La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, ha acusado este miércoles al PSOE de presidir el "Gobierno de la vergüenza" y de actuar como "abogado defensor de los golpistas" en Cataluña. Por eso, le ha pedido que "rectifique", recuperen la "dignidad" y convoquen elecciones "ya".

Así se ha pronunciado Montserrat en la sesión de control al Gobierno del Congreso, donde también ha recriminado a Calvo que, siendo vicepresidenta y ministra de Igualdad haya "querido mancillar" el pacto de Estado en la lucha contra la violencia de género con un enmienda "mordaza" para anular el veto del Senado al techo de gasto. La Mesa del Congreso, con los votos del PP y Cs, tumbó el pasado martes esa posibilidad.

En su respuesta, Calvo ha afeado a la portavoz del PP que cambie su pregunta porque iba a interrogar al Gobierno sobre el cumplimiento de las reglas del juego. Y a este respecto, ha recordado lo que hizo el PP el 21 de mayo de 2013 cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy enmendó una ley relativa a regeneración y rehabilitación urbana con un asunto de "seguridad aérea", algo que "no tenía nada que ver".

Según ha explicado, entonces el presidente Jesús Posada contestó que el Reglamento ni otro precepto atribuyen a la Mesa de la Cámara Baja la competencia de revisar la decisión con respecto a la calificación de las enmiendas. "Le ofrezco esas reglas de juego suyas, las mismas para nosotros. Se llama seguridad jurídica, se llama democracia", ha enfatizado, cosechando un aplauso de la bancada socialista.

Leer y escuchar a una “amiga entrañable” del padre del rey de España el relato detallado de cómo el entonces jefe del Estado habría exigido comisiones millonarias por los contratos de empresas españolas para la construcción del AVE a La Meca; o de cómo habría utilizado a testaferros para efectuar ingresos millonarios en Suiza; o de cómo el mismísimo jefe de los servicios de inteligencia españoles habría amenazado de muerte a Corinna si desvelaba lo que sabía de Juan Carlos de Borbón… es sumergirse en el alcantarillado de un sistema corrupto. No se trata sólo de quienes extraían recursos públicos para sus bolsillos o los de sus amigos y cómplices, sino de todos aquellos que conocían los negocios en torno a la Corona y preferían desviar la mirada y silbar con la excusa de no perjudicar a la Marca España.

No se trata sólo de justicia, que también. “De haber tenido la información que tenemos hoy, habría llamado a Corinna como testigo”, ha reconocido a infoLibre José Castro, el juez instructor del caso Nóos, al saber que la aristócrata alemana dice haber sido testigo de cómo el exmonarca pedía contratos para la sociedad dirigida por su yerno, hoy en prisión. Se trata sobre todo de credibilidad democrática. Para fortalecer el sistema no basta con sustituir el bipartidismo por el cuatripartidismo. Un parlamento fraccionado es una consecuencia más del citado descrédito institucional, que no afecta sólo a la política sino al sistema judicial, a los oligopolios de las grandes empresas o al ecosistema mediático, contaminado hasta el cuello por la pestilencia de esas mismas cloacas.

Es un enorme ejercicio de hipocresía escandalizarse ahora por unas grabaciones que ven la luz cuando un excomisario de Policía encarcelado decide que le interesa soltar unas cuantas miguitas (incluso hogazas enteras) para poner de los nervios a supuestos guardianes del sistema. Ante unas filtraciones evidentemente interesadas cabe hacerse (o hacernos) algunas preguntas:

Se puede (y se debe) encarcelar a Villarejo, al Gordo y al flaco a la luz de tantos indicios de que han delinquido precisamente los encargados de hacer cumplir la ley. Pero no es sostenible el espeso silencio institucional de quienes pretenden seguir dando largas o esquivando acusaciones tan graves como si fueran simples cotilleos de alcoba. Todavía seguimos esperando una explicación transparente de la Casa del Rey sobre aquella cuenta millonaria que Juan Carlos I heredó de su padre en Suiza. Y a partir de ahí, continuamos a la espera de detalles sobre la cuenta Soleado, la Obispado y otras tramas que conectan la Gürtel con el caso Corinna como cañerías de un mismo sistema corrupto. La inviolabilidad absoluta del Jefe del Estado fue uno de esos errores flagrantes de nuestra “modélica” transición. La “chapuza” jurídica que envolvió la abdicación del rey emérito (en palabras del entonces presidente del Congreso Jesús Posada) no debería desembocar en otra amnesia colectiva. Es imposible dar credibilidad a una segunda transición si se mantiene el alcantarillado de la primera y el hedor que aún despide.

La Fiscalía de Madrid ha presentado este viernes una querella contra Blanca de la Mata, esposa del expresidente del Congreso de los Diputados Jesús Posada, y cuatro de sus familiares por un delito fiscal cifrado en casi seis millones de euros que habrían repatriado entre 2005 y 2013 "a través de operaciones simuladas consistentes en la venta de acciones y ampliaciones de capital", informa Europa Press.

La querella, presentada por la Fiscalía de Madrid ante los Juzgados de Instrucción ordinaria y que aún se tiene que turnar, es consecuencia de las diligencias de investigación que inició el Ministerio Público el pasado 12 de marzo tras recibir de la Agencia Tributaria cinco informes-denuncia, uno por cada uno de los querellados.

La Fiscalía encuentra indicios de la comisión de cinco delitos contra la Hacienda pública y apunta que la cuota defraudada en el IRPF de 2012 por cada uno de ellos asciende a 1.000.230,64 euros, para el caso de Pelayo de la Mata; 997.185,40 euros en José Manuel de la Mata; 997.760,57 euros en Blanca de la Mata; 1.016.973,54 euros en Teresa Valeria Martín de la Mata; y 1.001.295,35 euros para María Isabel de la Mata. Así, pide que se declare como responsable civil subsidiaria la empresa de bebidas alcohólicas de la que son socios Varma S.L.

Todos los querellados son socios y partícipes a partes iguales en las sociedades Varma S.L. y Sixservix Omega S.L. y titulares reales a partes iguales de los fondos remansados en la entidad instrumental Food Choice Investment STD, que se fue incorporando al accionariado de la primera entre 2005 y 2009. De esta forma cada uno de los hermanos llegó a ostentar un 17,43 por ciento del capital social de Varma, y Foodchice el 12,86 por ciento restante, habiendo satisfecho esta última por dichas acciones el montante total de 5.850.998,80 euros.

Según el relato de la Fiscalía, en el año 2009 los querellados vendieron parte de sus acciones en Varma -entonces S.A:- a favor de esta sociedad inglesa, percibiendo en el año 2012 cada uno de ellos la cantidad de 100.000 euros en concepto de precio aplazado. La venta fue absolutamente simulada, según afirma la querella por cuanto la sociedad Foodchoice era de carácter claramente instrumental, perteneciendo a los socios de Varma.

Consecuencia de esta operación, cada uno de los querellados consiguieron repatriar a España capital extranjero desde Foodchoice sin contraprestación real, ya que las participaciones de Varma seguían bajo el control de la familia.

Fusión por absorción de empresas

El relato continúa en 2012, cuando la sociedad Sixservix —dedicada a la asesoría informática y el negocio inmobiliario— fue objeto de absorción por parte de Varma, lo que supuso la transmisión de 2000 participaciones. Esta operación no se declaró y tenía según la Fiscalía un propósito de fraude fiscal porque cada uno de los querellados debió integrar en su declaración del IRPF de dicho ejercicio las plusvalías generadas en la transmisión de las participaciones: 3.528.257,77 euros.

Ese mismo año, en el mes de enero, Varma se había transformado de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada. Como consecuencia de ello, en la fusión ya no era necesaria la intervención de un experto independiente valorase las participaciones de las sociedades absorbente y absorbida a valor real.

Según explica la Fiscalía en su querella, la fusión carecía de dicha motivación económica real y tenía como objetivo diluir la participación formal de Foodchoice en Varma para, entre otras ventajas, evitar mención alguna a la sociedad británica en las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades de la sociedad de bebidas y eludir también la declaración ante la Dirección General de Comercio en lo relativo a inversiones extranjeras en España.

En cuanto a las consecuencias fiscales en los respectivos IRPF fruto de la fusión, los querellados transmitieron participaciones de Sixservix recibiendo participaciones de Varma. Ello supuso una alteración de su patrimonio y una ganancia patrimonial a integrar en la base imponible del ahorro de cada uno de los presuntos defraudadores, al derivarse la plusvalía de la transmisión de elementos patrimoniales de su titularidad. No obstante, no tributaron por estos beneficios.

María Dolores de Cospedal otorgó dos convenios al Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, es decir, al organismo autónomo de la Universidad Rey Juan Carlos que organizó el máster que mantiene a Cristina Cifuentes al borde del precipicio.

La ministra de Defensa y número dos del PP suscribió personalmente el primero de esos dos acuerdos en 2002 cuando era subsecretaria de Administraciones Públicas en el Gobierno de Aznar.

