de proteger su independencia y vocación".

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre indican que las declaraciones del médico son sencillamente "una opinión sin valor alguno en derecho, que reflejan su ideología personal y su desconocimiento de la norma". Difícilmente, opinan las mismas voces, tendrán un impacto a nivel jurídico, "toda vez que carece de toda responsabilidad e incidencia sobre el registro de objetores".

La deriva antiabortista del médico y cardiólogo se ha ido haciendo patente a lo largo del tiempo, expresándola ahora sin tapujos ni titubeos. En la citada entrevista con Religión en Libertad, el sanitario habla de "las –cada vez más agresivas– leyes del aborto" e insiste en que "hablar de un derecho al aborto es un engaño".

Carga también contra la posibilidad de blindarlo constitucionalmente, tachando la iniciativa directamente de "sinsentido". "No creo que vea nunca este sinsentido en nuestra Constitución, pero, de verlo, estoy seguro de que se volvería a cambiar. Las únicas normas inmodificables son las inscritas en el corazón humano y la prohibición de matar es una de ellas", clama. E insiste: "El derecho al aborto no existe. Consagrarlo constitucionalmente sería un error innecesario, una maniobra política que para nada busca la autonomía y garantizar acceso, sino dividir la sociedad y polemizar".

En mayo del presente año, el médico participaba en una conferencia bajo el título de La defensa de la vida es intrínseca a la medicina. En el acto, el doctor era presentado como el responsable de mostrar cómo "en la esencia" de la medicina "está el cuidar, paliar y acompañar a los pacientes desde la concepción hasta la muerte".

Tan sólo un año antes, en marzo de 2024, el médico participaba en un congreso organizado por entidades ultracatólicas, el XXVI Congreso Nacional Provida, en el que también defendería "la defensa de la vida como pilar de la medicina". Y en 2022, el también catedrático se dejaba ver en la manifestación convocada bajo el lema Sí a la vida, contra el aborto y la eutanasia.

En agosto de 2022, el médico cargaba expresamente contra la reforma de ley que en aquel momento estaba confeccionando el Gobierno. El proyecto, afirmaba, no era "urgente" ni tampoco "un avance". Sí eran avances, en su opinión, los pasos regresivos en materia de derechos reproductivos dados en países como Polonia y Estados Unidos: "Es evidente que es un momento en que países que nos han precedido mucho en la legalización del aborto, incluso en décadas, como es el caso de Polonia y Estados Unidos, están dando marcha atrás, llama la atención que nosotros vayamos en dirección contraria".

Así que lo expresaba sin paliativos: "Mi opinión es muy negativa". E incluso decía sentirse "muy triste" ante la reforma porque "en vez de apostar por fomentar políticas de natalidad en un país como el nuestro, con un invierno demográfico muy marcado y con unas tasas de natalidad muy bajas, en vez de eso se apueste por facilitar el aborto".

En la misma entrevista, Martínez-Sellés sellaba su posición asegurando que "esos abortos los pagamos todos con nuestros impuestos". Por contra, añadía, "curiosamente cuando las madres deciden seguir adelante con sus embarazos no se les da una ayuda económica equivalente". 

El movimiento feminista sabe bien lo que es batallar por introducir su agenda entre las prioridades políticas. Las victorias en el plano institucional han venido casi siempre precedidas por la organización en las calles. Por eso, cuando asuntos como el aborto se cuelan de forma aparentemente espontánea en el debate, las feministas lo observan con recelo. En las últimas semanas, la derecha se ha entregado sin miramientos al ataque directo, alimentando la desinformación y mandando a las mujeres a abortar a otro lado. Mientras, la izquierda se arriesga a hacer brindis al sol, incluso asumiendo que difícilmente se dan las condiciones de posibilidad para cumplir sus promesas. 

"Se está utilizando como arma arrojadiza entre un partido y otro", asiente al otro lado del teléfono Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). La ginecóloga no acierta a ver una conversación sana, funcional y estimulante, ni siquiera una intencionalidad real de introducir políticas públicas para mejorar la vida de las mujeres: al debate sólo le atraviesa el ruido. El único fin que persiguen los partidos es "ganar votos" y quienes salen perdiendo "son las mujeres y los profesionales", lamenta.

Coincide la activista feminista Alicia Miyares: "Son falsas polémicas", asegura decidida, para enseguida preguntarse "por qué la extrema derecha nunca habla de la realidad: la violencia contra las mujeres". Una violencia que, afirma, "tiene dos vertientes: la sexual y la reproductiva". Esta "polémica ficticia lo que realmente revela" es el "choque de trenes" entre conservadores y extrema derecha.

Pero no sólo: los socialistas han decidido tomar parte en el debate y confrontar directamente con el principal partido de la oposición. ¿Con qué objetivo? "Están utilizando esto políticamente para retratar al Partido Popular", analiza la feminista navarra Teresa Sáez. Las expertas y activistas no están de acuerdo en la estrategia: si el aborto es un asunto de consenso, no hay debate posible. Políticamente, el objetivo debería estar claro: cumplir la ley sin matices.

Pero el Gobierno ha decidido responder a la ofensiva de la derecha mediante una táctica de impacto: comprometiéndose a blindar el aborto en la Constitución. El Ejecutivo ha apostado por introducir la interrupción voluntaria del embarazo a través de una reforma del artículo 43. Es decir, descarta la posibilidad de insertarlo como derecho fundamental garantizado. Fuentes del Ministerio de Igualdad explican los motivos. En primer lugar, la deriva de los conservadores ha "traspasado todas las fronteras de lo razonable", por eso han decidido que "es el momento por lo menos de intentarlo y poner el debate sobre la mesa". "Nos obligan a mover ficha", señalan las mismas voces.

Igualdad no cree necesario incorporarlo en el título primero, como derecho fundamental, porque asegura que de facto ya está reconocido como tal jurisprudencialmente. Sí estima importante blindar su "dimensión prestacional", porque lanza un mensaje a los poderes públicos: la obligación de poner los medios necesarios para garantizar la libre interrupción del embarazo. Pero hay letra pequeña. Una reforma ordinaria como la planteada, no implica disolver las Cortes Generales. En cambio, poner el foco en el aborto como derecho fundamental, sí conllevaría su disolución y la convocatoria posterior de elecciones. Un riesgo que no quiere correr el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sáez se reconoce partidaria de una reforma constitucional, pero critica la falta de ambición de los socialistas. "Hay que hacerlo bien y no sólo con el fin de retratar al Partido Popular", exclama. "Las mujeres ya no nos creemos cualquier cosa", añade.

