Que la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, pida mano dura contra la inmigración y la ligue a la delincuencia grave, el tráfico de drogas o las agresiones sexuales, entra dentro de su ideario reaccionario que, en gran parte, comparte en España con su amigo y líder de Vox, Santiago Abascal. Que lo haga su homóloga socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, tampoco es una novedad –lo hace sin complejos desde que los ultras dieran su campanazo electoral en el pequeño país escandinavo en 2015–, pero es una muestra más de cómo algunos partidos de centroizquierda europeos, como los socialistas de Eslovenia o Rumanía, han ido abandonado sus banderas tradicionales para abrazar algunas de la extrema derecha racista como única vía para mantener su influencia.

El comunicado difundido en sus redes sociales por ambas jefas de Gobierno –las dos únicas de la UE, como subrayan en su texto– rechazan lo que llaman "inmigración descontrolada", en clara referencia al exitoso proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez (teórico socio de Frederiksen) y en el contexto de la crisis migratoria de Ceuta, un fenómeno, si no impulsado, sí tolerado por Marruecos sobre una ciudad cuya soberanía reclama y que el presidente español calificó de "violación de la integridad territorial". La misma integridad territorial que la premier danesa defiende a capa y espada en Groenlandia frente a Donald Trump con el apoyo de todos los socios de la UE y Sánchez a la cabeza.

Italia, por su parte, ha sido el socio comunitario que más migrantes ha recibido en los últimos años a través de la ruta del Mediterráneo hacia Lampedusa y Sicilia desde Libia y Túnez, obteniendo debido a ello la solidaridad de la Unión. Ante los sucesos en la ciudad autónoma, sin embargo, ha optado por establecer controles fronterizos a los españoles que lleguen a su país anulando de facto el Tratado de Schengen entre ambos Estados. En reciprocidad con la actitud del Gobierno de Meloni, el de Sánchez también ha decidido reestablecer esos chequeos con los turistas y residentes italianos que viajen a nuestro país.

Frederiksen, como Meloni, liga la inmigración irregular –ambas prefieren el término "ilegal"– al aumento de la delincuencia. En concreto, se refieren a los "delitos violentos", el "tráfico de drogas" o la "violencia sexual", algo que, al menos en el caso de España, todas las cifras oficiales de criminalidad desmienten. También suscriben otros mantras ultras, como la "creciente presión sobre los servicios públicos" y la "erosión de la confianza en la ciudadanía". Las dos jefas de Gobierno aseguran que actúan "con determinación" para ofrecer respuestas a los ciudadanos, que han pagado "un precio demasiado alto debido a la inmigración descontrolada". "Especialmente", prosigue la nota conjunta, "a los más vulnerables" (se entiende que personas vulnerables con pasaporte italiano o danés).

Las medidas que proponen al efecto Frederiksen y Meloni coinciden, en esencia, con las que en España defiende Vox. La primera, es simple, "aumentar las expulsiones". Pero también reclaman abrir "centros de repatriación en terceros países", como ya ha hecho el Gobierno de Meloni en Albania. Dinamarca e Italia, junto a Países Bajos o Austria, encabezan el grupo de 19 países que el pasado junio reclamaron a la comisión la creación de estos centros, que califican de "solución innovadora". Algunos de esos Estados han aportado ya países que consideran "seguros" para crearlos, como Túnez, Egipto, Kosovo o Colombia. España y Francia se oponen al considerar que no caben en los principios fundamentales de la UE. Sánchez los calificó de "espejismo" y de "desperdicio de recursos económicos", así como de falta de respeto hacia los países de origen de los migrantes.

Pero lo más llamativo de todo lo que suscribe la líder supuestamente izquierdista danesa es el tufo racista y antimusulmán que el texto conjunto rezuma. "Estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo", dice el comunicado. "Esperamos que quienes llegan a nuestros países y eligen Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos", añade. Es decir, cristianos católicos o evangélicos de países de América Latina u ortodoxos de Ucrania, sí; musulmanes procedentes del Magreb, Oriente Próximo y países subsaharianos, absténganse. Justo lo que en España difunde a diario Vox, que centra el grueso de su mensaje conspiranoico sobre la migración en las personas procedentes de países islámicos.

Tal y como explica el investigador Franco delle Donne, autor del podcast Epidemia Ultra, el abandono de los valores tradicionales de la socialdemocracia y el giro de Frederiksen a lo que él llama la "ultraderecha nativista" que señala a los inmigrantes como competidores de los daneses en el acceso a los recursos públicos, se produjo a partir de 2015, cuando el ultraconservador Partido Popular Danés se convirtió, con su discurso excluyente y antimusulmán, en la segunda formación del Parlamento danés. Un año después, los Socialdemócratas ya votaron a favor, desde la oposición, a la llamada ley de las joyas, que permitía al Estado confiscar bienes a los solicitantes de asilo para pagar así su permanencia en el país.

"Mediante la normalización del pensamiento nativista, los Socialdemócratas daneses han conseguido que restaurar el derecho de asilo y las políticas de integración sea cada vez más difícil, incluso si existiera voluntad de hacerlo", explicaron en 2024 en un artículo los investigadores alemanes Jakob Schwörer y Kristina Birke Daniels, de la Fundación Friedrich Ebert. "Esa estrategia también ha fallado para neutralizar a la derecha radical. Al contrario, la extrema derecha se ha multiplicado y ha alcanzado un mayor éxito en general". Las consecuencias para los migrantes son "devastadoras", según los autores: "Creciente precariedad e inseguridad, imposibilidad de hacer planes de futuro e incluso intentos de suicidio". "La integración se ha convertido en algo casi imposible" debido a que la legislación "ha eliminado la perspectiva a largo plazo de formar parte de la sociedad danesa".

El Gobierno ha decidido restablecer desde la 00:00 horas de este sábado, y en principio hasta el 7 de septiembre, los controles fronterizos con Italia después de que el Ejecutivo de este país haya rechazado levantar sus controles a las viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos.

Italia decidió efectuar esos controles el pasado 1 de agosto, y el Gobierno había pedido este viernes a las autoridades italianas que los levantara antes de que acabara el próximo domingo o, de lo contrario, adoptaría medidas "proporcionales" para proteger los intereses y la dignidad de los ciudadanos españoles.

La petición fue rechazada por el Gobierno de Italia advirtiendo de que no aceptaba ultimátums, y ante ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido actuar de la misma forma e imponer esos controles a los viajeros procedentes de Italia.

El Ejecutivo justifica esta decisión ante la "persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino".

Los controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00:00 horas de este sábado, 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad (pasaporte) y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visa permiso de residencia.

Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo.

El Ministerio del Interior de Italia ha dispuesto este viernes la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos, según informan fuentes oficiales.

La medida implica una suspensión temporal del tratado 'Schengen' de libre circulación en la Unión Europea (UE).

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha tomado esta decisión tras una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las fronteras. Por el momento no se ha especificado cuánto tiempo durará esta reintroducción de controles.

Por otro lado, el ministro italiano ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para acordar el reforzamiento de los controles en las fronteras terrestres entre ambos países.

La decisión italiana se produce a raíz de la llegada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta.

Su anuncio se produce cuando el Ministerio del Interior español ha anunciado que prácticamente todos los migrantes que entraron en el enclave español en África ya han retornado a Marruecos, unas 48.300 personas de las 50.000 que se calcula que cruzaron las fronteras.

En el pasado Italia introdujo controles temporales en su frontera con Eslovenia, para tratar de contener las llegadas de inmigrantes por la ruta balcánica.

Oficialmente, queda más de un año para las próximas elecciones legislativas italianas, pero ya están en mente de todos los responsables políticos locales. Y, en particular, de Giorgia Meloni, que no tiene intención de mudarse del Palacio Chigi, residencia de la Presidencia del Consejo. Pero la situación no deja de complicarse para la líder de Fratelli d’Italia (FdI), el principal partido de la actual coalición en el poder.

En primer lugar, está ese referéndum perdido sobre la reforma judicial, el 23 de marzo. Giorgia Meloni quería convertirlo tanto en una demostración de su influencia sobre el electorado como en un medio para controlar mejor políticamente al poder judicial. El fracaso fue total, con un 53,2 % de votos en contra y una participación superior a la prevista. La coalición quedó sonada.

Luego surgió una fuerza a la derecha incluso de la propia coalición gobernante. Liderado por un general reaccionario, Roberto Vannacci, este nuevo partido, Futuro Nazionale (FN), fundado en febrero, critica al Gobierno por ser demasiado débil en materia de inmigración y demasiado blando en cuestiones sociales. Defiende la “remigración”, un término ultraderechista que está de moda en Italia y que no designa otra cosa que las expulsiones masivas.

El problema es que FN no para de subir en las encuestas, pisándole los talones al partido del ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, la Lega. Y este empuje lo cambia todo. La coalición actual, formada por cinco partidos —FdI, la Lega, los berlusconianos de Forza Italia (FI) y dos pequeños partidos de centro-derecha, Noi Moderati y la Unión Democrática del Centro (UDC)—, se encuentra ahora debilitada.

Ya no tiene la certeza de quedar en cabeza en las próximas elecciones. De hecho, las encuestas de opinión parecen indicar que el llamado campo amplio (campo largo), que agrupa a la mayor parte de las formaciones de la oposición, superaría a la alianza de Giorgia Meloni. Todo ello ha llevado a la primera ministra a jugar su última carta y acelerar su reforma electoral.

Este proyecto de reforma es un tema recurrente en el “quinquenio Meloni” y parecía haber quedado trastocado tras la derrota en el referéndum. Pero para Giorgia Meloni se ha convertido en una prioridad, hasta el punto de que la Cámara de Diputados examinará su proyecto esta misma semana. Para comprender el razonamiento, hay que analizar primero la realidad de esta reforma, que ha sido modificada con respecto a su proyecto inicial.

El nuevo sistema electoral pretende eliminar la parte mayoritaria de la actual ley electoral, que combina, como el sistema alemán, una parte proporcional (aproximadamente el 60% de los diputados elegidos) y una parte mayoritaria (aproximadamente el 30% de los diputados elegidos). Solo se mantendrá un sistema de votación por listas, regional para el Senado y nacional para la Cámara de Diputados.

El umbral para obtener un escaño será del 3% de los votos emitidos. Pero la novedad es que la ley ofrecerá una bonificación mayoritaria a la coalición que quede en cabeza, con más del 42% en ambas votaciones (Cámara y Senado). Esta bonificación consistirá en setenta diputados y treinta y cinco senadores, lo que supondrá un aumento del 17,5% de los escaños en ambas cámaras.

La otra gran novedad de la ley es la obligación de que cada partido proponga un candidato a la presidencia del Consejo. Es una forma para Giorgia Meloni de imponer una de sus ideas fijas, el “primerato”, es decir, la elección del presidente del Gobierno por sufragio universal directo. En 2022 y 2023 fracasó un proyecto de reforma constitucional sobre este tema por falta de consenso en la oposición.

Pero, tras salir por la puerta, vuelve a entrar por la ventana como ley electoral ordinaria, en la que no es necesario el acuerdo de la oposición. Ahora bien, este proyecto altera considerablemente el equilibrio de poderes en Italia, donde el presidente de la República es elegido por las dos cámaras y los representantes de las regiones.

A partir de ahora, el presidente de la República no solo no tendrá más remedio que nombrar en el Palacio Chigi al “candidato” presentado por la coalición ganadora, sino que su propia legitimidad se verá mermada frente al presidente del Consejo, quien, por su parte, podrá hacer valer una legitimidad directa.

Porque durante sus primeros cuatro años en el poder, Giorgia Meloni ha tenido que enfrentarse a menudo al actual presidente de la República, Sergio Mattarella, un viejo demócrata-cristiano que se esfuerza por proteger la Constitución y los derechos fundamentales frente a los proyectos de la extrema derecha en el poder.

Esta nueva ley electoral es la respuesta de Giorgia Meloni a su relativo debilitamiento. En primer lugar, a corto plazo, para intentar lograr una victoria electoral. Uno de los objetivos de la presidenta del Consejo es conseguir el apoyo de al menos uno de los dos aliados potenciales de su coalición: los centristas de Azione, liderados por Carlo Calenda, que fueron aliados de Matteo Renzi y ahora se ven tentados a sumarse a la derecha, pero también el partido de Roberto Vannacci. Así reforzada, podría volver a superar al campo largo y mantenerse en el poder.

Para Azione, al igual que para el FN, la prima mayoritaria significa dos cosas. En primer lugar, dado que los escaños se reparten dentro de la coalición, es una oportunidad para conseguir más representantes que si se presentaran en solitario gracias a esta prima mayoritaria. En segundo lugar, al presentarse en solitario, se corre el riesgo de que gane la oposición, que estos dos partidos detestan en parte, ya sea la Alternativa Rojo-Verde (AVS), el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) o incluso Matteo Renzi y su partido Italia Viva (IV). En resumen, al reforzar el bipartidismo, la ley electoral obliga a los movimientos autónomos a elegir el bando al que desean ver ganar y a extraer sus consecuencias estratégicas.

La primera ministra también busca provocar la fragmentación del campo largo. Aunque resulte contradictorio con la tendencia que acabamos de describir, a la oposición podría costarle unirse. Es cierto que el M5S, la AVS y el Partido Demócrata (PD, centroizquierda) han llevado a cabo varias campañas regionales conjuntas en 2025 y suelen actuar de forma coordinada en el Parlamento. Pero las cuestiones relativas al candidato al Palacio Chigi y a ciertos aspectos programáticos son delicadas.