En abril de 2006, dos meses antes de abandonar su puesto como consejera de Transportes en el Ejecutivo de Esperanza Aguirre para lanzarse a disputar la Presidencia de Castilla-La Mancha al PSOE, Cospedal dio vía libre al segundo convenio, que garantizaba al IDP 40.000 euros. ¿A cambio de qué? De una serie de tareas genéricas de asesoramiento jurídico y por la elaboración, en tres meses, de una "ley de movilidad de la Comunidad de Madrid". Fuentes que en esa época conocían de primera mano los engranajes del departamento de Transportes aseguran que jamás tuvieron noticia de un solo papel que pudiera considerarse como borrador o estudio preliminar de una futura ley de movilidad, aunque no descartan que llegase a existir algún tipo de documento de esas características.

Portavoces de la ministra aseguraron este viernes que, dados los años transcurridos, Cospedal no recuerda "los términos económicos" del primero de esos dos acuerdos, es decir, el rubricado por ella misma como subsecretaria de Administraciones Públicas bajo el mandato ministerial de Jesús Posada. Sorprendentemente, el "convenio marco"  no detalla cuánto recibiría la Rey Juan Carlos y su entonces incipiente IDP. Como tampoco especifica las tareas concretas asignadas al instituto que ya entonces dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde.

Cospedal, dijo su entorno, tampoco conoce los resultados del segundo convenio, el correspondiente a su época como consejera de Aguirre, dado que el seguimiento de su contenido le correspondió "al equipo posterior". En junio de 2006, Cospedal, que acababa de ser madre, dejó la política madrileña. La sucedió en la Consejería de Transportes Elvira Rodríguez, hoy presidenta de la empresa pública estatal Tragsa.

A la pregunta de por qué la ahora ministra creyó oportuno suscribir ambos convenios, las fuentes consultadas por infoLibre se limitaron a responder, en el primer caso, que "el Instituto también firmó acuerdos con otros Ministerios e instituciones", como se refleja en la memoria del curso 2002-2003, de la que este diario envió a su equipo una copia obtenida de la web oficial del IDP. En lo que concierne al segundo convenio, el fraguado en su etapa como consejera de Transportes de Madrid, la respuesta fue esta: "Era un instituto acreditado en Derecho Público, tal como lo demuestra el número de convenios firmados con la administración a lo largo de años". 

Convenio de 60.000 euros con Trabajo

El equipo de Cospedal no lo menciona de forma expresa. Pero su alusión a que ya en el bienio 2002-2003 el IDP se benefició de otros acuerdos va dirigida al convenio suscrito en ese mismo periodo con el Ministerio de Trabajo y que reportó al instituto nada menos que 60.000 euros, no se sabe exactamente a cambio de qué: han sido inútiles todos los intentos de recabar, directamente o a través de la Rey Juan Carlos, la versión del controvertido instituto universitario a lo largo de esta semana. Por razones que la memoria del IDP no detalla, el convenio con el Ministerio de Trabajo no lleva fecha. Pero necesariamente tuvo que firmarse ya en la etapa de Eduardo Zaplana -nombrado titular de Trabajo en julio de 2002- dado que lo firma quien a partir de su toma de posesión ocupó el puesto de subsecretario, José María Olano.

El segundo de los acuerdos vinculados a Cospedal se canalizó en abril de 2006 a través del ya extinto Mintra -el ente público que gestionaba las infraestructuras de transporte de Madrid. Su articulado garantizaba al IDP 40.000 euros a cambio de, entre otras tareas más difusas, elaborar una Ley de Movilidad. Fuentes que conocían de primera mano en esa época el funcionamiento interno de Mintra niegan haber tenido jamás la menor noticia de ningún texto que pudiera conceptuarse como borrador o proyecto de Ley de Movilidad.

Gran defensora de la presidenta de Madrid desde que salieron a la luz los primeros indicios de que Cifuentes había logrado el máster en Derecho Público del Estado Autonómico sin cumplir los requisitos obligados -"defendamos lo nuestro y a los nuestros", exhortó al PP en la convención de hace una semana- , Cospedal firmó el primer convenio con el IDP el 23 de abril de 2002.

En aquel momento, el IDP funcionaba de facto como un tentáculo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pero faltaban aún tres años para que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre aprobase su creación formal y lo dotase de personalidad jurídica propia. A partir de abril de 2005. No obstante y además de por Enrique Otero, a quien el hoy magistrado del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano sucedió como rector de la Rey Juan Carlos ese mismo año, el convenio fue suscrito por el catedrático Enrique Álvarez Conde, cuya suspensión como director del IDP anunció la universidad madrileña este mismo viernes.

El retrato del popular Jesús Posada, quien presidió el Congreso entre 2011 y 2015, se colgará el próximo lunes, 18 de septiembre, en la Galería de Presidentes de la Cámara Baja. El cuadro, realizado por el pintor Ricardo Sanz López, ha costado 66.000 euros, IVA incluido, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

La intención inicial de Posada, ahora presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, es que el retrato se incorporase a la galería donde lucen los de todos sus antecesores en la primera quincena del presente mes, pero finalmente la fecha elegida ha sido el día 18 a las 19.00 horas.

A diferencia de su antecesor, el socialista José Bono, quien prefirió colgar su cuadro en un acto secreto, Posada tiene intención de convocar a la prensa. Además, estará acompañado de su familia e invitará a la actual presidenta de la Cámara, la también popular Ana Pastor.

También podría estar presente su autor, el pintor donostiarra Ricardo Sanz, quien fue el primer retratista de los actuales Reyes cuando aún eran Príncipes de Asturias.

El de Bono costó 82.600 euros

El presidente del Congreso que sucedió a Posada fue el socialista Patxi López, quien sólo ocupó este puesto entre enero y mayo de 2016, los cinco meses que duró la legislatura fallida por la falta de acuerdo para la investidura de un presidente del Gobierno.

López tendrá también su cuadro en la Galería de Presidentes, pero la Mesa del Congreso aún no ha fijado presupuesto, y él tampoco ha elegido a la persona que quiere que le inmortalice como tercera autoridad del Estado.

El último retrato que se colgó en el Palacio del Congreso, en julio de 2015, fue el de Bono, pintado por el madrileño Bernardo Pérez Torrens y que costó 82.600 euros. El acto de colocación no se comunicó a los medios de comunicación y Bono sólo estuvo acompañado de Posada.

El de Marín, casi 25.000

El antecesor de Bono, su compañero de partido Manuel Marín, ni siquiera estuvo presente cuando se colgó el suyo. Marín rompió la tradición y, en lugar de ser pintado, prefirió un retrato fotográfico que encargó a la reputada fotógrafa Cristina García Rodero y que costó tres veces menos que el de su sucesor: 24.780 euros.

Los retratos de Bono y Marín fueron presupuestados el mismo día por la Mesa del Congreso y su precio generó polémica puesto que España estaba inmersa en plena crisis económica. El tema dio hasta para un debate parlamentario.

Fue en la Comisión de Cultura del Congreso donde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) pactó una proposición no de ley con el PSOE para instar al Gobierno a implantar "otros métodos de elaboración" de los retratos oficiales que resultasen "menos onerosos para el Estado" y apostaba, en concreto, por extender el uso de fotografías. La iniciativa fue rechazada por el PP, que entonces contaba con mayoría absoluta.

El retrato de Jesús Posada (PP), quien presidió el Congreso entre 2011 y 2015, se colgará este mes de septiembre en la Galería de Presidentes de la Cámara Baja . El cuadro, realizado por el pintor Ricardo Sanz López, ha costado 66.000 euros, IVA incluido, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

La intención de Posada, ahora presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, es que el retrato se incorpore a la galería donde lucen los de todos sus antecesores el presente mes y, aunque aún no se ha fijado una fecha concreta, su idea es hacer la inauguración en la primera quincena.

A diferencia de su antecesor, el socialista José Bono, quien prefirió colgar su cuadro en un acto secreto, Posada sí convocará a la prensa, estará acompañado de su familia e invitará a la actual presidenta de la Cámara, la también política del PP Ana Pastor.

También podría estar presente su autor, el pintor donostiarra Ricardo Sanz, quien fue el primer retratista de los actuales reyes cuando aún eran Príncipes de Asturias.

El de Bono costó 82.600 euros

El presidente del Congreso que sucedió a Posada fue el socialista Patxi López, quien sólo ocupó este puesto entre enero y mayo de 2016, los cinco meses que duró la legislatura fallida por la falta de acuerdo para la investidura de un presidente del Gobierno.

López tendrá también su cuadro en la Galería de Presidentes, pero la Mesa del Congreso aún no ha fijado presupuesto, y él tampoco ha elegido a la persona que quiere que le inmortalice como tercera autoridad del Estado.

El último retrato que se colgó en el Palacio del Congreso, en julio de 2015, fue el de Bono, pintado por el madrileño Bernardo Pérez Torrens y que costó 82.600 euros. El acto de colocación no se comunicó a los medios de comunicación y Bono sólo estuvo acompañado de Posada.