"Sentimos preocupación por la manera en que se está planteando la reforma. No se está contando con el movimiento feminista y se están ignorando nuestras demandas", observa Gemma Candela, miembro de la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid. "Nos preocupa el debate legal porque nos hace dudar de las garantías que representa para el derecho al aborto", un asunto que, exclama, "no puede estar sujeto a política de titulares". 

Si las expertas y militantes feministas creen que los principales partidos están instrumentalizando el aborto con fines electoralistas, es también porque detectan una sobredimensión del debate que no se corresponde con la realidad de las calles. "Hay un consenso social", introduce Candela. "El aborto está normalizado en este país", cincela García.

La ginecóloga pone sobre la mesa los datos que sostienen su afirmación. "Más de cien mil mujeres abortan al año y la mayoría antes de las ocho semanas, por lo que la accesibilidad es buena", defiende. Por lo tanto, prosigue, existe una "distorsión entre lo que es la realidad y las invenciones ideológicas". Teme que el clima político refuerce el mito de que se trata de una "práctica ideologizada", una noción que enmienda en su totalidad: "Tenemos una buena ley y una buena realidad".

En ese último punto introduce matices Candela. "Nuestra prioridad es que el derecho sea real", asevera. Enumera las trabas para acceder al aborto por parte de las mujeres migrantes, muchas sin tarjeta sanitaria, las diferencias regionales y el problema de la objeción de conciencia en los hospitales. La Comisión por el Derecho al Aborto ha convocado el jueves una concentración en la madrileña Puerta del Sol, precisamente con el fin de visibilizar esa realidad.

Tampoco Sáez cree que el debate político esté "respondiendo a la realidad social", un hecho especialmente frustrante para las feministas que han "trabajado sin descanso para conseguir cierto consenso con el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo". La polarización de los últimos días, en cambio, puede "volver a dar alas a argumentos de hace treinta años", adivierte la activista navarra.

Porque si alguien aplaude el ruido político en torno al aborto, ese alguien es el entramado ultra que con más ahínco ha cargado contra la libre interrupción del embarazo. Se trata no sólo de las organizaciones que diariamente se agolpan frente a las clínicas, sino también las que de manera organizada y con el beneplácito de los poderes públicos se cuelan en las instituciones para difundir su discurso de odio. Ellos son precisamente los artífices de los falsos síndromes como el que a principios de octubre salió victorioso del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Son estas entidades quienes pueden presumir de estar anotándose un tanto, logrando que sus postulados tengan cada vez más impacto y visibilidad. "Todo esto puede darle alas a los grupos antiderechos, organizados y financiados", opina la doctora García, "les hace crecerse". Las organizaciones ultra observan satisfechas cómo parte de su discurso es asumido por la derecha y la ultraderecha: "Las declaraciones diciendo 'váyanse a abortar a otro sitio' son un claro ejemplo", completa Candela. La activista, no obstante, considera que "las asociaciones antielección no necesitan más gasolina" porque ya están constantemente "intentando limitar el acceso al aborto". "Parece que nos damos cuenta ahora porque está en la palestra", cierra la feminista, "pero la iglesia y los fundamentalismos" no han dejado de estar presentes.

Miyares recuerda que a partir de "las polémicas que nada tienen que ver con la ciudadanía siempre salen reforzados los extremos", una dinámica que demuestra cómo "los derechos de las mujeres sólo interesan cuando pueden ser utilizados como objeto de polémica". En un reciente artículo, la investigadora feminista Nuria Alabao enfatiza en la idea de que el escenario actual "no debe generar alarmismo", pero sí cree que es preciso "estar alerta" porque "los próximos años serán críticos". Y recuerda que la red de grupos antielección "se pone a disposición de los partidos conservadores siempre que adopten una posición antiaborto", una postura que se articula "con otras dentro de una gramática política antigénero" y que puede ser una "herramienta poderosa en la búsqueda de poder".

Cuando se está en una “guerra cultural”, como denominan las posiciones conservadoras a la transformación social a favor de la Igualdad que lleva años avanzando, no es de extrañar que a la más mínima ocasión recurran a su artillería para intentar debilitar a quienes consideran su enemigo. Y en estas lides, sin duda, como buena legionaria y acostumbrada a las trincheras, Isabel Díaz Ayuso es la primera en disparar.

La mentira directa, los bulos a partir de trozos de realidad y la desinformación al distorsionar y retorcer la comunicación son las principales armas de esta guerra, para que después la tropa de las redes siga disparando y la difunda por todos lados.

Estos días hemos visto de forma clara esta estrategia y a su protagonista.

1.   Ha utilizado la mentira al decir que el lehendakari la amenazó usando la fórmula que empleaban los entornos de ETA, y no ha dudado en señalar en un programa de máxima audiencia que Imanol Pradales dijo: “Ayuso entzun, 'pim, pam, pum'". La situación es tan surrealista que fue muy fácil comprobar que lo que en realidad dijo Pradales fue, “Ayuso entzun, Euskadi euskaldun”, o sea, “Ayuso escucha, Euskadi habla euskera”.

2.   Por otro lado, ha retorcido la realidad para desinformar sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sin dudar en atacar a las mujeres que se encuentran en esa situación, al tiempo que ha hablado de “lista negra” para referirse al registro donde el médico o la médica que lo decida puede inscribirse al objetar razones de conciencia para practicar una interrupción del embarazo. Su manipulación política queda demostrada al comprobar que nadie entiende que un registro secreto regulado por una ley, en el que conste la decisión de no desarrollar determinadas actuaciones profesionales por el conflicto que ocasionan con sus ideas, creencias o valores, pueda ser una “lista negra”. No hay nada de oscuridad en ese proceso, todo lo contrario, lo que hay es mucha luz, transparencia y libertad para actuar en conciencia. “Lista negra” es la lista de espera de las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo y no pueden, y a las que ella les dice que vayan a hacerlo fuera del “Madrid de la libertad”. Y quizás, según insinúan sus palabras y la propuesta lanzada por Núñez Feijóo para que el registro sea de quienes realizan la IVE, también sea una “lista negra” quienes formen parte de ella.

3.   Y en tercer lugar, se ha actualizado el bulo sobre el caso judicial de su pareja cuando hemos conocido las declaraciones de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ante el Tribunal Supremo reconociendo que la información sobre el pacto de la Fiscalía con su novio, el ciudadano Alberto González Amador, no era tal, sino la consecuencia de su “pelo blanco y de sus años en política”.