Por el momento, aún no se han decidido las condiciones para la designación de este candidato principal. Es probable que se celebren unas primarias, pero aún quedan por definir los pormenores de esta elección, que serán objeto de duras negociaciones. La lucha principal se libra entre Elly Schlein, la líder del PD, y el ex primer ministro Giuseppe Conte, que ha retomado las riendas del M5S. A lo que se suma la posibilidad, a veces mencionada, de una candidatura de centro de la alcaldesa de Génova, Silvia Salis, una exdeportista muy popular.

El problema es que parece difícil imaginar a unos y otros haciendo campaña juntos, sobre todo porque las diferencias dentro del campo largo son muy importantes a veces. Un incidente ha servido para recordarlo. El 9 de julio, Giuseppe Conte declaró en Nápoles que el actual rearme de Italia y Europa estaba provocado por una “amenaza rusa inventada”. Inmediatamente, el centro y la derecha denunciaron la postura “prorrusa” del líder del M5S, algo que él rebatió recordando su apoyo a Ucrania. Pero su partido no sigue realmente la misma línea que el PD o Matteo Renzi.

En caso de que Elly Schlein dirigiera la campaña, tendría que hacer malabarismos y controlar las fuerzas divergentes. Al imponer una prima mayoritaria y un candidato a primer ministro, Giorgia Meloni obliga al campo largo a encontrar una coherencia que aún está por construir. Es cierto que su bando también tiene sus divergencias, pero su liderazgo no se cuestiona. Por el contrario, será la credibilidad del candidato la que se pondrá constantemente en duda, algo que podría hacer que la oposición perdiera algunos puntos.

Esto explica que Giorgia Meloni acelere el ritmo de su ley electoral. Una vez aprobada, podrá convocar elecciones anticipadas en el momento que más le convenga, de aquí a septiembre de 2027. Ello supondrá una presión adicional sobre la oposición, que debe organizarse y que tendrá constantemente una espada de Damocles sobre su cabeza.

Y si resulta reelegida, la presidenta del Consejo puede aspirar a disponer de un poder reforzado. Uno de sus objetivos es, en particular, colocar a un hombre de su bando en la presidencia de la República, cuya elección está prevista en 2029. A partir de entonces, los contrapoderes se verían reducidos y sería posible emprender nuevas reformas para afianzarse en el poder.

Con razón, en la prensa, la nueva ley electoral —a la que tradicionalmente se le da un nombre latino— ha pasado de llamarse Stabilicum (destinada a la estabilidad del Gobierno) a Melonellum (destinada a la reelección de Giorgia Meloni). Pero aún quedan obstáculos por superar.

Sergio Mattarella ha advertido ya que solo firmará el texto de la ley electoral si lo considera válido desde el punto de vista institucional. Todos recuerdan el episodio del Porcellum, la ley aprobada durante el mandato de Silvio Berlusconi en 2005, que otorgaba la mayoría absoluta a la coalición que quedara en cabeza, independientemente de su resultado. Al amparo de esta ley se celebraron tres elecciones legislativas, en 2006, 2008 y 2013, pero fue declarada inválida por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2013.

El presidente de la República considera que debe evitar este tipo de excesos. La Consulta, como se denomina al Tribunal Constitucional en italiano, probablemente no tomará su decisión hasta después de las próximas elecciones. Sergio Mattarella pretende asegurarse de que no permitirá que se celebren elecciones en condiciones que posteriormente puedan ser invalidadas. En cuanto a Giorgia Meloni, esto la ha llevado a rebajar sus ambiciones, pero también, sin duda, la ha reafirmado en su idea de decidir la presidencia de la República en 2029.

Uno de los puntos delicados es la cuestión de si las listas deben ser cerradas o no. Meloni, deseosa de que su ley se apruebe rápidamente, ha escuchado a sus juristas, quienes le han advertido: si la lista de candidatos destinados a ser elegidos en el marco de la prima mayoritaria es cerrada, es decir, decidida por las coaliciones, existe un riesgo de inconstitucionalidad, ya que los votantes no habrán elegido explícitamente a sus representantes.

El partido de la jefa del Gobierno, FdI, ha presentado pues una enmienda para permitir el voto de preferencia de los setenta diputados y los treinta y cinco senadores elegidos gracias a la bonificación. Pero Forza Italia y la Lega se oponen a esta disposición porque temen que el electorado opte por reforzar al principal partido de la coalición. Durante todo el fin de semana ha habido intensas negociaciones, pero sin resultados.

Existe una elevada tensión interna en la mayoría en torno a este tema y se rumorea que los aliados de Giorgia Meloni apostarían por el fracaso de la ley. En otras palabras: rechazarían los votos de preferencia a sabiendas, para aprobar una ley inválida que el presidente Mattarella se negaría a firmar. De este modo, se volvería a la ley de 2018, el Rosatellum, que podrían preferir algunos partidos de derecha.

Sería un riesgo considerable para Giorgia Meloni, pero menor para sus aliados. En caso de volver al antiguo sistema electoral, podríamos encontrarnos en una situación de ausencia de mayoría en la Cámara de Diputados y/o en el Senado (en Italia se necesitan ambas). La única solución sería entonces la ruptura de las coaliciones electorales y la formación de acuerdos parlamentarios. Para Forza Italia e incluso para la Lega, sería la ocasión de independizarse de un partido melonista con aspiraciones hegemónicas. Giorgia Meloni abandonaría el poder y a muchos no les importaría.

Evidentemente, aún no hemos llegado a ese punto. No es seguro que sea ese el cálculo de la mayoría de los diputados de Forza Italia y de la Lega. Su rechazo podría tener como objetivo conseguir otras concesiones por parte de Giorgia Meloni. No obstante, el debate en el Parlamento será decisivo para las futuras elecciones. Si la jefa del Gobierno saliera airosa, podría decidir que los italianos acudan a las urnas ya en la primavera de 2027.

Traducción de Miguel López

Comenzaba un nuevo siglo y con él nacían nuevas ideas. La década de los 90 fue el caldo de cultivo que consiguió organizar a millones de personas por todo el mundo con un mismo objetivo: frenar los abusos del capitalismo neoliberal y exigir un modelo económico mundial más justo. Tras unos primeros pasos, como el alzamiento zapatista en Chiapas, (México), de 1994 o la celebración de un Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo que se vivió en Madrid en 1997, se consiguió el surgimiento de una gran coordinación mundial de movimientos en 1998, con el nacimiento de asambleas, grupos de trabajos y organizaciones como ATTAC, un movimiento internacional altermundialista con origen en Francia y el objetivo de exigir el control democrático de los mercados financieros y promover alternativas sociales, ecológicas y democráticas.

Así comenzaron las primeras contracumbres centradas en organizaciones como el Banco Mundial, el G20 o el Fondo Monetario Internacional, que conseguían reunir a cientos de miles de personas. Sin embargo, el pistoletazo de salida real ocurrió en 1999 cuando una movilización plural consiguió bloquear la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Seattle, demostrando el poder que podía alcanzar el recién nacido movimiento antiglobalización o altermundista.

“Fue el movimiento social más importante de aquella época”, recuerda Raúl Camargo, activista de la organización Anticapitalista en conversación con infoLibre, que en esos años participó de forma activa en este movimiento. “Organizábamos viajes a las contracumbres, charlas, debates y actividades en las universidades, que era donde entonces militábamos”, relata y añade que “la culminación de todo aquello fue la contracumbre de Génova de 2001” donde se celebró la reunión de líderes del G8.

 Más de 700 organizaciones reunieron a unas 200.000 personas en una ciudad totalmente sitiada por los carabinieri durante el fin de semana del 19 al 21 de julio. “Cuando llegamos a Génova parecía un escenario de guerra”, describe Camargo, que viajó en uno de los dos autobuses que salieron desde Madrid. En el otro se encontraba Miguel Urbán, activista y uno de los fundadores de Podemos, que considera este punto como “un antes y un después” en el movimiento antiglobalización. “En ese momento éramos pequeños grupos, pero cuando nos reuníamos en una ciudad éramos miles de personas llevando a cabo acciones muy simbólicas: desobediencia civil, bloqueos y enfrentamientos con la policía”, explica Urbán.

La represión policial en Génova fue brutal y más de 600 personas resultaron heridas, pero la noticia que se quedó grabada fue el asesinato del activista italiano Carlo Guliani tras recibir el disparo de un agente. “Después de horas respirando gases lacrimógenos y sufriendo una violencia policial que no habíamos visto nunca, la muerte de Giuliani provocó un auténtico pánico”, describe Urbán, que les obligó a escapar de forma precipitada de la ciudad, teniendo que abandonar a dos compañeros, con los que se reunieron fuera de la ciudad. “Muchos compañeros necesitaron tratamiento psicológico por el impacto de lo que vivieron”.

Este miedo fue una de las principales razones por las que el movimiento quedó debilitado, pero no fue la única. Por una parte, faltó una “estructura organizativa permanente”, ya que “existían grandes movilizaciones y manifiestos muy elaborados, pero no una herramienta capaz de coordinar esas propuestas internacionalmente y convertirlas en programas políticos o sociales con capacidad de aplicarse en cada país”, explica Camargo. Por otra parte, también quedó claro que “no basta con la movilización social, que si quieres transformar la sociedad necesitas también disputar el poder político”, lo que acabó generando “desafección y debilitando a quienes pretendían transformar el sistema”.

Sin embargo, ni Camargo ni Urbán, consideran que este gran movimiento fuera en vano y si permitió grandes cambios. En Italia, aunque no fue un proceso rápido, los sucesos de Génova fueron la primera piedra en el debilitamiento de su presidente, Silvio Berlusconi, que acabó dimitiendo en 2011. Más directas fueron las consecuencias en España, ya que gracias al impulso de los Foros Europeos, nacidos del movimiento antiglobalización, se consiguió acabar con el gobierno de José María Aznar a través de las protestas contra la guerra de Irak. En Grecia, a partir de este movimiento nació el partido SYRIZA (Coalición de la Izquierda Radical), que acabaría ganando las elecciones en 2015.

“Hubo un agotamiento del modelo de las contracumbres y una apuesta por formas más propositivas, ligadas a los foros sociales y a la territorialización de las luchas”, describe Urbán. “Hoy el movimiento ya no existe con el mismo formato que conocimos entonces, pero el internacionalismo sigue muy presente en muchos movimientos sociales. La solidaridad con Palestina es un buen ejemplo. Muchas de las formas de organización que vemos hoy recuerdan a las de aquella época con colectivos descentralizados, acciones coordinadas sin una dirección única y una causa compartida que articula la movilización”, agrega.

“Los programas que salían del Foro Social Mundial y de los Foros Sociales Europeos planteaban medidas muy ambiciosas: la anulación de la deuda ilegítima, unas relaciones internacionales basadas en la cooperación y la justicia social, el control democrático de los bancos o la nacionalización de sectores estratégicos. Eran propuestas muy concretas y, en muchos aspectos, siguen teniendo plena actualidad. El problema no eran las propuestas, sino la falta de una herramienta capaz de convertir esos manifiestos en políticas reales” detalla Camargo.

Sin embargo, aunque a día de hoy estos movimientos no llenan portadas de periódicos o arranques en los telediarios, siguen existiendo y manteniendo una fuerza importante de movilización. “Es menos visible que en la época de las grandes movilizaciones contra las cumbres internacionales, pero lo que recibe menos cobertura mediática no significa necesariamente que esté menos vivo”, describe Jane-Léonie Bellay, activista francesa de la organización ATTAC, a este periódico.

Bellay fue una de las 20.000 personas que a mediados de junio de este año participaron en las protestas contra la reunión del G7 en Ginebra, bajo el lema No G7. “Nuestro primer mensaje fue que los movimientos altermundialistas siguen presentes. Frente al G7 y al mundo que representa, queríamos recordar la importancia de unirnos, de construir solidaridades internacionales y de rechazar la idea de que las crisis actuales son independientes unas de otras”, describe.

Esta concentración, que acabó con 549 personas arrestadas, de las que 28 acabaron siendo detenidas y en dependencias policiales, se inscribe de forma totalmente orgánica en las orientaciones que ATTAC adoptó colectivamente cuando nació en 1998, según explica la activista, que no son otras que “dar vida al altermundialismo, fortalecer las solidaridades internacionales, construir amplias coaliciones y permitir que los activistas se involucren en las movilizaciones”.

“A principios de la década de 2000, el movimiento altermundialista se construyó en torno a la crítica a la globalización neoliberal, al FMI, al Banco Mundial, a la OMC, a los tratados de libre comercio, a las políticas de ajuste estructural y al poder de las finanzas”, explica y agrega que “estas luchas siguen siendo totalmente actuales. Estas instituciones y estos acuerdos continúan impulsando una globalización en la que los derechos de los inversionistas y las multinacionales se anteponen, con demasiada frecuencia, a los derechos sociales, la soberanía alimentaria, los servicios públicos, la protección de la vida y la capacidad de los pueblos para decidir su futuro”.

Estas crisis se han agravado con el tiempo, lo que ha llevado a un entrelazamiento y que el altermundismo acabe impregnando una multitud de luchas: justicia ecológica, justicia social, justicia climática, defensa de los servicios públicos, defensa de los bienes comunes de la humanidad, luchas campesinas, feministas, sindicales, antirracistas, descoloniales, solidaridad con los pueblos, lucha contra las fronteras mortíferas y resistencia frente al poder de las multinacionales.