Y el de Marín casi 25.000

El antecesor de Bono, su compañero de partido Manuel Marín, ni siquiera estuvo presente cuando se colgó el suyo. Marín rompió la tradición y, en lugar de ser pintado, prefirió un retrato fotográfico que encargó a la reputada fotógrafa Cristina García Rodero y que costó tres veces menos que el de su sucesor: 24.780 euros.

Los retratos de Bono y Marín fueron presupuestados el mismo día por la Mesa del Congreso y su precio generó polémica puesto que España estaba inmersa en plena crisis económica. El tema dio hasta para un debate parlamentario.

Fue en la Comisión de Cultura del Congreso donde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) pactó una proposición no de ley con el PSOE para instar al Gobierno a implantar "otros métodos de elaboración" de los retratos oficiales que resultasen "menos onerosos para el Estado" y apostaba, en concreto, por extender el uso de fotografías. La iniciativa fue rechazada por el PP, que entonces contaba con mayoría absoluta.

La Mesa del Congreso ha iniciado este martes los trámites para encargar el retrato del que fuera su presidente durante la décima legislatura, el conservador Jesús Posada, una obra que, como máximo podrá costar 66.000 euros y que, según ha avanzado a Europa Press el propio diputado del PP, realizará el retratista Ricardo Sanz.

En concreto, el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha iniciado el procedimiento negociado sin publicidad para la concesión del contrato, con un precio de licitación de 60.000 euros, a los que hay que añadir el 10% de IVA.

Habitualmente es el propio homenajeado el que propone la realización de la obra al artista que él elija. En este caso, el elegido es el donostiarra Ricardo Sanz, quien fue el primer retratista de los actuales Reyes cuando aún eran Príncipes de Asturias.

Los dos últimos cuadros que entraron a formar parte de la Galería de Presidentes fueron los de los socialistas Manuel Marín, que presidió la Cámara entre 2004 y 2008 y José Bono, que lo hizo entre 2008 y 2011.

El de Bono costó 82.600 euros

Marín rompió la tradición y en lugar de un cuadro optó por un retrato fotográfico que encargó a la fotógrafa Cristina García Rodero, premio Nacional de Fotografía y Medalla de las Bellas Artes, que se convirtió en la primera mujer con una obra en la Galería de Presidentes.

Aquella imagen se colgó en el Congreso en abril de 2014 sin organizar ningún acto oficial, por expreso deseo de Marín. La fotografía costó 24.780 euros, un precio muy por debajo del coste del resto de cuadros que componen la galería.

De hecho, costó tres veces menos que el retrato de su sucesor, José Bono, que ascendió a 82.600 euros y que lleva la firma pintor hiperrealista Bernardo Torrens, autor también del cuadro de Félix Pons, que forma parte de la Galería de Presidentes. El cuadro de Bono se colocó en julio de 2015 también sin boato ni medios de comunicación en un acto al que solo asistieron el retratado y su sucesor.

El presidente del Congreso, Patxi López, se trasladó a la residencia oficial que le corresponde por su cargo institucional y lo hizo "por motivos de seguridad", según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

La vivienda, un edificio situado en el céntrico barrio de Los Jerónimos, se encontraba deshabitada desde finales 2011. Su último inquilino fue el socialista José Bono, quien la utilizó de forma ocasional porque la mayoría de los días viajaba hasta su domicilio familiar en Toledo.

López tiene alquilado un piso en un céntrico barrio de Madrid, si bien los servicios de seguridad consideran que no reúne las medidas necesarias para garantizar su protección, por lo que le recomendaron trasladarse a la residencia reservada para los presidentes del Congreso.

Asumirá los gastos personales de manutención

Las fuentes consultadas subrayaron que ese traslado no implicará ningún aumento de los gastos que el mantenimiento de esa vivienda ya tenía, puesto que el exlehendakari va a hacerse cargo de los gastos personales de manutención.

Su antecesor en el cargo, el popularJesús Posada, renunció al inicio de la pasada legislatura a hacer uso de esa vivienda, en su caso por contar con residencia propia en Madrid. Lo mismo hizo el presidente del Sernado, Pío García Escudero, que siempre vivió en la capital española.

La Mesa del Congreso de los Diputados es el órgano de gobierno de la Cámara y está integrada por nueve parlamentarios, que también forman parte de la Comisión de Reglamento, una actividad que permite que sus señorías complementen sus ingresos mensuales con cantidades que van desde los 697,65 hasta los 1.431,31 euros según el cargo. Todo ello en 14 pagas. Durante la pasada legislatura, esos nueve miembros de la Mesa se embolsaron 441.429.07 euros por ocupar un puesto en dicha Comisión de Reglamento, que sólo se reunió en dos ocasiones en cuatro años. En total, 49.047,67 euros de media por cada uno de los nueve diputados.

La Mesa de la Comisión de Reglamento copia, en cuanto a sus miembros y a su estructura, a la Mesa del Congreso.

La frecuencia de reuniones de la Comisión de Reglamento figura en la página web del Congreso de los Diputados. Constituida el 17 de enero de 2012 y disuelta el 27 de octubre de 2015, fue convocada únicamente dos veces en toda la legislatura: el mismo 17 de enero de 2012[consulta aquí el diario de sesiones] con el único objeto de ser constituida y el 24 de abril de 2013 para dar luz verde a la ponencia encargada de trabajar en una reforma del Reglamento de la Cámara que al final no llegó a buen puerto.

Aquel 24 de abril de 2013, Jesús Posada, entonces presidente de la Cámara baja y de la Comisión de Reglamento, admitió que era la "primera vez" que se reunía desde las elecciones de noviembre de 2011. Habían pasado, pues, quince meses sin actividad. Pero los miembros de la Mesa habían estado cobrando por pertenecer a esa Comisión de Reglamento que no se reunía.

En definitiva, las dos reuniones celebradas por la Comisión de Reglamento durante la pasada legislatura fueron de trámite, y apenas duraron unos minutos.

Hay que destacar que la décima legislatura no ha sido atípica en lo que tiene que ver con la escasa actividad de esta Comisión de Reglamento. En la novena, comprendida entre los años 2008 y 2011, dicho órgano sólo se reunió en una ocasión. Fue el 5 de mayo de 2008, según figura en la página web de la Cámara. Pero esto no fue óbice para que los presupuestos del Congreso destinasen más de 385.000 euros para pagar complementos a sus integrantes.

Este tipo de ingresos extra para los miembros del órgano de Gobierno del Congreso no son muy conocidos por muchos de sus compañeros de escaño, tal y como ha podido comprobar infoLibre. Un desconocimiento al que contribuye el hecho de que las nóminas no sean públicas. Aquellas que han visto la luz ha sido gracias a la voluntad de los interesados.

Compatibilidad de ingresos

En el Congreso de los Diputados no hay constancia de que ninguno de los miembros de la Mesa haya renunciado en su día a las cantidades que les correspondían por su puesto en la Comisión de Reglamento. De hecho, el régimen económico y de ayudas de los diputados considera compatible cobrar los complementos por ser miembro de la Mesa y por ser presidente, vicepresidente o secretario de una comisión.

Estos complementos se suman al sueldo base de los parlamentarios, conocido como "asignación constitucional", fijado la pasada legislatura en los 2.813,87 euros y a la "indemnización" –dieta– que, también en 14 pagas, reciben en función de la circunscripción por la que fueron elegidos. Esta cantidad, libre de impuestos, está fijada en 870,86 euros para los parlamentarios que fueron en la lista de Madrid y en 1.823,86 euros para el resto.

El cargo mejor pagado de una comisión es el presidente. En la de Reglamento le correspondió al conservador Jesús Posada. Con el régimen de retribuciones en la mano y teniendo en cuenta que esta echó a andar el 17 de enero de 2012 y se disolvió el 27 de octubre de 2015, el dirigente conservador habría percibido 53 mensualidades de 1.431,31 euros cada una. Es decir, 75.859,73 euros en total. Sólo en concepto de su cargo como presidente de la Comisión de Reglamento, que se reunió dos veces en cuatro años durante unos minutos.

Tras el presidente, los segundos mejor pagados en el escalafón de una comisión son los vicepresidentes. En la pasada legislatura, ese puesto lo ocuparon en la Mesa y en la Comisión de Reglamento Celia Villalobos (PP, vicepresidenta primera), Jaime Javier Barrero López (PSOE, vicepresidente segundo), Dolors Montserrat (PP, vicepresidenta tercera) y Jordi Jané (CiU, vicepresidente cuarto). Cada uno de ellos se embolsó 1.046,48 euros al mes en catorce pagas, por el cargo en la comisión, lo que suma 55.463,44 euros en toda la X legislatura.