El problema es grave en cualquier circunstancia, pero mucho más cuando se tiene el Boletín de la Comunidad de Madrid a su disposición y todas las estructuras institucionales democráticas para pervertir su uso en contra de una parte de la sociedad a la que se debe por responsabilidad.

No es un juego ni un error, sino una estrategia para rentabilizar el daño y hacer caja con los medios que crean, difunden y potencian los bulos y desinformaciones, pues nada se repite más que una mentira necesaria.

Una cosa es el interés legítimo para que otros proyectos políticos y modelos no logren vencer y desarrollar sus propuestas, y otra cosa cuando ese otro proyecto es presentado como un ataque y una amenaza para intentar imponer su modelo de sociedad, no con los instrumentos democráticos de la información, sino con elementos antidemocráticos como la mentira, los bulos y la desinformación.

Que la base de la democracia, que es el conocimiento de la realidad para que la sociedad se pueda posicionar ante ella y decidir con el voto a qué proyecto apoya, sea manipulada desde determinados partidos políticos y medios de comunicación es inadmisible y una clara demostración del “pim, pam, pum” que muchos quieren imponer sabiéndose vencedores en el río revuelto de la desinformación, porque siempre tendrán cerca las orillas de la cultura y su normalidad conservadora y androcéntrica, para nadar hasta ellas cuando las aguas agitadas hagan caer a la gente de la nave del progreso o la vuelquen completamente.

Es lo que hemos visto estos días con las mentiras, bulos y desinformaciones de la presidenta Díaz Ayuso, a pesar de contar con mayoría absoluta, una situación que a priori le permitiría centrarse en la gestión de los problemas que tienen todos los madrileños y madrileñas. Pero ya hemos visto que no quiere eso, que solo busca una política para la parte de la ciudadanía que piensa como ella; para el resto, como les ha dicho a las mujeres que deciden abortar, que se vayan a otro lugar.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Ni una "lista negra" de médicos, ni un capricho de la administración. El registro de objetores al aborto se configura como una herramienta necesaria por un motivo de peso: garantizar que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en todos los hospitales. Y por eso la objeción de conciencia quedó inserta en la ley del aborto desde su versión de 2010 y más al detalle en su posterior reforma, introduciendo el instrumento del registro.

En un primer momento, la norma que salió adelante durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero indicaba que los profesionales sanitarios implicados en la interrupción voluntaria del embarazo "tendrán el derecho de ejercer objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas". La ley ya subrayaba entonces que la objeción de conciencia, una decisión "siempre individual", debía manifestarse "anticipadamente y por escrito".

La reforma que salió adelante hace ahora dos años fue un paso más allá, incorporando un artículo específico sobre la objeción. A estos efectos, puntualiza el precepto, "los servicios públicos se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo". Y ahí es donde entra en juego el registro de objetores. 

La organización del servicio es la principal razón de ser del registro de objetores. Lo explica el abogado José Antonio Bosch, parte del servicio jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI): "La ley lo prevé para la organización de los recursos humanos". Además, prosigue, "al registro sólo acceden los gerentes y los altos cargos de salud" siempre con la finalidad de sopesar si "los equipos cuentan o no con personal suficiente". 

Si en un hospital la totalidad de los profesionales son objetores, entonces "el responsable superior asume que en ese centro sólo tiene objetores y debe buscar recursos humanos" para poder dar la prestación. En el mismo punto insiste la ginecóloga Isabel Serrano. "El registro es confidencial", introduce en conversación con este diario, accesible únicamente para "el jefe de servicio y la consejería responsable", por tanto "no es público" y sencillamente "sirve para conocer la estructura de su servicio y garantizar el cumplimiento de la prestación sanitaria". 

Esta garantía tendría una consecuencia inmediata: el blindaje del aborto en la red pública. La ley expone que "si, excepcionalmente, la administración pública sanitaria no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional". Si todos los hospitales están en condiciones de prestar el servicio, porque está organizado y cuentan con el personal necesario, entonces las derivaciones a las clínicas concertadas no deberían ser tan habituales. En 2024, el 78% de las interrupciones registradas en el país se efectuaron en centros privados.

Serrano insiste en un extremo: es fundamental, en caso de corroborar que en un centro todo el personal es objetor, garantizar que la organización del servicio pase por contar con un equipo encargado de realizar las interrupciones voluntarias. Es decir, no bastaría con que sea un solo profesional el que realice abortos en dicho centro, pues podría ser discriminatorio hacia el sanitario e insuficiente desde un punto de vista de asistencia clínica. 

La ley lo deja claro: "Se adoptarán las medidas organizativas necesarias para garantizar la no discriminación tanto de las personas profesionales sanitarias no objetoras, evitando que se vean relegadas en exclusiva a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, como de las personas objetoras para evitar que sufran cualquier discriminación derivada de la objeción".

En esa misma línea, existe otro motivo de peso que dota de sentido la confección de un registro: la protección de los propios sanitarios. 

Hay que recordar que el aborto, igual que sucede con la eutanasia, es un servicio incluido en la cartera de la Seguridad Social. Por lo tanto, aquellos sanitarios que se nieguen a practicarlo, están en realidad incumpliendo con sus obligaciones. Así que su única forma de justificar esta oposición es agarrarse a la objeción de conciencia.

"La filosofía de la objeción de conciencia, además de regular los recursos públicos, tiene que ver con que quien quiera utilizar ese derecho no lo deje en la esfera íntima de su conciencia", expone Bosch. A priori, todos los sanitarios "tienen la obligación de dar esa prestación", pero la ley "les da el camino de la objeción para que no incumplan la norma".

Es, en realidad, una forma de protegerles. "Si hay una protección, por motivos morales o religiosos y se puede objetar, entonces hay que regularlo", completa Serrano. "Siempre se ha dicho que es un tema complejo, porque podría regularse como una ley genérica" y no de forma específica según cada servicio como sucede en la actualidad, "pero es obvio que si hay una práctica contemplada en la cartera, tienes que justificar por qué no la realizas".

En julio de 2023, el Tribunal Constitucional dictó sentencia contra el Servicio Murciano de Salud por derivar a Madrid a una mujer que quería ejercer su derecho de abortar. Entonces, el tribunal consideró que "ante dicha derivación para la práctica abortiva" se vulneró "el derecho fundamental a la integridad física y moral" de la mujer.

La sanidad murciana alegaba que había sido imposible practicar el aborto por falta de personal, así que fue derivada a un centro privado a kilómetros de distancia. El hecho de que en la región "ningún facultativo haya pedido practicar la interrupción del embarazo no acredita que en esta comunidad autónoma todos los médicos hayan ejercido su derecho a la objeción de conciencia", razonaba la sentencia.