El No G7 solo ha sido uno de los eslabones en está lucha que la activista describe como viva. “Forma parte de una secuencia internacional más amplia que incluye la contracumbre de los pueblos organizada en Belém durante la COP30, la Conferencia Internacional Antifascista y por la Soberanía de los Pueblos de Porto Alegre y el Foro Social Mundial que se llevará a cabo en Cotonú en agosto de 2026”, relata. “Desde Belém hasta Porto Alegre, desde Ginebra hasta Cotonú, hay un mismo hilo conductor: fortalecer los lazos entre los pueblos, construir resistencias comunes, propiciar el diálogo entre los movimientos sociales y generar alternativas”.

Bellay considera que “el simple hecho de encontrarnos, debatir, crear lo común y construir solidaridades ya es una forma de resistir a un sistema que busca poner en competencia a las personas, los pueblos y los territorios. Cada vez que un colectivo se niega a que se sacrifiquen la salud, la naturaleza, las culturas, los lazos sociales o el bienestar en nombre de las ganancias, algo cambia”.

“El hilo conductor del altermundialismo sigue latente a pesar de su invisibilidad en los medios. Lo que hemos visto en Ginebra, al igual que en numerosas movilizaciones en todo el mundo, son terrenos fértiles para construir sociedades capaces de preservar la vida, la dignidad humana y la pluralidad de los mundos frente a un sistema dominante que, con demasiada frecuencia, convierte a los territorios, a los pueblos y a todo lo vivo en variables de ajuste”, concluye.

A Arancha González Laya le obsesiona una cuestión: la erosión de la democracia. Y cree que se debe avivar un debate ciudadano en estos momentos de “desorden” internacional. Ese sentimiento la llevó a sentarse delante del ordenador y plasmar sus reflexiones sobre el papel de Europa en Solos en el mundo (Arpa).

La exministra de Asuntos Exteriores analiza con su bisturí geopolítico lo que está pasando en un escenario en el que muchos países están sacando sus “peores instintos”, aunque también analiza que a Donald Trump le ha salido “el tiro por la culata” con la guerra de Irán. Un mundo en el que serán esenciales, como señala, las elecciones en Brasil y en España, y en el que la ultraderecha europea se está dando cuenta de que el presidente de Estados Unidos no quiere amigos, sino vasallos.

¿Cómo definiría el orden mundial que impera hoy?

Es un desorden y una salida de las certezas de los últimos 80 años, como el derecho internacional, las fronteras inviolables y una economía internacional que podía ser win win. El sistema anterior no era perfecto, pero los Estados nación habían decidido reprimir sus peores instintos. Y ahora quieren asentar su primacía frente al orden internacional.

¿Está la Unión Europea en decadencia?

La UE está siendo atacada. Por un lado, por el neonacionalismo y la vuelta de Westfalia. Se trata de la vuelta de los Estados fuertes, como son EEUU, China o Israel. Pero también hay fuerzas políticas dentro de la Unión que quieren afirmar una primacía nacional. Lo que aquí llaman prioridad nacional. Por otro lado, también la tecnología está erosionando la Unión Europea porque se está saltando las fronteras europeas en materia económica y también está afectando a la democracia. 

¿Qué impresión tiene del mandato de Donald Trump?

Es un síntoma de un malestar y de una división muy profunda en Estados Unidos. Un bando quiere encerrarse detrás de sus fronteras y otro quiere seguir respirando con el mundo. La diferencia entre los dos es tan pequeña que se elige al líder en unas elecciones por el canto de un duro. Trump representa el nacionalismo de Estados Unidos.

Después de la aventura fallida de la guerra de Irán, parece que Trump sale tocado…

Sí. Se envalentonó después de lo que consideró una victoria en Venezuela y pretendió proyectarlo a otros teatros de operaciones en Oriente Próximo. Le ha salido el tiro por la culata. Ha chocado su neonacionalismo con fuerzas muy poderosas, en este caso también con el neonacionalismo de un régimen con una gran raíz teocrática y con una narrativa histórica del Imperio persa que ha sabido resistir de manera muy hábil a la presión de Estados Unidos después de entender que no habría una guerra sobre el terreno. Este conflicto ha mostrado también las limitaciones de las guerras de la IA. 

Colombia acaba de engrosar la lista de países en Latinoamérica que han virado a la ultraderecha, como Argentina, El Salvador y Chile. ¿Cómo analiza ese vuelco?

Lo que estamos viendo es un movimiento de péndulo y cómo los líderes de izquierdas no repiten. Y veremos el test de Lula. Se ha instrumentalizado la rabia ciudadana, con una gran importancia de la IA y de las redes. Se está vaciando el suelo común que necesita la democracia: el de los hechos compartidos. Lo que hace la tecnología es vaciar de contenido y nos separa en tribus que no solamente piensan distinto, sino que no tienen ese suelo común de hechos compartidos. Entonces vemos movimientos pendulares: primero una tribu y luego la otra. 

Citaba a Brasil, ¿qué significan las elecciones de octubre en ese país en el contexto geopolítico actual?

Son una prueba para saber si este movimiento pendular funciona en la democracia más grande de Latinoamérica. Cuando uno mira los sondeos, ve que las fuerzas están muy ajustadas. Lo que estamos viviendo es una polarización de la sociedad. No solamente en términos de dos ideas, sino de dos partes irreconciliables. También en nuestro país vemos esa idea de que es imposible llegar a acuerdos. Es muy chocante ver cómo se pueden llegar a acuerdos en el Parlamento Europeo entre las mismas fuerzas políticas que son incapaces de hacerlo a nivel nacional.

España tiene el Gobierno de izquierdas más potente de la UE. ¿Qué suponen las elecciones generales en el actual contexto? ¿Esta batalla se libra también a nivel internacional?

Se mira a España con mucha atención. Se ha cantado tantas veces el fin del Gobierno español que se ha construido una especie de mito. No hay nada perdido. En Francia e Italia se sigue mucho la política de nuestro país. 

Ahora reside en Francia. ¿El próximo morador del Elíseo será un candidato de la ultraderecha?

Creo que es evitable. Pero veo una fragmentación en el espacio político. Aquí se va a tratar de quién es capaz de hacer pactos. Tenemos dos polos claros: Reagrupamiento Nacional y Jean-Luc Mélenchon. Lo que no está para nada claro es qué va a ocurrir en el espacio político que va del centroizquierda al centroderecha. El antídoto para que no gane la ultraderecha son los pactos y la capacidad de hacer alianzas.

En Italia sí gobiernan los ultras con Giorgia Meloni. Pero ahora estamos asistiendo a su enfrentamiento con Trump. ¿Tiene la extrema derecha problemas a la hora de gestionar cuando llega a las instituciones?

La ultraderecha europea va descubriendo que, en realidad, Trump no es su amigo. El objetivo del presidente de Estados Unidos no es hacer amigos en Europa, sino vasallos. Los últimos en descubrirlo, en nuestro país. Pero lo harán también. Vemos cómo el vasallaje es muy caro en política, ¡que se lo pregunten a Meloni!

¿Le ha decepcionado la evolución política de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen?

La presidenta de la Comisión está jugando a mantener dos posibles alianzas en el Parlamento: la clásica, con los socialdemócratas y los liberales, y otra con las fuerzas de ultraderecha. El peligro es que las fuerzas a la derecha del PPE son nacionalistas y no europeístas. Si se apoya en la última mayoría, ella es menos reconocible para el centro de gravedad de la UE y sus ciudadanos.

¿Es el momento de que la UE se siente a hablar en serio con Rusia a través de António Costa para dialogar sobre el fin de la guerra de Ucrania?

Europa tiene que estar preparada para cuando Putin quiera sentarse a negociar. Por ahora no quiere, porque quiere conseguir con esta presión lo que no logra en el campo de batalla. Y busca el apoyo de EEUU. Ahí los europeos nos hemos colocado detrás del presidente ucraniano para evitar que esto ocurra. Tenemos que estar preparados para acompañar estas negociaciones que tendrán que ser entre Zelenski y Putin. Europa tiene que tener voz y capacidad de influencia. Creo que Costa puede ser la persona que acompañe, pero esta es una negociación de Ucrania. 

Hablando de las fronteras de Europa, España siempre se queja de que se habla poco de la franja del sur. Una de las relaciones más difíciles es con Marruecos. ¿Se siente cómoda con la política actual del Ejecutivo con Rabat?

Es normal que un país tenga sus relaciones más complicadas con sus vecinos más cercanos. El roce hace el cariño, pero a veces hay más roce que cariño. España tiene que tener con Marruecos las mejores relaciones desde la firmeza de los intereses nacionales. Hay una serie de cuestiones en juego que España debe defender desde la fuerza, pero buscando siempre las mejores relaciones. Como hace Marruecos desde la firmeza de sus intereses.

¿Qué le parece el pacto europeo para centros de migrantes en terceros países?

Es pan para hoy y hambre para mañana. Es ingenuo creer que esto no va a ser entendido por los aliados de la UE como una nueva forma de neocolonialismo. Lo es. Y, además, no resuelve el problema. Necesitamos una política migratoria que tenga que ver con la realidad de nuestro continente y no con la histeria de algunas fuerzas políticas. Tenemos que tratar cuestiones fundamentales como la seguridad de las fronteras y las políticas de integración. Eso pasa también por políticas públicas de vivienda, sanidad y educación. Reducir todo esto a centros de retorno se queda bastante corto.

Dentro de este debate europeo, ¿qué está pasando con la falta de liderazgo de Alemania en estos momentos?

Alemania tiene también una sociedad dividida y cuenta con un Gobierno de coalición más frágil que los anteriores. También tiene la necesidad de realizar reformas estructurales en la economía y en las políticas públicas con una mayoría política muy exigua. El canciller entiende la dirección, pero luego tiene que navegar la política doméstica, que es muy difícil.

¿Por qué nadie consigue pararle los pies realmente a Benjamin Netanyahu?

Se los ha parado el presidente de EEUU, que era quien le daba alas.

Pero sigue habiendo asesinatos en Gaza, Trump le hizo caso para emprender la guerra contra Irán, Israel está atacando Líbano… No se le han parado los pies.

Lo que le ha dado margen de maniobra al primer ministro israelí es una alianza de hierro con EEUU. Más con Trump que con presidentes anteriores. Y también algunos aliados en la región como los Emiratos Árabes Unidos, y otros países como India. Netanyahu lidera un Gobierno muy raro que también polariza a su país. Pero también vemos las dudas que tiene Estados Unidos, con su presidente diciéndole que ha llegado el momento de cambiar de táctica. Esto ha supuesto un cierto freno. Su alianza hoy es más matizada que hace tres meses.

En este desorden mundial, también muchos países están mirando ahora a China, ¿le gusta la apuesta del Gobierno español por tener una mayor relación con Pekín?

Lo que está haciendo España es ponerse al nivel de otros grandes países de la UE que tenían una interlocución fluida con China. Esto no quiere decir sintonía económica o política con Pekín. Hemos normalizado que el presidente español vaya una vez al año, como hacen los líderes de Francia y Alemania. Ahora bien, Europa tiene dos problemas fundamentales con China: el apoyo indirecto a Rusia para atacar a Ucrania y el desequilibrio económico. Esto obliga a que Bruselas tenga que definir de manera más clara cuál es su estrategia con Pekín.

¿Recibió algún tipo de joya durante su etapa al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores?

No. Y los regalos que recibí pasaron a Patrimonio Nacional. 

¿Cuál es la mayor fortaleza de España en estos momentos? ¿Y su mayor debilidad?

La mayor debilidad es la incapacidad política para hacer pactos. Y la mayor fortaleza, nuestra ciudadanía. 

Italia es el último Estado miembro de la UE en incorporarse al nuevo impulso de la energía nuclear. Se suma así a un grupo creciente de países que, en los últimos tiempos, han roto con la tendencia favorable al cierre de estas plantas surgida tras la catástrofe japonesa de Fukushima. Polonia construye sus primeras instalaciones nucleares, mientras Francia, Suecia, Bulgaria o Chequia impulsan planes para ampliar su parque con nuevos reactores y Bélgica ha dado marcha atrás en su calendario de desmantelamiento.

Una nueva era de la energía nuclear emerge en la Unión Europea. Para este verano, el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, prevé introducir el marco legal que permitirá el regreso de la nuclear a Italia, desaparecida del país desde que un referéndum celebrado en 1987, tras la catástrofe de Chernobyl. aprobó el cierre de sus reactores. La coalición ultra liderada por Meloni se centrará en los llamados SMR, pequeños reactores nucleares modulares, la tecnología que ahora mira con interés Bruselas.

La Comisión Europea presentó hace unos meses la Estrategia Inversora en Energía Limpia en la que, además de movilizar millones hacia las renovables e incentivar la autogeneración de los propios consumidores, se decantó claramente por el desarrollo de pequeños reactores nucleares modulares a principios de 2030 en los países de la UE. Bruselas prometió 200 millones de euros en los próximos tres años para apoyar estas tecnologías.

Son reactores construidos en fábricas y transportados hasta su punto de instalación, que pueden producir de 10 a 300MW de electricidad, empleando diferentes refrigerantes como la sal fundida, metales líquidos o gas a altas temperaturas. Con un coste inferior al de los reactores tradicionales, sobre los 1.000 y 4.000 millones de euros frente a los 9.000 o 15.000 millones, la Comisión los considera un “componente clave” para los países que quieran mantener la nuclear dentro de su mix energético, especialmente en distritos urbanos o grandes industrias, como la química, la siderúrgica o la refinera.

Una intervención de Ursula von der Leyen hace dos meses en París, durante la Cumbre de la Energía Nuclear, resume la posición actual de la Comisión. La presidenta del Ejecutivo comunitario argumentó que "Europa no es un productor de petróleo o gas" y que, en materia de combustibles fósiles, depende por completo de "importaciones volátiles y caras", lo que sitúa al continente en una desventaja estructural frente a otras regiones. "Tenemos fuentes energéticas propias de bajas emisiones de CO2: la nuclear y las renovables", prosiguió la política alemana ante el presidente francés, Emmanuel Macron, equiparando ambas energías como garantes conjuntos de la independencia y la competitividad europeas.