Hay que señalar que en el caso de Jordi Jané la cantidad fue algo menor –en todo caso por encima de los 50.000 euros en total– ya que dejó el cargo el 22 de junio de 2015, cuatro meses antes de que fuesen disueltas las Cortes para las elecciones del 20-D. Jané ocupó además varias portavocías de comisión, cuyo complemento es exactamente el mismo que el de un vicepresidente de comisión. En los casos en los que los parlamentarios acumulan varios cargos por los que les corresponderían ingresos extra, la Cámara no hace público por cuál de ellos se decantan, ya que sólo pueden cobrar por uno de esos puestos. La norma general, según coinciden diputados de diferentes grupos consultados por infoLibre, es que se decanten por la cantidad más alta.

Los cuatro secretarios de la Mesa durante la pasada legislatura –Ignacio Gil Lázaro (PP), Carmela Silva (PSOE), Teresa Cunillera (PSOE) y Teófilo de Luis (PP)– tenían establecido un complemento salarial de 697,65 euros al mes en 14 pagas por su pertenencia a la Comisión de Reglamento. Esta cantidad habría reportado a cada uno de ellos 36.975,45 euros en total. Hay que precisar que Teófilo de Luis no fue secretario cuarto durante toda la legislatura. Ostentó este cargo desde el 20 de diciembre de 2012. Le había precedido Santiago Cervera, que dejó el escaño tras verse salpicado por un presunto caso de chantaje al expresidente de Caja Navarra, causa de la que fue absuelto el pasado junio.

No todos los miembros asisten a las ponencias

Tanto en el PP como en el PSOE insisten en que los miembros de las comisiones realizan "mucho más trabajo" del que queda rastro en los boletines oficiales y subrayan que, concretamente la de Reglamento, dio lugar a una ponencia para la reforma de las normas de funcionamiento de la Cámara que, pese a que no llegó a ningún acuerdo antes de que finalizase la legislatura, se reunió en varias ocasiones. Estas reuniones fueron a puerta cerrada y no hay constancia de lo que se comentó en ellas en las publicaciones del Congreso. 

Integrantes de esta ponencia consultados por infoLibre señalan que no todos los miembros de la Comisión de Reglamento acuden a estas reuniones. "Por lo general suele estar el presidente o la persona en la que haya delegado y otro miembro más de la Mesa", señala un parlamentario que fue ponente.

La ponencia se constituyó el 24 de abril de 2013 y no se reunió por primera vez hasta el 12 de febrero de 2014. Después volvería a reunirse en otras cuatro ocasiones más, según asegura una de las parlamentarias que fue ponente: 22 de septiembre, 24 de noviembre, 17 de diciembre y 25 de marzo de 2015.

En todo caso, los miembros de la Mesa cobran por ser miembros de la Comisión de Reglamento, con independencia de que se constituya o no alguna ponencia. De hecho, en la mayoría de legislaturas no se creó ninguna.

Sin cambios en la nueva legislatura

Desde el 13 de enero de 2016, día de la constitución de las Cámaras, ninguno de los grupos parlamentarios con representación en la Mesa ha planteado nada respecto a los complementos salariales que conlleva ocupar también los principales cargos de la Comisión de Reglamento. Tampoco hay noticia de que en legislaturas anteriores haya habido algún tipo de debate al respecto.

Fuentes del Grupo Parlamentario Popular mantienen que, en todo caso, lo que se ha hecho ha sido respetar lo que establece el régimen de retribuciones. Es decir, insisten en que es legal el cobro de esas cantidades por formar parte de un órgano parlamentario que prácticamente no tiene actividad.

La Presidencia de Congreso y Senado en manos del PP ya es historia. Atrás quedó la mayoría absoluta de la legislatura 2011-2015. En esta, la que arrancó tras las generales del 20 de diciembre, el Partido Popular sólo dispondrá de la presidencia del Senado. Y el candidato vuelve a ser el mismo: Pío García-Escudero.

Según sostuvo Rajoy este martes ante la Junta Directiva Nacional del PP, "no hay un acuerdo cerrado". Pero, añadió que, en principio, "el PP tendría tres [puestos de la Mesa del Congreso], Ciudadanos, dos; el PSOE, dos y Podemos, dos". La Presidencia de la Cámara sería para el PSOE y para su partido la vicepresidencia primera y la secretaría primera.

Celia Villalobos, Ana Romero y Alicia Sánchez Camacho

ocuparían los tres puestos del PP en la Mesa del Congreso, Cámara que presidirá el socialista Patxi López.

"En el Senado, el portavoz [será] José Manuel Barreiro y el secretario Javier Arenas; y en el Congreso, el portavoz Rafael Hernando Portavoz y secretario José Antonio Bermúdez de Castro", añadió Rajoy. Continuidad con una única novedad, la de Javier Arenas.

Con este paso, Rajoy cumplía con los trámites de informar a la plana mayor del partido sobre los nombres que propondrá su formación este miércoles en la sesión constitutiva de sendas Cámaras.

Sólo un día después de las elecciones, cuando los conservadores vieron que su mayoría era muy raquítica, ya empezó a instalarse en el Partido Popular la idea de que presidir el Congreso de los Diputados era una competencia que tenía pocas papeletas de recaer sobre ellos. Pese a ello, el mensaje puertas afuera de todas estas semanas ha sido el de que les correspondía seguir ocupando ese puesto porque habían sido la formación más votada.

Ningún problema tendrá el PP, por el contrario, para retener la Presidencia del Senado, Cámara en la que sí retienen la mayoría absoluta.

Además de insistir en su mensaje respecto a Cataluña de los últimos días, Rajoy  lanzó un mensaje en clave interna. "Vamos a convocar el Congreso Nacional del partido cuando se despeje la situación a nivel nacional, cuando haya un Gobierno. Después convocaremos todos los Congresos regionales y todos los Congresos provinciales en el periodo de tiempo más corto posible para, a partir de entonces, comenzar a continuar con lo que es la propia actividad partidaria. Creo que esto es lo más razonable, creo que es lo más ordenado y creo que es lo menos arriesgado y pido el apoyo de todos para esto".

Con estas declaraciones, Rajoy intenta lanzar un mensaje de continuidad. Y cortar esa tesis que apunta a que podría ceder su puesto a otro cargo del PP para facilitar su investidura. Estatutariamente, en el caso de convocarse nuevas elecciones Rajoy volvería a ser el candidato. Así quedó establecido en el XVI Congreso Nacional del PP de junio de 2008.

El proceso

El Congreso y el Senado resultantes de los comicios se constituirán el próximo 13 de enero, según quedó por escrito en el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de los comicios aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 26 de octubre. Esto ocurre un día antes de la fecha tope para que las Cámaras puedan echar a andar, ya que la normativa determina que tendrán que constituirse en los veinticinco días posteriores a la celebración de las elecciones.

Las sesiones constitutivas comenzarán a las 10 de la mañana. El primer paso será elegir a los miembros del órgano de Gobierno de Congreso y Senado. Será presidente la persona que obtenga la mayoría absoluta de los votos. Es posible que los sustitutos de Jesús Posada y Pío García Escudero no sean elegidos en la primera votación, si no se configuran pactos para formar una mayoría absoluta a lo largo de la tarde de este martes. Esto llevaría a una segunda ronda entre los dos candidatos que en cada Cámara hayan logrado más apoyos, en la que basta con la mayoría simple.

Acto seguido, los elegidos para integrar las Mesas ocuparán sus puestos y los nuevos presidentes solicitarán a los parlamentarios electos que juren o prometan acatar la Constitución.

Pero todavía queda lo más complicado. Una vez constituidas las Cámaras, el presidente del Congreso informa al rey y éste abrirá una ronda de contactos con las formaciones que hayan obtenido representación parlamentaria para poder proponer al candidato a La Moncloa. Una vez decidido, se comunica el nombre al presidente de la Cámara baja para que busque fecha para el Pleno de investidura.

No hay un plazo fijo para la convocatoria de la sesión de investidura. La costumbre marca que tenga lugar unas dos semanas después de la constitución de las Cámaras, lo que nos llevaría a finales de enero o principios de febrero. En esa sesión, el candidato propuesto expone su programa y los demás portavoces parlamentarios hacen uso del turno de palabra.

El candidato resulta elegido si consigue la mayoría absoluta, ubicada en 176 escaños. Si no lo logra habrá una nueva votación dos días después. En esta bastará con mayoría simple (más votos a favor que en contra). Pero puede ocurrir que no quede solucionado ese día y que tengan que celebrarse más sesiones. En el caso de que transcurran dos meses sin investir presidente tendrían que convocarse nuevas elecciones.

Felipe VI tiene las manos libres para marcar, al menos en primera instancia, el calendario político de las próximas semanas. Y es que la Constitución establece que el rey tiene la misión de reunirse con los representantes de los diferentes grupos políticos con la finalidad de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno, pero no plantea ningún plazo para ello, lo que en la práctica implica que el monarca goza de discrecionalidad para tomarse el tiempo que quiera hasta someter a votación la opción de uno de los líderes en el Congreso de los Diputados.

En un escenario político tan fragmentado como el que arrojaron las elecciones del pasado 20 de diciembre, cada punto del procedimiento a seguir para la elección de órganos como la Mesa del Congreso o la propia Presidencia del Gobierno se están siguiendo con lupa, ya que lo inédito de la situación ha abierto varios interrogantes. Con respecto a la investidura de un presidente del Gobierno, la Carta Magna únicamente establece que "después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno".