Por este motivo, "la derivación a otra comunidad sin acreditar que concurren circunstancias excepcionales que impidiesen a los servicios públicos de salud" realizar esta prestación en tiempo, lesiona el derecho fundamental de la afectada "a interrumpir su embarazo con las garantías legales en su lugar de residencia".

"El Constitucional termina condenando a la administración porque dice que ha enviado a una mujer fuera de la comunidad sin acreditar primero que no había personal para atenderla", resume Bosch. Y la única forma de confirmar la disponibilidad o no de profesionales habría sido pulsar el registro de objetores.

En aquel momento la comunidad no contaba con uno, así que disponer de él tiene un doble efecto: primero, proteger a la Administración dotándola de herramientas para demostrar si existe o no personal especializado; pero también evitar que situaciones como la estudiada por los magistrados se repitan. En la última década, miles de mujeres se han visto obligadas a desplazarse para poder abortar.

En la propia ley del aborto se encuentra, una vez más, otro propósito clave del registro de objetores. Para entenderlo hay que echar un vistazo a la interrupción por causas médicas, lo que incluye distintas situaciones contempladas en la norma. Entre ellas, la detección de anomalías fetales incompatibles con la vida, recogidas en un "dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención", o también cuando se detecte en el feto una enfermedad "extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico". En este último elemento, el comité clínico, está la clave.

Dicho comité, también según la ley, estará formado por un "equipo pluridisciplinar" formado por "dos integrantes del personal médico especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra", teniendo la paciente la posibilidad de elegir a uno de estos especialistas. "Ninguno de los miembros del comité podrá formar parte del registro de objetores de la interrupción voluntaria del embarazo ni haber formado parte en los últimos tres años", apuntala el mismo artículo.

Las razones son obvias: "Cuando estás dando una opinión científica pero tienes un posicionamiento moral, es muy difícil que seas objetivo", perfila Bosch. Sin un registro que regule la objeción de conciencia, resulta imposible garantizar la ausencia de objetores en dichos comités clínicos, con los riesgos que ello acarrea para las mujeres.

En todas las sociedades la cuestión del aborto ha suscitado encendidos debates entre los que se autodenominan defensores de la vida que anatemizan y criminalizan a los defensores del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

En nuestro país, la controversia adquiere unos niveles de confrontación que no se producen en otras naciones. La Iglesia católica y los cuarenta años de dictadura bajo el nacionalcatolicismo siguen marcando nuestra vida presente. Los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional proclamaban: “La nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Apostólica y Romana, única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación”. El Estado reconoce y ampara a la familia como fundamento natural de la sociedad. Asimismo, fomentará la natalidad incentivándola con los Premios nacionales de natalidad. El récord lo ostenta un matrimonio canario con diecinueve hijos.  

Sociológica y económicamente, este insólito fenómeno es impensable en estos momentos, pero subsisten las amenazas de criminalizar de nuevo el aborto o de recortar drásticamente las posibilidades de llevarlo a cabo. Las estadísticas indican una abrumadora derivación de la práctica de abortos a clínicas privadas ante el rechazo a realizar esta prestación médica a pesar del mandato constitucional y de la Ley General de Sanidad. Por ello creo que es el momento adecuado para plantear su constitucionalización a pesar de las dificultades que presenta el sistema de modificación del texto constitucional.

La sentencia del Tribunal Constitucional que declara la constitucionalidad de la ley de 2010 ha suscitado el rechazo de algunos sectores políticos y grupos provida a los que me gustaría recordar que los que defendemos la libre voluntad de la mujer no somos los novios de la muerte. La Conferencia Episcopal reaccionó con una Nota que seguramente se esgrimirá durante el debate constitucional que se avecina.  Sostienen que el feto no es una cosa, es un ser humano (¿también un anencéfalo). “Es un verdadero sin papeles, candidato a la expulsión del seno materno” que pudiera dar lugar a interpretaciones extensivas en favor de la inmigración. Otra pieza: “Reiteramos que, con esta ley, los derechos y obligaciones del padre del no nacido quedan inhibidos y censurados”. ¿También de los violadores o maltratadores?  La decisión de la mujer es personal e intransferible.

Se anticiparon al debate sobre los Registros de los profesionales de la medicina que se oponen a la práctica de abortos, invitándoles a ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Sería interesante conocer su posición sobre este tema, pero reconozco que no es de su competencia, aunque llevan un registro de apóstatas. Según la última ocurrencia del señor Nuñez Feijoó, la objeción de conciencia debe permanecer en la clandestinidad. Terminan adentrándose por caminos terrenales para afirmar que las democracias que autorizan el aborto se encaminan hacia el autoritarismo.    

Sin duda, la iniciativa de Francia para constitucionalizar el derecho al aborto ha sido el detonante que ha impulsado al Gobierno para presentar su proyecto de incluir en nuestro texto constitucional el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero nuestro sistema es rígido y hay que manejar y ensamblar sus posibilidades. Según el artículo 10 CE: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Precisamente por ello la Exposición de Motivos de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo de 2010 se justifica por el respeto a la dignidad de la persona y en el libre desarrollo de la personalidad como garantía de la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. 

La modificación constitucional no va a ser un camino de rosas. Si acudimos a los escasos precedentes de modificación del texto constitucional (Art. 13 derechos de los extranjeros, 49 sustitución de la expresión "disminuidos" por "discapacitados" y el 135 la preferencia de la deuda pública) la decisión estaba reforzada por el hecho de que se apoyaba en compromisos internacionales (Unión Europea y Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). De igual manera el articulo 95 de la CE, con el que se justificaron anteriores modificaciones, puede servir de apoyo a la inclusión del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por la vía del artículo 43 de la CE que reconoce el derecho a la protección de la salud. 

La vigente ley orgánica (2023) que regula la interrupción voluntaria del embarazo recuerda que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos relaciona la salud sexual y reproductiva de las mujeres con los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a la intimidad, a la educación y a la prohibición de discriminación. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo 16, establece el derecho de las mujeres a decidir de manera libre y responsable sobre su maternidad y el derecho a acceder a la información y a la educación que les permitan ejercer esos derechos. 

El Gobierno ha optado, acertadamente, por la vía del artículo 167 CE que permite la modificación constitucional sin necesidad de disolver Cortes, convocatoria de nuevas elecciones y celebración de un referéndum. Propone un nuevo apartado en el artículo 43 CE en el que se reconozca el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo proclamando que “El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”. 