Mientras que en los años 90 un tercio de la electricidad producida en el continente procedía de la nuclear, en la actualidad representa alrededor del 15%. Para Von der Leyen, esa evolución fue "un error estratégico" que alejó a Europa de fuentes bajas en emisiones, asequibles y seguras. Actualmente, 12 Estados miembros, entre ellos España, operan plantas nucleares, con cerca de un centenar de reactores en funcionamiento en el conjunto de la UE. La situación, sin embargo, difiere mucho según los países.

A ese grupo se sumarán Polonia y, si la oposición o la sociedad civil no frenan los planes de Meloni, también Italia. Incluso Alemania, que completó el cierre de sus centrales, ha reabierto el debate político: su canciller, Friedrich Merz, considera, como Von der Leyen, que abandonar la nuclear fue "un grave error estratégico". En Baviera, los dirigentes regionales presionan además al Gobierno federal para construir pequeños reactores modulares en la región.

España avanza en sentido contrario a este nuevo impulso nuclear. El país mantiene el calendario de cierre de sus centrales y el actual Gobierno rechaza las llamadas del sector y de partidos como el PP o Vox a prolongar la vida de esta energía. La apuesta del Ejecutivo es clara: la autosuficiencia energética y la transición hacia fuentes no emisoras de CO2 pasan por las renovables —especialmente la solar y la eólica— y, a medio plazo, por el hidrógeno verde.

En esa estrategia se enmarcan los siete grandes valles industriales de hidrógeno verde que han obtenido 1.200 millones de euros de los fondos Next Generation. La potencia esperada superará los 2.000 MW, una capacidad muy superior a la de un pequeño reactor nuclear por un coste similar.

Estas inversiones profundizarán el mix energético verde español, que ya obtiene más de un 50% de su electricidad consumida desde fuentes limpias. La eólica y la solar son los principales motores de esta transición, aunque la hidroeléctrica generada en los embalses mantiene una considerable aportación. En la actualidad, sólo un 25% de la energía que consumen hogares, industrias, comercios o edificios procede de hidrocarburos.

La transición renovable en España empuja fuera del mercado al petróleo y al gas, mientras que el carbón es ya prácticamente inexistente y la nuclear genera algo menos de la quinta parte de la electricidad consumida. Este mix contrasta con el italiano, donde casi el 60% de la electricidad consumida procede de combustibles fósiles, según datos de Eurostat y la Agencia Internacional de la Energía. Aunque desde 2023 se han instalado más de 200 kWh de potencia solar, la energía eólica sigue representando en Italia una fuente ínfima de la electricidad consumida, apenas una décima parte de la procedente de combustibles fósiles en 2025.

Italia, por tanto, podría aprovechar y apostar con decisión por las inversiones renovables para reducir su dependencia exterior de los hidrocarburos, procedentes de Oriente Medio o del norte de África, con Argelia como su mayor proveedor de gas y Libia en aumento. Sin embargo, Meloni ha situado también la nuclear en el centro de su estrategia. Recientemente, en el Senado italiano, la primera ministra destacó que "el Gobierno, desde el principio, ha trabajado sobre la cuestión energética, empezando por el gas y por la energía nuclear", y anunció que este verano se aprobarán los procedimientos necesarios para reintroducir la producción nuclear.

Mientras tanto, fuentes de la Comisión Europea destacaban en privado, tras la publicación este jueves de las previsiones económicas de primavera, que España  “tiene una posición privilegiada a la hora de lidiar con el conflicto de Oriente Medio”, gracias a “su posición de crecimiento bastante fuerte y la diversificación de sus fuentes energéticas”. Esta crisis, según estas fuentes, afectará a España “a través de la inflación de los costes energéticos y su transmisión a los alimentos y a los servicios si la crisis energética no se soluciona”, pero en menor medida que a países mucho más dependientes de la importación de hidrocarburos, como Italia.

Los datos macro validan la apuesta renovable española ya que su PIB crecerá un 2,4% este año, el triple que una economía italiana dominada en pleno 2026 por los combustibles fósiles y por encima también que la francesa, donde la nuclear aporta sobre el 65% de la electricidad.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, visitó este miércoles a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en el puerto de Ashdod (sur), y difundió un vídeo en el que aparecían maniatados y hacinados en el suelo mientras se burla de ellos. "¡Bienvenidos a Israel!", aparece diciendo sonriente el ministro mientras ondea una bandera nacional y, a sus pies, se ve a decenas de los activistas arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo.

Las imágenes también muestran a los cientos de detenidos en esa posición hacinados bajo el sol mientras un altavoz emite el himno de Israel. "Así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo", recoge el mensaje en la red social X con el que Ben Gvir acompaña las imágenes. Con él reitera la postura del Gobierno israelí, según la cual la misión para entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza y romper el bloqueo marítimo que Israel impone en Gaza desde 2007 es una posición de apoyo al grupo islamista Hamás.

El centro legal en Israel a cargo de la defensa de los activistas, Adalah, denunció en un comunicado la que califica como una "política criminal de abuso y humillación contra los activistas". "Estos eventos se han producido después de que Adalah documentara patrones similares de maltrato contra activistas de las anteriores misiones de la flotilla, por las que Israel no rindió cuentas", continúa el texto, con el que Adalah llamó a la comunidad internacional a tomar medidas.

Agarrados por el cuello y maniatados a la espalda, los activistas caminan en las imágenes guiados por policías israelíes que se cubren la cara. También al comenzar las imágenes, uno de estos agentes reduce, agarra de la cabeza a una mujer que grita "¡Libre Palestina!" al pasar ante ella el titular de Seguridad Nacional y la empuja hacia el suelo.

Los en torno a 430 activistas detenidos por Israel en aguas internacionales se encuentran en el puerto de Ashdod, desde donde podrán ser o directamente deportados del país o trasladados a prisiones israelíes como la de Ketziot, en el desierto del Néguev.

Lejos de rectificar, Ben Gvir defendió después la difusión del vídeo y volvió a presentar a los miembros de la flotilla como “partidarios del terrorismo”. Su respuesta llegó tras las críticas del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que calificó las imágenes de “vergonzosa exhibición”, y después de que Italia convocara al embajador israelí en Roma para protestar por el trato recibido por los activistas, entre los que hay ciudadanos de unos 40 países.

En un mensaje publicado en X, el ministro ultraderechista sostuvo que dentro del propio Gobierno israelí hay quienes, a su juicio, “todavía no han entendido” cómo se debe actuar ante quienes apoyan a Hamás. “Israel ha dejado de ser un niño al que se le pueden dar bofetadas”, afirmó Ben Gvir, antes de advertir de que quienes lleguen a territorio israelí para “apoyar el terrorismo” recibirán “un golpe” y no “la otra mejilla”.

No es la primera vez que Ben Gvir se dirige de esta forma a activistas de flotillas rumbo a Gaza. En octubre, ya acudió a una prisión del desierto del Néguev a la que habían sido trasladados cerca de 400 detenidos, después de que varios de ellos denunciaran haber permanecido con las manos atadas a la espalda y sin acceso a agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas tras ser deportados a Turquía.

Desde su entrada en el Gobierno, el ministro, responsable de la Policía israelí, ha impulsado una línea especialmente dura en los centros de detención y prisiones israelíes, con medidas que organizaciones de derechos humanos han vinculado a la reducción de alimentos, higiene y condiciones básicas para los presos palestinos. También ha defendido la pena de muerte para condenados por asesinatos cometidos como actos de terrorismo, una medida que llegó a ser aprobada por el Parlamento israelí.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó este miércoles la actuación del ministro de Seguridad Nacional, hacia los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud. En un comunicado enviado por su oficina, afirmó que la forma en que fueron tratados “no se ajusta a los valores y normas de Israel”.

La crítica, sin embargo, no supone un cambio en la posición del Ejecutivo israelí sobre la flotilla. Netanyahu defendió que Israel tiene “todo el derecho a impedir” que estas embarcaciones intenten romper el bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza y calificó la iniciativa como una acción “provocadora” de simpatizantes de Hamás.

El primer ministro trató así de marcar distancia con las formas empleadas por Ben Gvir, pero no con el fondo de la actuación israelí. En el mismo comunicado, aseguró que ha dado instrucciones a las autoridades competentes para que los activistas sean deportados “lo antes posible”.

La censura de Netanyahu se suma a la expresada por el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, que también criticó la difusión del vídeo y lo calificó como una “vergonzosa actuación”. De este modo, el episodio ha abierto una fractura dentro del propio Gobierno israelí, aunque limitada al tratamiento público de los detenidos y no a la interceptación de la flotilla ni al bloqueo sobre Gaza.

La condena del ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, añadió además una dimensión interna a la polémica. Saar acusó a Ben Gvir de dañar deliberadamente la imagen del Estado de Israel y trató de separar la actuación del ministro ultraderechista del trabajo de otros responsables israelíes implicados en la operación. Su mensaje, al afirmar que Ben Gvir “no representa a Israel”, evidenció el malestar dentro del propio Gobierno por el uso político y propagandístico de unas imágenes que han provocado críticas diplomáticas internacionales.

El Gobierno español elevó este miércoles el tono contra Israel tras la difusión de las imágenes de los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores volvió a convocar a la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, para trasladarle su protesta por el trato “monstruoso, indigno e inhumano” que, a juicio del Ejecutivo, están recibiendo los integrantes de la expedición.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció la decisión desde la Embajada de España en Berlín, tras reunirse con su homólogo alemán, Johann Wadephul. Además de la convocatoria diplomática, el Ministerio remitió una nota verbal a las autoridades israelíes en la que rechaza el “trato humillante” a los activistas y exige “disculpas públicas”.

Albares recordó que entre los detenidos hay 44 españoles, aunque el Gobierno aún está pendiente de confirmar la cifra exacta y sus identidades. Según explicó, el cónsul de España en Israel se desplazó al lugar donde se encuentran los activistas para prestarles asistencia, pero las autoridades israelíes no le permitieron entrar. Sí pudo, en cambio, mantener contacto con los abogados encargados de su defensa.

El jefe de la diplomacia española insistió en que Israel será responsable de lo que pueda ocurrirles a los ciudadanos españoles detenidos. También subrayó que, para el Gobierno, se trata de una detención ilegal, al haberse producido en aguas internacionales, “donde Israel no tiene ningún derecho a tocar a ningún español”. Exteriores ya había remitido días antes una protesta formal por el asalto a la embarcación, que participaba en una misión humanitaria hacia Gaza.

Albares también recordó que Itamar Ben Gvir tiene prohibida la entrada en España y aseguró que pronto podría tenerla en el conjunto de la Unión Europea. Sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos a cuatro integrantes de la flotilla, entre ellos el hispanopalestino Saif Abukeshek, el ministro rechazó cualquier vínculo con Hamás y sostuvo que este pasó en tres ocasiones por una autoridad judicial israelí sin que se planteara acusación alguna en ese sentido.

La reacción española se suma a la de Italia, país en el que la protesta tuvo también un componente especialmente directo por la presencia de ciudadanos italianos entre los detenidos. El Ejecutivo de Giorgia Meloni y el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, reclamaron explicaciones formales a Israel y exigieron disculpas por el trato recibido. Roma subrayó que las imágenes difundidas por Ben Gvir no solo vulneran la dignidad de los detenidos, sino que también ignoran las peticiones trasladadas previamente por el Gobierno italiano para garantizar su protección y su liberación.

Francia también se sumó a la protesta diplomática. El ministro de Exteriores, Noël Barrot, convocó al embajador israelí para trasladarle su “indignación” y pedir explicaciones por un trato que calificó de “inadmisible”. Aunque París reiteró su desaprobación hacia la iniciativa de la flotilla, Barrot subrayó que los ciudadanos franceses detenidos deben ser tratados “con respeto” y liberados cuanto antes.

La reacción francesa refuerza así la presión europea sobre Israel, después de las protestas de España, Italia y Portugal. Barrot recordó además que las imágenes difundidas por Ben Gvir han sido censuradas incluso por miembros del propio Gobierno israelí, en referencia a las críticas de Netanyahu y del ministro de Exteriores, Gideon Saar.

El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud y deportado por Israel tras diez días detenido, también cuestionó que la actuación de Ben Gvir pueda presentarse como un episodio aislado. Desde el Parlamento Europeo, afirmó que el vídeo refleja “la naturaleza criminal de Israel” y sostuvo que el ministro ultraderechista “representa al Gobierno”, pese a las críticas internas de Netanyahu y Saar.

Abukeshek también señaló que el Ejército israelí “no sale a interceptar barcos en mitad del mar sin ninguna orden” y acusó a la Unión Europea de permitir este tipo de actuaciones con una respuesta insuficiente. Sus declaraciones llegan después de que varios países condenaran las imágenes y de que Exteriores convocara de nuevo a la representante diplomática israelí en Madrid.

Hogar de innumerables ficciones, protagonista de poesías y canciones, musa de cuadros y uno de los pocos lugares en los que la modernidad tiene que pararse y limitar sus ambiciones de grandeza, puesto que en ella no caben el cemento descontrolado ni los rascacielos. Venecia, además de ser Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO, es uno de los lugares más singulares del mundo. 