Si este candidato no obtuviera mayoría absoluta en la Cámara Baja en la primera votación, se celebraría una segunda 48 horas después en la que le valdría con mayoría simple para ser investido. Pero si la mayoría de votos son negativos, la Constitución establece un plazo de dos meses para alcanzar un acuerdo antes de que se convoquen elecciones de nuevo. A lo que no hace referencia en ningún momento es al plazo que tiene el rey para proponer al candidato que entienda que cuenta con más apoyos para la primera votación, si bien la costumbre hasta ahora ha sido que el jefe del Estado lo hiciera entre 10 y 15 días después de la constitución de las Cortes, que se efectuará este miércoles.

No obstante, los expertos admiten que la "falta de regulación" en este sentido supone que el rey contará con un amplio margen de discrecionalidad a la hora de conducir las conversaciones, aunque aseguran que el papel del monarca debería ser imparcial en la negociación. "En principio, el rey no tiene ningún papel activo, porque estamos en una monarquía parlamentaria donde no tiene poderes políticos", explica Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco (UPV). "El problema", sostiene el experto, viene al intentar "trazar la línea roja" entre tutelar las conversaciones e influir en ellas, tal y como pidió públicamente este lunes el presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, que planteó que el rey debería "propiciar un pacto" entre PP y Ciudadanos con la abstención del PSOE.

El presidente del Congreso podría "apremiar" al rey

"Al final, el rey no es un robot ni un armario y habla con los candidatos", señala Vírgala, que afirma que la Constitución no puede evitar que el rey influyera en la posible negociación pero se muestra escéptico con la posibilidad de que Felipe VI de un "impulso activo" a cualquiera de las posibilidades de formar Gobierno. "Por la propia estabilidad de la institución, cuanto menos intervenga el rey, mejor, porque constitucionalmente sería muy dudoso que pudiera hacerlo", zanja.

En cualquier caso, y pese a que el rey disponga del tiempo que considere oportuno para proponer al candidato que crea que tiene más apoyo del Congreso, habría una figura que podría presionarle para que no dilatase en exceso su decisión: el presidente de la Cámara Baja, que se elegirá el próximo miércoles. Así lo opina al menos Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que señala que la misión de este cargo es ser "garante del régimen parlamentario".

Hoy por hoy, el único candidato confirmado para este puesto es Patxi López, por parte del PSOE, que está negociando para obtener el apoyo de Podemos o Ciudadanos para escoger al exlehendakari. En cualquier caso, Escudero afirma que la Mesa del Congreso –el órgano que gestiona su funcionamiento y que está presidido por el presidente de la Cámara– podría pronunciarse sobre el "vacío normativo" del que adolece la Constitución con respecto al tiempo que puede tomarse el rey para proponer un candidato, "apremiando" al monarca si los tiempos se dilatan.

El Gobierno podría paralizar parte de las iniciativas

También será misión de la Mesa del Congreso pronunciarse sobre otra de las dudas que genera la actual situación de fragmentación en el panorama político: si se pueden tramitar o no iniciativas legislativas mientras no se elija un Gobierno. Tanto Escudero como Vírgala afirman que no existe inconveniente normativo al respecto, aunque ambos avisan de que si la proposición de ley que presentara un grupo parlamentario conllevase una modificación del presupuesto sería posible que el Gobierno en funciones impidiera su tramitación.

Así lo establece el artículo 134.6 de la Constitución, que establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". "Se podría tramitar la derogación de la ley mordaza, pero no un paquete de medidas que supusieran un coste económico", ejemplifica Escudero, que sin embargo señala que la Mesa juega un papel clave a la hora de decidir qué iniciativas siguen adelante y cuáles no.

Con él se muestra de acuerdo Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia (UV), que explica que este órgano "no tiene un poder estricto de decisión", pero sí que se encarga de "cuestiones de procedimiento o calificación" de los escritos que presentan los diputados. Y el presidente del Congreso, que es quien convoca la Mesa –aunque no tiene esta competencia en exclusiva– puede influir a la hora de tramitar las iniciativas de los grupos dependiendo de la actitud que mantenga al respecto.

El cuadro de Juan Genovés El abrazo (1976), considerado uno de los símbolos pictóricos de la Transición, descansa ya en las paredes del Congreso de los Diputados. "Es un permanente recordatorio de los valores de la democracia y debería servirnos a todos de guía e inspiración" para esta nueva etapa política, según ha valorado el presidente del Congreso, Jesús Posada, durante su inauguración.

En concreto, la obra ha sido cedida por el Museo Reina Sofía, y se ha ubicado en el vestíbulo del edificio del número 36 de la Carrera de San Jerónimo. Se encuentra junto a las representaciones de los Reyes de España, los bustos de los presidentes de la Segunda República Manuel Azaña y Niceto Alcalá Zamora, y el de la precursora del voto femenino en España, Clara Campoamor.

"Ha sido calificado por muchos como la obra de arte más representativa y emblemática de la Transición. No es sólo una pintura bella y atractiva, sobre todo es una obra sugestiva y evocadora", ha valorado el presidente de la Cámara.

Un futuro sin enfrentamientos

Este cuadro recoge la imagen de varias personas de color marrón, sobre un fondo blanco, dándose un abrazo y sin vérseles las caras. En este sentido, Posada ha reconocido que se acordó de El Abrazo tras escuchar el mensaje navideño de Felipe VI, en el que afirmó que hace décadas el pueblo español decidió darse la mano y no la espalda.

"Pienso que es lo mismo que quiso transmitirnos Juan Genovés, que el futuro se construye sobre el abrazo y no sobre el enfrentamiento. Que la virtud principal que tenemos que practicar es la comprensión mutua", ha destacado.

Por ello, ha defendido que, igual que se hiciera en la Transición, y tal y como simboliza este cuadro, hay que trabajar en la capacidad de diálogo, en la transigencia, y en la búsqueda de consenso, a su juicio, características "esenciales" de una democracia.

Una iniciativa de IU

El presidente de la Cámara ha agradecido especialmente que los diputados de Izquierda Unida en la pasada legislatura hicieran la propuesta de traer el cuadro, alojado en los últimos 40 años en los almacenes del Museo Reina Sofía.

La Mesa de la Cámara Baja atendió la iniciativa en octubre, poco antes de la disolución de las Cortes, y solicitó formalmente a la pinacoteca su cesión para exponerla de forma "permanente".

Fue el pasado 24 de noviembre cuando el Real Patronato del museo dio su visto bueno a la cesión, por un periodo de tres años renovables.

En 2012, con motivo del 35 aniversario de la matanza ejecutada en un bufete de abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid, el portavoz de IU en el Congreso y secretario general del PCE, José Luis Centella, denunció que era una "vergüenza para la democracia" que el Reina Sofía tuviera El Abrazo "encerrado en el sótano como símbolo de una segunda clandestinidad", y volvió a solicitar que fuera prestado a la Cámara Baja. El cuadro de Genovés inspiró el monumento levantado en la glorieta de Antón Martín de Madrid, en memoria de los abogados asesinados en 1977 en un despacho próximo.

En esta ocasión, Centella, ha celebrado la llegada del cuadro a las paredes del Congreso, y el hecho de que una obra "tan importante para la historia del país" esté expuesta en el "sitio emblemático de la soberanía popular". Eso sí, ha advertido de que "ahora" hace falta que se haga realidad lo que simboliza el cuadro, "que no se puede seguir imponiendo lo que opina una parte sobre el resto".

"Es un cuadro que le faltan rostros porque muchos están sin ese reconocimiento por que la democracia no vino por casualidad sino por una lucha del pueblo", ha subrayado Centella.

El propio autor de El Abrazo, el valenciano Juan Genovés, ha destacado que la idea del mismo radica en "la reconciliación de los españoles" por la que muchos lucharon en aquella época.

Según ha precisado, hay dos historias diferentes, la historia del cuadro y por otro, la del cartel de Amnistía (nombre con el que también se identifica al cuadro y que le sirve de base), que la Junta Democrática, en la clandestinidad, le pidió para solicitar la libertad de los presos políticos. De hecho, ha recordado que Amnistía Internacional hizo su edición del cartel, y que está agotado desde hace tiempo en todas sus ediciones.

También ha recordado que fue vendido en 1976 a Estados Unidos pero que con el Gobierno de Adolfo Suárez, el entonces director de Bellas Artes, Felipe Garín (hoy también presente en el acto), se empeñó en recuperarlo, y así lo hizo.

El valor simbólico del cuadro

Mientras, en declaraciones a Europa Press, el director del Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, ha precisado que el cuadro fue comprado por el Estado antes de que existiera la pinacoteca, cuyos fondos se componen de fondos propios, del ministerio y del Estado.