La tramitación es compleja. Si no se aprueba por la mayoría de tres quintos en ambas Cámaras (Congreso y Senado), se puede acudir a la creación de una Comisión paritaria (igual número de Diputados y Senadores) para conseguir un texto consensuado. Si fracasan, el texto inicial puede seguir adelante con la mayoría absoluta del Senado o con el apoyo de los dos tercios del Congreso de los Diputados. Si se aprueba el texto, se puede someter a referéndum si lo solicita una decima parte de los miembros de cualquiera de la Cámaras.

En todo caso el debate está abierto y cada uno de los Grupos parlamentarios va a tener que retratarse ante la opinión publica justificando su apoyo o rechazo. Se pueden sostener argumentos basados en la religión o en teorías filosóficas carentes de valor científico, pero en ningún caso se puede desconocer la supremacía de los valores constitucionales que consagran la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y su libertad de decisión. Nadie es partidario del aborto, ni es tan frívolo como para equipararlo a una operación de cirugía estética. Se trata de ayudar a la mujer embarazada para que decida libremente. En definitiva, que la tolerancia prevalezca sobre la intolerancia y  los dogmatismos morales, cuya supremacía es indemostrable si no es por la vía de la imposición y de la fuerza. 

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José Antonio Martin Pallin es abogado, ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.

Hay una elección deliberada en la ofensiva antiaborto del PP. Empezó José Luis Martínez Almeida con el falso síndrome postaborto, aunque rectificó antes de que la legalidad le pusiera freno. La ha abierto Isabel Díaz Ayuso en canal autodeclarándose insumisa de un servicio de la cartera sanitaria obligatorio, y de su exclusiva competencia autonómica, bajo el envoltorio ultra de tachar el aborto de “problema”. Ninguna vía habría tenido vuelo si el guante no lo hubiera recogido Alberto Núñez Feijóo. No es cierto que haya mantenido la postura de siempre. Se enredó en su entrevista con Susanna Griso de arranque de semana y no fue capaz de condenar a Madrid por negarse a cumplir la ley.

La promesa de hacer pública la lista de quienes practican abortos es una clara vulneración de privacidad de los médicos. Ni siquiera la de objetores no lo es. Y, si hay una lista, debería pasar por la auditoría de quienes facturan en la privada por lo que se niegan a hacer en la pública. El negocio de las feministas, en palabras de Ayuso, puede resultar siendo el de los antiabortistas. Ese 1% de abortos en centros públicos y 99% derivados a la privada es una anomalía con la que se convive con total naturalidad porque en ninguna comunidad autónoma el ratio es tan desproporcionado. 

En la tensión interna del PP entre liberales y ultracatólicos siempre había ganado el ala liberal. Los liberales conservadores o la imposibilidad de luchar contra los tiempos. El PP recurrió la ley del aborto y tuvo la suerte de que el Tribunal Constitucional la avalara 13 años después. Lo mismo hizo con el matrimonio LGTBi+. Ambos avances son de gobiernos progresistas y ambos derechos, recurridos por el PP en la oposición. Después de dar la batalla cultural, llega la hipocresía de beneficiarse de ellos. Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en 2011, los dejó como estaban. Por el camino cayó Alberto Ruiz Gallardón y hubiera caído el siguiente en tocar los matrimonios homosexuales. 

Las nuevas coordenadas del PP en la búsqueda de electores en los caladeros de las nuevas extremas derechas hacían impredecible que se reabriera el derecho al aborto. Pero ojo, porque antes de la llegada de Trump el gobierno de los jueces conservadores en EEUU dio marcha atrás en lo que se creía consolidado. El Supremo de Estados Unidos acabó con las garantías federales de protección del aborto al anular la sentencia sobre el caso Roe contra Wade, el 24 de junio de 2022. Como denuncia Amnistía Internacional, revirtió casi 50 años de salvaguardas fundamentales, dejando la condición de si es legal o no en manos de cada estado. Se prohibió en catorce y en la práctica es inviable en muchos otros. Como siempre, legislan ellos sobre derechos de ellas. Y pagan las de siempre. Las mujeres más vulnerables tienen hoy muchas dificultades para interrumpir su embarazo en Estados Unidos.

En este momento global de corriente ultra, el PP ha elegido inclinar la balanza hacia Abascal. El verano de 2024, Vox rompió con el PP por la reubicación de los menores inmigrantes no acompañados. Feijóo torpedeó la reforma de la ley de extranjería pero arremetió contra el discurso Vox. Un año después, el plan de inmigración recién presentado ha soliviantado a Vox por copiar “frases literales” dichas por ellos. “Le falta dejarse barba”, ironiza Santiago Abascal. 

Creen los populares que España se está derechizando demasiado rápido cuando lo más probable es que se hayan movido a la habitación equivocada. En la lucha de poder entre la derecha y la ultraderecha hay que preguntarse cuántos derechos se van a poner en juego. Eso o ir comprobándolo cada semana. En qué campos de batalla se da esa refriega es un buen indicativo de la agenda de coalición. Esa que el PP se ha comprometido en público a no rubricar.

La propuesta de reforma consiste en la modificación del artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho a la protección de la salud, para incorporar en el mismo la salud sexual y reproductiva y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta es una propuesta que se aleja de otras que con anterioridad desde la izquierda y el feminismo habían planteado la inclusión del derecho al aborto dentro de la sección de derechos fundamentales que en su primer título blinda la Carta Magna. 

Esta es una diferencia crucial, puesto que el artículo 43 forma parte de los principios rectores de la política social y económica, que orientan la acción pública, sin embargo, no son derechos fundamentales ni directamente exigibles ante los tribunales. En la práctica, con la reforma del artículo 43, el aborto se reconocería como una prestación sanitaria que los poderes públicos deben promover, pero no como un derecho constitucional pleno, tal y como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), que define los principios rectores como mandatos de actuación dirigidos al legislador y no como derechos subjetivos exigibles.

En este sentido, el contraste con la reforma francesa es elocuente. En marzo de 2024, el Parlamento francés aprobó una reforma que modificó el artículo 34 de su Constitución para afirmar que “la ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”. Con esta redacción, Francia se convirtió en el primer país del mundo en consagrar constitucionalmente el derecho al aborto, y lo hizo en el marco de los derechos y libertades fundamentales.