Pero corre peligro. Según un artículo publicado en Nature, la subida del nivel del mar amenaza con llevarse la ciudad por delante. Y ya hay señales. En los últimos años, se ha visto cómo sus calles se inundan cada vez con más frecuencia, un proceso que comenzó hace 150 años, pero que ahora se acelera peligrosamente. De hecho, en los últimos 23 años, se ha llegado a situaciones extremas en las que el 60% de la ciudad quedaba bajo el agua.

Recientemente se ha asistido a ejemplos muy evidentes de esta situación. En 2019, la ciudad se enfrentó a la peor inundación desde 1966. El aqua alta llegó hasta los 187 centímetros y acabó sobrepasando el vestíbulo de la basílica de San Marcos. Muchas de las góndolas situadas en la Riva Degli Schiavoni rompieron las amarras e impactaron contra las columnas del Palacio Ducal. Además, varias zonas de la ciudad se quedaron sin luz y dos personas fallecieron. 

Sucedió hace apenas siete años, pero los investigadores tienen evidencias de que puede volver a ocurrir. Y no de forma aislada sino con bastante frecuencia. Según los datos proporcionados en Nature, para el año 2100 se prevé que el aumento del mar en Venecia alcance, en el mejor de los casos, prácticamente el medio metro (42 centímetros) respecto a los niveles de principios de este siglo. Eso en el escenario más favorable de emisiones, porque en el peor se estima que podría llegar a los 81 centímetros. 

Los autores del estudio consideran que las barreras móviles que se están instalando actualmente podrían ser una herramienta muy útil de prevención siempre y cuando se le añadan algunas soluciones alternativas. Desde 2022, un sistema de barreras móviles separa la laguna de Venecia del mar Adriático y ha evitado que las inundaciones fueran mucho más abundantes ya que, en los casos más extremos, como las tormentas, se elevan para proteger a la ciudad. 

El sistema MoSe (Módulo experimental electromecánico, en español) se implementó en 2020 por primera vez, pero para llegar a él han hecho falta 40 años de estudios y proyectos de prueba-error. Ya cuando empezaron a investigar, en los años 80, la alarma era máxima, aunque solo fue en el 2003 cuando se planteó el proyecto que la ciudad tiene actualmente. 

A pesar de la urgencia, la corrupción lo retrasó todo. En 2014, 35 personas fueron detenidas, entre ellas el alcalde de la ciudad, Giorgio Orsoni, por el desvío de más de 30 millones de euros de fondos públicos, que utilizaban en un sistema de sobornos y malversación. A pesar de todo, los sistemas ya han evitado que una catástrofe como la de 2019 se vuelva a repetir. Sin embargo, los investigadores temen que, con el aumento previsible de los próximos años, esto no sea suficiente. 

Para Pedro Zorrilla, coordinador de la Campaña del Cambio Climático de Greenpeace, el sistema actual es un "simple parche que no soluciona las consecuencias reales". Cuenta a infoLibre que "este sistema no resolverá los problemas a largo plazo que pueden llegar a ser devastadores". Otra de las consecuencias de las que habla el experto en cambio climático es la de la llegada de nuevas especies no autóctonas. Zorrilla lo considera un problema "real que está ocurriendo en todo el mundo, especialmente en el Mediterráneo".

No obstante, hay alternativas. Con cuatro nuevas estrategias potenciales, los científicos consideran que la ciudad podría salvarse del aumento del nivel del mar en los próximos 300 años. Pero, apuntan, solo si se actúa rápido. Entre esas estrategias están la protección del centro de la ciudad con diques para separarla del resto de la laguna, su cierre con un “superdique” o, directamente, reubicar la ciudad, sus residentes y los monumentos históricos para que no estén tan próximos al mar. 

Sobre la reubicación de ciudades, Zorrilla lo cataloga como "éxodo climático" y argumenta que "esto se está viendo en otras grandes ciudades como Yakarta, una ciudad mucho más grande que Venecia, donde están proponiendo crear una nueva ciudad en otra isla". "Tendemos a centrarnos en ciudades que tenemos más próximas, pero las consecuencias más devastadoras las están sufriendo en el Sur Global", añade.

La forma más sencilla de proteger la ciudad es, claro está, continuar con el sistema de barreras actual. Pero hay bastantes inconvenientes. El principal tiene su origen en el problema en sí: el aumento del nivel del mar. A medida que se vayan sucediendo los episodios de inundaciones, la frecuencia de los cierres también crecerá y, con ello, el mal funcionamiento y los retrasos en una operación que, al final, no conseguirá proteger la ciudad. 

Además, los investigadores alertan de que, si se sigue trabajando de la misma forma, se degradarán los ecosistemas de la laguna, las operaciones portuarias se verán limitadas y la calidad del agua podría verse comprometida, por lo que se tendría que implementar un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales, junto con un sistema de bombeo a gran escala para mantener los niveles de la laguna por debajo del nivel del mar. 

Otra de las soluciones que manejan los investigadores podría ser la creación de diques circulares que aíslen el centro de la ciudad y otros asentamientos del resto de la laguna, que seguiría conectada con el mar abierto. La ciudad, aunque perdería conexión con el resto de la laguna, podría permanecer intacta. Aun así, implementarlo sería caro –la cifra de construcción podría llegar hasta a los 4,5 mil millones de euros–, el turismo sufriría por el cambio de paisaje y la ciudad tendría que ser rediseñada para adaptar algunos elementos, como el transporte público. 

Existe, sin embargo, una alternativa que permitiría preservar el funcionamiento y la seguridad de la ciudad, aunque a costa del propio ecosistema. Se trata de la estrategia de la laguna cerrada, cuyo eje sería la construcción de un “superdique” que convertiría la laguna en un lago costero. La ciudad permanecería intacta, pero la laguna desaparecería.

A pesar de esa pérdida, esta alternativa sería capaz de proteger a la ciudad en casos tan extremos como un aumento de 10 metros del nivel del mar. No obstante, hay que tener en cuenta también que el coste sería mucho mayor y podría llegar hasta los 20 mil millones de euros ya que habría que crear presas permanentes en las entradas de la laguna o elevar las islas barrera y los terraplenes hacia la tierra que separan la laguna de los pólderes (una extensión de tierra baja, generalmente ganada al mar, marismas o lagos, que se encuentra al mismo nivel o por debajo del agua y está rodeada por diques para mantenerla seca). 

Para Zorrilla la verdadera solución pasa, en primer lugar, por "una mayor preocupación política y social por el cambio climático" y en segunda instancia, por un "mayor gravamen de impuestos a las empresas de combustibles fósiles que, al final, son las que más perjudican al ecosistema". "Los fondos públicos tampoco son infinitos y estamos viendo que los beneficios extraordinarios que está sacando la industria fósil ahora por la guerra de Irán están siendo récords", concluye el experto.

Aun así, la solución más extrema sería, sin duda, la de mover la ciudad completamente. El estudio publicado en Nature incluye esta posibilidad en el peor de los escenarios e indica que, en este caso, el aumento del nivel del mar transformaría la laguna actual en un entorno marino más profundo en el que aparecerían nuevas especies no autóctonas. Así, se formaría un nuevo régimen ecológico, diferente a la laguna que le dio su magia a Venecia. 

La única solución posible para lo que quede en tierra firme será hacer lo mismo, cambiar. Con un coste de 100 mil millones de euros, los investigadores explican que ante esta situación, lo más probable es que se tuviera que reubicar la ciudad. Esto consistiría en desmontar los edificios y monumentos históricos para llevarlos a otros lugares más elevados. Por lo tanto, la ciudad tal y como la conocemos hoy, se perdería. 

Roma celebrará del 6 al 10 de mayo la 19º edición de 'La Nueva Ola - Festival de Cine Español y Latinoamericano', según informó este martes la Embajada de España en Italia en un comunicado.

El certamen, definido por sus directores como una "cita de referencia" para el cine iberoamericano en el país, tendrá su sede central en el Cinema Barberini de la capital italiana.

La inauguración correrá a cargo de la cinta Sorda (2026), ópera prima de la directora española Eva Libertad, calificada por la organización como la "revelación" del año tras su éxito en los Premios Goya.

Entre los títulos españoles destacados en la programación figuran Maspalomas (2025) de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, y La Casa (2024), de Álex Montoya.

En el apartado latinoamericano, participan la argentina Las Corrientes (2025), de Milagros Mumenthaler; la chilena Cuerpo celeste (2025), de Nayra Ilic; la boliviana La hija cóndor (2025), de Álvaro Olmos Torrico, y la mexicana La reserva (2024), de Pablo Pérez Lombardini.

También se presentará la coproducción italo-venezolana Pasta negra (2025), de Jorge Thielen Armand, y el documental peruano Runa simi (2025), de Augusto Zegarra.

Uno de los eventos centrales será el encuentro con el cineasta español Julio Medem para conmemorar el 25º aniversario de su película Lucía y el sexo (2001).

Asimismo, el certamen rendirá homenaje a la trayectoria del argentino Pino Solanas y recordará la cinta de terror del director español Narciso Ibáñez Serrador ¿Quién puede matar a un niño? (1976), con motivo de su 50 aniversario.

La muestra cuenta con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a través de la Embajada y el Instituto Cervantes, y tiene previstas proyecciones en Génova (norte), Nápoles y Messina (sur) durante los próximos meses.

Sorda logró este martes el Premio del Público LUX 2026 que otorga anualmente el Parlamento Europeo en reconocimiento a filmes que fomenten el debate sobre cuestiones sociales que reflejan los valores comunes europeos.

Se trata de la primera vez que una película española se lleva este premio que desde 2007 concede el Parlamento Europeo junto a la Academia del Cine Europeo y en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas.

Sorda se ha alzado con el premio gracias a los votos de los 719 eurodiputados y de los ciudadanos europeos que se pronunciaron en la página web del premio, al que también optaban Valor Sentimental (Joachim Trier), Love Me Tender (Anna Cazenave Cambet), Un simple accidente (Jafar Panahi) y Christy (Brendan Canty).

Sorda, que se estrenó en España el 4 de abril de 2025, cuenta la historia de Ángela (Miriam Garlo), una mujer sorda que va a tener un bebé con Héctor, interpretado por Álvaro Cervantes. Durante el embarazo surgen dudas sobre cómo podrá comunicarse con su hija, cuya llegada genera una crisis en la pareja.

La película se hizo con el Goya a mejor dirección novel para Eva Libertad, el de mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes y el de actriz revelación para Garlo, hermana de la directora y primera actriz sorda en lograr este galardón en España.

El filme también obtuvo la Biznaga de Oro a la mejor película española en el Festival de Cine de Málaga y, además, en su estreno mundial en el 75 Festival Internacional de Cine de Berlín recibió el Premio del Público de la sección Panorama y el premio independiente CICAE Art Cinema Award.

Esta edición del premio LUX es la primera en la que las cinco películas nominadas se han ofrecido con subtítulos adaptados para personas sordas o con dificultades auditivas, además de los ya habituales subtítulos en las 24 lenguas oficiales de la UE.

La Camorra, junto a la Cosa Nostra, fue la primera organización criminal internacional en instalarse permanentemente en España. Y esos retales se mantienen en el tiempo: su expansión por el país es una realidad bien conocida por la Dirección de Investigación Antimafia de Italia y por cualquier operador jurídico italiano relacionado con esa lucha. Y uno de sus enclaves predilectos está, como se ha visto en muchas ocasiones, en las Islas Canarias.

Cada pocos meses, cualquier tipo de operación contra algún clan mafioso en Italia tiene repercusiones en España. Entra dentro de la normalidad: hay tantos intereses para blanquear el dinero de la droga, la extorsión y los contratos públicos que manejan los clanes mafiosos que lo raro sería no cazar a algún mafioso en territorio español.

Algunas veces se detiene a algún despistado que ha llegado de vacaciones, pero una gran mayoría son fugitivos que residen continuamente en España y que están protegidos por las redes de los distintos clanes mafiosos, que ofrecen cualquier tipo de cobertura para lograr esquivar a la justicia italiana.

Esta semana, la División de la Dirección Antimafia de Nápoles volvió a atacar al temible Clan Casalesi de la Camorra de Caserta, liderado por el histórico capo Michele Zagaria. Coordinaron la investigación con el ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) de los Carabinieri, el grupo de élite que, entre otras cuestiones, se encarga de combatir a la mafia en Italia.

Es uno de los cuerpos con mejores técnicas policiales del mundo y, por lo tanto, uno de los que mejor conocen cómo funciona un clan mafioso. Ellos son los que trabajan mano a mano con la Policía Nacional o la Guardia Civil española si se detecta que hay un objetivo de alto valor en nuestro país.

Uno de los 23 detenidos en esta importante operación fue arrestado en Tenerife. Se trata de Filippo Capaldo, un mafioso según la Dirección de Investigación Antimafia italiana y que desde 2022 se reconvirtió en un empresario inmobiliario que había fijado su residencia en Tenerife. Capaldo es el sobrino favorito del capo Michele Zagaria, uno de los criminales más brutales que ha tenido la Camorra en las dos últimas décadas.

La justicia italiana, con el magistrado antimafia Nicola Gratteri a la cabeza, ha vuelto a actuar contra esta organización criminal para revelar el poder económico generado a través de la venta de drogas, la extorsión y los contratos públicos ganados con empresas tapaderas a nombre de testaferros del Clan Casalesi.

Capaldo ha ido librándose de la justicia italiana en estos últimos años gracias a una gran labor de su equipo jurídico. En el último caso conocido acabó absuelto de una investigación por hacerse con el control de una de las mayores empresas de distribución de leche de la provincia de Caserta (Campania, Italia).

Capaldo es hijo de Beatrice Zagaria, la hermana mayor de Michele Zagaria. Ella tomó gran parte del control del clan tras el encarcelamiento de su hermano en 2011 y desde entonces cumple cadena perpetua por múltiples asesinatos, narcotráfico y por el control mafioso del territorio.