"Cada obra tiene que tener su sitio y el museo está trabajando y es lo que hay en los edificios Sabatini, Nouvel, Retiro, y también con otras instituciones. Esta obra con su carga simbólica y política es muy justo que se encuentre en el Congreso", ha resaltado.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, por su parte, ha indicado que, cuando firmó la cesión de El Abrazo lo hizo "con satisfacción" porque, según ha afirmado, cree en el valor simbólico de las cosas, y hay una parte de la Historia de España, 40 años de desecuentros entre españoles, que se inicia con el Guernica del 1937 y se acaba con esta pieza de Genovés de 1976.

"Este cuadro lo primero que revela es ternura. También determinación. No es ese abrazo que se da por compromiso y protocolo. Es un abrazo sentido, fuerte. Tiene un significado de esperanza", ha confesado.

Por ello, tal y como han hecho sus compañeros durante la presentación, también ha abogado por que ese simbolismo que desprende el cuadro sirva para que el futuro político del país se alcance a base de acuerdos.

"Cuando se llegan a acuerdos no se cede. (...) No es ceder, es compartir, es hacer cosas juntos. Tenemos que demostrar los españoles que somos capaces de entender los mensajes de los electores. El sitio que corresponde a este cuadro es estar aquí porque lo que irradia el cuadro, la ilusión la esperanza nos inspira a los que vamos a pasear por el Congreso. Es un buen día para conectar el pasado y proyectar el futuro", ha concluido.

El Abrazo fue cedido previamente al Museo Thyssen-Bornemisza para la exposición Mitos del Pop del año pasado, e hizo lo propio en 2009 para que fuera expuesta en una muestra del Centre del Carme de Valencia.

Juan Genovés participa en la Sociedad de Amigos de infoLibre, para la que realizó una obra inspirada precisamente en El abrazo realizada con una técnica de estampación digital. Con una tirada inicial de 110 ejemplares y unas medidas de 55 por 40 centímetros, es el anagrama de la Sociedad de Amigos. Todos sus miembros tienen en su poder un ejemplar numerado de la obra.

Casos similares y una doble vara de medir. El Partido Popular no resiste la prueba de la hemeroteca en lo que tiene que ver con las incompatibilidades de sus cargos públicos. Así se ha puesto de manifiesto en los últimos días con el caso que ha afectado al ya exembajador en la India Gustavo de Arístegui y al número dos de la lista a las generales por Segovia, Pedro Gómez de la Serna. En un gesto inédito para estos episodios, la dirección del PP emitió el pasado día 10 un comunicado informando de la apertura de un expediente disciplinario a ambos. Y las presiones internas a los afectados han dado ya como resultado que Arístegui renuncie al cargo, mientras el futuro de Gómez de la Serna pende de un hilo. No hace ni un año que el embajador en Londres, Federico Trillo, y otro diputado, Vicente Martínez-Pujalte, estuvieron en el punto de mira tras salir a la luz que habían asesorado a una empresa especializada en obra pública. La reacción de Génova fue el silencio; la del Grupo Parlamentario Popular, comprensión. De autocrítica, nada.

Tampoco hubo reproche cuando el pasado abril se descubrió que el diputado por Toledo Agustín Conde había ocultado datos en su declaración de actividades al Congreso de los Diputados. Como Trillo y Martínez-Pujalte, éste parlamentario no fue protagonista de ningún comunicado del partido. Tampoco sus máximos dirigentes salieron a posicionarse a favor de un endurecimiento del régimen de incompatibilidades como sí está ocurriendo ahora. ¿Hay alguna explicación a este cambio de actitud?

En el partido no ocultan que el contexto político explica casi la totalidad de lo que está pasando. Y el contexto político es la inminencia de las elecciones generales y el cara a cara entre Mariano Rajoy y el socialista Pedro Sánchez. "No nos podemos permitir ningún patinazo", señala un dirigente conservador.

Que en plena campaña electoral se destape, como han hecho el diario El Mundo y la cadena Ser, que Arístegui y De la Serna actuaron como conseguidores de contratos públicos en el exterior para empresas españolas no es, según coinciden las fuentes del PP consultadas, la mejor propaganda para que el partido que aspira a renovar cuatro años más de Gobierno pueda defender su legado en materia de regeneración democrática. De ahí las presiones de las últimas horas para que el número dos por Segovia también se aparte. 

"Los tiempos de la política son diferentes al paso del tiempo en el día a día. Ahora el contexto es diferente, por la proximidad de las elecciones, por el debate de Rajoy con Pedro Sánchez y por la pujanza de nuevos partido que se presentan como renovadores", reconoce un cargo del PP que integra las listas al Congreso por Madrid.

Para entender el giro del PP a la hora de hacer frente a casos similares, infoLibre repasa los elementos fundamentales de cada uno de estos escándalos, así como las reacciones oficiales de los dirigentes conservadores.

1. Abril de 2015: los negocios de Trillo y Pujalte con Collosa

El 23 de abril el diario El País publica que Hacienda había descubierto el pago de 354.560 euros en tres años de una constructora a Federico Trillo mientras este era diputado en el Congreso. La misma información señalaba que el diputado Vicente Martínez-Pujalte había cobrado 75.000 euros de la misma empresa en poco más de un año cuando el ahora embajador en Londres terminó su relación con ella. La firma pagadora era el Grupo Collosa, una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León y especializada en obra pública.

En el caso del exministro de Aznar y exresponsable de Justicia y Libertades Públicas del PP, la relación con Collosa se había mantenido entre febrero de 2006 y 2008. El canal era Estudio Jurídico Labor, asesoría de la que Trillo tenía el 70% de las acciones. Martínez-Pujalte, por su parte, había cobrado de esta firma entre octubre de 2008 y finales de 2009 a razón de 5.000 euros al mes a través de Sirga XXI, la empresa que por aquellas fechas compartía con Ana Torme, compañera de escaño y de partido.

La información apuntaba a que en ninguno de los dos casos existían documentos que justificasen los cobros, algo ante lo que los protagonistas esgrimieron que el asesoramiento había sido verbal.

Trillo reaccionó a las informaciones a través de un comunicado remitido a la agencia Efe. En este aseguraba que Labor firmó un contrato con Collosa, del que había informado al Congreso en su declaración de bienes, para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración de la empresa y que todo se ajustaba a la legalidad.

Martínez-Pujalte

respondió apuntando a que no había cometido ninguna irregularidad, que había cumplido con todas sus obligaciones fiscales y que siempre había practicado el pluriempleo. Además, aseguró que nada de lo publicado violaba su régimen de incompatibilidades.

Además señaló que había presentado sus declaraciones de actividades en la Cámara baja "en tiempo y forma" y que el pleno había aprobado con un 90% de los votos la compatibilidad de su trabajo como economista en el estudio jurídico Sirga XXI, desde el que realizó las asesorías a la constructora.

Ambos afectados recalcaron que no habían tenido ninguna relación con el sector público en la etapa en la que colaboraron con Collosa.

A diferencia de lo que ha ocurrido en la última semana con Arístegui y De la Serna, sí hubo comprensión y apoyo por parte del partido. 

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, llegó a decir que Pujalte había cumplido los "duros" requisitos que había exigido la Cámara baja. Además, apostó por ampliar el régimen de compatibilidades de los parlamentarios. "Pujalte ha dado suficientes explicaciones. Somos uno de los parlamentos con controles más estrictos en el régimen de transparencia e incompatibilidades", aseguró antes de añadir que "es compatible ser diputado con actividades privadas". 

Por su parte, el presidente del Congreso, Jesús Posada, sostuvo que en España "hay un régimen muy estricto [de incompatibilidades]". "Ser diputado es incompatible con todo, menos llevar su propio patrimonio y dar clases sin cobrar en la Universidad", llegó a decir. No obstante, reconoció que las Cámaras no tenían mecanismos de control para comprobar si todo aquello que sus señorías vuelcan en sus declaraciones de bienes y rentas se ajusta a la verdad.

Este mismo lunes, Posada fue mucho más duro en sus declaraciones para el caso de De la Serna, recomendándole que se aparte de las listas porque "perjudica al PP".

Trillo sigue en su cargo y Pujalte agotó legislatura en el escaño, aunque manifestó su intención de no volver a concurrir en una lista electoral.

2. Abril de 2015: el ¿olvido? de Agustín Conde

El 28 de abril otro diputado del PP, Agustín Conde, protagonizaba un episodio que tenía que ver con la rendición de cuentas de su situación ante el registro de intereses del Congreso. Según informaba la Cadena Ser, este parlamentario de la órbita de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había ocultado a la Cámara que era administrador de una empresa especializada en eficiencia energética llamada Eco-Witt.

Conde no lo pudo negar. Pero no pasó nada. Un día después incluía estos datos en el registro de intereses. En el documento manuscrito presentado por Conde, el diputado señala lo siguiente sobre la modificación: "Se declara, para su incorporación a mi previa declaración de bienes, la incorporación a mi patrimonio de las acciones de Eco-Witt S.L".