El aborto no es, por tanto, únicamente una prestación del sistema nacional de salud —como señalaría la futura reforma del artículo 43 de la Constitución—, sino una libertad garantizada, un derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Colocar este derecho en un escalón inferior a otros derechos no solo es un asunto de relevancia política, sino también jurídica, ya que no podría recurrirse en amparo ante el Tribunal Constitucional alegando su vulneración. Las mujeres solo podrían reclamar ante los tribunales ordinarios, dentro del marco de la ley que desarrolle este derecho, como la Ley Orgánica 2/2010.  

La decisión socialista sin embargo está profundamente marcada por la permanente correlación de debilidades en la que el Ejecutivo puede gobernar. Por un lado, el procedimiento elegido para la reforma sería el ordinario y no el agravado, evitando así la disolución de las Cortes, pero también eliminando la posibilidad de que el derecho al aborto sea garantizado como un derecho fundamental, como ya se ha explicado.

Por otro lado, esta reforma necesitaría de 210 votos en el Congreso para ser aprobada. Incluso si todos los partidos que hoy sostienen al Gobierno votasen a favor, seguirían siendo necesarios 26 votos de la derecha para que la reforma saliera adelante con la mayoría de tres quintos exigida en la Carta Magna. Cabe pensar que, o bien el PSOE cuenta con el voto de algunas diputadas populares que puedan defender este derecho, o bien que su propuesta, más que un movimiento legislativo viable, parece una operación simbólica, una forma de reafirmar perfil feminista ante la opinión pública en un contexto de recrudecimiento de la reacción machista y de cuestionamiento de la credibilidad feminista socialista, tras las revelaciones del caso Ábalos-Koldo y sus conversaciones sobre prostitución.

La última reforma de la ley del aborto en el año 2023 incluyó muchos aspectos necesarios para que el blindaje de este derecho fuera efectivo. Hubo entonces un debate en el seno del Gobierno de coalición sobre cómo blindar este derecho como una prestación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Si bien el Ministerio de Igualdad de Irene Montero apostaba por un modelo que garantizase que en todos los hospitales públicos fuera obligatorio que se prestase este derecho, la parte socialista del Ejecutivo apostó por una redacción más laxa de esta obligatoriedad, que ha permitido en la práctica a las derechas desde los Gobiernos de las comunidades autónomas desarrollar políticas que no protejan los derechos de las mujeres, profundizando en las desigualdades que a día de hoy se siguen dando entre autonomías en la garantía de este derecho.

No es que el PSOE no apoye el derecho al aborto, sino que tiene dificultades, como le sucede en otros ámbitos, para defender que tenga que desarrollarse con carácter universal en la sanidad pública. Esta reforma constitucional, aunque es un empuje al polo democrático y feminista que cree en las libertades de las mujeres, no tiene el calado suficiente para cambiar el día a día de las mujeres si no se acompaña de una apuesta clara por otras medidas entre las que es imprescindible una defensa de la sanidad pública. No podemos olvidar que si la mayoría de abortos se realizan en la sanidad privada es porque tenemos una ley que lo permite. 

En primer lugar, convendría reflexionar sobre la necesidad de acompañar un proceso de reforma constitucional feminista con aquellas mujeres feministas que apuestan por ello desde diferentes ámbitos, como el académico o el activista. Ya tuvimos unos padres de la Constitución, sería realmente relevante en términos políticos es que esta fuera la reforma de las nietas. Y este es un aspecto relevante no solo por lo simbólico o performativo que pueda conllevar la presencia de mujeres en cualquier proceso político sobre el que deban tener agencia, sino porque la reforma de la Constitución de un país es algo suficientemente serio como para que se implique a toda la ciudadanía en su conjunto. Aunque no sea obligatorio en este caso por el tipo de reforma propuesta por el Ejecutivo, quizás sí convendría un referéndum y desde luego sería imprescindible una comisión de trabajo en el Congreso que contase con las feministas. 

En segundo lugar, hay toda una serie de medidas que son tan importantes como el blindaje constitucional que ya se pueden poner en marcha con la actual ley y que este Ejecutivo tiene que priorizar desde ya. Entre ellas: crear un alto comisionado o agencia estatal que coordine la política de salud sexual y reproductiva, poner en marcha el registro nacional de objetores para planificar recursos humanos y evitar bloqueos estructurales, condicionar la financiación sanitaria a las comunidades autónomas al cumplimiento de estos mínimos legales; y quizás, la más importante, para de raíz poder cambiar las cosas: garantizar educación sexual integral en todas las etapas educativas como herramienta de prevención y de ciudadanía.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

El Ministerio de Sanidad ha activado este martes el procedimiento legal para que Madrid, Aragón e Illes Balears elaboren el registro de objetores de conciencia al aborto con un requerimiento formal que, si no tiene respuesta en el plazo de un mes, dará paso a un proceso contencioso en los tribunales para que las "obligue un juez", según informa EFE.

"El registro no es algo opcional, no es una ocurrencia; es una obligación legal, una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto", ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la responsable de Sanidad, Mónica García.

Sanidad ha activado formalmente el procedimiento legal para requerir que elaboren el citado registro a las tres comunidades que aún no lo han hecho: Madrid, Illes Balears y Aragón, aunque solo la primera ha expresado "explícitamente" su negativa a crearlo.

Estas tres comunidades tienen un plazo de un mes para responder al requerimiento, como mandata el artículo 44 de la ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa; de no hacerlo, el Ministerio de Sanidad tendrá otros dos "para acudir a los tribunales y para plantear un contencioso administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley", ha recalcado García.

Como ha señalado en la rueda de prensa y deja plasmado en los tres requerimientos firmados por ella, la ministra recuerda a las tres autonomías que el 16 de noviembre de 2024, el pleno del Consejo Interterritorial "adoptó, de manera unánime, el acuerdo por el que se aprueba el protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia" contemplado en la ley del aborto.

"Desde entonces, la Dirección General de Ordenación Profesional, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha llevado a cabo un seguimiento de la implantación de dichos registros a lo largo del año, a través del rastreo diario de boletines y sedes electrónicas que se realiza como parte principal de las labores de Alta Inspección, y se ha constatado que la Comunidad Autónoma cuya consejería está a su cargo no ha desarrollado dicho registro de objetores", prosigue el texto.

En los sucesivos informes del 20 de febrero, 27 de mayo y 25 de septiembre, la revisión confirmó que Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Ceuta y Melilla habían cumplido la orden.

Además, se comprobó que tanto Andalucía como Asturias "se encuentran en fase de tramitación". Por ello, envía "el presente requerimiento para que se proceda a su creación", cumpliendo así con el trámite previsto en la ley.