La madre de Capaldo también fue condenada por pertenecer al clan Casalesi de la Camorra y por receptación de bienes robados. Acabó en prisión por realizar una de las labores que más respeto genera entre todos los miembros de un clan mafioso: controlaba los pagos directos a todos los miembros de la red criminal a los que se les asigna un salario, desde los encarcelados hasta los integrantes del clan que seguían operativos en la calle.

Y, según la Dirección de Investigación Antimafia de Italia, Filippo Capaldo aprendió contabilidad de su madre, ya que en Tenerife era propietario de una inmobiliaria, un bar lounge y un concesionario de motos y coches. En el registro mercantil de España solo está a su nombre la sociedad inmobiliaria, pero las otras están oficialmente en manos de personas de su confianza.

El periódico italiano Il Fatto Quotidiano reveló que dentro de los atestados policiales se recogen conversaciones de otros mafiosos a los que les preocupaba que, en tan solo cuatro años, Capaldo hubiera abierto tres negocios en Tenerife, ya que temían que eso despertara la atención de la justicia italiana. Algo que, por ahora, así ha sido.

En esta operación contra el Clan Casalesi, con 23 detenidos, en su mayoría en Caserta, también están los tíos de Capaldo: Antonio Zagaria y Carmine Zagaria. A estos arrestados se les investiga por asociación mafiosa, complicidad externa en asociación mafiosa, extorsión, usura, transferencia fraudulenta de bienes, competencia ilegal con violencia y amenazas, blanqueo de dinero, autoblanqueo, registro ficticio de bienes, posesión y porte de armas y municiones y narcotráfico.

En lo relacionado con España, principalmente se sigue el rastro de Filippo Capaldo porque es sospechoso de gestionar el fondo común del clan, algo que revelaría que ha heredado el puesto de su madre y la confianza de toda la organización criminal. Al sobrino del capo también se le vincula a una empresa de gestión de residuos en el feudo del clan, en la provincia de Caserta. En Italia, por este caso, que inició sus diligencias en 2019, se han incautado bienes por valor de 40 millones de euros.

La presencia en Tenerife de un supuesto miembro de alto rango de la Camorra no es nueva. Hace ya diez años se absolvió a los miembros del Clan Nuvoletta-Polverino de blanquear dinero de su clan en una sentencia de la Audiencia Nacional que Giuseppe Polverino celebró bastante desde la cárcel.

Lo que esto revela de nuevo, si luego se demuestra en sede judicial, es que la infiltración de la Camorra en la economía de España crece como la espuma. Y que un sobrino de un capo esté residiendo aquí es fruto de la importancia crucial que tienen para un clan de la Camorra ciertas partes de España: Islas Canarias, la Costa del Sol, la Comunitat Valenciana, Cataluña, Baleares y Madrid.

La mafia italiana es experta en abrir negocios de hostelería para blanquear rápidamente dinero, pero también ofrece garantías de que esos negocios sean rentables y prósperos. Tienen buena mano en la cocina y les gusta, de ahí que sea uno de los negocios predilectos de los clanes.

Otro tema importante que resalta la investigación es la unión de los Casalesi con un clan de la ’Ndrangheta calabresa, también con tentáculos en España, que les abastecía de cocaína a buen precio. Un nexo clave en el desarrollo criminal de cualquier clan mafioso que se precie, ya que los grandes contactos de la ’Ndrangheta con proveedores sudamericanos hacen que paguen la droga a menor precio que los demás competidores, por lo que tienen más margen para ganar dinero con los estupefacientes que adquieren.

Todo ello vuelve a poner de relieve que la presencia de la Camorra en España no responde a episodios aislados, sino a una estrategia sostenida de implantación en territorios especialmente atractivos para el blanqueo, la inversión y la cobertura logística. Su capacidad para mezclarse con la economía legal, abrir negocios, tejer redes de confianza y aprovechar enclaves clave como Canarias, la Costa del Sol, Cataluña o Madrid demuestra que el poder de la mafia italiana en España sigue siendo profundo, silencioso y mucho más estructural de lo que a menudo se percibe.

Junto a todo esto, en España hay un elemento clave que hace que estas personas se afinquen en el país: la Justicia. No hay más que ver lo que ha sucedido con Filippo Capaldo, presunto jefe de la Camorra: apenas unas horas después de su detención ha sido puesto en libertad con medidas cautelares. Él ya sabe que vive en el paraíso del narco.

Un tribunal de Roma ha fallado que los aumentos de precio en la suscripción a Netflix entre 2017 y 2024 han sido "ilegales" y "vejatorios" y ha reconocido el derecho de los usuarios a solicitar un reembolso o una reducción de sus tarifas.

La compañía de entretenimiento avanzó este viernes a EFE que impugnará esta sentencia, al considerar que sus condiciones no han contravenido la legislación italiana.

"Recurriremos esta decisión. En Netflix nuestros abonados están por encima de todo y nos tomamos muy en serio los derechos de los consumidores. Creemos que nuestras condiciones siempre han respetado la normativa y la praxis italianas", afirmó un portavoz.

La Asociación Movimiento de Consumidores había acudido ante el Tribunal de Roma para denunciar como "vejatorias" unas cláusulas que han permitido a Netflix aumentar los precios de sus abonos entre 2017 y 2024 sin especificar el motivo del encarecimiento.

La sentencia, de 49 páginas, reconoce los cambios de precio en esos ochos años como "vejatorios" e "ilegítimos" para los espectadores y obliga a la devolución de dinero.

"La ilegalidad de las conductas anteriormente descritas, consistentes en la modificación unilateral del precio y de las condiciones normativas sin un motivo justificado indicado en el contrato, conlleva el derecho de cada consumidor que haya sufrido, en el marco de contratos suscritos desde 2017 hasta enero de 2024, el aumento de los precios y, desde 2017 hasta abril de 2025, modificaciones de las condiciones del servicio, a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas", se lee en el fallo.

La sentencia también recoge el derecho a indemnización por daños y perjuicios.

Además Netflix deberá publicar la sentencia en su portal de internet y, en el plazo de 30 días, en las páginas de dos periódicos italianos, Il Corriere della Sera y el económico Il Sole 24 Ore.

La Asociación demandante ha confirmado en un comunicado que cada usuario que se haya visto perjudicado por esta práctica "tendrá derecho a una reducción del precio actual de la suscripción" o a la "devolución de las sumas indebidamente pagadas".

Este fallo afecta a millones de personas en Italia, ya que se estima que en octubre de 2025 había en el país 5,4 millones de abonos.

El mayor reembolso al que se podrá aspirar es a aproximadamente 500 euros (576 dólares al cambio), en el caso de un cliente con perfil Premium que haya disfrutado de las series y películas de Netflix ininterrumpidamente desde 2017, según el cálculo del equipo legal de la asociación de consumidores.

Como alternativa, la sentencia impone a Netflix reducir el precio de las suscripciones actuales al mismo nivel que los aumentos.

"Por ejemplo, un cliente Premium que activó su abono en 2017 y que paga 19,99 euros (23,06 dólares) tiene derecho al mismo servicio por un precio de 11,99 euros (13,83 dólares), mientras que un cliente Standard que paga 11,99 euros deberá desembolsar 9,99 euros (11,52 dólares)", afirma la asociación.

Francia celebra este lunes una reunión del Grupo de los Siete (G7) de ministros de Finanzas, de Energía, responsables de bancos centrales y directores de otros organismos internacionales para abordar la situación actual generada por la guerra en Irán y su impacto en Oriente Medio y en la economía global, según informa EFE.

Se trata de la "primera vez en 50 años" que se produce esa configuración de una reunión del G7, con la participación conjunta de todas esas autoridades monetarias, dijo el ministro francés de Economía, Roland Lescure, al anunciar la semana pasada el encuentro.

Está previsto que el encuentro, por videoconferencia, comience a las 13:00 en la hora local, según un portavoz del ministerio de Economía y Finanzas de Francia, que ejerce este año la presidencia del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón).

El objetivo de la reunión extraordinaria será analizar la situación económica global en un contexto marcado por la convergencia de crisis energéticas, presiones inflacionarias y desafíos macroeconómicos, según Lescure: se trata de "entender qué está ocurriendo", señaló la semana pasada.

Estados Unidos ha solicitado el apoyo del G7 para ayudar a detener el bloqueo iraní de la ruta marítima del estrecho de Ormuz, vital en el comercio de petróleo y otros materiales esenciales.

Tras una reunión presencial el jueves y viernes de la semana pasada a las afueras de París, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 afirmaron que era una "necesidad absoluta" que Irán restableciera el libre paso por el estrecho y pidieron en una declaración conjunta el cese de los ataques contra la infraestructura civil.

Ante la situación energética, muchos gobiernos, como el de España, han puesto en marcha medidas para limitar el impacto de las dificultades de suministro y el fuerte aumento de los precios de la energía. Pero estas decisiones se enfrentan a la incertidumbre por la falta de claridad sobre los objetivos bélicos de Estados Unidos, la incertidumbre sobre la posible duración del conflicto y la extensión de las hostilidades.

La Administración estadounidense, incluido el presidente Donald Trump, han afirmado que sus objetivos en la guerra están prácticamente alcanzados, mientras que paralelamente está desplegando miles de efectivos en la región. Según The New York Times, el Gobierno de Estados Unidos tiene ya más de 50.000 efectivos desplegados en Oriente Medio, unos 10.000 más de lo habitual.

Al inicio del segundo mes de la guerra, Trump afirmó que su preferencia en el conflicto con Irán sería "tomar el control del petróleo" del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní, en una entrevista al diario Financial Times, donde también reconoció que una operación de ese tipo implicaría una presencia prolongada sobre el terreno.

Italia dijo no a la reforma de la justicia de Meloni. Francia no permitió que el partido de Le Pen arrasara en todos los municipios. Dinamarca ha vuelto a dar la espalda a la ultraderecha. Una demócrata, Emily Gregory, arrebató el distrito de Florida –sí, donde su ubica Mar-a-Lago– a los republicanos. Millones de norteamericanos se manifiestan estos días bajo el lema “No kings”, el mejor eslogan que han encontrado para decir “No Trump”. A ellos se han unido movilizaciones en ciudades como Roma o Londres. Las encuestas dicen que Orbán podría perder en Hungría.

Por mucho que la ultraderecha haya conseguido hacer creer que avanza imparable por Occidente, no es cierto. Es importante recordarlo y ponerles ante el espejo, porque los datos son hoy para los ultras como la luz para los vampiros: no, no avanzan imparables. Y lo que es más (y podría ser letal para ellos): funcionan y evolucionan como cualquier otro partido. A veces ganan y a veces pierden, alcanzan el poder en países como Holanda, Austria, Noruega o Polonia, y luego lo pierden, como un partido más. Llegan a los gobiernos autonómicos y salen despavoridos sabedores de que gestionar (algo para lo que han demostrado una incapacidad estridente) les pasa factura electoral. Se enredan en líos internos, acusaciones de autoritarismo y culto al líder y expulsiones, se enfrentan a los tribunales y les condenan por corrupción. Se acabó aquel hashtag tan exitoso que decía #SoloQuedaVOX. 

Es importante constatar esta realidad porque a veces las percepciones se construyen más sobre mitos que sobre realidades y entra a operar el famoso teorema de Thomas, según el cual, "si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias"; es decir, que la percepción de una situación, sea falsa o verdadera, determina el comportamiento y produce resultados, por ejemplo, electorales. Así que no lo olvidemos, la ultraderecha no avanza imparable. O lo que es lo mismo, en muchos países se les paró y se les sigue parando.

Constatado esto, llega la pregunta más difícil, la que se ocupa del día después. Porque si imprescindible es la discusión de qué hacer para cortarles el paso a las instituciones, igual o más trascendente es dar respuesta a los motivos que les aúpan. Una vez que la ultraderecha no consigue llegar al poder o es desalojada del mismo, los partidos demócratas no deberían dar la batalla por ganada. De hecho, ahí empieza el principal desafío. Si dichos partidos no son capaces de dar respuesta al descontento, identificando bien las causas y creando procesos para construir las salidas oportunas, la amenaza volverá a tomar cuerpo en la siguiente elección. 

Este creo que es el principal debate que deben afrontar hoy quienes se sienten demócratas, y en especial por la izquierda. Es más, avanzar por este camino es la mejor manera de hacer que los reaccionarios retrocedan. A la ultraderecha se le está parando en las urnas en algunos países –de momento–, pero, ¿qué hacer para desterrarla por completo de nuestras sociedades? 

El “No a la guerra” de Sánchez ha abierto un camino porque ha mostrado que la guerra no es inevitable, que se puede plantar cara al tirano y construir otras alternativas que pasen por defender el mundo basado en reglas (y de paso, quizá, mejorar esas reglas). Lo ha hecho generando confianza en quienes le escuchan y ganando credibilidad en los decepcionados y desencantados. Ese es el camino. Ahora toca recorrerlo también en otras áreas para dar respuesta a los malestares y descontentos por donde crece la ultraderecha.

Se trataba de decir sí o no a una modificación de 7 artículos de la Constitución relativos a la justicia y el resultado ha sido apabullante: la victoria del No es la primera gran derrota de Giorgia Meloni. ¿Por qué sobre la justicia y por qué un referéndum? Y ya, alejando el foco, ¿en qué marco no sólo nacional sino también global se ha producido este patinazo clamoroso de Giorgia Meloni?

