Mentiras que hacen daño. A propósito del aborto en Madrid

Dice el Partido Popular que la información no es un problema, olvidando que mentir en temas relacionados con la salud es una de las mayores irresponsabilidades que cualquier político pueda cometer… y que decir mentiras no es informar, es lanzar un bulo. Que el PP nacional avale una iniciativa que carece de todo fundamento científico, que hace una utilización sesgada de los datos y cuya redacción es una burda copia de las falsedades propagadas por grupos integristas y la extrema derecha mundial, pone de manifiesto su seguidismo respecto a VOX. 

Ingenuamente, creíamos que quienes toman decisiones políticas en el Ayuntamiento de Madrid se documentan antes de votar. El texto de la Proposición sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) amenaza a las mujeres con un “síndrome de estrés postraumático post-IVE” que incluye depresión, consumo de alcohol y drogas, intentos de suicidio, hemorragias internas, infecciones, esterilidad, muertes posteriores y aumento de cánceres del aparato reproductivo… y compararlo con lo que sufrieron los combatientes en la guerra de Vietnam hace más de 50 años es un insulto a la inteligencia… y una falta total de humanidad.  

Citan algunos datos, pero hay otros. Las tasas de IVE en nuestro país son similares, o incluso inferiores, a la de los países de nuestro entorno, y no han subido de forma significativa pese a los augurios de la derecha española. En los 14 años transcurridos desde 2010 (primera legalización de la IVE en España) y la actualidad, esa tasa se ha incrementado en 0,6 puntos. O lo que es lo mismo, cada año abortan legalmente en nuestro país aproximadamente una de cada 100 mujeres entre 15 y 45 años (99 de cada 100 no abortan). Si hablamos de jóvenes de 19 años o menos la tasa ha descendido en 4 puntos (de 13,05 en 2010 a 9,15 en 2024). 

Las interrupciones se producen en estadios muy tempranos. El 70% dentro de las primeras 8 semanas y el 94% añadiendo hasta las 14 semanas de gestación. Eso habla de la responsabilidad de las mujeres, de la calidad del trabajo que realizan las y los profesionales que las atienden y del buen funcionamiento de la ley. Pero eso no importa; si no hay problema, se crea…

Hablemos de Madrid: cada año, aproximadamente 1.000 mujeres se ven obligadas a abortar por grave riesgo para su salud o por malformación o lesiones graves o incompatibles con la vida fetal, con gran sufrimiento. Precisamente la Comunidad de Madrid (incumpliendo el mandato legal) es una de las que más expulsa a estas mujeres de sus consultas y hospitales habituales, derivándolas y dejándolas solas frente a sus necesidades de atención. Ese dolor sobreañadido podría evitarse si los responsables locales y autonómicos se preocuparan, de verdad, por las mujeres. Y hay más. Sus tasas de IVE suelen ser superiores a la media nacional lo que no cuadra con su supuesta preocupación por prevenirlas. Ni educación sexual ni fácil acceso a anticonceptivos.

No, no existe evidencia científica que avale lo que denominan “trastornos de estrés postraumático” ligados a la práctica de la IVE

No, no existe evidencia científica que avale lo que denominan “trastornos de estrés postraumático” ligados a la práctica de la IVE.  El citado síndrome se refiere a trastornos del ámbito de la salud mental padecidos por un importante porcentaje de personas que han pasado por un evento dramático/traumático, con síntomas graves, significativos y persistentes, que no pueden razonablemente asociarse a otros factores. La IVE es un acontecimiento vital que puede suceder a cualquier mujer y en cualquier lugar, afortunadamente con efectos secundarios indeseables anecdóticos. La inmensa mayoría se sienten aliviadas después de pasar por ese trance, porque realmente lo que hubieran preferido es no haber quedado embarazadas. También prefieren que sus responsables políticos garanticen que se las va a atender de la misma forma en que les atienden otros “problemas” de salud, que los profesionales sanitarios las acompañen respetuosamente en todo el proceso y que nadie las adoctrine. 

¿Se puede hacer más daño a la salud de una mujer que conforme a la ley acude a un centro sanitario y se encuentra en la puerta con personas que las insultan y las acosan para alterar su decisión de abortar?  Son grupos con consignas similares a las contenidas en la proposición aprobada, sin que el PP (de VOX ya lo sabíamos) muestre la mínima empatía con el sufrimiento de esas mujeres, ni haga nada por evitarlo.  

La propuesta no se sustenta con bibliografía. Hablar de lo que se decía en una “clasificación de enfermedades” (el DSMIII) modificada en 1994 ¡Hace 31 años!, obviando los avances y cambios propuestos por personas expertas de las distintas disciplinas, muestra su falta de rigor. Existen múltiples documentos e investigaciones internacionales y nacionales que la contradicen. Por poner un ejemplo (no dudoso para el mundo civilizado) como es la Organización Mundial de la Salud, en sus guías de Cuidados sobre Aborto (2022 y actualizaciones de 2023) no se hace referencia alguna al citado “síndrome”, aunque sí habla de la necesidad de ofrecer una información rigurosa, veraz, adaptada a las necesidades de cada mujer y a lo largo de todo el proceso, desde la primera información hasta los cuidados post-aborto.

También afecta a las y los profesionales. ¿Alguien cree que un profesional que, aceptando el contenido de esta iniciativa, informe negativamente, provocando miedo injustificado a la mujer, va a respetar su decisión y apoyarla en los otros pasos del proceso? Quien informa a las mujeres tiene la obligación ética y legal de respetar su autonomía y exponer los procedimientos y los efectos que pueden derivar de esta práctica. ¡Sin inventarlos! También están obligados a ofrecer apoyo psicosocial al número reducido de mujeres que pueden presentar algún malestar emocional tras haber vivido una IVE. 

Estos partidos siempre buscan subterfugios para situar a profesionales contrarios al aborto en primera línea (desde la información), desobedeciendo el mandato constitucional que obliga a todos los hospitales públicos a disponer de un registro de objetores de conciencia y a contar con equipos humanos y materiales con capacidad para atender bien a las mujeres. La Proposición pasa por alto que a las mujeres le asiste el derecho humano fundamental a una información veraz, especialmente en materia de salud, como garantía para elegir la opción más adecuada a su caso particular. 

La práctica del aborto legal es en nuestro país es de bajísimo riesgo. El problema surge precisamente por el “estigma” en torno al aborto que de tanto en tanto pretenden reavivar.  La IVE es aceptada y respetada por la inmensa mayoría de la población española y no ocasiona ningún problema a quién tiene que abortar ni a quién no quiere o no tiene que hacerlo. Aun así, los sectores más reaccionarios se empeñan en culpabilizar y criminalizar a las mujeres, sin tener en cuenta (o sí) que esa presión es, precisamente, la que las ocasiona problemas psicológicos, más cuanto más vulnerables son. No es fácil entender que el aborto sea legal cuando sus representantes de Madrid provocan miedo y culpa. Muchas de ellas pueden buscar otras vías arriesgadas, que son las que verdaderamente ponen en peligro su salud y su vida.   

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Dra. Isabel Serrano Fuster, ginecóloga; Dra. Carmen Martínez Ten, ginecóloga; Dra. Concepción Martín Perpiñán, ginecóloga; Dra. Cristina Cámara González, médica de familia. Las cuatro firmantes son expertas en salud sexual y reproductiva.