La citada información señalaba, además, que el diputado había asesorado al Banco Santander como abogado. Conde señaló que tenía permiso para compaginar su escaño con el ejercicio de la abogacía. Y sobre este particular señaló que no tenía en mente detallar cuáles eran los clientes para los que trabajaba como abogado, entre ellos el Santander, porque la confidencialidad de esta información estaba protegida por el secreto profesional.

El 23 de mayo, la Comisión del Estatuto del Diputado rechazaba investigar las actividades privadas de Pujalte y Conde, al entender que según el Reglamento de la Cámara carece de competencias para analizar si esas actividades se ajustaban o no a la ley.

3. Diciembre de 2015: los negocios de Arístegui y Gómez de la Serna

Según la cadena Ser y El Mundo, Gómez de la Serna y Arístegui, cobraron comisiones millonarias en el extranjero por lograr contratos para empresas españolas de gobiernos de África y Latinoamérica. Lo habrían hecho a través de los despachos Scardovi, de Gómez de la Serna, y Karistia, vinculado Gustavo de Arístegui, informaban. Según estas fuentes, los dos políticos, bajo la marca Voltar Lassen, registrada por ambos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejercieron como conseguidores de contratos públicos para una veintena de empresas españolas en diversos países.

La primera reacción del PP fue la de defenderlos. Pero, a medida que pasaron las horas, los conservadores, incluido el presidente del Gobierno, empezaron a darles la espalda. El cambio claro de estrategia quedó plasmado sobre el papel en un comunicado remitido el 10 de diciembre pasadas las 23 horas: "El presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha ordenado la apertura de un expediente disciplinario a Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, con el objeto de investigar la veracidad de las informaciones aparecidas en la prensa en estos días. La apertura del expediente disciplinario no prejuzga la resolución del mismo", podía leerse.

Esta estrategia surtió efecto en el embajador, que presentó su dimisión en la tarde del domingo. Más está resistiendo el número dos del PP por Segovia, pese a las presiones que le llegan desde el Ejecutivo y desde la cúpula de la formación.

Este mismo lunes, el presidente del Congreso sostuvo que la candidatura de De la Serna perjudicaba al partido. "Mi consejo sería que abandonara la candidatura", sostuvo Posada, informa Europa Press.

Además, volvió a mostrarse partidario de que se reforme el Reglamento del Congreso para que la Cámara pueda revisar periódicamente las compatibilidades que se conceden a los diputados para llevar a cabo tareas extraparlamentarias. Durante estos últimos cuatro años no se ha tomado ninguna al respecto. Y, como se ha visto, casos ha habido.

La disolución de las Cortes Generales, prevista para el próximo martes con la publicación del decreto de convocatoria de elecciones generales, implica que a partir de esa fecha sólo seguirán siendo diputados 103 miembros del Congreso y que los otros 247 restantes tendrán opción de pedir una especie de indemnización por despido equivalente a casi dos meses de sueldo, que es incompatible con otros ingresos. La lista de beneficiarios se hará pública, según aseguran a Europa Press fuentes parlamentarias.

Disuelto el Congreso, sólo permanecerá activa su Diputación Permanente, que es el órgano que tomará el testigo del Pleno hasta la celebración de las elecciones generales y la constitución de la nueva Cámara.

Por tanto, desde el martes sólo seguirán siendo diputados sus 51 miembros titulares, sus 51 suplentes y el presidente de la Cámara, que lo es de la Diputación Permanente. En total, 103 diputados que, hasta la constitución del nuevo Parlamento, seguirán cobrando su sueldo y mantendrán el fuero y demás prerrogativas ligadas al ejercicio del cargo de parlamentario.

55 de los diputados son del PP

Los grupos parlamentarios deberán facilitar en próximos días los listados actualizados de sus representantes titulares y suplentes en la Diputación Permanente. Además de Posada, habrá 27 del PP (con sus correspondientes 27 suplentes), 16 del PSOE (y 16 reservas), dos y dos de Izquierda Plural, uno y uno de Convergéncia (CDC), uno y uno de Unió (UDC), uno y uno de UPyD, uno y uno del PNV y dos más dos del heterogéneo Grupo Mixto, que se repartirán presumiblemente Amaiur, ERC, BNG y CC.

La Mesa de la Diputación Permanente, que es una versión reducida de la que ha estado al frente del Congreso toda la legislatura

–Posada más dos vicepresidentes (la popular Celia Villalobos y el socialista Javier Barrero) y dos secretarios (Ignacio Gil Lázaro, del PP, y Teresa Cunillera, del PSOE)– se reunirá el próximo miércoles para asumir el mando de la Cámara en estos meses.

En principio, no hay previsión de que en los próximos meses vaya a reunirse la Diputación Permanente ya que, a diferencia de lo que ocurre en verano o navidades, entre legislaturas la labor de la Diputación Permanente está muy tasada y sólo puede convocarse para convalidar decretos ley o para ejercer competencias en estados de excepción, alarma o sitio.

Menos de 20 días por año trabajado

En cuanto a los 247 diputados restantes, el Congreso les ofrece la posibilidad de pedir una indemnización de transición, vayan o no a volver como diputados. Se trata del equivalente a casi dos de sus mensualidades (54 días de sueldo, que son los que restan hasta la jornada electoral), que se abonan en un pago único y están sujetas a tributación.

Además, la Cámara tiene establecido que esta especie de indemnización por despido es incompatible con la percepción de otros ingresos, sean públicos o privados, por lo que el diputado cesante tiene un plazo de 15 días para elegir qué cobra. El Congreso hará después pública la lista de beneficiarios.

Forcadell presidió la Asamblea Nacional Catalana, la entidad que ha organizado las movilizaciones independentistas de los últimos años.

La candidatura la ha presentado ERC, quien pactó con Convergència de modo que Artur Mas optaba a la presidencia a cambio de que los republicanos controlarán el Parlament.

Algunos tuiteros ya han tenido acceso a las primeras imágenes de Forcadell...

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha criticado la candidatura de Forcadell de quien ha dicho "no representa a la mayoría de los catalanes". Vaya, como  Jesús Posada...

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha decidido retirar del Diario de Sesiones de la Cámara Baja el gesto que protagonizó el diputado de Amaiur Sabino Cuadra al arrancar hojas de la Constitución en la tribuna del hemiciclo el pasado 16 de septiembre, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Ese día, durante el debate de totalidad de la reforma exprés del Tribunal Constitucional impulsada por el PP, Cuadra arrancó simbólicamente dos hojas de la Carta Magna en señal de protesta contra aquellos artículos que hacen referencia a la unidad indisoluble de España. Entonces, Posada declinó llamar la atención al parlamentario de Amaiur, aunque sí le censuró por "inadmisible y censurable" su actitud.

No contentos con este proceder, el PP, el PSOE y UPyD pidieron medidas contra Cuadra, ante lo que el presidente del Congreso solicitó un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para decidir si procedía sancionarle. La Mesa del Congreso decidió finalmente el pasado 29 de septiembre no sancionar al diputado siempre y cuando retirase la ofensa proferida en el hemiciclo y advirtiéndole de que, si no fuera así, adoptaría "la más severas" medidas disciplinarias previstas en el Reglamento.

Expulsado de la tribuna de oradores

Posada ejecutó esta recomendación en el Pleno del pasado 1 de octubre, durante otro debate de la misma ley. Sin embargo, Cuadra no sólo no rectificó su gestó sino que lo defendió apelando a su libertad de expresión. Ante su negativa, Posada acabó expulsándole de la tribuna de oradores tras llamarle al orden tres veces. Posteriormente volvió a dirigirse a los Servicios Jurídicos del Congreso para que estudiaran si se podían imponer medidas adicionales de sanción al parlamentario de Amaiur.

En respuesta a esa petición, Posada ha procedido a ordenar la retirada del Diario de Sesiones de las referidas ofensas, en cumplimiento del artículo 104.3 del Reglamento del Congreso, que permite al presidente "ordenar" que no consten en dicho Diario oficial las ofensas proferidas por un parlamentario "contra el decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad".

Así, en el Diario de Sesiones del Congreso correspondiente al 16 de septiembre de 2015, en la página 121, donde los taquígrafos señalaban entre paréntesis y en negrita que Cuadra "arranca varias hojas de un ejemplar de la Constitución Española", ahora consta, de la misma manera, lo siguiente: (Gesto retirado por el señor presidente de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara).

 El presidente del Congreso, Jesús Posada, expulsó de la tribuna de oradores de la Cámara al diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, por negarse a retirar el gesto que el pasado 16 de septiembre tuvo durante el debate de la reforma exprés del Tribunal Constitucional (TC), cuando rompió una Constitución.

El nuevo debate en el Pleno del Congreso de esta reforma exprés del Alto Tribunal es la que propició que el presidente de la Cámara haya llamado al orden tres veces al diputado abertzale, que se ha negado en todo momento a retirar ese gesto que la Mesa del Congreso censuró por considerar una "ofensa". Ante esta negativa, Posada procedió a expulsarle.