Comencemos con humildad reconociendo que ni quisqui sabía qué pasaría. Nadie conseguía desentrañar qué supondría una mayor afluencia, de modo que los buenos italianos se refugiaron en la scaramanzia –la superstición–. Partidarios del No decían que soplaba brutta aria; partidarios del Sí, que tan alta participación no era un buen dato.

A toro pasado, es fácil encajar argumentos. Comencemos con el aparente quid: la justicia. Que la justicia en Italia funciona mal es un cliché nacional a la vez que europeo. Si se pregunta a gente ducha en la materia por qué, se suelen señalar tres problemas endémicos: la lentitud de los procesos, la mole infinita de trabajo y la incertidumbre de un cuadro normativo salpicado de modificaciones y adaptaciones. El descontento de la ciudadanía en esta materia es, pues, más que lógico. Acusar a la magistratura de operar con arbitrio o de constituir una casta poderosa resulta, por un lado, un desahogo sedante para el pueblo, y por otro, una tentación irrefrenable para los populistas de derecha.

Cuando Giusi Bartolozzi, jefa de gabinete del actual ministro de Justicia, llegó a afirmar que “la magistratura es un pelotón de ejecución”, lo hacía a sabiendas de que esa frase bárbara estaba bien arraigada en Italia: el populista mediático Silvio Berlusconi se refería a los jueces llamándolos “peor cáncer de la democracia”, “metástasis”, “patología”, etc. El Cavaliere fue el adalid contra la magistratura politizada: “togas rojas”, les decía. Desde la logia masónica Propaganda Dos (Berlusconi tenía el carnet 1816) hasta el actual gobierno Meloni, siempre ha habido una veta de la política italiana que no soporta la separación de poderes.

No conciben que haya contrapesos a los que nadie ha votado. No creen en el Estado de Derecho con todas las consecuencias. Creen en la separación de poderes pero sólo si es meramente aparente. Durante la campaña del referéndum se encuentran múltiples declaraciones de exponentes del Gobierno que dan buena prueba de ello. Veamos algún ejemplo: a) Alfredo Mantovano, secretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno de los cerebros en la sombra del gobierno Meloni, dijo que este referéndum serviría para “reequilibrar poderes”, pues, según él, “los plenos poderes son los de quien, por vía judicial, bloquea la política”, ya se trate de cuestiones migratorias, empresariales o de orden público; b) cuando el Tribunal de Cuentas italiano paralizó por graves errores formales el puente sobre el Estrecho de Messina, el presidente Meloni explotó y calificó la decisión como la “enésima invasión del campo de los jueces en las decisiones del Gobierno y el Parlamento”; c) la ruin invitación del ministro de Justicia a la oposición a gozar de una impunidad legítima: “una persona inteligente como Elly Schlein [Secretaria del Partido Democrático] no entiende que esta reforma les convendría también a ellos en el momento en que llegaran al gobierno”.

Lo de la justicia está claro, pero ¿por qué un referéndum? Que el gobierno Meloni escogiese semejante procedimiento sin necesidad de quorum representó un órdago descarado. No es lo mismo que le convoquen a uno para decir sí o no a la caza, el aborto, el divorcio o las centrales nucleares, que si le obligan a apoyar un justicia-como-digo-yo-sí-o-no. Para abordar esas materias tan complejas se inventó la democracia representativa. En los cuatro trámites parlamentarios de este referéndum, no se aceptó ninguna modificación, ni siquiera de los partidos que forman la mayoría parlamentaria. Este referéndum obligaba casi a casarse con Meloni, y el pueblo como que no.

Hablaba Iván Redondo en un reciente artículo de que ya no estamos en una guerra cultural, sino en una guerra cognitiva. Y tal vez sea eso: nadie entiende cómo un pueblo que asistió a un golpe como el de Capitol Hill volviera a votar a Trump. Por eso, ¿cómo responderían los italianos al burdo argumentario de Meloni, la cual llegó a decir que si ganaba el No los jueces dejarían sueltos por ahí a toda suerte de violadores, pederastas y maleantes? La gran noticia es que el pueblo italiano dijo basta a la desfachatez y votó por el decoro institucional. La gran noticia es que el pueblo italiano supo entender que era en los desaires institucionales continuos del gobierno a la magistratura y no en los mendaces llamamientos a la eficacia del sistema donde se celaba el verdadero significado del referéndum. Paradójicamente, cuanto más insistía el gobierno Meloni en que el referéndum era meramente técnico, más cuerpo cobraba la grave amenaza política. La gran esperanza es que de Italia esté llegando una señal de hastío de la desfachatez. Hace unos días hablábamos de un momento Bonhoeffer. El descaro golpea primero y gana la primera batalla siempre, pero la insensatez incesante acaba despertando la rabia popular. La guerra cognitiva está ahí, sí. La gran noticia es que, al parecer, no la vamos perdiendo.

Pero ojo: tampoco ganando del todo. Este referendo representa solamente una de las varias figuras que componen un mosaico de una batalla entablada hace al menos tres años y que ve también afectados a otros dos contrapoderes judiciales importantísimos: la Dirección Nacional Antimafia (DNA) y el Tribunal de Cuentas. Tanto el Procurador Nacional Antimafia como el Presidente del Tribunal de Cuentas han alertado en sedes institucionales sobre lo mucho que ha entorpecido legalmente su tarea este gobierno. (Ver aquí y aquí). No sólo: pende sobre los italianos otra reforma – el premierato – que otorgaría más poderes al jefe del gobierno en detrimento del presidente de la República.

Los italianos votaron una reforma que ni atacaba la lentitud, ni el atasco, ni el maremágnum de la justicia, mientras el gobierno volvía romas las armas para combatir la corrupción o las mafias. Sorpresa: muchos jóvenes –esa chusma de la que se repite siempre que vota a la extrema derecha– y muchas mujeres se movilizaron. También desde la Conferencia Episcopal habían animado a ir a votar dada la importancia de la cuestión en liza. Y el resultado es el que ha sido. Berlusconi debe estar rabioso en el más allá. Era también su reforma.

Que esta peligrosísima guerra en Oriente Medio haya movilizado a electores hartos de las atrocidades de Trump y Netanyahu seguramente habrá incidido. Que en Eslovenia y Francia también soplaran vientos antifascistas este fin de semana, ojalá que sean señas de que la marejada autocrática global amaina. Se verá el 12 de abril con Orban en Hungría.

En la recta final del referéndum, el periodista Alberto Nerazzini destapó el caso Chuletería de Italia: el secretario de Estado para la Justicia, Andrea Delmastro, tenía parte de un restaurante en cuya propiedad participaba supuestamente gente ligada al clan Senese, uno de los más potentes de las distintas mafias en Roma. Acaso ese tufo de cloaca de la Suburra también haya repercutido lo suyo. ¿Cómo abordar un caso semejante sin jueces verdaderamente independientes?

Hoy Italia nos ha dado dos lecciones extremas: a) el diseño político de la extrema derecha global es peligroso y la resistencia es imperativa; b) no se puede dejar solos a los jueces en tal tarea.

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Gorka Larrabeiti es profesor de español residente en Roma.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha perdido el referéndum al que ha sometido su controvertida reforma judicial, tumbada por más de 54% de los electores, con dos tercios de los votos escrutados, infroma EFE. Según datos del Ministerio del Interior, el 'sí' a la reforma ha obtenido un respaldo del 45,81% de los italianos, frente al 54,19% del 'no'.

Pese la derrota, Meloni, aseguró que "seguirá adelante" y lamentó la "ocasión perdida" para modernizar el país. Igualmente, descartó que el resultado ponga en riesgo la estabilidad de su Gobierno. "Los italianos han decidido y nosotros respetaremos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto al pueblo italiano y a Italia", dijo Meloni en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X. 

La mandataria subrayó que su Ejecutivo "ha cumplido lo prometido" al tramitar una reforma de la Justicia que formaba parte de su programa electoral. Asimismo, defendió que su formación sostuvo la propuesta "hasta el final" para, posteriormente, dejar la última palabra en manos de la ciudadanía: "Nuestra soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad", añadió.

Destacados miembros de la oposición, como el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, ya han celebrado el resultado: "Lo hemos conseguido. Viva la Constitución", ha escrito en la red X. "El resultado me parece claro: hemos tenido una grandísima participación democrática y una clara y sonora victoria del 'no'", declaró el ex primer ministro en una rueda de prensa.

La secretaria del Partido Demócrata (PD) y líder opositora, Elly Schlein, ha anunciado una comparecencia pública a las 17.30 hora local (16.30 GMT) y el mayor sindicato del país, CGIL, ha convocado una celebración la tarde de este lunes en la céntrica Plaza Barberini de Roma.

Esta reforma era el gran proyecto de la legislatura para Meloni y, aunque fue aprobada por el Parlamento el pasado octubre, al tratarse de una reforma constitucional que no logró al menos dos tercios de los votos necesitaba ser avalada en esta consulta popular. Entre otras cosas, pretendía separar las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados en Italia bajo la denominación de 'magistrados', y dividir en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, estableciendo el sorteo como método de elección de sus miembros.

Meloni ha desvinculado su futuro político al resultado del referéndum y agotará la legislatura en 2027, pero la oposición ahora lo ha planteado como un plebiscito contra su gestión. "Este es un aviso a este Gobierno, una advertencia política muy fuerte", advirtió Conte. Este resultado es la primera gran derrota de Meloni desde que llegó al poder en octubre de 2022, ganando las elecciones con una coalición con la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la 'berlusconiana' Forza Italia de Antonio Tajani.

Desde esta última, quizá el partido gubernamental más interesado en esta reforma, han lamentado que la campaña electoral previa al referéndum "no ha sido sobre sus méritos", en declaraciones de su portavoz en la Cámara de Diputados, Paolo Barelli. Por su parte, el ex primer ministro y líder de la centrista Italia Viva, Matteo Renzi, quien dimitió en 2016 tras su derrota en otro referéndum constitucional, ha celebrado esta "derrota sonora" de Meloni.

La tarde llega a su fin el miércoles 18 de marzo, cuando se bajan los primeros asientos plegables del antiguo cine Teatro Italia de Ancona. La sala se llena, hasta la mitad, de un público de cierta edad. Desde el escenario, acotado por gruesas cortinas de terciopelo rojo, el presidente del tribunal de Palermo, Piergiorgio Morosini, marca la pauta: “Esta reforma es la más incisiva propuesta desde el nacimiento de la Constitución en 1948, ya que prevé la modificación de siete artículos.”

De pie, con el micrófono en la mano, Morosini sale de la reserva que suele caracterizar a los magistrados. “Esta campaña ha estado marcada por ataques y afrentas”, dice indignado ante un público cuya extrema atención contrasta con el continuo alboroto de declaraciones extravagantes que han saturado los medios de comunicación italianos los últimos días. A cuatro días del referéndum sobre la reforma judicial propuesta por el Gobierno de Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo de extrema derecha, los partidarios de ambos bandos libran sus últimas batallas en una Italia extremadamente dividida.

Esta reforma prevé la separación estricta de las carreras entre la fiscalía y la magistratura. Actualmente, jueces y fiscales pertenecen a un único y mismo cuerpo, independiente del Ministerio de Justicia, y pueden pasar de una función a otra una vez a lo largo de su carrera. El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) se encarga de garantizar su autonomía e independencia. Un tercio de sus miembros es elegido por el Parlamento, los otros dos por los magistrados.

La reforma prevé dividir el Consejo en dos: uno para los fiscales y otro para los jueces, con dos itinerarios de formación distintos. Los miembros de ambos consejos se elegirían entonces por sorteo: dos tercios entre todos los magistrados y magistradas, y un tercio entre juristas elegidos por el Parlamento. El CSM también se vería despojado de su competencia disciplinaria, que se confiaría a un tribunal disciplinario superior independiente.

A primera vista, no se aprecia una relación inmediata con el fin de la independencia del poder judicial, tal y como denuncian los partidarios del “no”. Leyendo entre líneas, los jueces y magistrados temen sobre todo un debilitamiento progresivo de su autonomía (en particular por la elección en el Parlamento de los miembros de los consejos que se sortearán) y un aislamiento de la fiscalía que la haría más vulnerable a las presiones políticas. Una especie de primer paso para meter en vereda a la magistratura.

Ante el carácter técnico y la complejidad de este proyecto de ley constitucional, numerosos magistrados, abogados o profesores de Derecho se han sumado a las filas de los comités ciudadanos para explicarlo a los votantes.

“Hacemos todo lo posible para que los ciudadanos se impliquen en estas iniciativas”, asegura Stefano Staffolani, presidente del Comité de la sociedad civil por el “no” en Ancona. Confiesa que, como profesor de economía política, no disponía de todas las herramientas para comprender las sutilezas del texto: “Así que, como buen economista, busqué las cifras.” Con sus notas en mano, nos cuenta sus hallazgos.

“Los artífices de la reforma dicen que los jueces están bajo la tutela de la fiscalía, ¡supuestamente porque van a jugar al tenis juntos! Pero en Italia, aproximadamente la mitad de las peticiones de la fiscalía no son atendidas por los jueces, mientras que la media europea es del 34%”, constató.

“Las sanciones contra los magistrados también serían demasiado leves y escasas”, prosigue. “Pero en Italia, casi ocho jueces de cada mil son objeto de una sanción, frente a uno de cada mil en Alemania o cuatro de cada mil en España, y esas sanciones emanan más a menudo del Consejo Superior de la Magistratura que del Ministerio de Justicia, que también tiene competencia al respecto.”

En el escenario, el presidente del tribunal de Palermo, repasando los orígenes de la Constitución, menciona la historia y el asesinato por parte de Mussolini del diputado antifascista Giacomo Matteotti. “Los padres fundadores habían vivido en carne propia la concentración de poderes en manos del ejecutivo, y eso es precisamente lo que querían evitar al dotar de autonomía al poder judicial”, explica quien se ha comprometido con el comité. “Es justo decir no.”