Tras insistir a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no hacer este registro implica no solo saltarse los derechos de las mujeres, sino que supone saltarse la ley, Mónica García ha mostrado su "orgullo" por que este martes el Gobierno haya dado un primer paso histórico para blindar el derecho al aborto en la Constitución.

"Es una victoria peleada y luchada desde hace muchísimos años y que queremos blindar y que vamos a blindar en la Constitución. Es la primera vez que las mujeres aparecemos como sujeto de derecho en un texto constitucional, así que creo que hoy es un día para felicitarnos todos y todas", ha concluido.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que si gobierna lo que él crearía no es un listado de médicos objetores para realizar abortos, como exige hoy en día la ley, sino uno en el que aparezcan todos los médicos dispuestos a realizar abortos, según informa EFE.

"Cuando llegue al Gobierno, la lista será la contraria, y es que lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición de ellas", ha apuntado en una entrevista en Antena 3.

Y es que a una mujer, ha insistido, lo que "le interesa saber" no es "cuáles son los médicos que no están dispuestos a atenderla" sino "cuáles son los médicos que la pueden asistir".

Feijóo ha dicho que los médicos están "en su derecho" a declararse objetores de conciencia y no querer practicar abortos. "Admitamos las posibilidades que tiene una mujer para abortar y admitamos las posibilidades que tiene un médico para no practicar un aborto", ha declarado.

La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid, dándoles tres meses para crear el registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto, como marca la ley.

Todo ello a raíz de la polémica desatada después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aprobara una iniciativa de Vox para que las mujeres recibieran información del presunto "trauma posaborto", que no existe según los expertos.

Pese a que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado crear el registro, Feijóo ha afirmado hoy que Madrid no se ha declarado "en rebelión para nada". "La interrupción voluntaria del embarazo se realiza en los hospitales de Madrid de acuerdo con el criterio de los facultativos todos los días y todas las semanas", ha reiterado.

El líder del PP ha dicho además que desconfía de datos como que en Madrid sólo el 1% de los abortos se realizan en la sanidad pública y que, según los datos de los que él dispone, "incluso algunas interrupciones de embarazos de Castilla la Mancha se derivaban a los hospitales de Madrid".

Feijóo ha afirmado que la carta publicada la semana pasada, el mismo día en el que Díaz Ayuso dijo en la Asamblea de Madrid que no va a entregar el listado de objetores, iba dirigida al presidente, Pedro Sánchez, y no a la presidenta madrileña.

Como ya afirmó en esa carta, ha insistido, la posición del PP es "muy clara", que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo lleva vigente en España más de 30 años y que si una mujer quiere abortar puede hacerlo "con el mejor asesoramiento médico y psicológico y de acuerdo con las leyes".

La ley del aborto se cumple en España y los presidentes del PP la cumplen, ha asegurado el líder popular, quien ha afirmado que los problemas de España no son estos y que estos debates son "ridículos".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dijo este lunes que el Gobierno está ultimando las "herramientas legales" que permitan blindar el derecho al aborto en la Constitución e indicó que la propuesta de reforma de la Carta Magna se presentará tan pronto como ese trabajo haya finalizado, según informa EFE.

"El presidente del Gobierno ya anunció que este Gobierno progresista hará todo lo que esté en su mano para proteger el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo", dijo Bolaños en declaraciones a EFE a su llegada a un Consejo de ministros de Justicia de la Unión Europea.

Añadió que el Ejecutivo trabaja en este momento para ver "cuáles son las herramientas legales que podemos implementar para garantizar que siempre en España las mujeres tendrán garantizados sus derechos y en particular el de la interrupción voluntaria del embarazo". 

Se trata en particular de "trabajos técnicos" que se llevan a cabo entre diferentes Ministerios, precisó.

El ministro denunció que existe "una pulsión, un impulso irrefrenable por parte de la derecha y de la ultraderecha de recortar siempre los derechos de las mujeres, en particular, el de la interrupción voluntaria del embarazo". 

"Tan pronto como tengamos el trabajo terminado (...) se anunciará debidamente a los medios de comunicación", dijo el ministro, que rehusó dar fechas exactas.

El pasado 3 de octubre, el Gobierno español anunció que propondrá una reforma de la Constitución para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna a fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres".

El Ejecutivo impulsará un procedimiento de reforma ordinaria de la Constitución, lo que requeriría de una mayoría cualificada para su aprobación parlamentaria. 

Con esta medida, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024.

Hay temas con los que el Partido Popular no está cómodo y el aborto es uno de ellos. Los intentos de Alberto Núñez Feijóo de zanjar las últimas polémicas suscitadas alrededor de la interrupción del embarazo se han encontrado con un obstáculo importante: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La baronesa del PP ha decidido pasar a la ofensiva contra los derechos reproductivos de las mujeres con su intención de no cumplir con la ley, negándose a confeccionar el registro de objetores al aborto que todas las comunidades están obligadas a elaborar. "No se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo", señaló el pasado jueves en la Asamblea de Madrid, para reiterar a renglón seguido que "nunca, nunca" va hacer una "lista negra" de médicos. A quien no esté de acuerdo, un mensaje lacerante: "Váyanse a otro lado a abortar".

Tan solo unas horas después de esas declaraciones, Feijóo se vio obligado a corregir a la presidenta madrileña para recalcar que el PP garantizará los abortos "conforme a las leyes" y que su posición sobre este derecho es "clara y conocida": "Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", señaló en una carta que publicó en X. Cuando llegó a la presidencia del PP, el gallego se distanció de la postura de su antecesor, Pablo Casado, y definió el aborto como un "derecho", pero evitó reflejarlo en la ponencia ideológica que el partido elaboró de cara al congreso nacional celebrado a principios del pasado mes de julio.

Hay una razón detrás. La historia reciente demuestra que el tema divide al partido. El frustrado intento del PP de aprobar su propia ley del aborto acabó vigorizando al movimiento feminista, cuya movilización fue determinante para la dimisión del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón –al que muchos veían como sustituto de Mariano Rajoy en el año 2014–, y precipitando la ruptura del sector más antiabortista del partido.

La dimisión despertó todo tipo de especulaciones. Desde las que apuntaban a que los fieles al expresidente habían tendido una trampa a Ruiz-Gallardón para eliminarle como rival, a las que apuntaban a que el también exalcalde de Madrid había ido "por libre" y que Rajoy tuvo que dar un golpe en la mesa. La división también se vio en las votaciones de la reforma en el Congreso y el Senado, donde algunos parlamentarios rompieron la disciplina de voto.