Durante su intervención, Cuadra se refirió a su comportamiento del pasado 16 de septiembre, apuntando que arrancó "sin más" dos hojas de la Constitución en señal de protesta contra aquellos artículos que hacen referencia a la unidad indisoluble de España. Y que lo hizo de la misma forma que el Gobierno arrancó "bastantes hojas" de la Carta Magna por la vía de los hechos, como las que tienen que ver con el derecho al trabajo.

Estas palabras del parlamentario navarro de Amaiur llevaron al presidente de la Cámara a aprovechar para pedirle que retirara el gesto del pasado 16 de septiembre. "Como ha sacado usted el tema, le pido que retire ese gesto. Aquí hay libertad para decir lo que se quiera, pero no se puede ofender y usted ofendió. Por eso le pido que retire ese gesto", apuntó.

Le hace caso omiso

Sin embargo, Sabino Cuadra hizo caso omiso a la demanda del presidente del Congreso porque considera que no realizó ofensa alguna y, por tanto, no cree que tenga que retirar nada. "Nuestra intención nunca ha sido la de ofender a nadie, sino el libre ejercicio sobre una Constitución que rechazamos", argumentó.

Ante esto, el presidente llamó al orden a Cuadra y le insistió en que rectificara su ofensa, pero el parlamentario de Amaiur reiteró que no realizó ninguna ofensa y que no iba a retirar "nada". Fue entonces cuando Posada decidió expulsar al diputado del hemiciclo.

La Mesa del Congreso decidió el pasado martes por unanimidad no sancionar a Cuadra por romper la Constitución a la espera de que éste corrigiera su gesto. Sin embargo, el diputado de Amaiur, lejos de rectificar su comportamiento, insistió en él, lo que llevó al presidente a retirarle la palabra y expulsarlo del Salón del Plenos.

Desde la Constitución, éste es únicamente el segundo caso de expulsión del hemiciclo tras haber sido llamado tres veces al orden, como establece el Reglamento. La anterior vez fue durante la Presidencia del socialista Manuel Marín cuando el diputado del PP, Vicente Martínez Pujalte, fue obligado a abandonar el Salón de Plenos tras interrumpir en diversas ocasiones la sesión plenaria. Entonces no tuvo como consecuencia ninguna sanción ni la pérdida de la condición de parlamentario.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha anunciado este jueves que va a solicitar un informe a los Servicios Jurídicos de la Cámara antes de que la Mesa de la institución adopte cualquier decisión sobre la posible aplicación de sanciones al diputado de Amaiur Sabino Cuadra por haber arrancado varias páginas de la Constitución en la tribuna de oradores del hemiciclo.

Así lo ha anunciado Posada tras recibir un escrito del PP y otro de UPyD instando al órgano de gobierno de la institución a estudiar medidas contra el diputado de la coalición abertzale. También el PSOE ha pedido la "máxima contundencia" contra el parlamentario por Navarra.

Posada ha rehusado avanzar qué sanciones podrían imponerse a Cuadra insistiendo en que son los Servicios Jurídicos los que deben determinar qué margen hay para castigar su comportamiento, pero sí ha subrayado que la decisión la adoptará la Mesa del Congreso y se ha mostrado convencido de que lo hará de forma "unánime".

En el órgano de gobierno de la Cámara, que tiene prevista su próxima reunión para el próximo jueves, sólo están representados en este momento el PP y el PSOE, puesto que desde el pasado mes de junio está vacante la plaza que dejó el diputado de Convergéncia (CDC), Jordi Jané.

Lo que se dice aquí es del legislativo

Aunque no ha querido anticipar qué sanciones podrían impulsarse contra Cuadra, Posada ya ha mostrado su oposición a emprender acciones legales contra él, como ha propuesto UPyD. "No soy partidario de llevarlo a la Fiscalía; creo que lo que se dice en estos muros pertenece al Legislativo", ha dicho.

Además, ha aprovechado su comparecencia ante los medios para enfatizar que tras el incidente, una vez finalizó el debate sobre la reforma exprés del Tribunal Constitucional en el que intervino Cuadra, él tomo la palabra para reprenderle.

"Quiero que quede claro que ayer censuré gravemente esa actitud inadmisible y censurable", ha remarcado, añadiendo que ya le advirtió de que había "contravenido el artículo 103.1 del Reglamento", que permite llamar al orden a quien profiera conceptos ofensivos al decoro de la Cámara, sus miembros o las instituciones del Estado.

Preguntado por qué no apercibió a Cuadra mientras rompía la Carta Magna, Posada ha explicado que no lo hizo porque fue el final de su intervención y después de ese gesto abandonó la tribuna. "Le iba a decir que le llamaría al orden, pero continué (con el debate) porque se iba y para no influir en el debate", ha comentado, reconociendo, no obstante que después "reflexionó" y quiso censurar su actuación dejando claro que "no era adecuada".

Estaba claro que muchos diputados se ofendieron

El presidente ha admitido que tuvo "en cuenta" la opinión de algunos diputados, pero que no reprendió a Cuadra "por eso" y que, en cualquier caso, estaba claro sólo con ver las caras de algunos parlamentarios su desacuerdo con la actitud del diputado de Amaiur.

Además, Posada ha hecho hincapié en que él ha "defendido siempre la libertad de la tribuna" donde se puede defender "cualquier teoría e idea de cualquier tipo".

"He intervenido cuando se ofende a una persona o un grupo de personas determinado y creo que el gesto de Cuadra es ofensivo. En la tribuna se puede decir, naturalmente, que no es partidario de la Constitución, pero no hacer un gesto que ofende a muchos de los que estaban allí y de los que lo vieron por televisión", ha explicado.

El diputado de Amaiur por Navarra, Sabino Cuadra, ha irritado a representantes de UPyD y del PP por romper la Constitución en la tribuna del Pleno del Congreso durante el debate de la reforma exprés del Tribunal Constitucional planteada por el Grupo Popular. Algunos diputados han reprochado incluso la falta de respuesta del presidente de la Cámara, Jesús Posada.

Cuadra, que ha subido a la tribuna del hemiciclo ataviado con una camiseta estampada con una enorme bandera independentista catalana, ha acabado su intervención arrancando hojas de la Constitución en las que figuraban artículos que denosta, como la indisoluble unidad de España. "La solución es que esto y esto desaparezca", ha proclamado, levantando murmullos de protesta de numerosos diputados.

Posada ha declinado llamar la atención al diputado de Amaiur pero la indignación de los diputados se ha acabado plasmando en las redes sociales salpicando incluso al presidente del Congreso y al Grupo Socialista.

Así, la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha calificado de "indignante" tanto la actitud del diputado abertzale como el hecho de que Posada haya permanecido "impasible".

"El de Amaiur ha roto en la tribuna del Congreso un ejemplar de la Constitución y la presidencia no dice nada. Este país es un circo malo", ha indicado su compañero Carlos Martínez Gorriarán en otro mensaje de Twitter recogido por Europa Press. "El simbolismo es aterrador y debería ser intolerable", ha añadido Julio Lleonart, del mismo grupo.

También en el PP han surgido protestas, en su caso intentando implicar al PSOE. La asturiana Carmen Rodríguez Maniega asegura que los socialistas "pactan con estos" de Amaiur y la segoviana Beatriz Escudero habla de "intransigencia" y "desprecio" mientras "el PSOE asiente".

Otros, como la gallega Ana Vázquez apunta a Posada: "El diputado de Amaiur exhibe una estelada, rompe una constitución delante de las narices del presidente del Congreso ¿y no pasa nada?", se pregunta. Y José Alberto Martín Toledano, diputado del PP por Ciudad Real pide abiertamente "que se tomen medidas contra el portavoz Bildu que en la sede de la soberanía nacional española y vestido con una estelada rompe la Constitución".

Los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso están preparando un recurso para tratar de frenar la tramitación de la reforma exprés del Tribunal Constitucional que el PP ha planteado este lunes con idea de aprobarla en mes y medio.

La iniciativa, registrada al mediodía del martes, fue calificada de inmediato por el presidente del Congreso, Jesús Posada, sin esperar a la reunión que la Mesa del Congreso tiene prevista el martes de la próxima semana. Posada ha calificado la proposición de ley del PP antes de emprender este miércoles un viaje oficial a Cuba con varios miembros del órgano de gobierno de la Cámara.

Las prisas se deben al calendario que maneja el PP para poder aprobar la reforma antes de la disolver las Cortes y que pasa por incluir el primer debate de la reforma en el Pleno de la semana del 14 de septiembre, coincidiendo con la discusión de los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Meter la proposición de ley en la sesión plenaria de dentro de dos semanas exigía que fue admitida a trámite por la Mesa cuanto antes.

De entrada, el PSOE, Izquierda Plural, UPyD y otros grupos están trabajando en un recurso conjunto para que la Mesa reconsidere la calificación de la reforma del PP. Saben que el Grupo Popular tiene mayoría absoluta, pero tratan de alargar los plazos para intentar ralentizar la tramitación, que al faltar sólo mes y medio para disolver las Cortes ya está muy ajustada.