“Esta votación no es a favor o en contra de la magistratura o del Gobierno, sino sobre el mantenimiento o el abandono del principio fundamental de la separación del poder judicial del Estado”, prosigue. Sus palabras son recibidas con fuertes aplausos. “Quieren borrar años de conquistas cuyo único objetivo era tener magistrados libres”, opina Ruggiero Dicuonzo, antes juez y hoy fiscal adjunto del tribunal de Ancona.

La campaña del referéndum, inaugurada oficialmente a mediados de noviembre, se ha recrudecido en las últimas semanas. La última provocación hasta la fecha (“una señal clara de que no es posible el diálogo”, comenta con flema Piergiorgio Morosini) lleva la firma de Francesco Zaffini, senador y miembro de Fratelli d’Italia (FdI), el partido de Giorgia Meloni, quien comparó a la magistratura con “un cáncer”.

Poco antes, Giusi Bartolozzi, viceministra de Justicia, invitaba a los italianos a “deshacerse de la magistratura”, que actuaría como un “pelotón de fusilamiento”. En cuanto al ministro de Justicia, Carlo Nordio, coautor junto con Giorgia Meloni del texto de la reforma, considera que el Consejo Superior de la Magistratura es un “mecanismo mafioso”.

Para justificar esas diatribas, por las redes sociales de los partidarios del “sí” circulan casos concretos que denuncian sentencias demasiado laxas, en particular cuando conciernen a extranjeros. Ante esos ataques, y de forma inédita desde el inicio de su mandato hace once años, el presidente de la República, Sergio Mattarella, presidió una reunión del CSM, recordando su “valor constitucional” y exhortando “al respeto mutuo” de las instituciones. Por lo general, nunca participa en el CSM, que preside en su calidad de jefe de Estado.

La extrema derecha italiana está acostumbrada a los enfrentamientos con los magistrados. Matteo Salvini, líder de La Liga y socio menor de la coalición en el poder, ha hecho uso y abuso de ello desde sus primeros pasos en el Gobierno, en 2018. Pero el Gobierno de derechas y extrema derecha de Giorgia Meloni ha ido un paso más allá, al convertir a la magistratura en su principal oponente político, especialmente en materia de seguridad e inmigración.

Los magistrados y magistradas, señalados por el Gobierno como culpables del fiasco de los centros de internamiento para migrantes en Albania o, más recientemente, de la colocación considerada abusiva de los niños de la "familia del bosque", son acusados de ser partidistas, de ser de izquierdas, e incluso de sufrir “degeneraciones ideológicas”, según las propias palabras de Giorgia Meloni.

Este discurso político de una magistratura partidista no ha dejado de calar en la opinión pública desde los años noventa, alimentado sobre todo por Silvio Berlusconi y Forza Italia, para quienes esta reforma es una vieja quimera. Sus defensores prometen que permitirá a la magistratura volver a ser neutral e imparcial y recuperar la confianza de los italianos, cuando, es cierto, es poco querida y mal vista.

Pero la promesa no se cumple, según Chiara Gabrielli, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Urbino y miembro del Comitato dei 15 per il NO (Comité de los 15 por el No): “Esta reforma no tendrá ningún impacto en la eficacia de nuestra justicia. No introduce ninguna otra forma de responsabilidad para los magistrados, ninguna nueva herramienta para hacer frente a los errores judiciales; todo ello depende de la calidad y la cantidad de los recursos a disposición de la justicia, pero en este punto, el proyecto de ley de presupuestos prevé, según la Asociación Nacional de la Magistratura, una financiación insuficiente”.

En el panorama político, las posiciones están bastante claras: la coalición gubernamental apoya el “sí”, mientras que el Partido Demócrata, el Partido Comunista, la Alianza de los Verdes y la Izquierda y el Movimiento 5 Estrellas apoyan el “no”.

Aunque intenta evitarlo a toda costa, este referéndum tiene para Giorgia Meloni algo de prueba electoral antes de las elecciones del año que viene. Es una de las tres principales reformas prometidas por el Gobierno a los italianos, y no se requiere quórum de participación para que se tenga en cuenta el resultado de la votación. En 2016, el último referéndum constitucional propuesto por el presidente del Consejo, Matteo Renzi, terminó con su dimisión tras el rechazo de los votantes.

Traducción de Miguel López

El fundador del partido italiano Liga Norte, Umberto Bossi, exministro y defensor de la independencia de las regiones septentrionales del país, falleció este jueves a los 84 años de edad, según confirmaron fuentes de su formación.

Bossi falleció en el hospital de Varese (norte) donde había sido ingresado en cuidados intensivos. "Toda la comunidad de la Liga está profundamente afectada y dolida por la muerte del fundador Umberto Bossi y se une con afecto y conmoción a sus familiares", afirmó en un escueto comunicado la Liga, que ha cancelado todos los actos de este viernes.

El político de extrema derecha, uno de los protagonistas de la historia reciente italiana, fundó en 1989 la Liga Norte con el intento de lograr la independencia de una zona del norte italiano conocida como 'Padania'.

Controló el partido hasta 2012 y un año después fue sucedido por Matteo Salvini, quien convirtió la vieja Liga Norte en la simple 'Liga', una formación de ultraderecha nacional que renegaba de las antiguas pretensiones independentistas. Uno de sus pupilos políticos y expresidente de la región del Véneto (norte), Luca Zaia, ha sido uno de los primeros en reaccionar a la noticia, con una foto en sus redes sociales en la que se lee "Ciao Umberto" (Adiós Umberto).

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, líder de los también ultraderechistas Hermanos de Italia, también se ha sumado al pésame recordando su "pasión política". "Umberto Bossi, con su pasión política, ha marcado una fase importante de la historia italiana y dado una aportación fundamental a la formación del primer gobierno de derechas. En este momento de gran dolor, estoy cerca de su familia y su comunidad política", escribió la mandataria en la red social X.

La Liga de Salvini forma parte actualmente del Gobierno de Giorgia Meloni, al igual que la conservadora Forza Italia de Tajani, que también expresó su duelo por la muerte.

Bossi (Cassano Magnago, 1941) ha sido uno de los grandes protagonistas de la política italiana, especialmente de la llamada Segunda República surgida a mediados de los Noventa. Varias veces diputado y senador desde 1987, así como eurodiputado, llegó al Gobierno de la mano de Silvio Berlusconi, de quien fue un aliado y ministro en dos ocasiones: de Reformas Institucionales entre 2001 y 2004 y de Federalismo entre 2008 y 2011.

Pero también se le recuerda por muchos de sus gestos polémicos. Crítico con el Estado italiano, fue condenado en 1997 por el delito de vilipendio al asegurar: "Con la bandera italiana me limpio el culo".

Con problemas de movilidad por un ictus, en 2012 renunció al cargo de secretario de la Liga Norte a raíz de un escándalo por el desvío de fondos desde el partido a su familia.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció este miércoles que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha realizado "fuera del derecho internacional" aunque matizó que "tampoco podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares". 

"Nos enfrentamos a una clara crisis del derecho internacional y de las organizaciones multilaterales, y al colapso de un orden mundial común. Este es un proceso que lleva tiempo en marcha, pero que, en mi opinión, ha alcanzado un punto de inflexión muy concreto", dijo Meloni. 

En su comparecencia ante el Senado previa al próximo Consejo Europeo, la primera ministra italiana opinó que la desestabilización en Oriente Medio "tiene una fecha de inicio clara: no el 28 de febrero de 2026, sino el 7 de octubre de 2023, el bárbaro y demencial ataque perpetrado por Hamás contra territorio israelí".

Señaló que "es en este contexto de crisis estructural del sistema internacional, en el que las amenazas se hacen cada vez más aterradoras y se multiplican las intervenciones unilaterales fuera del derecho internacional, que debemos situar también la intervención estadounidense e israelí contra el régimen iraní".

En ese conflicto, Italia, aseveró, "no participa ni tiene intención de participar" en la guerra, si bien Meloni quiso dejar claro que "no podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares, combinado, además, con una capacidad de misiles que pronto podría ser capaz de atacar directamente a Italia y Europa".

Tras indicar que Italia no fue consultada sobre la operación, agregó que las posibles consecuencias de este conflicto "ni siquiera son comparables a los riesgos que correríamos si hiciéramos la vista gorda ante el escenario de un régimen fundamentalista que masacra a sus oponentes, ataca a los países del Golfo y se equipa con misiles nucleares de largo alcance".

Señaló que continuará los contactos con Francia, Alemania y Reino Unido para evaluar la crisis y "para perfeccionar rápidamente las estrategias conjuntas", y que trabajará "para retomar la diplomacia". Sin embargo, agregó, "este objetivo es ciertamente imposible mientras Irán continúe con sus ataques injustificados contra el Golfo y otros países de la región".

Meloni también quiso condenar "la masacre de niñas en la escuela de Minab, en el sur de Irán" y pidió que se determine rápidamente a los responsables de esta tragedia. Sobre el uso de las bases estadounidenses en el territorio italiano explicó que todos los socios europeos están cumpliendo sus acuerdos al respecto, "incluso España".

"Esto significa que el acuerdo no se cuestiona, ni todas las actividades que abarca. Esto es lo que está haciendo Italia, y francamente, es asombroso que esta decisión sea condenada en casa y alabada en España por la misma gente", destacó. Sobre el aumento del precio de los combustibles, Meloni adelantó que se esta evaluando "la posibilidad de activar el mecanismo de impuestos especiales" y "que la parte del incremento del IVA resultante de las subidas de precios se destine a la reducción de estos impuestos".

El regreso de la delegación de Rusia a la prestigiosa Bienal de Arte de Venecia, de la que fue excluida a raíz de su invasión en Ucrania en 2022, ha inquietado al Gobierno de Giorgia Meloni, que ha negado toda responsabilidad en la decisión.

La 61ª Bienal de Arte de Venecia arrancará el próximo 9 de mayo con la presencia de 99 pabellones nacionales, siete de ellos pioneros en la cita, como el de El Salvador.

Su presidente, Pietrangelo Buttafuoco, desde octubre de 2023 en el cargo, ha decidido invitar a todos los Estados que deseaban asistir, como Irán, Israel, Ucrania o Bielorrusia, pero también Rusia, país al que se retiró el pabellón en 2022 tras la invasión de Ucrania. "Todos los países que en estos momentos están en guerra llegarán a Venecia. Yo abro a todos, sin excluir a nadie. Estarán Rusia, Irán, Israel, Ucrania, Bielorrusia... Todos", ha defendido en una entrevista con el periódico La Repubblica.

En los pabellones venecianos, donde cada país expone sus ideas y artísticas, Rusia llevará su proyecto 'The tree is rooted in the sky' (El árbol ha arraigado en el cielo), mientras que la delegación ucraniana mostrará 'Security guarantees' (Garantías de seguridad).

Como evento colateral, también se dará espacio al proyecto 'Gaza - No words. See the exhibit' (Gaza - Sin palabras. Contempla la exposición), del Palestine Museum US.

España estará presente con la propuesta 'Los restos', comisariada por Carles Guerra; así como otros países hispanos como Argentina, Chile, Cuba, Guatemala, México, Panamá, Perú o Uruguay. Sin embargo, ha sido la presencia de la delegación rusa la que ha soliviantado los ánimos en el Gobierno de Italia, de quien depende el nombramiento del presidente de la Bienal.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, ha emitido un comunicado para asegurar que la presencia de Rusia en la Bienal es fruto de "una decisión autónoma" de la Fundación veneciana. Pero en la nota también destaca, con cierto tono de reproche, que Italia se pone del lado de patrimonio ucraniano atacado. "Italia dedica gran atención al cuidado del patrimonio artístico ucraniano afectado por los bombardeos rusos desde hace ya más de cuatro años, comprometiéndose a la reconstrucción de uno de los edificios símbolo de la historia de Ucrania, la gran catedral ortodoxa de Odesa, gravemente dañada por el conflicto", alega.

El presidente de la Bienal ha reivindicado la necesidad de que el arte fomente el diálogo entre países, incluso si están en conflicto. "Rusia es propietaria de un pabellón en Venecia desde 1914 y ha estado ausente desde el 2022. (...) Usemos el arte. La Bienal es un espacio de convivencia para el planeta", ha sostenido Buttafuoco.

En estos años de guerra ucraniana la eventual presencia o exclusión de representantes rusos en eventos italianos ha venido suscitando siempre cierta controversia, también en el Gobierno de Giorgia Meloni, aliada de la resistencia de Kiev. Por ejemplo, en la última Mostra del cine de Venecia, organizada también por la Bienal de Buttafuoco, se volvió a mostrar la bandera rusa entre el resto de países participantes, lo que fue muy criticado por parte de la embajada ucraniana en Italia.

El ministro de Cultura también se ha enfrentado en varias ocasiones al Kremlin por sus ataques al presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, desatados tras su denuncia de la guerra en una conferencia en la Universidad de Marsella en 2025.

Otra importante institución, La Scala de Milán, en febrero de 2022 tuvo que prescindir del director ruso Valeri Guérguiev por ser amigo del presidente Vladímir Putin y negarse a condenar la invasión. No obstante, el teatro milanés siempre ha defendido la necesidad de no reprimir la cultura por las vicisitudes de la política.

Aquel año inauguró su temporada lírica con el 'Boris Godunov' de Modest Músorgski, en una velada que contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, y la última apertura la ha dedicado a Dmitri Shostakóvich.