El sustituto de Rajoy acabó siendo —para sorpresa de muchos— Pablo Casado, que entró de lleno en este debate y se mostró partidario de acabar con la ley de plazos para sustituirla por el texto de supuestos del año 1985. Lo dijo en la campaña interna que le llevó a la presidencia del PP en 2018 y en los meses posteriores. Su idea, decía, era volver a la de 1985 del Gobierno de Felipe González porque generaba "consenso social" y, a su juicio, "no había ninguna necesidad de cambiar". Sin embargo, esa ley del 85 no fue votada por Alianza Popular, la formación que después dio lugar al PP. Es más, llegó a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, al igual que la ley de plazos, que derivó en algunos retoques en el texto.

Lo cierto es que los avances en las leyes sobre la interrupción del embarazo siempre han llegado de Gobiernos liderados por socialistas. El último fue en febrero de 2023 con la reforma que introdujo el registro de objetores de conciencia para vigilar que no existiera ni una sola traba al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos. Aunque a fecha actual son cinco las comunidades que aún no lo han puesto en marcha —Asturias, Andalucía, Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid—, todas ellas, a excepción de la presidida por Ayuso, se han comprometido a hacerlo tras recibir la carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La presidenta madrileña, sin embargo, se niega a hacerlo pese a que su consejera de Sanidad votó a favor en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado en diciembre del pasado año.

Con las encuestas en la mano, se desprende que el derecho al aborto cuenta con un amplio apoyo social en España. Según un estudio publicado por Ipsos en 2022, un 70% de los españoles apoya que el "aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos" y las mujeres (73%) se muestran más a favor que los hombres (68%). El respaldo a esa tesis es también superior entre los menores de 35 años (73%) que entre quienes superan los 50 (68%). En cambio, es menor entre aquellos con bajo nivel educativo (62%) que entre los que cuentan con estudios superiores (72%). 

El estudio de Ipsos también realizó un análisis por partidos políticos. Los votantes de las formaciones de izquierda lo apoyan de manera abrumadora, por encima del 80%. Una posición que también es mayoritaria entre los votantes del PP: 59% a favor frente a un 26% en contra. Y, aunque por un estrecho margen, también son más numerosos (47%) los votantes de Vox que comparten este punto de vista, que aquellos (41%) que consideran que "el aborto debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos". Datos que ayudan a explicar que, más allá de las polémicas concretas, y a diferencia de lo que ocurre en otros países occidentales, ni la derecha ni la extrema derecha sitúan el aborto como la punta de lanza de sus políticas.

La negativa del PP madrileño responde a los intentos de Ayuso de presentarse como la antítesis del Gobierno de Sánchez, pero también a las presiones de las asociaciones antiabortistas, a las que a fecha de de diciembre de 2024 había destinado una tercera parte de la financiación global: 2,7 millones de euros, según una investigación de CRITIC. Madrid es, además, la única comunidad que remite a centros religiosos a las mujeres que quieren abortar. El Ayuntamiento de Madrid ha destinado, por su parte, un millón de euros a estas organizaciones entre 2020 y 2024.

La citada investigación concluyó en diciembre pasado que 51 instituciones públicas de todo el Estado español habían destinado 7,8 millones de euros en esos cuatro años a subvencionar una red de 50 entidades contrarias al derecho al aborto. Tras consultar las bases de datos del Ministerio de Hacienda, comprobaron que las tres Administraciones que más recursos habían asignado a estas entidades estaban gobernadas por el Partido Popular. Las subvenciones a este tipo de asociaciones llegan también de las arcas de los ayuntamientos y diputaciones.

Tras la Comunidad de Madrid se sitúa, en segundo lugar, la Junta de Andalucía, con 1,1 millones. Para acordar su investidura, el presidente andaluz, Juanma Moreno, firmó con Vox un acuerdo que recogía que la Junta debía crear una nueva subvención para asociaciones dentro de sus servicios con el objeto de ayudar a las mujeres a "llevar adelante su embarazo". Con estas subvenciones, la formación de ultraderecha consiguió anotarse el logro de una medida de marcado carácter antiabortista, que daba satisfacción a sus bases "provida". Ahí está el origen. Luego el compromiso se renovó y amplió en dos acuerdos más, en octubre de 2019 y noviembre de 2020. Tras las elecciones del 2021, cuando los votos de Vox ya no eran necesarios, Moreno Bonilla las mantuvo.

Y, por último, Galicia, con 657.113 euros. El primer movimiento de Alberto Núñez Feijóo tras su aterrizaje en como presidente de la Xunta en 2009 fue sacar adelante una ley que tenía como propósito "establecer y regular una red de apoyo a la mujer embarazada". La norma dio cobertura legal a Red Madre y la entidad antiabortista pasó a asumir funciones como el asesoramiento a mujeres gestantes con dificultades socioeconómicas. El mismo patrón que en Andalucía. Con todo, la investigación realizada en colaboración con la Associació Drets Sexuals i Reproductius (ADSR), también destacaba que el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Catalunya habían concedido asimismo recursos a estas entidades.

La organización que más fondos recibió fue Red Madre, uno de los puntales del movimiento antiabortista español. Se encarga desde hace años de asesorar a mujeres embarazadas vulnerables en diversas comunidades con cargo a los fondos públicos. Bajo esta marca se agrupa una red de 40 entidades, que han sumado 2,48 millones de euros en solo cuatro años.

También Adevima es una de las muchas organizaciones que subsisten gracias a la inestimable ayuda de las administraciones. A pesar de, en algunos casos, haber participado y perpetuado el acoso contra las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo y de considerar "hijos de Satanás" a los políticos que ven en el aborto un derecho. En este caso, se trata de un grupo que ha participado en un tipo de movilización de la derecha católica especialmente polémico, el consistente en instalarse a las puertas de una clínica donde se practican abortos para tratar de disuadir a las mujeres que allí acuden.

En esta red también se encuentra la Fundación NEOS, cuyo portavoz es el exministro del PP Jaime Mayor Oreja, un referente de la derecha cristiana radical no sólo en España, sino a nivel internacional, que organizó la cumbre ultra en el Senado en noviembre del pasado año y que agrupa a decenas de grupos de derecha católica radical. Y Hazte Oír, puntal de las posiciones más radicales del movimiento antiabortista, entre otras asociaciones. Entre los colaboradores de la fundación Valores y Sociedad, que preside Mayor Oreja y que defiende las "leyes de latido fetal", figuran María San Gil, exlíder del PP vasco, un referente del movimiento provida, y el magistrado del Tribunal Supremo y miembro del Opus Dei José Luis Requero.